28 de abril de 2007

Si seguimos por este camino...


25 de abril de 2007

Misoginia católica

José Antonio Crespo

En el debate sobre la despenalización del aborto, muchos se quejan de la intromisión de la Iglesia, no porque no deba asumir y defender su propia postura, respetable aunque poco —o nada— tolerante. Es parte de la democracia deliberativa a la que aspiramos. El problema con la Iglesia es que, siendo al mismo tiempo una institución religiosa y un Estado formal (el Vaticano), no debiera traspasar los límites de su propio ámbito. No llamar, por ejemplo, a confrontar al Estado o a desobedecer las leyes civiles por no coincidir éstas con las sagradas (según su propio credo). Ni promover que la defensa de una idea del ámbito religioso —como concebir que el alma humana se genera en el momento mismo de la concepción— amerita desconocer al Estado laico. Y es que a la Iglesia católica jamás le acomodó el Estado laico, pues éste históricamente le limitó y expropió su otrora enorme poder político, económico, educativo, judicial y militar.

Por su parte, mujeres que respaldan la despenalización del aborto señalan que algunos jerarcas de la Iglesia, prelados o líderes católicos, podrán tener el derecho legal para opinar lo que quieran, pero no cuentan con mucha autoridad moral que digamos. Dicen, por ejemplo, que el cardenal Norberto Rivera o Jorge Serrano Limón son dos personajes cuya trayectoria personal debería constituir un autofreno al hablar sobre un asunto de índole legal y moral como éste. Que ya nada más falta que el padre pederasta, Marcial Maciel, emita también su opinión contra la despenalización del aborto. Piensan que, en general, la Iglesia sostiene posiciones nada favorables a la mujer, que practica y fomenta una misoginia estructural desde sus mismas premisas ontológicas. Que su oposición a despenalizar el aborto, así como sus posturas contrarias a la anticoncepción, son parte de ello. Hay mucho de cierto. Desde los fundamentos doctrinarios del catolicismo —que no necesariamente del cristianismo original— hay un gran desprecio por la mujer. Resulta que los primeros cristianos, o al menos muchas de sus corrientes, concebían a Dios como un principio dual, uno masculino y otro femenino, cuya acción complementaria daba lugar a la creación (simbolizada en el hijo, Jesús). Y esa era justo la idea original de la Trinidad, semejante a la concepción de lo divino en otras religiones y filosofías orientales (el ying-yang de budismo y taoísmo, por ejemplo). Un principio masculino y otro femenino que, en interacción, generan nueva vida. De hecho, ese es el proceso biológico de la concepción humana.

Así, en el Apocryphon de Juan, un gnóstico, se lee la siguiente concepción de Dios: "Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Hijo". La escuela de los esenios concedía también a Dios una faceta femenina. En el Evangelio de la Paz, que ellos seguían, Jesús llega a decir: "Yo os guiaré hasta el reino de los ángeles de nuestra Madre (refiriéndose a la divinidad)". Pero en los albores de la Iglesia católica, ya no como religión sino como institución política, esa concepción original de la Trinidad cambió, pues no le convencía otorgarle la misma relevancia al principio femenino que al masculino. Entonces, en la doctrina de la Trinidad se sustituyó el principio femenino por uno neutro, asexuado, el Espíritu Santo (que sin embargo asumió también una función masculina al ser responsable del embarazo virginal de María). Esta supremacía de lo masculino en el catolicismo se tradujo en la prohibición de que las mujeres ejerzan el ministerio y menos aún ocupen cargos dentro de la jerarquía eclesial. Sólo les queda incorporarse a las órdenes monacales, en posición subordinada. En una carta a Timoteo, san Pablo define el rol de la mujer católica: "Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre; ella debe mantener silencio". Y explicaba en su Epístola a los corintios la natural superioridad masculina: "Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón (Eva, de la costilla de Adán); y tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón (Eva fue creada para acompañar a Adán)".

Pero no en todas las corrientes cristianas se asumía semejante misoginia. Los gnósticos concedieron siempre a la mujer un papel de igualdad y liderazgo en la promoción y enseñanza de su fe. Lo que provocaba el escándalo de Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo III: "Las mujeres de los herejes ¡cuán perversas son! Pues son lo suficientemente audaces para enseñar, para disputar, para ejecutar exorcismos, para emprender curas, ¡quizá incluso para bautizar!". En el siglo IV, una erudita de las enseñanzas cristianas (no ortodoxa), Hypatia, fue linchada con conchas de ostión por varios monjes, crimen justificado por san Cirilo, al haberse atrevido ella a enseñar a los hombres, desafiando así la voluntad de Dios. En 1977, Paulo VI explicó la imposibilidad de que la mujer asumiera el ministerio católico en virtud de que "Nuestro Señor (Jesucristo) fue varón". San Agustín, conocido padre de la Iglesia del siglo V, reforzaba la superioridad que el varón debía tener dentro de la familia católica: "Un esposo está para gobernar sobre su esposa, así como el espíritu gobierna sobre la carne". La equiparación de lo masculino con lo superior (el espíritu) y lo femenino con lo pecaminoso (la carne) es evidente. Ante todo ello, ¿cómo sorprenderse de las ideas de Carlos María Abascal o de Serrano Limón sobre la mujer? Y también explica la gran sumisión de muchas mujeres católicas, digamos devotas, ante la abrumadora supremacía masculina. Por eso Mariana Gómez del Campo, dirigente capitalina del PAN, considera que, al despenalizarse el aborto, "los hombres obligarán a las mujeres a abortar". Es lo que lógicamente se infiere de una cosmovisión misógina, como la católica.

24 de abril de 2007

Reformar al Estado

Javier Corral Jurado

El proceso legislativo para la reforma del Estado dio inicio formalmente con la aprobación de la ley que da método a su negociación, organiza la ejecución técnica, define los temas principales, establece un mecanismo de consulta especializada y conforma un órgano dictaminador que incluye directamente a los presidentes de los partidos. La ley compromete además a los legisladores a concretar la reforma en un año, y aunque no hay cargo, descuento o rebaja de sus dietas si no lo cumplen, siempre estará pendiendo la peor espada a la que se puede enfrentar un político, que es la sanción de la opinión pública, sobre todo si se identifica que el proceso fue fársico.

