31 de marzo de 2009

Televisión pública: una excelente broma

Javier Corral Jurado

Felipe Calderón despojó de solemnidad uno de los más importantes anuncios que su gobierno ha hecho en relación con el tema de los medios de comunicación, en particular con el de la Televisión pública. Y quizá porque lo enredó en bromas y sorna no ha merecido el análisis de su trascendencia. Es probable que la forma escogida por Calderón -como si ahí mismo se le hubiere ocurrido-, busque no alterar demasiado el ánimo del duopolio televisivo privado, pero tal espontaneidad le ha restado importancia ante la opinión pública.

El Presidente instruyó a sus secretarios de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y a la de Educación, a poner en marcha una tercera cadena nacional de Televisión, a partir de la señal que el Canal 11 transmite en la banda VHF en el distrito federal y el Estado de México, y que retransmite en distintos canales en la banda UHF en otras 14 plazas en el país: Can Cun, Acapulco, Culiacán, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, Estado de Morelos, Playa del Carmen, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo.

En el 50 aniversario del Canal 11, presumiblemente bajo la tutela del Instituto Politécnico Nacional, el Presidente dijo: “Voy a aprovechar que están aquí algunos de mis colaboradores, el secretario de Gobernación, que es el dueño de las señales.. ah, no, el de comunicaciones y Transportes… ya no sé cuál, pero alguno de los dos o la Secretaria de Educación Pública, les voy a pedir, les voy a instruir a que se pongan de acuerdo y a ver a qué piedra se suben, pero ojalá Canal 11 pueda verse en todo el territorio nacional como una señal abierta”.

Calderón agregó: “Se que tomará tiempo y, por supuesto, habrá que ver en las propias frecuencias disponibles del gobierno federal, en fin, algo se les va a ocurrir, yo creo que… estoy seguro de eso”.

Digo que, en realidad lo que el Presidente Calderón instruyó, fue instalar una tercera cadena nacional de televisión. En ocho años de gobierno federal panista, el tema de crear una alternativa distinta al duopolio Televisa-Azteca ha sido tema recurrente, y ha dividido a los funcionarios al interior del gabinete en ambas administraciones, además de tensar las relaciones partido y gobierno. La forma en que, tanto el gobierno del Presidente Fox, como el de Calderón, han sucumbido a la presión de las televisoras ha reforzado el poder fáctico con que la Televisión actúa sobre y en contra de la política. A los dos gobiernos la Televisión les atoró sus intenciones de licitación de espectro para un nuevo operador.

Por ello que el Presidente anuncie tal propósito, y que además la alternativa sea una red nacional en manos del Estado, constituye una esperanza y un reforzamiento al proceso democratizador del país, y en especial del régimen jurídico de los medios electrónicos, pues resulta que las instituciones gubernamentales se quedaron mudas, incapaces de responder a las mismas ofensivas de los intereses particulares de los concesionarios, como es el caso del linchamiento que hasta la fecha realizan de la reforma constitucional y legal en materia electoral. Una cadena pública con cobertura nacional, que asegure la mayor extensión en el territorio nacional y en términos de población, sería un instrumento valiosísimo frente a la distorsión y la manipulación informativa.

La disponibilidad de espectro está documentada. Antes de concluir su desempeño como Subsecretario de Comunicaciones en la Administración de Vicente Fox, Jorge Alvarez Hott dejó un estudio de frecuencias disponibles para instalar no sólo una tercera, sino una cuarta y quinta cadenas con alcance de 85%, 70% y 50% respectivamente sobre el territorio nacional, combinando canales de las dos bandas en transmisión analógica.

Recursos hay suficientes para tal proyecto, no se requiere más que una reorientación de gasto y se convertiría en una inversión estratégica: sólo con la tercera parte de lo que el gobierno federal gasta en comunicación social y publicidad durante un año, se podrían instalar setenta repetidoras con las que la cobertura geográfica alcanzaría al 98% de la población del país. Otra cantidad similar de recursos podría aplicarse a extender la señal a lo largo y ancho del país que asegurara el vínculo entre la diversidad de regiones y culturas que conforman la identidad nacional. Sería un enorme paso en materia de derecho a la información.

Sí, es la primera vez que se expresa públicamente una instrucción así.

Es deseable que se cumpla, y que cuanto antes, se liberen los permisos bajo la coordinación de las dos secretarías que en efecto concurren a otorgarlos, la de Gobernación y Comunicaciones, según la ley; pero más deseable es que en realidad la de Educación Pública – vía el IPN -, la doten de un estatuto jurídico que convierta al Canal 11 en emisora cultural y educativa para todos los mexicanos, y que ahí asiente su operación, no sólo de membrete. Como en ningún otro momento, este Canal cuenta con recursos suficientes para producir y ampliar su cobertura; no obstante que atraviesa por la peor época de dirección, aún sus contenidos se mantienen y pueden ser mejorados considerablemente.

Ojalá, repitiendo al Presidente Calderón, que este anuncio no sea sólo un calambre que se le lanza a la televisión privada, sino una voluntad política real de restituirle a la sociedad, a través del derecho que el Estado tiene en esta materia, una auténtica televisión de servicio público, y no sólo de carácter gubernamental. Un equilibrio y contrapeso a los excesos y abusos de l duopolio.

30 de marzo de 2009

El regreso de los dinosaurios del PRI

Por Mary Anastasia O'Grady

Los ejecutivos de los mayores bancos de Estados Unidos fumaron la pipa de la paz con el presidente Barack Obama el viernes pasado y acordaron, aunque haya sido de forma vaga, apoyar su plan de rescate. Pero es poco probable que el cónclave haya terminado con el hostigamiento de los banqueros en Washington.

La razón es que los líderes políticos estadounidenses consideran que la ansiedad del público constituye una oportunidad para que el gobierno asuma el control de partes clave de la economía, y de las finanzas en particular. En este sentido, no son muy distintos a los populistas del siglo XX en América Latina, quienes predicaron contra la libertad económica, hicieron crecer el poder del Estado creciera de forma irresponsable y dejaron un reguero de miseria y carencias al dejar el poder. México es un ejemplo de lo que no hay qué hacer.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó un Estado corporativista durante 70 años antes de ser finalmente desplazado del poder en las elecciones de 2000. Ahora, la vieja guardia del partido intenta regresar al poder. Mientras la mayoría de los mexicanos considera a la contracción económica como una crisis, los "dinosaurios" del PRI (al igual en cierta manera al jefe de gabinete de la Casa Blanca Rahm Emanuel) lo ven como una oportunidad. Le ofrece al partido la oportunidad de recuperar el poder y volver a poner en práctica la poderosa política del nacionalismo económico.

Y ahora que el gobierno estadounidense pasó a controlar un 36% de Citigroup los "dinosaurios" del PRI tienen un tema hecho a su medida. Puesto que Citi es dueña de Banamex, EE.UU. ahora es dueño parcial del segundo banco mexicano, algo que la legislación bancaria de México prohíbe que las entidades extranjeras que ejerzan funciones gubernamentales puedan invertir, directa o indirectamente, en el capital social en los bancos comerciales.

El gobierno del presidente Felipe Calderón ha adoptado la postura de que, más que ser un comprador intencional de Banamex, Estados Unidos es un propietario accidental como resultado de un rescate. Tales circunstancias "excepcionales" deben preverse si el sistema bancario de México va a estar abierto a los inversionistas internacionales. La venta forzada de Banamex a un precio de liquidación sería lo mismo que anunciarle al mundo que el sistema bancario del país ya no está abierto a quienes no sean mexicanos. Esto reduciría la competencia, las opciones de los consumidores y la necesitada inversión extranjera.

Para mantener a los gobiernos lejos de los bancos a largo plazo pero también mantener el sistema bancario atractivo para la inversión extranjera, la Secretaría de Hacienda ha propuesto un cambio en la ley que les daría a los gobiernos tres años para deshacerse de las acciones adquiridas en un rescate. Después de tres años la empresa controladora (en este caso Citi) debería ofrecer públicamente por lo menos un 25% del capital social del banco mexicano (Banamex) en la bolsa mexicana. Después de seis años, si EE.UU. aún fuera uno de los dueños de Citigroup, la cifra a ser subastada ascendería a más del 50%.

¿Una solución adecuada para un problema imprevisto? No si usted concuerda con la visión del PRI de que México estaba mejor cuando estaba cerrado a la competencia foránea. Al escribir en el diario El Universal de México con el título "Hacienda: reprobada en derecho... y en nacionalismo", el 23 de marzo, los férreos priístas Jesús Silva Herzog (secretario de Hacienda entre 1982 y 1986) y Francisco Suárez Dávila (ex subsecretario de Hacienda) hicieron añicos la propuesta del gobierno. El Congreso, escribieron, debe defender la ley bancaria y promover "la mexicanización y venta de Banamex".

El gran defensor de esta idea en el Congreso es el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien alberga aspiraciones presidenciales. Su estrategia, que es tan vieja como el PRI mismo, es sacar provecho de los temores populares sobre Estados Unidos como un poderoso vecino del Norte que amenaza la soberanía mexicana. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 aún se mantiene fresco en la psiquis nacional, los políticos regresivos como Beltrones parecen pensar que pueden generar un levantamiento popular contra EE.UU. Hacerlo a tan sólo meses antes de las elecciones de medio término tampoco viene mal.

Eso, al menos, parece ser la idea del PRI. Pero es un juego peligroso dada la importancia económica de la relación bilateral. Además, hay sospechas de que los motivos del partido pueden ir mucho más allá del amor por la bandera. La prensa mexicana ha estado especulando con que hay intereses domésticos, cercanos al PRI, que podrían querer comprar Banamex en una venta a precios de liquidación. Si eso es lo que está ocurriendo, no se mantendrá como un secreto. La revelación causará un gran daño al perfil de inversión de México.

El PRI podrá sentir que tiene cierto apoyo por parte del gobernador del banco de México, Guillermo Ortiz, quien ha expresado en voz alta su preocupación de que los bancos en manos de entidades extranjeras restrinjan el crédito a los mexicanos. Pero el columnista de economía mexicano Enrique Quintana, al escribir en el diario Reforma, informó la semana pasada que en enero, con la salvedad de Santander, los bancos de capitales extranjeros no había reducido el acceso al crédito. En cambio, Banamex y Bancomer, de propiedad española, habían aumentado el crédito mientras una cantidad de bancos de capitales nacionales lo redujeron. Tal vez Ortiz haría un mejor uso de de su cargo si defendiera políticas que atraigan capital a México, en vez de ahuyentarlo.

Echar a los extranjeros durante una crisis puede hacer sentir mejor a algunos, al igual que fustigar a los banqueros en Washington, qué duda cabe. Pero en la economía global actual, el costo de tal comportamiento se refleja directamente en las ganancias de las empresas. Esperemos que el PRI se dé cuenta de eso antes de causarle un daño real a México.

