29 de junio de 2008

Libertad de expresión; libertad de comercio

Pablo Gómez Alvarez

Un grupo de intelectuales ha presentado un amparo ante el Poder Judicial en contra del texto de la Constitución que prohíbe anuncios electorales o que ataquen a los partidos en radio y televisión. ¿Pueden los quejosos, con sus propios recursos, pagar un minuto en tarifa AAA en los canales del oligopolio televisivo? La respuesta sería que no se trata de que ellos paguen sino de la defensa de la libertad de cualquiera. Pero ese cualquiera no existe, es decir, es un puñado de mexicanos, los muy ricos. Nada más.

En otros países no hay derecho de meterse a la televisión para combatir a un partido o promover un candidato más que por parte de los contendientes. Pero, ¿tal cosa es una materia de la libertad de expresión o de la libertad de comercio? Desde el punto de vista de los dueños de los canales y estaciones es una cuestión de la libertad de comercio: poder vender todo el tiempo posible de transmisión. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la cuestión reside en la libertad de expresión sólo de quien puede pagar, es decir, una minoría insignificante. Y es, también, la intromisión directa del poder del dinero en los procesos político-electorales.

En nuestro mundo, la libertad de expresión se ha reducido a los dueños de los medios y a los empleados de éstos. Sólo el internet está rompiendo poco a poco ese monopolio. La tendencia ideológica de toda la televisión es la misma, de tal manera que las rendijas que abren canales y estaciones quedan estrechas frente al pluralismo realmente existente en la sociedad. No se trata sólo de la política sino de la cultura en general. Los mensajes predominantes agobian por su unilateralidad, mientras que la prensa –más abierta– sólo alcanza a fijar las noticias pero nunca los principales contenidos.

Las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante, decía con razón Antonio Gramsci. Pero en nuestro mundo ese dominio ha llevado a reservar la libertad de expresión a unos cuantos. Dicho de otra forma, se ha reducido la libertad de expresión de la inmensa mayoría. Los canales alternativos de comunicación social son hoy menores, aunque, como dije, se empiezan a abrir con el Internet.

¿Para qué defender el monopolio de esa libertad de expresión en aras de la libertad a secas? La respuesta no podría ser la repetición de la pregunta, es decir, afirmar que se trata de defender la libertad. La respuesta debe alojarse fuera de la pregunta, en el terreno de la libertad de comercio. Es éste el que se ha restringido con la reciente reforma constitucional, pero sólo en los medios concesionados, dejando fuera a la prensa y, naturalmente, al Internet. La radio y la televisión utilizan un medio del dominio de la nación, el espacio aéreo. Por tanto, se puede prohibir la comercialización de la propaganda política sin afectar la libertad de expresión de los concesionarios y sus empleados.

Mientras tanto, se podrá seguir usando la radio y la televisión para atacar con furia o sin ella a quien se quiera, especialmente, claro está, a los más atacados que son los odiosos izquierdistas. Nadie puede callar a un locutor ni a un invitado a un programa, excepto los dueños del canal o la estación. Son éstos quienes sí pueden ejercer la censura cuando quieran. ¡Qué bonita libertad!

La libertad de comercio se ha restringido sólo en la venta de spots. Bajo la actual Constitución, los dueños siguen siendo dueños y tienen el privilegio de llevar a todas partes su mensaje, pero no pueden cobrar por tal actividad más que en la programación normal pero no en anuncios. Es poco aún: en otros países están prohibidos los debates parciales. Son los países donde hay más democracia.

27 de junio de 2008

La burda campaña del duopolio televisivo

Javier Corral Jurado

La SCJN firme en la defensa de la Constitución; gran debate entre Ministros.

* Rechaza la Corte, Acción de Inconstitucionalidad en Reforma Electoral.
- La burda campaña del duopolio televisivo y las mentiras de algunos intelectuales, no la intimidan .

Frente a la campaña de desprestigio y manipulación que se ha puesto en marcha por el duopolio televisivo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las mentiras descaradas y falsificaciones que despliegan algunos de los intelectuales que participan en el llamado grupo de los 15, es fundamental ir a las fuentes de información original y no dejarse engañar: hay que consultar directamente la versión estenográfica de la sesión de la Corte.

Se está actuando de mala fé. He aquí la versión completa de los argumentos de los Ministros, y la declaración inicial del Presidente de la Corte, Don Guillermo Ortíz Mayagoitia, sobre el tema de la consulta:

México D.F., 25 de junio de 2008.

SOBRESEE PLENO DE SCJN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL

• El presidente de la SCJN ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, informó que no se realizaron audiencias públicas sobre el tema, porque primero habría que determinar si esas acciones eran procedentes o improcedentes.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Convergencia y Nueva Alianza contra la reforma en materia electoral, debido a que las acciones son improcedentes por no ser un medio de control constitucional para impugnar reformas a la carta magna.

Ello, debido a que el procedimiento de reforma constitucional no es susceptible de control jurisdiccional, porque lo encuentra en el propio procedimiento legislativo del Congreso de la Unión y las legislaturas locales.

Se determinó, además, que la acción de inconstitucionalidad es un medio para controlar la constitucionalidad de leyes ordinarias, más no de la Constitución federal.

Asimismo, se precisó que la acción de inconstitucionalidad es improcedente porque los partidos políticos tienen delimitado estrictamente el ejercicio de ese medio de control constitucional en leyes electorales federales o locales.

Al iniciar la sesión, el presidente del Tribunal Constitucional, ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, informó que no se realizaron audiencias públicas sobre el tema, porque primero habría que determinar si esas acciones eran procedentes o improcedentes.

Por técnica procesal y jurídica, explicó, era necesario dejar en claro si se daba origen a un juicio de constitucionalidad o debían desecharse las acciones, y precisó que la Presidencia del Alto Tribunal recibió diversas peticiones de audiencias públicas sobre el tema.

El ministro Ortiz Mayagoitia destacó que en el Alto Tribunal se da un trato equitativo a todos los promoventes, sin distinción alguna, y en todos los casos que se resuelven se da el mismo proceso.

Publicidad gubernamental, gasto sin control

Andrea Recúpero

El gobierno argentino invirtió 317 millones 85 mil 94 pesos (unos 100 millones de dólares) en publicidad oficial durante 2007, 51% más que en 2006. Además, se excedió en 56% en el presupuesto previsto para ese rubro el año pasado, que era de 202 millones 792 mil pesos (casi 64 mdd). Toda esta inversión se realizó sin controles y en ausencia de una ley que regule la distribución de los fondos de manera ecuánime entre los medios nacionales y provinciales.

El incremento del gasto en publicidad oficial “es una tendencia que se refleja desde hace años y que las autoridades justifican aludiendo a la inflación”, explicó Ramiro álvarez Ugarte, integrante delárea de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una ONG no partidaria que desde 1995 se dedica a la defensa de los derechos civiles y humanos.

Para ratificar la tendencia basta observar las cifras plasmadas en las planillas de inversión que suministra la Secretaría de Medios del Estado, a través de Télam SE, organismo que se encarga de la colocación de la pauta oficial. Son miles de páginas repletas de números que reflejan la tendencia al alza que tuvo el gasto publicitario en los últimos tiempos. Así, mientras que en 2003 se gastaron 46 millones 267 mil 906 pesos, en 2004 el gasto se duplicó a 99 millones 815 mil 380 pesos, en 2005 fue de 127 millones 462 mil 75 pesos y en 2006 superó los 200 mdp.

Del análisis de los datos surge que en los primeros diez meses de 2007, el Poder Ejecutivo ya llevaba gastado un 29% más del total invertido en 2006 y estaba excedido un 33% del presupuesto original pautado. Además, el mes de octubre demandó la mayor inversión de todo 2007, fundamentalmente por la campaña “Padrones Electorales”, impulsada en ocasión de laselecciones generales celebradas ese mes, que demandó 11 millones 238 mil 41 pesos.

En ese contexto, un informe deADC sobre los gastos subraya que en el periodo previo a las elecciones“subsistieron algunas campañas del Poder Ejecutivo que cabe cuestionar por destacar, sin justificación aparente, la figura de funcionarios públicos u organismos departamentales”. En octubre de 2007 fue elegida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hasta entonces primera dama.

Otra de las características verificadas en 2007 es que la inversión publicitaria directa, es decir la invertida directamente en medios específicos, sin pasar por intermediarios como productoras o agencias de publicidad, en el rubro diarios, revistas, radios y canales deTV tendió a concentrarse en medios de la ciudad de Buenos Aires y de distribución nacional. Las provincias que recibieron más pauta del gobierno nacional en forma directa, además de Buenos Aires, fueron Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz, en orden decreciente.

Censura sutil

Aunque los datos de la inversión publicitaria que realiza el Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados estatales son de acceso público, las planillas con las cifras no están disponibles en ningún sitio oficial. Sin embargo, por ley, deben ser entregadas a todo aquel ciudadano o entidad que las solicite.

Hace varios años organismos y ONGs independientes que investigan la gestión estatal solicitan esos datos, los analizan e insisten en la necesidad de crear un marco legal para transparentar la distribución de esos fondos públicos, como sucede en otros países. Por ejemplo, Perú y España, que sancionaron recientemente leyes para garantizar la racionalidad en la distribución de publicidad oficial. También el gobierno de Uruguay reunió en 2006 a representantes de medios, ONGs y funcionarios para comenzar a discutir un marco legal; mientras la Cámara de Diputados de Chile creó una comisión especial para investigar los criterios y mecanismos que utiliza el gobierno para pautar en los medios de comunicación.

“La falta de reglas promueve decisiones arbitrarias y facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política”, dice el documento “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”, una serie de enunciados generales a partir de los cuales se invita a pensar modelos concretos de regulación de la pauta oficial enArgentina. El documento, elaborado por ADC con la colaboración de periodistas reconocidos y especialistas en derecho, ya fue discutido en talleres realizados en varias provincias argentinas, entre ellas Córdoba, Neuquen, Río Negro y la más austral, Tierra del Fuego, con la participación de cooperativas y asociaciones locales.

El documento subraya la “existencia de presiones a medios de comunicación y periodistas ejercidas mediante la asignación o el retiro de pauta publicitaria estatal” y califica ese mecanismo como “censura indirecta”, un asunto que es eje de debate en todo el mundo y en especial en América Latina. “Eso refleja una realidad en la que los métodos más frontales y directos de presión gubernamental –como el cierre de medios, los ataques físicos y asesinatos, o los procesos judiciales contra periodistas– han declinado en pos de mecanismos más sofisticados, más complejos ymenos visibles para silenciar las voces críticas”, subraya el texto.

Esas prácticas de “censura sutil” consisten, según detalla el documento, en asignar o retirar pautas publicitarias para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos y condicionar, de ese modo, el contenido de sus expresiones.

En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión“por medios indirectos”. También, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, establece que “la utilización del poder del Estado y los recursos dela hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Finalmente, laDeclaración de Chapultepec, adoptada en marzo de 1994 por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, estatuye que la “concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.

Álvarez Ugarte destacó, en diálogo con etcétera que “no hay un criterio claro” para el reparto de la pauta oficial, “ni siquiera hay un estudio de mercado” que avale una determinada distribución de esos fondos. “El desorden de planificación es la regla y no la excepción”, apuntó.

La arbitrariedad es la ley

Según la información entregada por la Secretaría de Medios de la nación, en 2007, el gobierno nacional orientó la mayor parte de su presupuesto publicitario al rubro gráfica, donde invirtió 36% del total gastado, seguido por TV, con 19%, y radio, con 17%.

Al mismo tiempo, la distribución de la pauta por rubro fue arbitraria y favoreció a los grandes medios en detrimento de los más pequeños, en casi todos los casos. Por ejemplo, según datos del mes de septiembre de 2007 a los que accedió etcétera, dentro del rubro gráfica, el diario Clarín, el de mayor circulación, recibió ese mes en concepto de publicidad oficial alrededor de dos millones 421 mil pesos, mientras La Nación, el segundo diario, concentró casi un millón 370 mil pesos. Página12, en cambio, un diario con menos lectores que La Nación, recibió una pauta mayor, que rondó sólo en septiembre de 2007 casi un millón 800 mil pesos. Los diarios más pequeños recibieron entre 200 mil y 500 mil pesos mensuales.

“Son criterios discriminatorios y de amiguismo”, denunció álvarez Ugarte al ser consultado sobre los motivos por los cuáles el gobierno decide invertir más en un rubro queen otro e, incluso, otorgarle más publicidad a un medio que a otro. En algunos casos, como el de la Editorial Perfil, que publica quincerevistas y un matutino de circulación nacional los fines de semana, el gobierno federal decidió retirarle la pauta oficial. “Lo que recibe cada medio no se relaciona con un parámetro objetivo”, describió el analista para sintetizar la “subjetividad” que impera a la hora del reparto.