He ahí el principal cuestionamiento que muchos nos hacemos de esa convocatoria que en esta semana pone en operación su secretariado técnico: ¿existe realmente una voluntad política para transformar el andamiaje constitucional del país? ¿Existe clase política reformadora para ello? ¿Es posible una reforma del Estado con meras reformas legales sin tocar la Constitución? ¿Sin cambiar el régimen político y redistribuir facultades, funciones y recursos entre poderes del Estado y niveles del gobierno? ¿Sin reubicar a los poderes fácticos a su papel intermediario frente al Estado, y no como sustitutos de él?

Si en la exposición de motivos de toda iniciativa legal y en los considerandos de todo dictamen legislativo se encuentra el espíritu de la ley, es claro que los legisladores federales tienen toda la decisión de acometer tan honda tarea. No otra conclusión resulta de leer el diagnóstico -brutalmente cierto- que sobre el deterioro de nuestras instituciones pone en sus considerandos el dictamen aprobado por el Senado, cámara de origen en este empeño, y a cuya cabeza se ha puesto el priísta Manlio Fabio Beltrones.

Ese texto impecable fue suscrito por unanimidad de los miembros que integran la Cámara Alta y dice en su sexto párrafo: "La necesidad de emprender una profunda reforma del Estado está presente desde hace casi 20 años. Desde entonces se ha ido avanzando en la legislación mexicana sobre todo en el aspecto electoral y aun nuestra democracia ha dado muestras, por un lado, de imperfecciones, y por otro lado, pareciera que la cultura autoritaria y antidemocrática ha mostrado una gran capacidad de autoconservación y supervivencia. Estamos ya en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, de profundización de las desigualdades, de estancamiento del progreso económico, de desbordamiento de la delincuencia y de la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico en las esferas del Estado".

¿Qué debe corresponder a esa descripción terrible del país? Una acción con valor y valores de los representantes populares. Valentía, que no es ausencia de miedo, sino conciencia clara de cómo superarlo, sobre todo en un sector mayoritario de la política que vulnerable por sus faltas bien acreditadas ha ido perdiendo voz y arrojo ante el chantaje, amenaza e intimidación de los poderes fácticos.

¿Quiénes la harán? Fundamentalmente, los presidentes de los partidos, los coordinadores parlamentarios y los legisladores presidentes e integrantes de las comisiones legislativas encargadas de la materia en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Del estudio de esos perfiles, pocos son los que han acreditado en el campo de los hechos voluntad transformadora, y en las distintas posiciones que se han desempeñado más bien han actuado contra el Estado, o cediendo su soberanía en áreas estratégicas, o debilitando su función rectora en actividades prioritarias, o dejando en el mercado competencias del Estado a través de ineficaces y costosas privatizaciones. Algunos de ellos han sido reformadores sí, pero al revés.

Quizá por su conformación más experimentada, un número menor de integrantes en relación con la Cámara de Diputados, así como el ritmo de maratón que supone su duración de seis años, el Senado aparece como el espacio idóneo para el mayor impulso. No digo que vive ahí una clase política dispuesta a agotarse con sus reformas, incluso dispuesta a jubilarse para darle porvenir al futuro, pero sí tienen mejores condiciones.

En la Cámara de Diputados no se vislumbran esas condiciones. Pues no sólo está ausente también la corresponsabilidad que el PRD debiera asumir como segunda fuerza electoral del país en la negociación y construcción de acuerdos, sino la bancada priísta está bajo la férula de Emilio Gamboa Patrón, quien tiene sin duda virtudes personales estimables, pero entre ellas por supuesto no está el ser un espíritu reformador, más bien ha actuado en defensa del statu quo. Por más que Héctor Larios, el diputado coordinador de la bancada panista, tenga la visión y la decisión de provocar cambios importantes en la estructura jurídica del Estado mexicano, entre las fobias del PRD y los intereses muy particulares de esa conducción priísta quedará atrapado.

Lo importante es que ya empezó el proceso, y tendremos un año, sólo un año, para darnos cuenta si se pudo, y si era en serio.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

23 de abril de 2007

Pone en marcha BID nuevo portal DataGob

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso hoy en marcha un portal, el DataGob, que ofrece acceso a unos 400 indicadores de gobernabilidad y abarca una amplia variedad de temas.

La institución crediticia dijo en un comunicado, que la nueva herramienta brinda acceso a indicadores compilados por 30 fuentes, que incluyen instituciones académicas, ONGs, empresas privadas y organismos multilaterales.

DataGob contiene información sobre el apoyo popular a la democracia, el costo de registrar una empresa, el dispendio en el gasto público o sobornos a la policía en países de América Latina y el Caribe y otras regiones en vías de desarrollo del mundo.

El sitio web contiene cuatro grandes áreas (democracia, mercados, gestión pública y estado de derecho) así como una serie de indicadores socio-económicos.

El Banco Interamericano de Desarrollo considera que DataGob puede resultar útil para periodistas, investigadores, analistas de políticas y miembros de grupos de la sociedad civil interesados en medir y evaluar el desempeño de la gobernabilidad y el impacto de las reformas en sus países.

El BID destacó que los usuarios pueden obtener datos y componer tablas y gráficos comparativos para imprimir o exportar a distintos programas de computación.

El portal, que tiene versiones en castellano e inglés, también cuenta con información sobre las metodologías para armar los indicadores, su fiabilidad, validez conceptual y utilidad para analizar cambios a lo largo del tiempo y diferencias entre países.

DataGob fue desarrollado por la División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID.

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio para la Cooperación Internacional del Reino Unido, a través de su Fondo Fiduciario de Mercados y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza.

El nuevo sitio de internet forma parte de Global Link, un portal para otras bases de datos elaborado por el BID que incluye Sociómetro, DataIntal y EQXiS.

Iglesia en manos de la democracia

Ricardo Raphael

Comienza a ser hora para que la Iglesia católica mexicana se someta a un escrutinio ético de su comportamiento. Ya no se trata aquí de revisar su participación en el espacio público únicamente a la luz del principio de la laicidad, sino de evaluarle desde otra aspiración más amplia y que incluye a este valor moral: la construcción de una sociedad donde coexistan pacíficamente los diferentes.