Piensa, compara y..¿vota?

José A. Crespo

El IFE, a través de sus mensajes, nos recomienda que en esta elección primero pensemos, comparemos, reflexionemos, antes de votar. Promover la participación electoral constituye, desde luego, parte de las responsabilidades del IFE. El Instituto afirma que, con nuestra participación electoral, podemos generar al ansiado cambio. Pero eso presupone que algún partido en realidad tiene la capacidad y la voluntad de emprender ese cambio, cosa que muchos ya dudamos a estas alturas. De tal modo que, así como numerosos ciudadanos están comparando y reflexionando por quién votar, otros están entre sufragar por algún partido (el que les parezca menos malo) o de plano no hacerlo por ninguno. Más aún, algunos electores ya decidieron no otorgarlo a ningún partido y simplemente están cavilando sobre si concurrir a las urnas para anular su voto o ni siquiera presentarse en la casilla. La más reciente encuesta de GEA-ISA calcula en alrededor de 65% la abstención, la cual ocurriría a causa de apatía endémica, decepción con todos los partidos políticos o por desconfianza hacia el sistema electoral en su conjunto.

Para aquellos ciudadanos a quienes ningún partido logra convencer, porque no ven ya gran diferencia entre ellos, puede surgir la duda de qué es más pertinente y racional: anular el voto o simplemente abstenerse. Eso depende de varios criterios. Por un lado, está la concepción del acto mismo de votar: ¿es un deber cívico o un derecho político? Formalmente, son ambas cosas, pero en la mente de cada individuo puede predominar alguna de las dos acepciones. Para quien considere que votar es esencialmente un derecho, y si ningún partido le llama la atención, puede serle atractivo simplemente abstenerse. Estaría renunciando voluntariamente a ese derecho. No siente ningún resquemor cívico por ello. Para quienes, en cambio, sufragar es un deber cívico (aunque no haya sanción legal si no se vota), puede haber un cierto “costo emotivo” de no presentarse a hacerlo. Pero si además ningún partido lo convence, la forma de resolver ese dilema es anulando el voto: habría cumplido con su deber cívico de votar. ¿Por quién? Por nadie. En numerosos países democráticos la boleta misma incluye un recuadro en que aparece la leyenda “ninguno” o algo parecido, lo queda da al votante la legítima opción de rechazar inequívocamente a todas las ofertas partidarias a base de un “voto en blanco”. Sería bueno tener en México dicha alternativa en la boleta, pero los partidos harán lo que esté en sus manos por impedir o retrasar esa posibilidad. Mientras tanto, el equivalente al “voto en blanco” es anular la boleta cruzándola por completo.

Viene después como criterio la extensión y la naturaleza del rechazo. En principio, podría decirse que si éste se limita a los partidos (aunque abarque a todos por igual), pero no se desconfía del sistema electoral, sus reglas e instituciones, lo lógico y racional sería entonces presentarse a la urna y anular el voto. Ese acto no sumará el voto del elector en favor de ningún partido, según ha sido su voluntad, pero sin debilitar al sistema electoral en su conjunto. Pues un alto nivel de abstención puede también reflejar la debilidad o falta de credibilidad, no sólo en los partidos políticos, sino en el proceso y en las instituciones electorales. Pero, por eso mismo, para el elector que haya dejado de confiar completamente en el sistema electoral, y no sólo en los partidos políticos, la forma más clara e inequívoca de expresar su posición sería absteniéndose, más que anulando su voto.

Finalmente, viene una consideración de tipo estratégico. Quien simplemente desee rechazar al sistema electoral y/o los partidos, sin esperar ya nada de nadie, es más probable que no concurra a las urnas. En cambio, habrá quien vea el abstencionismo o la anulación del voto como una forma de presionar a los partidos, de modo que se percaten del alejamiento que al parecer existe con respecto a los ciudadanos, y hagan algo drástico para corregir esa situación. En esa lógica, un voto muy copioso será entendido por los partidos como que han hecho buen trabajo, que tienen buena representatividad y, por tanto, no hay mucho que cambiar. Con ese razonamiento, podría adecuarse el eslogan del IFE: “Con tu voto, la partidocracia crece, y se fortalece”. En cambio, una fuerte abstención o anulación del voto podría provocar que los partidos acepten reformas al sistema de representación, deleguen parte de su poder a los ciudadanos o provoquen nuevos cambios en el sistema electoral. Para quien haga tales cálculos, la pregunta es si es más racional la abstención como tal, o la anulación. A mi juicio, podría ser más eficaz un abultado número de votos nulos en vez de una amplia abstención. Hace seis años se registró una abstención de 60%, ante lo cual los partidos se dijeron preocupados durante un par de semanas, para después continuar como si nada. Quizá, de rebasar en esta ocasión los votos nulos el promedio habitual (2% en 2006), los partidos pondrían más atención al fenómeno. Por mi parte, he optado por el voto nulo debido a razones estratégicas, aunque me parece que quienes decidan abstenerse lo pueden hacer legítimamente, pues considero al voto más como un derecho que puede ser voluntariamente declinado que como un deber cívico que ha de ser cumplido, aun en contra de las propias convicciones. En todo caso, es más probable que los desencantados con los partidos, con el sistema electoral o con ambos, simplemente decidan no concurrir a las urnas, a menos que tengan una fuerte concepción del sufragio como un deber cívico o que es mi caso piensen que la anulación puede ser una estrategia con mayor probabilidad de ser eficaz que simplemente abstenerse.

25 de marzo de 2009

La animosidad estadounidense contra los camioneros mexicanos

Por Mary Anastasia O'Grady

En su reunión del fin de semana para discutir la crisis financiera global, los ministros de economía del G-20 se comprometieron a evitar el proteccionismo comercial.

Esa es una buena idea. Sin embargo, algunos de los gobiernos representados en la reunión no están practicando en casa lo que predicaron en la cumbre del Reino Unido. Por el contrario, están del lado de intereses especiales que quieren debilitar la competencia internacional. Un ejemplo es Estados Unidos.

La semana pasada, EE.UU. volvió a cerrar su frontera sur a cualquier camión mexicano adicional a los que ya cuentan con un permiso, violando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). EE.UU. basó su decisión en las usuales razones: que los camiones mexicanos no son seguros, aunque esa vieja excusa ya ha sido refutada con pruebas extensas. Sin embargo, el Congreso estadounidense y el presidente Barack Obama están supeditados al sindicato de camioneros, el cual ha pasado más de una década haciendo lobby para mantener a la competencia mexicana por fuera de las carreteras de EE.UU.

Obama adelantó su campaña presidencial sobre un discurso proteccionista, con un énfasis especial en la promesa de impedir la ratificación de tratados de libre comercio con Corea del Sur y Colombia. Los sindicatos contribuyeron en grande a la campaña de Obama y ahora el Presidente tiene una enorme deuda con ellos. La semana pasada empezó a pagarles. Durante la audiencia de su confirmación, el representante comercial Ron Kirk criticó severamente ambos acuerdos.

Y aunque no se podía esperar que Obama y los congresistas demócratas promovieran un comercio más libre, algunos guardaban la esperanza de que al menos no revertieran los avances en liberalización conseguidos en años recientes. La decisión sobre los camiones mexicanos demuestra que están haciendo precisamente eso.

Bajo el Nafta, los transportadores mexicanos podían llevar su carga a cualquier estado de la frontera con EE.UU. a partir de 1995 y a cualquier parte de EE.UU. desde 2000. Esto beneficiaría a ambas economías porque un 75% del comercio entre EE.UU. y México se mueve a través de camiones. Eliminar el proceso de transbordar la carga de un camión a otro en la frontera mejoraría mucho la eficiencia. La nueva competencia reduciría los precios y mejoraría el servicio.

También mejoraría la seguridad si los camiones transportaran carga en ambas direcciones. En la actualidad, cuando un camión se descarga, el vehículo vuelve a cruzar la frontera "vacío". Esto crea muchas oportunidades para traficar con drogas, armas y efectivo.

La agenda del presidente Bill Clinton era similar a la de Obama. En una concesión al sindicato de camioneros en 1995, el mandatario prohibió la apertura de la frontera a los camiones mexicanos, citando temores de seguridad. En 1998, ante un panel del Nafta, México presentó una queja en contra de EE.UU. En 2001, el panel falló de manera unánime a favor de México.

Aun así, México no tenía libre admisión. En 2002, un proyecto de ley del Congreso de EE.UU. estipuló que antes que el Departamento de Transporte de ese país (DOT, por sus siglas en inglés) pudiera otorgarle autoridad operativa extensa a los camiones mexicanos, debía cumplirse una lista de 22 requisitos de seguridad. No obstante, como me explicó el jueves por teléfono John Hill, un ex director de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, el Congreso parecía estar actuando de mala fe. "Cuando el inspector general confirmó que el departamento avanzaba de manera sustancial hacia esas metas, el Congreso comenzó a agregar más requisitos en proyectos de ley subsiguientes. Y lo sigue haciendo hasta hoy".

La presencia de los camiones mexicanos en EE.UU. no es nueva. Más de 800 empresas de transporte mexicanas —que en su mayoría pertenecen a estadounidenses— tienen permisos que datan de hace más de 20 años. Y su récord de seguridad es envidiable. Un estudio del DOT de 2007 sobre el desempeño de los transportadores mexicanos en EE.UU. entre 2003 y 2006 halló que los camiones mexicanos son más seguros que los de EE.UU. Incluso los vehículos mexicanos de trayecto corto que operan en la zona de la frontera tenían un mejor récord que los estadounidenses.

En 2007, frustrado con el Congreso, el gobierno de George W. Bush trabajó con México —que luchaba con la presión de sus propios proteccionistas— para lanzar un programa piloto que le permitiera a un número limitado (27) de nuevos transportadores mexicanos entrar a EE.UU. y viceversa. La meta de EE.UU. era probar que había una manera de hacer respetar los estándares de seguridad entre los camioneros mexicanos.

Los camiones en el programa piloto registraron un récord de seguridad extraordinario en 2008, a juzgar por la tasa de los vehículos inspeccionados al azar por el DOT y que recibieron una designación de "fuera de servicio", lo que quiere decir que no cumplían con todas las regulaciones de seguridad. Mientras que los transportadores estadounidenses tenían una tasa de "fuera de servicio" de 21,6%, la de los mexicanos era de 20,7% . De los camiones mexicanos en el programa piloto, 7,3% estaba "fuera de servicio".

Entonces, ¿cómo han respondido el Congreso de EE.UU. y el presidente Obama a este éxito? Cancelaron el programa prohibiendo su financiamiento en el nuevo proyecto de ley de presupuesto de US$410.000 millones. Esto acaba con la nueva competencia mexicana en el transporte en camiones.