En junio de 2006, la Editorial Perfil presentó un amparo para que el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner dejara de excluirla en el reparto de publicidad oficial y para que los periodistas de sus medios tuvieran acceso a información que, denunciaron, tienen aún vedada. Sin embargo, como en Argentina no existe una ley que regule la distribución de esos fondos,la justicia no puede decirle al gobierno en qué medios pautar. Desde entonces, periodistas argentinos reconocidos como Jorge Lanata, Nelson Castro, Pepe Eliaschev, Mónica Gutiérrez y Joaquín Morales Solá, entre otros, respaldaron la presen-tación judicial, avalada además por ADC. “Es en defensa de todos”, sin-tetizó Lanata, creador de dos diarios argentinos, Página12, del que se apartó años atrás y del flamante Crítica de la Argentina, lanzado al mercado en marzo pasado.

En el amparo, Perfil le pidió al Ejecutivo que cese “de modo inmediato con su política discriminatoria con relación a la exclusión ex profeso de la pauta publicitaria oficial a la Revista Noticias, a la Revista Fortuna y al Diario Perfil.”

Sin ahorrar críticas al gobierno, todos los periodistas que apoyaron la presentación de Editorial Perfil coincidieron en el reclamo “por el manejo arbitrario” de la pauta oficial y en la restricción para acceder a la información que padecen algunos periodistas. “Pareciera que vamos a una semidictadura”, graficó el filósofo Juan José Sebrelli, mientras el periodista de La Nación Héctor D’Amico consideró que lo que hace el gobierno al no darpublicidad es “domesticar a los medios”.

En ese marco, el director de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, denunció que “los gobiernos provinciales tienen los mismos vicios”, loque calificó de “más grave”, ya que en algunos lugares la publicidad oficial es de 75%. “No reclamamos dinero, es una cuestión principista”, dijo el editor al aclarar por qué decidió presentar el amparo.

Un caso que puede sentar jurisprudencia a favor de Perfil, según los juristas, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor del diario Río Negro, que denunció al gobierno de la provincia de Neuquén “por criterios discriminatorios” al pautar en los medios de comunicación. La Corte determinó que no se puede prohibir la publicidad oficial en los medios cuando difundan noticias contrarias a la política gubernamental, como lo hizo –según la denuncia– el ex gobernador neuquino Jorge Sobisch. Tras ese fallo, la justicia obligó al gobierno neuquino a distribuir la publicidad oficial “sin manipularla” y “sin usarla como un modo indirecto de afectar la libertad”.

Proyectos en suspenso

Actualmente, seis proyectos de ley de regulación de la publicidad oficial están vigentes en el Congreso Nacional, pendientes de avances en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde en las últimas semanas las labores se incrementaron porque elgobierno impulsa la creación de un Observatorio de Medios y una modificación de la Ley de Radiodifusión vigente en el país desde la dictadura (1976-1983).

La mayoría de los proyectos ingresaron al Parlamento entre 2006 y 2007, y coinciden en reclamar una distribución de la publicidad oficial “transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios, garantizando la libertad de prensa y el pluralismo informativo”. Los borradores proponen criterios para la asignación de la pauta basados en mediciones de circulación para los medios gráficos o de audiencia en el caso de la televisión, la radio e Internet; y algunos hasta sugieren que la contratación se realice por medio de licitación pública. Para asegurar la “transparencia”, los autores proponen la publicación en la Web y/o en el Boletín Oficial de presupuestos y contratos, así como un informe anual a las comisiones parlamentarias encargadas del futuro control.

Por ahora, según fuentes parlamentarias, los proyectos están postergados. Aunque los diputados de la comisión de Libertad de Expresión buscan aunar criterios que permitan un acuerdo, el oficialismo está ocupado en otro tema: presentar un proyecto de Ley de Radiodifusión en el Congreso que reemplace a la norma vigente, aprobada en 1980. Incluso el gobierno no parece interesado en el asunto,a pesar de que el 15 de abrilla Justicia pidió la declaración indagatoria del secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, sospechoso de haber distribuido publicidad oficial “en su propio beneficio”. Se le im-puta el delito de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, que el Código Penal castiga con penas de uno a seis años de prisión. El funcionario, sin embargo, aseguró que la denuncia en su contra está “totalmente ba-sada en falsedades”.

En ese marco, la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles fueron invitadas por la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para opinar sobre los proyectos que se están analizando. Ambas ONGs remarcaron la distorsión entre el presupuesto establecido y el gasto ejecutado, la falta de equilibrio en la asignación de publicidad en todos los medios, nacionales y provinciales, municipales y barriales, y la utilización de la pauta oficial con fines propagandísticos de los gobiernos deturnos, así como la ausencia de difusión de los gastos en publicidad de cada organismo del Estado.

“La problemática de la publicidad oficial vincula varias cuestiones que deben ser consideradas a la hora de legislar en la materia: el acceso a la información pública, la difusión de los actos de gobierno, el manejo transparente de los recursos públicos y la libertad de expresión”, precisó ante los diputados Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano. Según la especialista, el contenido de la publicidad oficial “debe serde interés público y no debe contener nombres propios ni estar firmada por funcionarios de turno”, tal como ocurrió –recordó– con la publicidad del ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, que llevaba la leyenda: “gestión Telerman”.

Por último, cabe destacar que –según funcionarios de la agenciaestatal Télam– lo que declara “invertido” o “gastado” el Estado no coincide necesariamente con el monto facturado por los medios de comunicación en concepto de publicidad oficial durante el año. Aparentemente, eso ocurre por-que hay avisos que finalmente no se emiten, por cuestiones de programación y que por lo tanto, el Estado no paga. Por otra parte, el Estado suele demorar bastante en pagar las publicidades acordadas, un mecanismo que recién se activa cuando el medio beneficiario de la pauta envía a Télam una certificación de que el aviso fue emitido o publicado.


Los días y los medios

Abril

24 Tras perder la concesión de la 1560 AM, Grupo Monitor logra un acuerdo con la estación La Nueva Pop –antes Radio Chapultepec– para transmitir sus contenidos por la 560 AM.

26 El suplemento cultural “Confabulario” de El Universal se publica por última vez.

29 Por contravenir la legislación electoral sin causa justificada al no transmitir los mensajes de los partidos políticos en tiempos oficiales, el IFE impone a TV Azteca una multa de aproximadamente cinco millones 200 mil pesos.

Presidencia lanza a través de su portal electrónico un canal de televisión en el que se transmite diariamente un noticiario a propósito de las actividades de Felipe Calderón. La emisión también se puede sintonizar en el canal Aprende TV.

Mayo

5 Carlos Slim entra en la batalla por el control del diario británico The Independent, al adquirir participación en la sociedad matriz del periódico.

El IFE abre un nuevo proceso contra TV Azteca por haber suspendido la transmisión de programas de cinco minutos a los que tiene derecho mensualmente cada partido político. Con éste ya suman tres los procedimientos de la autoridad contra la televisora del Ajusco por desacatos a la legislación en la materia. La televisora se niega a recibir las notificaciones correspondientes.

7 TV Azteca desacata el ordenamiento del IFE que instruía comenzar a transmitir los promocionales de 20 segundos de los partidos políticos.

8 Un juez de distrito concede a TV Azteca la suspensión provisional respecto de la multa de cinco millones 200 mil pesos que le fue impuesta; sin embargo, queda intacta la orden de reponer dichos tiempos.

12 El presidente Felipe Calderón pide a los medios que divulguen las acciones del gobierno en materia de seguridad y que no compartan la estrategia de los narcotraficantes de sembrar terror en la población.

13 TV Azteca comienza a transmitir los spots de los partidos políticos.

La Cofeco autoriza la compra de Cablemás a Televisa, con la condición de que ésta ofrezca sus contenidos a cualquier concesionario que lo solicite. No obstante lo anterior, Televisa ha negado su señal a MVS y Telecable Centro Occidente.

14 La Cofetel da a conocer los Lineamientos para la Transición a la Radio Digital Terrestre para las estaciones ubicadas en la frontera con EU.

15 Televisa interpone un amparo contra las recientes reformas al Cofipe que impiden a particulares contratar propaganda electoral, por considerarlas inconstitucionales.

16 Luego de un receso de dos años, la revista de fotografía Luna Córnea reaparece con una magna edición de 500 páginas.

21 En cumplimiento con lo dispuesto por la SCT, Telmex inicia la interconexión de GTM, filial de Telefónica México, que ofrece servicios de telefonía fija.

23 Estalla la huelga en Grupo Monitor ante la falta de acuerdo sobre el pago de las quincenas que adeuda José Gutiérrez Vivó a los trabajadores.


26 de junio de 2008

Otra victoria moral y jurídica de la lucha contra la Ley Televisa.

Javier Corral Jurado

Este día se ha conseguido una nueva victoria moral y jurídica frente al abuso que constituyó la Ley Televisa y la conformación amañada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, integrada en cuatro de sus cinco nombramientos por personeros del duopolio televisivo, declaró el presidente de la AMEDI, Javier Corral Jurado.

Sin embargo, acotó, la resolución de la SCJN que ampara a Rafael Del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous y les restituye su nombramiento como comisionados de la Cofetel, sólo resarce en parte el daño que se infringió a la autonomía e independencia de ese órgano regulador estratégico para las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país.

Expuso que “si el titular del Poder Ejecutivo Federal es consecuente con el postulado de hacer de nuestro país un Estado Democrático de Derecho, no puede seguir eludiendo los efectos de la sentencia contra la Ley Televisa publicada el 20 de agosto de 2007 y, conforme a ella, hacer la remoción de los nombramientos de Héctor Osuna Jaime y Ernesto Gil Elourdy, también polichinelas de las empresas televisoras en ese organismo desconcentrado.

“En la sesión del pleno de la SCJN se han ratificado los criterios de inconstitucionalidad de esos nombramientos, y el Presidente de la República no puede eludir esa discusión, debe dar cumplimiento cabal al mandato judicial, un supuesto distinto lo colocaría en una seria contradicción sobre el Estado de Derecho que se postula”.

Desde el año pasado hemos insistido en que éstos, y no otros, eran los efectos derivados de la inconstitucionalidad de la ley televisa, en particular de la invalidación del segundo párrafo del artículo 9-C, pero el Ejecutivo federal ha preferido condescender con las televisoras antes que recuperar para el gobierno un órgano que le pertenece al estado y no a los particulares, agregó.

Y subrayó que “Hoy no existe ninguna duda sobre la posibilidad que el Presidente tiene para en uso de sus facultades, remover a los comisionados que carecen de constitucionalidad en su nombramiento”.

Reiteramos que la sentencia publicada hace poco menos de un año, y lo resuelto el día de hoy, coinciden con el criterio de la SCJN que se expresa en la Jurisprudencia 32/2006 que indica que al declarar la invalidez de una norma general: “...deberán extender sus efectos a todas aquéllas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aún cuando no hayan sido impugnadas...” .

Por ello, el 22 de agosto de 2007, sostuvimos que, “los efectos de la declaratoria de invalidez constitucional se extienden hacia los actos que deriven directamente del artículo inválido, tal y como lo ha señalado la Corte en la jurisprudencia anteriormente citada y en el voto particular del Ministro Góngora, por lo que si se decretó la invalidez del artículo 9-C, la misma suerte siguen los nombramientos de los comisionados en funciones”, señaló Corral Jurado.

“Exigimos la remoción de todos, no sólo de los que hoy existe sentencia de amparo por parte de la SCJN”, remarcó.

Nos queda claro que, conforme la sentencia del día de hoy, lo actuado por los comisionados en funciones hasta la publicación de la Resolución en el DOF, sigue teniendo plena validez jurídica, dijo el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Informacion.

Comentó que por otra parte quedó en evidencia la penosa actuación que la Procuraduría General de la República tuvo en el juicio de garantías que promovieron Del Villar y Martínez Pous, y queda al descubierto con toda claridad los intereses a los que sirve Eduardo Medina Mora, quien se colocó abiertamente a favor de las empresas televisoras y promoviendo desde su representación actos en contra del legítimo interés de los quejosos.

Y lanzó el reto: “La pregunta es obligada, ¿Lo hizo con autorización del Presidente de la República?. Quizá los medios de comunicación puedan conseguir esa respuesta”.

“Lo que cierto es que se vuelve a imponer el valor civil y el sentido de responsabilidad de quienes optan por luchar y hacer uso de las vías judiciales en contra de los abusos y las complicidades del poder político y del poder económico en nuestro país”, concluyó.


Faltó consenso en Senado para Ley de Medios

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, afirmó que el Congreso de la Unión no se "echó para atrás" en la Ley de Medios que quedó pendiente el periodo extraordinario pasado.

En entrevista, afirmó que el motivo fue la falta de consenso entre los legisladores pero en el Senado.

Ayer, el presidente del Senado, Santiago Creel (PAN), reconoció que "fallaron" en la aprobación de esa disposición legal.

Al respecto, su compañero de partido dijo que se esperaron el viernes hasta las ocho de l a noche para intentar construir un acuerdo, el cual nunca llegó.