A propósito de diversos temas del debate público mexicano que hoy han entrado en colisión, los líderes de esta institución religiosa se muestran poco diestros para deliberar con quienes no comparten su respectiva visión de las cosas.

En lugar de dialogar con el estoicismo moral que se requiere para respetar al otro en una sociedad plural, la curia católica ha optado por demoler la reputación de quienes, por sus ideas y convicciones, difieren de los mandatos del papado romano.

Ha sido frente al tema de la despenalización del aborto en la ciudad de México donde su intolerancia se manifiesta con mayor descaro. Desde su religiosa tribuna se han escuchado declaraciones rudas y excesivas que muy poco ayudan a la exposición de los argumentos.

Para exhibir la naturaleza de este comportamiento tiene sentido retomar aquí algunas líneas del comunicado de prensa que el señor Hugo Valdemar Romero Ascensión, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, envió a los medios de comunicación a finales del mes pasado:

"Los grupúsculos feministas van a hacer una marcha para matar a los bebés y a los niños. ellas seguramente llevarán a la Santa Muerte al frente porque son protagonistas de la muerte, del homicidio, del holocausto de la masacre de los niños no nacidos, ellas pugnan por la carnicería cruel, espantosa, injusta que es el aborto. estos grupos muestran un complejo de inferioridad terrible y el enorme odio que tienen a su género." Esta declaración destila mucha bilis y poca reflexión. Trasluce odio y deseo de castigo en contra de quienes no comparten la prédica católica ortodoxa. No hay en ella ánimo alguno de razonar o de explicarse, sino descalificación pura e implacable. No hay en ella humildad, prudencia o serenidad, sino rabia.

En una democracia, nadie debería oponerse a que esta Iglesia haga uso amplio de la libertad para expresar sus convicciones. Como cualquier otra organización religiosa, ella está en todo su derecho para hacer proselitismo a favor de sus causas, para promover los valores de su fe, y también para intentar influir en la conciencia de los creyentes.

Sin embargo, en esta ocasión se presenta un exceso en el ejercicio de ese derecho. Una cosa es participar en el espacio público defendiendo las motivaciones propias y otra muy diferente es pretender aplastar arbitrariamente las del otro. Justo ahí donde las razones hubiesen sido muy necesarias, han sido colocados ácido y pólvora verbales.

La política democrática no sólo aspira a ganar poder, sino también a construir complejas reflexiones. Ha de ser vista como un creativo instrumento para tejer una ética compartida entre las muchas morales subsistentes dentro de la sociedad.

En palabras de Junger Habermas, la ética deliberativa de la democracia exige que todas las partes configuren voluntaria y conscientemente relaciones de reconocimiento recíproco entre individuos libres e iguales. Y para que tal cosa ocurra es necesario que unos desciendan del púlpito propio para razonar, mientras otros reciben respeto amplio a la hora de usar su voz y manifestar sus pensamientos.

¿Dónde dejó la Iglesia esa inteligencia tan notable de Erasmo de Rotterdam o de tantos otros de sus más admirados hombres y mujeres que en otros tiempos supieron trascender la pequeñez de la moral personal para construir un lugar habitable para toda la comunidad?

Al hacerse de este tono rijoso, la Iglesia católica mexicana se está pareciendo cada día más a otras expresiones religiosas fundamentalistas. Fragua una inquisición de nuevo cuño, una réplica contemporánea y muy poco evolucionada de la persecución religiosa.

Este fundamentalismo, no sobra decirlo, es el peor mal de nuestros tiempos. Su fuerza es infinita para derrumbar sociedades, destruir instituciones y despedazar a los Estados. Es la antítesis de la responsabilidad para con el semejante y enemigo acérrimo del consenso social requerido para vivir en paz y de acuerdo con la conciencia propia.

Con su prédica flamígera y fustigante, la Iglesia católica mexicana demuestra que no ha celebrado todavía la revisión de sus valores, prácticas y tradiciones más autoritarios. O peor aún, que no sabe cómo actuar y moverse en el nuevo escenario democrático mexicano.

El aporte que con su cerrazón impone es diametralmente opuesto al modelaje de una sociedad que aprecia el diálogo y la deliberación instruida de los asuntos públicos.

Nadie le está pidiendo a esta Iglesia que modifique las razones de su fe. La cuestión es muy otra: que en los temas del poder civil, los líderes religiosos dejen por un momento su altiva investidura para tratar con igualdad y reciprocidad a quienes no comparten sus mismos principios morales.

En México urgen iglesias que sepan actuar en un contexto político y social con aspiraciones democráticas. Iglesias que se deshagan del mapa mental opresivo a través del cual este país resolvió antes sus conflictos; iglesias que se hagan cargo de la ética necesaria para promover la cooperación entre personas presumiblemente responsables y todas respetables.

Hombres y mujeres en todo el mundo se encuentran hoy a la caza de una nueva espiritualidad. Sin embargo, tal cosa no tendría por qué implicar una conversión hacia lo dogmático. Ese es precisamente el gran aporte que la ética podría ofrecer a las religiones: un cuestionamiento racional y razonable para que en la búsqueda de lo espiritual el dogmatismo y su consecuencia más inmediata, el fundamentalismo, queden desterrados.

Ahora resulta evidente que la Iglesia católica habrá de invertir mucha de su fuerza espiritual para adaptarse a la nueva ética democrática que el resto de los mexicanos estamos construyendo para coexistir libre, pacífica y solidariamente.

Sin embargo, concurrir a un espacio público concebido como democrático lleva a humanizarse, es decir, a utilizar el espíritu para dejar atrás la soberbia y la arrogancia de lo sobrehumano.

Analista político

20 de abril de 2007

Transparencia sindical

Ernesto Villanueva

En México, la transparencia vive varias velocidades y ritmos. En el ámbito del Ejecutivo federal las cosas van razonablemente bien. En los otros poderes federales, órganos constitucionales autónomos y estados federados hay de todo.

Pero una de las zonas de mayor opacidad reside en las relaciones entre los trabajadores y sus representantes. Es paradójico que buena parte de los trabajadores no conozca a sus líderes y, por ende, las formas y modos de la vida sindical.