México dice que tomará represalias y si es listo golpeará a los productores estadounidenses en mercados estratégicos. Esto perjudicará a los consumidores mexicanos, pero si los ciudadanos estadounidenses representados por senadores proteccionistas sienten el golpe, podría lograr cambiar actitudes en el Congreso de EE.UU. Dada la influencia política del sindicato de camioneros no hay muchas otras opciones.

Autonomía institucional mermada

José A. Crespo

Me uno a la preocupación que varios analistas han externado en torno al futuro de las instituciones autónomas, aquellas que fueron creadas para no depender (o no enteramente) del gobierno en turno, al otorgarles un margen mayor de imparcialidad en sus resoluciones. Hablamos de organismos como el IFE, el Tribunal Electoral (TEPJF), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el IFAI y otras de corte semejante. La alarma surge a propósito de que, pasado un tiempo de su creación, hemos visto a algunas de tales instituciones perder en alguna medida la autonomía que habían cobrado y demostrado. Y es que, si bien fueron declaradas autónomas respecto del gobierno federal, la configuración de sus órganos decisorios o de sus titulares se ha convertido en un botín de los partidos políticos. Éstos, al igual que el gobierno, tienen intereses que defender y promover desde los ámbitos de acción de las instituciones formalmente autónomas. Para decirlo de otra manera, aunque se anunció que esas instituciones nacían como “ciudadanizadas” (en manos de la ciudadanía), en realidad fueron partidizadas (sujetas a la injerencia y la dependencia de los partidos políticos).

Así, la conformación de órganos colegiados o el nombramiento de los titulares de esos organismos está sujeta a la negociación partidaria, lo que en principio podría verse como algo sano, pues el equilibrio y la supervisión mutuos entre los partidos podría dar como resultado precisamente el nombramiento de personas esencialmente imparciales, por no tener compromisos o fuertes vínculos con los partidos políticos. La probabilidad de que eso ocurra es mayor cuando sólo se nombra a un solo titular del organismo en cuestión, pues entonces es difícil repartir cuotas entre los distintos partidos (o al menos los más grandes) y habrá un interés común en designar a alguien que no favorezca a uno u otro. Pero aun tales casos pueden ser sujetos de negociación partidista: dos o más partidos podrían acordar el reparto de puestos en diversas instituciones: “tú validas a fulano (que me es favorable) en esta institución, y a cambio yo respaldo a zutano (que te es favorable) en aquella otra”. El resultado sería un titular que beneficie al partido A en algún organismo “autónomo” y al B en algún otro. Pero difícilmente con tal método “equitativo” se podrá llegar a la imparcialidad buscada. En el caso de órganos colegiados, la negociación por cuotas es más fácil y, en consecuencia, más probable. Y los elegidos por esa vía pueden tener incentivos para favorecer al partido que los promovió, sea como agradecimiento por dicha designación, como reflejo de su afinidad ideológica o como parte de una carrera política en ciernes o ya en marcha. Lo dice bien José Woldenberg: “Resulta impertinente que los partidos políticos a través de sus grupos en los congresos prefieran contar con enviados o representantes en los órganos autónomos. Pero resulta aún peor que los nombrados se piensen a sí mismos y actúen como si fueran los emisarios de sus designadores” (Reforma, 12/mar/09).

Eso se ha visto en varios de los consejos “ciudadanos” en diversas áreas. Pero el IFE ha sido uno de los ejemplos de partidización más claros, aunque no el único. El nombramiento de los consejeros a través de los partidos funcionó bastante bien en 1994 y 1996, pues, pese a ser aquéllos afines a uno u otro partido (unos más que otros, sin duda), el equilibrio consecuente impidió un sesgo marcado en el conjunto de medidas que se tomaron (salvo excepciones). El modelo empezó a hacer agua en 2003, cuando el PRD (y sus aliados) quedaron fuera del proceso de designación, con lo que el Instituto quedó privado del consenso que le había dado fortaleza y credibilidad. Más allá de qué partidos hayan sido responsables de ese episodio (en mi óptica, lo fueron todos por razones diversas), prevaleció la lógica de las cuotas y, por ende, el interés partidista por encima del interés ciudadano de obtener imparcialidad y certeza en los procesos electorales.

Seguramente no es casual que el reciente perdón a Televisa, ratificado hace pocos días, haya provenido de consejeros propuestos por el PAN, el PRI y el PVEM. Este último partido se ha convertido en el vocero oficial de las televisoras en el IFE, en tanto que el PAN y el PRI prefirieron no emitir opinión alguna. Su mutismo es elocuente sobre su decisión de no importunar a los consorcios mediáticos. Y los consejeros siguieron también la estrategia de sus respectivos promotores (con la salvedad de Virgilio Andrade). Así pues, los consejeros, con excepciones, son representantes de partido disfrazados de ciudadanos imparciales. De ahí la consistente pérdida de credibilidad del IFE, reportada por todas las encuestas, si bien cuentan en ello también las recientes torpezas cometidas por los consejeros. Tiene razón Soledad Loaeza cuando escribe: “El IFE es hoy, admitámoslo, una ruina, grandota y compleja, pero ruina al fin, como lo demuestra el fallido aumento de sueldo que se habían autoasignado los consejeros (que) puso al descubierto el agotamiento de la autoridad moral del instituto que había sido su única fuerza política” (La Jornada, 19/mar/09).

También fueron nombrados cuatro consejeros profesionales de Pemex, en lo que se calificó como “un reparto vulgar y faccioso” por el senador Ricardo Monreal (17/mar/09). Parece un arreglo entendido de los partidos que ese tipo de puestos deban ser reservados a sus respectivos militantes o a personas cercanas e ideológicamente afines. La independencia de las instituciones “autónomas” se ha venido desvirtuando. No pasó mucho tiempo antes de que los partidos vieran la conveniencia de convertirlos en botín político, por encima del interés ciudadano.

24 de marzo de 2009

¿De dónde tanto rubor?

Javier Corral Jurado

Quién sabe de dónde tanto rubor, el PRI se rasga las vestiduras. En una especie de papel víctimal se tira al suelo, se llama ofendido, agraviado ante el desafío público que le ha lanzado el dirigente nacional del PAN para que defina si concurrirá en el Congreso a aprobar las reformas pendientes en materia penal y de combate al narcotráfico, o con su omisión legislativa, le seguirá haciendo el caldo gordo a los narcotraficantes.

Más allá del estilo o lenguaje que el dirigente del PAN utilice para llamarlos a colaborar en esa impostergable tarea, el tema esencial es la negativa a colaborar de los gobiernos locales del PRI en la lucha contra la delincuencia organizada y la de sus representantes en el Congreso para dotar de mejores instrumentos legales ese combate frontal.

Pero la polémica se ha ido por el tono y no por el fondo. Ya sabemos que en México lo anecdótico toma el lugar de lo fundamental, pero hay que advertir que esa orientación no es casual en este tema. El PRI se resiste blindar en serio a la política electoral del dinero del narco, los gobernadores se esconden en las faldas de la competencia exclusiva de la federación para escabullirse de la responsabilidad compartida y sus diputados y senadores tienen detenidos los dictámenes de iniciativas importantes enviadas por el Presidente de la República en dos temas que reconfigurarían la colaboración Estados-municipios-federación por una parte, y en un mayor aislamiento a la operación de las mafias del narcotráfico, por otra.

En el mayor problema que los mexicanos hemos enfrentado en materia de seguridad, el PRI no quiere hacerse cargo de nada, ni siquiera de la responsabilidad histórica de décadas de corrupción e inacción oficiales que prohijaron y acumularon los niveles actuales, tanto en la descomposición e infiltración de las corporaciones policiacas, como en la ausencia de un Estado democrático de derecho. Contestan con evasivas, sermones e insultos, incluso por parte de personajes a los que por supuesto la injuria no les queda, me refiero al caso del Senador Murillo Karam, de mejor nivel que en el que se colocó.

Siendo el de la inseguridad y la violencia el tema que más preocupa a la población, el PRI quiere confinar toda la responsabilidad a los gobiernos del PAN, lo hace sí en una estricta apuesta electoral, pero también lo imposibilita su propia historia, su modus operandi, la abultada carga de la complicidad de sexenio tras sexenio. A las supuestas víctimas de hoy, se les ha olvidado su papel victimario de ayer. Así, con gran descaro y a nombre de “la visión de Estado”.

Un seguimiento más riguroso de las declaraciones y los hechos de los dirigentes partidistas en esta materia daría claves más precisas para desentrañar los motivos de la actual confrontación verbal, pero también nos advertiría de una resistencia priísta a entrarle al toro por los cuernos.

Los medios de comunicación, salvo contadísima excepción, no dieron puntual seguimiento a la postura del PRI frente a la propuesta que hizo el PAN de blindar las campañas electorales - un documento con una docena de propuestas específicas en el escrutinio y vigilancia de los mecanismos financieros de los candidatos y los partidos -, pero que fue vergonzosa y delatora de su miedo a la inspección. Se dijeron anticipadamente espiados y perseguidos.

El narcomenudeo es, ni más ni menos, que la principal base de sustento y operación del narcotráfico en nuestro país. En la proliferación de lugares que comercian ilícitamente con estupefacientes, está el tejido mayor de su “base social”. El Presidente de la República presentó varias reformas a la legislación aplicable para que este delito sea perseguido también por las policías municipales y estatales y con ello establecer un frente común con la Federación para combatir frontal y eficazmente al narcomenudeo, pero el PRI dice que eso no se puede, aunque sepan que el 95% de las estructuras policiales del país son locales, y sólo el 5% federales.

Combatir el crimen organizado eficazmente requiere atacar su financiamiento, para ello se ha propuesto armonizar la legislación federal con las directrices internacionales en materia de combate al lavado de dinero, estableciendo medidas para la adecuada coordinación entre las autoridades fiscales y financieras y los órganos de justicia estatales y federales, pero también duerme el sueño de los justos en el Congreso.

Lo más grotesco es que la iniciativa, también del Presidente Calderón, para aprobar una legislación integral que extinga la propiedad y dominio de todos los bienes relacionados con los delincuentes, sus prestanombres y aquellos provenientes de la comisión de delitos del crimen organizado, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico, está detenida y oficialmente la representación priísta en el Senado ha dicho que no están de acuerdo con ella y la mantendrán detenida. Los delincuentes no sólo siguen operando desde dentro de las prisiones, sino que cuando logran salir, también recuperan los bienes asegurados.

Por supuesto que la pregunta es totalmente pertinente: ¿De qué lado está el PRI en la batalla contra el narcotráfico?.

20 de marzo de 2009

El racismo se adapta al siglo XXI


por Carlos García - Málaga

La discriminación se ha modernizado para hacerse más tenue y responder a los parámetros políticamente correctos que se han extendido en la sociedad

En las últimas décadas, la igualdad se ha constituido como un valor en alza ante el cual todos debemos responder. Hoy en día, no es correcto discriminar bajo ninguna circunstancia, pero la realidad es otra muy diferente. Los últimos hechos acaecidos en Europa nos muestran una verdad que dista mucho de esa otra que reza que el racismo y la discriminación se han superado.

