27 de febrero de 2009

Guanajuato: reservados los contratos con medios

El gobierno del estado de Guanajuato reservó por un periodo de tres años, a partir de la fecha en que se firmen, la información de los contratos que celebre con medios de comunicación impresos y electrónicos, según el acuerdo de reserva tomado el 2 de junio de 2008, firmado por Jorge Gabriel Macías Llamas, coordinador general de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

El argumento es que “dar a conocer la información concreta sobre cuestiones específicas como el número de inserciones y costo particular de cada una de ellas, podría generar especulación sobre las tarifas que el Gobierno del Estado obtiene por estos conceptos, y como consecuencia de su difusión, los proveedores exigirían condiciones superiores a las que tradicionalmente se pactan, señalando como justificante para dichos incrementos los comparativos de las contra prestaciones que se pacten con terceros”.

En el documento se da cuenta de que la determinación es avalada por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato que, el 21 de abril del 2008, emitió el siguiente criterio general:

“La contratación que los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, celebren con los medios de comunicación impresos y electrónicos, podrá ser reservada por tres años la información concerniente a la negociación y contratación a partir de la fecha de la firma de los contratos”.

JVMG

100 momentos en los medios

100 números, 100 momentos. Éste es un repaso de los episodios que nos ha tocado atestiguar y protagonizar desde noviembre de 2000, cuando etcétera comenzó a circular como una revista mensual, hasta la fecha. Nuestro recuento se divide en lo que consideramos los diez momentos y las 90 instantáneas más importantes en materia de medios en México y el mundo, de los que nos ha tocado dar cuenta. En estas páginas revisitamos junto con el lector hechos tan lamentables como la aprobación del decretazo, el despojo de las instalaciones de CNI Canal 40 por parte de TV Azteca, el preocupante problema de inseguridad que enfrenta el país y sus implicaciones en el trabajo periodístico; así como sucesos que nos hacen congratularnos como la entrega de permisos a las radios comunitarias o la caída de la Ley Televisa. Lo invitamos a hacer este recorrido con nosotros.

100 momentos en los medios etcétera

Legisladores al servicio de las televisoras

Jesús Cantú

(agencia apro)- Al aprobar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), el Senado de la República cancela la posibilidad de que la autoridad revoque una concesión por violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral. También elimina la posibilidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acuerde suspender “la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas” en el caso de la publicidad encubierta, cada vez más utilizada por actores políticos y concesionarios.

Los legisladores suprimieron de la propuesta original del senador Ricardo García Cervantes la fracción V del artículo 12-A (relativa a las facultades del IFE) que señalaba:

“Comunicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la comisión de infracciones por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a efecto de que aplique las sanciones que le corresponda imponer conforme a esta Ley, o las que habiendo sido impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral requieran la intervención de la citada Secretaría.”

Así mismo, la aplicación de la fracción IV del inciso “f” del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que contempla la citada sanción, requiere que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues el texto dice que se podrá castigar “con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable…”.

A fin de permitir que la sanción se aplique de acuerdo con el criterio del titular de la SCT, los legisladores eliminaron otras reformas de la propuesta de García Cervantes, pero en particular la de un nuevo artículo, el 104-TER, que en el tercer párrafo señalaba: “… la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solicitud fundada y motivada por acuerdo del Consejo General, ordenará a los infractores la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas…”.

También modificaron la redacción del nuevo artículo 107, que indica en general que en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas “dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.

En la propuesta del senador se complementaba, sin lugar a interpretación diversa, la disposición del Cofipe para que el Consejo General decida cuándo procede la suspensión; sin embargo, corresponde a la SCT aplicar la sanción.

Límites a la ley

El planteamiento de García Cervantes daba mayor sentido a la fracción V del mismo artículo del Cofipe, en el cual se indica que si una vez aplicada la suspensión referida en la fracción IV el infractor reincide, el Consejo General debe dar aviso “a la autoridad competente para que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia”. Además, precisaba: “El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la presente Ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo conducente”.

La iniciativa original no dejaba lugar a interpretaciones. En el caso de infracciones reiteradas de “venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos…” o “difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”, el Consejo General de este organismo era el responsable de acordar que se suspendiera la transmisión del tiempo comercializable hasta por 36 horas. En caso de reincidencia, esta autoridad estaba facultada para solicitar ante la SCT el revocamiento de la concesión.

En la propuesta de García Cervantes, el Consejo General del IFE podría sancionar, con la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable la difusión de la propaganda encubierta que se ha expandido en noticiarios, revistas televisivas y hasta en telenovelas; y, en caso de reincidencia, solicitar a la SCT la revocación de la concesión.

Con las reformas aprobadas por los senadores, incluso la suspensión que acuerde el Consejo del IFE está sujeta a interpretación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la SCT. Obviamente, no existe la posibilidad de solicitar que sea revocada la concesión.

Incluso cuando haya materia para la revocación, el titular de la SCT tampoco la puede aplicar, pues los senadores también eliminaron la reforma al artículo 31 de la LFRT que proponía incluir entre las cláusulas de revocación de las concesiones una fracción IX que señalaba: “Incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas por la Base III del artículo 41 de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de radio y televisión, acceso de los partidos políticos a sus prerrogativas en dichos medios, o respecto de las prohibiciones establecidas para los particulares y entes públicos en dichos ordenamientos”.

La iniciativa aprobada por el Senado es un complemento a la controvertida reforma de noviembre de 2007, pero sobre todo, establece límites a las sanciones y a la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Las multas serán por un máximo de 100 mil salarios mínimos (aproximadamente 5 millones 300 mil pesos) y corresponderá al consejo cobrarlas.

En caso de “infracciones graves y sistemáticas” (que obviamente no basta con que sean reiteradas, sino que además debe haber patrones) se dará vista a la “autoridad competente” para los “efectos correspondientes”. Éstos serán inocuos, pues los senadores también se cuidaron de no incluir en las infracciones explícitas ni en las sanciones establecidas en la LFRT la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable.

En esa reforma hay avances, pues se establece la aplicación supletoria del Cofipe, así como el reconocimiento de la autoridad del Instituto Federal Electoral en la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, a cambio de esos logros se protege a los concesionarios, pues todo queda a discreción del titular de la SCT.

24 de febrero de 2009

Numeralia

1 Spots que serán tramsitidos en el marco de las campañas electorales de 2009, según cálculos del IFE: 23.3 millones.

2 Personas que serán contratadas por el IFE para la operación de los centros de monitoreo en el marco de las elecciones de este año: entre 200 y 250.

3 Concesiones de radio que vencerán durante 2009: 66 (30 de AM y 36 de FM).

4 Estaciones de radio en México: mil 580 (854 en AM y 726 en FM).

5 Disminución en los gastos de difusión de la obra de su gobierno ofrecida por el propio Marcelo Ebrard: 20%.

6 Porcentaje de publicidad que genera la programación de Televisa para Univisión: cerca de 35% de un total de mil 600 mdd.

7 Porcentaje de la programación de Univisión proporcionado por Televisa para los horarios de mayor audiencia de sus tres cadenas en Estados Unidos: 80%.

8 Películas mexicanas estrenadas en 2008: 46 (de las cuales, 37 recibieron apoyo de Imcine).

9 Porcentaje del mercado nacional que concentraron las cintas mexicanas lanzadas comercialmente: 15% (en comparación con 87% acaparado por el cine estadounidense).

10 Baja registrada en el tiraje de los periódicos estadounidenses de marzo a septiembre de 2008, según el Buró de Difusión de la Prensa: 4.6% (en lugar de los 40 millones vendidos en 2007 durante el mismo período, el año pasado sólo se vendieron 38 millones).

11 Despidos anunciados al final de 2008 por la cadena canadiense de periódicos Sun Media, propiedad de Quebecor: 600 (10% de su personal, con lo que calcula ahorrar unos 11 mdd).

12 Monto de la inversión que hará Carlos Slim en The New York Times: 250 mdd (el rotativo especifica que, pese a ello, Slim “no espera tener representación en el consejo de administración ni acciones que le den un derecho especial de voto”).

13 Porentaje que cayeron las acciones de periódicos en EU durante 2008: 83.3%, que representa una caída de 64.5 mmd.

14 Empresas editoras de periódicos que cotizan en la Bolsa de Nueva York: 14.

15 Toneladas de papel periódico que dejarán de producirse en el primer semestre de 2009, por menor demanda: 855 mil, las fabricantes canadienses AbitibiBowater y Kurger hicieron este anuncio después de que bajó la compra de estos insumos en EU.

16 Recorte anunciado por Financial Times, como parte de una restructuración que apunta a impulsar su área en Internet: 80 empelados (algo así como 5% de su plantilla).

17 Veces que la revista Líderes mexicanos ha incluido a Mariano Osorio en su lista anual de los 300 personajes más influyentes de México en la categoría “líder de opinión”: tres (en 2006, 2007 y 2008).

18 Usuarios que consultan Bible Verses, la aplicación religiosa en Internet más popular del mundo: 346 mil 471 (seguida de Daily Bible Verses, con 294 mil 67).