Menos aún, por supuesto, se puede saber en la vida cotidiana cuánto y para qué se destinan las cuotas sindicales. Vamos, incluso el contenido de los contratos colectivos de trabajo, que son normas que debieran ser públicas, permanecen a buen recaudo.

De vez en cuando, en casos como el de los trabajadores mineros, la vida sindical adquiere visibilidad mediática circunstancial y temporal para regresar, sin embargo, a su bajo perfil o áreas marginales de atención pública habituales.

El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, se trata de uno de los temas inexplorados sobre los que se ha escrito poco, hay escasa doctrina y casi nula aplicación, así sea indirecta vía solicitudes de información a las secretarías del Trabajo federal y locales.

La presencia de las organizaciones civiles sobre el tema también brilla por su ausencia. El temor fundado por la eventual afectación a la integridad física de quienes se atrevan a ahondar sobre esta cuestión es una de las razones básicas que explican que ni trabajadores ni activistas sociales se empleen a fondo en promover prioritariamente la transparencia sindical.

En el ámbito político, una de las primeras monedas de cambio de legisladores para discutir la viabilidad de una ley de acceso o su reforma es "encorchetar" o dejar fuera el tema sindical para que el proceso legislativo pueda salir adelante.

En el mundo empresarial tampoco hay precisamente grandes incentivos para la transparencia sindical. Se prefiere pragmáticamente cumplir con el expediente de contar con un sindicato a modo y negociar bajo el agua que sujetarse a las reglas de la apertura y la claridad.

En ese contexto de incentivos mínimos o ausentes en el debate argumental, cualquiera pensaría que no hay nada que hacer. Que el interés de los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, es un bien sacrificable porque así debe ser como principio. Que la democracia informativa admite casos de excepción como la transparencia sindical, cuya discusión es preferible dejarla sólo a los núcleos duros de la marginalidad. Hay aquí desconocimiento sobre el valor de la transparencia en los sindicatos. Veamos. La transparencia en los sindicatos debería ser un tema de la agenda pública por varias razones:

A) Porque otorgaría poder a los trabajadores sobre el destino de sus recursos y defensa de sus intereses y los de sus familias. B) Porque permitiría contar con herramientas para acotar o reducir los casos de corrupción donde pierden por igual la empresa y los trabajadores, quienes pagan esos costos. C) Porque los sindicatos son personas privadas, pero no tienen datos personales en cuanto a su organización y funcionamiento, razón por la cual no hay una causal de exclusión de la apertura informativa. D) Porque en el contexto nacional la inclusión expresa de la transparencia sindical en las leyes de acceso a la información es un asunto de interés público en analogía al caso de los partidos políticos.

Así se ha ido entendiendo por fortuna en el ámbito del derecho extranjero y a nivel nacional. En el primer caso, el artículo cuarto, numeral dos de la Ley de Acceso a la Información de Polonia prevé a los sindicatos como sujetos obligados (recuérdese la gran tradición de lucha sindical de ese país).

Lo mismo sucede con la ley de Estonia y de algunos otros países bálticos y nórdicos. En México, las leyes de acceso a la información de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Morelos y Nuevo León en mayor o menor medida también prevén garantías de acceso a la información sobre los sindicatos y su funcionamiento.

Se trata de un tema que ahora que ha salido a la palestra pública por casos de corrupción difícilmente podrá dejarse de lado para bien del país.


Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

El aborto a referéndum

José Antonio Crespo

Los sectores sociales que se oponen a la despenalización del aborto propusieron que esa reforma se someta a la voluntad ciudadana a través de la figura del referéndum (el plebiscito se aplica a actos de gobierno y no a leyes emanadas de la Asamblea capitalina). En principio, en una democracia cabal, el referéndum constituye un ejercicio democrático que abre la participación de todo ciudadano a una decisión importante y difícil, en lugar de que lo haga solamente un grupo de legisladores. Me parece que, en efecto, la despenalización del aborto es un tema adecuado para poner a prueba la democracia directa, que sólo debe sustituir a la democracia representativa en algunos casos, esporádicos, relevantes y socialmente conflictivos. Requisitos que reúne el asunto del aborto. Temas de alta polarización social suelen y pueden ser dirimidos justamente a través de la democracia directa. Esta opción puede tener la ventaja de que los ciudadanos sentirán que ellos mismos son los que aportarán su voto en favor o en contra en algo que consideran de especial relevancia, en lugar de dejarlo a sus representantes. La resolución ciudadana, tomada mediante el referéndum, gozará por tanto de mayor legitimidad que la surgida de un congreso de representantes (aunque no por ello, las decisiones parlamentarias son ilegítimas). Se trataría, sin lugar a dudas, de la voluntad de la mayoría de aquellos que quisieran participar en esa resolución.

Y, por eso mismo, temas tan polémicos como el aborto se han terminado por dirimir a base de la democracia directa en algunos países católicos, como España e Italia. Sin embargo, el propio procedimiento democrático es sujeto de críticas y cuestionamientos por grupos radicales que están en favor o en contra de la despenalización, pues cuestionan que algo tan esencial pueda ser sometido a votación (ni de los legisladores ni del cuerpo ciudadano). Lo consideran algo que, por su naturaleza, no puede ni debe ser decidido mediante la regla de mayoría, al ser un tema —dicen— que trasciende a los números y los votos. Muchos de quienes están en contra de la despenalización advierten que la vida de un ser humano no puede ser sujeta a un procedimiento censatario. Que se trata de un derecho natural (y divino) que no puede violentarse porque una mayoría legislativa o ciudadana se pronuncie en ese sentido. Por su parte, los más radicales promotores de la despenalización sienten que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su tipo de vida es también algo que está —o debería estar— por encima de la voluntad ciudadana. Que es un derecho inherente y propio de las mujeres que puedan experimentar ese dilema y, por tanto, más allá de procesos políticos.