El nuevo perfil del racista

Ya en los 80 surgieron nuevas teorías en el ámbito de la Psicología Social que enunciaban un tipo de racismo sutil, no manifiesto. El perfil del racista ha cambiado: ya no se trata de alguien que expresa abiertamente sus creencias sobre la inferioridad genética de otras razas diferentes a la suya, sino que en la actualidad el racista defiende un tratamiento igualitario y justo hacia todos los grupos pero, en la práctica, experimenta incomodidad, miedo y ansiedad hacia los que son diferentes. En otras palabras, aunque no haya una expresión directa del prejuicio debido a las presiones sociales (se espera que no haya discriminación), este continúa siendo lo bastante fuerte para condicionar la conducta de las personas.

La psicóloga clínica Celedonia García, nos arroja algo de luz: “A los siete años, los niños ya aprenden a diferenciar entre las emociones que les producen ciertas situaciones y lo que deben expresar según lo socialmente establecido. Por eso, se guardan las reacciones que saben que serán socialmente sancionadas e intentan ajustarse a lo que se espera de ellos, aunque no haya coherencia directa entre lo que piensan o sienten y lo que expresan. Esta técnica de ajuste de comportamiento es la que marca nuestras relaciones sociales y la venimos desarrollando y perfeccionando durante toda la vida”.

Justificando la discriminación

El racista ‘aversivo’, término acuñado por Gaertner y Dovidio, se caracteriza por ejercer la discriminación justificándose en criterios distintos a la raza, manteniendo así su autoimagen de persona sin prejuicios. Este es el caso de J.R., de cincuenta años y en paro como consecuencia de la crisis, que nos expone su punto de vista: “Yo no tengo nada en contra de los inmigrantes, pero no es justo que ellos estén trabajando y los que somos de aquí no. Nos quitan el pan de la boca”. Este tipo de opiniones son muy comunes en el clima actual. “La inmigración es relacionada a menudo con delincuencia, desestructuración y pérdida de oportunidades, de manera que el grupo mayoritario (el autóctono) la percibe como una amenaza. Los racistas ‘aversivos’ encuentran en ello una excusa para justificar sus actitudes negativas hacia el inmigrante y llevar a cabo conductas discriminatorias”, nos explica Celedonia García.

R.F., una camarera de origen sudamericano que ha vivido en diferentes zonas de Europa en los últimos años, nos lo confirma: “Algunas veces, cuando acudía a una entrevista de trabajo me preguntaban por qué no volvía a mi país a buscar trabajo allí, como si yo tuviera menos derecho a comer que ellos por haber nacido en otro lugar”.

Los sesgos sutiles característicos del nuevo racismo pueden amplificarse y hacerse manifiestos, dando lugar a incidentes de violencia abierta en situaciones de conflicto o cuando las condiciones sociales cambian y el grupo mayoritario se siente amenazado. Actualmente, a tenor de la crisis económica, podríamos afirmar que se ha producido uno de esos momentos, lo que explicaría los recientes episodios de racismo manifiesto en Europa.

Machismo y homofobia

Esta forma de discriminación se encuentra también en la base del rechazo a otros grupos, como las mujeres o los homosexuales, hacia los que se mantiene una actitud abierta o políticamente correcta, pero ante los que se perpetúan estereotipos y prejuicios tan interiorizados socialmente que, a veces, incluso los propios afectados los ratifican e incluyen en su escala de valores, con la consiguiente amenaza para su bienestar y su autoestima.

De este modo, aunque las políticas de igualdad estén ejerciendo una influencia considerable sobre la conciencia colectiva, no profundizan en los prejuicios y actitudes implícitas o subconscientes, muy difíciles de identificar y modificar. Aunque la discriminación tradicional agresiva se haya erradicado, continúan vigentes ciertos parámetros ‘silenciosos’ que coartan la libertad y la igualdad de las minorías y que pueden terminar resultando igualmente dramáticos.

¿África sin preservativos?

Campaña de la asociación AIDES en África (Site Internet AIDES)

El papa Benedicto XVI comenzó el martes su viaje a África. La prensa europea critica la declaración del Papa de que repartir preservativos no combatiría el problema de la epidemia de sida, sino que lo alimentaría

La Repubblica – Italia

El periódico liberal de izquierda La Repubblica critica con dureza las declaraciones del Papa. "Seguramente, el Papa tiene razón en que la epidemia [de sida] no se puede frenar repartiendo preservativos y reclamando un tratamiento gratuito de los pacientes. Pero añadir que los preservativos empeorarían el problema parece más bien cuestionable. ¿Acaso no es una barrera mecánica que protege a las mujeres y evita el contagio del virus del VIH? [...] La terrible, inhumana dureza de la Iglesia, que ha castigado con la excomulgación a una niña brasileña y a sus médicos por haberle practicado un aborto para salvarle la vida, no constituye un buen ejemplo de la participación de la Iglesia en el dolor humano. El alma de una chica brasileña o el de una mujer de Camerún son para la Iglesia menos importantes que la de un obispo antisemita y un negacionista del Holocausto”.

(18.03.2009)
Süddeutsche Zeitung - Alemania

El periódico liberal de izquierda Süddeutsche Zeitung considera errónea la prohibición del uso del preservativo. "El Papa tiene razón, aunque les siga molestando tanto a los notorios críticos de la Iglesia: la lucha contra el sida, uno de los males de África, no se puede ganar poniendo la mayor cantidad posible de preservativos en la mayor cantidad posible de manos. [...] No obstante, los católicos fieles al Papa no tienen por ello un motivo para mostrarse victoriosos, pues el papa Benedicto XVI se equivoca empecinándose en la prohibición del preservativo. [...] La sexualidad no puede controlarse mediante la promulgación de encíclicas. Eso le da tanto miedo al Papa que pone los principios por encima de la Humanidad: los preservativos siguen siendo diabólicos, pase lo que pase. Y, entonces, todos se ponen a discutir otra vez sobre el condón, ya sea con indignación o maliciosamente, y se deja de lado todo lo que la Iglesia Católica tenga para decir acerca del amor, la responsabilidad y la pareja”.

(18.03.2009)
The Times - Reino Unido
Mur peint en Afrique du Sud
Mur peint en Afrique du SudMur peint en Afrique du Sud | (serenitee2008/flickr)El diario The Times considera la declaración del Papa como "amenaza para la salud pública" y explica que "el Vaticano continúa frenando programas contra el sida de dos maneras: intentando evitar que los servicios médicos católicos repartan preservativos, y poniendo en duda erróneamente la demostrada eficacia de los preservativos en la reducción de las tasas de infección [de VIH]. El papa Benedicto ha demostrado un juicio hábil en algunos asuntos […]. Sin embargo, muchos devotos católicos están convencidos de que el Vaticano debe enmendar su posición respecto al sida. Tienen razón. El proceso científico de observación y prueba demuestra la eficacia de los condones a la hora de prevenir el sida”.

(18.03.2009)
Jornal de Notícias - Portugal

"El ex-cardenal alemán insiste en llevar a la Iglesia por un camino retrógrado", opina el periódico Jornal de Notícias. "[Bendicto XVI] está en su derecho de exigir a los católicos las reglas que considere correctas. Que las cumplan quienes tengan el alma y el corazón en esa Iglesia. Pero lo que el Papa no puede hacer es hablar para todos –creyentes o no–, hablar para un continente lleno de problemas, y dar un testimonio de su Iglesia que ignore que el uso de preservativos puede ayudar a combatir el sida. Claro que la abstinencia sexual sería el mejor remedio, pero ni el propio Papa creerá en el éxito de tal recomendación. La voz oficial de la Iglesia no puede ser hipócrita respecto al sida, del mismo modo que, por ejemplo, no debe acoger a obispos que niegan el Holocausto. Y, no obstante..."

(18.03.2009)
ABC - España

El periódico conservador ABC celebra la visita del Papa a numerosos países africanos: "El continente negro es la zona donde la Iglesia ha crecido con más rapidez, nada menos que 140 millones de nuevos fieles en un siglo. La expansión de ideologías revolucionarias o de doctrinas fundamentalistas perjudica la paz y el desarrollo, de manera que la fortaleza del catolicismo es una buena noticia para la lucha contra los males endémicos de ese inmenso territorio. Por ello, el Papa llevará consuelo a miles de enfermos de sida o de lepra y apoyará la labor pastoral de tantos sacerdotes que desempeñan su misión en condiciones objetivamente muy difíciles”.


(18.03.2009)