19 Tiempo en el que se vendieron los cinco mil boletos –de 25 dólares cada uno– puestos a la venta para presenciar el desfile y la toma de posesión de Barack Obama: media hora.

20 Documentos sonoros de la XEW donados por Radiópolis a la Fonoteca Nacional: 154 mil 210.

21 Porcentaje de mujeres que lee Playboy México: 16% del total de sus lectores.

22 Monto del rescate financiero que solicitó la industria del porno: cinco mil millones de dólares; en 2008 esta industria tuvo pérdidas de 22%.


1, La Jornada (7 de enero); 2, La Jornada (12 de enero); 3 y 4, El Universal (3 de enero); 5, Diario Monitor (14 de enero); 6 y 7, La Jornada (8 de enero); 8 y 9, La Jornada (16 de diciembre); 10 y 11, La Jornada (17 de diciembre); 12, El Universal (20 de enero); 13 y 14, Knight Center for Journalism in the Americas (enero 2009); 15, Reforma (14 de enero); 16, La Jornada (13 de enero); 17, La Jornada (9 de enero); 18, La Jornada (6 de enero); 19, Récord (10 de enero); 20, El Universal (16 de enero); 21, Playboy México (2008); 22, Milenio Diario (8 de enero)

Los días y los medios

Diciembre

17 Alfonso Lujambio, titular del IFAI, advierte que la reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales –que establece la reserva permanente de todas las averiguaciones previas que lleve a cabo la PGR– constituye “el primer gran retroceso” en materia de transparencia en México.

24 Mientras las autoridades todavía discuten si Telmex puede o no incursionar en el mercado de la televisión, Carlos Slim lanza Uno TV Noticias, un noticiario con dos emisiones al día, de lunes a viernes, que transmite a través del portal www.prodigymedia.com.

Enero

1 Letras Libres cumple diez años en circulación.

5 En un nuevo intento por abrir fuentes de ingresos, The New York Times anuncia que venderá espacios de publicidad en su portada; de hecho, la edición del día incluye un cintillo de la cadena de televisión CBS al pie de la primera plana.

Héctor Villarreal anuncia que será vocero del PAN y confirma su renuncia a la dirección del IMER.

Al más puro estilo Facebook, la Iglesia católica sube a Internet la red social Catolink, creada por ingenieros mexicanos e italianos.

6 Desde un automóvil en marcha, encapuchados lanzan una granada y ráfaga de metralla contra las instalaciones de Televisa Monterrey. En el lugar, dejan un mensaje intimadatorio en el que acusan a la televisora de transmitir notas acerca de un grupo delictivo, mas no de “narcomandatarios”; no se reportan lesionados.

El IFE entrega a concesionarios de radio y TV las pautas de los mensajes propagandísticos de campañas y precampañas a transmitirse del 31 de enero al 5 de julio.

7 Luego del atentado contra las instalaciones de Televisa Monterrey, policías federales y estatales, así como elementos del Ejército, resguardan el lugar; también vigilan los alrededores de Multimedios Televisión, Milenio Diario, TV Azteca y otros periódicos y estaciones de radio.

8 A 31 años de su fundación, la revista nexos inicia una nueva etapa, con el retorno a su dirección de Héctor Aguilar Camín, la renovación de su comité editorial y el replanteamiento de sus contenidos, haciendo mayor énfasis en los registros periodísticos y literarios.

12 Luego de poco más de un año, Carmen Aristegui regresa al aire con una emisión matutina para MVS Radio, en el 102.5 de FM.

El Universal y el GDF firman un convenio que permitirá al periódico difundir a través de sus diferentes plataformas una serie de producciones audiovisuales realizadas por la administración capitalina con mo-tivo de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

Como parte de una restructuración que apunta a impulsar su área on line en medio de la recesión global, el diario Financial Times anuncia un recorte de personal; a diferencia de The Wall Street Journal, que este año congelará sus sueldos para limitar eventuales despidos en el futuro.
Marvel Comics pone a la venta una edición especial de la historieta de El Hombre Araña, en la que el héroe evita que el villano Camaleón frustre la toma de posesión del presidente Barack Obama

14 Mediante un oficio sin número de folio, el IMSS advierte a Diario Monitor un posible embargo.

15 Elementos de la Policía Bancaria e Industrial detienen a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, luego de que a petición de un juez civil de Jalisco, autoridades judiciales del DF emitieran en su contra una orden de arresto por desacato. Luego de casi 11 horas, Badillo fue puesto en libertad. 16 A decir del director de Contralínea, el episodio es “un acto contra la libertad de expresión” que se suma al acoso judicial y amenazas de muerte que él mismo y la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza han recibido a raíz de las investigaciones mediante las que la revista ha documentado la corrupción existente en los negocios entre Pemex y Grupo Zeta.
En etcétera condenamos esta persecución de la que ha sido objeto Badillo y su equipo de reporteros.

17 The New York Times negocia con Carlos Slim un préstamo que contribuiría a aliviar los problemas financieros de la empresa.

El Vaticano firma un acuerdo con Google para lanzar en YouTube su propio canal, que contendrá noticias, imágenes, videos y discursos del papa Benedicto XVI.

22 El IFE y la CIRT firman los lineamientos para la cobertura de los noticiarios de radio y TV. A decir de las autoridades, esto es un avance adicional para lograr una contienda equitativa en la cobertura informativa.

23 Televisa y Univisión llegan a un acuerdo sobre el contrato de licencia de programación que los tenía en conflicto ante tribunales estadounidenses, que consiste en un plan enmendado que vence hasta 2017, mediante el cual se simplifica el cálculos de regalías e incluye un aumento en el pago a Televisa a cambio de derechos adicionales a Univisión.

Estrenan dueños

El pasado 19 de diciembre se concretó la venta de El Economista a los hermanos Jorge y Alfonso Nacer Gobera, dueños de la Universidad ICEL.La operación se pactó en 310 millones de pesos, de los cuales, se pagaron en efectivo ese día 100 millones y quedaron pendientes 210, a liquidarse en un plazo de 15 meses.

Un mes después, el 21 de enero, los Nacer también se hicieron de El Financiero, en una operación pactada en 20 millones de dólares y la absorción de pasivos por 300 millones de dólares con gobierno y proveedores.

Aunque la idea es que los dos periódicos especializados en economía y finanzas mantengan sus estructuras separadas, se prevén sinergias en los aspectos comerciales, así como de producción, distribución y promoción.

19 de febrero de 2009

SLP: Congreso “apoya” a reporteros con vales de despensa

José Victoriano Martínez Guzmán

Durante 2008, el Congreso de San Luis Potosí entregó vales de despensa a 36 periodistas por un monto total de 301 mil 500 pesos. Ese mismo año, el Legislativo local destinó a medios, a través de “contratos de prestación de servicios”, poco más de 2.5 millones de pesos.

En respuesta a una solicitud de información conforme a la ley de transparencia local, el Congreso de SLP proporcionó la lista de los reporteros que mensualmente reciben vales de despensa que les entrega la Coordinación de Comunicación Social de la Legislatura.

“Por este medio remito a Usted en forma documental, relación de beneficiarios por mes relativa a los vales de despensa que se entregaron por concepto de apoyo a hijos de periodistas, correspondiente al ejercicio 2008”, señaló Carlos Alberto Salazar Camacho, jefe de la Unidad de Información Pública en su oficio de respuesta.

Aunque el concepto de la entrega de los vales es el mismo para todos –“apoyo a hijos de periodistas”–, en las 12 páginas que se anexan a la respuesta (un reporte mensual por página, que puede consultar íntegro en www.etcetera.com.mx) aparecen personas solteras sin hijos y adultos mayores, cuya descendencia ya no es menor de edad.

Con su respuesta, el Congreso potosino documenta la relación viciada entre reporteros y fuentes que supone una práctica común en el país, pero pocas veces se podía probar de manera documental.

Los favorecidos con los vales de despensa trabajan mayoritariamente en diarios locales, entre los que se encuentran fotógrafos, reporteros, editores y hasta directivos.

Del periódico El Sol de San Luis, de la cadena Organización Editorial Mexicana, aparecen cinco personas: Raymundo Rocha, Roberto Gutiérrez, Filiberto Juárez, Antonio Luna y Alfonso Álvarez, quien es editor.

Del periódico El Heraldo, empresa local, se encuentran en la lista Miguel Ángel Guerrero, columnista y directivo del diario; Aurelio Ventura, Elvia Arriaga González y Margarita Basáñez. También se encuentra Marco Luis Polo, quien además es reportero del noticiero local de MVS Radio.

Del diario Pulso aparecen dos reporteros, Everardo Hernández y Graciela Castañón, y un fotógrafo, Alberto Martínez. El periódico La Razón, de reciente creación, cuenta también con tres reporteros en la lista: Benigno Mora, Francisco Ramírez y Gabriel Ramos.

Por parte de MVS también están como beneficiarios de los vales de despensa Gerardo Alfaro, quien trabaja en la producción del noticiero local, y Miguel Ángel Salas.