En principio, ambos bloques tendrían la razón a partir de sus propias premisas. Pero ello sería posible y adecuado sólo si todos compartiéramos las mismas convicciones al respecto. Si todos estuviéramos seguros de que la vida se inicia en la concepción misma, probablemente estaríamos contra la legalización del aborto (incluso en casos de violación, si además fuéramos congruentes). Y si todos creyéramos que es derecho exclusivo y natural de la mujer decidir si interrumpe o no un embarazo no deseado, sería ya algo permitido sin necesidad de tanto jaleo. Pero justamente porque no hay consenso al respecto —ni lo habrá tratándose de posturas irreductibles— es que la democracia (sea en su expresión representativa o directa) es prácticamente el único método civilizado para dirimir tan espinosos dilemas. La otra opción es la confrontación de los grupos que están en favor o en contra, o las amenazas de muerte de "Guardias Nacionales" y otros grupos fundamentalistas (amagos minimizados por la dirigente del PAN capitalino, muy preocupada, eso sí, por la defensa de la vida).

La propuesta de someter lo del aborto a referéndum tiene un trasfondo estratégico. No es que quienes lo solicitan sean inequívocamente democráticos. Pueden serlo o no (normalmente, su propensión a imponer a todos sus propios criterios sugiere lo segundo). Pero ante el hecho de que el PAN tiene sólo 17 de 66 curules en la Asamblea del Distrito Federal, con un referéndum se abría la posibilidad de que los grupos que se oponen a despenalizar el aborto se movilicen en mayor medida que quienes apoyan la reforma. Y hay fundamento en ese cálculo. Aunque varias encuestas sugieren que en la capital la mayoría de los ciudadanos están por despenalizar el aborto, muchos de ellos podrían no concurrir a las urnas, al no ver en ese asunto algo directamente relacionado con su problemática personal. En cambio, los grupos conservadores seguramente acudirían en masa, dada su enorme oposición a la ley.

Pero el referéndum tiene fuertes límites en el DF. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del DF, la solicitud del referéndum requiere de 0.5 % de firmas inscritas en el padrón electoral (como 300 mil, cotejadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal) o lo pueden hacer uno o más diputados locales. La decisión de realizarlo lo toma una mayoría calificada de la Asamblea. En todo caso, el resultado del referéndum no es vinculante para la Asamblea, sino será tomada sólo como un elemento más en su deliberación interna. En ese sentido, esta figura de democracia directa está actualmente tan limitada que resulta una consulta simbólica, y que no merece mucho el esfuerzo. Habría que pensar en convertirla en un mecanismo eficaz de toma de decisiones, aunque sea en casos extraordinarios, como lo es el aborto.

17 de abril de 2007

Delitos de prensa

Javier Corral Jurado

Con justificado beneplácito ha sido promulgado por el presidente Calderón el decreto que derogó del Código Penal Federal varios artículos que hacían de injuria, difamación y calumnia delitos de opinión con sanción de cárcel. Más aún, la introducción de nuevas figuras dentro del daño moral, y la precisión que exceptúa de responsabilidad a quienes reproducen fielmente una información -"aun en los casos en que no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, siempre y cuando se cite la fuente"-, nos debe congratular. Son pasos a los que no debemos regatear mérito y ponderar en justa dimensión.

En la penalización de los delitos de opinión y en la laxitud civil del daño moral anidaban rémoras del subdesarrollo legislativo que en materia de libertades de expresión e información se mantuvieron por décadas en nuestras leyes, aun cuando nuestro país suscribiera tratados internacionales que desde los 60 orientaban lo que hoy es una tendencia mundial: salvaguardar el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, y proteger el honor y la vida privada. Se trata del equilibrio de garantías individuales que desde el primer dato del constitucionalismo mexicano, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, quedó registrado en 1814.


No debe ser la cárcel, sino la acción civil con la que el Estado intervenga cuando se abuse de la libertad, tratándose de la opinión, la manifestación de las ideas, porque pertenecen dentro del alma espiritual de la persona al preciado atributo de la conciencia.


Derogar esos delitos del Código Penal es un acierto que debemos a legisladores que en diversas épocas del Congreso de la Unión insistieron en ello en la última década, y a cuyo más exitoso y eficaz esfuerzo concurrieron los diputados de la 59 Legislatura, quienes aprobaron esas reformas el 18 de abril de 2006, por unanimidad de 361 presentes, y fueron avalados por la cámara revisora el pasado 6 de marzo, pues en el Senado obtuvieron 102 votos y una sola abstención.


Esperaban turno otras iniciativas sobre el tema, pero es de reconocer que quienes encabezaron ese empeño fueron los diputados que integraron el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios, al visualizar que los escollos para el trabajo de los informadores comenzaba por la legislación misma. Ese grupo, animado por Beatriz Mojica Morga, del PRD, Ruth Trinidad Hernández Martínez, del PAN, Jesús González Schmal, de Convergencia, y Luis Antonio González Roldán, del PVEM, presentó una propuesta integral y se dedicó a promover el proyecto.

Ahora sólo los jueces de lo civil conocerán y resolverán si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros.

La reforma contiene nuevas hipótesis en materia de daño moral, e introduce como novedad legislativa, sobre todo para la interpretación de los juzgadores, "el derecho a la propia imagen", aunque sin abundar en la exposición de motivos o las consideraciones de los dos dictámenes de ambas cámaras sobre esta concepción particular del derecho al honor y reputación.

En protección de la tarea informativa, se adiciona un párrafo al artículo 1916 bis: "En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco las realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo".

Estas disposiciones significan pasos importantes hacia un camino arduo de lo que supone el discurso que certifica la despenalización. Reconociendo el acierto, hay que advertir que para la prosecución de ello esta despenalización es parcial, y si no se toman medidas rápidas en la garantía de algunos de los derechos que los periodistas han reivindicado en el mundo democrático, la insuficiencia la puede volver regresiva. Es parcial porque la Ley de Imprenta de 1917 sigue vigente y no mereció reforma o ajuste. Además de vetusta, es una norma también de carácter penal, pues entre sus sanciones impone cárcel y multa; está regida bajo una óptica moral de principios del siglo pasado, y aun cuando varios tratadistas han señalado su carácter preconstitucional a la del 17, la SCJN la ha confirmado mediante varias resoluciones.

