31 de diciembre de 2006

¿Cómo recibe México el año 2007?

Jorge Videgaray

Los futurólogos del mundo económico global pronostican, para el primer cuarto del Siglo XXI, que los mercados tendrán un menor dominio norteamericano y un mayor dominio asiático. Ya que el crecimiento de China, de más del 10 por ciento anualizado, la va perfilando a convertirse en la segunda potencia mundial seguida por India y Europa.

El Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (CNI) en sus estudios de perspectiva al año 2020 ha anunciado que la globalización ya no será asociada en el imaginario colectivo con Estados Unidos, sino con Asia. Afirma que entonces viviremos un mundo poco menos occidental y un poco más oriental.

En los hechos China está viviendo la mayor revolución capitalista del mundo. En su XVI Congreso del Partido Comunista se acordó “deshacerse de todas las nociones que obstaculizan el crecimiento económico”, el pragmatismo ha reemplazado al marxismo como el valor supremo de la sociedad.

Para China la apertura económica y la privatización de las empresas estatales, lideradas por el sector privado, son el principal motor del desarrollo económico. China es el país emergente que capta mayor inversión extranjera directa. Aún más, en 2003 desplazó a México como segundo mayor exportador a Estados Unidos, después de Canadá.

Los chinos han cifrado su éxito observando el entorno mundial, en lugar de mirar hacia dentro. Ellos en vez de compararse con lo que fueron hace unos años, se comparan con el resto del mundo y tratan de ganar posiciones en la competitividad mundial por las inversiones y las exportaciones. Su apuesta está sustentada en la planificación, el desarrollo tecnológico, la educación y la infraestructura.

En la nueva recomposición de las fuerzas económicas globales, a grandes rasgos, existen dos tipos de naciones: las que atraen capitales y las que ahuyentan los capitales. Los países que logran atraer capitales lo obtienen por su estabilidad económica, su seguridad jurídica y sus gobiernos promotores y facilitadores.

La ideología en los países con crecimiento económico, cada vez es más irrelevante: hay gobiernos comunistas, socialistas y capitalistas. Los ejemplos respectivos son China, España y Chile.

En el nuevo contexto económico mundial, del boom asiático, el milagro irlandés y el despertar de Europa del Este, resulta sorprendente ver la rapidez con que estos países pudieron pasar de la pobreza y la desesperanza a la riqueza y la competitividad en los mercados mundiales. En estos países se firmaron tratados de libre comercio porque tenían que exportar, porque pudieron competir en calidad, precio y volumen.

Las señales en las economías con crecimiento son muy claras: planificación económica sostenida, apertura económica, rompimiento con ideologías retrógradas, pertenecer a un bloque económico, atracción de capitales: por contar con un clima adecuado para los negocios, calidad en las instituciones y control sobre la corrupción. Si analizamos estos indicadores de competitividad, en México podríamos decir que “casi” los cumple todos, “pero” no los hemos alcanzado como los países en pleno crecimiento. Aquí cabe la pregunta: ¿por qué siempre “ya merito” logramos el éxito en lo económico y en el futbol?

México recibe el año 2007 con nuevas autoridades y alineado con el modelo de la globalización económica. El país recibe el año 2007 listo para detonar dos ventajas comparativas insuperables: su ubicación geográfica, para convertirse en plataforma logística entre los mercados mundiales y su patrimonio cultural y natural, para ser el mejor país turístico del mundo. Esto significa focalizar nuestra planeación para vocacionar a México en la logística y el turismo.

Entonces qué nos falta para poner a México en la ruta de los países de mayor crecimiento y mayor disminución de la pobreza. La respuesta puede parecer muy simple, pero recoge la experiencia de esos países. La respuesta es de actitud y de acción de sus políticos y de sus empresarios: los políticos deben pensar en México y tomar acuerdos para garantizar crecimiento y rumbo con certidumbre, y los empresarios pensar en México y repatriar sus capitales para invertirlos en la economía con visión de futuro. ¿Esta fórmula será suficiente para lograr el “milagro mexicano”?

La fórmula nos podrá poner en la ruta de los países en crecimiento, pero también hará falta salir al encuentro del mundo y entender lo que han hecho China, Irlanda o Chile. Necesitamos ver qué ha transformado a esos países y replicarlo en el nuestro, para empezar a construir el “milagro mexicano” en el año nuevo 2007. Los mexicanos necesitamos aprender del mundo y ser actores de nuestro destino.

25 de diciembre de 2006

Y la transición en los medios ¿cuándo?

Otto Granados Roldán

En las últimas dos décadas muchas cosas han cambiado en México. Entre ellas: la antigua economía cerrada cedió el paso a un país fuertemente integrado al comercio internacional; el Estado y la Iglesia católica terminaron el interregno de casi siglo y medio; la propiedad agraria, fuente original de la cultura rural mexicana, fue finalmente escriturada a los hijos del ejido; la privatización y la liberalización adelgazaron al viejo Estado, y la larga hegemonía del PRI finalizó con la llegada del PAN a Los Pinos, abriendo un debate interminable acerca de las modalidades que el régimen o el sistema político debieran adoptar para ajustarse a las normas de una democracia representativa que funcione.

A largo de los años que ha durado ese proceso, ni duda cabe, los medios han jugado un papel esencial no tanto porque se hayan convertido ­asumiendo posiciones propias y muy definidas a la manera de El País en la España de los 70, la Gazeta Wyborzcka, en la Polonia de la democratización o The Economist en la actualidad­ en el promotor de un combate de ideas en el seno de la sociedad civil y entre las distintas formaciones políticas o en el gran monitor de la vida política, sino porque, dada la arraigada tradición de baja intensidad que ha enfermado a la ciudadanía mexicana por mucho tiempo, inhibiéndola de adoptar un papel protagónico decisivo en la integración de la agenda pública, los medios encontraron que ese vacío podían llenarlo ellos supliendo, en la práctica, la energía de una colectividad que teóricamente debiera ser viva, actuante y participativa. Es decir, los medios mexicanos se convirtieron no en la correa de transmisión entre el ciudadano y lo público, sino en la sociedad misma.

Como era previsible, dichos medios evolucionaron por analogía siguiendo los patrones del comportamiento ciudadano y, por ende, reproduciendo algunos de sus defectos habituales. Donde la mayoría de los estudios de opinión acerca de la cultura cívica retratan a los mexicanos como una comunidad desconfiada, frágil, poco informada, escasamente participativa, propensa a la opacidad, partidaria de la ilegalidad consentida, y deseosa de que siempre haya un líder, caudillo o mesías que haga el trabajo que, en condiciones civilizadas, tocaría hacer a la propia colectividad. Los medios han repetido alegremente ese cuadro de actitudes y no está claro si, con ello, como mal que bien ha ocurrido con la economía o la organización electoral, han avanzado hacia niveles de profesionalismo, integridad, sofisticación intelectual, rigor informativo y conducta ética, homologables a los del sistema de medios de otros países con democracias representativas.

Uno de los primeros problemas es que la influencia de los medios en la formación de una cultura política de buena calidad entre los mexicanos parece ser bastante modesta. Veamos.

Es un lugar común afirmar que México es de los países donde existe mayor atomización mediática. Según los datos del INEGI existen en nuestro país casi mil 500 estaciones radiodifusoras, 658 de televisión y centenares de diarios y revistas en toda la república. Tal crecimiento de medios, sin embargo, no se corresponde con la calidad de la información que manejan los receptores, no parece haber incentivado de manera importante el interés por los asuntos públicos, ni ha sido un estímulo eficaz para que la ciudadanía salga del marasmo, de la pasividad. Los datos (ENCUP 2003 y 2005, Latinobarómetro 2003-2004, "La democracia en AL", UNDP 2004) son muy sugerentes al respecto:


88% declara estar "poco" o "nada" interesado en la política.

90% no ha asistido a actos políticos (último año).

Sólo 10% acude a su ayuntamiento a plantear ideas, demandas o proyectos.

91% no pertenece a partido alguno.

87% no pertenece a organizaciones ciudadanas.

88% no lee noticias políticas diariamente.

38% está en "desacuerdo" con que salga en TV una persona que piense distinto.

55% piensa que los partidos son "poco" o "nada" necesarios para que el país "mejore".


Aunque evidentemente no son los únicos agentes de socialización e información ­la escuela, el hogar y las iglesias son los otros­ la impresión que dejan estos números es que la correlación entre la utilidad que los medios están arrojando para formar una ciudadanía más madura, mejor informada y con grados más elevados de cultura cívica, es sumamente baja.

Por lo tanto, si la aportación de los actores mediáticos es tan precaria en términos sustantivos, ¿qué explica ­más allá de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación­ la proliferación de tantos medios en todas partes?

Por un lado, desde luego, la demanda de entretenimiento y de algo que se presenta como información. De acuerdo con una encuesta financiada por CONACULTA el año pasado sobre patrones de consumo cultural, entre las personas mayores de 15 años, 88% y 96% escuchan radio y ven TV, respectivamente, y un 72% dice consumir "prensa" (lo que incluye diarios, revistas, cómics, etcétera); como es evidente, se trata de un mercado apetitoso que genera un modelo de negocio rentable que cuenta ya entre los más significativos en el sector de servicios de la economía. Pero, por el otro, y a falta de contribución a la densidad cívica e intelectual de los mexicanos, el atractivo de abrir medios, además de la utilidad pecuniaria, es que siguen siendo, al igual que en el antiguo régimen, instrumentos muy eficaces de poder por sí mismo o al servicio de otras actividades.

En el pasado, grupos empresariales de algún peso tenían periódicos o estaciones por completo irrelevantes, pero eran el pretexto para que sus dueños hicieran negocios en otros sectores, para presionar al gobierno y obtener toda laya de privilegios y cortesías. Las cosas no han cambiado tan radicalmente como algunos piensan. Por ejemplo, aunque no hay estadísticas confiables todavía, es visiblemente creciente, en el interior y en el DF, la adquisición de medios por parte de empresarios usualmente dedicados a otros negocios, construcción inmobiliaria, hotelería y comercio, entre otros, o bien como una forma de darle salida a dinero de orígenes opacos. Otros, en especial medios que físicamente circulan pero en realidad han dejado de existir hace tiempo ­algunos diarios o semanarios capitalinos­, sobrevenden el producto ­léase anuncios o convenios publicitarios­ no por su penetración sino por la capacidad de extorsión o chantaje que ejercen. Y algunos más que, alegremente, distorsionan la información que venden en función de proteger otro tipo de intereses como ha sido palpable en las disputas recientes de grupos de radio y televisión envueltos en escándalos públicos o en procesos judiciales, a los que no les importa en lo absoluto mentir, manipular, difamar o, en el menos malo de los casos, sesgar los hechos.

De aquí deriva, en parte, el segundo problema. No existe en México un verdadero esquema de transparencia en el sistema de medios de comunicación que le permita conocer al público quiénes son los dueños de los medios, qué otros negocios tienen, cuáles son sus ingresos anuales y de qué fuentes, cuáles son las prevenciones que han establecido para evitar conflictos entre los intereses empresariales o políticos de los propietarios y/o editores y la información que proveen.