De Canal 13 hay dos reporteros: Jorge Ascanio y Javier Delgado, quien además hasta hace un mes aparecía en la nómina del Congreso del estado como “jefe de televisión y marketing legislativo” (etcétera, enero 2009); aunque en la actual plantilla de personal que publica la Legislatura en su sitio Web ya no aparece.

De La Jornada hay una persona, Rosa María Pedraza. También con una persona se encuentran: Canal 7, filial de Televisa, con el reportero José Luis Juárez; la revista Crónica Lux con Gerardo Vázquez; del noticiero Señal Informativa de MG Radio, Leopoldo Pacheco; Multimedios Estrellas de Oro con Diego Hernández; del portal de Plano Informativo, Marco Hernández; W Radio en su emisión local con Miguel Mata, y Jesús Pereda de un noticiero regional que se transmite desde las instalaciones del STIRT.

Ocho personas no tienen identificado el medio al que pertenecen: David Rangel trabajó por mucho tiempo para El Heraldo, y de quienes no fue posible saber el medio al que representan son: Rafael Ruiz, Heliodoro García, Teodoro García, Juan Guerrero, José Luis Cervantes, Juan Ríos e Hipólito Infante.

De acuerdo con la información proporcionada, 21 periodistas recibieron vales de despensa los 12 meses del año, y sólo diez recibieron más de mil pesos mensuales en promedio. Destacan los casos de Marco Luis Polo, de MVS-El Heraldo, con un promedio de dos mil 833 pesos al mes, y Raymundo Rocha, de El Sol de San Luis, con un promedio mensual de dos mil 150 pesos. (ver cuadro)

Ejecutivo estatal: más difícil de documentar

Entre el 26 de septiembre de 2003 y el mes de agosto de 2008, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado destinó a medios 128 millones 98 mil 505 pesos, que representan 64.1% del presupuesto ejercido por esa dependencia.

De acuerdo a la respuesta que Comunicación Social dio a una solicitud de información presentada por José Mario de la Garza Marroquín, representante de LIMAC en el estado, el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga gastó, en 57 meses, 78 millones 18 mil 301 pesos en inserciones en prensa para promocionar las acciones y obras de la administración estatal.

En la respuesta, firmada por María Luisa Paulín, coordinadora de Comunicación Social, se señala que lo ejercido en inserciones de prensa representa el 39.04 % del total de su presupuesto ejercido y, al hacer la proyección al 100%, eso significa que se gastaron 199 millones 841 mil 196 pesos en los primeros 57 meses de gestión.

No obstante, de una revisión de las cuentas públicas presentadas por el gobierno del estado al Congreso local, lo ejercido por Comunicación Social al 31 de diciembre de 2007, es decir, en 49 meses, suma la cantidad de 256 millones 105 mil pesos. Habría que agregar los ocho meses de 2008 considerados en la respuesta, lo que hace poco confiable la información proporcionada a De la Garza Marroquín.

Manuel Mendoza Gómez, director administrativo y responsable de la Unidad de Información Pública de la Coordinación de Comunicación Social, aceptó que puede existir un error en las cifras que se proporcionaron como respuesta a la solicitud de información y ofreció revisar las cuentas para proporcionar una explicación.

Un pastel disperso

La respuesta de Comunicación Social al representante de LIMAC, se limita a señalar los porcentajes que del total de su presupuesto se destinaron a televisión (8.54%), a radio (16.52%) y a medios impresos (39.04%), pero solicitantes que han querido conocer las cantidades entregadas a cada uno de los medios no han obtenido respuesta.

El único momento en que se ha conocido la distribución de los recursos aplicados por Comunicación Social a los medios de comunicación fue a mediados de 2005, cuando el entonces diputado Eduardo Martínez Benavente obtuvo de la Contaduría Mayor de Hacienda información procesada por los auditores sobre la cuenta pública de 2004 que ni los propios legisladores podían consultar.

Entonces se conoció que El Heraldo fue el medio que obtuvo más ingresos, cinco millones 284 mil pesos, a pesar de que es uno de los que tiene menor circulación en la estado. Vale la pena mencionar que María Luisa Paulín, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de SLP, hizo la mayor parte de su trayectoria como reportera en ese periódico.

Entre los pagos realizados a El Heraldo, los auditores destacaron tres realizados en el mes de septiembre de 2004 con el mismo concepto: cobertura informativa. Por el mes de mayo, 517 mil 500 pesos; por junio, una cantidad igual, y por el mes de julio, 402 mil 500 pesos.

Un caso parecido destacado por los auditores corresponde al periódico El Mañana, de Ciudad Valles, con el concepto “Gacetillas informativas”: por el mes de octubre, 55 mil 775 pesos; por noviembre 59 mil 225 pesos, y por diciembre 56 mil 350 pesos.

Durante ese mismo año, se realizó en San Luis Potosí la 16 Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Para la promoción de dicho evento, el gobierno estatal contrató espacios en Televisa y TV Azteca.

A TV Azteca se la pagó el 28 de abril de 2004 un millón 231 mil pesos por una cápsula informativa y a Televisa el 30 de mayo de ese mismo año un millón 89 mil pesos.

El Ejecutivo estatal también utilizó los servicios de TV Azteca para difundir su primer informe de gobierno: le pagó un total de 602 mil 122 pesos por spots promocionales, de los que 394 mil 737 pesos correspondieron a una cápsula de 40 segundos.

Pero los montos pagados a medios no sólo provienen de la Coordinación de Comunicación Social, especialmente los que son destinados a Televisa: la Secretaría de Turismo estatal pagó a dicha empresa casi 13 mdp por el patrocinio del certamen Nuestra Belleza en 2004.

Un año después para el evento Espacio 2005, fue el Instituto Potosino de la Juventud el que erogó los gastos que, de acuerdo a los anexos de la Cuenta Pública de ese año, sumaron 30 millones de pesos.

También fue en 2004 cuando se conoció por primera vez el patrocinio del Gobierno Estatal al Club San Luis de futbol. Ese año el gobierno estatal entregó al equipo, propiedad de Televisa, un millón de pesos al mes. De enero de 2004 a julio de 2008, el gobierno estatal ha entregado al club 141 millones 207 mil pesos.

¡Ese apoyo sí se ve!

Por su parte, algunos reporteros que cubren al gobierno del estado fueron favorecidos con “apoyos”, como trajes Robert’s y carteras Mont Blanc, así lo revela información de los auditores de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local que identifica por lo menos dos facturas relacionadas con beneficios en especie para los informadores.

La primera la emite la Organización Robert’s S.A. de C.V., con el número E1186, que corresponde a “compra de trajes para obsequios a los representantes de medios de comunicación que cubren la fuente de gobierno”, que se pagó con dos cheques, el primero por 31 mil 967 pesos como anticipo y el segundo por 20 mil pesos como liquidación.

La segunda factura es de Antonio Roberto Villalba Casaleiz, y tiene el número 0550, por 34 mil 740 pesos y en el concepto que señalaron los auditores indica “12 porta tarjeta, bolígrafos, carteras Mont Blanc, para regalar a los representantes de los medios informativos”.

De acuerdo con testimonios de reporteros que han cubierto esta fuente, la actual administración no sólo se ha preocupado por vestir y dar instrumentos para escribir a los periodistas, pues en los momentos previos a una entrevista con el gobernador es común ver a personal de Comunicación Social sugerirles las preguntas que le deben hacer:

“Lo peor del caso es que hacen las preguntas que les piden que hagan”, comentó uno de los reporteros que no sigue esas instrucciones, y que le ha tocado padecer otra actitud favorable para el gobernador: cuando se hace una pregunta incómoda, ve cómo sus compañeros retiran sus grabadoras para facilitarle al mandatario la conclusión de la entrevista.


Boletines por gacetillas


En su edición de enero, etcétera documentó la compra de notas informativas y entrevistas en medios locales por parte del Congreso de San Luis Potosí. Los contratos de prestación de servicios firmados con los medios sumaron la cantidad de dos millones 653 mil 923 pesos.

Cada uno de los contratos incluye una cláusula en la que el proveedor se obliga a “presentar los reportes de los servicios realizados debidamente sancionados y autorizados por ‘El Congreso’, dichos reportes deberán ser anexados a la facturación correspondiente y contener descripción, período y tipo de servicio prestado”.

Como respuesta a una solicitud de información, el Congreso de SLP puso a disposición copia de las pautas publicitarias de las empresas de radio y televisión, así como de las páginas de los diarios en las que aparecen los anuncios que la Legislatura publicó durante 2008.

En dos DVD´s, el Congreso del Estado proporcionó los spots de radio y televisión que enviaron a los medios electrónicos para ser reproducidos. Sin embargo, los DVD´s no incluyeron las entrevistas y notas informativas que se contrataron.

“Respecto a la información consistente en entrevistas en medios de comunicación electrónicos y boletines de información oficial difundidos por esta Legislatura por convenio, la Coordinación de Comunicación Social no ha solicitado el uso de dicha bonificación por tanto no existe la información solicitada.

“Cabe hacer mención que este aspecto es cubierto con el envío de información diariamente del Congreso del Estado a los medios de comunicación –se tenga o no convenio con ellos– de la cual cada medio selecciona e incluye en sus noticieros o periódico”, señala la respuesta oficial.