Es insuficiente porque no se acompaña del reconocimiento de algunos derechos profesionales que la actividad de los periodistas ha logrado en otras normas, no sólo frente al Estado, sino frente a la propia empresa periodística. Casos excepcionales hemos visto de encarcelamientos de reporteros o conductores por esa labor, pero sin esas normas complementarias no serán tan infrecuentes los empobrecidos, casi siempre los trabajadores y no los propietarios. Siempre la cuerda se rompe por lo más delgado.

Que el beneplácito continúe, y con más y mejores hechos, se convierta en auténtica fiesta de la libertad de expresión.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

16 de abril de 2007

Emilio Azcárraga Milmo

Octavio Islas

El 16 de abril de 1997, a bordo de su yate ECO, en Miami, Florida, falleció Emilio Azcárraga Milmo, quien en sus años de gloria, al frente de Televisa, fue considerado “el empresario más poderoso que ha visto México”.

Azcárraga Milmo nació en San Antonio, Texas, el 6 de septiembre de 1930. A los 42 años de edad, y en momentos particularmente difíciles para los concesionarios de la televisión en México, asumió la dirección de Telesistema Mexicano (TSM) tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, ocurrida en Houston, Texas el 23 de septiembre de 1972.

El gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez entonces llegaba a su segundo año (1972), y el locuaz presidente estimulaba fuertes críticas hacia los concesionarios de la televisión.

Azcárraga Milmo mostró gran habilidad para anticiparse a los planes del presidente Echeverría y negociar, con empresarios del Grupo Monterrey, la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México (TIM), de la cual resultó Televisa (Televisión Vía Satélite).

Rápidamente Azcárraga Milmo logró transformar a Televisa en el principal grupo de presión al interior del sistema político mexicano. En 1990 se declaró soldado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cinco años después manifestó ser únicamente “soldado del presidente”. Entre Televisa y el PRI, más que una relación de carácter simbiótico incestuosa, es posible reconocer un intrincado sistema de negociaciones. Azcárraga Milmo pretendía expandir el efectivo dominio de Televisa y los presidentes en turno realizaban determinados esfuerzos para contenderlo.

Azcárraga Milmo también desarrolló buenas relaciones con algunos políticos opositores. Carlos Castillo Peraza, mentor político del presidente Felipe Calderón, formó parte de la nómina de Televisa como asesor. Después de algunas entrevistas con Azcárraga Milmo, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en vivo para Televisa cuando asumió el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática.

Entre 1973 y 1997, Televisa se consolidó como la catedral de la educación sentimental en México. Azcárraga Milmo se declaró “muy guadalupano”. Las telenovelas –que Televisa llegó a exportar a más de 120 países-- representaron formidable escaparate del culto al guadalupanismo.

Además Azcárraga Milmo insistió en la necesidad de cuidar y respetar los valores de la familia mexicana. La decidida participación de Roberto Gómez Bolaños en la campaña contra el aborto admite ser interpretada como lógica secuela de la posición asumida por Televisa.

Jacobo Zabludovsky sintetizó la política informativa de Televisa y Raúl Velasco la oferta de entretenimiento. En un discurso pronunciado el 7 de junio de 1994, en una reunión con dueños de periódicos, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del PRD a la presidencia, expresó duras críticas hacia Televisa:

Televisa, digámoslo con claridad, se ha constituido en uno de los pilares que hoy sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y se sirve de él para exaltar una política contraria al interés nacional y a los personeros de esa política. Con ese mismo propósio, cada 24 horas desacredita las opciones democrática, miente sobre la realidad del país, oculta la verdadera dimensión y naturaleza de los hechos sociales y trata de confundir a la ciudadanía sobre el carácter de la lucha política a favor del derecho del sufragio.
Los espacios informativos de Televisa perdieron credibilidad intentando ocultar el evidente desplome del anquilosado sistema político.

En 1993 Emilio Azcárraga Milmo fue considerado el hombre más rico de América Latina, con una fortuna estimada en cinco mil millones de dólares.

Emilio Azcárraga Milmo efectivamente parecía intuir la grave amenaza que podría representar Carlos Slim para Televisa y quizá por ello: “veía hacia abajo a Slim porque lo consideraba un arribista”.
Hoy Carlos Slim es considerado el segundo hombre más rico del planeta y se ha convertido en “el empresario más poderoso que ha visto México”.

En un nuevo sistema de competencia Slim representa el principal frente de preocupaciones para Televisa.

Referencias
Fernández C., y Paxman, A. (2000). El tigre Emilio Azcárraga y su imperio Televisa. México: Grijalbo.

Espino vs. Calderón

José Antonio Crespo

Aunque el PAN se empeñe —desde que está en el poder— en reproducir varias de las viejas prácticas que el PRI desarrolló como partido hegemónico, arrastra indefectiblemente algunos rasgos, desde su origen, que le complican ese propósito. Así sucede con la relación entre el partido y el gobierno, pues sus estatutos y organización, propios de un partido que nació y vivió en la oposición por décadas, le da al PAN un margen de autonomía que tiene doble filo: podría ser visto como un rasgo indiscutiblemente democrático, que le da a su militancia un poder por encima incluso del Presidente de la República, pero también puede provocar desentendimiento e incluso confrontación entre partido y gobierno, con saldo negativo para ambos. En lo primero, Felipe Calderón pudo ganarle al candidato oficial, Santiago Creel, con el respaldo de militantes y adherentes. En lo segundo, el dirigente del partido, Manuel Espino, le pone cuantas trabas puede al nuevo huésped de Los Pinos. De modo que Calderón no puede hacer las cosas como sus predecesores priistas, pero eso no significa que se tenga que quedar de brazos cruzados y no intente ejercer su influencia desde la jefatura de gobierno, según sus necesidades políticas. Que Vicente Fox no lo haya podido hacer —cuando perdió su favorito a la candidatura presidencial— no significa que Calderón no pueda hacerlo con mayor eficacia.