"Nosotros en la Cámara de Diputados estábamos atentos a ver si se construía ese acuerdo y no nos llegó. No es que el Congreso se haya echado para atrás, no hubo posibilidades de construir un acuerdo que juntara una mayoría", dijo.

Larios consideró que el PAN en el Senado está unido.

25 de junio de 2008

Decimoquinto aniversario de Canal 22

La televisión cultural no puede ser imitación velada de la comercial.

Carmen García Bermejo

La televisión cultural no puede ser imitación velada de la comercialA pesar de que un alto promedio de su programación está catalogado por los teóricos de la comunicación como "telebasura", la televisión comercial capta el 97 por ciento de la audiencia. Pero la televisión cultural no puede medirse con el criterio cuantitativo del rating, sino de su función educativa vinculada a las necesidades reales del tejido social.

La celebración de los XV años del Canal 22 ha resultado fructífera para el análisis de los medios electrónicos de comunicación debido a que especialistas de diferentes países han discutido el tema en el Encuentro Internacional de Cultura y Medios que durante el mes de junio se ha desarrollado en el Centro Nacional de las Artes. Cerca de 40 ponentes de América Latina y Europa han expuesto la función de los medios de servicio público en donde está enmarcada la televisión educativa y cultural que, en algunas naciones, es incipiente y, en otras, se enfrenta al reto de no ser desdibujada por el esquema de la televisión comercial.

El 23 de junio de 1993 surgió el Canal 22 a petición de la comunidad cultural, que entonces solicitó a Carlos Salinas de Gortari que no privatizara esta emisora, como lo hizo con Imevisión. Tres lustros después, justo hace dos días, el lunes 23 de junio de 2008, culminó el Encuentro Internacional con el que se festejaron los 15 primeros años de esta televisora. Aunque la magna fiesta del canal quinceañero será mañana con un gran banquete.

La iconocracia del mundo moderno

En tanto, con la conferencia magistral de Román Gubern -teórico de la comunicación, historiador de cine y catedrático emérito de comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona- y con la mesa de trabajo "Autorregulación y medios" se cerró esta reunión internacional de cultura y medios en donde la discusión se centró en el papel de la televisión publica frente al sistema del libre mercado.

En ese sentido, la exposición de Román Gubern es contundente al señalar que la cultura audiovisual contemporánea se ha bifurcado entre la tendencia centrípica; es decir, el reino de la música anglosajona, el cine de Hollywood y el poder mediático; y la tendencia centrífuga; es decir, la diversificación: las televisoras locales, el videoarte, la Internet y todos los sistemas alternativos que fragmentan el monolitismo y la homogeneidad.

Sin embargo, el también autor de Patologías de la imagen y Medios iconos de masas asegura que la globalización ha producido una confusión de lo lejano y lo cercano. Todo parece cercano, aunque sea lejano. Ésa es la lógica de la ficción globalizadora que obedece a razones mercantiles. Esto es, a cadenas de mercado donde se diseminan estilos de vida, valores, conceptos, etcétera. En resumen, el corolario de la globalización es la aparición de nuevos fenómenos llamados localización; es decir, la producción global de lo local. La reproducción local de los esquemas, modelos, arquetipos, de la globalidad dominante.

Gubern se pregunta: "¿Cuál es la réplica ante este fenómeno mediático universal? A mi juicio es la verdadera cultura intersticial, aquella que ocupa los intersticios que los grandes intereses financieros y políticos dejan de lado, descuidados, porque no son rentables, porque no interesan. La cultura intersticial es aquella que ocupa los espacios de la cultura global dominante. Ahí abandonamos los conceptos clásicos, el star system, el glamour, el lucro... En esa nueva batalla por la cultura de masas, las radios y las televisoras públicas deben atender las necesidades reales del tejido social local. En ese sentido, la televisión educativa está en un frente de batalla por la civilidad, en construir redes de sustentación comunicativa que sirvan para fortalecer una sociedad más justa".

El también autor de Un cine para el cadalso / 40 años de censura cinematográfica en España agrega que hoy en día el espectador consume lo que le han enseñado a engullir previamente, lo cual provoca que las audiencias se hagan adictas a determinados formatos televisivos: "Con este mecanismo, la televisión construye la iconocracia del mundo moderno; es decir, la hegemonía de representaciones visuales en el imaginario social. Antes de esta iconocracia hemos tenido la fonogenia, la era de la radio que produjo vocalistas como Frank Sinatra; la fotogenia producida por el cine y la telegenia de la televisión, la cual es la base de la telecracia que se extiende a diferentes ámbitos que antes no eran estelares como, por ejemplo, el deporte, la política, las revistas del corazón... los cuales genera sujetos carismáticos que han servido para legitimar a caudillos y tiranos como Francisco Franco, en España. Caudillismo que se basa a nivel local, estatal o nivel hasta en el rock."

Pero Gubern asegura que en este esquema se produce un nuevo formato televisivo llamado reality show que conduce a la telerrealidad con el programa Big Brother. Esto genera un nuevo star system no basado en la medio- cracia, como el cantante, el deportista o el político, sino en la intromisión de lo vulgar: "Big Brother -asevera- ha prostituido algo que nos emocionó hace 30 años cuando vimos las películas de Antonioni y descubrimos la belleza poética de los tiempos muertos. Pero llegó el Big Brother y nos saturan esos tiempos muertos con telebasura."

El teórico de la comunicación observa que estos ejemplos sirven para recordar que las industrias culturales también son industrias emocionales. Sobre todo cuando el darwinismo y la biología evolutiva han demostrado que las emociones gratificadoras son efímeras y las emociones negativas son duraderas: "Es aquí -indica- donde aparece la conexión con los medios masivos de comunicación, mismos que se convierten en diseminadores de placer, en industrias emocionales. Es- to es, los medios como diseminadores de placer."

Mediación de la inteligencia

En el Encuentro Internacional de Cultura y Medios uno de los temas a discutir fue el de los "Nuevos formatos televisivos". Tom Koch, director del área internacional de la WGBH, una de las televisoras públicas más importantes de Estados Unidos, explica que hasta muy tarde la compañía para la que trabaja se convirtió en una mina de oro de formatos televisivos, ya que durante muchos años produjeron programas que, de pronto, se volvieron formatos para todos los demás.

Koch advierte que en la actualidad se puede pensar en cualquier cantidad de formatos televisivos prefabricados, como los presentados por programas como American Ido, Quién quiere ser millonario o Big Brother. Lo interesante es que esos formatos de reality shows, de concurso u otros se prestan muy bien para ser formateados, repetidos y vendidos una y otra vez en el mundo entero al estilo mexicano, europeo, canadiense o francés. Son piezas intercambiables.

Sin embargo, el también productor estadounidense se pregunta: "¿Estos formatos tienen algún contenido? No lo sé. Es verdad que tienen grandes audiencias, pero no sé dónde reside el contenido, sobre todo con sentido social. Yo trabajo en una televisora de servicio público, no en una televisión comercial; es decir, no buscamos el rating, aunque me gusta tener audiencia, propiciar la conversación, no esas charlas de a ver si tal o cual va a ganar el concurso de canciones, sino que estamos en medio de la discusión política y cultural, de la discusión acerca de lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo. Ahí es donde estamos. Sin darnos cuenta quizás hemos creado diversos formatos diversos. Pero, ahora, hemos optado por una programación más grande, más profunda, seria y amplia. Por eso nuestros programas dedican más valor de producción a la investigación de un tema en específico que a agradar a la audiencia para conquistar su atención."

Koch asegura que el interés de la WGBH es profundizar hasta encontrar la esencia del tema que pretenden comprender: "Queremos ir detrás de los encabezados de los periódicos -precisa- para ver lo que sucede en realidad. Curiosamente ya somos la única televisora pública que le apuesta a esto. La BBC de Londres ha abandonado esta tarea y los australianos desistieron, al igual que los canadienses. Considero que las condiciones sociales dan para eso y más. Este trabajo nos está llamando a gritos a los medios públicos. Nosotros podemos ser la voz de la conciencia, ser quienes aporten el formato auténtico del periodismo, de los nuevos documentales y los grandes programas."

Las experiencias de otros países también se expusieron en este Encuentro organizado por el Canal 22 al tratar el tema "Televisión pública en México y en el mundo". En este contexto, el brasileño Jorge da Cunha -presidente del Consejo Ejecutivo de TV Cultura- asegura que un pueblo sin cultura no puede ser un pueblo educado. En su país la televisión cultural fue creada hace 40 años, en plena dictadura militar, pero como una fundación de derecho privado a la que el gobierno se comprometió a aportar los recursos, pero no a dictar los contenidos. Para eso consolidaron un consejo representativo de la sociedad que, a su vez, elige a un presidente ejecutivo del canal. Así, esta TV Cultura de Brasil es un medio capitalizado y dirigido por y para la sociedad.

Da Cunha considera que la misión de la televisión pública es la formación crítica del telespectador a partir de la cultura, la educación, la información y los libros. Esto es, el hombre formado es exactamente, como lo dice el Popol Vuh, el ciudadano crítico, el cual va a definir el futuro de la TV pública: "Por lo general -añade- se cree que la naturaleza de la televisión pública es el entretenimiento y el espectáculo. Pero de esos programas está colmada la televisión comercial porque son eventos y mensajes que van directamente a las entrañas; es decir, no pasa por la mediación de la inteligencia. La televisión pública no puede conformarse con ser entretenida. Debemos apostarle a que todo lo que hagamos en este medio público debe pasar por la inteligencia del hombre para que la sociedad pueda elaborar su conciencia crítica. A partir de este principio, la TV pública podrá surgir como una alternativa a la comunicación del libre mercado, de hacer una comunicación de ciudadanía."

El también cofundador de la Red de Televisiones de Lengua Portuguesa subraya que la televisión pública tiene el gran desafío de servir de instrumento para la reconducción de "un mundo triste" que ha manejado el progreso basado en la destrucción de la naturaleza y en la indiferencia de la mente humana: "Esta es una fiesta de la responsabilidad -afirma-. La televisión cultural no puede ser la imitación velada de la televisión comercial. Tenemos que con- tar con nuestro propio carácter de televisión pública y republicana. Para esto hay dos caminos: crear consejos representativos de la sociedad y dar el 40 por ciento de la producción a los productores independientes de toda la nación. Hoy en día sólo existe una participación de mercado en las televisiones comerciales, pero no una interactividad entre los medios públicos con las nuevas tecnologías."

Estupidizar al ser humano

Uno de las televisoras culturales más jóvenes de América Latina es Canal Encuentro de Argentina, un país que -a pesar de la tradición que ha tenido en educación- no contaba con un medio de comunicación de esta naturaleza hasta hace apenas dos años. Tristán Bauer, director de esta emisora, comenta que el Canal Encuentro irrumpe en un sistema que proviene de una historia muy trágica. Por un lado, de una de las dictaduras militares más feroces que vivió Latinoamérica, donde se utilizó la televisión y los otros medios de comunicación para implantar esa cultura del terror y del miedo. Después llegaron los gobiernos neoliberales que llevaron al país a una crisis económica que explota en 2001.

El también cineasta comenta que durante ese periodo se implementó el sistema del libre mercado. Los directivos a cargo de la televisión comercial usaron entonces el espectro radioeléctrico que pertenece a todos los argentinos para poder implementar ese modelo neoliberal dentro de la cultura de la sociedad: "Señales utilizadas fundamentalmente, como sigue ocurriendo hoy en la televisión comercial de mi país, para estupidizar al ser humano y transformarlo no en un ciudadano, sino en un consumidor."

Bauer agrega que, paralelamente, el gobierno pauperizó a las televisoras públicas. Esto es, aunque nunca consiguió privatizar el Canal 7 de Argentina, su funcionamiento se mermó al recortarle su presupuesto e intervenir en la vida sindical. Aunado a ello, su programación se puso al servicio de la cultura del libre mercado. Acciones con las cuales quedó absolutamente desmantelado, al igual que las televisoras públicas de provincia y las regionales: "Éste es el marco -apunta- en que aparece una nueva reflexión sobre la función de los medios públicos en Argentina. Hoy estamos viviendo un momento apasionante. Por primera vez discutimos una nueva ley de radiodifusión porque la legislación vigente es una herencia de la dictadura militar."

Pero Bauer también describe el desafío al que se enfrentan para consolidar una nueva ley. Sobre todo porque los medios de comunicación privados están en manos monopólicas, como el Grupo Clarín, cuyo dueño también lo es del periódico de mayor tiraje en Argentina, del canal comercial de televisión abierta con el rating más alto y del 80 por ciento de la red de televisión por cable que cubre todo el país: "Quienes hacemos televisión pública en América Latina -afirma- tenemos la responsabilidad de conducir este medio a un verdadero instrumento de transformación social, un arma cultural con una potencia extraordinaria. La televisión comercial es una televisión perfectamente construida para cumplir con el cometido de transformar al ciudadano en un consumidor. Frente a eso la respuesta tiene que estar en la televisión pública."