18 de marzo de 2009

Carta abierta a Ricardo Salinas Pliego

DENISE DRESSER

Quizás le interese conocer la reacción de una estudiante ante la conferencia que usted dio recientemente, en la cual habló sobre su visión del país y de sí mismo. “Una dosis de cini$mo para el ITAM”, es el título del artículo que publicó esa joven en el periódico universitario después del encuentro. Allí escribe que las palabras de usted despertaron “la aprobación de unos y el efervescente descontento de muchos”. Y yo me sumo a aquellos que salieron del recinto pensando que usted se había dedicado a pitorrearse del gobierno; a mofarse de la ley; a tergiversar la realidad; a engañar a quienes lo estaban escuchando, a demostrar la actitud desafiante que le ha permitido llegar a ser quien es ahora. Porque usted fue a hablar del exitoso modelo empresarial que ha inaugurado en México. Pero es una forma de acumular riqueza, hacer negocios e influir en la política con efectos nocivos para el país. Por ello vale la pena examinar el modelo Salinas Pliego a fondo y a través de sus propias palabras.
–Usted dice que “rompe esquemas” al ofrecer bienes y servicios a los millones de mexicanos que habitan la base de la pirámide. Usted insiste en que está incorporando a los excluidos a la modernidad a través de tiendas como Elektra e instituciones como Banco Azteca. Usted ataca a los do-gooders, que lo califican de usurero, diciendo que son un peligro para los pobres porque quieren acabar con los beneficios que usted provee. Pero al mismo tiempo se ampara cuando el gobierno le exige que usted haga público el costo anual total del financiamiento de sus productos. Si no está aplicando tasas que resultarían escandalosas, por qué no hace explícito a sus clientes lo que acabarán pagando por un refrigerador, una licuadora o un crédito con las tasas de interés que cobra?
–Usted dice que es falso que se opone al ingreso de Wal-Mart al mercado de los servicios financieros que Grupo Salinas ofrece a través de Banco Azteca. ¿Pero no es cierto que mediante su operador en el Senado –Jorge Mendoza– usted logró doblegar a los legisladores para que aceptaran colocar candados sobre los llamados “corresponsales bancarios” –Wal-Mart, Banca Coppel, Famsa– que hubieran competido contra usted y contravenido sus intereses? ¿No es cierto que linchó en el noticiero de TV Azteca a José Esteban Chidiac, el diputado que luego frenó la iniciativa en contra de la competencia que usted había logrado impulsar? ¿No es cierto que usa la pantalla para intimidar a los legisladores y así vetar leyes que afectan sus intereses?
–Usted argumenta que “es necesario reforzar los contratos” y “ofrecer seguridad” en México. Pero su trayectoria no revela que haya cumplido con lo que exige. Según la acusación formulada hace algunos años por la Securities and Exchange Commission torno al caso Codisco-Unefon, entrega reportes a las autoridades regulatorias estadunidenses en los que no revela las transacciones de compañías que controla. Usted entrega reportes falsos en los que esconde su involucramiento en esas transacciones. Usted rechaza hacer públicas las operaciones que deben ser reportadas de acuerdo con las leyes de Estados Unidos. Usted rehúye entregar información crucial para quienes invierten en sus compañías. Usted viola la ley del país en donde vive una parte de sus inversionistas y se enriquece personalmente a sus expensas. Usted después se ve obligado a pagar una multa por ello y a sacar a su compañía de la Bolsa estadunidense. Usted incluso logra evadir la sanción en México, valiéndose del apoyo político de Marta Sahagún.
–Usted sugiere que en México es imperativo “combatir la corrupción” y sin duda eso es cierto. Pero parecería que en diversas ocasiones usted no sólo la ha promovido sino también se ha beneficiado de ella. Como botón de muestra está la devolución gubernamental de 550 millones de pesos que le hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por intereses supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox. He allí un gesto de agradecimiento del presidente saliente a quien le había prestado la pantalla a él y a su esposa. Un ejemplo del “capitalismo de cuates” que usted y sus amigos en el gobierno le han ayudado a construir.
–Usted afirma que le “gusta competir”. Pero cómo olvidar la campaña de satanización que –desde la pantalla– desata contra cualquiera que piense en promover la idea de una tercera cadena de televisión. Cómo olvidar el denuesto a Isaac Saba cuando contemplaba la idea.
–Usted reitera que es indispensable “proteger la propiedad privada”. Pero usted mismo ignoró ese imperativo con la toma ilegal de las instalaciones televisivas del Cerro del Chiquihuite y las del Canal 40 durante el gobierno de Vicente Fox. Como lo escribe Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, en un desplegado publicado en abril del 2008: “Como bien recuerda, fue usted quien, amparado en su relación equívoca con la pareja presidencial, en el año 2003 ordenó impunemente la agresión de las instalaciones y el personal del Canal 40”.
–Usted afirma que “nunca le han dado nada”; que la televisión no es un bien público sino una concesión que compró y que le costó muy cara. Quisiera recordarle los pormenores de esa transacción. Como lo escriben Sam Dillon y Julia Preston de The New York Times su libro Opening Mexico, usted ganó sorpresivamente la licitación de TV Azteca, pagando mucho más que sus competidores. Pero lo hizo con 25 millones de dólares enviados por Raúl Salinas de Gortari –hermano del entonces presidente– a tres cuentas en Suiza controladas por usted. Cuando esas transacciones irregulares salieron a la luz, usted mintió sobre ellas. Y sólo después, confrontado con documentos de las cortes suizas, admitió que había recibido un “préstamo”. Por cierto, nunca hubo una investigación para determinar el uso de información privilegiada.
–Usted insiste en que no hay monopolios o duopolios en la televisión; que hay “mucha oferta televisiva”, como Sky; que la concentración se debe a que la gente prefiere ver TV Azteca. Su postura es de una falsa ingenuidad arrolladora. Ignora el hecho, verificado y contundente, de que dos empresas televisivas concentran el 95% (437 canales) de las concesiones. Y ese problema no se va a resolver “apagando la televisión al que no le guste”, como sugiere. Haría falta una nueva ley de medios para lograrlo.
–Usted argumenta que la concesión a TV Azteca se la dieron “con ciertas condiciones que ahora pretenden cambiar” con la reforma electoral. Eso es válido en cualquier sistema democrático: una concesión para el uso y aprovechamiento del espectro no implica que el Estado abdique de su dominio sobre ese bien público.
–Usted dice que la reforma electoral es un “robo legalizado”, una “expropiación”, algo similar a salir con la bolsa del mercado llena y sin pagar. Pero lo que se le olvida mencionar es que los spots los partidos se transmiten en los tiempos de que desde hace años el Estado dispone en la radio y en la televisión. A usted no le han robado un peso aunque quiera hacernos creer que es así.
Habría mucho más que escribir y debatir en torno a su caso, pero basta decir que al escucharlo aquel día en el ITAM recordé el diálogo en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, donde Cecil Graham pregunta “Qué es un cínico?”, y Lord Darlington le contesta: “Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada”. Es obvio que usted no le concede el menor valor a la responsabilidad corporativa, a los procesos democráticos, a la transparencia, a la construcción de un país con una clase empresarial que sepa competir en vez de bloquear, innovar en vez de expoliar, respetar la ley en vez de violarla.
Pero al mismo tiempo reconozco que usted –paradójicamente– le hace un bien a México. Su desdén por todo es tan obvio que rompe, extrae, mutila, ignora y pervierte las reglas de la manera más abierta. Más evidente. Más clara. Y al hacerlo revela lo que está mal; pone en evidencia la podredumbre que hemos permitido, el chantaje que hemos padecido, la debilidad gubernamental que hemos presenciado, la complicidad institucional que ha creado a personajes como usted. Y sí, usted es un hombre –en muchos sentidos– creativo, visionario, emprendedor, que toma riesgos, invierte y crea empleo. Pero también es alguien que no ha tenido el menor reparo en recurrir a las peores prácticas sin que el gobierno alce un dedo para impedirlo.
Usted innegablemente es una criatura del sistema que urge cambiar. Y lo lograremos; lo supe al leer el texto crítico de aquella joven estudiante; lo supe al presenciar el hubriscon el cual usted se comportó y que lo llevará a excederse algún día. Pero mientras llegue ese momento, cuando el país reconozca que usted no es modelo a emular sino síntoma a combatir, quisiera pedirle un favor: por lo menos, cuando hable, no insulte nuestra inteligencia.

17 de marzo de 2009

Panista cuestiona proceso interno de su partido en Tamaulipas

El empresario panista, Julio Almanza Armas, renunció a sus aspiraciones para ser candidato de su partido a diputado federal por el IV Distrito, con cabecera en Matamoros, al denunciar que no hay claridad en el proceso interno y que lo "chamaquearon".

"Los motivos que me han orillado a tomar tal determinación son muy claros, ya que no estoy de acuerdo como el CEN, el CDE y el CDM del PAN están manejando las cosas", señaló Almanza.

El ahora ex precandidato envió una carta al dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, en la cual le expresa sus motivos.

"No hay claridad en las reglas, hemos perdido un tiempo valioso y difícilmente recuperable, ya que mientras los precandidatos de unidad de otros partidos tuvieron intensa campaña, en el PAN se nos pasaron los tiempos", expresó.

Mencionó que desde el CEN del PAN le dijeron que sería entrevistado por una comisión de 10 personas, pero eso jamás ocurrió.

"Siento tristeza que al haber cuadros distinguidos dentro del PAN que tuvimos el valor de registrarnos para competir se nos desestime en una acción poco ética ya que los directivos del PAN local se dedicaron a resaltar las letras chiquitas de la convocatoria en la que se especifica que alguien no registrado pudiese ser designado".

Almanza también acusó a los dirigentes locales del PAN de negociar con las derrotas.

"El negocio de algunos dirigentes locales del CDM del PAN es la derrota y no la victoria", expresó.

La honrada medianía

Javier Corral Jurado

Entre las causas que atizan la irritación social contra la política y los políticos están los sueldos tan altos de que gozan los funcionarios públicos y los representantes populares. Mucho más porque la enorme cuantía de las percepciones contrastan no sólo con magros resultados del ejercicio de las funciones, sino con la miseria que se extiende en amplias capas de la sociedad.

En México la clase política goza de prestaciones y retribuciones económicas privilegiadas en relación con otros sistemas políticos y burocráticos en el mundo, con mejores índices de calidad de vida y desarrollo democrático, por cierto.

De esta contradicción emana la ilegitimidad de los gobernantes y la decepción de los gobernados. El abuso que se tiene en este tema no hace más que explicar el rechazo ciudadano a la participación político-electoral, y el descrédito que sufre el sistema de partidos en general. Muchos ciudadanos sienten que con los altos sueldos se premia el fracaso, la indolencia y el incumplimiento del deber.

Muy lejos está la visión que sobre el estado de derecho y la retribución suficiente expresara el presidente Benito Juárez, quien delineó, ya desde 1858, la ruta de la verdadera austeridad republicana: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

A más de 150 años de aquella advertencia, debemos reconocer el sentido contrario en que caminaron los empleos públicos y sus dotaciones. Se ha hecho tarde para poner bajo un sistema de control, transparencia y reducción considerable las percepciones de los empleados y funcionarios de la Federación, los estados y los municipios, por lo que no puede seguir posponiéndose las reformas constitucionales y legales en esta dirección.

Fijar un tope a los salarios públicos es una de las primeras medidas. Sin embargo, con todo y que el Senado exhortara a la colegisladora para concretar la nueva ley, ha vuelto a detenerse en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde tiene dos años, pues les fue remitida desde el 13 de marzo de 2007.

Se trata de una reforma constitucional cuya base estipula que si el máximo cargo de responsabilidad es el de presidente de la República, el máximo salario que debiera haber sea ése, y a partir de ahí todos los demás sujetarse a ese parámetro.

Esta disposición toca también a los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, los consejeros del IFE y los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados. Se menciona que las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, aportaciones a fondos de retiro, o ahorro y cualquier remuneración en dinero o en especie, se mantendrán si no excede el máximo referido a la remuneración del presidente de la República.

El reciente proyecto de dictamen concede una nueva facultad a la Cámara de Diputados: definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los salarios máximos que recibirán no sólo los funcionarios del gobierno federal, sino también de los Poderes Judicial y Legislativo, y los entes autónomos como el IFE y la CNDH.

Esto es fundamental, pues establece un límite al otorgamiento de aumentos salariales en los llamados órganos autónomos, a los que no les funciona a veces ni la sujeción a las leyes ni la sensibilidad social ante la crisis financiera, como es el caso de la mayoría de los consejeros del IFE que pretendieron otorgarse un aumento salarial de 100%.

Sin embargo, esa conducta es muy común entre los gobernadores, los diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, por lo que también es relevante la reforma al artículo 116 para que los congresos locales fijen los salarios de los servidores públicos conforme a los criterios del artículo 127.