Por lo cual, se queja ahora Espino de que en la contienda por ocupar los cargos de consejeros nacionales del PAN, que el año próximo elegirán al dirigente de ese partido, funcionarios del gobierno de Calderón se entrometen, rompiendo la equidad que debe prevalecer en toda elección democrática. La mala relación entre ambos políticos, evidente a cualquiera que ponga atención, introduce mayor tensión en ese proceso que antaño era esencialmente terso y civilizado (y es que, cuando hay poder de por medio, las cosas se complican inevitablemente). Calderón, siendo presidente del partido en 1997, le abrió a Espino la escalera para ascender dentro de la jerarquía panista, al nombrarlo dirigente en Sonora. Y como suele suceder en política, ahora Felipe ya no sabe cómo deshacerse de esa excelente adquisición. Para ello requiere contar con una mayoría de fieles en el Consejo Nacional y así nombrar como próximo dirigente a su candidato e impedir que se quede Espino o quien éste pretenda dejar en su lugar.

Pero Espino tampoco está manco, como lo ha demostrado en más de una ocasión. Al disputar la presidencia del partido, una vez que Luis Felipe Bravo terminara su mandato, casi todos suponían que Carlos Medina Plascencia —afecto a Calderón— sería el nuevo dirigente nacional. Pero Espino operó de modo tal que sorpresivamente arrolló en esa contienda. Y creo firmemente —contra lo que señala Federico Döring— que el respaldo que entonces le brindaron Fox y Marta Sahagún no fue determinante. Fue su capacidad de operación política. Misma que puso también al servicio de Felipe durante la elección presidencial, según lo dijo a Salvador Camarena. Lo hizo cuando el asunto de Hildebrando —el cuñado incómodo de Calderón— puso en riesgo la posible victoria panista. Se entrevistó con algunos gobernadores priistas para acordar que no dirigieran su voto corporativo contra el candidato blanquiazul: "No veíamos cómo levantar (la campaña) y yo personalmente me metí para operar algunas cosas y conozco el modo de trabajar, de operar, del PRI, lo que he padecido toda la vida".

A cambio de ese favor, Espino les ofreció a esos gobernadores algo así como impunidad: "Yo fui a hacer algo poco usual, fui a apretarles a algunos gobernadores. A advertirles que si en su estado perdíamos iban a tener una bronca fuerte. Porque había varios gobernadores con problemas serios, de diversa índole, y yo sabía cómo estaban operando a favor de su candidato (Roberto Madrazo). Entonces, yo dije, ‘mira, con que pares esta operación, con que dejes correr las cosas, con eso". Vaya que si aprendió Espino de los priistas, pues su operación resultó exitosa, según él mismo lo reconoce: "Hay lugares donde era impensable el resultado que obtuvimos, impensable". Desde luego, estas declaraciones tienen su toque de promoción personal; es como decir, Felipe ganó gracias a mí. Pero su versión no es nada descabellada. Así que, para operar políticamente (al estilo priista), Espino no es un aprendiz. Sólo que, del lado de Calderón, probablemente además hay gente que, a golpe de "padecer a los priistas", también les aprendieron las mañas y quizá las están poniendo en práctica en la lucha por la dirigencia del PAN.

Y es que si Calderón no logra remover del partido a los espinistas el año que viene, se leería como una fuerte derrota de Los Pinos, que podría minar significativamente su imagen y su autoridad política. Pues un Presidente de la República que es derrotado por el dirigente de su partido no puede inspirar ya mucho respeto que digamos. Cuenta Calderón al periodista Salvador Camarena que, cuando ganó la candidatura presidencial a Creel, "fui para decirle (a Fox): ‘oiga, esto para mí no es una derrota del gobierno" (El presidente electo, 2007). Pues quizá para Felipe no, pero para todo el resto del país desde luego que sí. Lo bueno es que para ese entonces Fox ya no tenía credibilidad alguna, por lo cual esa derrota no lo dañó más de lo que ya estaba. Y, por lo visto, no le caló como sí lo hizo la otra derrota, la del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, lo cual le generó profundos deseos de represalia, según confesó hace poco. Pero un descalabro frente a Espino, al poco tiempo de haber asumido Felipe, sí podría constituir un duro golpe de imagen, de respetabilidad y de eficacia política.

10 de abril de 2007

El 11 de abril tampoco se olvida

Javier Corral Jurado

Dice el segundo párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente" .

En los renglones anteriores está contenida la llamada facultad de veto del Presidente de la República a leyes aprobadas por el Congreso. A esa prerrogativa del titular del Poder Ejecutivo apeló, infructuosamente, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que el presidente Vicente Fox objetara las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como ley Televisa, que mañana 11 de abril cumplen un año de haber sido promulgadas.

Son varias las etapas bochornosas de ese proceso legislativo indigno, pero ninguna tan contradictoria como el apresuramiento y la forma en que Fox refrendó las reformas. Al proceso en su conjunto que aprobó las reformas -y a la distancia de un año prácticamente está armado todo el rompecabezas de intereses y operadores que las hacen posibles- podemos calificarlo no sólo como uno de los actos de mayor sometimiento político al imperio mediático, sino también como un proceso de negociación político-electoral al que concurrieron en distintos momentos los tres principales partidos y sus candidatos presidenciales. La fase de publicación a cargo de Fox es una de las más ilustrativas de su desdoblamiento ético y político. Pifia en el sueño democrático de una lucha vencida por la acción de unos cuantos.

De oponerse a las reformas, congratularse del "parón" que se les dio en el Senado en diciembre de 2005, Fox pasó a ser uno más de los cabilderos de Televisa en la víspera de la votación en el Senado el 30 de marzo de 2006; de varios senadores panistas que votarían en contra logró ubicar a uno en la abstención y corrigió el sentido negativo de otros dos. A los intereses electorales puestos en juego para la aprobación de la ley, sumó su interés personal, aún indescifrable.

Por ello sonaron tan falsas sus palabras en Cancún, Quintana Roo, ese viernes 7 de abril, cuando a nombre de la nueva división de poderes, de la autonomía del Congreso y del avance democrático, felicitó las reformas. El mandatario dio la bienvenida a cualquier acción futura del Legislativo para "enriquecer" el proceso, y destacó el carácter "democrático" del proceso aplicado en su aprobación, al ser una ley que nadie impuso, como seguramente ocurrió -dijo- con la anterior, donde los gobiernos procedieron "a su modo y conveniencia".