Hace tiempo planteé que la información sobre la vida interna de los grupos empresariales mediáticos de México es uno de los secretos mejor guardados. Todos los agentes económicos ­bancos, aseguradoras, laboratorios farmacéuticos, compañías de transportación, universidades privadas, hospitales, fabricantes de explosivos, empresas ambientales, entre muchos más­, están sujetos a una permanente supervisión pública, entre otras cosas porque sus actividades afectan a la sociedad y el Estado tiene la obligación, en atención al interés público, de vigilar que cumplan con las normas que el poder ha promulgado. No se trata, desde luego, de insinuar siquiera que el Estado monitoree los contenidos de lo que los medios divulgan, para nada, sino de profundizar los niveles de transparencia con que esas empresas operan, sencillamente porque es bueno para la sociedad.

Los medios son, en cuanto sociedades mercantiles, entidades privadas ­como varias de las ejemplificadas arriba­, pero lo que generan y su influencia, las convierte en entidades de interés público, sujetas a ciertos requisitos de transparencia. Por ejemplo, no hay ninguna empresa mexicana editora de publicaciones impresas que cotice en bolsa, lo que inhibe la posibilidad de que divulguen información exacta sobre sí mismos, lo cuál elevaría los niveles de credibilidad y de confiabilidad que un lector deposita en los instrumentos que le permiten informarse y, más aún, formarse una opinión que es básica para integrar una cultura cívica de alta intensidad.

Dicha opacidad genera numerosas sospechas y secretos en un negocio cuya misión es, paradójicamente, publicar, y de allí las preguntas que quienes observan a los medios se hacen todo el tiempo: ¿por qué ningún gran propietario divulga sus cuentas y negocios como lo hacen empresarios mexicanos como Slim, Zambrano, Bailleres, etcétera? ¿Sólo porque no cotizan en bolsa o porque son inexplicables sus ingresos reales y su forma material de vida? ¿Es coherente la relación que existe entre los presupuestos publicitarios de los gobiernos ­que etcétera ha estudiado a detalle­ y los ingresos que los medios obtienen de anunciantes públicos? En fin, las preguntas son interminables.

Y tercero: con base en la evidencia empírica disponible ­es decir, el análisis de contenidos mediáticos que puntualmente realizan universidades como la Ibero, revistas como etcétera y agrupaciones co-mo el Observatorio Ciudadano de Medios, por citar sólo unos cuantos casos­ ¿es posible afirmar que tenemos ya, en conjunto y como sistema, medios que reúnen los estándares profesionales y éticos más elevados? La respuesta es, en términos generales, que no.

Los periodistas, los medios y sus propietarios suelen tener de sí mismos una imagen que el mejor psicoanalista no habría logrado con años de trabajo terapéutico. Muchos piensan que son los nuevos héroes de la historia patria. La realidad es que, con notables excepciones tenemos medios todavía muy primitivos: acostumbrados a la declaración y al rumor, y no a la investigación y la verificación; bastante sueltos para infamar, difamar y calumniar; incapaces de distinguir lo importante de lo chabacano; prestos a servir de capataces de las luchas intestinas de los políticos; superficiales y no sofisticados; reacios a la documentación de los hechos pero no a su manipulación; acostumbrados a callar y a mentir si así conviene al interés de sus dueños; ignorantes de lo que pasa en el mundo y, a veces, en el país. En suma, medios que distan de ser funcionales.

México lleva dos décadas de cambios pero lejos está aún de tener una democracia consolidada, en cuyo corazón está una sociedad civil, fuerte, informada, autónoma y participativa. En ese proceso, los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir con una responsabilidad fundamental: dejar de suplantar a la ciudadanía y concretarse a aportarle información y análisis de excelente calidad, es decir, profesional, rigurosa, exacta, veraz, profunda, amena, creativa, sugerente, independiente y lo suficientemente libre incluso de sus propias taras y enfermedades.

Periodista.

Monopolio televisivo

Marco Levario Turcott

El medicamento contra el monopolio es la competencia; una y otra vez se ha señalado que es lo idóneo en el país. Incluso, en los últimos meses, entre los primeros en el caudal de definiciones al respecto estuvo el propio secretario de Hacienda quien, en seguida, fue secundado por autoridades de diversos ramos como la Cofeco e incluso por organismos internacionales como la Cepal.

El monopolio que ostenta Televisa en la producción y la difusión de contenidos de televisión, junto con la concentración que también tiene TV Azteca, es uno de los problemas más acendrados que tenemos en materia de comunicación. Al defender sus privilegios, frente a la probable competencia las dos empresas han recurrido a muy cuestionables prácticas, lo mismo para matar a CNI Canal 40, que para evitar la tercera cadena nacional de televisión, en especial, las gestiones que para eso impulsa, formalmente desde el 15 de septiembre pasado, la empresa Palmas 26 (que resulta de la alianza entre General Eléctric y el empresario Isaac Saba.)

Televisa y Azteca son implacables contra la competencia. Por ejemplo, en el primer caso sacaron del aire a CNI de la televisión restringida -como ahora hace Sky y Cablevisión con Disney Channel- y, en el segundo, denunciaron sin mirar la viga en el ojo propio, a Casa Saba, por el monopolio en la distribución de medicinas -y para eso ambos consorcios, en menos de tres semanas, difundieron 120 notas contra General Electric (GE) y el empresario; para no creerse: la televisora del Ajusco acusó a GE, literalmente, "de todo lo que se pueda imaginar"--. Cosa aparte son los dicterios de la revista Vértigo, bastión de TV Azteca, contra Reforma, en represalia por el manejo informativo del diario en favor de más alternativas de televisión.

Al respecto de la competencia en el ramo de la radiodifusión, el viernes pasado hubo un rebumbio informativo luego de algunos comentarios del titular de la SCT que cada quien entendió según su (bajo) coeficiente intelectual y sus (altos) intereses. Aturdidos, unos creyeron escuchar que Luis Téllez cancelaba la posibilidad de esa tercera opción- y para eso denunciaron "al gobierno espurio" de Calderón-- y otros, interesados en publicitar la medida, como el noticiero vespertino de la W Radio o en inventarla para repudiarla como La Jornada en sus afanes denunciatorios, difundieron que el funcionario cancelaba el surgimiento de otra cadena nacional de televisión. En realidad, como aclaró Crónica en su portal ese mismo día y al otro Reforma en nota de portada, aún es posible una tercera cadena.

Todavía no sabemos cuál será la decisión del gobierno federal. Apenas transcurren 20 días dentro de los primeros cien que, el 20 de junio, Felipe Calderón fijó para ejecutar la misma cantidad de compromisos desde el 1º de diciembre, entre otros: "la identificación de las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios, según se trate, durante el primer semestre de 2007". Eso es distinto pero no necesariamente contrasta con el surgimiento de otra cadena televisiva.
Prácticamente no hay quien se oponga a que haya contrapesos a la actual oferta de televisión, las resistencias provienen del duopolio del ramo y de sus principales brazos empresariales; un dato entre muchos otros: concentra alrededor de 80% de la captación de publicidad del gobierno federal que, en promedio por año desde hace seis, asciende a cerca de dos mil millones de pesos. Esa es a penas una cifra menor que, en relación con otras ganancias multimillonarias como las que resultan de los procesos electorales, explica la enorme resistencia de esas empresas porque les haga sombra otra.

En el marco de las festividades navideñas, y sin abstraerse del ámbito de los buenos deseos, muchos quisiéramos que esa tercer cadena de radiodifusión fuera conformada por los medios públicos, que ahora, como medios del Estado, se hallan débiles e inconexos, algunos incluso con notorias insuficiencias administrativas por decir lo menos, sin política que oriente fines y contenidos. Con todo y no sin algunos dislates de programación, su oferta es aire fresco en medio de la chabacanería cotidiana de la televisión comercial y de las principales frecuencias de radio. Se cumpla o no ese deseo, ya es un aliciente el nombramiento de Héctor Villarreal al frente del IMER: estoy seguro de que mi amigo entrañable lo hará muy bien.

Periodista

Veracidad y objetividad

Ernesto Villanueva

En la democracia directa la reducida polis hacía posible la comunicación sin intermediarios entre gobernantes y gobernados. En las sociedades modernas las cosas han cambiado por completo. La convivencia democrática requiere de los medios de información para establecer contacto entre gobernantes y gobernados. Más aún, los medios se han vuelto los principales intermediarios entre las fuentes públicas y privadas de información y los individuos.

No hay duda: se necesita información para poder decidir y participar en forma activa en la formación de la voluntad política, que se hace regularmente a través de lo que se conoce como opinión pública, cuya presencia en las sociedades democráticas es esencial. Es aquí, sin embargo, donde surgen diversas preguntas: ¿cómo garantizar que la información que reciben los ciudadanos a través de los medios es una información fidedigna? ¿Cómo saber si la información que se proporciona busca satisfacer el derecho a la información o pretende satisfacer un interés ajeno? ¿Qué medios de defensa tienen los ciudadanos tanto frente a las fuentes públicas de información como de cara a los medios que suministran las noticias? La programación televisiva, el manejo editorial de los noticiarios y las políticas informativas de la prensa, empiezan a ser vistos con mayor detenimiento que antaño por un sector reducido, pero creciente, de eso que se denomina la sociedad civil.

Un punto preeliminar que es importante resolver es el relativo al debate sobre las nociones de verdad, veracidad y objetividad informativa íntimamente relacionado con los medios como fuentes de información para decidir. Tirios y troyanos coinciden en que los medios deben brindar información lo más cercana a los acontecimientos fácticos que reportan. ¿Pero qué es eso? Vamos, incluso desde el punto de vista ético, ¿existe la "verdad" o la "objetividad" informativa? Por supuesto, el sentido común aconseja que debiera existir. Y es que el valor deontológico de la verdad, de la veracidad y de la objetividad adquiere importancia en la medida en que se convierte en una cualidad de la información a la que el ciudadano tiene derecho a recibir. ¿Cómo podría el ciudadano, sino fuese así, participar en la comunidad al carecer de información de calidad? El interés deontológico en este valor aparece como un deslinde a la noción de "desinformación" que se había promovido en el periodo de la guerra fría para manipular a los públicos a propósito de las fortalezas y debilidades de los modelos de régimen político imperantes. Cabe mencionar, sin embargo, que verdad y veracidad no tienen un significado idéntico dentro del derecho de la información, aunque así pareciera a primera impresión. Y es que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, por ejemplo, define como equivalentes ambos vocablos. Para este diccionario el concepto "veraz" significa: "Que dice, usa o profesa siempre la verdad". Por tanto, informar con veracidad sería poner en forma datos y hechos verdaderos. En el ejercicio periodístico apelar a la verdad es, por supuesto, un principio deseable, pero no siempre es posible. Para Niceto Blázquez "la crisis del concepto de verdad en el campo de la reflexión filosófica ha repercutido profundamente en el de la teoría de la información. El interés por la verdad se ha desplazado hacia la libertad y este fenómeno se ha traducido en el desprestigio progresivo del concepto de verdad con predominio del concepto de veracidad" (El desafío ético de la información, Salamanca, San Esteban-Edibesa, 2000, p. 198). De ahí, por tanto, que se haya formulado una distinción entre verdad y veracidad por cuanto se refiere a su exigibilidad. El Tribunal Constitucional Español lo ha puesto en claro en distintas sentencias: "Es doctrina reiterada de este Tribunal que el requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones. La información rectamente obtenida y difundida ha de ser protegida, aunque resulte inexacta, con tal de que se haya observado el deber de comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente" (STC 178/1993 F. 5). De esta suerte, la veracidad es un ingrediente esencial de la verdad, pero no es la verdad misma. Acaso pueda ser la búsqueda de la verdad. El problema más grave aquí es la posibilidad de que la información de los medios se convierta en la verdad a nivel de percepción, aunque no lo sea. Como afirma Ignacio Ramonet: "¿Qué es verdadero y qué es falso? El sistema en el que evolucionamos funciona de la manera siguiente: si todos los media dicen que algo es verdad, es verdad. Si la prensa, la radio o la televisión dicen que algo es verdad, eso es verdad incluso si es falso. Los conceptos de verdad y mentira varían de esta forma lógicamente. El receptor no tiene criterios de apreciación, ya que no puede orientarse más que confrontando unos media con otros. Y si todos dicen lo mismo está obligado a admitir que ésa es la verdad" (La tiranía de la comunicación, Madrid, Temas de debate, 1998, p. 51). Así pues, la veracidad debe ser una tarea básica de los medios. La veracidad permite errores en la forma o de naturaleza adjetiva, pero un apego a los hechos en el fondo o en la parte sustantiva o, en todo caso, si bien no se informa la verdad lo que se informe debe ser verdadero. Desde el punto de vista deontológico sería deseable que la información que proporcionan los medios fuese verdadera, pero es ética y jurídicamente exigible (en España, no en México) que sea por lo menos veraz.