En principio, la respuesta parece mostrar que el Congreso estatal pagó por servicios no utilizados, pues los contratos signados con los medios establecen claramente conceptos como “entrevistas” y “cápsulas informativas”, incluso se define la duración que deben tener éstas. O bien, los boletines que emite el Legislativo tienen difusión en medios, mediante pago. etcétera y Proyecto Tábano darán seguimiento a este asunto.

18 de febrero de 2009

LA FRASE DEL DÍA

"La crisis podría terminar en el 2010".

Director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn.

Televisoras, convertidas en el "gran elector": Aristegui y Aguayo

MIGUEL CABILDO (apro)

Luego de advertir que en México podría haber surgido el dedazo de las televisoras, el investigador Sergio Aguayo y la periodista Carmen Aristegui señalaron que el duopolio busca convertirse en el "gran elector" e influir en el resultado de las campañas electorales.

Este martes, durante la presentación del libro Democracia: Medios de Comunicación y Elecciones en México, Aguayo advirtió que uno de los problemas más graves de la democracia nacional es que no ha logrado encontrarle un lugar adecuado a los medios electrónicos.

Por su parte, Carmen Aristegui expresó que México vive una atrofia de la vida política mexicana, "donde las televisoras están jugando un papel de sometimiento de la propia autoridad electoral".

Agregó:

"Parecería que las televisoras ya no quieren influir en la sucesión presidencial, sino que quieren decidir la sucesión presidencial".

Para el investigador del Colegio de México, "la forma en que se comportaron las televisoras, los partidos y candidatos durante la elección de 2006 y las 13 elecciones estatales de 2007 y 2008, con campañas negativas, parcialidad en algunos noticiarios e inequidad en los tiempos, se mantiene de manera sistemática, lo que demuestra un problema que ha perdurado".

Aguayo sostuvo que hoy en día se ha modificado el lugar que tenían las televisoras, porque en el viejo régimen obedecían a los dictados de la Presidencia, pero en la actualidad se han hecho autónomas y actúan de acuerdo a sus intereses.

Puntualizó:

"Lo que vemos ahora es que tienen la capacidad de convertirse en uno de los grandes electores o un elector privilegiado de quienes van a gobernar México… Podríamos estar viendo el surgimiento del dedazo de las televisoras".

Y frente al fallo del Instituto Federal Electoral (IFE), que decidió no sancionar a las dos empresas televisivas más importantes del país por transmitir spots electorales en bloque e interrumpiendo su programación, Aguayo dijo que el organismo queda "mal" porque da la percepción de que la ley se vuelve a negociar.

En el mismo sentido, Carmen Aristegui expresó que la autoridad electoral quedó disminuida y nos muestra el papel de los "poderes fácticos", que no es otra cosa que ejercer un poder sobre el interés público sin tener mandato.

Rebelión cívica

Sergio Aguayo Quezada

Quienes gobiernan este país siguen luciéndose y engalanan, todavía más, el firmamento de nuestras impunidades.

Luis Téllez asegura que Carlos Salinas "se robó la mitad" de los 857 millones de dólares que recibió de la "partida secreta", pero lo dice cuando ya prescribió cualquier posible responsabilidad... cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (Marco Baños, Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez, Benito Nacif y Arturo Sánchez) se lucen con dinero ajeno y se someten, vasallos, ante las televisoras a las cuales ahorran una multa millonaria... la Suprema Corte hilvana un razonamiento jurídico impecable, para dejar sin castigo las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco... Podría continuar enumerando los atropellos a los derechos de víctimas y ciudadanos pero es tan desgastante hacerlo que reoriento la reflexión a lo que podríamos hacer para frenar la rampante degradación de la política.

En el venerable Colegio de México soplan vientos de renovación. El miércoles 11 de febrero su presidente, Javier Garcíadiego, inauguró un evento internacional que dedicó la mayor parte de su tiempo a esclarecer por qué no se han castigado, en México, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Volvió a revisarse la tragedia de los desaparecidos, se hizo una disección de la amnistía de facto concedida en los hechos por el gobierno de Vicente Fox, y se revisó la indiferencia de Felipe Calderón hacia el tema.

En el evento de un día se fue más allá de la denuncia y la protesta; se incursionó en la propuesta. Reconocimos, de entrada, la ingenuidad de quienes creímos que bastaba con la alternancia y el federalismo para que la justicia deslumbrara. Sigue sin notarse el arribo de los exopositores al poder. También se aceptó la incapacidad de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y víctimas para acordar una agenda mínima contra la impunidad. Influyó la renuencia a asumir a plenitud una de las reglas centrales de la democracia: es inevitable dialogar, interactuar, negociar con la autoridad para empujar una agenda con principios. Y en ello no basta con tener la razón; para tener éxito debe combinarse la determinación con la eficacia y la imaginación. En realidad se trata de construir una verdadera oposición a la corrupción y la impunidad. Y eso requiere avanzar, cuando menos, en cinco frentes.

Primero. Individuos, grupos e instituciones necesitan de una agenda mínima que parte del reconocimiento de que nadie tiene la fórmula mágica, o la capacidad para imponerla a quienes toman decisiones. Cualquier consenso requiere de la unidad construida sobre el respeto a las diferencias.

Segundo. Huir del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas. Es indudable que existe una línea de continuidad entre pasado y presente, pero sería un error concluir, por ejemplo, que la Suprema Corte no ha evolucionado; basta recordar cómo rechazó, en el 2007, la Ley Televisa. En el caso del IFE cuatro consejeros mantuvieron la dignidad y estuvieron dispuestos a enfrentarse a Televisa y TV Azteca: Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés.

Tercero. Generar conocimiento de excelencia. Hace falta entender mejor los patrones de la continuidad entre la impunidad del pasado y el presente, y las diferencias que hay en las posturas de los actores porque el cambio se construye sobre la identificación de aquellos funcionarios dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Es también prioritario combatir las nuevas formas de opacidad. Es grotesco que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), depositados en el Archivo General de la Nación, tengan como cancerbero a un exintegrante de la DFS. Es ofensivo que cuando se pregunte a la Procuraduría General de la República sobre el destino de los expedientes de la fiscalía especial contra delitos del pasado, se haga la desentendida.

Cuarto. Faltan nuevos métodos. Por ejemplo, tiene que ampliarse la utilización del litigio estratégico, una herramienta indispensable para defender víctimas y presionar autoridades. Otra innovación supone mejorar la forma en que se acompaña a las ciudadanas y ciudadanos que desean representar la nueva agenda social compitiendo por un cargo de elección popular o por la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos (me anticipo a las críticas haciendo dos precisiones: es legítimo buscar cargos públicos pero expresarlo no significa, en mi caso, que los procure o los acepte).

Y quinto. La nueva agenda es tan variada que podría extenderse y quedar diluida en la irrelevancia. El hilo conductor que daría coherencia a los múltiples asuntos es seleccionar un ramillete de casos paradigmáticos que confirmen la inexistencia, en México, de un Estado de derecho para dar a conocer, en el exterior, la indefensión en que nos encontramos. Un síntoma de lo que está sucediendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene, según algunas fuentes, alrededor de 400 casos de quienes buscan fuera lo que se les niega dentro.

Aunque es imposible hacer pronósticos, se están dando las condiciones, en este país y su entorno exterior, para la formulación de una agenda mínima que aliente a un frente amplio contra la impunidad y la corrupción. Hay hartazgo de los gobernantes, y cansancio por el marasmo ciudadano. Esta rebelión cívica está surgiendo en torno a una idea elemental pero profunda: la verdad y la justicia pertenecen a quienes las conquistan.

Pusilánimes

Javier Corral Jurado

Para Luis Miguel Carriedo, con afecto.

La decisión de la mayoría de los consejeros del IFE de indultar a las televisoras por la violación constitucional y legal que hicieron de las disposiciones electorales en materia de radio y televisión, es un acto de autodenigración institucional, porque se menoscaban tres de las más importantes cualidades que debe tener esa autoridad: credibilidad, independencia, legalidad. Esto se suma al deterioro del prestigio que otrora gozó, y la desconfianza ciudadana aumenta hacia el árbitro de la principal disputa que se da en México: la electoral.

Ni más ni menos que esa es la afectación, y se trata de un enorme daño, porque en un abrir y cerrar de ojos nos hecha a perder esfuerzos sociales, políticos e institucionales muy largos, duros y complejos en la construcción de la democracia electoral. Sí, es un acto suicida, una dinámica autodestructiva.

Las causas de esa conducta pueden ser diversas y ya varios articulistas han abordado con distintos enfoques, la debilidad con que respondieron a las presiones de Tv Azteca y de Televisa los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez y que inevitablemente arrastrará al conjunto.

Este fin de semana me he preguntado qué les pasó a esos consejeros que al principio se veían tan firmes, y luego fueron capaces no sólo de someterse, literalmente doblegarse, sino que se atrevieron a decir las cosas que dijeron y sólo les faltó pedirles una disculpa pública a las televisoras pues, ya no dudo que algunos lo hayan hecho en privado. Por supuesto que lo primero que pensé fue que no pudieron resistir las presiones, o se imaginaron consecuencias funestas en su relación futura con las televisoras.

