Primero la reforma del Congreso

Javier Corral Jurado

¿Cuáles son las posibilidades de un cambio de régimen político, que a partir de una reforma del Estado redistribuya funciones, facultades y recursos entre los poderes de la Unión, y entre los niveles de gobierno, asegurando la democracia como sistema de vida? ¿Qué lo haría factible? ¿Qué programa básico se tendría que impulsar para lograr el consenso?

Estas son preguntas que una y otra vez nos hacemos cuando vemos que se mantienen intocadas varias estructuras corporativas, clientelares y autoritarias del viejo régimen, que subsisten muchos vicios y prácticas contrarias al estado de derecho. Y para atajar el desaliento que producen esas zonas de excepción jurídica y democrática, en esta cada campaña se han relanzado propuestas que ofrecen aterrizar esta larguísima transición a la democracia plena. Están plasmadas en las plataformas de los partidos, y es una lástima que no giren las campañas en torno de esos compromisos, sino de la política espotera que la tiranía de la tv ha logrado imponer sobre los procesos electorales.

Si nos atenemos a los documentos registrados ante el IFE, son muchas las posibilidades de que ese cambio de régimen se produzca en los próximos tres años en el Congreso y vengan reformas de fondo, como se desprende del ejercicio comparativo entre casi 100 propuestas legislativas con que las tres principales fuerzas políticas plantean la necesidad nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, aunque se expresen propósitos y proyectos comunes, esas coincidencias no se traducen en acuerdos y menos en mayorías. Son muchas las causas de ese atorón, desde la colusión de intereses de los legisladores con los grupos económicos, sindicales y mediáticos, hasta las limitaciones en el perfil de los representantes populares. Pero algo que prohija ese reduccionismo de la tarea legislativa son las actuales bases del Legislativo, y la lógica también corporativa y clientelar cómo se determinan las responsabilidades.

Por ello, siempre he considerado que para dar viabilidad a reformas hondas, es primero la reforma del propio Congreso. Su funcionamiento está determinado por reglas desfasadas, dispersas y contradictorias entre su base constitucional, la legal y su orden reglamentario. Centralizado en un puñado de legisladores, con amplias áreas de opacidad, sin otorgarle real peso a las comisiones ni un régimen serio de responsabilidades a los legisladores, que sancione la negligencia, la corrupción y el tráfico de influencias.

Es difícil que un poder se autolimite. Pero por fortuna, los tres principales partidos plantean un objetivo en esa dirección. En varias asignaturas pendientes de nuestra transición son interesantes las coincidencias en temas de la reforma del Estado, y dentro de ésta, del Poder Legislativo.

El PAN es el que abunda más en la reestructuración del Congreso: reducir el número de sus integrantes a 400 diputados y 96 senadores, dejando sólo la figura de la primera minoría por cada estado; posibilitar la reelección consecutiva de legisladores; e introducir la reformas para que el Ejecutivo pueda presentar dos iniciativas preferentes. El PRI ofrece “fortalecer el Legislativo mediante la revisión de sus competencias y atribuciones para que realice sus tareas y participe más activamente en el diseño y vigilancia de las políticas públicas”. El PRD propone “una nueva Ley Orgánica que permita y favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones; establezca mecanismos para que las iniciativas no se congelen; estreche la vinculación de éstas con el gobierno”.

Y más nos vale confiar en que lo ofertado por los partidos tiene asidero en una voluntad genuina de cumplir, pues un supuesto contrario significaría otra estafa monumental a la sociedad.

Sin embargo, propongo que esa confianza tenga un seguimiento ciudadano que vigile, exija y dé cuenta de los ofrecimientos legislativos y luego de la conducta desplegada en por los miembros del Congreso. Un observatorio ciudadano del Poder Legislativo que recuerde para qué se pidió el voto. Y en esta acción cívica organizada empezaría sin duda otra dinámica reformadora en México.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

¿Para qué quiere el poder el PAN?