La objetividad, por su parte, es un concepto acuñado en Estados Unidos para referirse básicamente al contenido que nutre la noción de verdad-veracidad. Se trata de un concepto que ha caído en desuso y ha sido sustituido en nuestro entorno por las nociones de veracidad-verdad. Bien afirma Niceto Blázquez que: "En sentido amplio y generoso, cabe hablar de objetividad informativa del objeto u objetividad fundamental de la realidad, y del sujeto emisor al mismo tiempo sin contradecirnos. En este segundo caso nos referimos a la actitud y voluntad del emisor de decir las cosas de acuerdo con la objetividad del objeto. La objetividad 'subjetiva' equivale a la sinceridad y transparencia del emisor. La objetividad así entendida viene a ser lo mismo que la virtud moral de la veracidad o sinceración" (Loc. Cit.). Y efectivamente en Estados Unidos ha habido una homologación valorativa de la noción objetividad con veracidad.

Pidamos a los medios lo que nos pueden ofrecer. Existe un principio que afirma que nadie está obligado a lo imposible. Y en este sentido, lo que razonablemente habría que exigir permanentemente a los medios es que sean veraces en el tratamiento informativo, pero jamás se les podría pedir que traduzcan la verdad en la noticia porque sólo tendríamos la garantía del silencio. Lo anterior, sin embargo, requiere de lograr esa armonía entre lo que requiere la comunidad y lo que éticamente debe proporcionar el medio.

El punto central gira sobre la calidad de la información a la que se hacía referencia al principio de esta entrega. Informar e informarse es, ni duda cabe, una tarea capital de la democracia. La información es un conjunto de datos y conocimientos puestos en forma; es decir, organizados para que puedan ser aprovechados de la mejor manera por los ciudadanos. Pero qué tipo de datos y conocimientos se requieren para oxigenar una sociedad democrática, y qué responsabilidades deben asumir los medios con la sociedad en la medida en que su presencia se explica sólo en cuanto sirven a la propia comunidad, son interrogantes que deben ser examinadas. El desarrollo histórico de las sociedades ha replanteado el papel que deben jugar los medios. Ni libertades absolutas ni límites arbitrarios es hoy la fórmula que sintetiza la teoría de la responsabilidad social que nace en la primera mitad del siglo pasado gracias a un estudio fundamental conducido por el rector Hutchins de la Universidad de Chicago, que nunca fue traducido al español, pero que valdría la pena hacerlo, pues su contenido sigue siendo de gran actualidad. En este informe la Comisión Hutchins cuestiona las teorías libertarias ­que reivindicaban las libertades absolutas de la prensa­ de los siglos XVIII y XIX en estos términos: "La noción de derechos, sin costo, incondicionales, conferidos por el creador al nacimiento fue un maravilloso principio para luchar contra los gobiernos arbitrarios y tuvo un trabajo histórico por hacer. Pero en el contexto de una libertad política obtenida, la necesidad de establecer límites se vuelve evidente" (The Commision on the Freedom of the Press. A Free and Responsible Press, University of Chicago Press, Chicago, 1947, p. 121). A nadie escapa, por supuesto, que las libertades informativas son la columna vertebral para la salud y la sana reproducción de un régimen democrático. Pero las libertades sin dirección o sin rumbo carecen de sentido para la comunidad; es decir, de utilidad social. En realidad las libertades informativas sólo se explican en el fondo si satisfacen un derecho fundamental: el derecho a la información del público. La libertad de expresión; es decir, el derecho a emitir ideas, opiniones y juicios de valor por cualquier medio, y la libertad de información; el derecho de buscar, procesar y difundir hechos de carácter noticioso, constituyen herramientas de intermediación entre el origen informativo, las fuentes públicas y privadas, y el destinatario final, el individuo. Más todavía, los medios, a través del ejercicio de estas dos libertades habilitan al individuo para ser ciudadano, para participar en la toma pública de decisiones. Mientras las libertades de expresión e información son medios, el derecho a la información es un fin; se trata, pues, de conceptos correlacionados, pero diferentes.

El sobredimensionamiento ocasional de las libertades informativas, acaso explique que persistan quienes crean que se trata de derechos absolutos. La correcta medida es justo al contrario: a mayor preeminencia de los medios en la vida social, mayor responsabilidad pública. Esta dualidad libertad-responsabilidad es una de las grandes aportaciones del reporte Hutchins que tiene, además, el mérito de haber elaborado el primer diagnóstico multidisciplinario sobre la necesaria vinculación entre medios y sociedad y de elaborar una agenda nueva de la prensa, bajo los siguientes argumentos: "Hay contradicción entre la idea tradicional de la libertad de la prensa y su necesaria contrapartida de responsabilidad. La responsabilidad, como el respeto de las leyes, no es en sí un obstáculo a la libertad; por el contrario, puede ser la auténtica expresión de una libertad positiva. Pero se opone a la libertad de indiferencia... Es demasiado frecuente hoy que la pretendida libertad de la prensa sea solamente una forma de irresponsabilidad social. La prensa debe saber que sus errores y sus pasiones han cesado de pertenecer al dominio privado para convertirse en enemigos públicos. Si ella se equivoca, es la opinión la que se equivoca. Ya no es posible concederle, como a cada uno, el derecho al error o incluso tener razón a medias. Nos encontramos aquí de cara a un verdadero dilema: la prensa debe ser una actividad libre y privada, por lo tanto humana y falible; y, sin embargo, no tiene derecho al error, pues cumple un servicio público. Aquí tampoco hay solución perfecta; pero lo que es indispensable es que la prensa esté sujeta al interés general y que participe activamente. Conservará su independencia si es normalmente digna de ella o, al menos, se esfuerza por llegar a serlo. En el caso contrario, es inevitable ­pasado cierto margen de desfallecimiento­ que el Estado retire los derechos considerados como adquiridos. Poseer una prensa libre no es, para una sociedad, un objetivo contingente, sino una rigurosa necesidad, pues tomada en su conjunto, la prensa es la autoexpresión inmediata de cada momento de la historia, y esta expresión debe ser auténtica. Una buena parte del contenido de los periódicos tiene, ciertamente, una apariencia fugitiva; los periodistas parecen, a veces, complacerse en la improvisación, y admiten fácilmente que sus obras, al ser destinadas solamente a despertar un interés momentáneo, no requieren muchos cuidados. Ahora bien: precisamente porque la imagen que dan es la de un día, es también la imagen para todos. Es preciso que la prensa sea libre porque esta libertad es la condición de su autenticidad; pero esta autenticidad depende también de su firme deseo de acoger todas las manifestaciones del espíritu humano" (Ibid., pp. 129-133).

En los últimos años, en México se ha podido atestiguar cómo los medios han adquirido un papel central y cómo se han dado reformas legales que coadyuvan a blindar las libertades informativas. En esa lógica se inscriben las normas de despenalización de los delitos contra el honor en el Distrito Federal y la creación jurídica del secreto profesional del periodista. Ese proceso de reforma jurídica no ha sido compensado, empero, por una voluntad identificable de los medios por hacer de la ética periodística un valor cotidiano. Y eso sólo puede pasar en la medida en que se brinde carta de naturalización a las veedurías u observatorios de medios que formen receptores críticos y que hagan balances sobre contenidos mediáticos. Muy poco se ha avanzado en ese terreno en el país. Es tiempo de ensayar esos mecanismos de participación ciudadana para buscar ese complicadísimo balance entre libertad y responsabilidad, buscando la máxima libertad que sea posible con la mínima responsabilidad que sea necesaria en una democracia.

Investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

23 de diciembre de 2006

Partidos y comunicación política

Juan Francisco Escobedo

La comunicación política no ha penetrado en las estructuras partidistas, mucho menos en la mentalidad de los dirigentes políticos. El destino ha alcanzado a los partidos. Ante la complejidad de la lucha política, las transformaciones del mundo moderno y los cambios que experimenta la estructura social y las percepciones de los ciudadanos, los partidos políticos se han quedado pasmados.

El viento fresco que ofrece el nuevo enfoque de la comunicación política ha llegado a México de soslayo a través de los candidatos que disponen de mente abierta y respetables recursos para insertarse con éxito en las arenas y formatos que ofrece la democracia de audiencia. Pero esta perspectiva teórica aún no tiene la adecuada recepción entre las burocracias partidistas; ni los dirigentes muestran haberse beneficiado con la visión que ofrece la comunicación política.

La aplicación mecánica de las recetas de mercadotecnia política no implica la recepción adecuada del enfoque de comunicación política. El asunto no se reduce a una cuestión de manejo de imagen o de gasto profuso de recursos para comprar tiempo aire en la programación triple A de la televisión. ésa es la vía falsa de acceso a la comunicación política, que muy rápido se llena de impostaciones, simulación y fracaso político.

El enfoque de comunicación política implica un proceso de recepción teórica y redefinición de los paradigmas y esquemas cognitivos de quienes realizan política práctica dentro y fuera de los partidos políticos. Exige someter los viejos esquemas de análisis a un nuevo y riguroso tamiz y proceder a diseñar y desplegar nuevas estrategias y acciones de alto impacto.

Este enfoque, en primer lugar busca recuperar con todas sus consecuencias, la dimensión comunicativa de la política, la complejidad de la competencia democrática, la volatilidad y eficacia de los recursos mediáticos, así como el reconocimiento y comprensión de las consecuencias que trae consigo el mayor discernimiento de la audiencia frente al caudal de mensajes entre los que tiene que sobrevivir cotidianamente. Se trata de un enfoque que comprende aspectos teóricos y metodológicos, e incluso cierta derivación práctica, que bien llevada puede por lo menos desperezar a los viejos elefantes de la política de viejo cuño de sus visiones esclerotizadas. La asimilación de este enfoque, inevitablemente conduce al cuestionamiento de los viejos esquemas de análisis y praxis política.

