21 de mayo de 2008
17 de mayo de 2008
Televisa sigue el ejemplo de Tv Azteca
Alfredo Méndez, La Jornada- En lo que representa una nueva intentona de las televisoras para echar abajo en tribunales la reciente reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que impide a particulares la contratación de propaganda electoral, Televisa siguió los pasos de Tv Azteca e interpuso un amparo por considerar inconstitucional dicha enmienda.
Sin embargo, la juez que recibió la demanda de garantías negó de entrada la suspensión provisional del acto reclamado a Televisa y sólo admitió a trámite la petición del amparo.
En tanto, este viernes se efectuará la audiencia incidental a partir de la cual otro juzgado determinará si se suspende definitivamente la multa de 5.2 millones de pesos impuesta a Tv Azteca por el Instituto Federal Electoral (IFE) ante la negativa de la emisora a transmitir los mensajes de diversos partidos políticos.
Respecto de la demanda de amparo que presentó Televisa, fuentes judiciales revelaron que fue el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la ciudad de México el que admitió a trámite el recurso.
Televisa impugnó 14 artículos del Cofipe, entre ellos el 49, que impide a particulares contratar anuncios en televisión para promover la imagen de un candidato del partido político que sea.
En su demanda de amparo Televisa señaló que el Cofipe no es una ley que garantice la equidad entre los contendientes en una campaña política, ya que beneficia a los candidatos de partidos fuertes como PRI, PAN y PRD.
Aunque el juicio de amparo no procede en materia electoral, pues así lo señalan diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la juez séptima de distrito, Leticia Flores, únicamente se limitará a estudiar las normas que regulan la actuación del IFE como autoridad administrativa con facultades jurídicas en materia de radio y televisión.
Por otro lado, este viernes el juzgado 13 de distrito en materia administrativa revisará el caso del amparo solicitado por Tv Azteca contra una multa del IFE.
Es posible que el órgano jurisdiccional ratifique una suspensión y la conceda de manera definitiva, lo que le permitiría a la televisora dejar de preocuparse varios meses por su responsabilidad de pagar la sanción económica de 5.2 millones de pesos.
Al respecto, Elisur Arteaga Nava, abogado constitucionalista y experto en materia de amparo, consideró en entrevista con La Jornada que mientras subsistan los “resquicios legales” que permite la Ley de Amparo vigente, los grandes emporios televisivos seguirán dejando al IFE como una institución inoperante y sin facultades de sanción.
“Si todos los que sean sancionados por el IFE se van al amparo, y las multas se van a hacer efectivas hasta dentro de uno o dos años, cuando se resuelva la sentencia judicial en definitiva, entonces estamos frente a un instituto mermado e inoperante”, advirtió el jurista.
Agregó que en materia electoral los jueces federales deberían ser más exigentes y en todos los casos negar la petición de suspensiones, para que cualquier quejoso demuestre en un juicio que, efectivamente, fue víctima de algún abuso del IFE, pero antes pague su multa, “y si al final de juicio de amparo demuestra que tiene la razón, que se le restituya su dinero”.
Por otro lado, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien encabeza el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, dio a conocer que les fue informado “que Televisión Azteca está transmitendo conforme a los ‘pautados’ acordados por el IFE y los programas de cinco minutos. En otras palabras, ya están totalmente normalizadas las transmisiones de esa emisora”.
–¿Eso implica que las sanciones se olvidan?
–Lo que significa es que todas las sanciones tienen que ser valoradas en el procedimiento respectivo. Los procedimientos siguen, pero la transmisión de los pautados por Tv Azteca podrá convertirse en un atenuante.
Gómez Alcántar precisó que de acuerdo con el reporte del IFE, la televisora comenzó a transmitir los pautados que correspondían al día 15 de mayo, los programas de cinco minutos y la reposición de los mensajes de 20 segundos que no transmitieron el pasado 12 de marzo.
Sin embargo, la juez que recibió la demanda de garantías negó de entrada la suspensión provisional del acto reclamado a Televisa y sólo admitió a trámite la petición del amparo.
En tanto, este viernes se efectuará la audiencia incidental a partir de la cual otro juzgado determinará si se suspende definitivamente la multa de 5.2 millones de pesos impuesta a Tv Azteca por el Instituto Federal Electoral (IFE) ante la negativa de la emisora a transmitir los mensajes de diversos partidos políticos.
Respecto de la demanda de amparo que presentó Televisa, fuentes judiciales revelaron que fue el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la ciudad de México el que admitió a trámite el recurso.
Televisa impugnó 14 artículos del Cofipe, entre ellos el 49, que impide a particulares contratar anuncios en televisión para promover la imagen de un candidato del partido político que sea.
En su demanda de amparo Televisa señaló que el Cofipe no es una ley que garantice la equidad entre los contendientes en una campaña política, ya que beneficia a los candidatos de partidos fuertes como PRI, PAN y PRD.
Aunque el juicio de amparo no procede en materia electoral, pues así lo señalan diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la juez séptima de distrito, Leticia Flores, únicamente se limitará a estudiar las normas que regulan la actuación del IFE como autoridad administrativa con facultades jurídicas en materia de radio y televisión.
Por otro lado, este viernes el juzgado 13 de distrito en materia administrativa revisará el caso del amparo solicitado por Tv Azteca contra una multa del IFE.
Es posible que el órgano jurisdiccional ratifique una suspensión y la conceda de manera definitiva, lo que le permitiría a la televisora dejar de preocuparse varios meses por su responsabilidad de pagar la sanción económica de 5.2 millones de pesos.
Al respecto, Elisur Arteaga Nava, abogado constitucionalista y experto en materia de amparo, consideró en entrevista con La Jornada que mientras subsistan los “resquicios legales” que permite la Ley de Amparo vigente, los grandes emporios televisivos seguirán dejando al IFE como una institución inoperante y sin facultades de sanción.
“Si todos los que sean sancionados por el IFE se van al amparo, y las multas se van a hacer efectivas hasta dentro de uno o dos años, cuando se resuelva la sentencia judicial en definitiva, entonces estamos frente a un instituto mermado e inoperante”, advirtió el jurista.
Agregó que en materia electoral los jueces federales deberían ser más exigentes y en todos los casos negar la petición de suspensiones, para que cualquier quejoso demuestre en un juicio que, efectivamente, fue víctima de algún abuso del IFE, pero antes pague su multa, “y si al final de juicio de amparo demuestra que tiene la razón, que se le restituya su dinero”.
Por otro lado, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien encabeza el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, dio a conocer que les fue informado “que Televisión Azteca está transmitendo conforme a los ‘pautados’ acordados por el IFE y los programas de cinco minutos. En otras palabras, ya están totalmente normalizadas las transmisiones de esa emisora”.
–¿Eso implica que las sanciones se olvidan?
–Lo que significa es que todas las sanciones tienen que ser valoradas en el procedimiento respectivo. Los procedimientos siguen, pero la transmisión de los pautados por Tv Azteca podrá convertirse en un atenuante.
Gómez Alcántar precisó que de acuerdo con el reporte del IFE, la televisora comenzó a transmitir los pautados que correspondían al día 15 de mayo, los programas de cinco minutos y la reposición de los mensajes de 20 segundos que no transmitieron el pasado 12 de marzo.
15 de mayo de 2008
Consideran que TV Azteca debe transmitir espots en tiempo ordenado
La ley prevé instrumentos para sancionar a los concesionarios que incumplen con las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión del IFE.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 15/05/2008 17:12
México, DF. Televisión Azteca está obligada a transmitir los espots de partidos políticos de conformidad con la pauta que acordó el Comité de Radio y Televisión del IFE; en caso de no hacerlo se le impondría una nueva sanción.
El consejero electoral Benito Nacif Hernández indicó en entrevista que "la ley prevé sanciones en esos casos, a nosotros nos corresponderá aplicarlas".
Lo anterior en respuesta a las declaraciones hechas ayer miércoles por el representante legal de la televisora, Salvador Rocha Díaz, quien dijo que estaría dispuesta a divulgar los mensajes pero en los tiempos que tuviera disponible y no los que fijó la autoridad.
Nacif Hernández refirió que la ley prevé instrumentos para sancionar a los concesionarios y permisionarios que no cumplen con las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.
Consideró que no sería una explicación válida que un concesionario quisiera transmitir los spots de los partidos en tiempos distintos a los fijados por el IFE bajo el argumento de compromisos comerciales adquiridos con anterioridad.
Agregó que de ser ese el caso la empresa televisiva tendrían que presentar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) esa explicación, lo cual no ha ocurrido.
Nacif Hernández comentó que hasta el momento la televisora no se ha acercado al IFE para solicitar el material correspondiente a las pautas de transmisión que debió reponer de acuerdo al mandato del Consejo General, a partir del 7 de mayo pasado.
En principio el consejero reconoció un cambio de actitud de la televisora al mostrar disposición a transmitir los spots, con lo que pasó del desacato total a la intención de cumplir la norma.
Sin embargo, advirtió que el IFE buscará por todos los medios que quienes estén obligados a observar la ley la cumplan, lo que no sólo significa acatar las disposiciones legales, sino también lo que, en su caso, podría emitir un órgano jurisdiccional.
Nacif Hernández afirmó que se mantendrán atentos a lo que se decida en los juicios iniciados por los particulares en diferentes instancias jurídicas.
Sobre el particular, reconoció que los particulares tienen derecho a acudir a estas instancias para precisar el sentido de esta interpretación a la ley que ha hecho el órgano electoral.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 15/05/2008 17:12
México, DF. Televisión Azteca está obligada a transmitir los espots de partidos políticos de conformidad con la pauta que acordó el Comité de Radio y Televisión del IFE; en caso de no hacerlo se le impondría una nueva sanción.