La presión de la publicidad

Otro caso, aunque distinto, no muy lejano a lo que sucede en las televisiones públicas de América Latina es el del Canal Arte de Francia. En la mayoría de los países europeos, la televisión surgió como medio de servicio público. Es decir, la televisión comercial no fue la que se apropió del espectro radioeléctrico sino los medios públicos. Por ejemplo, de 1945 a 1985 en Francia sólo existían televisiones públicas, no había TV privada. Fue hasta 1985 cuando apareció Canal Plus. Sin embargo eso provocó que, en 1986, el gobierno privatizara un canal de televisión pública: el TF1 que es, ahora, el medio dominante de la televisión francesa como canal comercial. A partir de ahí la televisión comercial deglute, poco a poco, a la televisión de servicio público.

Ahora la TV comercial cautiva al 40 por ciento de la audiencia y la TV pública -conformada por Televisión Francesa (con sus cinco canales) y Canal Arte- obtiene el 37 por ciento de los espectadores. Esto parecería equilibrado. No obstante, Andrè de Margerie, director del departamento internacional de Canal Arte de Francia, plantea una situación distinta: comenta que su cadena surgió de una doble necesidad, la de luchar contra la desaparición progresiva de los programas culturales en los canales con mayor audiencia y la necesidad de mantener vivos a los medios públicos.

De Margerie explica que, en su país, la televisión pública está financiada con los impuestos de los ciudadanos y también con ingresos de publicidad. Pero ahora lo que sucede es que, bajo la presión de la publicidad, los programas culturales se transmiten cada vez más noche con la tendencia a desaparecer: "En ese sentido -continúa- el gobierno decidió, entre 1988 y 1990, establecer un espacio que no se rigiera bajo la presión publicitaria. Así surgió Canal Arte. La segunda decisión fue que, con el surgimiento de la Unión Europea, se hizo un convenio de producción entre franceses y alemanes para producir una televisión común. Ambos países aportaron 350 millones de euros por año en partes iguales (mitad y mitad). Esto nos dio vitalidad y nos sacudió las presiones publicitarias."

Pero De Margerie precisa que hace un mes Nicolas Sarkosy -presidente de Francia- decidió que el ingreso por publicidad sería retirado de la televisión pública. Esto significa que los medios no comerciales dejarán de recibir un tercio de su presupuesto: "Si de un año para otro se retiran esos ingresos -asevera- no sé lo que va a suceder con los medios públicos. Estaremos realmente ahorcados porque son 800 millones de euros los que dejaremos de percibir. El presidente no va a incrementar el presupuesto audiovisual con el que se sostienen los medios públicos. Así es que entramos a un periodo muy peligroso porque no conocemos bien si hay un plan detrás de esta decisión, y si es que los siete canales públicos van a ser reducidos o si alguna salida puede encontrarse para compensar el recorte."


Cofetel ¿de capturada a liberada?

Marco A. Mares

El presidente Felipe Calderón tiene a partir de ayer la enorme oportunidad de reestructurar la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y retomar los hilos del principal órgano regulador del mercado de las telecomunicaciones. Y con esta oportunidad podría comenzar a enfrentar los poderosos intereses en la industria e intentar aplicar criterios asimétricos que permitan una mayor competencia.

Parece que ahora sí el jefe del Ejecutivo podría comenzar a enfrentar el poder de los monopolios, que venía siendo una asignatura pendiente.

De ese tamaño es la importancia del amparo que concedió la Corte a los comisionados rechazados por el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón legal a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous y derrotaron a los terceros perjudicados, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.

Si no ocurre algo extraordinario, Del Villar y Martínez Pous se integrarán en calidad de comisionados a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Es decir, el presidente Felipe Calderón tendrá la posibilidad de reconstituir el máximo órgano de regulación de las telecomunicaciones en México, con dos de los más controvertidos e impugnados funcionarios del gobierno mexicano, por una buena parte de la industria.

Su prestigio personal y perfil antimonopolios, los ha convertido en blanco de ataques constantes. Del Villar y Martínez Pous son los malqueridos en el negocio de las telecomunicaciones, porque son vistos como un potencial peligro para los intereses de los poderosos operadores de la industria. Como se los adelanté en este espacio, Del Villar y Martínez Pous tenían todo para ganar el amparo y ser restituidos en la Cofetel.

Aunque el interés primordial de ambos era el de limpiar sus nombres respecto al injusto y absurdo rechazo de sus designaciones por parte del Senado de la República, lo cierto es que en ambos casos lo más probable es que acepten integrarse a la Cofetel. La Corte resolvió que el Presidente de la República tendrá que notificar a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous y éstos podrán aceptar o rechazar los cargos de comisionados en la Cofetel.

La Corte cuidó todos los flancos. A los comisionados amparados les concede la posibilidad de tomar posesión y terminar los periodos para los que habían sido designados en el órgano regulador, pero no les da derecho a salarios caídos.

A los comisionados en funciones —hasta ahora—Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca les respeta las decisiones que han tomado hasta ahora, salvo aquellas que pudieran incurrir en alguna irregularidad; y dejarán sus cargos en el momento en que tomen posesión los promovientes del amparo. La revisión del amparo desde que se promovió hasta que se resolvió tardó alrededor de dos años. En consecuencia, a Del Villar y Martínez Pous les quedarían entre 4 y 3 años para completar el periodo por el que fueron designados originalmente en la Cofetel.

De lo que no hay duda es que viene una nueva etapa en la Cofetel, que fue considerada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, capturada por las empresas reguladas. O sea que, bajo la perspectiva del funcionario federal, podría esperarse el principio de la liberación del órgano regulador de las telecomunicaciones en México. ¡A ver!


Creel: lamentable que no pasaran reformas a ley de medios

Notimex / La Jornada On Line

México, DF. El presidente del Senado de la República, Santiago Creel Miranda, informó que los cambios a la llamada Ley de Medios serán aprobados en septiembre, para que la reforma electoral pueda ser aplicada en los comicios federales de 2009.

"Existe la obligación constitucional de poner al día las legislaciones vinculadas con la reforma electoral, para cumplir con la Carta Magna y estar listos para la elección del 2009", subrayó en entrevista.

El ex secretario de Gobernación afirmó que el Congreso falló al no aprobar en el pasado periodo extraordinario de sesiones las reformas a la Ley de Medios, "lo cual es lamentable".

Creel Miranda negó que el aplazamiento de las reformas a la ley de medios se haya debido a la imposición de los medios electrónicos, las cuales "presionan a quienes se dejan presionar, pero en mi no encontrarán eco".

Adelantó que de manera personal apoya la iniciativa que presentó el senador del PAN Ricardo García Cervantes para quitar la concesión a las televisoras que violen lo que marquen los cambios a la Ley de Medios o la reforma electoral.

Rechazó que dentro de la bancada del PAN exista división por la Ley de Medios, y adelantó que impulsará entre sus compañeros de fracción la propuesta de García Cervantes.

A su vez, el líder de los senadores del PAN, Gustavo Madero, indicó que se comprometieron a que las reformas a la Ley de Radio y Televisión serán aprobadas en las primeras semanas de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

Ello se hará en tiempo y forma, para cumplir con lo que marca la reforma electoral y que los cambios puedan ser aplicados en el proceso electoral de 2009, subrayó.

Habrá reforma a la ley de radio y tv

En septiembre será aprobada la reforma a la Ley de Radio y Televisión, informó Gustavo Enrique Madero, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

Rechazó, como lo hizo desde un principio, que poderes fácticos hayan influido para trabar la reforma en el pasado periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Además, explicó, aún cuando sea hasta septiembre (empieza periodo ordinario de sesiones) cuando se apruebe la reforma, no habrá ningún impedimento para que aplique en las elecciones del año siguiente.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, precisó, cualquier cambio a leyes electorales debe darse tres meses antes de que empiece el llamado año electoral, por lo que tendría que hacerse a más tardar el 28 de junio.

Sin embargo, en este caso, argumentó, la Ley de Radio y Televisión no es una ley electoral.

Por ello, los cambios que se aprueben en septiembre, para sancionar a los concesionarios que infrinjan las nuevas reglas sobre la difusión de la propaganda partidista, aplicarán en las elecciones del 2009, insistió.

24 de junio de 2008

No los dejaron

Javier Corral Jurado

Se presumió como la reforma de la década, se dijo que la noche de su aprobación era histórica. Nacía el nuevo valor de los representantes populares frente al poder fáctico de las televisoras. A Manlio Fabio Beltrones se le llenaba la boca de valor civil: “Nos hemos quitado la pistola de la sien”. La reforma electoral era “un acto de liberación política”. Así se interpretaba su significado. Así lo reconocíamos varios.

Absolutamente recordable la lección de valor de los senadores al acto intimidatorio de los concesionarios y sus operadores informativos. Magistrales, las intervenciones de Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez Álvarez en esa “audiencia”.

El principal asunto de esa reforma, prohibir la contratación comercial de propaganda electoral en radio y tv, abría una perspectiva histórica para la garantía del derecho a la información. Ventana de esperanza en la idea de que una reforma del Estado atravesara realmente el sistema comunicacional del país.

Así, la reforma electoral debía ser completada con una nueva ley de medios si en realidad se quería emparejar el terreno de la competencia electoral. De lo contrario, al mantenerse intactos el modelo duopólico de la tv y la ley de 1960, se dejaría intacto el manejo de conveniencia política con que actúan las dos empresas que acaparan 95% de los canales comerciales, al decidir quién aparece o muere en la pantalla, quién existe o no en las contiendas electorales.

Inició el trabajo, se formó el grupo plural, se convocó una nueva consulta, se presentaron cientos de propuestas y los legisladores presentaron una docena de iniciativas. Abierta como nunca la posibilidad, empujada por la sentencia de la SCJN contra la ley Televisa, se anunciaron propósitos y temas: reglas de competencia, límites a la concentración, reforzamiento del sistema de medios públicos, refrendos por licitación, otorgamiento claro de concesiones, derecho de réplica.

Las televisoras no los dejaron hacer nada. Ni siquiera ajustar las reformas electorales a la legislación de radio y tv para que al menos la sanción de la revocación de sus concesiones los hiciera cumplir con la Constitución. Se fueron el valor y el compromiso; permanecen el cálculo y la indefinición. Durante ese proceso fársico, quien dijo haberse quitado la pistola de la sien negoció con los concesionarios la no reforma de los medios; les devolvió los cartuchos hasta entregarles la misma pistola la semana pasada. No importa que le agujeren su candidatura dentro de dos años, si así conviene a los intereses económicos. De mercaderes, ingenuos y temerosos está hecho el poder de la tv.

Profesor de la FCPyS de la UNAM


23 de junio de 2008

Ángulos de la democracia participativa

José A. Crespo

A raíz de la propuesta de los obradoristas de someter a consulta la reforma petrolera de Felipe Calderón, se ha suscitado un sano debate sobre la importancia, la conveniencia y los límites de la democracia participativa, aquella que contrasta con —o complementa— a la representativa. La introducción del plebiscito, el referéndum y la consulta popular, entre otras figuras de democracia directa, prácticamente existe en todas las democracias avanzadas y en muchos países que aspiran a eso. También han sido mal utilizadas, para manipular y legitimar decisiones cupulares, en naciones menos democráticas. Es un debate que debiera darse de manera separada al correspondiente a la reforma petrolera, para no contaminarlo, pues, por ejemplo, quienes están a favor de esa reforma, como claramente es el PAN, ven hoy vicios a la democracia participativa que no vieron durante décadas, cuando la promovían. La acusan ahora de ser “una vacilada” (igual que los priistas, cuando la proponían los panistas). Muchos empresarios que plantearon un “referéndum por la libertad” (es decir, en contra de la reforma electoral), organizado por el IFE “ciudadano” (es decir, el que nombraron exclusivamente Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón), ahora señalan que este mecanismo “es una táctica para abortar los cambios que requiere Pemex”. De la misma manera, el PRD no quiso someter a consulta abierta la despenalización del aborto. Es decir, como siempre, todo según la conveniencia inmediata de los actores políticos.

1) La democracia participativa permite a los ciudadanos intervenir o influir en decisiones que atañen a su respectivo interés, por lo que se asume que optará por lo más racional (al menos subjetivamente, que no siempre lo es objetivamente). Y es que, en la democracia representativa, los legisladores electos constituyen un minúsculo grupo con respecto al cuerpo electoral (los diputados representan, cada uno, a 82 mil electores activos en promedio). Además, existe el elevado riesgo de que dichos representantes tomen decisiones a partir de sus intereses particulares, frecuentemente distintos de los de sus representados. Ese riesgo es inherente a toda representación política, como lo explica la famosa “ley de hierro de la oligarquía”.