Quiero compartir mi visión del asunto, porque he visto pasar muy de cerca esas presiones envueltas de distinta manera, como amenaza, chantaje, intimidación o incluso ofrecimientos de apoyo y gracia con que la Televisión sabe pagar los favores recibidos.

¿Cómo presiona la Televisión?, no pocas veces me han cuestionado. ¿Cómo opera sus mecanismos de captura?, ¿son sus operadores mentes brillantes en el arte de la argumentación?, ¿son sofisticados sus métodos?, ¿realmente son más poderosos que el Estado?. Respondo que ninguna de las tres cosas anteriores, más bien son muy rudimentarios, poco dotados y más que poderosos son hábiles y sagaces. Del chapulín colorado, y no de otra fuente, les proviene su astucia: tienen bien medido el infantilismo político con el que se comporta una buena parte de la clase dirigente del país, saben del desvanecimiento de la visión de Estado en la tarea de gobierno, conocen del bajo nivel cultural, ético y jurídico de muchos de los que hoy ocupan responsabilidades públicas, de lo que se llama ausencia de líderes en instituciones clave de nuestra democracia.

Las presiones de la Televisión siempre han tenido efecto en quienes se dejan presionar, y más aún en quienes son susceptibles de esa presión, ya sea porque tienen vínculos directos con las empresas, o acumulan en su expediente personal, político o profesional faltas que luego los cabilderos de la televisión se encargan de recordarles. Por esa vía, a la que no debemos dejar de añadir el narcisismo político, ese embelesamiento que a algunos les causa salir en la tele - para poder verse y existir -, han logrado muchas canonjías, privilegios e impunidades. Pero más ha sacado raja la Televisión de los pusilánimes, que de los corruptos. Sí, su fuerza es proporcional a la debilidad del gobierno. De los faltos de carácter, o de los “faltos de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes”, como define el diccionario de la real academia de la lengua española, a los pusilánimes, del latín pusillanĭmis, es de donde la televisión ha sacado cómplices para fincar su influencia, su impunidad.

Quien quiera ver cómo se acobarda y se rinde un servidor público, de los de sin ánimo, ya no digamos para hacer cosas grandes por su país, sino por lo menos para hacer respetar la ley, y sancionar el atropello del poder fáctico de la televisión, que vea la sesión del IFE del pasado 13 de febrero de 2009. Quien desee observar el referente contrario en hombres y mujeres que se dan a respetar, y no sólo son fuertes ante la desgracia sino inteligentes y firmes para detener el abuso, que vea las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo y junio de 2007, cuando se echó abajo la Ley Televisa.

El mismo IFE tiene su contraste para esperanza de muchos, aun cuando en número insuficiente. Frente a la repentina como vergonzosa actitud de quienes decidieron congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Singular, por valiente e informada la actuación del consejero Alfredo Figueroa. También la de Virgilio Andrade, quien reivindicó la defensa de la legalidad. Vaya para ellos nuestro abrazo, sabiendo que se trata de la excepción honrosa en este capítulo de demolición. Para la mayoría que se rindió, nuestro rechazo a su conducta.

IFE débil, telecracia dura

Miguel Ángel Granados Chapa

A partir de la firma de un extraño acuerdo de colaboración que sirvió de excusa para exonerar a los infractores, el órgano electoral se rindió y fue capturado por los sujetos regulados

Atribúyala usted a ingenua buena fe de la mayoría de los consejeros, o a la capacidad de las televisoras para intimidarlos, avasallarlos y ganarlos por cualquier medio para su causa (que es contraria a los intereses que en este caso el IFE debe gestionar). Lo cierto es que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral es una grave lesión a sí mismo -autoinferida, suicida casi, en consecuencia- y una victoria de la insolencia telecrática. Se sabe ya, a partir del viernes 13, quién manda en México si se trata de aplicar la Constitución y la ley en materia electoral. Como en otros terrenos, el verdadero poder rector de la sociedad radica en avenida Chapultepec y en el Ajusco, no en otra parte.

El sábado 31 de enero y el domingo 1o. de febrero Televisa y TV Azteca iniciaron el desafío que ganaron el viernes pasado. Interrumpieron programas deportivos y de entretenimiento con la presentación irregular de mensajes de los partidos y los órganos electorales. Los agruparon indebidamente, les antepusieron una cortinilla con cuyo texto se hacían las víctimas de una imposición y trasladaban al IFE la supresión de la imagen que el público quería ver y consiguieron con ello que la irritación del público -al que esas mismas televisoras agravian cotidianamente con publicidad comercial igualmente estorbosa del espectáculo- debilitara la frágil disposición ciudadana a la participación electoral.

El IFE reaccionó, o pareció reaccionar como si fuera una autoridad verdadera. Pidió informes a las concesionarias infractoras, anunció que iniciaría en su contra un procedimiento sancionador y su Secretaría Ejecutiva preparó sendos proyectos en que se examinaron las peculiaridades de las conductas atípicas de las televisoras y se previó multarlas, con 7 millones a TV Azteca y con 4 a Televisa. Conocidos los proyectos, la noche del jueves 12 parecía inexorable la aplicación de esas penas, pues habían ganado el asentimiento mayoritario.

Pero el miércoles 11 había comenzado a fraguarse la decisión que debilitó al IFE y fortaleció al duopolio; es decir, comenzó la captura del órgano regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez, junto con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron a parlamentar con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Si bien el grupo representativo de los concesionarios fue encabezado por Arturo Laris Rodríguez, presidente de su consejo consultivo, la presencia realmente importante era la de los vicepresidentes de la cámara, Javier Dondé y Ernesto Vidal, representantes de Televisa y TV Azteca. Con ellos, en rigor estricto, fueron a hablar los consejeros del IFE.

El resultado del encuentro fue un documento tan atípico como las conductas atribuidas a las televisoras. Haga usted de cuenta que en una operación contra la piratería, es decir contra la violación masiva del derecho de autor, los fabricantes de discos compactos o devedés ilegales firman con la Procuraduría General de la República un acuerdo de colaboración en que los presuntos delincuentes o infractores se comprometen a no seguir ya su práctica lesiva para la propiedad intelectual a cambio de que no se les aplique la ley. Sin duda a usted le parecería una aberración, porque el interés público resulta lesionado y porque dejaría sin contenido la afirmación con que se llena la boca a representantes del Estado mexicano, particularmente al gobierno federal panista, de que "la ley no se negocia".

Pues bien, consejeros del IFE y su secretario ejecutivo firmaron con los infractores un "acuerdo de colaboración", en cuyo cuerpo se relaja la estricta obligatoriedad de los textos legales. La cámara -es decir, para efectos prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió a "respaldar, apoyar y acompañar al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio instituto a los tiempos de radio y televisión", condiciones que están ya en la Constitución, el código electoral y el reglamento de radio y televisión y que no es, por lo tanto, necesario "propiciar". Por añadidura, los concesionarios deslizaron una frase que los exime de cumplir en adelante las normas pues "procurarán" no agrupar los promocionales "en un solo bloque". En el informe del secretario ejecutivo al consejero general, rendido el viernes, ese compromiso se refiere a que los concesionarios harán "todo lo posible" para no agrupar los mensajes. Y como a lo imposible nadie está obligado...

Con la firma de ese extravagante, seudolegal acuerdo se estableció la base para eximir de penas a las infractoras. El consejero Marco Antonio Baños presentó un proyecto contrario al de la Junta, para sobreseer el caso, lo que implicaba dejar de lado las sanciones previstas, porque tras la firma de ese acuerdo, surgido de "la acción del IFE y la sensibilidad de los concesionarios", y "al haberse corregido la transmisión de los spots", el asunto queda sin materia. La falacia del argumento de Baños, referido a hechos supervinientes a la infracción, contó con el apoyo de los consejeros Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez, alineados con la entusiasta posición de los representantes del Partido Verde, que nunca se recatan para ostentarse defensores de la telecracia, endurecida e impune.

12 de febrero de 2009

Televisión pública de Europa, ¿dónde has puesto la calidad?

Por Isabel Hummel - Berlin

Las cadenas públicas de televisión, sujetas a debate a nivel europeo: a la ARD, la BBC y compañía se las acusa de perder calidad a favor de la audiencia. Y eso, a pesar de los cánones exorbitantes que pagan los ciudadanos. En Francia, se ha reducido la publicidad drásticamente.

“Tonterías” de las televisiones públicas alemanas

Una gran ovación. El presentador ayuda a subir al escenario a un hombre pequeño y entrado en años que lentamente empieza a hablar. El público aún sonríe. Es 11 de octubre de 2008, el crítico literario más famoso de Alemania, Marcel Reich-Ranicki, se dirige al público desde el escenario. Se le iba a entregar el Deutsche Fernsehpreis, un premio de la televisión pública alemana, por su trabajo como crítico, pero, tal y como él dice, no puede aceptarlo. Y se dirige al público hablando de lo “desagradable” de esta entrega de premios y de las “tonterías” que se dicen en televisión. Los directores generales de las principales cadenas alemanas están sentados en primera fila y sonríen desconcertados a las cámaras.