En México, la recepción y procesamiento de este enfoque es aún insuficiente. Muy pocos de los dirigentes de los partidos se han atrevido a incorporar las categorías de análisis que ofrece la dimensión comunicativa de la política. Aquellos que lo han hecho, hoy se desenvuelven con mayor prestancia en las diversas arenas públicas y entienden las posibilidades que les abre la incertidumbre democrática.

La adopción de este enfoque no es una cuestión optativa para los partidos políticos. Se trata de un dilema que conduce al éxito o al fracaso electoral y político. Aquellos que mantengan una resistencia numantina a la crítica que implica la adopción y aplicación de este enfoque, serán gradual y definitivamente desplazados de la escena pública. Simplemente perderán competitividad en la arena política y electoral al no poder comunicarse efectivamente con los ciudadanos.

Porque ganarse la voluntad de los electores no es un asunto de suerte o de iluminación súbita. El enfoque de comunicación política parte del presupuesto de reconocer la capacidad de selección y discernimiento que los ciudadanos pueden hacer de la extensa y no siempre calificada gama de mercancías políticas y mediáticas que ponen a disposición de la audiencia. Los ciudadanos no se encuentran pasivamente esperando a los partidos y a sus candidatos para rendirse ante sus rituales y mensajes propagandísticos.

Conviene detenerse en algunos aspectos analíticos que implica el enfoque de comunicación política, para luego hacer algunos contrapuntos con las posiciones y actuaciones que suelen adoptar los dirigentes de los principales partidos de México.

El enfoque de comunicación política es tributario de la aportación de diversos autores y aún no se dispone de un esquema totalmente acabado. Se trata de un enfoque ecléctico, que se somete cotidianamente a la prueba del ensayo y error. Es indispensable conocer las aportaciones en este campo de por lo menos cuatro autores, para establecer las coordenadas básicas del enfoque de comunicación política: Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Maxwell McCombs y Dominique Wolton. Otros insistirán en otras referencias. Por mi parte y de momento pago mis propios tributos teóricos.

No pretendo ser exhaustivo en el análisis de las aportaciones de cada autor y menos llevar la reflexión a un nivel de especulación teórica innecesario. Simplemente intento recuperar algunas referencias precisas acerca del cruce de caminos que es hoy la comunicación política; que bien leída y mejor comprendida puede ayudar a entender el estado que guarda la vida de los partidos, así como el horizonte de posibilidades que éstos tienen ante las nuevas exigencias de la lucha política democrática.

1. La política en su expresión de política electoral es cada vez con mayor intensidad, una expresión inevitable de la política simbólica. Esta premisa implica la redefinición de la naturaleza de algunos elementos básicos de la política, analizada desde su dimensión comunicativa: los actores políticos, las arenas de la disputa, el carácter de los mensajes y los objetivos de corto y mediano plazo que pueden conseguirse si se tiene éxito en las diversas batallas que implica la política, como disputa simbólica.

El peso específico de los actores políticos ya no necesariamente está determinado por su cercanía con los detentadores de poder o por su capacidad de movilización de masas o de recursos políticos. Depende de la capacidad para movilizarse en el espacio público, desplegar argumentos, mensajes, propuestas y de la eficacia para colocar temas en el debate público. La fuerza o capacidad de los actores políticos radica menos en el despliegue de fuerzas sociales y cada vez más en la relevancia estratégica de sus relaciones políticas, en su inserción como referente en los diversos espacios donde se manifiesta y moviliza la opinión pública y en su capacidad para desplegar significados portadores de futuro entre la audiencia, incluso entre los segmentos sociales más críticos.

En esta perspectiva, la política democrática ha entrado en una fase donde importan menos los votos que pesan, para abrirle paso a los votos que opinan y argumentan. Y no es que la política de súbito se hubiese convertido en una disputa de hombres ilustrados. No, la política ha entrado en una fase donde las deliberaciones públicas y las negociaciones privadas que a su vez implican deliberación, son más relevantes para incrementar el peso específico a los actores, que su vieja y prodigiosa capacidad para movilizar contingentes humanos.

Los partidos que siguen apostándole al factor personal, al contacto directo o a la movilización física de personas, no necesariamente tendrán mayores posibilidades de éxito electoral. Los electores se han descolocado de sus antiguas referencias sociales, corporativas y clientelares. Tampoco es que hayan desparecido por arte de magia. Lo que ocurre es que han perdido centralidad en el proceso político, dejando el campo libre a los estrategas, a los comunicadores, a los periodistas y a los hacedores de imagen. Porque la política tiende a centrarse más en la comunicación de mensajes, signos y significados, que en la movilización inmovilizadora de personas, como alertaba en su célebre libro Política y delito, Hans Magnus Enzesberger, respecto de la política tradicional y de corte autoritario.

La falta de flexibilidad de los actores políticos, viejos y jóvenes en edad, para reaccionar ante las nuevas exigencias de la lucha política, los ha vuelto altamente dependientes de quienes con poca o mucha formación teórica y conocimientos en el campo de la comunicación política, tienen mayores reflejos para reaccionar en un terreno que les es ajeno a los políticos de viejo cuño. Que se quedaron acostumbrados al control de los medios, a la difusión pagada de su obra y de su imagen, pero que ahora exhiben severas dificultades para entrar en la dinámica que exigen los formatos mediáticos.

Los viejos y nuevos actores políticos aherrojados en el estrecho marco de referencia de los partidos, que aún no han hecho la recepción adecuada del enfoque de comunicación política, no disponen de los atributos para desempeñarse con solvencia en las arenas políticas de mayor impacto mediático, que son aquellas en donde se estimula la deliberación y los ciudadanos recogen, recrean y deliberan los nuevos y viejos significados que les aportan los actores políticos y las formas posibles de la democracia moderna, que pasa predominantemente por formas mediáticas.

2. El enfoque de comunicación política implica un serio reconocimiento a la capacidad de discernimiento y reflexión de los ciudadanos. Las audiencias no están formadas por autómatas que sólo esperan la llegada de nuevos mensajes para adoptarlos sin filtro alguno. Las audiencias se encuentran saturadas de información, pero entre el cúmulo de sobreinformación, que también es una manera de desinformar, han aprendido a discriminar la información y a decodificar los mensajes.

Los ciudadanos suelen enriquecerse de la inteligencia social, mientras las élites reproducen discursos e ideas preconcebidas por otras élites, más o menos ilustradas. Los dirigentes de los partidos se miran al espejo cotidianamente, al mismo tiempo que rinden pleitesía a los iconos y a los mitos que sus propios partidos han asumido y recreado de una generación a otra y de una elección a otra. La flexibilidad, la improvisación y la capacidad de adaptación no son sus mejores atributos. Es lamentable que en estos tiempos que corren, muy pocos conocen la obra de Robert Michels sobre los partidos políticos. Muchos dirigentes partidistas se verían retratados en la prosa acerada del sociólogo alemán y al leerla, tardarían mucho menos tiempo en comprender la naturaleza altamente oligárquica de los partidos políticos.

La rigidez de los enfoques y de los discursos de los dirigentes partidistas les hace perder condición y ritmo para intervenir con persistente eficacia en el debate público. Mientras los medios y las audiencias exigen argumentos, ideas nuevas, propuestas audaces y viables, los partidos a través de sus dirigentes y candidatos ofrecen visiones congeladas de la realidad, perspectivas insulsas acerca del futuro. Mientras la política simbólica reclama deliberación, perspectiva crítica y propositiva, los dirigentes y candidatos recuperan los viejos clichés de la propaganda, las referencias de la geometría política y las apelaciones a la ideología.

La campaña electoral reciente ofrece evidencias sobre la incapacidad de los partidos y de los candidatos que miraban hacia el pasado, para ganar la adhesión de los ciudadanos.

El PRI, anclado en el pasado, demostró que aún no supera el shock de la derrota electoral de 2000 y que no asume en serio su papel de oposición y mucho menos pone en marcha el proceso de refundación que podría evitar que su condición de nuevo partido opositor se mantenga indefinidamente hasta hacerle perder relevancia política.

El PRD aún no trasciende su condición de movimiento social que con flujos y reflujos mantiene desde su fundación. Hoy se debate entre el dilema de ejercer el poder, allí donde legítimamente lo ha ganado o desplegar acciones contestatarias en pos de una disputa simbólica de impredecibles derroteros.

El PAN sigue sin reponerse del enorme costo y peso muerto que le representó la conquista del poder a través del Presidente que ha exhibido las mayores limitaciones personales en la historia postrevolucionaria del país.

3. La política simbólica hay que librarla en las arenas mediáticas y al mismo tiempo hay que hacerlo con los más efectivos argumentos, en el contexto de formatos mediáticos que no permiten el despliegue deliberativo.

La democracia llegó a México en el momento en el que en todo el mundo, se ha tornado en una disputa por la audiencia. La transición entre la movilización de personas y el despliegue propagandístico, hacia un modelo de comunicación de significados y recreación de identidades y sentido de pertenencia, aún no ha ocurrido.

Los partidos políticos no han ganado la suficiente centralidad ni han forjado la indispensable masa crítica para entender que las transformaciones que se operan en la política no tienen carácter coyuntural. Se ha inaugurado una nueva época en la política moderna, caracterizada por la utilización intensiva de las mercancías mediáticas. La dimensión comunicativa llegó para quedarse.

Si los partidos quieren tener un futuro razonable como actores centrales de la política mexicana, tienen que desperezarse en serio de sus viejas ataduras culturales, ideológicas y estratégicas, para empezar a pensar y hacer política bajo un nuevo enfoque; que tal vez podría ser el enfoque de comunicación política. ésa es una posibilidad, como existen otras tantas en una democracia. Después de todo el futuro siempre es una alternativa, y llega lo mismo con la ceguera que con la lucidez.

Doctor en ciencia política y sociología.

19 de diciembre de 2006

Estrategia intimidatoria

Javier Corral Jurado

En su burdo estilo de manipulación informativa, Televisa y TV Azteca han dedicado, del 21 de noviembre al 16 de diciembre, 57 notas en sus noticieros estelares para atacar al empresario Isaac Saba. Lo han acusado hasta de ser el responsable de varias muertes: "Y sólo hay un culpable, al que le importa poco el fallecimiento de algunos mexicanos"; "en su ambición por extender su poderío económico, Casa Saba no tiene contemplaciones".

La campaña inicia el mismo día en las dos televisoras. Casi a la misma hora ambas anuncian "una serie de especiales" sobre un descubrimiento "sensacional": el monopolio en la distribución de las medicinas. Simples conductores, López Dóriga y Javier Alatorre ejecutan el guión con lealtad canina. Luego involucran a todos los conductores de sus programas de noticias, los vuelven de trapo. La serie se llama Morir sin remedio. La entrada: "Miles de familias pobres de la República ven a sus padres, hijos, hermanos morir sin remedio, porque no tienen dinero para los medicamentos especiales". Lágrimas reales se le arrancan a un padre que sufre por su hija enferma de cáncer, continúa el juicio sumario.

Esa campaña no sólo trata de desprestigiar al viejo Saba Raffaul por atreverse a solicitar el 21 de septiembre de este año abrir un proceso de licitación para una tercera cadena de televisión; también busca desalentar al gobierno y al mismo presidente Calderón en esta etapa inaugural de su administración. Es una estrategia intimidatoria para que la piense el que pretenda meterse con ellos. El mensaje fue amplio, y el gobierno no tardó en responder ofuscado, de mala manera.