El consejero electoral Benito Nacif Hernández indicó en entrevista que "la ley prevé sanciones en esos casos, a nosotros nos corresponderá aplicarlas".
Lo anterior en respuesta a las declaraciones hechas ayer miércoles por el representante legal de la televisora, Salvador Rocha Díaz, quien dijo que estaría dispuesta a divulgar los mensajes pero en los tiempos que tuviera disponible y no los que fijó la autoridad.
Nacif Hernández refirió que la ley prevé instrumentos para sancionar a los concesionarios y permisionarios que no cumplen con las pautas aprobadas por el Comité de Radio y Televisión.
Consideró que no sería una explicación válida que un concesionario quisiera transmitir los spots de los partidos en tiempos distintos a los fijados por el IFE bajo el argumento de compromisos comerciales adquiridos con anterioridad.
Agregó que de ser ese el caso la empresa televisiva tendrían que presentar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) esa explicación, lo cual no ha ocurrido.
Nacif Hernández comentó que hasta el momento la televisora no se ha acercado al IFE para solicitar el material correspondiente a las pautas de transmisión que debió reponer de acuerdo al mandato del Consejo General, a partir del 7 de mayo pasado.
En principio el consejero reconoció un cambio de actitud de la televisora al mostrar disposición a transmitir los spots, con lo que pasó del desacato total a la intención de cumplir la norma.
Sin embargo, advirtió que el IFE buscará por todos los medios que quienes estén obligados a observar la ley la cumplan, lo que no sólo significa acatar las disposiciones legales, sino también lo que, en su caso, podría emitir un órgano jurisdiccional.
Nacif Hernández afirmó que se mantendrán atentos a lo que se decida en los juicios iniciados por los particulares en diferentes instancias jurídicas.
Sobre el particular, reconoció que los particulares tienen derecho a acudir a estas instancias para precisar el sentido de esta interpretación a la ley que ha hecho el órgano electoral.
14 de mayo de 2008
Retos del IFE
Efrén García García
La libertad de expresión es una conquista de la sociedad mexicana. Y no cabe duda que, en el complejo entramado de intereses públicos y privados que hoy rige la relación entre el Estado y los medios, no faltará la tentación de alguna de las partes para que lo que aparezca en pantalla o al aire en el cuadrante pase por el tamiz censor de alguien que modere, matice o deforme expresiones que pudieran generar incomodidad o, para decirlo de otra manera "lesionar los derechos de terceros".
Durante el proceso electoral de 2006 hubo diversas voces destacaron las de legisladores de varias fuerzas políticas que pugnaron porque en el futuro existieran mecanismos que impidieran lo que percibieron como excesos en manifestaciones públicas en las campañas políticas.
En consecuencia, la Constitución hoy establece en el apartado C de su artículo 41 que "en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas".
Complementariamente, el artículo 38 del Cofipe promulgado en enero de este año parafrasea entre las obligaciones de los partidos políticos: "abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas."
Con ese texto, los mexicanos ya podemos dormir tranquilos. Ya no tendremos que adentrarnos en las tinieblas del Cofipe anterior que sentenciaba que los partidos políticos debían "abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos".
Finalmente, el código actual añade que el IFE recibirá quejas sobre la materia e "instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo del Código y, en todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución" que, a su vez, señala que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición (así dice, inquisición) judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral (no dice de quién), los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público...".
El Consejo General del IFE tiene un gran reto para desenredar la madeja de los límites que podrán tener las expresiones de los partidos políticos en medios y qué sanciones ameritarán. Sin embargo, en algún lado debe caber la certeza y queda claro que hoy cuando el IFE es la autoridad única en materia de administración de tiempos oficiales para partidos políticos y autoridades electorales se enfrentará a presiones que otrora recibía la Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General de RTC.
Por una parte, habrá concesionarios que podrán sugerir a la autoridad que ejerza censura previa a los materiales que envíen los partidos políticos, sobre todo con el argumento de que les son remitidos a través del propio IFE, el cual según este punto de vista podría echarle una miradita a los videos y audios de referencia, no vaya a ser que perturben el orden, etcétera. Eso sería inadmisible. Si se cumpliera alguno de los supuestos de violación legal mencionados, quién sería el responsable: ¿los medios por transmitir los mensajes perturbadores, la autoridad por no echarles un ojo?
Quienes firmamos lo que escribimos somos responsables de ello. Así, los partidos políticos deben asumir plenamente la responsabilidad de la forma y el fondo de lo que manifiestan y la sociedad dar el justo valor y reconocer a los autores de esas expresiones. Sólo así, los mexicanos podremos irnos vacunando contra presidentes "legítimos", peligros para México, mariquitas sin calzones, tepocatas, víboras prietas, malosos, chupacabras o tomadores de Congresos.
Durante el proceso electoral de 2006 hubo diversas voces destacaron las de legisladores de varias fuerzas políticas que pugnaron porque en el futuro existieran mecanismos que impidieran lo que percibieron como excesos en manifestaciones públicas en las campañas políticas.
En consecuencia, la Constitución hoy establece en el apartado C de su artículo 41 que "en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas".
Complementariamente, el artículo 38 del Cofipe promulgado en enero de este año parafrasea entre las obligaciones de los partidos políticos: "abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas."
Con ese texto, los mexicanos ya podemos dormir tranquilos. Ya no tendremos que adentrarnos en las tinieblas del Cofipe anterior que sentenciaba que los partidos políticos debían "abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos".
Finalmente, el código actual añade que el IFE recibirá quejas sobre la materia e "instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Séptimo del Código y, en todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución" que, a su vez, señala que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición (así dice, inquisición) judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral (no dice de quién), los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público...".
El Consejo General del IFE tiene un gran reto para desenredar la madeja de los límites que podrán tener las expresiones de los partidos políticos en medios y qué sanciones ameritarán. Sin embargo, en algún lado debe caber la certeza y queda claro que hoy cuando el IFE es la autoridad única en materia de administración de tiempos oficiales para partidos políticos y autoridades electorales se enfrentará a presiones que otrora recibía la Secretaría de Gobernación, a través de su Dirección General de RTC.
Por una parte, habrá concesionarios que podrán sugerir a la autoridad que ejerza censura previa a los materiales que envíen los partidos políticos, sobre todo con el argumento de que les son remitidos a través del propio IFE, el cual según este punto de vista podría echarle una miradita a los videos y audios de referencia, no vaya a ser que perturben el orden, etcétera. Eso sería inadmisible. Si se cumpliera alguno de los supuestos de violación legal mencionados, quién sería el responsable: ¿los medios por transmitir los mensajes perturbadores, la autoridad por no echarles un ojo?
Quienes firmamos lo que escribimos somos responsables de ello. Así, los partidos políticos deben asumir plenamente la responsabilidad de la forma y el fondo de lo que manifiestan y la sociedad dar el justo valor y reconocer a los autores de esas expresiones. Sólo así, los mexicanos podremos irnos vacunando contra presidentes "legítimos", peligros para México, mariquitas sin calzones, tepocatas, víboras prietas, malosos, chupacabras o tomadores de Congresos.
Los días y los medios
Marzo
28 Entra en vigor la ley de transparencia del DF, que establece como sujetos obligados a cualquier organización que reciba recursos públicos por cualquier concepto.
31 El IFE solicita una ampliación presupuestal de mil 453 millones de pesos, a fin de satisfacer las necesidades de monitoreo de medios derivadas de la reforma electoral.
Radio Educación estrena programación.
Abril
1 Diario Monitor deja de circular sábados y domingos.
2 El senador ángel Aguirre descarta que se concrete la reforma de los medios en el actual período de sesiones.
3 El Senado rechaza la solicitud de ampliación presupuestal presentada por el IFE.
Canal 22 anuncia nueva programación para su temporada abril-junio.
8 Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, indígenas triquis locutoras de la radioemisora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, son asesinadas a tiros cuando se dirigían al Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.
El grupo parlamentario del PRI propone en el Senado la creación del Instituto Nacional de los Medios Públicos, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión.
10 Al no poder pagar un préstamo por siete millones de dólares en el plazo establecido, Grupo Monitor pierde la concesión de la 1560 AM en beneficio del empresario Eduardo Henkel.
16 Gonzalo Martínez Pous, director jurídico de la SCT, niega que la dependencia tenga litigio alguno en el que se reclame la devolución de 46 millones de pesos a Unefon. La telefónica califica de falsas sus declaraciones, asegura que el juicio para la reclamación del dinero comenzó en 2007 e insiste en que las sanciones aplicadas por la SCT y Cofetel en 1998 fueron indebidas.
17 La asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno difunde en Televisa un spot contra AMLO y el FAP. Asocia la toma del Congreso con Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta.
La SCT advierte que evitará por todos los medios jurídicos pagar a Unefon los 46 millones de pesos que le reclama, debido a que nunca hubo un mandato judicial expreso al respecto, además de que la telefónica se desistió en 2006 del juicio de amparo al que se había acogido.
A consecuencia de la segunda huelga de su personal en protesta contra del plan de reestructuración que contempla la eliminación de cerca de 130 empleos la primera tuvo lugar el domingo 13, la edición del día de Le Monde no sale a circular.
Carlos Puig se hace cargo de la conducción de la emisión matutina del noticiario Hoy por hoy, de W Radio, espacio del que saliera en enero pasado Carmen Aristegui.
21 El IFE ordena a Televisa retirar el spot de la organización Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Sin embargo, al día siguiente la empresa lo transmitió.
22 Marcus Brauchli, director editorial de The Wall Street Journal, renuncia a su cargo luego de que el diario fue adquirido por Rupert Murdoch.