2) La democracia representativa es, en realidad, una oligarquía electiva con algunos mecanismos de rendición de cuentas, lo que permite rescatar varios elementos de la democracia primigenia (y eso, cuando los votos se cuentan bien). Sin embargo, es la única forma posible de democracia en sociedades de masas, pues la democracia directa es sólo factible de manera cabal en organizaciones pequeñas y simples. Lo cual en parte es subsanado al permitir que, en ciertos temas considerados trascendentales, la ciudadanía decida o, al menos, se exprese.

3) Pero en México la democracia representativa funciona a la mitad: sólo va de ida (al elegir a los legisladores), pero no de vuelta (pues con la no reelección evaden rendir cuentas a sus electores). Por ello, una propuesta razonable, como la de Enrique Krauze, de realizar la consulta mediante una comunicación de los ciudadanos a sus legisladores, no lograría aquí sus propósitos. La carrera política de diputados y senadores no depende del voto ciudadano, sino de su cúpula partidista. Cuando hay contradicción entre la línea del partido y la voluntad del elector, ¿por dónde se irá el legislador? Es evidente.

4) Se dice, para argüir contra la consulta, que los electores ya decidieron en las urnas la política petrolera que querían, pues al votar por tal o cual partido respaldaron sus programas sobre diversos temas, entre ellos el energético. Pero eso es más teoría que realidad. Los electores votan a favor de un partido o candidato por diversas posibles razones, entre las cuales puede no estar en absoluto lo que ese partido proponía en tal o cual tema. La plataforma petrolera difícilmente fue analizada por los electores y no siempre aparece detalladamente en los programas partidarios. Además, partidos y candidatos, una vez electos, suelen cambiar sus propuestas de campaña en mayor o menor medida. Aparte, se puede estar de acuerdo con una promesa de campaña, mas no con la forma en que ésta se concreta desde el poder. Por eso resulta tan difícil, si no es que imposible, descifrar el “mandato de las urnas”.

5) Sin embargo, no sólo el tamaño demográfico de las sociedades modernas obstruye el ejercicio de la democracia directa, sino también el conocimiento especializado. Hay decisiones técnicas y sofisticadas que el ciudadano promedio no puede comprender en poco tiempo. No se trata de decir que el “pueblo es ignorante”, sino de reconocer que los especialistas dominan ciertos temas en una medida más profunda que el resto de sus conciudadanos. Y eso no es un insulto. Un médico prominente no tendría por qué sentirse ignorante o tonto si no sabe nada de construcción y encarga hacer su casa a un arquitecto (así como el arquitecto prefiere ponerse en manos de un cirujano para una operación).

6) Pese a ello, en las democracias avanzadas eso no se ve como un obstáculo insuperable para someter a la decisión ciudadana diversos temas de trascendencia nacional y que a veces implican un conocimiento sofisticado, pero que son, sobre todo, una decisión política. En todo caso, una mera consulta resulta menos arriesgada al no tener efectos vinculantes y permite conocer el punto de vista de los ciudadanos, con más precisión que las habituales encuestas. La consulta ciudadana ya está planteada en el artículo 26 constitucional. Falta regular con precisión y cuidado el referendo y el plebiscito. Pero no hubiera estado nada mal que el Ejecutivo federal utilizara su facultad constitucional para preguntar a los ciudadanos cómo ven su propuesta. Un poco de democracia directa podría compensar los graves problemas que tenemos en nuestra democracia semirrepresentativa.

19 de junio de 2008

Un largo proceso

John L. Thornton

John L. Thornton es profesor de la Escuela de Economía y Administración y de la Escuela de Políticas Públicas y Administración, así como director del programa de Liderazgo Global de la Universidad de Tsinghua, en Beijing. Asimismo, es el presidente del Consejo de la Brookings Institution.

Durante casi un siglo, los dirigentes chinos han mantenido la promesa a su pueblo de que alguna forma de democracia llegará a ese país. Tras el colapso de la última dinastía china, la Qing, en 1911, Sun Yat-sen propuso la instauración temporal de un régimen militar que gobernara por un período de tres años, seguido por una fase de "tutela política" de seis años que orientara la transición de China hacia una república constitucional plena. En 1940, Mao Zedong ofreció a sus seguidores algo que llamó una "nueva democracia" en la que el liderazgo del Partido Comunista garantizaría la "dictadura democrática" de los grupos revolucionarios sobre los enemigos de clase. Por su parte, Deng Xiaoping, encargado de sacar al país de la anarquía de la Revolución Cultural, afirmó que la democracia era una "condición fundamental para emancipar la mente".

Cuando Sun, Mao y Deng emplearon el término "democracia", cada uno tenía en mente una idea muy diferente. La definición de Sun -- que visualizaba un gobierno constitucional con sufragio universal, elecciones libres y separación de poderes -- se acercaba más a una noción reconocible en Occidente. En los hechos, Mao y Deng demostraron que, a pesar de sus palabras, estos conceptos tenían muy poca importancia para ellos. No obstante, los tres coincidían en que la democracia no era un fin en sí mismo, sino un mecanismo para conseguir el verdadero propósito de China: convertirse en un país al que no pudieran acosar nunca más las potencias externas.

La democracia terminó por fracasar con los tres líderes. En 1925, cuando falleció Sun, el caudillismo y la desunión aún dominaban varias regiones de China. En su época, Mao mostró menos interés en la democracia que en la lucha de clases, en los movimientos de masas, en la revolución continua y en mantener a sus oponentes al margen. Por su parte, Deng demostró en numerosas ocasiones -- y de manera por demás dramática cuando reprimió las protestas de Tiananmen, en 1989 -- que no permitiría que los movimientos democráticos populares tomaran por asalto el liderazgo del partido o alteraran su plan para el desarrollo nacional.

Hoy, desde luego, China no es una democracia. El Partido Comunista de China (PCCh) tiene el monopolio del poder político, y el país carece de libertad de expresión, de un poder judicial independiente y de otras características fundamentales de un sistema liberal y plural. Muchos dentro y fuera de China siguen siendo escépticos sobre el futuro de la reforma política. Aun así, están pasando muchas cosas -- en el gobierno, en el PCCh, en la economía y en la sociedad en general -- que podrían cambiar la manera en que los chinos piensan en la democracia y conformar el futuro político de China.

Los dirigentes chinos han comenzado a hablar de nuevo de democracia, tanto en público como en privado, y esta vez con mayor frecuencia y precisión Este artículo se basa en conversaciones sostenidas durante los últimos 14 meses con un amplio y diverso grupo de ciudadanos chinos, incluyendo miembros del Comité Central del PCCh (el grupo de los 370 líderes más importantes de China), funcionarios de alto rango, académicos, jueces, abogados, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales. El presidente Hu Jintao ha llamado a la democracia "el objetivo común de la humanidad". En 2006, durante su visita a Estados Unidos, Hu hizo una digresión en cada oportunidad que tuvo para hablar del tema de la democracia. Asimismo, el primer ministro Wen Jiabao, cuando se dirigió, en 2007, a la Asamblea Popular Nacional, dedicó a los asuntos de la democracia y del Estado de derecho más del doble de la atención de la que les había prestado en cualquier discurso previo. "Desarrollar la democracia y mejorar el sistema legal son requisitos básicos del sistema socialista", declaró Wen.

Tal como sucedió con los dirigentes anteriores, lo que la generación actual tiene en mente difiere de la definición que se usa en Occidente. Los funcionarios de alto rango insisten en que se debe preservar el liderazgo del PCCh. Aunque sí ven la necesidad de llevar a cabo elecciones, particularmente en el ámbito local, consideran que una forma de política "deliberativa", que permita a los individuos y a los grupos incluir sus puntos de vista en el proceso de toma de decisiones, es más apropiada para China que la competencia abierta y multipartidista por el poder nacional. Con frecuencia mencionan la meritocracia, que incluye el uso de exámenes con el fin de poner a prueba la competencia de los funcionarios para desempeñar un cargo público, lo cual refleja la vieja creencia china de que el gobierno debe estar conformado por los ciudadanos más talentosos. Los dirigentes chinos no aprueban del todo la libertad de acción que dan los derechos de expresión, de prensa o de reunión que se da por sentada en Occidente. Dicen que apoyan la expansión ordenada de estos derechos, pero se enfocan más en el grupo y en la armonía social, es decir, en lo que ellos consideran como el bien común.

Por debajo del estrato superior del liderazgo chino (cuyos miembros, por lo general, hablan a partir de un guión común), los funcionarios chinos difieren con respecto a si la "democracia dirigida" es la meta hacia donde se dirige la evolución política actual de China o si se trata sólo de una estación de paso hacia un modelo liberal democrático más estándar. En este sentido, Asia oriental ofrece diversas posibilidades: la dominación durante décadas de la política japonesa a cargo del Partido Democrático Liberal, la prosperidad con una libertad de prensa limitada de Singapur y el despreocupado sistema multipartidista de Corea del Sur. Hay quienes especulan que China podría seguir alguna de estas rutas, o bien, trazar su propio camino.

A finales de 2006, en una reunión con una delegación de la Brookings Institution de la que yo formaba parte, se le preguntó al primer ministro Wen qué entendían él y otros líderes chinos por la palabra "democracia", qué forma de democracia podía arraigarse en China y en qué lapso. "Cuando hablamos de democracia, generalmente nos referimos a tres componentes clave: elecciones, independencia judicial y supervisión basada en pesos y contrapesos", respondió Wen. Con respecto al primero, podía prever la expansión gradual de las elecciones directas e indirectas de las aldeas a los pueblos, a los condados e, incluso, a las provincias. Sin embargo, no mencionó avances más allá de esto. En cuanto al sistema judicial chino, plagado por la corrupción, Wen insistió en la necesidad de reformarlo para garantizar la "dignidad, la justicia y la independencia" del Poder Judicial. Finalmente, explicó que la "supervisión" -- un término chino que busca garantizar una vigilancia efectiva -- era necesaria para frenar los abusos del poder oficial. Subrayó la necesidad de tener un sistema de pesos y contrapesos dentro del PCCh y de contar con una mayor rendición de cuentas sobre las actividades oficiales de cara al público. Asimismo, manifestó que los medios de comunicación y los casi 200 millones de usuarios de Internet en China también deberían participar, "como se considerara apropiado", en la supervisión del trabajo del gobierno. Finalmente, concluyó: "Tenemos que avanzar hacia la democracia. Tenemos muchos problemas, pero sabemos muy bien en qué dirección vamos".

LIBRES PARA ELEGIR

En vista de la brecha que existe entre las aspiraciones democráticas profesadas por líderes como Hu y Wen y el escepticismo que suscitan sus discursos en Occidente, es necesario comprender mejor en qué punto está exactamente el proceso de democratización de China hoy. Los ciudadanos chinos no tienen el derecho de elegir a sus dirigentes nacionales, pero, por más de una década, los campesinos a lo largo y ancho del país han celebrado votaciones para elegir a los jefes de las aldeas. ¿Qué sucede, entonces, en el vasto espacio que hay entre el campo y Zhongnanhai, la sede central de la dirigencia del PCCh en Beijing? Podrían extraerse algunas respuestas si se examinan los tres pilares de la definición de Wen: elecciones, independencia judicial y supervisión.

La constitución china establece una combinación de votación directa e indirecta para elegir a los líderes gubernamentales. En la práctica, sólo tienen lugar elecciones populares competidas en las 700 000 aldeas del país. Con más de 700 millones de campesinos viviendo en estas aldeas, éste no es un fenómeno insignificante, pero, si se analizan los pormenores, aparece una historia compleja y, en ocasiones, contradictoria.

La intención original detrás de las elecciones en las aldeas, que comenzaron a principios de la década de los ochenta, era promover a líderes locales competentes que impulsaran el crecimiento de la economía rural y pusieran en marcha las prioridades nacionales, como la política de un solo hijo. Con el abandono de la colectivización al final de la Revolución Cultural, se generó un vacío de poder en el campo. Según la mayoría de las versiones, las primeras elecciones gozaron del apoyo activo del gobierno central y, por lo general, fueron limpias. Pero, a principios de los años noventa, las autoridades se sorprendieron al constatar que sólo 40% de los dirigentes locales elegidos eran miembros del PCCh. Posteriormente, Beijing giró instrucciones a los funcionarios locales para asegurarse de que el "papel protagónico" del Partido Comunista se mantuviera. Actualmente, la mayoría de los jefes de aldea es, de nuevo, miembro del partido, aunque el tamaño de esa mayoría puede variar de manera importante en cada región. Más de 90% de los representantes de las aldeas en las provincias de Guangdong, Hubei y Shandong pertenecen al partido, pero la cifra se reduce a un 60 ó 70% en Fujian y Zhejiang. Incluso estas cifras exageran el porcentaje real de los jefes de aldea que fueron elegidos como miembros del partido: cuando se elige a candidatos que no son miembros del partido, el PCCh casi siempre los recluta para asegurarse de mantener el control, al mismo tiempo que da a los campesinos los dirigentes que quieren.