SABINA BERMAN

1. Las elecciones del 2009 siguen en el horizonte próximo, y los contendientes principales seguirán siendo el PRI y el PAN.
Con tono denso y pausado, de patriarcas antiguos, los líderes priistas no se cansan de recordarnos en los medios y en sus comerciales que fueron ellos los que construyeron este país en el siglo XX. Construyeron su infraestructura y sus instituciones y hasta sus ceremonias de poder. Más que decirlo, lo dejan tácito: nosotros sí sabemos gobernar, nosotros somos fiables.
Astutamente, los panistas han elegido la estrategia de recordarnos muy directamente cómo es que los priistas construyeron todo eso. Con corrupción, con simulaciones, administrando una relación con el crimen organizado.
¿Qué pueden replicar a eso los priistas? Ahí están, para probar que los priistas no se han reformado, el góber precioso, Mario Marín, impune. Arturo Montiel, cobijado por su sucesor priista, Peña Nieto, impune. El líder corrupto del sindicato petrolero, priista, sospechosísimo de corrupción e impune. Y etcétera y etcétera.
No, los priistas prefieren contestar a la manera priista. Esquivando el tema. Con elegantes descalificaciones. Muchacho pendenciero, alcanza a decir la presidenta del PRI al presidente del PAN. Como si ambos, los dos presidentes de partido, olvidaran que hoy día el joven pendenciero dirige el partido en la presidencia.
No los dejes regresar, concluye el PAN en sus anuncios. Y las encuestas muestran que los electores están escuchando y cambiado su voto del PRI al PAN.
Tan lento es ya el dinosaurio del PRI, tan atrapado en su propio vicio de simulación, que no acierta a replicar directamente con lo obvio: el PRI carece de un proyecto de país para el futuro, pero el PAN tampoco lo tiene.
La publicidad panista se refiere a dos acciones grandes del gobierno federal. La creación de muchas guarderías y otras instancias de ayuda pública, y la guerra frontal contra el narcotráfico.
¿Pero son la guerra y la ayuda social un proyecto de país?
El presidente del PAN promete más guerra frontal contra el narcotráfico porque, según lo explica en un anuncio en internet, nada se puede construir en el pantano movedizo de la corrupción y la ilegalidad.
Supongamos que así es, pero de nuevo, ¿qué es eso que ha de construirse en la tierra firme y quemada que deje la guerra?
Cabe preguntarse también: si los electores no alcanzamos a saber cuál es el proyecto de país del PAN, ¿lo sabrán acaso los panistas?

2. El PAN ha sido históricamente el partido afiliado a la Iglesia católica. ¿Significa eso que es el partido que está en contra de las libertades individuales? Eso quieren entender los ultras del PAN. ¿O significa solamente que los panistas están por la libertad de credos? Eso alegan los centristas del PAN.
En la realidad, los ultras prohíben besos, groserías, minifaldas, píldoras anticonceptivas, y los centristas les dan un manotazo y los hacen recular. Pero ambos grupos están por el veto contra el aborto y los centristas no se atreven a expresarse con claridad sobre la eutanasia ni las sociedades de convivencia ni ninguna otra de las libertades civiles.
El PAN se ha ostentado como el partido de los empresarios. ¿Significa eso que son los liberales que nuestra economía necesita desde hace un siglo?
En la realidad, los panistas no han deshecho ni los monopolios privados ni los estatales. Se han acomodado en el capitalismo de monopolios amafiados al poder que el PRI les heredó. Su deuda con el empresariado de la clase media sigue intacta.
El PAN ha prometido dos veces una revolución educativa. Una vez lo hizo el presidente Vicente Fox, la otra el presidente Felipe Calderón.
La realidad es que la educación no ha sido reformada, ya no digamos revolucionada, por los gobiernos del primero y del segundo.
¿Entonces qué? Además de buenos estrategas para ganar las elecciones, ¿en qué ha convertido la práctica del poder a los panistas?