13 de mayo de 2008
Nueva Ley del Libro
Javier Corral Jurado
Entre los apuros con que finalizó el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso, pasó casi desapercibida la aprobación de la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura. Un acontecimiento que debiera ser celebrado con más interés ante la escuela primaria que ya no forma lectores, la impunidad de la piratería, el engorroso trámite para abrir una librería, la ausencia de una política de Estado de difusión y promoción de la lectura, la falta de estímulos fiscales para el editor y el librero, y el dramático 94% de mexicanos que se calcula no leen, cuando 80% tiene a la tv como si fuera Dios mismo el que hablara.
La ley, que logró salir entre tomas de tribuna y jaloneos internos de los partidos —y sobre la cual pesaban las observaciones que el entonces presidente Fox hizo mediante su facultad de veto en 2006—, atiende varias preocupaciones sociales, económicas y políticas sobre la industria editorial y va más allá del tema que la mantuvo suspendida: el precio único. Tiene aspectos que, de atenderse por las autoridades competentes, pueden contribuir a construir un país de lectores que aminore los efectos devastadores de la tiranía de la tv.
La ley, que se espera sea publicada en estos días, busca: “Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”, lo que se concreta al disponer que “toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”. Pero también ha dispuesto “propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas; fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro”.
En el dictamen que el 29 de abril presentaron las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado —donde fue más impulsada— se deja de valorar los avances de esta legislación y se hace énfasis en controvertir los argumentos con los que el anterior Ejecutivo federal decidió no promulgarla. Es entendible puesto que, conforme al proceso legislativo previsto en el artículo 72 constitucional, esa argumentación debía superar las objeciones y observaciones que, en realidad, formuló la Cofeco sobre el precio único.
En estricta lógica economicista, y bajo rigurosa aplicación de los supuestos que definen a un agente con poder sustancial y las características de un mercado relevante, los argumentos de la Cofeco son imbatibles y la aprobación de la ley no puede ni debe traducirse en una derrota del órgano de competencia; pero justo porque sólo se encuadran en esos criterios económicos, tal recomendación no podía definir una política pública que abarca otros aspectos fundamentales de ese proceso económico y necesita asegurar su función social y proteger su condición de industria cultural.
La preocupación de la Cofeco sobre un posible aumento del precio de los libros por el precio único fijado por editores e importadores ha sido contraria en la experiencia internacional. En Alemania, Francia y España, el incremento promedio del precio está por debajo de la inflación general. Mientras que en Inglaterra, que hace algunos años abandonó esta medida, ha sido de más de 29%, contra 19% de la inflación general.
Según Raúl Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara, “la disminución de precios no es el único beneficio para el lector que resulta de establecer el precio único. Al crearse condiciones más equitativas no sólo se estimula la aparición de nuevas librerías, sino que se alienta la competencia por servicio, surtido, especialización”. Bajo el sistema de precio único, Francia pasó en 20 años de tener mil librerías a tener 4 mil. En Japón y los 11 países de la UE donde rige este sistema se han obtenido resultados favorables. Por el contrario, donde el precio único se ha eliminado la tendencia ha sido la opuesta: en Inglaterra cerraron 400 librerías en cinco años y Finlandia pasó de tener 750 a 450.
Creo en ello, y desde 1997 que la diputada panista Beatriz Zavala puso al servicio de esa causa su empeño, he buscado contribuir a que el Estado deje de ser editor de libros de primaria y se convierta en promotor de la lectura, facilitador de la empresa editorial privada, constructor de bibliotecas en todo el territorio y regulador de la competencia en un mercado significativo: el de autores, títulos, ideas, pensamientos que se convierten en libro. Y ahí está el mérito de haber destrabado esa legislación que llega a nuestros días con más de cinco años de retraso desde que inició su reforma y actualización. Pero más vale tarde que nunca.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
La ley, que logró salir entre tomas de tribuna y jaloneos internos de los partidos —y sobre la cual pesaban las observaciones que el entonces presidente Fox hizo mediante su facultad de veto en 2006—, atiende varias preocupaciones sociales, económicas y políticas sobre la industria editorial y va más allá del tema que la mantuvo suspendida: el precio único. Tiene aspectos que, de atenderse por las autoridades competentes, pueden contribuir a construir un país de lectores que aminore los efectos devastadores de la tiranía de la tv.
La ley, que se espera sea publicada en estos días, busca: “Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector”, lo que se concreta al disponer que “toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único”. Pero también ha dispuesto “propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura; fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas; fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro”.
En el dictamen que el 29 de abril presentaron las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos del Senado —donde fue más impulsada— se deja de valorar los avances de esta legislación y se hace énfasis en controvertir los argumentos con los que el anterior Ejecutivo federal decidió no promulgarla. Es entendible puesto que, conforme al proceso legislativo previsto en el artículo 72 constitucional, esa argumentación debía superar las objeciones y observaciones que, en realidad, formuló la Cofeco sobre el precio único.
En estricta lógica economicista, y bajo rigurosa aplicación de los supuestos que definen a un agente con poder sustancial y las características de un mercado relevante, los argumentos de la Cofeco son imbatibles y la aprobación de la ley no puede ni debe traducirse en una derrota del órgano de competencia; pero justo porque sólo se encuadran en esos criterios económicos, tal recomendación no podía definir una política pública que abarca otros aspectos fundamentales de ese proceso económico y necesita asegurar su función social y proteger su condición de industria cultural.
La preocupación de la Cofeco sobre un posible aumento del precio de los libros por el precio único fijado por editores e importadores ha sido contraria en la experiencia internacional. En Alemania, Francia y España, el incremento promedio del precio está por debajo de la inflación general. Mientras que en Inglaterra, que hace algunos años abandonó esta medida, ha sido de más de 29%, contra 19% de la inflación general.
Según Raúl Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara, “la disminución de precios no es el único beneficio para el lector que resulta de establecer el precio único. Al crearse condiciones más equitativas no sólo se estimula la aparición de nuevas librerías, sino que se alienta la competencia por servicio, surtido, especialización”. Bajo el sistema de precio único, Francia pasó en 20 años de tener mil librerías a tener 4 mil. En Japón y los 11 países de la UE donde rige este sistema se han obtenido resultados favorables. Por el contrario, donde el precio único se ha eliminado la tendencia ha sido la opuesta: en Inglaterra cerraron 400 librerías en cinco años y Finlandia pasó de tener 750 a 450.
Creo en ello, y desde 1997 que la diputada panista Beatriz Zavala puso al servicio de esa causa su empeño, he buscado contribuir a que el Estado deje de ser editor de libros de primaria y se convierta en promotor de la lectura, facilitador de la empresa editorial privada, constructor de bibliotecas en todo el territorio y regulador de la competencia en un mercado significativo: el de autores, títulos, ideas, pensamientos que se convierten en libro. Y ahí está el mérito de haber destrabado esa legislación que llega a nuestros días con más de cinco años de retraso desde que inició su reforma y actualización. Pero más vale tarde que nunca.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
8 de mayo de 2008
Siguen desobedeciendo las Televisoras al IFE
Milenio Diario y La Jornada- Tv Azteca no transmitió ayer los spots de partidos políticos en tiempos oficiales, por lo que el Instituto Federal Electoral (IFE) abrió la posibilidad para una nueva sanción por el incumplimiento.
La autoridad electoral también pretende actuar contra Televisa, debido a que esa empresa no transmitió los promocionales de la precampaña en Nayarit.
Desde el pasado 28 de abril, Televisa debió cumplir con las pautas del IFE en Nayarit; sin embargo, argumentó “dificultades técnicas” para no hacerlo. Debido a que este incumplimiento puede afectar la contienda del próximo 6 de julio, el IFE alista también una queja contra esa televisora.
La Comisión de Quejas del IFE —que aprobó la sanción de 5 millones 259 mil pesos a Tv Azteca y autorizó la orden para reponer los spots a partir de ayer— sesionará hoy y se espera que en el transcurso del día defina las acciones que tomará.
Sanciones
El código electoral prevé que cuando haya infracciones reiteradas de concesionarios o permisionarios de radio y televisión, el Consejo General puede pedir la suspensión del tiempo comercial de esa empresa durante una hora.
Sin embargo, el IFE no puede ordenar estas acciones, debido a que las autoridades competentes en materia de concesiones son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El 2 de mayo (mismo día en que el Consejo General aprobó la sanción a la Tv Azteca), el representante legal del instituto, Mauricio Ortiz, acudió a notificar la decisión a la televisora, pero la documentación no fue recibida.
El IFE publicó en sus estrados dicha notificación para cumplir con las formalidades legales y para dar trámite a la resolución que sustenta la multa contra la televisora del Ajusco. (Lorena López, Milenio Diario).
Desacata Tv Azteca mandato del IFE para transmitir mensajes partidistas.
Al cumplirse el plazo determinado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para que Tv Azteca comenzara a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos en tiempos oficiales y repusiera los que no ha difundido desde el 12 de marzo, la televisora del Ajusco desacató el nuevo ordenamiento aprobado por el Consejo General del instituto.
En principio, el IFE no tenía conocimiento de que hubiera alguna suspensión legal que avalara esta reincidencia.
Conforme a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta nueva conducta de Tv Azteca será sancionada.
“En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a y b, y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta 36 horas”.
Agrega: “cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma”.
En principio, después del nuevo desacato de la televisora, el IFE iniciaría un nuevo procedimiento en su contra con el propósito de hacer cumplir las disposiciones legales, y sólo hasta entonces podría aplicarse la sanción mencionada en el Cofipe.
En su sesión del pasado viernes, el Consejo General del IFE determinó que la negativa reiterada a transmitir los promocionales era una falta “grave”, por lo cual fijó una multa de 5 millones 259 mil pesos a Tv Azteca y emplazó a la empresa para que a partir de ayer difundiera los espots, situación que no ocurrió.