Al día siguiente, el debate sobre la calidad televisiva está al rojo vivo en todos los canales. La gente se pregunta qué pasa con la televisión y miran interrogantes a las principales cadenas alemanas de televisión pública, la ARD y la ZDF, que están obligadas por ley a ofrecer un alto nivel de información, educación y cultura. Pero estas cadenas tienen, ante todo, un gran problema común: los jóvenes las evitan; la edad media de sus espectadores es de 65 años. No es ninguna sorpresa ya que en el horario de máxima audiencia se emiten sobretodo las adaptaciones para televisión de las novelas de Rosamunde Piltcher y programas de entretenimiento de música popular; los programas sobre política se han trasladado a la siguiente franja horaria, la de los programas de noche. Con los diálogos superficiales de las telenovelas y los concursos de preguntas y respuestas se acaba de rellenar la parrilla.


Marcel Reich-Ranicki, uno de los críticos más respetados en Alemania, rechaza el premio de la televisión pública alemana | “He recibido muchos premios literarios, entre ellos el Goethe y el Thomas Mann. […] Y lo agradecí sin problemas. Hoy me encuentro en una situación difícil. No quiero insultar a nadie pero, hoy digo alto y claro que no acepto este premio. […] En arte [la cadena de televisión franco-alemana] se ven cosas interesantes de vez en cuando… ¡pero no las tonterías que se pueden ver aquí!”

Pero no es un problema exclusivamente alemán. Desde la introducción del sistema dual en 1980, la televisión pública de toda Europa tuvo que competir con las cadenas privadas. La mala distribución de contenidos ha de justificarse por partida doble, ya que al fin y al cabo la televisión pública se financia con cánones que pagan los ciudadanos. Mientras la televisión privada atrae a los jóvenes obedientes con concursos, programas de entrevistas, tele-realidad y series norteamericanas, la televisión pública se enfrenta al eterno debate: sus principios educativos contra el deseo de llegar al mayor número de espectadores posible.

El escándalo Sachsgate en la BBC

A la madre de todas las cadenas de televisión públicas, la británica BBC, le ha salido el tiro por la culata en su intento de ganarse a la audiencia joven. El motivo: el llamado escándalo Sachsgate. Jonathan Ross, la estrella mediática británica mejor pagada, y Russel Brand, un provocativo presentador, llamaron durante un programa de la BBC al actor Andrew Sachs, de 78 años, y dejaron mensajes abiertamente vulgares en su contestador automático. Los responsables del programa no lo censuraron y el programa se emitió. Tras la emisión, el público enfureció: se supone que la BBC es el estandarte del periodismo serio; y aún hay un motivo más de peso –y además caro–: la cadena se gasta 3,5 mil millones de libras cada año. Sin embargo, la BBC ha reducido su plantilla y ha despedido a cientos de trabajadores por razones de coste mientras la renovación del contrato de Jonathan Ross hasta el 2010 le ha costado 18 millones de libras y ha subido el sueldo de sus directivos hasta un 17%.

En 2007, la BBC también tuvo algún que otro patinazo: el tráiler de un documental sobre la reina se montó de manera errónea y algunos comentarios fueron manipulados. La cadena se disculpó públicamente con la reina y pagó una multa por la manipulación. Los detractores de los cánones tienen tras el Sachsgate aún más razones a las que agarrarse.


Russell Brand y Jonathan Ross durante la broma a Andrew Sachs

Sarko suprime la publicidad de France Télévisions

Para evitar situaciones embarazosas parecidas y tener en cuenta a la audiencia –según las declaraciones oficiales– el presidente francés Nicolas Sarkozy anunció en enero una reforma en el grupo France Télévisions. Primer punto: la publicidad tiene que eliminarse paulatinamente. En 2009, se suprimirá la publicidad a partir de las 8 de la noche; a partir de 2011 se espera que haya desaparecido por completo. Mientras France Télévisions acumula pérdidas de 450 millones de euros a causa de esta reducción de la publicidad, las cadenas privadas pueden incluso emitir más publicidad e interrumpir más a menudo las películas con una retahíla de anuncios. El pastel de la publicidad se ha repartido de nuevo; unas navidades anticipadas para los poderosos amigos de Sarkozy del mundo de las telecomunicaciones.

Punto dos: Sarkozy nombra personalmente a los directores de las cadenas de televisiones públicas. Él no ve nada reprobable en eso, al fin y al cabo en las grandes empresas manda el accionista principal, que está en la cima de la empresa. Tonterías, dicen los críticos, Sarkozy solo se rodea de medios más mansos. La oposición teme que se llegue a una televisión controlada por el Estado. François Bayrou, presidente de la Unión por la Democracia Francesa (MoDem), considera esta reforma un “retroceso sin precedentes”.

Berlusconi, dueño de la RAI

En Francia es un escándalo; en Italia, casi es tradición: la política y los medios en Italia están desde hace mucho tiempo entremezclados. Ya en 2004, el Parlamento Europeo calificó la posición dominante de Berlusconi como “una combinación única de poder económico, político y mediático”. Es dueño del grupo Mediaset y como presidente del gobierno tiene además una gran influencia sobre la cadena estatal Radiotelevisione Italiana (RAI). En conjunto, estas cadenas constituyen el 90% del mercado televisivo italiano. En la cima de la RAI hay un nuevo consejo administrativo, que, sin embargo, se nombra a través de un comité de inspección parlamentario y el ministro de finanzas. Sin embargo, desde la reelección, en mayo, Berlusconi no ha conseguido elegir un nuevo presidente del comité de inspección. Está en tablas con la oposición. Ahora injuria a las empresas económicas líderes que se anuncian en la RAI: “No entiendo cómo pueden aceptar que se emitan sus anuncios entre programas, anuncios que alimentan el pánico y la desconfianza”. El secretario del sindicato de periodistas de la RAI, Carlo Verna, califica esto como un intento “vergonzoso y nada responsable” de agravar la situación financiera de las cadenas públicas. La pregunta es si la RAI sigue siendo aún independiente o no.

11 de febrero de 2009

Crecen pequeños medios

Blogs, enciclopedias y videos juke-box están cambiando el panorama de la información, cuestionando cada vez más las reglas del periodismo tradicional, y no sólo del escrito.

Por diego galli - Madrid Traducción: iker rouco.

En la era de los grandes grupos mediáticos como News Corporation y Disney en los Estados Unidos, o Bertelsmann y Mediaset en Europa, el artículo 10 de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos, parecía hasta hace pocos años referirse sólo a las pocas personas con capacidad de controlar los medios de comunicación de masa. Pero, con paso ligero, Internet está propiciando un increíble cambio de poder a favor del público.

Blog y periodismo

El periodismo no es una condición personal sino una actividad, y como tal, puede ser desarrollada por cualquiera que tenga la capacidad y siga las reglas. Así opina la autora del libro Manual del blog, Rebecca Blood: "Cuando un blogger escribe informes cotidianos de una conferencia internacional, como ha hecho David Steven desde la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de 2002, se trata de periodismo. Cuando un editorialista manipula los hechos para crear una falsa impresión, no".

La gran cuestión que hay que afrontar es la de cómo los blogs están cambiando el periodismo. La respuesta que más se adecúa es aquella dada a través de una metáfora de Tom Curley, el director de la American Associate Press: "Como hemos podido ver claramente en el último año, los consumidores querrán utilizar la naturaleza interactiva de internet para participar directamente en el intercambio de noticias y de ideas. La información como lección está dejando espacio a la información como conversación".

Los primeros síntomas de esta influencia ya se están notando. Desde la BBC, que invita a sus clientes a enviar fotos amateurs hechas durante las manifestaciones contra la guerra en Irak, al portal de MNSBC, que invita a los lectores, implicados directamente en alguna cuestión de actualidad, a contar sus propias historias. La web de Le Monde ofrece a sus lectores la posibilidad de abrir un blog, y el diario Ventura County Star traslada a un blog la discusión que se da cada día en la redacción para confeccionar el periódico del día siguiente, permitiendo a los lectores intervenir mediante comentarios.

No sólo blog


El declive de la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales es un factor clave para explicar el éxito del periodismo participativo tanto como la disponibilidad, a bajo coste, de nuevos instrumentos tecnológicos que permiten la interactividad.

Con la difusión, a nivel popular, de instrumentos como las cámaras digitales, los teléfonos móviles con cámara de video, y de software para editar videos, la frontera del periodismo participativo se está trasladando también hacia la producción de contenidos audiovisuales. Aquí, el camino ha sido abierto por Indymedia, con las grabaciones de las manifestaciones antiglobalización, o por proyectos como el Portland Independent Media Center. En los últimos años, han surgido proyectos similares también en Italia, como el New Global Vision, al cual se adhieren también las televisiones urbanas de la red Telestreet. Uno de los mayores problemas hasta ahora, ha sido el elevado coste, necesario tanto para albergar archivos de video como para la disponibilidad de la banda ancha necesaria para el streaming o la descarga de archivos. Problemas superados en un principio gracias a la utilización de las redes peer to peer (las mismas con las que se intercambian los archivos musicales) y de software como Bit Torrent. Hasta la decisión del célebre Internet Archive -el proyecto que archiva todas las páginas web- de albergar gratuitamente todos los archivos audiovisuales producidos de manera amateur y distribuidos con las licencias Creative Commons. Una disponibilidad que aprovecha por ejemplo Ourmedia.org, el último experimento de periodismo participativo en la web.