Luis Téllez, titular de la SCT, descartó el viernes 15 que por ahora se tenga la intención de abrir la televisión a una real competencia en el ámbito nacional. En estricto sentido, el secretario Téllez no dijo directamente que no habrá una tercera cadena de tv, pero lo insinuó. Sus términos desechan la idea que dentro del plan de concesionamiento ofrecido por el Presidente dentro de sus 100 primeros días esté la tercera cadena; dijo que en esa oferta de campaña "no se habla de tercera cadena", lo que se estudia son concesiones para algunas ciudades.

Si sólo de sus palabras hacemos un análisis, se trata de una interpretación muy reducida, y un tanto fullera, de ese programa de campaña. Es claro que ningún candidato iba ofrecer en plena contienda oponerle una competencia al duopolio televisivo. Por el contrario, la campaña fue el espacio y el momento en el que se concretó la mayor cesión de espectro y de todo tipo de privilegios al duopolio a través de la Ley Televisa.

Es fullera porque trata de traducir la identificación de ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y/o tv sólo con estaciones de estricto carácter local, o redes fragmentadas por regiones. Una declaración que no concibe el espectro disponible para fortalecer lo local y abatir el duopolio.

No debe soslayarse, y es lo que ha hecho Téllez, que una de las principales demandas sociales y de los sectores más informados del tema es acotar el carácter duopólico de la televisión. Esa concentración es uno de los mayores desafíos para la democracia y la pluralidad política del país. Genera abusos y prepotencias como las que hemos presenciado en los últimos días.

La concentración de las frecuencias de tv abierta en México no tiene parangón en otra parte del mundo. Excepción de imposible defensa en el mundo democrático y en las reglas de la competencia, nuestro país causa estupor en el exterior: Televisa y TV Azteca acaparan 80% del espectro comercial. La empresa de Emilio Azcárraga tiene 243 canales, y la de Ricardo Salinas 179. La primera tiene cuatro redes abiertas desde la capital del país, y la segunda dos. Controlan contenidos y se llevan 99.4% del gasto publicitario en televisión abierta, que representa 58% de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos.

Pensar que sólo con medios locales se enfrentará esa concentración es medio pensar. La experiencia internacional así lo indica. El camino que otros países siguieron fue acotar en primer término los monopolios y los duopolios; luego establecer límites de audiencia, frecuencias y publicidad, junto con fuertes restricciones a la propiedad cruzada de medios.

¿Qué red regional podría competirle a la concentración Televisa-TV Azteca, con las condiciones de mercado y de propiedad cruzada que hoy tienen? ¿Con la ausencia de reglas de competencia en la materia? ¿Con el órgano regulador bajo su cooptación? ¿Tomadas las principales comisiones del Congreso por ellos? Es un medio pensar bastante ingenuo.

En el caso de nuestro país, hay espectro para la ruta de abatir el duopolio y democratizar regionalmente las comunicaciones. No hay impedimento técnico, jurídico, político o económico para armar la opción de una tercera cadena, y en el reforzamiento de los canales 11 y 22 del Estado otra cuarta y hasta una quinta. Esperemos que la intimidación no impida el valor, la visión, la pasión y el amor por México que se necesita para este reto.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

18 de diciembre de 2006

Los sueldos en la UNAM: Toda una definición

Juan Pablo Roiz

No debe ser fácil llegar a ser Investigador Emérito de la UNAM en la máxima categoría –la que obtiene mayor reconocimiento nacional e internacional-, detrás de ese logro es fácil imaginar que existe una larga carrera de estudio, privaciones, dedicación desinteresada a la ciencia y a la transmisión de conocimientos… Para mi gusto, es un tanto ingrato que ese Investigador Emérito –el mejor pagado de toda la UNAM, una de las mejores cien universidades del mundo al decir del serio estudio del The Times londinense- reciba una remuneración mensual de sólo 13,785 pesos con 36 centavos.

Tampoco debe ser fácil llegar a ser Rector de la UNAM, pero el camino para llegar a esa meta es bastante diferente que el que siguen los investigadores eméritos. El puesto de Rector de la Maximísima Casota de Estudios, todos lo sabemos, es político. Mientras el futuro investigador lee, confronta datos, hace experimentos, revisa resultados, se mantiene al tanto de los avances mundiales en su terreno específico de estudio, cursa estudios de maestría y doctorado, da clases, califica exámenes, explica a los alumnos, comprueba o desecha hipótesis, el futuro Rector se labra su futuro en antesalas de oficinas gubernamentales, en comidas de relaciones públicas, en fatigosas conversaciones telefónicas con don Fulano o con don Zutano para que se sumen a su causa… Carreras diferentes, destinos diferentes. El señor Rector gana mensualmente casi diez veces más que el Investigador Emérito de máxima categoría. El rector gana al mes 134 mil 738 pesos con 90 centavos, netos.

La información de las remuneraciones en la UNAM es reveladora de cómo funciona ese negocio, para decirlo coloquialmente. Para empezar hay cuatro “castas” diferenciadas entre el personal de esa universidad:

“Académicos”. El que más gana en ese estrato es el Investigador Emérito mencionado, ese es, en términos de remuneraciones, el más alto pináculo al que uno puede llegar si tiene la mala puntería de dedicarse a eso. Repitamos, el sueldo mensual es de 13,758 pesos con 36 centavos. Si uno apenas empieza su carrera académica en la UNAM y es, digamos, sólo “Profesor Asociado, categoría AMT” el sueldo mensual es de 4 mil 104 pesos con 23 centavos.

“Puestos de base”. En esta clase tenemos una amplia variedad de trabajos, desde el de “peón” (sueldo mensual de 2 mil 896 pesos con 21 centavos) hasta el de profesionista con estudios de posgrado de nivel máximo, así dice la información oficial, que percibe al mes 8 mil 509 pesos con 75 centavos. Hay de todo, desde jardineros (3 mil 909 pesos con 30 centavos) hasta secretario bilingüe (3 mil 994 con 59 centavos), pasando por operador de máquina registradora en tienda (4 mil 71 pesos con 16 centavos). Que un profesionista con posgrado en la UNAM ni siquiera gane lo doble que un cajero (eso es “operador de máquina registradora en tienda”) no deja de ser llamativo. (¿Cuál será el mensaje detrás de esto que nos quiere enviar la UNAM?, ¿estudiar mucho o muchos años no conviene?)

“Puestos de confianza”. Nos vamos acercando al cielo, pero todavía no llegamos. Aquí tenemos, por ejemplo, que un asistente ejecutivo –lo que quiera que eso signifique en términos prácticos- percibe al mes 6 mil 557 pesos con 49 centavos (es decir: más que un profesor de enseñanza media superior de categoría ATC, que gana 6 mil 349 pesos con 79 centavos; pero recordemos que los “académicos” son otra casta y no precisamente la mejor remunerada).

“Funcionarios”. Este es, a todas luces, el Olimpo. La Universidad puede funcionar sin académicos, sin telefonistas, hasta sin operadores de máquina registradora, pero ¿funcionar sin funcionarios? ¡Imposible! El mismo nombre lo dice: ¿Qué hace un funcionario?, pues hace funcionar toda la maquinaria. Me imagino que por eso, en sentido literal, entre los puestos de “Funcionarios” la UNAM contempla el de Primer Oficial de Máquinas que gana mensualmente la bonita suma de 15 mil 550 pesos con 72 centavos. Y es que ésa sí es chamba –con compromiso de 48 horas a la semana- y no andar haciendo investigaciones o dando clasecitas. Otro puesto de funcionario, pero más bien modesto (en términos de remuneración) es de “Supervisor de Escuelas Incorporadas” con un salario ligeramente inferior al de un Investigador Emérito de máxima categoría, sólo 12 mil 321 pesos con 70 centavos. Una bicoca si se compara con la remuneración que recibe al mes un “Delegado” (¿de qué o de quién?, ¡quién sabe!, la información oficial no lo especifica) que es de 29 mil 408 pesos con un centavito de pilón. A estas alturas, el investigador se estará preguntando por qué fue tan tonto de dedicarse a la ciencia y a la enseñanza y por qué no invirtió su esfuerzo y su tiempo en ser “Delegado”. Pero no nos apresuremos que apenas estamos en las inmediaciones del Olimpo. ¿Quién fuera, por ejemplo, Secretario Particular del Señor Rector?, para embolsarse al mes 97 mil 243 pesos con 50 centavos, a cambio de la fatigosa tarea de llevarle la agenda al señor Rector, tomarle los recados telefónicos, enlazarlo con el diputado Zutano o con el senador Perengano, verificar que estén hechas las reservaciones de avión y de hotel, torear al impertinente que insiste en obtener una cita para entrevistarse con el señor Rector y tantas cosas más, como guardar en su secretarial pecho los secretos de su jefe (por eso se llaman secretarios). Estas tareas, desde la óptica de la UNAM –que se refleja en las remuneraciones- ¡son siete veces más valiosas que las que desarrolla un Investigador Emérito con las máximas calificaciones!

A lo mejor yo no entiendo, pero me parece que esta estructura de estratos y de salarios nos dice mucho más de lo que valora la UNAM el estudio y la investigación que mil discursos. ¿O no?

www.transparencia.unam.mx

14 de diciembre de 2006

El llanto de la UNAM por el dinero

Juan Pablo Roiz

Decía mi abuelo que con pelmazos no hay que bañarse porque se pierde el jabón. Es cierto. Bastó con que un tonto con balcones a la calle, un tonto de catálogo (de esos que deberían aparecer en cualquier catálogo o diccionario como ilustración paradigmática de lo que es un tonto), que es el diputado panista que preside la Comisión de Presupuesto, dijese una sandez acerca del sistema de calificaciones en la UNAM –exabrupto que no venía el caso cuando lo que se discute es el subsidio federal a esa universidad- para que el rector de la “maximísima” casota de estudios se vistiera de víctima agraviada y exigiese, con voz tronante, más dinero público.

(Nota, sólo para documentar nuestra desazón: Ese tonto de antología llegó a diputado del PAN y a presidente de esa comisión clave invitado por, ¿a qué no saben quién?, ¡bingo!, le atinaron: Manuel Espino Barrientos).

Poder fáctico poderoso, entre varios más, la UNAM representada por su rector ha explotado a placer en los medios de comunicación la tontería del diputado primerizo. El objetivo: Dinero, dinero público, más dinero público.

Hagamos cuentas, porque los números que dispara la UNAM –nunca mejor aplicado el verbo disparar- son tramposos y exagerados intencionalmente. Primero, es falso de toda falsedad que la disminución en el subsidio federal planteada para 2007 sea de 900 millones de pesos. Es, apenas, de 123.6 millones de pesos como puede comprobar quien revise el proyecto de presupuesto de egresos para 2007 donde dice que el subsidio federal sería de 16 mil 714 millones 886 mil 590 pesos y lo compare con el presupuesto aprobado por los diputados para 2006, donde señala claramente que el subsidio federal asignado a la UNAM este año es de 16 mil 838 millones 524 mil 984 pesos. La diferencia, entonces, es de sólo 123 millones 638 mil 394 pesos. Que se haga tanto escándalo por una cantidad que es menor, sin duda, a la nómina del equipo de futbol soccer de esa universidad resulta patético. Que nadie, de entre los sesudos periodistas que han pontificado sobre el asunto, y sacado a relucir su corazoncito “puma”, se haya tomado la molestia de acudir a las fuentes para hacer esta comparación nos habla a las claras de la calidad intelectual, y moral, de nuestros “líderes de opinión”.