De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el año pasado, “cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el instituto, los mensajes a que se refiere este capítulo –dice el artículo 354 en su fracción e–, además de la multa que en su caso imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para ello el tiempo comercializable o para fines propios que la ley autoriza”.
“La situación es muy delicada”, comentó un consejero al referirse a este nuevo episodio de la larga cadena de incumplimientos que acumula Tv Azteca.
Cabe destacar que desde la entrada en vigor de la nueva ley, los únicos promocionales electorales que transmitió la televisora fueron los que ilegalmente vendió al Frente Amplio Progresista, motivo por el cual enfrenta otro procedimiento.
Con éste sumarían cuatro los procedimientos iniciados contra esa televisora.
Aunque en rigor el Comité de Radio y Televisión no es la instancia responsable de instrumentar dichos procedimientos, durante la sesión de este jueves, con la asistencia de los representantes partidistas –los agraviados por la conducta de la televisora–, es casi seguro que se discuta el tema y las opciones que tendrá el IFE para hacer cumplir la ley. (Alonso Urrutia, La Jornada).
Investigan a Televisa por no transmitir espots en Nayarit.
El Instituto Federal Electoral inició un procedimiento contra la empresa Televisa por incumplir la obligación de transmitir los espots de los partidos políticos en el estado de Nayarit, donde ya comenzaron las precampañas de cada instituto político.
En principio, la televisora argumentó que existen problemas técnicos que le impiden difundir estos promocionales.
Cabe destacar que el IFE tiene el control de todos los tiempos de transmisión de los partidos en comicios federales y estatales.
En Nayarit, desde el pasado 28 de abril empezaron las contiendas internas para elegir candidatos.
Las nuevas leyes señalan que los concesionarios de radio y televisión deben incrementar el número de espots de los partidos políticos desde que comiencen los procesos internos, y el IFE debe vigilar su cumplimiento.
La autoridad electoral también pretende actuar contra Televisa, debido a que esa empresa no transmitió los promocionales de la precampaña en Nayarit.
Desde el pasado 28 de abril, Televisa debió cumplir con las pautas del IFE en Nayarit; sin embargo, argumentó “dificultades técnicas” para no hacerlo. Debido a que este incumplimiento puede afectar la contienda del próximo 6 de julio, el IFE alista también una queja contra esa televisora.
La Comisión de Quejas del IFE —que aprobó la sanción de 5 millones 259 mil pesos a Tv Azteca y autorizó la orden para reponer los spots a partir de ayer— sesionará hoy y se espera que en el transcurso del día defina las acciones que tomará.
Sanciones
El código electoral prevé que cuando haya infracciones reiteradas de concesionarios o permisionarios de radio y televisión, el Consejo General puede pedir la suspensión del tiempo comercial de esa empresa durante una hora.
Sin embargo, el IFE no puede ordenar estas acciones, debido a que las autoridades competentes en materia de concesiones son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El 2 de mayo (mismo día en que el Consejo General aprobó la sanción a la Tv Azteca), el representante legal del instituto, Mauricio Ortiz, acudió a notificar la decisión a la televisora, pero la documentación no fue recibida.
El IFE publicó en sus estrados dicha notificación para cumplir con las formalidades legales y para dar trámite a la resolución que sustenta la multa contra la televisora del Ajusco. (Lorena López, Milenio Diario).
Desacata Tv Azteca mandato del IFE para transmitir mensajes partidistas.
Al cumplirse el plazo determinado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para que Tv Azteca comenzara a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos en tiempos oficiales y repusiera los que no ha difundido desde el 12 de marzo, la televisora del Ajusco desacató el nuevo ordenamiento aprobado por el Consejo General del instituto.
En principio, el IFE no tenía conocimiento de que hubiera alguna suspensión legal que avalara esta reincidencia.
Conforme a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta nueva conducta de Tv Azteca será sancionada.
“En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a y b, y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta 36 horas”.
Agrega: “cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma”.
En principio, después del nuevo desacato de la televisora, el IFE iniciaría un nuevo procedimiento en su contra con el propósito de hacer cumplir las disposiciones legales, y sólo hasta entonces podría aplicarse la sanción mencionada en el Cofipe.
En su sesión del pasado viernes, el Consejo General del IFE determinó que la negativa reiterada a transmitir los promocionales era una falta “grave”, por lo cual fijó una multa de 5 millones 259 mil pesos a Tv Azteca y emplazó a la empresa para que a partir de ayer difundiera los espots, situación que no ocurrió.
De acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el año pasado, “cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el instituto, los mensajes a que se refiere este capítulo –dice el artículo 354 en su fracción e–, además de la multa que en su caso imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para ello el tiempo comercializable o para fines propios que la ley autoriza”.
“La situación es muy delicada”, comentó un consejero al referirse a este nuevo episodio de la larga cadena de incumplimientos que acumula Tv Azteca.
Cabe destacar que desde la entrada en vigor de la nueva ley, los únicos promocionales electorales que transmitió la televisora fueron los que ilegalmente vendió al Frente Amplio Progresista, motivo por el cual enfrenta otro procedimiento.
Con éste sumarían cuatro los procedimientos iniciados contra esa televisora.
Aunque en rigor el Comité de Radio y Televisión no es la instancia responsable de instrumentar dichos procedimientos, durante la sesión de este jueves, con la asistencia de los representantes partidistas –los agraviados por la conducta de la televisora–, es casi seguro que se discuta el tema y las opciones que tendrá el IFE para hacer cumplir la ley. (Alonso Urrutia, La Jornada).
Investigan a Televisa por no transmitir espots en Nayarit.
El Instituto Federal Electoral inició un procedimiento contra la empresa Televisa por incumplir la obligación de transmitir los espots de los partidos políticos en el estado de Nayarit, donde ya comenzaron las precampañas de cada instituto político.
En principio, la televisora argumentó que existen problemas técnicos que le impiden difundir estos promocionales.
Cabe destacar que el IFE tiene el control de todos los tiempos de transmisión de los partidos en comicios federales y estatales.
En Nayarit, desde el pasado 28 de abril empezaron las contiendas internas para elegir candidatos.
Las nuevas leyes señalan que los concesionarios de radio y televisión deben incrementar el número de espots de los partidos políticos desde que comiencen los procesos internos, y el IFE debe vigilar su cumplimiento.
5 de mayo de 2008
El otro “secuestro”
John M. Ackerman
La Jornada- La legalidad del país está en entredicho no por la toma de las tribunas por los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), sino por la negativa de Tv Azteca a transmitir los programas de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral (IFE). La acción de los legisladores ha terminado exitosamente al acordarse el diálogo nacional sobre el futuro del petróleo, pero los tiempos oficiales siguen “secuestrados” por los funcionarios de la televisora del Ajusco.
Con esta acción, Azteca demuestra su franco desprecio hacia las leyes e instituciones del país. También coarta el debate público y limita nuestra libertad de expresión al obstaculizar la transmisión de las opiniones de los partidos políticos.
Asimismo, al comercializar los espacios que se tendrían que haber entregado a la autoridad electoral, la televisora hace negocio con los tiempos oficiales. Tv Azteca ha privatizado el espacio público. Sería como si Telmex decidiera despachar desde Los Pinos o si Cemex utilizara el Zócalo para almacenar su cemento. Los ciudadanos no deberíamos tolerar este asalto a lo que pertenece a todos los mexicanos.
Habría que aplaudir la multa de 5.2 millones de pesos que el IFE ha impuesto a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, la sanción de ninguna manera es equivalente a la falta cometida por la televisora. Tres minutos diarios en los canales 7 y 13 durante un mes cuestan mucho más de 5 millones de pesos, sobre todo cuando tomamos en cuenta que gran cantidad de los espots tendrían que haberse transmitido durante los tiempos de mayor audiencia. De allí la importancia de la segunda decisión del IFE de también obligar a Tv Azteca a reponer todos los promocionales no transmitidos a partir de este miércoles 7 de mayo.
Si la televisora rechaza estas últimas resoluciones de la autoridad electoral, los consejeros electorales tendrían que proceder a ordenar inmediatamente el retiro de la propaganda pagada en los canales de Tv Azteca. El inciso IV de la letra F del artículo 354 señala claramente que “en caso de infracciones graves”, el IFE podrá retirar el “tiempo comercializable” de una concesionaria por un periodo hasta de 36 horas. Hasta la fecha, la televisora no cuenta con ninguna suspensión dictada por un juez federal. Una reincidencia sería una evidente “infracción grave” a la normatividad.
Para combatir la impunidad en el futuro también sería necesario introducir algunas modificaciones importantes a la nueva Ley del Sistema de Medios de Im pugnación en Materia Electoral (LSMIME) ya aprobada por el Senado de la República. Específicamente, la minuta del Senado se queda muy corta con respecto a las causales de nulidad tanto de las casillas electorales como de las elecciones federales.
Por un lado, deja totalmente intacta la redacción del artículo 75 de la ley, que incluye la lista de causales de nulidad de una casilla. Algunos recordarán que este artículo fue uno de los más discutidos durante el proceso de calificación de la elección de 2006, en particular su letra F), que indica que únicamente se puede anular una casilla en caso de que la irregularidad encontrada sea “determinante” para el resultado de la votación en esa casilla. Tal criterio distorsiona de manera grave el trabajo de los magistrados electorales, ya que no les permite anular una casilla que tuviera, por ejemplo, 200 votos irregulares si en esa casilla el ganador hubiera recibido 201 votos más que el candidato que llegó en segundo lugar en esa casilla. Habría que recordar que en México las elecciones se ganan por quien reciba la mayor cantidad de votos, no casillas, así que habría que flexibilizar bastante este criterio de anulación. Desafortunadamente, los senadores pasaron por alto este detalle sumamente importante en la ley.