Las elecciones locales tienen serios problemas, que incluyen el nepotismo, la compra de votos y la selección de líderes incompetentes o corruptos. No obstante, los defensores de este sistema sostienen que las votaciones sirven como un campo de entrenamiento para las bases con el fin de establecer hábitos democráticos. De hecho, los más fervientes detractores de las elecciones locales en China suelen ser los funcionarios municipales, cuyos propios cargos podrían estar en peligro si el gobierno central decidiera expandir la votación directa al nivel inmediato superior.

Algunos de los experimentos electorales más fascinantes de China en la década pasada tuvieron lugar, de hecho, en los municipios. Con frecuencia, los gobiernos municipales son el blanco de los sentimientos antigobierno y de la agitación social, ya que cargan con la responsabilidad de administrar numerosos programas sociales y prestaciones de los que dependen muchos ciudadanos. Una dirigencia eficaz es, entonces, crítica para preservar la estabilidad social, la cual es una prioridad central de los gobernantes chinos. Se llevó a cabo un puñado de elecciones municipales competitivas desde 1995 y 1996; el experimento más audaz tuvo lugar en 1998, en Buyun, en un rincón remoto de Sichuan. El gobierno local de Buyun realizó una elección competitiva, con votación directa, en la cual participaron aproximadamente 6 000 adultos con derecho a votar. El proceso contó con una amplia cobertura mediática dentro de China y fue criticado en la prensa oficial por violar la constitución, la cual otorga al Congreso Popular local la autoridad para elegir al líder municipal. Pero, para sorpresa de muchos, el gobierno central ni aprobó los resultados de Buyun ni los anuló, y Tan Xiaoqiu, el alcalde elegido, se mantuvo en el cargo. En 2001, el Comité Central del PCCh reiteró que la elección directa de un líder municipal era inconstitucional. Buyun respondió haciendo algunas modificaciones a su proceso electoral para ajustarlo a la letra de la ley, mas no a su espíritu: en la siguiente elección, los ciudadanos eligieron a un candidato para ser líder municipal, que entonces fue recomendado por el comité local del partido y elegido, sin oposición, por el Congreso Popular.

Quizá en parte por los problemas legales de Buyun, la mayoría de los municipios que ha experimentado con las elecciones ha elegido un modelo menos radical llamado sistema de "recomendación y selección abiertas", bajo el cual cualquier adulto residente en el municipio puede competir para ser alcalde; posteriormente, un consejo de líderes comunitarios reduce el grupo de candidatos a dos finalistas, y, por último, el Congreso Popular local hace la selección final. Ésta no es una votación directa, sino una manera de introducir una dosis de competencia y de transparencia en la selección de los líderes locales. Para el bienio 2001-2002, ya había alguna forma de votación competitiva en las elecciones de casi 2 000 municipios, es decir, 5% del total nacional.

No se debe exagerar la importancia de las elecciones municipales. Los municipios son el peldaño administrativo más bajo en la estructura gubernamental china, y hasta los partidarios de las elecciones reconocen que el proceso está todavía en su infancia. No obstante, cuando se llevan a cabo con éxito, estos experimentos electorales pueden otorgar a los líderes municipales cierto grado de legitimidad popular. Las elecciones introducen la competencia entre los cuadros y, en menor grado, entre miembros y no miembros del partido, algo que nunca antes había existido. La expectativa es que la competencia, aunque sea controlada, aumente la calidad de la gobernanza. Algunos expertos chinos también consideran notable que algunos dirigentes municipales se estén conduciendo con mayor confianza porque saben que gozan del mandato popular y, por lo tanto, están más dispuestos a desafiar a los secretarios locales del partido. Esto puede provocar dolores de cabeza al PCCh, como señaló un investigador del gobierno central, pero también puede ser la primera semilla de una cultura de pesos y contrapesos.

Por su parte, las autoridades en Beijing han estado siguiendo muy de cerca estos experimentos. Haciendo eco de la dinámica que dio inicio a las reformas de mercado en los años ochenta, el centro fomenta ahora la experimentación con la gobernanza en el nivel local, aunque dentro de ciertos límites. Un funcionario de alto rango de la Escuela Central del Partido me dijo, por ejemplo, que en la próspera provincia de Jiangsu, un programa piloto pronto tendría a todos los municipios llevando a cabo elecciones competitivas. Al tiempo que las distintas localidades prueben diversas cosas, dijo, la Escuela Central del Partido estudiará los resultados.

Los experimentos electorales en el nivel de condado -- el peldaño administrativo superior al del municipio -- también han llamado la atención. Desde 2000, 11 condados en Hubei y en Jiangsu han llevado a cabo votaciones con base en el sistema de "recomendación y selección abiertas" para el cargo de jefe adjunto del condado. Esto representa menos del 1% de los condados y de las ciudades con nivel de condado de todo el país, pero cualquier reforma a los procesos de selección de los dirigentes de los condados -- los cuales tienen una población promedio de 450 000 habitantes cada uno -- sería una noticia significativa.

También se han llevado a cabo expermientos limitados en las áreas urbanas. En 2003, se presentaron 12 ciudadanos como candidatos independientes para los Congresos Populares de distrito en la ciudad de Shenzhen. Dos de ellos ganaron escaños. Otro puñado de candidatos independientes también se presentó como candidato para el Congreso Popular del distrito de Haidian, en Beijing, sede de las mejores universidades chinas. Casi todos los candidatos independientes para los congresos populares fracasan en su intento, pero el número de este tipo de candidaturas se ha disparado: de menos de 100 en todo el país, en 2003, a más de 40 000 entre 2006 y 2007, de acuerdo con Li Fan, un ex funcionario de gobierno que ahora es uno de los principales promotores de la reforma electoral. Li prevé que el número de candidatos independientes alcanzará los cientos de miles entre 2011 y 2012, y considera que la demanda popular de participación política seguirá creciendo conforme la sociedad china se diversifique y se abra.

En años recientes, los dirigentes chinos también han hecho un esfuerzo para ampliar la selección competitiva dentro del PCCh. Algunos expertos creen que el desarrollo de la "democracia intrapartido" es aún más significativo para la reforma política de largo plazo en China que los experimentos en la gobernanza local. Consideran que un PCCh que acepte el debate abierto, las elecciones internas para definir su liderazgo y la toma de decisiones por votación es un prerrequisito para que exista la democracia en el país como un todo. El presidente Hu y el primer ministro Wen exhortan recurrentemente a que haya mayor discusión, consulta y toma de decisiones grupales dentro del PCCh. La democracia dentro del partido fue un punto central del discurso inaugural que pronunció Hu en el 17 º Congreso del Partido del PCCh el otoño pasado. Poco tiempo después de la reunión, Li Yuanchao, recién designado responsable del Departamento de Organización del Partido, publicó un ensayo de 7 000 caracteres en el Diario del Pueblo (People's Daily) en el que elaboró sobre el llamado de Hu para hacer más reformas en el partido. El hecho de que el propio Hu no detente la misma autoridad personal de Mao, Deng o de su predecesor, Jiang Zemin, y que dependa del consenso dentro del Comité Permanente del Politburó con sus nueve miembros, se considera, en sí mismo, un avance en el desmantelamiento de la sobrecentralización del poder en el ámbito nacional.

Una de las formas en las que el PCCh ha comenzado a introducir la democracia dentro del partido es por medio de la nominación de múltiples candidatos para los distintos cargos. De los nominados para el 17º Congreso del Partido, 15% fue rechazado en las votaciones del partido. En el ciclo electoral nacional 2006-2007, según los medios oficiales, 296 municipios en 16 provincias eligieron a los líderes locales del partido por medio del voto directo de sus miembros, como parte de un proyecto piloto. En un puñado de localidades, según me dijo un experto en temas gubernamentale, los secretarios del partido por condado también se estaban eligiendo por medio del voto directo.

Si la democracia dentro del partido empieza a surtir efecto, algunos expertos prevén una tendencia en la que los cuadros con ideas similares se unirán para formar grupos de interés más notorios dentro del PCCh. Un funcionario de alto rango de la Escuela Central del Partido le comentó a nuestra delegación de Brookings que los "grupos de interés" ya no eran un tabú dentro del partido, aunque las "facciones" organizadas no estaban permitidas. No obstante, algunos analistas predicen que el PCCh podría parecerse algún día al Partido Democrático Liberal que gobierna actualmente en Japón, en el cual facciones formales y organizadas compiten por los puestos políticos principales y defienden posiciones políticas diferentes.

En un importante discurso en la Escuela Central del Partido, en junio del año pasado, Hu exhortó a los máximos dirigentes del PCCh a "perfeccionar el sistema democrático dentro del partido y dar rienda suelta al vigor creativo del partido". Entonces, aparentemente en una demostración de la misma democracia dentro del partido que Hu defendía, se llevó a cabo una votación no vinculante a modo de encuesta entre los varios cientos de dirigentes presentes para medir sus preferencias por los candidatos al próximo Politburó y de su Comité Permanente: en otras palabras, por aquellos que deben gobernar a China durante los próximos cinco años.

Algunos analistas chinos creen que Hu, con sus comentarios en la Escuela Central del Partido, bien pudo estar anticipando un nuevo enfoque para la formulación de políticas públicas. "Debemos sostener con firmeza la capacidad de emancipar la mente, un requisito esencial de la línea ideológica del partido y un arma mágica que tenemos para lidiar con todo tipo de nuevas situaciones y problemas que se presenten en nuestro camino, y en nuestros esfuerzos continuos para inaugurar una nueva etapa en nuestra causa", dijo Hu a su audiencia. Al pedir a sus colegas que se liberaran del pensamiento rígido, se interpretó que los estaba alentando a ser más pragmáticos en sus ideas al tiempo que China evoluciona políticamente. De manera más específica, se pensó que Hu estaba, al mismo tiempo, indicando a los pensadores ortodoxos del partido que la de Mao no era la única manera de definir "democracia" y señalando a los miembros más reformistas del Comité Central que copiar simplemente los modelos occidentales tampoco era necesariamente la respuesta.

EL ESTADO DE DERECHO

De los tres pilares de la democracia -- elecciones, independencia judicial y supervisión -- , según Wen, la independencia judicial es, en cierta manera, la más llamativa. La cuestión de si el PCCh está al servicio de la ley, o viceversa, siempre ha hecho que la independencia judicial sea un tema delicado en China.

El sistema judicial chino ha hecho grandes avances a lo largo de las últimas tres décadas, pero aún le queda un largo camino por recorrer. En 1980, cuando el sistema judicial apenas estaba empezando a reconstruirse tras la devastación de la Revolución Cultural, los tribunales de todo el país admitieron un total de 800 000 casos. Para 2006, ese número se había multiplicado por diez, lo que refleja la transformación en el lugar que ocupa la ley en la sociedad. China ha aprobado más de 250 nuevas leyes en los últimos 30 años, y está en camino de crear todo un código nacional, partiendo de cero.

Hasta mediados de los años ochenta, la mayor parte de los jueces y fiscales chinos estaba compuesta de ex militares con escasa educación formal de cualquier tipo, y mucho menos capacitación legal. La independencia judicial no era el objetivo de ese sistema; si acaso, era algo de lo que había que protegerse. Como era de esperarse, dado que el propósito de los tribunales consistía en seguir la línea del partido, los jueces y fiscales estaban muy ideologizados. Pero a partir de mediados de la década de los ochenta, el Estado empezó a designar a egresados universitarios para que ocuparan los cargos de jueces y fiscales. Para finales de los años noventa, tener una maestría en Derecho era un prerrequisito no escrito para convertirse en magistrado.

El cambio en el estatus de los abogados en China ha ido a la par del aumento en la calidad de jueces y fiscales. Antes de que concluyera la década de los ochenta, todos los abogados eran empleados del Estado; no existía la práctica privada. Las primeras "cooperativas de despachos legales" aparecieron entre 1988 y 1989 y, hoy, China cuenta con 118 000 abogados con licencia que ejercen en 12 000 despachos. (En contraste, Estados Unidos tiene un número de abogados equivalente a más de ocho veces el número de abogados chinos para una población que es apenas la cuarta parte de la de China). El crecimiento de la práctica privada de la abogacía ha impulsado que se siga profesionalizando el sistema en su conjunto, en parte porque los abogados necesitan ganar los casos (o cuando menos conseguir sentencias no tan duras) de sus clientes para que puedan prosperar. Los fiscales aún ganan más del 90% de los casos, pero, conforme ha mejorado la calidad de los abogados y las argumentaciones se han vuelto más complejas, los fiscales -- y también los jueces -- han tenido que mejorar su propia competencia. Los jefes del partido aún interfieren en el proceso judicial y el gobierno central todavía decide los casos políticamente sensibles, pero la mayoría de los observadores coincide en que, conforme las disputas se vuelven más complejas, la frecuencia y el grado de tal interferencia va en declive.

China ha adoptado numerosas leyes importantes que pretenden proteger a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. La Ley de Servidores Públicos de 2005 establece un alto estándar de conducta para los funcionarios. La Ley de Compensaciones Estatales de 1994 busca enmendar las fallas del gobierno. Quizá la más significativa sea la Ley de Litigio Administrativo, adoptada en 1989, que permite que los ciudadanos demanden al Estado; sólo en el primer año, se presentaron 13 000 demandas al amparo de esta ley. Actualmente, cada año se presentan más de 150 000 demandas contra el gobierno y algunos de los casos de éxito han sido aclamados en los medios de comunicación.