Lo que pasa, explican algunos, es que la UNAM pelea por un aumento sobre el subsidio efectivamente recibido en 2006, que a la postre resultó superior al aprobado originalmente (porque tuvimos un año excepcionalmente afortunado para las finanzas públicas, gracias a los altos precios del petróleo y a otros excedentes que logró el fisco a través de la recaudación, dado que el crecimiento económico fue mayor a lo previsto). Pues, ni con esas aparecen los dichosos 900 millones. Veamos, en la página de transparencia de la UNAM dice que el subsidio del gobierno federal para 2006 será de 17 mil 149 millones 201 mil pesos. La diferencia entre eso y lo presupuestado para 2007 es de 434 millones 314 mil 100 pesos. Nos siguen tomando el pelo. Y por partida doble, porque no sólo inventan cifras, sino que es absurdo pedir que todos los años nos saquemos la lotería y que presupuestemos como si todos los años vayan a ser de vacas no sólo gordas, sino superdotadas.

La pelea por más dinero público la tenía perdida la UNAM en el terreno de las buenas razones y de las cifras auténticas, pero tuvo que aparecer el dichoso tonto de capirote y la disputa se trasladó –muy lopezobradoristamente- del terreno de los hechos y la objetividad, al terreno de los agravios fingidos y los chantajes emocionales. Ahí, por extraño que parezca, el rector unamita está en su mero mole, como avezado político extractor de presupuestos.

Lo único que quedaría es tratar de volver al terreno de los numeritos fríos y de las razones. ¿Sabía usted que gastamos casi cinco veces más dinero público por cada alumno de la UNAM que por cada alumno de primaria? ¿Ha considerado usted que dado que la UNAM está entre las mejores 100 universidades del mundo, cualquiera de sus alumnos podría ser sujeto de un crédito educativo –como existen en cientos de universidades públicas y privadas del mundo- dado que podrá pagar por la educación que recibió más que holgadamente una vez que termine la carrera y se incorpore al mundo del trabajo remunerado?, ¿dónde están los cientos de miles de exitosos egresados de la UNAM, pumas de corazoncito y alma, que podrían aportar como mínimo agradecimiento a su casota de estudios, unos veinte o treinta mil pesos por cabeza para juntar los 900 millones extras que quiere el rector unamita?

Y otra pregunta incómoda, ¿no debería la UNAM, que vive prácticamente del presupuesto federal –dado que sus ingresos propios no llegan ni al 12 por ciento de lo que recibe de subsidio- sumarse al programa de austeridad del gobierno?, ¿no podrán juntar los milloncitos que les faltan para tener lo mismo que les ofrecieron el año pasado –123 millones para ser exactos-, bajándole 10% a los sueldos de los 18 funcionarios más importantes de la casota de estudios –del secretario del consejo de planeación al señor rector que perciben sueldos equivalentes a los de secretarios o subsecretarios de Estado- y sobre todo bajándole al gasto en celulares, automóviles, choferes, viáticos, viajes, papelería, electricidad, comidas de trabajo, fotocopias, anuncios publicitarios, promoción de imagen e inserciones en la prensa?

Bueno, son preguntas. Y, ¡por el amor de Dios!, que le pongan un bozalito al diputado que recomendó el señor Espino.

6 de diciembre de 2006

Comunicación y gobernabilidad

José Carreño Carlón; Coordinador de Periodismo y del Programa Comunicación, Derecho, Democracia del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.

Tres retos tiene frente a sí, en materia de comunicación gubernamental, el presidente electo de México en estas semanas previas a su toma de posesión y durante las semanas siguientes a la fecha clave del 1 de diciembre:

1. Preparar las condiciones para la reconstrucción del consenso en torno a las instituciones fundamentales, consenso dañado por la agresiva campaña postelectoral de AMLO para ponerlas en entredicho.

2. Lograr y afianzar ­en medio de altos grados de dificultad­ alianzas razonablemente estables con fuerzas políticas diferentes a las de su grupo en su propio partido, y con los otros partidos, para mostrar desde el arranque capacidad para poner en marcha la agenda del gobierno.

3. Cimentar condiciones firmes de gobernabilidad, que le permitan sofocar los rescoldos ­sino es que las llamas o estallidos que subsistan tras los desbordamientos de Oaxaca o de Tabasco (y los que se acumulen en estas semanas)­ además de prevenir los incendios que previsiblemente se preparan para el estiaje político de los primeros meses de gobierno, en que los presidentes debutantes suelen ser sometidos, por propios y extraños, a las pruebas más severas.

Comunicación presidencial y consenso

La intensidad del discurso político antisistema de AMLO multiplicó sus efectos gracias a la superficialidad con la que corearon ese discurso, por más de un lustro, algunos de los espacios mediáticos de mayor penetración, bajo contrato unos, por clientelismo político o compromiso militante, otros.

Ello dañó los principales símbolos políticos del país, desde los nacientes, como el sistema electoral, hasta los tradicionales: los poderes constitucionales de la República.

En los países con instituciones estables y sólido sentido comunitario, ya se sabe que estos símbolos no son (o no sólo son) poderosos debido a los amplios significados compartidos acerca de ellos, sino debido ­sobre todo­ a los intensos sentimientos creados y asociados a ellos bajo la percepción de que esos símbolos son vitales para mantener la cohesión del sistema y de la comunidad.

Y es un hecho que para un importante sector de la población mexicana ­convencido por AMLO y su discurso­ esos símbolos no sólo quedaron debilitados en cuanto a lo que significan, sino en cuanto a la percepción de que su permanencia es vital para mantener la cohesión del sistema, o peor aún, precisamente por la percepción o la intuición de que, siendo importantes para la cohesión del sistema, su devaluación contribuiría a la ruptura ­explícitamente buscada­ del sistema.

En cuanto a la institución presidencial, David Easton ha identificado dos tipos de expectativas de los ciudadanos acerca del liderazgo político. Uno se enfoca en el puesto de la Presidencia ­con una carga histórica indiscutible­ y el otro en la persona que desempeña el cargo. Y resulta que en las democracias modernas, como la de Estados Unidos y aquellas con mayor peso mediático, como México, las investigaciones más recientes concurren a la conclusión de que existe un consenso en relación con las expectativas públicas sobre el Presidente: un consenso enfocado en los rasgos de la personalidad, el liderazgo y las virtudes individuales de la persona que ocupa el cargo.

AMLO lo sabía o lo intuía, a juzgar por el énfasis que puso en sus virtudes individuales en el curso de su campaña, al lado de los vicios que les atribuyó a sus competidores y adversarios.

De la misma manera, sus adversarios y competidores ­que también sabían lo que hacían­ pusieron, en respuesta, el énfasis en los más controvertibles rasgos de la personalidad de AMLO, en su tipo de liderazgo y en los propios vicios que le atribuyeron.

Hasta allí, nada nuevo en las campañas electorales de todo el mundo democrático.

Lo nuevo ha sido la campaña postelectoral y, con ella, no sólo la permanencia, sino el recrudecimiento de un discurso a la vez contra la institución y la persona del presidente electo, orientado a generar el menosprecio público a esa persona, la no confiabilidad en su liderazgo y el descreimiento en la existencia de mínimas virtudes individuales en el elegido. Es decir, un discurso destinado a erosionar los grados de consenso logrados y a obstruir el curso de la construcción de los consensos pendientes.

E independientemente de otras vías de defensa institucional ante tales agresiones, este fenómeno constituye un reto para la comunicación presidencial, para el cumplimiento de sus responsabilidades en el mantenimiento de la integridad de las instituciones, empezando por la propia, y para el ejercicio de su función vital en el campo de la generación de consensos.

Comunicación presidencial y coaliciones parlamentarias

Otra forma de entender la generación de consensos como función de la comunicación presidencial se aproxima más a la capacidad de la comunicación política para construir alianzas o coaliciones en el Congreso, a partir de los acuerdos logrados en la población.

En la actual coyuntura mexicana los altos grados de dificultad para alcanzar y afianzar alianzas razonablemente estables con fuerzas políticas diferentes a las de su grupo en su propio partido, y con los otros partidos, para mostrar desde el arranque capacidad para poner en marcha la agenda del gobierno, pasan por diversas condiciones adversas que:

a) entorpecen la cohesión en el propio partido del presidente electo para establecer la unidad de liderazgo en torno a la figura presidencial, y

b) enrarecen el clima para los acuerdos con otros partidos, por el cerco, el aislamiento en el menosprecio público en que la oposición antisistema insiste en colocar al presidente electo, así como por la estrategia del PRI y de los partidos más pequeños, que encuentran en estas circunstancias la oportunidad de subirle el precio a los acuerdos.

Obviamente, la comunicación presidencial del nuevo gobierno tendrá que esforzarse en vencer estos retos coyunturales.

Pero en este esfuerzo la comunicación presidencial del nuevo gobierno está ante el reto y la oportunidad de enfrentar productivamente la tarea pendiente central de las nuevas realidades de la política mexicana, que no atendieron ni Zedillo ni Fox.

Si lo medular de esas nuevas realidades de la política mexicana es la fragmentación del poder político, a diferencia de la cohesión del poder que caracterizó al presidencialismo mexicano hasta la penúltima década del siglo pasado, esa tarea pendiente central radica en la necesidad de elaborar una estrategia eficiente, permanente de construcción de coaliciones, indispensable para que el gobierno funcione sin mayores sobresaltos y para abordar su agenda y cumplir razonablemente su programa.

El proceso de fragmentación del poder político se aceleró en la segunda mitad de los 90, tras la crisis financiera de 1995 y la respuesta política y mediática del gobierno a esas crisis, que condujeron a la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados en 1997 y a la derrota del partido del gobierno en la elección presidencial de 2000.

Pero hoy en día, esa fragmentación lo mismo se reproduce dentro de los partidos, que dentro de los estados, que en el Congreso federal y en los locales, que ­en el caso de la Presidencia de Fox­ en el seno mismo del gabinete presidencial y de la misma residencia presidencial.

Es preciso reconocer estas nuevas realidades en todos sus alcances y dejar atrás toda nostalgia por el poder de las mayorías holgadas en las urnas y en los congresos, que no volverán, como no volverán las disciplinas férreas en los partidos democráticos o en proceso de democratización.

Será mejor elaborar respuestas consistentes a la altura de este cambio mayúsculo. Y una de ellas es la elevación de las capacidades del sistema y del personal político para favorecer la elaboración de estrategias que generen incentivos para la construcción de coaliciones electorales y parlamentarias.

En países como Estados Unidos, tanto como efecto del diseño de su sistema político constitucional como de su arraigada cultura política, la disciplina de partido es relativa y la fragmentación política se da tanto en términos verticales como horizontales. En la rama ejecutiva, de la Presidencia de la República a los gobiernos estatales a las autoridades de los condados. Y en la legislativa, a las divisiones en el Congreso en grupos partidistas se agregan las divisiones en grupos de interés (caucus) por el origen étnico (africano-americanos, latinos, etcétera) o por adscripción social o campo de preocupación (sindicalistas, ambientalistas) o por rama de actividad económica o sector productivo (acereros, tabacaleros, legumbreros).