Con respecto a la anulación de las elecciones federales, los senadores se negaron a incluir nuevas causales, como la intervención ilegal de los medios de comunicación o el sector privado, la intromisión indebida de las autoridades gubernamentales, la utilización de programas sociales para fines electorales, o el rebase de topes de campaña.
Estas ausencias son lamentables porque abren la puerta para la repetición del escenario de 2006 al aportar el pretexto perfecto a los magistrados electorales para no actuar en caso de violaciones sistemáticas de las leyes electorales.
Habría que recordar que esta vez los magistrados no podrán apelar al concepto de “nulidad abstracta”, ya que el nuevo texto constitucional indica que solamente “podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.
Tanto el IFE como los legisladores deben dar ejemplo claro de su voluntad de combatir la impunidad en materia electoral. De otra forma, continuarán las violaciones a la ley que tanto marcaron el proceso de 2006, para dirigirnos hacia un verdadero desastre en las elecciones de 2009 y 2012.
Con esta acción, Azteca demuestra su franco desprecio hacia las leyes e instituciones del país. También coarta el debate público y limita nuestra libertad de expresión al obstaculizar la transmisión de las opiniones de los partidos políticos.
Asimismo, al comercializar los espacios que se tendrían que haber entregado a la autoridad electoral, la televisora hace negocio con los tiempos oficiales. Tv Azteca ha privatizado el espacio público. Sería como si Telmex decidiera despachar desde Los Pinos o si Cemex utilizara el Zócalo para almacenar su cemento. Los ciudadanos no deberíamos tolerar este asalto a lo que pertenece a todos los mexicanos.
Habría que aplaudir la multa de 5.2 millones de pesos que el IFE ha impuesto a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, la sanción de ninguna manera es equivalente a la falta cometida por la televisora. Tres minutos diarios en los canales 7 y 13 durante un mes cuestan mucho más de 5 millones de pesos, sobre todo cuando tomamos en cuenta que gran cantidad de los espots tendrían que haberse transmitido durante los tiempos de mayor audiencia. De allí la importancia de la segunda decisión del IFE de también obligar a Tv Azteca a reponer todos los promocionales no transmitidos a partir de este miércoles 7 de mayo.
Si la televisora rechaza estas últimas resoluciones de la autoridad electoral, los consejeros electorales tendrían que proceder a ordenar inmediatamente el retiro de la propaganda pagada en los canales de Tv Azteca. El inciso IV de la letra F del artículo 354 señala claramente que “en caso de infracciones graves”, el IFE podrá retirar el “tiempo comercializable” de una concesionaria por un periodo hasta de 36 horas. Hasta la fecha, la televisora no cuenta con ninguna suspensión dictada por un juez federal. Una reincidencia sería una evidente “infracción grave” a la normatividad.
Para combatir la impunidad en el futuro también sería necesario introducir algunas modificaciones importantes a la nueva Ley del Sistema de Medios de Im pugnación en Materia Electoral (LSMIME) ya aprobada por el Senado de la República. Específicamente, la minuta del Senado se queda muy corta con respecto a las causales de nulidad tanto de las casillas electorales como de las elecciones federales.
Por un lado, deja totalmente intacta la redacción del artículo 75 de la ley, que incluye la lista de causales de nulidad de una casilla. Algunos recordarán que este artículo fue uno de los más discutidos durante el proceso de calificación de la elección de 2006, en particular su letra F), que indica que únicamente se puede anular una casilla en caso de que la irregularidad encontrada sea “determinante” para el resultado de la votación en esa casilla. Tal criterio distorsiona de manera grave el trabajo de los magistrados electorales, ya que no les permite anular una casilla que tuviera, por ejemplo, 200 votos irregulares si en esa casilla el ganador hubiera recibido 201 votos más que el candidato que llegó en segundo lugar en esa casilla. Habría que recordar que en México las elecciones se ganan por quien reciba la mayor cantidad de votos, no casillas, así que habría que flexibilizar bastante este criterio de anulación. Desafortunadamente, los senadores pasaron por alto este detalle sumamente importante en la ley.
Con respecto a la anulación de las elecciones federales, los senadores se negaron a incluir nuevas causales, como la intervención ilegal de los medios de comunicación o el sector privado, la intromisión indebida de las autoridades gubernamentales, la utilización de programas sociales para fines electorales, o el rebase de topes de campaña.
Estas ausencias son lamentables porque abren la puerta para la repetición del escenario de 2006 al aportar el pretexto perfecto a los magistrados electorales para no actuar en caso de violaciones sistemáticas de las leyes electorales.
Habría que recordar que esta vez los magistrados no podrán apelar al concepto de “nulidad abstracta”, ya que el nuevo texto constitucional indica que solamente “podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.
Tanto el IFE como los legisladores deben dar ejemplo claro de su voluntad de combatir la impunidad en materia electoral. De otra forma, continuarán las violaciones a la ley que tanto marcaron el proceso de 2006, para dirigirnos hacia un verdadero desastre en las elecciones de 2009 y 2012.
Incumplió el Senado promesa de reformar la ley de medios: Corral
Andrea Becerril, La Jornada- Uno de los grandes pendientes que dejó el periodo de sesiones que acaba de concluir en el Senado es la reforma a la ley de medios electrónicos, ya que el grupo plural integrado para elaborar la iniciativa sólo entregó un resumen de las propuestas presentadas durante los foros de análisis.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que su grupo insistirá a fin de que en el próximo periodo ordinario de sesiones se discutan las reformas a las leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones, mientras el panista Santiago Creel dijo que su partido mantiene el compromiso de modificar ese marco jurídico.
Sin embargo, el ex senador del PAN y presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado, comentó que es grave que la reforma se haya vuelto a posponer y ojalá no sea indefinidamente, pues conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2009 se complicará más la negociación.
Hay que recordar, dijo, que la ley Televisa se impuso en un momento electoral, dos meses antes de los comicios de julio de 2006, y que en la Cámara de Diputados están ahora quienes operaron esa legislación desde el Senado.
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley Televisa en junio de 2007 y de inmediato los coordinadores de PAN, PRD y PRI –Creel, Navarrete y Manlio Fabio Beltrones– se comprometieron a reformar la legislación de medios electrónicos, con base en esa resolución.
Se integró el grupo plural, con los senadores de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, y se le puso de plazo el periodo de sesiones concluido el pasado 29 de abril para entregar la iniciativa de ley.
Durante un año el grupo realizó foros públicos de análisis en los que los concesionarios, junto con académicos, investigadores, especialistas como los de la Amedi, autoridades, representantes de radios comunitarias, entre otros, hicieron sus propuestas sobre la reforma.
La base para la iniciativa
Sin embargo, al acercarse el plazo fijado, abril, el entonces presidente del grupo plural, el senador del PRI Ángel Heladio Aguirre, insistió en que no había tiempo para presentar el proyecto de ley, pese a que el perredista Carlos Sotelo expresó que en la memoria de los foros de discusión estaba la base para elaborar la iniciativa.
Los coordinadores Creel, Navarrete y Beltrones encararon en septiembre y diciembre de 2007 un fuerte choque con las dos principales concesionarias por la reforma constitucional electoral y las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohibieron la compra de tiempo para difundir propaganda en medios electrónicos.
Fueron meses de ataques al Congreso desde Televisa y Tv Azteca y se excluyó a los tres coordinadores de las pantallas televisivas. A partir de este año Beltrones comenzó a reaparecer en noticiarios de ambas empresas, no así Creel y Navarrete.
El panista sólo aparece a cuadro para ser cuestionado, y el perredista ha tenido presencia las últimas dos semanas en las dos televisoras, donde se le han formulado críticas constantes por la toma de las tribunas de ambas cámaras y por discutir con Andrés Manuel López Obrador sobre la resistencia civil contra la privatización de Petróleos Mexicanos.
Cuestionado sobre el hecho de posponer de nuevo la reforma a la ley de medios electrónicos, Navarrete dijo que para su bancada es un tema prioritario y hablará por ello con los demás coordinadores, a fin de que el receso de cuatro meses que tendrán se utilice para impulsar en septiembre el nuevo marco jurídico de la radiodifusión.
Creel comentó que el próximo martes se reunirá la Junta de Coordinación Política del Senado para acordar que el grupo plural pueda cerrar bien, “con conclusiones en torno a ese acervo perfectamente sistematizado”, a fin de planear la siguiente etapa.
En entrevista aparte, Corral Jurado dijo que ve más voluntad política de sacar la reforma en el Senado que en San Lázaro, donde están los principales impulsores de la ley Televisa.
Sin embargo, reconoció, en las cámaras hay representantes directos de las televisoras. “Nadie se salva, ni el PAN: hay operadores de Emilio Azcárraga y de Ricardo Salinas Pliego en todos los grupos parlamentarios, que les informan de lo que se hace y de lo que no en el Congreso”.
Puso de ejemplo la iniciativa de ley que presentó a mediados de abril el senador del Verde Ecologista Javier Orozco, para establecer el derecho de réplica a los dueños de los medios electrónicos. “¡Es una vacilada! ¡Eso ni Fox lo hizo con el Reglamento de Radio y Televisión!”
Se preguntó en qué país del mundo se deja el derecho de réplica a merced de los concesionarios de radio y televisión. Lo que propone el senador Orozco, dijo, es similar a dejar a los conductores de automóviles la facultad de dirigir el tránsito.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, comentó que su grupo insistirá a fin de que en el próximo periodo ordinario de sesiones se discutan las reformas a las leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones, mientras el panista Santiago Creel dijo que su partido mantiene el compromiso de modificar ese marco jurídico.
Sin embargo, el ex senador del PAN y presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral Jurado, comentó que es grave que la reforma se haya vuelto a posponer y ojalá no sea indefinidamente, pues conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2009 se complicará más la negociación.