Sólo tres días antes, el 4 de abril, había recibido, de su secretario de Comunicaciones, 53 observaciones para vetar lo aprobado en el Congreso. La respuesta pública a ese dictamen técnico rayó en el cinismo: "El presidente nunca conoció el oficio de la SCT", declaró su vocero Rubén Aguilar, omitiendo un dato fundamental: La Consejería Jurídica con fecha 5 de abril -sólo unas horas después de haberlo recibido- le regresó al secretario Cerisola su oficio de observaciones porque nadie se las había pedido.

Pero para el encargado del despacho de los asuntos relativos a la nueva legislación no había duda, había que dejar por escrito su postura y "advertir de disposiciones contrarias a la Constitución".

Entre las cosas sobresalientes de ese dictamen, hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -"toda vez que la información que fuera solicitada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal resulta relevante para la resolución de la acción de inconstitucionalidad"-, advierte: "El debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico. El doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador.

"El trato preferencial y los derechos que se obsequian a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.

"El otorgamiento de una concesión seguirá siendo discrecional y sujeto a presiones. Propicia que sólo grupos económicamente fuertes puedan acceder a las frecuencias. Se abre la posibilidad a la inversión extranjera hasta 100%, cuando la tecnología evolucione y existan servicios móviles en estas bandas".

Cerisola le reafirmó a Fox la idea central del debate que se tuvo en el Senado: "Como quedó redactada la reforma, existe el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico".

Es imposible olvidarnos de ese 11 de abril, que mañana cumple un año impune.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

8 de abril de 2007

Abortar pedofilia


3 de abril de 2007

Nueva comunicación

Javier Corral Jurado

A Gustavo Esteva, alma generosa

Llenos de esperanza, inundado el ambiente de un espíritu libertario, acompañados de algunas de las voces de mayor prestigio del periodismo mexicano, concluimos en Oaxaca el Primer Encuentro Nacional sobre Comunicación y Sociedad, a que convocamos varias organizaciones sociales respaldadas por el Patronato para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca, que preside el pintor Francisco Toledo.

Donde confluyen anhelo y voluntad surge el propósito de construir una nueva sociedad. "Sabemos que sólo es factible crearla si lo intentamos desde la propia sociedad, con toda su pluralidad. El actual sistema de partidos e ideologías no la representa cabalmente", afirmamos en la declaración que conjuntó ideas y propuestas de 53 ponentes en 21 discusiones. De ahí también emerge el primer capítulo estatal de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información.

El encuentro se realiza en Oaxaca porque durante el conflicto y los días que corren se han evidenciado las peores facetas del actual sistema de medios de comunicación. De la turbulencia y el drama del movimiento oaxaqueño, se atraviesa por un momento de frustración, pero puede reencender de manera más radical y decidida la protesta social estando latente la irritación, acumulados los agravios y ostensibles la prepotencia y soberbia de quienes nada aprendieron y dicen gobernar aún, pero hace mucho dejaron de estar en la conciencia del pueblo y por eso ya no gobiernan.

A lo largo de los trabajos, sin la mirada incluso de los medios nacionales impresos, sentimos la hostilidad de quienes no quieren que hablemos del tema, desdeñando nuestra discusión bajo la pretendida culminación del conflicto, aun cuando saben que el movimiento sigue pensando que otro Oaxaca es posible.

Dos jóvenes estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, al inicio de la segunda ronda de discusión, participaron con preguntas sensibles al ámbito comunicacional. Una de ellas preguntó: "¿Cómo puedo desahogar mi coraje?", a propósito del encarcelamiento injusto de su primo; y la otra preguntó: "¿Qué futuro podemos esperar?". Ante ello hemos propuesto transformar la irritación en cultura de participación que toma en sus manos su destino, y con sus manos construye presente y futuro, para que el coraje construya y no se desaliente, desanime o se caiga en la frustración.

La comunicación es ese instrumento fundamental. Por ello decidimos darnos otras alternativas de medios y ejercer a plenitud nuestras libertades. Esa es la importancia del encuentro en Oaxaca. Afirmar en una entidad donde se conjugan un tiempo y un espacio especial, momento en que se entrelazan sentimientos, aspiraciones, propuestas y acciones, un nuevo modelo de comunicación social para México. Donde el derecho a la información "comprende la capacidad de expresión e información, por lo que ciudadanas y ciudadanos no serán simples espectadores o consumidores de información, sino protagonistas de la comunicación, lo cual debe quedar garantizado en la ley y respaldado por la práctica institucional".

"Donde los medios locales sin fines de lucro operados por comunidades, barrios y grupos sociales para satisfacer sus necesidades de comunicación y difundir sus puntos de vista deben recibir reconocimiento legal, apoyo técnico y facilidades de financiamiento del Estado. Los medios públicos habrán de servir a la sociedad, con base en financiamiento del Estado, pero bajo la conducción ciudadana. Vigilaremos que los medios estén al servicio de la gente, no de las estructuras de poder económico y político".

"No permitiremos la concentración de información ni de medios en unas cuantas manos. Impediremos las prácticas monopólicas, contrarias al interés público, como lo marca el artículo 28 constitucional; insistiremos en la abrogación de las reformas a la leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones".

"Un marco legal apropiado para las radios comunitarias, que les permita actuar con libertad y autonomía, reconozca su condición especial y permita obtener ingresos por publicidad, a condición de que se inviertan en capacitación, producción y equipamiento".

"El uso social de los tiempos del Estado en los medios electrónicos, dedicados a información cultural, educativa y de orientación cívica. Debe hacerse explícita la prohibición de su uso para la promoción de cualquier gobernante".

"La garantía estatal de que los avances tecnológicos y la convergencia digital sirvan para el mejor aprovechamiento del espectro. Además de multiplicar los servicios a través de una misma red, se trata de dar entrada a más emisores, que reflejen la pluralidad política y la diversidad cultural de la nación".

"El compromiso de que la convergencia tecnológica no privilegie a quienes ya detentan el poder mediático, sino que permita a todos el apropiado acceso a la información y el conocimiento y a la capacidad de producir contenidos".

Sí, en Oaxaca hemos definido que nos daremos una nueva comunicación, para una nueva sociedad.


Profesor de la FCPyS de la UNAM