Wikipedia: el cerebro global


"Inteligencia colectiva" es la expresión clave para comprender el fenómeno del periodismo participativo. Como afirma Dan Gillmore, el principal teórico de este fenómeno: "Mis lectores conjuntamente saben más que yo, y eso es bueno".

El periodismo participativo está obteniendo en el campo de la información los mismos éxitos que el movimiento "open source" (fuente abierta) obtuvo en el frente del desarrollo de programas o software. Se recurre mucho al modelo open source Wikipedia, la mayor enciclopedia del mundo, elaborada mediante colaboraciones de más de 16.000 usuarios que han insertado más de 1.500.000 de artículos en más de 190 idiomas. Wikipedia se basa en software; el wiki (de ahí el nombre) permite a cada usuario escribir un artículo así como corregir o integrar aquellos escritos por los otros. Con sus 500 millones de páginas visitadas al mes, supera ya en popularidad a la web del New York Times. Recientemente, Wikipedia ha lanzado Wikinews, aplicando el mismo sistema de colaboraciones para la creación de noticias de actualidad.

En torno a Wikipedia se ha desarrollado un debate sobre la credibilidad de las informaciones creadas por los usuarios. El valor de una enciclopedia se basa en la exactitud de las informaciones en ella contenidas, certificadas por la autoridad de los autores en el ámbito específico de las voces que están llamadas a redactar, y por la selección editorial efectuada por un grupo de expertos. Procesos, estos, ausentes en la redacción de las voces de Wikipedia.

Los defensores de Wikipedia sostienen que la comparación con la enciclopedia tradicional no procede, por el simple hecho de que nos encontramos frente a un producto editorial diferente.

Quien visita Wikipedia, sabe que los artículos están escritos por usuarios comunes y no están supeditados a ningún control editorial. La autoridad de wikipedia se basa en un proceso desconocido por los medios de comunicación tradicionales: el control de los usuarios.

Dado que cada usuario puede modificar informaciones no exactas o parciales, esto permite el surgimiento de una nueva forma de credibilidad basada en la inteligencia colectiva.

5 de febrero de 2009

TELEVISORAS MANIOBRERAS

Miguel Angel Granados Chapa

Apenas el jueves 29 la doctora Denise Dresser preguntó a los senadores si gobernaban ellos o Ricardo Salinas Pliego, y dos días después tuvimos una respuesta que ya conocíamos: quedó confirmado que el poder radica en TV Azteca, y en Televisa. El sábado y el domingo las integrantes del duopolio de la televisión abierta manipularon mensajes electorales con la intención no declarada, pero transparente de defender sus intereses y malquistar a su público con el IFE y los partidos políticos.

En vez de presentarlos en los minutos previos a los partidos de futbol, o en los intermedios, o al concluir cada juego, las televisoras acumularon spots o promocionales (¡vaya dilema: ni cuál escoger entre esas palabrejas!) y, precedidos por comentarios de los locutores y la leyenda que atribuía la interrupción a “órdenes” del IFE, y asestaron mensajes políticos durante varios minutos a públicos ganosos de ver futbol, soccer o americano, que muy probablemente los recibieron en el mejor de los casos resignadamente si no es que irritados por la intromisión.

Al actuar de ese modo, las televisoras confirmaron su renuencia a la legislación electoral que estableció un régimen nuevo para la radio y la televisión en ese campo y prohibió la propaganda pagada en esos medios, en que los partidos derrochaban hasta ahora cerca de dos tercios de las abultadas sumas que reciben del erario, es decir de los contribuyentes. Las televisoras han juzgado esa decisión del poder revisor de la Constitución y del Congreso como una ofensa y la han combatido por medios legales y estorbos ilícitos. Tienen derecho a lo primero, a acudir a los tribunales para impugnar normas que lastimen a sus intereses. No lo tienen, en cambio, para desacatar las normas y generar con su incumplimiento, desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos, que ya hacen bastante para distanciarse de los ciudadanos.

En marzo del año pasado, TV Azteca rehusó de plano transmitir los primeros mensajes partidarios, al comenzar la vigencia de esa porción del Código electoral. Ni siquiera recibió la documentación que disponía las transmisiones. Solicitó amparo contra su obligación legal de hacerlo y al serle negada la suspensión demandada se vio en el caso de pasar al aire en mayo lo que había dejado de transmitir en marzo y también en abril. El IFE sancionó su infracción con una multa de cinco millones y medio que el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación atenuó apenas en diciembre pasado, considerando que no merecía la pena máxima porque no era reincidente. Ahora, en cierto modo, ya lo es. Ciertamente, no se negó a transmitir los mensajes que mercaban el comienzo de una temporada electoral, las precampañas.

Pero lo hizo a contrapelo del numeral cinco del Artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en material electoral aprobado por el Consejo general del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Ese texto establece a las claras que “los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto”. El IFE reaccionó en lo inmediato desmintiendo a las televisoras que le achacaron el modo y el momento de la transmisión de los mensajes. Ahora tiene que ir más allá de esta explicación al público (que ameritaría haber sido mejor redactada):

“1.-Desde hace varios años el Estado dispone en la radio y la televisión de 48 minutos diarios para emitir propaganda gubernamental y de otros poderes (sic).

2.- Dichos promocionales (¿?) son transmitidos a lo largo del día dentro de las barras comerciales…Por esa razón, la propaganda gubernamental se alterna con la publicidad comercial y el público está acostumbrado a ella.

3.- Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el Gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales.

“4, Por lo tanto, no se han incrementado los tiempos del Estado y los concesionarios no necesitan sacrificar sus programas o ceder su tiempo comercial para transmitir los promocionales de partidos y el IFE. Son el Gobierno y otros poderes los que, por disposición constitucional, han cedido el tiempo para partidos y autoridades electorales.

5 Los promocionales que se transmiten a partir del inicio de las precampañas por todos los medios de comunicación electrónica del país utilizan solamente el tiempo que le pertenece al Estado y fueron pautados para ser transmitidos, a lo largo del día, de manera similar a la propaganda gubernamental.

“6.- Con base en lo anterior es necesario informar que la decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en un solo bloque comercial (¿?) así como la de interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de dichos promocionales dentro de los mismos programas y no en los bloques comerciales normales, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el Instituto Federal Electoral”.

Pertinente y necesaria la aclaración, debe ser sólo parte de la actitud que asuma el IFE, que no puede quedar a merced –y con él los partidos—de la inquina de TV Azteca y Televisa. Debe evitar que la maniobra se reedite.

3 de febrero de 2009

El miedo a gobernar



La provocación y los porqués

Javier Corral Jurado

La decisión conjunta de Televisa y TV Azteca de incumplir las normas electorales para la transmisión de los anuncios propagandísticos de los partidos, al presentar en bloque todos los spots e interrumpir la programación continua, no sólo es parte del operativo de desinformación, mentiras y desprestigio que han hecho de la reforma que les afectó el multimillonario negocio de la publicidad política, sino un auténtico acto de provocación del porrismo mediático en que han convertido su oposición a la legislación.

El duopolio televisivo atenta contra el Estado y la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado está débil frente a ellos y nuestra democracia es precaria. Porque lo hacen bajo un cálculo de poder desbordado, con conocimiento pleno de que sus excesos no tendrán sanción mayor, porque el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para someterlos al imperio de la ley.

No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.

Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.

El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.

Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.

Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.

Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.

Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

1 de febrero de 2009

Oligopilandia, o el capitalismo de los cuates

Denisse Dresser

Discurso de Denisse Dresser en el frente a diputados, senadores, empresarios y funcionarios

México es un país privilegiado. Tiene una ubicación geográfica extraordinaria y cuenta con grandes riquezas naturales. Está poblado por millones de personas talentosas y trabajadoras.

Pero a pesar de ello, la pregunta perenne sigue siendo: ¿por qué no crece a la velocidad que podría y debería? ¿Por qué seguimos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro?

Aventuro algunas respuestas, y les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca llamado "La vida en México", escrito en el siglo XVII, en el cual intenta describir las principales características del país.

Si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a "Oligopolilandia". Porque desde el primer momento en el que pisara el país, se enfrentaría a los síntomas de una economía política disfuncional, con problemas que la crisis tan solo agrava.

Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo; se vería asediada por maleteros que controlan el servicio; tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un aumento de 30 por ciento en las tarifas, y si tuviera que cargar gasolina, lo haría sólo en Pemex.

En el hotel habría 75 por ciento de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor, y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado.