Hay que recordar, dijo, que la ley Televisa se impuso en un momento electoral, dos meses antes de los comicios de julio de 2006, y que en la Cámara de Diputados están ahora quienes operaron esa legislación desde el Senado.
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley Televisa en junio de 2007 y de inmediato los coordinadores de PAN, PRD y PRI –Creel, Navarrete y Manlio Fabio Beltrones– se comprometieron a reformar la legislación de medios electrónicos, con base en esa resolución.
Se integró el grupo plural, con los senadores de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, y se le puso de plazo el periodo de sesiones concluido el pasado 29 de abril para entregar la iniciativa de ley.
Durante un año el grupo realizó foros públicos de análisis en los que los concesionarios, junto con académicos, investigadores, especialistas como los de la Amedi, autoridades, representantes de radios comunitarias, entre otros, hicieron sus propuestas sobre la reforma.
La base para la iniciativa
Sin embargo, al acercarse el plazo fijado, abril, el entonces presidente del grupo plural, el senador del PRI Ángel Heladio Aguirre, insistió en que no había tiempo para presentar el proyecto de ley, pese a que el perredista Carlos Sotelo expresó que en la memoria de los foros de discusión estaba la base para elaborar la iniciativa.
Los coordinadores Creel, Navarrete y Beltrones encararon en septiembre y diciembre de 2007 un fuerte choque con las dos principales concesionarias por la reforma constitucional electoral y las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohibieron la compra de tiempo para difundir propaganda en medios electrónicos.
Fueron meses de ataques al Congreso desde Televisa y Tv Azteca y se excluyó a los tres coordinadores de las pantallas televisivas. A partir de este año Beltrones comenzó a reaparecer en noticiarios de ambas empresas, no así Creel y Navarrete.
El panista sólo aparece a cuadro para ser cuestionado, y el perredista ha tenido presencia las últimas dos semanas en las dos televisoras, donde se le han formulado críticas constantes por la toma de las tribunas de ambas cámaras y por discutir con Andrés Manuel López Obrador sobre la resistencia civil contra la privatización de Petróleos Mexicanos.
Cuestionado sobre el hecho de posponer de nuevo la reforma a la ley de medios electrónicos, Navarrete dijo que para su bancada es un tema prioritario y hablará por ello con los demás coordinadores, a fin de que el receso de cuatro meses que tendrán se utilice para impulsar en septiembre el nuevo marco jurídico de la radiodifusión.
Creel comentó que el próximo martes se reunirá la Junta de Coordinación Política del Senado para acordar que el grupo plural pueda cerrar bien, “con conclusiones en torno a ese acervo perfectamente sistematizado”, a fin de planear la siguiente etapa.
En entrevista aparte, Corral Jurado dijo que ve más voluntad política de sacar la reforma en el Senado que en San Lázaro, donde están los principales impulsores de la ley Televisa.
Sin embargo, reconoció, en las cámaras hay representantes directos de las televisoras. “Nadie se salva, ni el PAN: hay operadores de Emilio Azcárraga y de Ricardo Salinas Pliego en todos los grupos parlamentarios, que les informan de lo que se hace y de lo que no en el Congreso”.
Puso de ejemplo la iniciativa de ley que presentó a mediados de abril el senador del Verde Ecologista Javier Orozco, para establecer el derecho de réplica a los dueños de los medios electrónicos. “¡Es una vacilada! ¡Eso ni Fox lo hizo con el Reglamento de Radio y Televisión!”
Se preguntó en qué país del mundo se deja el derecho de réplica a merced de los concesionarios de radio y televisión. Lo que propone el senador Orozco, dijo, es similar a dejar a los conductores de automóviles la facultad de dirigir el tránsito.
El regreso de los templarios
Adrián Acosta Silva
El donativo de 90 millones de pesos para la construcción de un santuario católico es una preocupante evidencia del comportamiento del gobernador de Jalisco: subordina las obligaciones que adquirió como mandatario en un Estado laico a sus creencias privadas. Con estos actos, violatorios de la Constitución, desde la derecha se manda “al diablo a las instituciones”.
En la república de los escándalos, los relacionados con las mezclas duras entre religión y política ocupan un lugar secundario pero persistente, aunque a veces se lleven las ocho columnas de los diarios. En algunos lugares, dominados generalmente por el PAN pero también por otras agrupaciones políticas nacionales o locales, el “regreso” de la fuerza política de las iglesias es un hecho recurrente, comprobado y público. Pero particularmente en Guanajuato o en Jalisco, al igual que sucedió en varios episodios de la gestión del presidente Fox —todos emanados del partido de la derecha católica dominante en la larga transición política mexicana—, la confusión entre lo privado y lo público, entre la fe individual y el ejercicio gubernamental de puestos públicos, resulta la confirmación de que esa antigua tensión entre las creencias religiosas y los actos de gobierno nunca ha desaparecido sino que se encuentra de regreso, abierta y explícitamente, en algunos casos incluso triunfalmente. Un hecho reciente y escandaloso, el anuncio de un donativo de 90 millones de pesos del gobierno de Jalisco a la construcción de un templo llamado “Santuario de los Mártires” en Guadalajara, ilumina lo que de algún modo se puede denominar como el regreso de los templarios a la política mexicana.
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, representa muy bien esa marcada tendencia de mezclar las creencias privadas con los intereses públicos que cada vez con mayor frecuencia es posible observar en el gobierno federal o en los gobiernos locales. Es una tendencia crecida a la sombra y luego en el cetro de la transición política mexicana, cuyos pivotes se centraron en la emergencia de acuerdos políticos clave pero también en el florecimiento de los prejuicios y creencias que diversos actores políticos han arrastrado sin debate pero con fe al centro de la escena pública. La tendencia marca un comportamiento y revela una certeza: no hay por qué ocultar la fe de los políticos, sino que la misma debe ser motivo de orgullo y de distinción frente a los “hipócritas” gobernantes anteriores. Esto forma parte del núcleo duro del nuevo sentido común de la derecha política mexicana: se puede mezclar la religión con la política y con los actos del gobierno, sin problemas, sin prejuicios ni perjuicios.
La biografía política y personal del gobernador jalisciense ilustra con nitidez esa tendencia dura. De 48 años, y originario de la zona de Los Altos de Jalisco (Lagos de Moreno), estudió la preparatoria y posteriormente la carrera de contaduría pública en la U. de G., y una maestría en desarrollo humano en la Universidad del Valle de México (UNIVA), una institución privada que se ostenta como la “Universidad Católica de Guadalajara”. En ese tiempo se interesó, se adhirió y militó en las filas del Partido Demócrata Mexicano, una organización de la derecha católica más recalcitrante —heredera del sinarquismo y defensora del movimiento cristero de los años treinta del siglo pasado—, de la que fue dirigente nacional interino a principios de los años noventa, y hasta poco después de su desaparición por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación en las elecciones federales de 1991. De ese partido pasó en 1992 al Partido Acción Nacional, del cual fue diputado federal (1997-2000), y presidente de su Comité Ejecutivo estatal de 2000 a 2002. Posteriormente, fue electo alcalde de la ciudad de Guadalajara de 2004 a 2006, de donde saltó a la gubernatura de Jalisco para el periodo 2007-2013, confirmando el peso político-electoral de ese partido en la entidad, que gobierna desde la llegada de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) y Francisco Ramírez Acuña (2001-2006).
Lo que más sorprende o asombra (o que causa incluso irritación y molestia para algunos ciudadanos jaliscienses, con o sin afiliación partidista) del comportamiento público y político del gobernador, es su absoluto desprecio por cuidar las formas más elementales de la vida pública, aunque sus reflejos e impulsos correspondan a las formas más brutalmente elementales de la vida religiosa, como diría el viejo Weber. De manera sistemática el gobernador desayuna con el cardenal de Guadalajara, lo alaba y besa su mano en público, convoca a sus funcionarios a leer la Biblia en Casa Jalisco, dona dinero público a empresas privadas, asociaciones civiles de filiación católica, y ahora a la construcción de templos como el Santuario de los Mártires, una obra que representa fielmente los intereses y la megalomanía del cardenal Sandoval Íñiguez, representante de una de las tendencias más ortodoxas y agresivas de la jerarquía católica mexicana. En el fondo, muy seguramente el gobernador y el individuo se comportan de la misma manera, es decir, hay un comportamiento público que responde fundamentalmente a sus creencias y a su fe, subordinando las formas públicas a las creencias privadas.
Aunque ya se sabe que tanto la iglesia católica como las empresas televisoras son parte de los poderes fácticos a los que todo gobernante con un mínimo de sentido de realismo político debe tratar, tolerar y quizá hasta negociar para acrecentar su respaldo o legitimidad política o corporativa, también es necesario valorar los efectos perversos que suelen tener esos tratos y acciones en el ámbito legal, político y social, en un contexto que tiende teóricamente a democratizar los rasgos de la vida pública local y nacional, entendido como el ejercicio de un gobierno apegado a la legalidad y a uno de los principios constitutivos del Estado mexicano: la laicidad. El problema es que me temo, como sugiere Guillermo Sheridan en su blog, que el gobernador y los miembros de su primer círculo no entienden lo que leen —o peor aún: ni siquiera leen—, sino porque en este caso —como en otros— el cálculo político y la fe ciega van de la mano. Quedar bien con los poderes fácticos es más redituable que abstenerse y limitarse en el ejercicio público, que suele verse por estos personajes como un ejercicio tortuoso, aburrido, engorroso y aun conflictivo y molesto. Con los poderes fácticos se obtienen la fama y el perdón, la publicidad y la piedad. Quizá al gobernador se le aplique esa sensación de esfuerzo sobrehumano que Serrat y Sabina aplican a la conservación de la salud y al celibato. Al templario González debe costarle mucho, mucho, aprender el viejo arte de la prudencia cocida a fuego lento en el contexto mexicano de laicidad, republicanismo y sobriedad, que mal o bien aprendieron a jugar —con todo y trampas— los herederos de la Revolución mexicana. Y más trabajo aún le deben costar a él y a su partido reprimir sus actos de fe para presentarlos como acciones de gobierno. Paradójicamente, los efectos de estos actos son los mismos que anunció con celebridad un clásico desde el otro extremo: al diablo las instituciones.