El tema es de amplio consenso entre la población, y al interior de los partidos es una de las preocupaciones de los militantes. Quieren ver a sus legisladores comprometidos con una mejor distribución del ingreso. Quieren ver a los servidores públicos viviendo en la honrosa medianía que proporciona la retribución justa.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

13 de marzo de 2009

Designación de Sodi en Miguel Hidalgo molesta a panistas

Algunos diputados locales consideraron que aunque Sodi tiene una trayectoria importante, “hay cuadros más valiosos” al interior de su partido

Ella Grajeda

La designación de Demetrio Sodi de la Tijera como candidato del PAN para la delegación Miguel Hidalgo no fue muy recibido por parte de algunos diputados locales de este partido.

"¿Y dónde están los nuevos cuadros?", preguntó Jorge Triana, mientras que Margarita González Fisher, quien aspiraba a esta posición, muy molesta negó hacer comentarios.
"No tengo ningún tipo de opinión, no hay reacción ni declaración al respecto. Mil disculpas", resaltó.

Aunque los diputados Jorge Triana, Celina Saavedra y María de la Paz Quiñones reconocieron que Demetrio Sodi tiene una trayectoria importante, consideraron que hay cuadros valiosos al interior de su partido.

"Lo que resulta grave es donde queda la generación de cuadros, hay que hacer autocríticos, Sodi no es un mal candidato pero no puede ser eterno. Tiene que haber una renovación de cuadros", insistió Triana.

La diputada Celina Saavedra manifestó que respeta las opiniones del CEN del PAN porque siempre buscará lo mejor para su partido, pero consideró que hay muchos panistas que pueden estar en esa candidatura como Margarita Martínez Fisher.

"Ella ha trabajo muy duro y yo creo que es la persona que podría estar en esa candidatura. Hay muchos panistas responsables, entregados y que mejor que un panista fuera quien dirigiera esa delegación", resaltó.

Dijo que Demetrio Sodi tiene su arraigo en el DF, pero en algunas ocasiones no ha compartido los ideales y principios de doctrina del PAN. "En mi opinión, había otras muchas opciones".

Más cauta, la diputada Kenia López Rabadán señaló que el PAN tiene que refrendar su triunfo en esa demarcación. "Será una extraordinaria oportunidad para continuar con un buen gobierno en la delegación", enfatizó.

Por su parte, María de la Paz Quiñones comentó que las designaciones siempre dejan resentimientos y en su partido sus militantes no están acostumbrados a este tipo de decisiones. "Vamos hacer ordenados y trataremos de hacer lo mejor por los colores de AN".

12 de marzo de 2009

México: Mentiras mayores

Sara Sefchovich

En México se miente todos los días y sobre todos los asuntos. La forma de gobernar en nuestro país consiste en mentir. De las muchas mentiras que nos dice el poder, las más graves, desde mi punto de vista, son:

La mentira de que se respeta la diversidad religiosa

Con todo y que existe el discurso de la tolerancia, la cual, como ha dicho el cardenal y arzobispo primado Norberto Rivera Carrera, “nos permitirá una convivencia respetuosa, fraterna”, con todo y los artículos 244 y 130 constitucionales que garantizan la libertad de culto religioso, con todo y que se han firmado documentos como la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y la Declaración para la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión, con todo y que hay una Subsecretaría de Asuntos Religiosos que pone al Estado como garante de la pluralidad religiosa y una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que asienta que “cada quien puede tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia”, de todos modos no hay ninguna aceptación real de la diversidad religiosa. La iglesia católica tiene la concepción de que “sólo existe un camino de realización y plenitud religiosa”, y ése es el catolicismo y ella es, según afirman quienes la han estudiado, “una institución caracterizada por la intolerancia hacia aquellos seguidores de credos ajenos al suyo”. Esto se pone de manifiesto cotidianamente: desde el discurso que asegura que los practicantes de cualquier religiosidad diferente “producen confusión moral en la gente” y por lo tanto se ordena a los fieles “que se opongan a ellas”, hasta en el franco hostigamiento y persecución sea en la forma de amenazas, impedir la construcción o apertura de templos o quemarlos cuando ya existen, sea afectando los bienes, privando de servicios, negando la escuela a los niños, impidiendo que entierren a sus muertos en los panteones, agrediendo físicamente y expulsando de las comunidades.


La mentira de que la educación es una prioridad

Con todo y que desde hace dos siglos nos han venido diciendo y asegurando que la educación es “el corazón de la política social del Estado”, si hay una zona de desastre es precisamente ésta. Se trata de una “catástrofe silenciosa” como le llamó Gilberto Guevara Niebla.

Según Eduardo Andere, en términos educativos, el país sólo puede compararse con los más pobres de América Latina, como Bolivia, y a nivel mundial con algunos africanos. Y no solamente el rezago es cada vez mayor y la brecha cada vez más difícil de cerrar, sino que deambulamos como barco sin rumbo, sin proyecto ni objetivos, y no hay evidencias de que se vaya a rectificar el camino.

La educación en México es insuficiente y de baja calidad. Insuficiente porque no cubre a toda la población y porque su cobertura es dispareja en las distintas regiones del país y en los diferentes niveles educativos. De baja calidad (aunque no todo mundo está de acuerdo en lo que esto quiere decir) porque no permite “adquirir los conocimientos y habilidades como para integrarse y participar en la vida social y para desempeñarse eficientemente según las demandas del medio social, cultural y económico en que se vive”.

Los resultados de las mediciones nacionales e internacionales no dejan lugar a dudas: los alumnos que terminan tanto la primaria como la secundaria no saben ni el álgebra más elemental ni copiar un párrafo sin errores; dos terceras partes no pueden más que seguir instrucciones simples; muy pocos comprenden lo que leen o pueden diferenciar un texto narrativo de uno científico.

¿Cuál es la respuesta oficial frente a estos datos?

El presidente Calderón ordenó la creación del Sistema Mexicano de Evaluación Educativa para elaborar lo que llaman “cifras mexicanas” (lo mismo que hacen para medir la contaminación) y cuando se hizo la primera prueba (Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, ENLACE) se negaron a difundir los resultados. Todo para, como dice Marlon Czermak, “no evidenciar que los estudiantes, medidos con los propios planes de estudio de la SEP, con sus propias evaluaciones y sus propios maestros ni siquiera pueden tener un nivel de pase decente. Están tratando de ocultar que las escuelas cuyos alumnos obtuvieron un bajo nivel de rendimiento no se vean tan mal”.


La mentira de que se hace todo por combatir la pobreza

Con todo y que el discurso público sostiene que la misión central de nuestros gobiernos es combatir la pobreza y que para eso se han creado leyes, instituciones, planes y programas (la lista es infinita: desde la Gota de Leche hasta el DIF, desde Conasupo hasta SAM, desde Solidaridad hasta Estrategia Vivir Mejor), con todo y que se nos han dado cifras de los “éxitos” obtenidos: incremento en el acceso a la escolaridad y a la salud, construcción de vivienda y dotación de servicios, regalo de “toneladas de víveres” y “de obsequios útiles”, acceso a “cientos de créditos y préstamos”, con todo y que cada vez que suben el precio de la gasolina dicen que es para “ayudar a la lucha contra la pobreza” o cuando aumentan el precio de la luz aseguran que es “para financiar la educación básica”, millones de ciudadanos viven en la pobreza, y como dice un informe del Banco Mundial: “La pobreza en México sigue siendo inaceptablemente alta”.

De modo que si ponemos a prueba (en el sentido de Popper) los resultados del largo cúmulo de esfuerzos que se han emprendido o que nos han dicho que se han emprendido por parte del Estado, instituciones asistenciales y grupos privados de filantropía, veremos que, como dice Carlos Barba Solano, “los resultados son magros” y que
no han servido para disminuir de manera significativa ni la cantidad de pobres (con cualquier definición de pobreza que se quiera y con cualquier cifra de las muy diversas que se dan respecto a cuántos son) ni tampoco la profundidad de la misma (para usar una expresión de Julio Boltvinik), ni mucho menos han servido para crear las condiciones para que las personas salgan de esa situación.


La mentira de que es importante cuidar el medio ambiente

A fines de 2007 se llevó a cabo en Indonesia la Cumbre de Bali, dedicada al tema del cambio climático. México presentó en esa reunión internacional espléndidos documentos: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los 99 proyectos de reducción de emisiones de bióxido de carbono registrados ante el Mecanismo para un Desarrollo Limpio y las tres comunicaciones nacionales que se hicieron como primer país no Anexo 1 del Protocolo de Kyoto.

Gran lucimiento tuvieron los funcionarios de la enorme delegación (27, encabezados por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales) que acudieron al encuentro y les dijeron a los otros países lo que debían hacer y hasta les advirtieron, “tajantemente”, que “la inacción de otros no será excusa para que México deje de cumplir con sus compromisos en la lucha contra el cambio climático”.

Mentiras mayoresLos oídos internacionales se impresionaron tanto con las propuestas mexicanas que colocaron al país en el cuarto lugar mundial entre los que combaten el problema, apenas abajo nada menos que de Suecia, Alemania e Islandia. Y el director de la Iniciativa de Medición de Gases de Efecto Invernadero del World Resources Institute hasta dijo:
“No hay otro país en vías de desarrollo que haya desarrollado una estrategia tan completa como México”.

Pero lo que no saben es que no se trata más que de palabras y no de realidades, pues en el momento de tan festivas declaraciones el país estaba entre los 13 primeros que mayor cantidad emitían de gases de efecto invernadero, seguía sustentando sus modos de producción en el uso de combustibles de origen fósil (96% del total de los que se emplean), seguía tan campante en la quema de hidrocarburos y tenía una elevada tasa de deforestación (tan sólo en ese año se perdieron cerca de medio millón de hectáreas de bosques y selvas).

Entonces, aunque el discurso sobre la protección al medio ambiente aparece por todas partes, con su cúmulo de bellas declaraciones y de buenas intenciones, aunque hemos firmado —por supuesto— todos los convenios internacionales que nos han ofrecido y hemos creado —por supuesto— leyes, programas y —montones de— oficinas burocráticas, y aunque en los autobuses pinten paisajes verdes y en la televisión hablen de ecología, la contaminación de nuestro aire, agua y tierra no tiene parangón. Escribe Iván Restrepo: “Las fuentes de agua sufren daños irreparables, el nivel de los mantos freáticos ha disminuido peligrosamente, la erosión de suelos agrícolas, la disminución de bosques y selvas que albergan la biodiversidad, la excesiva carga tóxica en ciertas zonas de alta concentración industrial y humana y la inadecuada disposición de desechos de hogares e industrias, se suman al uso irracional de los insumos, la obsolescencia de los recursos y la mala administración”.