3. Al PAN le urge repensarse. Redefinirse. Releer a los economistas liberales. Tachar las tentaciones teocráticas. Acaso leer a los sociólogos liberales –aunque acaso acá ya sueño yo–. Le urge llenar de contenido los vacíos que los ajustes con la realidad han creado en su núcleo idealista y atreverse a decir: no somos estos, somos estos otros.
Al PAN le urge, en suma, articular un proyecto viable de país que trascienda las elecciones y la guerra.
No debe extrañarnos si, antes del día del voto, este gobierno panista asesta un golpe brutal al PRI al destapar la conexión de un connotado priista con el narcotráfico. Es de manual para ganar elecciones, y para desgracia del PRI tiene a más de un miembro que puede ser circulado como la víctima perfecta. Pero aun entonces, y acaso con más premura, el PAN debe aplicarse a la tarea de tramar una respuesta a la pregunta que realmente debiera importarle.
¿Para qué quiere el poder el PAN?

Casualidades electorales

José A. Crespo

Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen.

Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”, pues están empeñadas en desacreditar los organismos que encabezan. Para lo cual las patadas internas son mucho más eficaces que las declaraciones externas. Dichos embates internos podrían no responder (o no exclusivamente) a la falta de preparación o al despiste de consejeros y magistrados electorales, sino a algún interés político o incluso partidario de estos privilegiados funcionarios. Ni modo, en este país el sospechosismo no puede tomarse solamente como una ocurrente expresión. Además, no sería la primera vez que así sucediera, si se considera que, tanto en el IFE como en el TEPJF, los partidos designan a consejeros y magistrados que les son afines, por medio del reparto de cuotas.

Dos decisiones recientes, una en el TEPJF y otra en el IFE, así lo sugieren. La primera tiene que ver con la violación que el siempre honorable Partido Verde cometió, al comprar espacios mediáticos para que sus diputados salientes “rindan su informe” de actividades (pagaron, dicen, con sus propios recursos, un promedio de tres millones por diputado, a los que por lo visto les sobra el dinero). En tales mensajes, se incluyó el logotipo del partido y se habló de uno de los temas eje de su propaganda. Una clara violación a la ley electoral. Más allá de que se esté de acuerdo con esa norma, en tanto sea vigente, debe ser cumplida. Por lo mismo, el Consejo General del IFE decidió multar al Verde con casi 20 millones, en una votación de cinco contra cuatro. Los cuatro consejeros que no consideraron esa como una violación a la ley son, quizá por casualidad, los tres propuestos por el PRI y el “consejero verde”, Marco Antonio Gómez Alcántar, que ha mostrado ser el más ferviente defensor de las grandes televisoras dentro del IFE (al igual que su partido, el Verde).

El Partido Verde impugnó la decisión ante el Tribunal y ahí vino la sorpresa: por unanimidad, los magistrados validaron la acción de ese partido, lo cual implica que en el periodo de “entre campañas” (entre la precampaña y la campaña misma), todos los legisladores —senadores, diputados federales y locales— podrían comprar espacios mediáticos, incluso con fondos privados (no fiscalizables por el IFE), para dar su “informe” a lo largo de dos semanas (cada uno). En otras palabras, el sentido, el espíritu, y la razón del modelo de comunicación adoptado en 2008, fueron conculcados en los hechos por el Tribunal Electoral, encargado de cumplir y hacer cumplir la legislación respectiva. Lo que nos deja en el peor de los dos mundos: un modelo de publicidad pública que otorga millones de inútiles spots a los partidos y exige un costoso aparato de monitoreo del IFE, con otro modelo de compra de espacios con dinero privado —o del que sea— por los legisladores. ¿Quién gana con ello? Los grandes consorcios mediáticos, en primer lugar, pues podrán recibir grandes cantidades de recursos propagandísticos de manera legal (en forma ilegal, probablemente ya lo hacen, como lo sugieren las “noticias” diarias acerca de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard). Pero la decisión del Tribunal permitirá también, por ejemplo, al senador Manlio Fabio Beltrones, aspirante presidencial, salir en los medios durante 15 días al año para informar lo que ha hecho o no como legislador, cosa que le vendrá muy bien de aquí a 2012. Y ahí surge otra pregunta: todos en el ámbito electoral saben de la cercanía política de la presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, con Beltrones. ¿Se trata de una casualidad? Ojalá sí. El caso es que el TEPJF declaró que la reforma está incapacitada para procesar sus estipulaciones, lo que la pone en senilidad prematura (por la golpiza que le han propinado los diversos actores políticos, incluidas las autoridades electorales).