No obstante, los funcionarios chinos reconocen que el proceso judicial todavía está plagado de problemas. Uno de los obstáculos más serios para alcanzar veredictos imparciales es la red de relaciones personales, conocida como guanxi -- lazos forjados a lo largo de los años a partir del intercambio de favores y asistencia -- , en la cual se basan muchas decisiones en China. Estos nexos tienen un efecto muy limitante sobre las decisiones de la fiscalía y de los tribunales. En China, los jueces habitualmente hablan en privado con las partes implicadas en el caso, lo cual crea situaciones en las que la guanxi y la corrupción pueden contaminar de inmediato el proceso. Algunos expertos han sugerido que, para corregir esta debilidad endémica, es necesario aumentar los salarios de los jueces y tomar otras medidas para crear una élite judicial, distinta a otros funcionarios gubernamentales.

El mayor desafío de China ya no es la falta de un código legal comprensivo, sino el abismo existente entre lo que está en los libros y cómo se lleva esto a la práctica, especialmente en el ámbito local y en los casos considerados como sensibles políticamente. Los derechos garantizados por la histórica Ley de Procedimientos Criminales de 1996, tales como el acceso oportuno a la defensa y a la evidencia exculpatoria, con frecuencia son denegados o, simplemente, ignorados. Un grupo pequeño -- pero que crece cada vez más -- , de abogados privados -- algunas veces llamados "defensores de derechos" -- se hace cargo de los casos delicados o de acusaciones injustas, en parte para poner en evidencia las instancias en las cuales el propio sistema judicial viola la ley. Aunque casi nunca ganan y a veces ellos mismos reciben amenazas o son encarcelados, estos abogados activistas creen que señalando insistentemente la discrepancia entre el objetivo oficial de tener un sistema judicial imparcial y la realidad en el terreno lograrán, con el tiempo, reducir la brecha.

Otro obstáculo importante es la gran influencia que siguen teniendo los funcionarios locales sobre los tribunales. Los comités locales del PCCh están implicados íntegramente en el nombramiento de jueces y fiscales, y los gobiernos locales tienen discrecionalidad sobre los salarios y los presupuestos en todo el sistema judicial. Esta situación es similar a la del sistema bancario chino hace una década, cuando la influencia de los funcionarios locales sobre las sucursales bancarias resultó en un vasto número de los llamados "créditos de política pública". La explosión de una deuda inoperante, con el tiempo, forzó a Beijing a gastar 60 000 millones de dólares de las arcas del gobierno central para rescatar a los bancos, después de lo cual el entonces primer ministro Zhu Rongji impulsó una reorganización que transfirió la autoridad final sobre el personal y las decisiones sobre los préstamos a las sedes centrales de los bancos. La reforma bancaria podría ofrecer un modelo promisorio para la reestructuración que requiere el sistema judicial.

De acuerdo con la enmienda constitucional de 1999, actualmente, China es oficialmente un "país regido por la ley". Pero el PCCh -- no el gobierno -- sigue teniendo el poder último. Un número cada vez mayor de expertos arguye que, en consecuencia, lo que el país necesita es un partido que, junto con sus miembros, comprenda sin lugar a dudas que no está por encima de la ley. El año pasado, uno de los promotores de esta visión, el profesor Zhuo Zeyuan, de la Escuela Central del Partido, ofreció una charla de dos horas sobre sus ideas a los 24 miembros del Politburó. Un dirigente de la Escuela Central del Partido me dijo más tarde que la relación adecuada entre el partido en el poder y la constitución era clara: el PCCh debe regirse por la ley. Al igual que ocurre con muchas otras cosas en China hoy, el problema es el abismo que hay entre la teoría y la práctica.

El PCCh mantiene firmemente las palancas que controlan a los tribunales y las manipula cuando es necesario. Además, opera un sistema paralelo, pero por separado, para lidiar con los miembros descarriados del partido, el cual incluye el uso de la detención y de la interrogación y, en algunos casos, es más draconiano que el sistema legal regular. Recientemente, ha habido señales de que el partido podría estar comenzando a reconocer la necesidad de incluir el debido proceso en sus prácticas. El profesor Jerome Cohen, de la Escuela de Derecho de la New York University, uno de los expertos más destacados en temas del sistema legal chino en Occidente, ha señalado que las organizaciones locales del partido han establecido, en al menos 20 provincias, un sistema disciplinario para los miembros del PCCh, que incluye garantías tales como la notificación de los presuntos actos ilegales, la oportunidad de defenderse de los cargos (incluido el derecho de solicitar el apoyo de testigos), una declaración de las razones detrás de la decisión final y la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Algunos de estos derechos ya estaban desde hace mucho tiempo en los estatutos del PCCh, pero estas normas nunca se habían aplicado seriamente.

Los dirigentes chinos parecen darse cuenta de que, en 2008, China es un país demasiado complejo para ser gobernado totalmente por decreto desde Beijing, por lo que tiene que gobernarse por medio de leyes y un sistema legal competente que goce de la confianza de la gente. La falta de confianza en los tribunales es una de las razones por las que la población se manifiesta en las calles, y las cifras oficiales muestran que cada año tienen lugar en China decenas de miles de protestas. A nadie sorprende, entonces, que los dirigentes, como el primer ministro Wen, pretendan que tanto el partido como el Estado dejen de interferir en los asuntos judiciales de rutina. Pero la dirigencia aún insiste en controlar los casos sensibles y el sistema judicial en el nivel macro. La pregunta es si el PCCh conseguirá establecer un sistema judicial independiente e imparcial y, a la vez, mantener el control desde la cúpula.

SUPERVISIÓN

Al sistema chino no le faltan instituciones cuyo propósito es vigilar la honestidad de los funcionarios. La más antigua de ellas es el sistema tradicional de petición, que data de la era imperial, el cual permite que la gente presente sus quejas directamente a las autoridades superiores. Cada ministerio en Beijing tiene una oficina que atiende esos reclamos. Pero la petición es vista como un último recurso y sólo unos cuantos casos se resuelven satisfactoriamente: el proceso no es transparente y depende de la buena voluntad de los funcionarios anónimos que evalúan los casos.

Otra institución de supervisión, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh, formada por 8 diputados y 120 funcionarios de alto nivel, y encabezada por un miembro del Comité Permanente del Politburó, está encargada de combatir la corrupción y otras faltas de los miembros del partido. Sus contrapartes del lado del gobierno son el Ministerio de Supervisión y la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía Suprema del Pueblo, responsables de enjuiciar a funcionarios de gobierno descarriados. Por último, una de las funciones de la agencia oficial de noticias Xinhua consiste en recabar información sobre corrupción en todo el país y elaborar informes internos para la dirigencia central.

Sin embargo, a pesar de estos múltiples mecanismos, el problema de la corrupción oficial sigue siendo serio y los dirigentes mencionan rutinariamente que la depravación moral es uno de los principales retos del partido. A medida que la economía ha prosperado durante más de dos décadas, las oportunidades para cometer actos de corrupción también lo han hecho. Algunos casos de alto perfil, como el de Zheng Xiaoyu, el ex jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Estado, ejecutado el pasado mes de julio por aceptar sobornos de empresas farmacéuticas, alimentan la percepción de la descomposición endémica. De acuerdo con el PCCh, se sancionó a más de 97 000 funcionarios en 2006, de los cuales 80% resultó culpable por negligencia en el cumplimiento del deber, por aceptar sobornos o por violar las regulaciones financieras. "El sistema formal [de supervisión] en su conjunto ha fallado", me comentó un analista del gobierno. En niveles inferiores, una falla estructural básica en el sistema de supervisión se parece a las de los tribunales: los responsables de las comisiones de inspección disciplinaria son designados por los líderes locales, quienes tienden, previsiblemente, a elegir a familiares, amigos, protegidos o colegas. No fue sino hasta 2006 que se estableció una regla que requería que el gobierno central nombrara a los responsables de las comisiones en el ámbito provincial.

El presidente Hu y el primer ministro Wen se enfrentan a un dilema fundamental. Saben que erradicar la corrupción, la cual motiva la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno de partido único, debe ser su principal prioridad en materia de gobernanza. Pero deben actuar manteniendo la lealtad de los funcionarios locales, mediante los cuales el PCCh gobierna el país. Para incrementar los mecanismos formales de supervisión, el gobierno está recurriendo cada vez más a medios alternativos. En Beijing, algunos distritos están valiéndose de sondeos de opinión pública para medir la satisfacción de la población con respecto a cada una de las oficinas de gobierno, y la Comisión de Planeación Urbana de Beijing contrató a una empresa consultora para que le ayudara a tomar en cuenta la opinión pública de manera más adecuada en la evaluación de proyectos de reurbanización.

Otra tendencia promisoria es la rápida comercialización de la prensa china. El gobierno todavía ejerce un extenso control sobre los medios de comunicación, al ser dueño de organizaciones de publicación y difusión y también por medio de la censura. Asimismo, es cierto que aún existen límites que los periodistas no pueden traspasar. Sin embargo, las cosas están cambiando. Conforme las publicaciones chinas independientes buscan lectores y anunciantes, hacen el seguimiento de historias que la gente quiere leer; igual que sus contrapartes en Occidente, han descubierto que el periodismo de investigación vende bien. En un caso muy sonado, un reportero veterano del China Economic Times escribió, en 2002, un artículo de fondo sobre el sistema de licencias para taxis en Beijing. Debido a un supuesto contubernio entre los dueños de empresas y el organismo supervisor del gobierno, los taxistas se veían obligados a trabajar durante horas escandalosamente largas y con bajos salarios. El diario se agotó casi inmediatamente. La Oficina Central de Propaganda, en respuesta, impidió que otras publicaciones se refirieran al tema. La Oficina de Transporte de la ciudad prohibió a los taxistas leer el artículo. Algunos de los taxistas citados en el artículo recibieron amenazas de muerte, y el autor tuvo que ser protegido por guardaespaldas durante tres meses. A pesar de todo, el revuelo público aumentó cuando la noticia se divulgó por Internet. Ocho días después de que se publicó el artículo, el entonces viceprimer ministro Wen Jiabao emitió un comunicado oficial en el que apoyaba a los conductores de taxi y ordenaba que se preparara un informe de la situación para el entonces primer ministro Zhu Rongji.

Un experimento que ha llamado la atención de muchos chinos es la decisión del gobierno de permitir que los periodistas extranjeros viajen e informen libremente a lo largo y ancho del territorio chino (con la excepción del Tíbet), desde enero de 2007 hasta los Juegos Olímpicos de Beijing, en 2008. "Se trata, evidentemente, de una prueba para ver cómo usa la prensa extranjera su nueva libertad", comentó el director de un periódico chino. "De no ser que algo salga terriblemente mal, es difícil prever cómo podría el gobierno reimponer el viejo sistema una vez que terminen los Juegos Olímpicos". No sorprende que haya habido numerosos problemas inherentes a la novedad de la medida: en julio, fueron detenidos por algunas horas varios periodistas extranjeros que cubrían una manifestación en contra del gobierno, encabezada por una organización internacional de derechos humanos. Sin embargo, los corresponsales extranjeros en Beijing señalan que, en general, desde que se anunció la nueva política, se han relajado de forma notable las restricciones a sus actividades y desplazamientos.

En los últimos años, Internet y la telefonía celular han empezado a representar un desafío para los medios de comunicación tradicionales, ya que se han convertido en canales de expresión del descontento ciudadano y, en ocasiones, han obligado al gobierno a actuar. Un ejemplo famoso fue el incidente del intento de desalojo -- conocido como "nail house" -- en la metrópolis de Chongqing, una ciudad que crece sin orden ni concierto, localizada en el centro de China. Durante tres años, una pareja de clase media se negó rotundamente a vender su casa a una promotora inmobiliaria que, con permiso del gobierno municipal, tenía planeado arrasar con toda el área para convertirla en un distrito comercial. Los vecinos de la zona ya se habían mudado desde hacía algún tiempo. Para intimidar a la pareja, la inmobiliaria cavó un cañón de tres pisos de altura alrededor de su solitaria casa, pero su táctica dio el resultado contrario del que se pretendía, y, además, de manera espectacular. Las fotos de la precaria situación de su vivienda se publicaron en Internet, lo que hizo estallar la indignación de los chinos por todo el país. En unas cuantas semanas, se habían enviado decenas de miles de mensajes arremetiendo contra el gobierno de Chongqing por haber permitido que algo así sucediera. Algunos reporteros acamparon en el sitio; incluso los periódicos oficiales hicieron suya la causa de la pareja. Al final, la pareja se conformó con una casa nueva y una compensación de más de 110 000 dólares. El Beijing News, un diario muy leído, publicó un comentario que habría sido impensable para un periódico chino diez años antes: "Esto es inspirador para la población china en esta era emergente de los derechos civiles... La cobertura mediática de este acontecimiento ha sido razonable y constructiva. Esto es alentador para el futuro de los ciudadanos que defiendan sus derechos conforme a la ley".