La mentira de que se está teniendo éxito en el combate a la delincuencia

Mientras los ciudadanos vivimos asaltos, robos, secuestros y asesinatos, el gobierno hace discursos, planes y reuniones: en la década pasada instaló una comisión especial para atender la delincuencia, pero como a pesar de eso ella seguía viento en popa, organizó un Plan de Reacción Inmediata y Máxima Alerta, que sin embargo tampoco resolvió el problema. Entonces formó un grupo intersecretarial, organizó una Reunión Nacional de Procuradores y creó una Secretaría de Seguridad Pública. Pero resultó que ni de esa manera se componía la criminalidad y por ello creó con bombo y platillo un Consejo Nacional de Seguridad Pública en el que participaban gobernadores y procuradores y que, según el procurador general de la República, nos aseguraba “todas las posibilidades de llegar al nuevo siglo como un país de leyes y justicia gracias a este instrumento sin precedente”.

Pero he aquí que la delincuencia no sólo sigue sino que ha aumentado, en cantidad y en nivel de violencia.

Pero a nuestras autoridades no se les ocurre hacer sino más de lo mismo: grandes reuniones, indignados discursos, promesas que hasta llevan fecha fija, la cual por supuesto llega, pasa y nada.

Y mientras tanto, los legisladores dedican su tiempo a debatir sobre la tipificación de los delitos y las penas que hay que imponer: que si el secuestro merece sesenta años de cárcel o setenta y cinco y medio, que si son o no acumulables las sentencias, que si hay que crear otra corporación policíaca o grupo especial.


La mentira de que se respetan los derechos humanos

Pocos países cuentan con un catálogo más amplio y generoso de los derechos del hombre y el ciudadano, y pocos países han creado mejores instituciones y leyes que México para protegerlos. No sólo tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos sino otras 33 comisiones estatales de lo mismo. ¡Todo el planeta Tierra cuenta con cincuenta y tantos ombudsmen, pero México solito tiene más de tres decenas! ¿Significa eso que aquí se respetan los derechos humanos? Para nada. Más bien al contrario: la violación de los mismos forma parte consustancial de la estructura del Estado y de la forma de ser de la sociedad: “El sistema de justicia está estructuralmente diseñado para ser violatorio de los derechos humanos, propicio a la detención arbitraria, a la fabricación de culpables y a la tortura”, afirma Miguel Sarre; y según Teresa Jardí: “La nuestra es una sociedad y una cultura profundamente antidemocráticas en las que está profundamente arraigada la violación a los derechos humanos”.

Una y otra vez organismos y internacionales y nacionales lo han denunciado, han dicho que se sigue utilizando la tortura como método y que “los resultados de la labor de la CNDH no corresponden, ni de lejos, a la dolorosa realidad que vive al país en materia de derechos humanos”. Y Bernardo Bátiz, que fuera procurador de Justicia del DF, escribió recientemente: “Estamos viviendo un incremento de casos en los que no sólo se produce el atropello, sino que se trata de ocultar y proteger a quienes
lo cometen”.

Sara Sefchovich. Escritora e investigadora de la UNAM. Su libro más reciente, País de mentiras. La distancia entre el discurso y la realidad en la cultura mexicana.

TRIFE echa abajo el perdón a las televisoras

El Tribunal Electoral de la Federación echó abajo la decisión del IFE de perdonar la multa a las televisoras. El tribunal determinó que el IFE no debió sobreseer las sanciones a Televisa y TV Azteca, por las ³conductas atípicas² que tuvieron estas empresas al alterar las pautas de transmisión de spots electorales ordenados por la ley, colocando cortinillas antes de éstos e interrumpiendo eventos deportivos.

De manera unánime, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó el proyecto presentado por el magistrado José Alejandro Luna Ramos, que considera que el sobreseimiento propuesto por el IFE se aparta de los principios de constitucionalidad y legalidad; además, el órgano judicial consideró que las bases de colaboración firmadas con la CIRT no son un instrumento que avale la decisión de desistir en sancionar a Televisa y TV Azteca. Después de esta resolución, el IFE debe discutir de fondo el tema.

11 de marzo de 2009

Pinto mi rayaaa!

En cumplimiento con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esté blog publicara las pautas que el IFE ha asignado.











Sí Adela recomienda la "ya famosa crema rosita" y el libro "La decisión" , tiene la reputación para opinar sobre campañas políticas... a fin de cuentas recomienda basura y productos milagro al consumidor.

Pinto mi rayaaa! jajajajajajaajajaajajajaaja

El falso dilema: Reformas o votos

Juan Pablo Roiz

¡Cuán ciegos pueden volverse algunos cuando son infectados por el virus de la politiquería!, precisamente una gran mayoría de los electores mexicanos, hartos de la ineficiencia e ineficacia de los políticos, aplaudiríamos al partido y a los candidatos que se la jugaran en serio por hacer las reformas urgentes que a México le hacen falta.

Hace algunas semanas escuché decir a un senador que debido a que estamos en medio de una crisis económica en el mundo no es momento de hacer una reforma laboral en México. Afortunadamente, los cinco o seis comensales que escuchamos esa barbaridad reaccionamos de inmediato: ¡Precisamente porque estamos en crisis es hora de flexibilizar de veras el mercado laboral!, ¡precisamente porque estamos en crisis hay que reformar, ya y en serio, la Ley Federal del Trabajo!

El senador, del PAN por más señas, siguió en la necia: No hay que moverle, además, porque estamos en temporada electoral.

¡Cuán ciegos pueden volverse algunos cuando son infectados por el virus de la politiquería!, precisamente una gran mayoría de los electores mexicanos, hartos de la ineficiencia e ineficacia de los políticos, aplaudiríamos al partido y a los candidatos que se la jugaran en serio por hacer las reformas urgentes que a México le hacen falta.

El Secretario de Hacienda la semana pasada mencionó, con gran tino, que la gravedad de la crisis (que, por cierto, ha empeorado por las gastadas respuestas del presidente y del congreso en Obama Country, consistentes en aventarle más dinero público a los problemas) hace indispensable ir más allá de las políticas contracíclicas que se han aplicado hasta ahora en México. Tales políticas han sido necesarias, pero insuficientes; y, sobre todo, tienen un límite que el propio Secretario de Hacienda está señalando: La responsabilidad fiscal.

¿Y qué significa ir un paso más allá de la estrategia contracíclica? Pues precisamente hacer, ya, para luego es tarde, las reformas estructurales más urgentes: laboral, en telecomunicaciones, de apertura a la inversión extranjera en áreas donde absurdamente la seguimos restringiendo o prohibiendo y de impulso definitivo a la libre competencia en todos, todos, todos, los mercados.

Los pretextos para no hacer nada ya los conocemos: “Es que no hay que rebasar en curva”, “es que el Peje se puede enojar”, “!ay, no, si proponemos cambiar la legislación laboral se nos alebrestan los viejitos de la CTM!”, “¡qué barbaridad!, abrirnos a la inversión extranjera lastima nuestras fibras sensibles!”, “¿te imaginas la reacción furibunda del ingeniero Slim si impulsamos la competencia en telecomunicaciones?, ¡qué miedo!”, “ni locos, nos van a golpear a todas horas en los noticiarios de Azteca”…

De esos miedos y consejas de enanos se alimentan los fanfarrones que presumen ser “los poderes fácticos” en este sufrido país.

La novedad electoral sería que tuviésemos políticos que le pierdan el miedo a la crítica y al debate; que en realidad es el miedo a perder el hueso. Políticos con la suficiente inteligencia para comprender que, a la larga, los que no se mueven no sólo perderán su hueso, sino el resto de dignidad que aún les queda. Y eso, aunque lo duden, vale más que cualquier hueso.

Empleos: Promover, no proteger

Arturo Damm

El objetivo de proteger el empleo es un despropósito, cuyo resultado es la antieconomía, es decir, el despilfarro de recursos.

Nuestros legisladores nos informan de los esfuerzos que han hecho, en estos tiempos de recesión, para proteger el empleo, algo que, sin dedicarle más análisis, parece correcto, por todo lo que el empleo significa, desde lo psicológico (saberse útil) hasta lo económico (ser capaz de proveer). Sin embargo, analizando con detenimiento el objetivo de proteger el empleo, resulta que es un despropósito, cuyo resultado es la antieconomía, es decir, el despilfarro de recursos. Lo que se debe hacer es promover la creación de empleos productivos, no la protección de empleos que, si requieren ser protegidos, es porque no son productivos, siendo por lo tanto antieconómicos.

El progreso económico significa que lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor a lo bueno, y lo excelente a lo mejor, a lo largo de un proceso que Schumpeter llamó de destrucción creativa, misma que alcanza no solamente a los bienes y servicios y producidos, sino a las personas que los producen, lo cual quiere decir que los buenos trabajos sustituyen a los malos, los mejores a los buenos, y los excelentes a los mejores, todo ello determinado por la productividad, sobre todo económica, que se define como la capacidad para producir aquellas mercancías que los consumidores demandan. Más allá de la productividad ingenieril, definida como la capacidad para hacer más con menos, lo que importa es la productividad económica.

Supongamos que, por obra y gracia del proceso de destrucción creativa, aparece en el mercado la mercancía X, que sirve mejor, que la mercancía Y, a los consumidores, razón por la cual estos sustituyen Y por X. ¿Qué quiere esto decir? Que todo el trabajo utilizado en la producción de Y resulta, desde el punto de vista económico, improductivo, porque se dedica a producir una mercancía que los consumidores ya no necesitan. ¿Cuál es la solución al problema? En primer lugar, la eliminación de esos trabajos improductivos y, en segundo término, la creación de nuevos empleos productivos. Dicho de otra manera: la sustitución de trabajo improductivo por trabajo productivo, es decir, el paso de la antieconomía (uso de trabajo en contra de las necesidades de los consumidores) a la economía (uso del trabajo a favor de las necesidades de los consumidores). En pocas palabras: el paso, en materia laboral, de lo malo a lo bueno, o de lo bueno a lo mejor, o de lo mejor a lo excelente.

¿Qué sucede si el gobierno decide proteger el empleo de quienes se dedican a la producción de Y? Independientemente de cómo lo haga (hacer que puede ir desde el subsidio a la producción de Y, obligando a los contribuyentes a pagar por lo que, como consumidores, no estarían dispuestos a desembolsar un peso, hasta la prohibición de despedir trabajadores, obligando a los empleadores a pagar un trabajo por el cual, sin la prohibición, no pagarían un peso), el resultado es siempre el mismo: la preservación de una mala asignación del trabajo, en contra de la productividad, sobre todo la económica.

Proteger el empleo, sobre todo cuando la protección la brinda el gobierno, no tiene sentido. Lo que sí lo tiene es la promoción de empleos productivos, promoción que pasa, irremediablemente, por la promoción de la inversión, lo cual a su vez reclama la competitividad del país, entendida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar capitales, competitividad que en México deja mucho que desear, con una calificación de 7.4, y el lugar 60 entre 134 países, según el Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, competitividad que depende del marco institucional, reglas del juego que son responsabilidad de los legisladores a quienes, en general, el tema les tiene sin cuidado. ¡Por eso estamos como estamos!