El segundo asunto es el retiro ordenado por la Comisión de Quejas del IFE, de un mensaje de internet que agravia a Fidel Herrera, pero sin que hubiera manera de probar si fue levantado por un partido, lo que es requisito legal. Por fortuna, el Consejo General echó atrás tan absurda determinación, justamente por no demostrar que el PAN estaba detrás del mensaje. Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen, sin que se pruebe la mano de su respectivo partido. Es consecuencia de prohibir las campañas negativas, aun cuando —como también lo determinó el Tribunal— las críticas estén sustentadas histórica o científicamente.

La desafortunada decisión de la Comisión de Quejas del IFE dio nuevos y convincentes argumentos a quienes (por convicción o interés) quieren echar abajo la reforma electoral en su modelo comercial. Pero, ¿será casualidad que, tratándose de un spot que afecta al PRI, a través de la crítica contra Herrera, quienes tomaron la decisión, en la Comisión de Radio y Televisión del Instituto, sean dos consejeros priistas y, nuevamente, el “consejero verde”? ¿Por qué la insistencia de Gómez Alcántar de censurar internet, aun sin pruebas de que el PAN fuera el responsable del spot? ¿No hay un propósito deliberado de seguir minando la reforma, en atención a las televisoras cuyos intereses parece representar ese consejero? De lograrse el propósito de hundir la reforma electoral después de los comicios, las televisoras tendrán mucho que agradecer a su consejero estrella, el “verde”, y también a los magistrados del Tribunal Electoral y, quizá, de manera indirecta, al senador Beltrones. Suena a un compló, es cierto, pero ésos, luego resultan ser verídicos. Ojalá se trate de meras casualidades. Mientras tanto, la credibilidad de las autoridades electorales sigue a la baja.

Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”.

La escaramuza legislativa

Javier Corral Jurado

Caen hachazos sobre la reforma electoral. No sólo los principales consorcios mediáticos del país trabajan duro para derribarla en lo que fue su principal medida, la prohibición de la contratación comercial de publicidad en radio y televisión por parte de candidatos y partidos políticos.

Una serie de acciones y omisiones llevadas a cabo por los propios partidos y las autoridades electorales han venido restándole el valor y méritos que hasta hace muy poco se presumían en el marco de una de las decisiones legislativas de honda reivindicación para la política y de recuperación de soberanía para el Estado.

Fueron largos los discursos de los tres principales líderes parlamentarios en el Senado, y ninguno para el aburrimiento; tocaron el fondo de la cuestión y anunciaron la liberación de la política a manos de los consorcios comunicacionales del país. Se ponía fin al tonel sin fondo que representaba en gasto para las campañas, la inversión publicitaria en medios.

Fue amplia la reacción social a favor, con la excepción del reducido grupo de mexicanos que maneja la radio y la televisión comercial, del Consejo Coordinador Empresarial, más un puñado de intelectuales que dieron marco conceptual a la resistencia mercantil de los concesionarios y empresarios.

Sobre la sistemática desconfianza se colocó por mucha gente la esperanza. Esperanza fundada pues, varios advirtieron que sería suicida un supuesto contrario, esto es, el que los reformadores devinieran en burladores de su propia reforma.

Y aunque resulte penoso reconocerlo, conforme fueron avanzando las precampañas y luego la campaña, la “nueva época” está quedando sólo como un respiro en la ya prolongada historia de sometimiento de la política a los intereses mediáticos.

Empezó el descenso cuando los reformadores no quisieron completar su tarea, modificando el andamiaje jurídico correlativo y complementario para darle fuerza a la reforma.

Ya no digamos a través de una nueva legislación de medios electrónicos que ampliara la oferta comunicacional en el país y les despojará a unos cuantos de la gracia y el poder de decidir quién existe en política y quién no; tampoco concretaron las sanciones necesarias para obligar el cumplimiento. Y ese titubeo que quedó en omisión hechó abajo la valiente escaramuza legislativa.

De ahí parte todo lo que ha venido después.