En otro ejemplo del maridaje entre las nuevas tecnologías y la acción ciudadana, el pasado mayo, un grupo indignado de residentes de la ciudad costera de Xiamen inició una campaña para forzar al gobierno de la ciudad a detener la construcción de una gran planta química en las afueras de la ciudad. Su arma fue el teléfono celular. En cuestión de días, se enviaron cientos de miles de mensajes de texto en contra de la planta, expandiéndose como si fuera un virus por todo el país. Las autoridades de Xiamen, que antes habían ignorado la oposición popular a la planta, de repente anunciaron que se suspendería la construcción hasta que se completara un estudio de impacto ambiental. Insatisfechos con esta solución a medias, los ciudadanos volvieron a utilizar la red de mensajes para organizar una marcha en la que cerca de 7 000 personas demandaron el cese permanente de la construcción. Aunque los periódicos locales del partido atacaron la protesta por considerarla ilegal, permitieron que se llevara a cabo sin incidentes, lo que la convirtió en una de las manifestaciones pacíficas más grandes de los últimos años en China.

LA DEMOCRACIA EN CHINA

Los avances recientes en materia de elecciones, de independencia judicial y de supervisión son parte de la transformación de la sociedad china y de la expansión de las libertades individuales que han acompañado a las tres décadas de vertiginosas reformas económicas y de desarrollo. El gobierno sigue interviniendo en muchas áreas, pero mucho menos que antes.

En los últimos 20 años, varios cientos de millones de chinos han migrado del campo a la ciudad, es decir, que ha sido el período de urbanización más corto e intenso de la historia. Hasta hace una década, el gobierno imponía un control riguroso sobre la migración interna. Actualmente, los funcionarios consideran a los 300 millones adicionales de campesinos que se espera se muden a las ciudades en las próximas dos décadas como una fuerza positiva que ayudará a cerrar la brecha de ingreso entre el campo y la ciudad en China. Antes, el Estado asignaba trabajos y viviendas para cada residente urbano. Ahora, los chinos urbanos disfrutan de viajes al extranjero con motivos académicos, laborales o de placer. Hace diez años, un ciudadano chino necesitaba obtener el permiso de su supervisor, del secretario del partido asignado a su unidad de trabajo y de la policía local sólo para solicitar un pasaporte, un proceso que podía tomar seis meses, y eso en el caso de que se aprobara el pasaporte. Hoy, el procedimiento completo lleva menos de una semana y su aprobación es casi tan automática como en Estados Unidos. Hasta hace menos de dos décadas, todos los extranjeros residentes en Beijing eran obligados a vivir en lugares designados, como hoteles o complejos habitacionales vigilados por la policía militar. Actualmente, los extranjeros y los chinos viven puerta con puerta. Cuando a los chinos se les pregunta por la democratización de su sociedad, suelen mencionar lo mismo este tipo de cambios que las elecciones o la reforma judicial. Quizá confundan el concepto de libertad con el de democracia, pero sería un error considerar como algo insignificante la expansión de su libertad individual.

Un funcionario de alto nivel del Partido Comunista al que conocí se maravillaba en privado de que, hace diez años, habría sido impensable para alguien en su posición tener siquiera una discusión abierta sobre la democracia con un estadounidense. Ahora, según él, el debate en China ya no versa sobre las posibilidades de tener una democracia, sino sobre cuándo y cómo se dará. Asimismo, consideró que una de las cosas que el partido debe hacer de inmediato es reformar la Asamblea Popular Nacional para que no se convierta en un "asilo" para ex funcionarios: la Asamblea Popular Nacional debería estar formada por profesionales competentes y, con el tiempo, constituirse en un verdadero cuerpo legislativo. También señaló que el gobierno debería instituir las elecciones por voto directo hasta llegar al nivel provincial, para tener, si bien no elecciones multipartidistas al estilo occidental, sí cuando menos una competencia que ofrezca opciones reales entre los candidatos.

El presidente de una de las empresas chinas más grandes, quien también es miembro suplente del Comité Central del PCCh, me dijo que la mejora en la gobernanza corporativa de las empresas que cotizan en bolsas extranjeras (y, por lo tanto, están sujetas a normas internacionales), como la suya, era otro ejemplo de la expansión de los "hábitos democráticos" en China. Si bien la gobernanza corporativa en China sigue en construcción, según él, la tendencia general entre las empresas estatales, especialmente las que cotizan en el extranjero, es hacia una mayor transparencia, juntas directivas más independientes y fuertes, y una gestión basada en reglas acordadas mutuamente. A la larga, trabajar en un entorno como ése seguramente inculcará patrones de pensamiento más democráticos entre la élite empresarial china, así como entre los funcionarios de alto rango que encabezan los consejos directivos de las empresas estatales.

Durante el último siglo, nadie ha reflexionado más sobre la promesa de la democracia en su país ni se ha desalentado más por su carácter elusivo que los propios chinos. Una y otra vez, han visto surgir un impulso democrático propio que luego se colapsa o es reprimido prematuramente. La emperatriz viuda Cixi suprimió los "cien días de reforma" de 1898, iniciados por los consejeros del emperador Guangxu. El optimismo que rodeó la toma de posesión de Sun como presidente provisional de la República China, el 1 de enero de 1912, pronto lo extinguió Yuan Shikai, el mandatario militar que intentó coronarse como el primer emperador de una nueva dinastía, en 1915. Los progresistas dentro de los partidos nacionalista y comunista propugnaron por que se implantaran formas de gobierno democráticas en los años treinta, antes de la terrible destrucción que generaron las guerras con Japón y, más tarde, entre ellos mismos. El establecimiento de la República Popular, en 1949, auguró una era de autodeterminación, prosperidad y democracia. Pero la esperanza fue aplastada por las opresivas e incesantes campañas políticas de Mao, que culminaron en la Revolución Cultural. Antes de la tragedia de Tiananmen, en 1989, la década de los ochenta fue un período de intensa agitación política, en el que la democracia fue objeto de debate dentro del gobierno, de los think tanks, de las universidades y también en los lugares de encuentro de los intelectuales.

En comparación con esos períodos, la manera en que hoy hablan de la democracia los dirigentes chinos podría parecer más bien prudente. Los críticos señalan que esto refleja la falta de compromiso real del gobierno con la reforma política. Los optimistas creen que el gradualismo permitirá que la liberalización actual dure más que las experiencias eufóricas, pero fallidas, del pasado. Uno de los viejos estadistas chinos -- quien ha conocido personalmente a todos los altos dirigentes del país desde Mao -- me insistió que la democracia siempre ha sido una "aspiración común" del pueblo chino. Están decididos a alcanzarla, pero Occidente debe ser paciente, expresó. "Por favor, dejen que los chinos experimentemos; déjennos explorar".

La pregunta de a dónde llevará esta exploración sigue abierta. Hay una amplia gama de puntos de vista entre los chinos acerca de cuánto tiempo será necesario para que la democracia eche raíces, pero también hay algunos acuerdos. Un funcionario lo expresó así: "No hay quien prediga que China será una democracia en 5 años. Algunos piensan que lo será en 10 ó 15 años; otros opinan que tomará entre 30 y 35 años. Pero nadie dice que será en 60". Otros predicen que el proceso tomará al menos otros dos cambios generacionales en la dirigencia del PCCh, un escenario que pondría la llegada de la democracia alrededor del año 2022.

En 2004, se realizó una encuesta a casi 700 funcionarios locales que habían asistido a un programa provincial de capacitación. Más de 60% de los funcionarios encuestados dijo que se sentía insatisfecho con el estado de la democracia en el país en ese momento, y 63% dijo que la reforma política en China era demasiado lenta. Por otro lado, 59% opinó que el desarrollo económico debía preceder a la democracia. La encuesta también arrojó otros datos reveladores: 67% de los cuadros apoyó la celebración de elecciones populares para elegir a los líderes de las aldeas y 41% para los jefes de condado; en contraste, sólo 13% manifestó estar a favor de celebrar elecciones para elegir a los gobernadores provinciales y apenas 9% para elegir al presidente de China.

A algunos chinos les gusta señalar que a Estados Unidos le llevó dos siglos alcanzar el sufragio universal. En muchas de las primeras elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mayoría de los estados restringió el voto a los terratenientes blancos, es decir, a menos de 10% de la población adulta estadounidense en ese momento. Las mujeres tuvieron que esperar hasta el siglo XX y la población negra hasta los años sesenta. "Éste es un tema en el que los chinos podríamos ser menos pacientes que ustedes los estadounidenses", dijo, en tono de broma, el director de un periódico de Beijing.

En la primavera pasada, un artículo titulado provocativamente "La democracia es algo bueno" causó algo de revuelo en China. El artículo, publicado en un periódico estrechamente vinculado al partido, fue escrito por Yu Keping, director de un think tank que responde directamente al Comité Central del PCCh. Aunque no negaba las desventajas de la democracia ("ofrece a algunos políticos demagogos y defraudadores la oportunidad de engañar a la gente"), Yu fue franco y concreto en su apoyo hacia ella: "Entre todos los sistemas políticos que se han inventado e instaurado, la democracia es el que tiene el menor número de defectos. Esto quiere decir que, en términos relativos, la democracia es el mejor sistema político para la humanidad".

Yu no pronosticó un camino fácil para la democracia en China. Aseguraba que: "Según las condiciones de un régimen democrático, los funcionarios deben ser elegidos por los ciudadanos y deben ganarse la aprobación y el apoyo de la mayoría de la gente; sus poderes estarán restringidos por los propios ciudadanos y no podrán hacer lo que quieran sin consultarlo y negociar con la gente. Sólo por estas dos razones, a mucha gente le disgusta la democracia. Por lo tanto, la política democrática no operará por sí sola; requiere que la misma gente, y los funcionarios de gobierno que representan sus intereses, promuevan la democracia y la pongan en marcha".

Evidentemente, algunas personas que están en el centro del sistema chino se plantean constantemente estas preguntas fundamentales. La cuestión es si estas ideas se llevarán a la práctica y cómo se hará. China debe ahora completar la transición que comenzó en años recientes, de un sistema que descansa en la autoridad y el juicio de una o varias figuras dominantes a un gobierno conducido con base en reglas vinculantes y aceptadas por todos. La institucionalización del poder es compartida por todos los países que han tenido éxito en su transición hacia la democracia. Los experimentos que China está llevando a cabo con las elecciones locales, la reforma del sistema judicial y el fortalecimiento de la supervisión son todos parte del viraje hacia un sistema más basado en reglas. También lo son las formas en las que la sociedad china sigue haciéndose más abierta y diversa, dando lugar, poco a poco, a la creación de una sociedad civil.

La institucionalización podría progresar al máximo en los próximos años en un área que podría ser decisiva en la definición de la evolución política de China: la sucesión de los dirigentes. La manera en que un país lleva a cabo la transferencia del poder en los niveles más altos envía una señal inequívoca a todos los niveles inferiores. En este punto, China ya ha tenido avances. Ser elegido como el sucesor de Mao era la situación más peligrosa en la que cualquiera pudiera encontrarse. Deng tuvo sus propios problemas al nombrar a un sucesor duradero; siguió siendo el hombre más poderoso de China durante casi una década tras renunciar a todos sus puestos oficiales, en 1989. Fue su sucesor, Jiang, quien vio la primera transferencia pacífica del poder en la historia moderna de China al entregar la dirigencia a Hu. Jiang sigue ejerciendo el poder tras bambalinas, pero nadie sugeriría que tiene la influencia que en su momento tuvo Deng.

Un alto dirigente me aseguró que el asunto de la sucesión ya no podrá gestionarse eficazmente de forma ad hoc como se hizo en el pasado. Tanto China como el mundo han cambiado muchísimo; el proceso de selección de los dirigentes del país debe institucionalizarse. En su opinión, el problema es que aún falta poner en marcha un nuevo sistema aceptable y, hasta que esto no suceda, sería poco práctico desechar el antiguo modelo. En este momento, China vive una transición ambigua. Por su parte, este dirigente considera que los avances podrían verse cuando se lleve a cabo la Tercera Sesión Plenaria del 17º Congreso del Partido, en 2009. Algunos de sus miembros han sugerido inclusive que el heredero de Hu como Secretario General del PCCh podría ser elegido mediante el voto plenario del Comité Central, cuando Hu se retire en 2012. El método mediante el cual se elija al sucesor de Hu será un indicador indiscutible del futuro político que prevé la generación actual de líderes chinos, mostrando si éstos creen, como Sun lo hizo hace cien años, que la democracia es la mejor manera de alcanzar la prosperidad, la independencia y la libertad por las que el pueblo chino ha luchado y se ha sacrificado durante tantos años.