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En la república de los escándalos, los relacionados con las mezclas duras entre religión y política ocupan un lugar secundario pero persistente, aunque a veces se lleven las ocho columnas de los diarios. En algunos lugares, dominados generalmente por el PAN pero también por otras agrupaciones políticas nacionales o locales, el “regreso” de la fuerza política de las iglesias es un hecho recurrente, comprobado y público. Pero particularmente en Guanajuato o en Jalisco, al igual que sucedió en varios episodios de la gestión del presidente Fox —todos emanados del partido de la derecha católica dominante en la larga transición política mexicana—, la confusión entre lo privado y lo público, entre la fe individual y el ejercicio gubernamental de puestos públicos, resulta la confirmación de que esa antigua tensión entre las creencias religiosas y los actos de gobierno nunca ha desaparecido sino que se encuentra de regreso, abierta y explícitamente, en algunos casos incluso triunfalmente. Un hecho reciente y escandaloso, el anuncio de un donativo de 90 millones de pesos del gobierno de Jalisco a la construcción de un templo llamado “Santuario de los Mártires” en Guadalajara, ilumina lo que de algún modo se puede denominar como el regreso de los templarios a la política mexicana.
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, representa muy bien esa marcada tendencia de mezclar las creencias privadas con los intereses públicos que cada vez con mayor frecuencia es posible observar en el gobierno federal o en los gobiernos locales. Es una tendencia crecida a la sombra y luego en el cetro de la transición política mexicana, cuyos pivotes se centraron en la emergencia de acuerdos políticos clave pero también en el florecimiento de los prejuicios y creencias que diversos actores políticos han arrastrado sin debate pero con fe al centro de la escena pública. La tendencia marca un comportamiento y revela una certeza: no hay por qué ocultar la fe de los políticos, sino que la misma debe ser motivo de orgullo y de distinción frente a los “hipócritas” gobernantes anteriores. Esto forma parte del núcleo duro del nuevo sentido común de la derecha política mexicana: se puede mezclar la religión con la política y con los actos del gobierno, sin problemas, sin prejuicios ni perjuicios.
La biografía política y personal del gobernador jalisciense ilustra con nitidez esa tendencia dura. De 48 años, y originario de la zona de Los Altos de Jalisco (Lagos de Moreno), estudió la preparatoria y posteriormente la carrera de contaduría pública en la U. de G., y una maestría en desarrollo humano en la Universidad del Valle de México (UNIVA), una institución privada que se ostenta como la “Universidad Católica de Guadalajara”. En ese tiempo se interesó, se adhirió y militó en las filas del Partido Demócrata Mexicano, una organización de la derecha católica más recalcitrante —heredera del sinarquismo y defensora del movimiento cristero de los años treinta del siglo pasado—, de la que fue dirigente nacional interino a principios de los años noventa, y hasta poco después de su desaparición por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación en las elecciones federales de 1991. De ese partido pasó en 1992 al Partido Acción Nacional, del cual fue diputado federal (1997-2000), y presidente de su Comité Ejecutivo estatal de 2000 a 2002. Posteriormente, fue electo alcalde de la ciudad de Guadalajara de 2004 a 2006, de donde saltó a la gubernatura de Jalisco para el periodo 2007-2013, confirmando el peso político-electoral de ese partido en la entidad, que gobierna desde la llegada de Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001) y Francisco Ramírez Acuña (2001-2006).
Lo que más sorprende o asombra (o que causa incluso irritación y molestia para algunos ciudadanos jaliscienses, con o sin afiliación partidista) del comportamiento público y político del gobernador, es su absoluto desprecio por cuidar las formas más elementales de la vida pública, aunque sus reflejos e impulsos correspondan a las formas más brutalmente elementales de la vida religiosa, como diría el viejo Weber. De manera sistemática el gobernador desayuna con el cardenal de Guadalajara, lo alaba y besa su mano en público, convoca a sus funcionarios a leer la Biblia en Casa Jalisco, dona dinero público a empresas privadas, asociaciones civiles de filiación católica, y ahora a la construcción de templos como el Santuario de los Mártires, una obra que representa fielmente los intereses y la megalomanía del cardenal Sandoval Íñiguez, representante de una de las tendencias más ortodoxas y agresivas de la jerarquía católica mexicana. En el fondo, muy seguramente el gobernador y el individuo se comportan de la misma manera, es decir, hay un comportamiento público que responde fundamentalmente a sus creencias y a su fe, subordinando las formas públicas a las creencias privadas.
Aunque ya se sabe que tanto la iglesia católica como las empresas televisoras son parte de los poderes fácticos a los que todo gobernante con un mínimo de sentido de realismo político debe tratar, tolerar y quizá hasta negociar para acrecentar su respaldo o legitimidad política o corporativa, también es necesario valorar los efectos perversos que suelen tener esos tratos y acciones en el ámbito legal, político y social, en un contexto que tiende teóricamente a democratizar los rasgos de la vida pública local y nacional, entendido como el ejercicio de un gobierno apegado a la legalidad y a uno de los principios constitutivos del Estado mexicano: la laicidad. El problema es que me temo, como sugiere Guillermo Sheridan en su blog, que el gobernador y los miembros de su primer círculo no entienden lo que leen —o peor aún: ni siquiera leen—, sino porque en este caso —como en otros— el cálculo político y la fe ciega van de la mano. Quedar bien con los poderes fácticos es más redituable que abstenerse y limitarse en el ejercicio público, que suele verse por estos personajes como un ejercicio tortuoso, aburrido, engorroso y aun conflictivo y molesto. Con los poderes fácticos se obtienen la fama y el perdón, la publicidad y la piedad. Quizá al gobernador se le aplique esa sensación de esfuerzo sobrehumano que Serrat y Sabina aplican a la conservación de la salud y al celibato. Al templario González debe costarle mucho, mucho, aprender el viejo arte de la prudencia cocida a fuego lento en el contexto mexicano de laicidad, republicanismo y sobriedad, que mal o bien aprendieron a jugar —con todo y trampas— los herederos de la Revolución mexicana. Y más trabajo aún le deben costar a él y a su partido reprimir sus actos de fe para presentarlos como acciones de gobierno. Paradójicamente, los efectos de estos actos son los mismos que anunció con celebridad un clásico desde el otro extremo: al diablo las instituciones.
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5 de mayo: victoria pírrica
José A. Crespo
En tiempo de efemérides y celebraciones bicentenarias, conviene releer la historia, con ojo crítico, para aprender de nuestros errores históricos, en lugar de envanecernos por falsas glorias. La historia de bronce eleva el ánimo nacional, pero sólo la historia crítica permite aprender de los tropiezos. La Batalla de Puebla, en 1862, es la más celebrada, por tratarse de una en la que ganamos a una potencia extranjera. Pero no es la única que tuvimos. No celebramos otras batallas célebres, como la de 1829, en la que vencimos a una expedición española que venía con miras a reconquistar Nueva España y, desde ahí, al resto de la América hispana. El brigadier Isidro Barradas, quien comandaba dicha expedición, era presentado en la prensa española como el Segundo Cortés. Las fuerzas mexicanas lo vencieron en Tampico, aunque ayudadas por las enfermedades tropicales que diezmaron a las huestes españolas. Pero casi nadie conoce el suceso porque el protagonista de ese episodio fue nada menos que Antonio López de Santa Anna. Y una de las reglas de la historia oficial es no reconocer nada a los tenidos por villanos. En Monterrey, en 1847, 600 mexicanos derrotaron a dos mil estadunidenses (una hazaña superior a la del 5 de mayo). Pero, ¿alguien recuerda al héroe de esa victoria, el general Manuel Balbotín?
La Batalla de Puebla de 1862 es el único triunfo que celebramos, así como a su protagonista, Ignacio Zaragoza. También participó de ese triunfo, aunque de segundón, el entonces coronel Porfirio Díaz, auténtico genio militar que puso su espada con gran lealtad y valentía al servicio de la República durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. No se le niega su participación en la gran batalla, pero tampoco se destaca ni siquiera como anécdota interesante (se viene uno a enterar de eso ya de adulto, pero difícilmente los niños lo registran en sus clases). Antes de la célebre batalla, Zaragoza se mostraba más bien escéptico sobre nuestras posibilidades: “Nuestra aspiración a la victoria es poco lógica, supuesta nuestra desventaja en armamento”.
El comandante de las fuerzas francesas, el general Ferdinand de Lorencez, al tocar suelo mexicano, quiso tranquilizarnos sobres sus objetivos: “Mexicanos, no hemos venido aquí para intervenir en vuestras disputas... sino para terminar con ellas”. Pues sí, estábamos enfrentados —y seguimos en ello—, pero no eran los franceses quienes pondrían fin a nuestras interminables reyertas. Lorencez creía que iba a un día de campo, en parte porque el conservador Manuel Hidalgo le había informado que en Puebla serían recibidos con un tapiz de flores, en lugar de con balas. Pero no atendió a la recomendación de otro mexicano (Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos), de tomar la ciudad dando la vuelta a los fuertes de Loreto y Guadalupe. El francés no vio mucha gloria en ello y prefirió embestir a esos baluartes. De haber seguido los consejos del vástago de Morelos, probablemente no tendríamos motivo para celebrar este día.