En esas realidades, a las que se aproximan las mexicanas con sus propias complicaciones, el desempeño presidencial se evalúa en función de la capacidad mostrada por cada administración para construir las coaliciones que les permitan ­o no­ cumplir su programa de gobierno.

Y el centro de esa capacidad se ubica en el sistema y las estrategias de la comunicación presidencial: en el uso que desde Theodore Roosevelt, a principios del siglo pasado, hizo del púlpito imponente de la Presidencia de la República a través de los medios (bully pulpit, se le llamó desde entonces) para encabezar a la opinión pública ­como se dijo entonces­ o para ejercer la definición primaria de la agenda del debate público, como se le llamó en los 70.



Es a partir de esa capacidad, que los presidentes tienen mayor o menor poder para convocar a alianzas más o menos duraderas en el Congreso o a las coaliciones tema por tema con diversos grupos e incluso individualidades de la vida parlamentaria.

Y son decenas, centenares, miles de libros y artículos académicos y periodísticos dedicados a evaluar el desempeño presidencial ­identificado ya, con mayor precisión, como el desempeño de la comunicación presidencial­ conforme a estos criterios, particularmente en la segunda mitad del siglo pasado, en que los campeones indiscutibles resultan los presidentes Ronald Reagan y Bill Clinton.

Pero también abundan los estudios sobre lo que no se debe hacer para evitar el fracaso en la construcción de esas coaliciones de gobierno a través de la comunicación presidencial, listas de comportamientos que el presidente Fox probablemente cumplió exhaustivamente.

Comunicación presidencial y gobernabilidad

En las condiciones actuales de una presidencia electa acosada por la apuesta de la ingobernabilidad en la que se empeña la oposición antisistema, el reto de la gobernabilidad supone, para la comunicación presidencial, poner en juego el concepto del mito en sus dos acepciones.

Por un lado se requieren acciones comunicativas tendientes a reducir la apuesta por el proyecto de ingobernabilidad puesto en marcha por la campaña postelectoral del candidato derrotado a lo que es: un mito, en el sentido de la imaginería que impregna la narrativa fabulosa que Manuel Camacho ha tratado de vender por décadas y que finalmente le ha comprado AMLO para alimentar sus propias invenciones y fantasías.

Por otro lado, resulta imperativo elevar el programa de gobierno a la condición de mito, pero en el sentido de idea fuerza ampliamente compartida, es decir de visión general, de norte estratégico, de rumbo de gobierno, con el agregado de la apropiación, desde la ciudadanía, de estos grandes lineamientos y orientaciones, en "un sistema de creencias coherente y completo", como lo describe (citando a Raoul Girardet: Mitos y mitologías políticas) Mario Riorda en el libro La construcción del consenso: Gestión de la comunicación gubernamental, aparecido por estos días en la editorial La Crujía, de Buenos Aires.

Junto a la construcción del "mito de gobierno" como la definición de la orientación estratégica del proyecto general del nuevo gobierno, lo que simboliza la dirección, la voluntad y la justificación de las políticas, Riorda plantea el necesario acompañamiento de las visiones gradualistas e incrementales, materializadas en acciones y reacciones tácticas, es decir, las que alimentan la circulación diaria que dan sustento a la representación de un Estado.

En este sentido, el presidente electo tendrá que dar muestras muy pronto de que cuenta con un modelo de comunicación gubernamental que tiene el objetivo estratégico claro de la búsqueda del consenso, y que se sustenta en una serie de acciones y reacciones incrementales, graduales, flexibles y oportunas, en los términos planteados por Mario Riorda en el libro citado.

Porque, con los anteriores retos de carácter sustantivo que enfrenta la presidencia elegida, hay un reto coyuntural de dimensiones mayúsculas que enfrentará Felipe Calderón: un reto que se resume en la ausencia casi total de los márgenes de aceptación previa ­de consenso­ de que gozaron otros presidentes, especialmente Fox.

Esos márgenes solían permitirles y les permitían a los presidentes debutantes del pasado perderse en veleidades y laberintos, dictados por consejeros "audaces", o surgidos de la propia inspiración del neogobernante, dentro del complejo adánico del que me habló hace tiempo Fernando Zertuche: el que suele atacar al Presidente mexicano que en su primer 1 de diciembre se siente el primer hombre de la creación, destinado a descubrirlo y a inventarlo todo.

Esas grandes pifias de los primeros pasos presidenciales ­la del que se perdió en la ruta de su imaginaria amistad con el sub Marcos para "arreglar" la situación chiapaneca en 15 minutos, o la del que quería tachonarle la tarea a Pedro Aspe pero no sabía manejar los alfileres y nos llevó al "error de diciembre"­ fueron descritas después, en un lenguaje más tecnocrático, o pretendidamente científico, como "curvas de aprendizaje" o como "lógicas de ensayo y error".

Pero quizá por los costos de los abusos de aquellos márgenes, esta vez, los márgenes del presidente electo son tan reducidos en la coyuntura que enfrentará Calderón, que todo error que se pretenda solventar apelando, como en el pasado, a aquella curva de aprendizaje, o a esos ensayos de acierto y error, podría tener el efecto de un definitivo paso en falso en un desfiladero.

El reto de la reconstrucción del consenso, el de lograr las alianzas o coaliciones para poner en marcha la agenda del gobierno, y el reto de reforzar los cimientos de la gobernabilidad, tienen que pasar hoy en día por la ardua, difícil, empresa de fincar acuerdos políticamente operantes centrados en la idea de que el nuevo gobierno, sus políticas, sus programas y sus primeros pasos son aceptados socialmente por una mayoría significativa.

Estamos, por supuesto, ante un modo de entender la legitimidad como elemento clave para dotar de estabilidad al nuevo gobierno, en situaciones de inestabilidad o de debilidad institucional como las que se ha propuesto generalizar la oposición antisistema que abandera cada vez con mayor claridad el principal candidato perdedor de la elección presidencial.

Todo ello plantea, como sostiene Riorda en su estudio, la consustancialidad entre la política y la comunicación.

Contra los golpes espectaculares

Más allá del marketing político y de sus críticos, el trabajo del profesor Riorda parte de una defensa teórica de tipo institucionalista, desde la perspectiva construccionista, es decir desde la propuesta de acciones comunicativas de persuasión, tendientes a construir sentido desde el gobierno.

Pero ello no implica la necesidad de desencadenar acciones comunicativas espectaculares, relacionadas siempre con temas o con personajes clave, como fórmula para restaurar de un solo golpe, certero, la estabilidad mermada o para fortalecer la institucionalidad debilitada.

Se trata, en este caso, como lo describe eficazmente el autor, de abordar "estrategias imperfectas para contextos o situaciones imperfectas".

En la condiciones actuales, con una agenda de los medios y de sus definidores primarios cargada de "golpes espectaculares" frecuentes, casi cotidianos en los espacios mediáticos, no hay golpes certeros con efectos perdurables, como en el pasado, lo que obliga a abordar los retos del consenso y la gobernabilidad desde planteamientos estratégicos que combinen, en palabras de Riorda, el modo incrementalista o gradualista en la promoción de las políticas públicas, con el proyecto general de gobierno, el que aborda los grandes temas clave, los de mayor trascendencia, los que son capaces de construir el mito de gobierno en el sentido descrito.

Ni acciones comunicativas espectaculares, lanzadas desde un idealismo inasible o asociadas al voluntarismo presidencial más peligroso, ni, por otro lado, reducidas sólo a temas marginales, que resultan también insostenibles en el mediano y el largo plazos, esta propuesta estratégica plantea los ciclos cortos de los efectos de la comunicación ­propios del gradualismo o el incrementalismo­ con los ciclos largos que fundan los mitos de gobierno sobre bases más duraderas.

En este sentido, Calderón tiene ante sí la oportunidad de emprender su gobierno desde la perspectiva conceptual de la "campaña permanente", acuñada por la comunicación política, a partir del ciclo largo de la política, sin descuidar, pero al mismo tiempo sin mantenerse atado a los ciclos cortos que suele imponer la realidad de los retos, las incitaciones y las provocaciones del día a día.

Planes y estrategias en procesos de más larga duración, son los que requiere hoy la construcción o la reconstrucción del consenso en torno a mitos estables tendientes a la fidelización ­a la generación de lealtades duraderas­ de varias cohortes generacionales a la vida institucional, a fin de restaurar el consenso dañado en torno a las instituciones fundamentales.

Al mismo tiempo, en situaciones de fragilidad institucional, lejos de ser conservador, el gradualismo ­o el incrementalismo­ es una herramienta útil, práctica, y fundamentalmente realista, tendiente a evitar procesos de significativa frustración social.

El gradualismo así entendido permite dar cuenta, de modo realista ­sostiene Riorda­ de los avances de una gestión en el sentido de que aún no siendo lo óptimo que un gobierno deseara, es consciente de que si se produce una caída, ésta será mínima. Especialmente si se la compara con una caída no desde el despegue en temas marginales, sino desde la elevación y el avance, directo y sin mediaciones por los temas fundamentales, donde los efectos de la frustración pueden ser devastadores, y pueden desencadenar frustraciones en cascada, difíciles de mantener bajo control en la situación presente.

5 de diciembre de 2006

Tiempo de México

Javier Corral Jurado

La izquierda mexicana que no pudo evitar la toma de posesión de Felipe Calderón ha señalado que lo llevó, "por lo menos", a entrar por la puerta trasera del recinto legislativo, y que logró aturdir con silbatos el juramento de su protesta constitucional. En este hecho apretujado y ruidoso de nuestra historia -no sólo por el espacio estrecho, el modo sorpresivo y el ritmo apresurado, sino por el evidente signo de la crisis de desencuentro político-, se construyó una imagen simbólica de nuestro momento que va mucho más allá de presentar a un Presidente asediado; se envió un penoso mensaje de negación y pérdida de la política. No sólo Calderón, sino todos los actores, entraron a esta nueva etapa de México por la puerta de atrás.

El momento exige una gran capacidad de comprensión del fenómeno y salirse del análisis simplificado. Los invitados internacionales a este acto están conscientes de la inexistencia del fraude electoral que se alega, pero ahora les queda claro que lo accidentado de la asunción del presidente Calderón no es fruto de lo casual, ni sólo de la histeria o la neurosis de algunos líderes que integraron una coalición que jamás se imaginó perder, ni ha evaluado a dónde y por qué se van ocho puntos de ventaja en dos meses de campaña electoral. Ahora varios creen que esta "imagen de ingobernabilidad", como la describió Óscar Arias, presidente de Costa Rica, tiene además otras causas más profundas y anteriores.

Lo sabemos y es deber de la conciencia demócrata ir reconociendo y eliminando esos males. Entre ellos, expresión del encono del fin de semana, esta persistente idea de excluir, de eliminar, de descalificar a la izquierda mexicana, lo cual sigue aumentando la irritación. Convocarla al diálogo y a la vez echarla de la televisión, en un manejo soviético de las dos televisoras en su cobertura informativa del 1 de diciembre, no hace sino exacerbar la división y radicalizar las formas en que ésta busca hacerse visible y patente.