Una fiebre de 'bonos chatarra' con el fin de resucitar el consumo

En Alemania, los subsidios para cambiar de auto han creado una estampida a los concesionarios; una idea que inspira hasta a dentistas

Por Almut Schoenfeld y Marcus Walker

BERLÍN—Hay economistas y gobiernos en todo el mundo que albergan sus dudas sobre si los costosos paquetes de estímulo fiscal funcionarán. Pero en Alemania, una de las medidas implementadas ya se ha convertido en un éxito total.

El subsidio de 2.500 euros (US$3.200) para personas que se deshagan de un auto viejo y compren uno nuevo ha causado una estampida hacia los concesionarios. También está inspirando a los vendedores de otros productos, desde electrónicos a dentaduras postizas.

La caída de la producción de autos se ha convertido en un lastre para las economías de Alemania, Japón, Estados Unidos y, en menor medida, América Latina. La crisis de ventas del sector erosionó cerca del 0,6% del Producto Interno Bruto de Alemania en el cuarto trimestre de 2008, según un informe del banco Credit Suisse.

La industria automotriz alemana produjo 17% menos vehículos en el cuarto trimestre que en el mismo período del año anterior.

La importancia de la industria para Alemania —donde el gobierno estima que alrededor de uno de cada siete empleos depende directa o indirectamente de los autos— llevó al gobierno de la canciller Angela Merkel a introducir un subsidio de autos viejos por autos nuevos, que entró en efecto el 27 de enero.

Desde entonces, el programa ha provocado un alud de compras de autos en un país notoriamente reacio al consumo. Sabine Mumm, una bibliotecaria de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, decidió en enero comprar su primer auto en más de una década. Le llevó varias semanas encontrar un concesionario que tuviera uno disponible.

Tras comprobar la larga lista de espera por un Ford, se acaba de comprar un Dacia, la subsidiaria rumana de Renault SA, de Francia. El precio, gracias al subsidio del gobierno, fue de sólo 7.500 euros (US$9.500)

Para obtener el cheque de subsidio, la gente debe librarse de un auto que tenga al menos nueve años y comprar uno nuevo que cumpla las últimas regulaciones de emisiones. Por el momento, 134.000 personas han solicitado el llamado "bono chatarra", un número que aumenta en 7.000 personas cada día.

Otros países europeos, como España e Italia, también han implementado programas de renovación similares, en los que subsidian préstamos para comprar autos. En Francia, la experiencia tuvo resultados poco concluyentes: los bonos chatarra concedidos en los años 90 sólo causaron un alza temporal.

Varios países y gremios industriales han lanzado sus propios programas de canje en América Latina. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores anunció en junio descuentos del 10% sobre el costo de algunos autos para pequeñas empresas que entraran al programa de chatarrización lanzado en agosto. Otros, como Argentina, buscan estimular el consumo no sólo en el sector automotor sino también en el de los electrodomésticos.

Con un subsidio a los fabricantes y a los consumidores que se traducirá en un descuento del 25% en los precios de los nuevos refrigeradores, el gobierno argentino puso en marcha en diciembre un plan para cambiar viejos modelos por otros más modernos de mayor eficiencia energética. El objetivo es reactivar las ventas, asegurando así los puestos de trabajo en las plantas, y reducir el consumo de energía. Próximamente, el gobierno argentino anunciaría la ampliación de estos "bonos chatarra" a otros bienes durables, entre ellos los aparatos de aire acondicionado, las cocinas y las lavadoras.

En Alemania, la fiebre de los "bonos chatarra" ha hecho que otros sectores no hayan dudado en subirse al carro, incluso sin ayuda del gobierno. La tienda de electrónicos Media Markt lanzó en febrero una oferta limitada que les entregaba a los compradores de computadoras 100 euros (US$126) por su vieja PC. La sastrería de lujo Herr von Eden les está ofreciendo a sus clientes hasta 300 euros (US$380) por sus trajes viejos si encargan uno nuevo. Y dentistas en el noreste del país están ofreciendo a sus pacientes 100 euros por sus dentaduras postizas viejas si compran una nueva, siempre y cuando el cambio sea necesario por razones médicas.

—Maruxa Relaño contribuyó a este artículo.

Florence Cassez y el Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas

Cuando Nicolas Sarkozy afirmó el lunes, desde la tribuna del Senado de la República, que "cuando se es una gran democracia hay que aplicar los convenios internacionales" aludía, claramente, a Florence Cassez y al Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas. La afirmación del mandatario francés generó no poco malestar entre los legisladores (incluida la indiscreción confesa del propio Sarkozy "me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de comentarlo") y hoy varias declaraciones en contra de la posible transferencia de Cassez se vierten a la presa: "No se pueden permitir hechos que hoy lastiman y laceran a una gran cantidad de mexicanos" "la impunidad se debe atacar y si hay tratados internacionales se deben revisar."

El "tratado internacional" que en opinión de los legisladores se debe "revisar" es el Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, convenio que curiosamente fue suscrito por México (con aprobación del Senado) un año después de que fuera dictado el auto de formal prisión de Florence Marie Cassez y su novio, Israel Vallarta Cisneros. Es decir, México se adhirió a tales compromisos a sabiendas de que una presunta secuestradora extranjera estaba por ser sentenciada en México y podría acogerse a este convenio; pese a ello, el 24 de abril de 2007 el Senado dio su venia al Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas y México está oficialmente adherido los compromiso internacionales que de éste emanan desde el 13 de julio de 2007.

9 de marzo de 2009

Guanajuato el único en el país que tiene desprotegidas a sus mujeres

Sandra Xicotenca

“Victoria Diez” dice que el estado no se ha preocupado por trabajar en una Ley que les dé el acceso a una vida libre de violencia; Oaxaca ya lo realizó.

Guanajuato es oficialmente, desde hace 10 días, el único estado de la República que no ha aprobado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es por eso que ayer, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del Centro de Derechos Humanos "Victoria Diez", Ángeles López, aseguró que las autoridades en Guanajuato son misóginas y discriminatorias.

El pasado 27 de febrero el pleno de la LX Legislatura de Oaxaca, que junto con la de Guanajuato se mantenía como las únicas Cámaras en no armonizar dicha norma federal, aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo tanto, Guanajuato es el único estado de México que no se ha sumado a la defensa de las mujeres a través de este instrumento jurídico garante para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, e incumple también con la norma federal de legislar en esta materia.

LOS NÚMEROS ROJOS

Entrevistada, Ángeles López destacó que Guanajuato figura en un sinfín de estadísticas que muestran las represiones y violaciones que sufren las mujeres en este territorio.

Esto, dijo, se deriva de que los legisladores no consideran necesario dichas garantías para la mujer porque "aquí están protegidas e incluso ponen a Guanajuato como estado modelico".

Pero la realidad es otra, ya que Ángeles López explicó en cifras, que Guanajuato ocupa el lugar 24 en cuanto a violencia intrafamiliar.

Que los índices de feminicidios han aumentado casi al doble en dos años ya que mientras que en 2006 fueron 24 las asesinadas, la cifra aumentó casi a 41 en 2008 y en lo que va del 2009 son siete los asesinatos de mujeres.

También recalcó que las denuncias de maltrato no son atendidas, porque el 70 por ciento de las peticiones de protección contra la violencia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado han sido conciliatorias con el "victimario" y no de investigación de un delito.

Informó que a esto se suma que en la entidad los temas de acoso y hostigamiento sexual hacia la mujer no están tipificados como delitos "quien lo sufre está indefensa porque tiene una total desprotección del estado".

Y la lista aumenta ya que la defensora de los derechos humanos de la mujer dijo que no sólo existen los temas de violencia física sino también económica.

En la familia, dijo, "con el chantaje de no hay gasto, por parte del gobierno en que no hay recursos públicos destinados a políticas públicas en defensa de la mujer y en lo laboral a que el salario para una mujer es menor al del hombre a pesar de realizar las mismas labores".

Es así que Ángeles López consideró que el gobierno del estado "es discriminatorio, amenazador y regresivo en materia de derechos humanos hacia la mujer; no se trata sólo de legislaciones sino de un cambio cultural de esa ola conservadora que viola al estado laico porque anteponen creencias personales y religiosas", concluyó.

Reprueban aborto

MARIANA NIETO LÓPEZ


Más de 600 integrantes de la Coalición Ciudadana por la Familia, la Vida y en Contra del Aborto, marcharon ayer para exigir la renuncia de Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal.

“Pedimos al doctor Córdova que le ponga un límite al subsecretario Mauricio Hernández porque está cabildeando a favor del aborto. Queremos que lo saque ¡Fuera! ¡Fuera políticos que no defienden la vida!”, exclamó Beatriz Rodríguez, presidenta de la coalición.

“¡Fuera, fuera, fuera, fuera!”, le respondió la multitud afuera de la Presidencia Municipal.

La modificación en la redacción de la NOM 046 “Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, busca hacer obligatoria la anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las víctimas de violación.

Con el cambio de la palabra “podrán” por “deberán”, la norma contempla sanciones por desacato hacia los hospitales y los doctores que se negaran a prestar el servicio.

Según Beatriz Rodríguez, hay intereses económicos de parte de las organizaciones pro abortistas, que buscan comercializar en México la píldora de emergencia y equipos para realizar abortos, por lo que solicitaron que no sea publicada.

“Afecta en el sentido de que elimina toda objeción de conciencia de los médicos cuando tácitamente los obliga a practicar un aborto a petición de la mujer, independientemente si lo requiera o no o si es consecuencia de una situación ilegal”.

“Si no atienden esos reclamos, son sujetos de sanción, inclusive hasta el retiro de la misma cédula y de la misma licencia. Esta situación se agrava porque la norma es de observancia federal”, explicó Hilarino Díaz, coordinador de la marcha.

A las 9:30 de la mañana el Forum Cultural “se vistió” de blanco.

Personas de todas las edades ataviadas con playeras blancas arribaron para participar en el evento que sumó la celebración del Día de la Familia con la del Día Internacional de la Mujer.

“¡Soy la voz de los que no tienen voz!”, era una de las consignas que repetían. A las 10 en punto arrancó la marcha.

Elementos de Tránsito custodiaban a los manifestantes, que portaban pancartas y mantas que descalificaban al aborto.

En algunas se leían las palabras del papa Juan Pablo II: “Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano. Parejas comunidad con Cristo. María: a ti confiamos la causa de la vida”.

Con paso firme y frases exclamaciones como: “¡Familias unidas, familias felices! ¡La paz triunfará, el aborto no pasará! y ¡Vida sí, muerte no!”, la marcha se dirigió a la Plaza Principal.

En un podio frente a la Presidencia Municipal, los organizadores anunciaron que buscarán al Secretario de Salud para extenderle sus peticiones.