Si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse de esta situación, pagaría una de las tarifas más elevadas de la OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que sólo existen dos cadenas.

Para entender la situación en la que se encuentra, tendría que recordar lo que dijo Guillermo Ortiz hace unos días: no hemos creado las condiciones para que los recursos se usen de manera eficiente; o tendría que ller el libro "Good Capitalism/Bad Capitalism", que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan; por qué algunos países promueven la equidad y otros no logran asegurarla.

La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito -o el fracaso- se halla en el modelo económico: en la decisión de promover el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas o el capitalismo democrático.

Hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz denomina crony capitalism: el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización.

Ese andamiaje de privilegios y "posiciones dominantes" y nudos sindicales en sectores cruciales -telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía- que aprisiona a la economía y la vuelve ineficiente. Una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico.

Hoy, México -inmerso en la crisis- está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico donde el Estado no protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican.

Al capitalismo en el cual las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores. Para los ciudadanos.

Hoy, México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años.

Las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización, la liberalización comercial.

Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos.

En vez de transparencia y reglas claras, prevaleción la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos.

Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado, en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía, son bienvenidas.

Lamentablemente, se dan 18 años tarde. Y allí están los resultados de reformas quizás bien intencionadas, pero mal instrumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.

Hoy, México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado que inhiben un terreno nivelado de juego.

Una red descrita en el famoso artículo de la economista Anne Kruege: "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" ("La Economía Política de la Sociedad Rentista").

Una red que opera a base de favores, concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir.

¿Quién? Alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carrera privada o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore.

Estos actores capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza.

Y los consumidores de México contribuyen a la fortuna de los rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica. La conexión a Internet. La cuota en la carretera. La tortilla con un precio fijo. La comisión de las Afores. La comisión por la tarjeta de crétido. Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de mercado.

Y el rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad, aumenta los costos de transacción en una economía que -ante el imperativo de la competitividad- necesita disminuirlos.

Para extraer rentas, los "jugadores dominantes" han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y, por ende, el aumento de la productividad. Estos cuellos de boetella inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte dle Banco Mundial sobre México titulado: "Más allá de la polarización social y la captura del Estado".

La concentración de la riqueza y del poder económico entre esos "jugadores dominantes" con frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favorecen intereses particulares.

Peor aún, convierte a representantes del interés público -muchos de los diputados y senadores sentados aquí- en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país.

Y lleva a las siguientes preguntas: ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Unefon? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿ La Secretaría de Eduación Pública o Elba Esther Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps? ¿Ustedes o una serie de intereses que no logran contener?

Porque ante los vacíos de autoridad, la captura regulatoria y las decisiones de política pública que favorecen a una minoría, la respuesta parece obvia.

México hoy padece lo que algunos llaman "Estados dentro del Estado", o lo que otros denominan "una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz". Eso -y no la caída de la producción petrolera- es lo que condena a mëxico al subdesempeño crónico.

Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento, cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco.

El gobierno cree que para lograr estos objetivos, basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que la panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por dar un ejemplo.

Pero ésa es sólo una solución parcial a un problema más profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego que la apuntalan.

Una estructura demasiado top heavy o pesada en la punta de la pirámide; una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas; una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia.

Claro, muchos de los miembros del gobierno de Felipe Calderón, y muchos de los presentes en este foro, hablarán de crecimiento como una prioridad central.

Pero más bien lo perciben como una variable residual. Más bien parecería que buscan -y duele como ciudadana reconocerlo- asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente. Sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental.

Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar monstruos; cuando ese apoyo gubernamental a ciertas produce monopolios, duopolios y oligopolios que ya no pueden ser controlados; cuando las "criaturas del Estado" -como las llamal Moisés Naim- amenazan con devorarlo.

Sólo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, por intereses supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox.

Sólo así se entiende el comunicado lamentable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revela una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena.

Sólo así se comprende que nadie levante und edo para sancionar a TV Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro dle Chiquihuite.

Sólo así se entiende la aprobación de la llamada "Ley Televisa" por la Cámara de Diputados y la de Senadores en 2006.

Sólo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector.

Sólo así se comprende que la reforma de Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato.

Sólo así se entiende la posibilidad de dar entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original.

Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de un gobierno doblegado. Muestras de un gobierno coludido.

Con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios que la crisis pone en evidencia, porque no logramos reformarnos a tiempo.

Mucha riqueza, pocos beneficiarios. Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas. Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las critaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas.

¿Cuáles son las consecuencias del mal capitalismo mexicano? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a ser minimalistas.

En México, el incrementalismo de la política pública puede ser atribuido a élites tradicionales que usan su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses, o asegurar iniciativas que protejan su situación privilegiada.

Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público.

Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos "centros de veto" que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática: Los monopolistas abusivos, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno.

Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a construir mercados, que promuevan la competencia y, gracias a ello, aumenten la competitividad.

En pocas palabras, usar la capacidad del Estado para contener a aquellos con más poder en el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público.

¿Qué hacer? Los conmino a leer textos tan influyentes como "The Growth Report" y "The Power of Productivity".

A estar conscientes de lo que todo país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo.

A saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicio de tal manera que los trabajaodres puedan ganar más y más. A entender que ello se basa en la expansión ráída del conocimiento y la innovación; en nuevas formas de hacer las cosas y mejorarlas; en técnicas que aumentan la productividad de manera constante.

A reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado.

A entender que esa tarea del gobierno -a través de lar egulación adecuada- crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios, y pasar esos beneficios a los consumidores.

A comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores de crecimiento, las empresas protegidas y/o monopólicas terminan estrangulándolo.

En pocas palabras, la competitividad -factor indispensable para atraer la inversión y con ella remontar la crisis, como sugería Sanguinetti- Está vinculada a la competencia.

El crecimiento económico está ligado a la competencia. La innovación y, por ende, el dinamismo y la creacion de empleos se desperenden de la competencia.

La inversión que se canaliza hacia nuevos mercados y nuevas oportunidades es producto de la cometencia. No es una condición suficiente pero sí es una condición necesaria. No bastará por sí misma para desatar el crecimiento, pero sin ella jamás ocurrirá, por más dinero público que se inyecte a la economía mediante políticas contracíclicas.

Y, ¿cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión; con el fomento de la competencia en banda ancha a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad; con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con la sanción a quienes violen los términos de su concesión; con la reación de mercados funcionales, como ya se logró con las aerolíneas de bajo costo; con medidas que se empiecen a desmantelar cuellos de botella y a domesticar a esas "criaturas del Estado".

Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Porque si la clase política de este país no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico. Lo condenará a seguir siendo un terreno fértil para los movimientos populares contra las instituciones; un país que cojea permanentemente debido a las instituciones políticas que no logra remodelar; los monopolios públicos y privados que no logra desmantelar; las estructuras corporativas que no logra democratizar.

Será lo que Felipe Calderón llama "un país de ganadores" donde siempre ganan los mismos.

Un lugar donde muchas de las grandes fortunas empresariales se construyen a partir de la protección política, y no de la innovación empresarial.

Un lugar donde el crecimiento de los últimos años ha sido menor que en el resto de América Latina debido a los cuellos de botella que los oligopolios han diseñado, y que sus amigos en el gobierno les ayudan a defender.

Un lugar donde las penurias que Madame Calderón de la Barca enfrentó con los aeropuertos, los maleteros, los taxis, las gasolineras, la telefonía y la televisión son las mismas que padecen millones de mexicanos más.

Ese consumidor sin voz, sin alternativa, sin protección. Ese hombre invisible. Esa mujer sin rostro.

Esa persona que paga -mes tras mes- tarifas telefónicas más altas que en casi cualquier parte del mundo.

Esa compañía que paga -mes con mes- servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias.

Miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender, con cobros inusitados que nadie puede explicar, parados en la cola de los bancos. Allí varados. Allí desprotegidos. Allí sin opciones. Allí afuera.

Víctimas de un sistema económico disfuncional, institucuionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema.

Presidentes, secretarios de Estado, diputados, senadores y empresarios que celebran el consenso para no cambiar.

Aunque se agradece que este foro finalmente acepte la magnitud de la crisis, si de aquí no surgen medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura, revelará nuevamente nuestra incapacidad para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas.

Revelará la propensión de los sentados aquí a proponer reformas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos, para llegar a acuerdos que sólo perpetuan el statu quo.

Mientras tanto, la realidad acecha a golpes de 327 mil despedicos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el ïndice Global de Competitivdad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo. México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder. Ni más ni menos.

Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a la república mafiosa, a la economía "de cuates".

Por la superviviencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando.

Por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas.

Por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema de W"extracción sin representación".

Creando así un país poblado por personas obligadas a diluir la esperanza; a encoger las expectativas; a cruzar la frontera al paso de 400 mil personas al año en busca de la movilidad social que no encuentran aquí; a vivir con la palma extendida esperando la próxima dádiva del próximo político; a marchar en las calles porque piensan que nadie en el gobierno los escucha; a desconfiar de las instituciones; a presenciar la muerte común de los sueños porque México no avanza a la velocidad que podría y debería.