Al recibir el primer fuego proveniente de los fuertes, el general galo exclamó, visiblemente molesto: “¡Estas son las flores del ministro (Hidalgo)!” Es cierto que, durante el ataque, cayó un tremendo aguacero y una granizada que entorpecieron el embate de los franceses (que resbalaban en el consecuente lodazal). Por lo que Lorencez quiso responsabilizarlos de su derrota (como lo había hecho la famosa Armada Invencible de Felipe II en su frustrada invasión a la Inglaterra isabelina). Pero eso no quita ningún mérito a los soldados mexicanos que lograron ese insospechado triunfo. Porfirio Díaz recordaría en sus memorias: “Esta victoria fue tan inesperada que nos sorprendimos verdaderamente con ella, y pareciéndome a mí una ficción, divagué en la noche sobre el campo para ratificar la verdad de los hechos, con el mudo testimonio de los cadáveres del enemigo”. Con mayor razón, Napoleón III quedó desconcertado, sobre todo porque creía que Puebla era una aldea de mil habitantes. Tan convencidos estaban los francos de su victoria en Puebla, que los diarios (La Patrie , por ejemplo) habían anunciado su triunfo incluso antes de la famosa batalla, narrando cómo los poblanos recibían a sus soldados con vivas y gran iluminación. Estaban errados en los sucesos, pero desafortunadamente no en las intenciones de los poblanos, quienes habían en efecto ya preparado un gran recibimiento a los invasores, a quienes esperaban con anhelo. Quedaron frustrados al enterarse del triunfo mexicano; ya no habría fiesta. El arzobispo de la ciudad, monseñor Labastida, como una forma de revancha, prohibió al clero poblano impartir los servicios religiosos a los vencedores de Guadalupe y Loreto. Todo lo cual, evidentemente provocó el enojo de Zaragoza, quien escribió al (ex) presidente Juárez: “Qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por los acontecimientos del cinco. Esto es triste decirlo pero es una realidad lamentable”. Y, en efecto, al parecer el principal obstáculo de los mexicanos han sido, históricamente, otros mexicanos.
Al año siguiente, una nueva fuerza francesa, formado por 20 mil hombres, pudo destrozar a la totalidad del ejército republicano (concentrado en esa ciudad, pero ya no conducido por Zaragoza, que había fallecido), para lo cual se tomaron dos largos meses. Tras su victoria, los franceses entraron finalmente a Puebla, cuyos habitantes ya no pudieron recibirlos según lo planeado un año antes, pues la ciudad quedó devastada. Pese a ello, monjas, abadesas y clérigos se las arreglaron para dar la mejor bienvenida posible a los franceses, con un festejo de dos días, entonando un Te Deum Laudamus (Gracias te damos, Oh Alabado) e izando el pabellón francés en la torre de la Catedral.
La Batalla de Puebla de 1862 es el único triunfo que celebramos, así como a su protagonista, Ignacio Zaragoza. También participó de ese triunfo, aunque de segundón, el entonces coronel Porfirio Díaz, auténtico genio militar que puso su espada con gran lealtad y valentía al servicio de la República durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. No se le niega su participación en la gran batalla, pero tampoco se destaca ni siquiera como anécdota interesante (se viene uno a enterar de eso ya de adulto, pero difícilmente los niños lo registran en sus clases). Antes de la célebre batalla, Zaragoza se mostraba más bien escéptico sobre nuestras posibilidades: “Nuestra aspiración a la victoria es poco lógica, supuesta nuestra desventaja en armamento”.
El comandante de las fuerzas francesas, el general Ferdinand de Lorencez, al tocar suelo mexicano, quiso tranquilizarnos sobres sus objetivos: “Mexicanos, no hemos venido aquí para intervenir en vuestras disputas... sino para terminar con ellas”. Pues sí, estábamos enfrentados —y seguimos en ello—, pero no eran los franceses quienes pondrían fin a nuestras interminables reyertas. Lorencez creía que iba a un día de campo, en parte porque el conservador Manuel Hidalgo le había informado que en Puebla serían recibidos con un tapiz de flores, en lugar de con balas. Pero no atendió a la recomendación de otro mexicano (Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos), de tomar la ciudad dando la vuelta a los fuertes de Loreto y Guadalupe. El francés no vio mucha gloria en ello y prefirió embestir a esos baluartes. De haber seguido los consejos del vástago de Morelos, probablemente no tendríamos motivo para celebrar este día.
Al recibir el primer fuego proveniente de los fuertes, el general galo exclamó, visiblemente molesto: “¡Estas son las flores del ministro (Hidalgo)!” Es cierto que, durante el ataque, cayó un tremendo aguacero y una granizada que entorpecieron el embate de los franceses (que resbalaban en el consecuente lodazal). Por lo que Lorencez quiso responsabilizarlos de su derrota (como lo había hecho la famosa Armada Invencible de Felipe II en su frustrada invasión a la Inglaterra isabelina). Pero eso no quita ningún mérito a los soldados mexicanos que lograron ese insospechado triunfo. Porfirio Díaz recordaría en sus memorias: “Esta victoria fue tan inesperada que nos sorprendimos verdaderamente con ella, y pareciéndome a mí una ficción, divagué en la noche sobre el campo para ratificar la verdad de los hechos, con el mudo testimonio de los cadáveres del enemigo”. Con mayor razón, Napoleón III quedó desconcertado, sobre todo porque creía que Puebla era una aldea de mil habitantes. Tan convencidos estaban los francos de su victoria en Puebla, que los diarios (La Patrie , por ejemplo) habían anunciado su triunfo incluso antes de la famosa batalla, narrando cómo los poblanos recibían a sus soldados con vivas y gran iluminación. Estaban errados en los sucesos, pero desafortunadamente no en las intenciones de los poblanos, quienes habían en efecto ya preparado un gran recibimiento a los invasores, a quienes esperaban con anhelo. Quedaron frustrados al enterarse del triunfo mexicano; ya no habría fiesta. El arzobispo de la ciudad, monseñor Labastida, como una forma de revancha, prohibió al clero poblano impartir los servicios religiosos a los vencedores de Guadalupe y Loreto. Todo lo cual, evidentemente provocó el enojo de Zaragoza, quien escribió al (ex) presidente Juárez: “Qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por los acontecimientos del cinco. Esto es triste decirlo pero es una realidad lamentable”. Y, en efecto, al parecer el principal obstáculo de los mexicanos han sido, históricamente, otros mexicanos.
Al año siguiente, una nueva fuerza francesa, formado por 20 mil hombres, pudo destrozar a la totalidad del ejército republicano (concentrado en esa ciudad, pero ya no conducido por Zaragoza, que había fallecido), para lo cual se tomaron dos largos meses. Tras su victoria, los franceses entraron finalmente a Puebla, cuyos habitantes ya no pudieron recibirlos según lo planeado un año antes, pues la ciudad quedó devastada. Pese a ello, monjas, abadesas y clérigos se las arreglaron para dar la mejor bienvenida posible a los franceses, con un festejo de dos días, entonando un Te Deum Laudamus (Gracias te damos, Oh Alabado) e izando el pabellón francés en la torre de la Catedral.
3 de mayo de 2008
2 de mayo de 2008
Aprueba IFE multa a TV Azteca
Notimex. El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó una multa de cinco millones 259 mil 105.18 pesos contra Televisión Azteca por no transmitir los spots de 20 segundos de los partidos políticos.
Asimismo, ordenó a la televisora reponer a partir del 7 de mayo la difusión de los spots en sus canales de televisión de conformidad con la pauta que debió seguir desde el 12 de marzo pasado, es decir, respetando los días, horarios y el periodo de tiempo transcurrido durante el incumplimiento.
En sesión extraordinaria, los consejeros avalaron por unanimidad la propuesta de sanción presentada por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, que declara fundado el procedimiento administrativo sancionador ordinario contra la empresa referida, cuya conducta fue calificada de "gravedad mayor" .
El dictamen señala que la concesionaria infringió los objetivos establecidos por el Poder Legislativo al establecer un sistema electoral que permita a los partidos políticos difundir sus mensajes y programas entre la ciudadanía.
"Se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II" del Artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) , añade.
Según el resolutivo cuarto del acuerdo, el monto de la multa, equivalente a 100 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE a partir del día siguiente en que la resolución se resuelva en la última instancia judicial.
En caso de que Televisión Azteca no pague, el IFE deberá dar vista a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria para los efectos legales de su competencia, de acuerdo con el Artículo 355 párrafo 7 del Cofipe, abundó el dictamen.
Como parte del procedimiento, el IFE deberá informar de la sanción a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para los efectos de su competencia.
Con información de El Universal
Asimismo, ordenó a la televisora reponer a partir del 7 de mayo la difusión de los spots en sus canales de televisión de conformidad con la pauta que debió seguir desde el 12 de marzo pasado, es decir, respetando los días, horarios y el periodo de tiempo transcurrido durante el incumplimiento.
En sesión extraordinaria, los consejeros avalaron por unanimidad la propuesta de sanción presentada por la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, que declara fundado el procedimiento administrativo sancionador ordinario contra la empresa referida, cuya conducta fue calificada de "gravedad mayor" .
El dictamen señala que la concesionaria infringió los objetivos establecidos por el Poder Legislativo al establecer un sistema electoral que permita a los partidos políticos difundir sus mensajes y programas entre la ciudadanía.
"Se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II" del Artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) , añade.
Según el resolutivo cuarto del acuerdo, el monto de la multa, equivalente a 100 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del IFE a partir del día siguiente en que la resolución se resuelva en la última instancia judicial.
En caso de que Televisión Azteca no pague, el IFE deberá dar vista a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria para los efectos legales de su competencia, de acuerdo con el Artículo 355 párrafo 7 del Cofipe, abundó el dictamen.
Como parte del procedimiento, el IFE deberá informar de la sanción a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para los efectos de su competencia.
Con información de El Universal
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