Necesitamos un tiempo nuevo, que sea el tiempo de México, pensar en el país, recuperar el Estado y reconciliar a la nación mediante la afirmación de la ética en la política. Volver a darle centralidad a la idea del deber ser, porque esa ausencia es más dañina que los silbatos y los gritos. Hasta ahora no podríamos afirmar que, en efecto, se vislumbre una intencionalidad rectificadora.

La izquierda tiene la presencia más numerosa de su historia en el Congreso pero está ensimismada. Toma sus decisiones en función de una lógica interna entre sus votantes duros, a quienes pretende demostrar única lealtad para mantener los mecanismos de distribución de sus espacios de poder; la izquierda confirma cotidianamente la ausencia estructural de una vocación democrática y su deseo de mantenerse en la oposición, incapaz de cumplir como poder el principio democrático del gobierno para todos. Esa visión está negada con su actuación en la toma de protesta de Calderón.

El nuevo gobierno tampoco ha podido, por ahora, desembarazarse de varios de los compromisos oprobiosos que se tejieron en la campaña, otra especie de lealtad que tampoco sirve a la República. La integración del gabinete es quizá el mayor dato de esta contradicción que atrapa el momento político mexicano, se quiere avanzar en el tema social, pero se decide no romper con lo peor de la herencia foxista y coexistir con los monopolios privados.

Y la posibilidad de acordar entre la izquierda y el nuevo gobierno pasa precisamente por ser leales al país y romper las lealtades facciosas, en una ruta que empiece por recuperar la idea del futuro con porvenir al momento que se desvincula no sólo del gobierno anterior, sino de lo peor de nuestro pasado político. En esta ruta, la necesidad de recuperar poder y soberanía al Estado sería el eje central de la posibilidad de un encuentro entre la izquierda y el gobierno. Si el Presidente desea gobernar -y no sólo administrar-, ha de reintegrar al ejercicio del gobierno los espacios de poder público que de manera absurda se han ido concentrando en unas cuantas manos privadas. Para su propia capacidad de negociación con los poderosos, el Presidente ha de estar en una condición de poder.

Si la izquierda busca emparejar realmente el terreno de la competencia electoral mediante nuevas reglas y nuevo árbitro, debe tomar la decisión de contribuir y cooperar al acuerdo de reubicación de los poderes fácticos -indiscutiblemente hoy sus principales valladares-, a su natural espacio de intermediación y no de decisión. Lograr de nuevo el equilibrio de los poderes formales, en relación con el poder financiero y con el de la televisión, es el tema esencial de un modelo electoral más justo y equitativo.

Pero hoy, la crisis del desencuentro refuerza esos poderes fácticos, incluido el poder informal e ilegal del narcotráfico. Cuando se acentúa la polarización hasta el extremo de negar el único espacio reconocible por todos que es el ámbito de la política, ganan más terreno y se aprovechan como nadie de los poderes que compiten con el Estado para sustituirlo e imponer sus intereses. Esos son los que ganan, cuando la política pierde.

Lecciones de YouTube

Mario A. Campos

Imaginemos la escena: una tarde de 2004, dos jóvenes de 27 y 28 años se sienten frustrados luego de no poder enviar a un amigo, un video vía correo electrónico. Ante eso deciden crear un sitio Web con el objetivo de almacenar y distribuir videos de manera gratuita. Con esa meta y diez millones de dólares proporcionados por una empresa de capitales de riesgo nació YouTube.com, la página que fundaron Chad Hurley y Steve Chad y que en octubre fue adquirida por Google, por mil 650 millones de dólares, pagados mediante acciones. La historia es extraordinaria, en principio, por su valor empresarial pues hablar de un negocio que en 20 meses genere ganancias por 18 mil millones de pesos, no es algo que se vea todos los días.

Más aún si reconocemos que se trata de una empresa que opera como un medio de comunicación, con la peculiaridad de que YouTube ofrece contenidos sin ser la responsable de generarlos gracias a los usuarios que se encargan de resolver esa tarea mediante la aportación gratuita de materiales.

Entender el éxito de este proyecto es sencillo si miramos sus semejanzas y diferencias con la televisión. En Youtube se puede encontrar mucho del material que transmiten los canales tradicionales, acompañado por "producciones originales" de los navegantes, que con cámara en mano deciden incursionar como productores. La ventaja es que todo el material se encuentra clasificado y puede ser consultado a cualquier hora.

Con estos elementos se entiende el atractivo de Youtube, lo que no explica su éxito comercial. Aun cuando la empresa no ha logrado resolver del todo su modelo de negocio, la página se convirtió en uno de los espacios más seductores para grandes compañías. ¿Dónde está la clave? En que posee uno de los activos más valorados en nuestro tiempo: la atención.

Con 30 millones de visitantes únicos al mes, que descargan 100 millones de videos al día, YouTube se colocó como un referente por su capacidad para atraer a los usuarios. El tema parece una obviedad pero es necesario insistir: en un entorno caracterizado por la saturación de mensajes, el principal desafío es atraer y retener la atención de consumidores y ciudadanos.

Hace ya algunos años, cuando Giovanni Sartori presentó en México su libro Homo videns, alguien le preguntó sobre las pruebas que tenía para sustentar sus dichos; mitad en serio, mitad en broma, el politólogo respondió que la evidencia de que los seres humanos estábamos perdiendo capacidad de abstracción es que sus alumnos antes le entendían más rápido. Consciente de que quizá cometa el mismo exceso que el italiano, invito a que visiten cualquier aula universitaria para comprobar que la economía de la atención avanza a pasos acelerados.

Bombardeados por estímulos que van desde el envío de mensajes vía los celulares, hasta las conexiones inalámbricas de las computadoras portátiles, las nuevas generaciones experimentan una especie de incapacidad para mantenerse enfocados durante largos periodos de tiempo, lo que va de la mano de una creciente disposición para realizar varias tareas de manera simultánea. El fenómeno empieza a tener tal impacto que ya hay especialistas en capacitación ­como Sharon Bowman y su libro The ten minute trainer­ que hablan de modelos didácticos que retomen el esquema de la televisión, en el que contenidos de diez minutos de duración estén acompañados por segmentos de "comerciales" de cinco. Quizá no sea tan evidente pero el éxito de Youtube también recae en la brevedad de la mayoría de los materiales que ofrece, que en un esquema similar al de MTV, no exigen del visitante mucha de su atención.

Reconocer al caso de Youtube como un ejemplo de los nuevos tiempos, puede resultar especialmente útil ­o aterrador­ para todos, especialmente para quienes aspiramos a captar la atención a través de los medios, ya sea que se trate de periodistas, políticos o artistas. Queda ahí la lección para quien la quiera aprovechar.

El conflicto de la democracia

Cristina Massa

La democracia es un régimen que vive en tensión. En el conflicto constante y latente de conciliar los derechos individuales que existen en entornos comunitarios.

Con la colaboración de Edgar Moreno

“La democracia es el menos malo de los regímenes políticos” Winston Churchill

La democracia es un espacio político que se presume plural. Se afirma que la democracia hace viable la convivencia de lo diferente frente a la imposición dictatorial que uniforma a la sociedad. Se califica como el espacio que no sólo permite sino propicia la participación ciudadana. En suma, la democracia se presenta como el régimen político donde los diferentes conviven en igualdad de trato y donde los ciudadanos son quienes determinan los límites y alcances de sus gobiernos. Pero la democracia es un espacio institucional que también genera incentivos perversos.

La democracia vivifica los valores de libertad e igualdad en tanto se construye en torno a un edificio institucional. No hay derechos ni valores que valgan en donde no hay reglas que dirijan el ejercicio de los primeros y protejan la existencia de los segundos. Las instituciones no sólo son estructuras que promueven el ejercicio del poder, sino que son también los límites de ese ejercicio. La democracia es así, por encima de cualquier deseo, un procedimiento.

Los procedimientos de la democracia no contienen valores en sí mismos porque estarían allí, atentando contra el pluralismo que le da sentido como proyecto político. Los procedimientos de la democracia son en este sentido, neutrales. El estado democrático no puede sino encauzar las pasiones humanas con el objetivo de proteger los derechos del individuo y fomentar la convivencia en la resolución pacífica de los conflictos.

A través de mecanismos electorales respeta el peso relativo de los ciudadanos como iguales: un ciudadano un voto. A través de elecciones periódicas intenta atar a los gobernantes a responder a los intereses de los ciudadanos. A través de mecanismos de transparencia reduce las asimetrías de información entre aquéllos que ejercen el poder y los otros que lo delegan. A través de la competencia electoral colabora para traducir las preferencias de los ciudadanos en decisiones políticas. Las elecciones competitivas y la distribución de los espacios de poder limitan a las mayorías y protegen a las minorías.

Pero en este mecanismo que le da vida, la democracia es aún imperfecta en la realización de sus objetivos. Los ciudadanos no piensan igual y los gobernantes atienden a sus electores y no a sus gobernados. Las minorías desplazadas del poder pueden o no encontrar los mecanismos para expresar sus demandas. Las mayorías que lo detentan (por lo menos hipotéticamente, a través de sus representantes) pueden o no ser afectadas por las minorías que las restringen.

La democracia tiene en su método de elección el caldo de cultivo para las acciones autoritarias al mismo tiempo que las inhibe. Las elecciones no pueden ser el único mecanismo institucional de la democracia porque resultaría rebasado por realidades sociales complejas y comunidades plurales. Deben existir mecanismos que, en el ejercicio del poder, den oportunidad de estrechar la comunicación entre políticos y ciudadanos y de imponer el respeto como norma entre estos últimos.

La protesta pública no es sólo una consecuencia de la tolerancia democrática sino un pilar de su existencia. Sin embargo, en México parece ser también el enemigo de la estabilidad y el martirio de las libertades. La realidad política del país demanda definiciones respecto a los límites de las instituciones electorales y la protesta social. Instrumentos que deberían ser complemento se perciben enemigos.

En el estado de Oaxaca una minoría secuestra la capital a costa de los intereses de la ciudadanía. En el Distrito Federal el ex-jefe de gobierno veta una ley que reconoce derechos para una minoría por la expectativa de ganar una mayoría electoral en elecciones presidenciales. Dos ejemplos de incentivos perversos en la institucionalidad democrática. En una la minoría dictatorial se impone. En la otra la mayoría intolerante desconoce.

Entre las mayorías y las minorías existe siempre un conflicto. La solución sin embargo radica en la continuidad de las instituciones como sistemas neutrales que dirigen la convivencia pacífica. La atención de las demandas ciudadanas es un elemento sustantivo de la democracia del mismo modo que el respeto a los derechos de las minorías. La neutralidad de las instituciones debe ser el instrumento que distinga entre demandas legítimas y abusos autoritarios, a través de un solo criterio: el respeto de los derechos individuales y el reconocimiento de los escenarios comunitarios donde existen.

La democracia no realiza una voluntad popular porque no existe tal cosa. La democracia es el régimen político que para generar la convivencia de lo diferente establece el reconocimiento del individuo como sujeto de derechos. El pluralismo sin embargo es una realidad social, comunitaria. En este sentido, la democracia es un régimen que vive en tensión. En el conflicto constante y latente de conciliar los derechos individuales que existen en entornos comunitarios.