Los tres principales partidos abandonaron su obra y no alzaron su voz para defenderla ante los juicios de amparo atraídos por la SCJN.

Luego cuando el IFE tuvo la enorme oportunidad de reconquistar prestigio y confianza para su credibilidad, el momento en el que pudo sancionar ejemplarmente a las televisoras por empaquetar los spots e interrumpir malévolamente la programación deportiva con seis minutos seguidos de anuncios, partidos y televisoras presionaron para dejar impune el hecho.

Las actuales campañas asestan también duros golpes a la reforma, porque lamentablemente candidatos de todos los partidos han buscado cómo hacerse de espacios y coberturas informativas por la vía de la compra en efectivo, cierto es, ante dos hechos que se han producido de manera evidente: la centralización de la producción de los spots por parte de los comités nacionales de los partidos, y la manera en que los medios han venido cerrándose de nueva cuenta a la información de las campañas electorales en protesta por la reforma electoral.

La estrategia ha sido clara y ha dado resultados: los concesionarios han buscado desacreditar y volver odiosa la reforma ante los ciudadanos, y los partidos coadyuvan a hacerla inútil, ineficaz desde el punto de vista de la competencia mediática.

El caso más grotesco son los spots del Partido Verde que con el pretexto de informar sobre el desempeño de sus legisladores, contrató en la televisión la transmisión de cientos de éstos como publicidad institucional y no como lo que son y está prohibido: propaganda política.

Y frente a ello, la decisión hasta ahora más deplorable de una autoridad frente a la reforma constitucional de 2007 y el nuevo cofipe de abril de 2008: el hachazo artero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convalidando la compra de ese tipo de espacios.

Sí, ninguno tan demoledor como el que le infringió la semana antepasada la Sala Superior del TRIFE, porque esa raja, sí lastimó el tronco.

En una sentencia absurda que concitó la voluntad de los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava Gomar , Pedro Esteban Penagos y de la Presidenta María del Carmen Alanís - quien presentó el proyecto de resolución -, se convalidó esa forma de defraudación a la legislación electoral pues para ninguno de ellos resultó propaganda política electoral, lo que para el conjunto de los partidos lo fue, incluída la mayoría del Consejo General del IFE que por esa conducta había acordado dos multas al partido de la pena de muerte, con un monto total de 20 millones de pesos.

Además de la exoneración inadmisible a ese partido, el TRIFE se coloca hoy a la cabeza de ese largo proceso de simulación en el que se ha convertido la reforma electoral.

Calderón inicia competencia para Telmex

Alberto Bello

El presidente Felipe Calderón dio luz verde para terminar con la hegemonía de Telmex en la trasmisión de datos de voz y video, al anunciar que la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE) abrirá su red de fibra óptica para las empresas cableras y telefónicas en el país.

La entrada del nuevo competidor, largamente esperada por las empresas rivales de Telmex, propiciará una reducción en las tarifas para los usuarios de teléfono, televisión e Internet.

Calderón anunció este martes en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad que su gobierno licitará entre particulares el uso de la red de fibra óptica de 21,000 kilómetros troncales más otros 8,000 kilómetros adicionales de redes metropolitanas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) definirán las bases para las licitaciones.

Fuentes de la Secretaría estimaron que el proceso se pondrá en marcha dentro de los próximos seis meses.

La CFE empezó desde 2006 a instalar una red de fibra óptica paralela a su red eléctrica y ahora posee una infraestructura sólo equiparable a Telmex, el gigante de las comunicaciones propiedad del empresario Carlos Slim.

Los críticos de Telmex señalan que gracias a su enorme tamaño, Telmex ha podido cobrar caro el peaje por sus líneas, pero las empresas de telecomunicaciones y compañías de cable esperan que la apertura a la infraestructura de la CFE se traduzca en tarifas más bajas.

El propio director general de la CFE, Alfredo Elías, había advertido que abrir la fibra óptica de su empresa pondría en riesgo la seguridad nacional al dar acceso a terceros actores a la principal proveedora de electricidad de México.

El plan anunciado esta mañana por Calderón contempla la construcción de 111 puntos de entrada a la red, lo que garantizará un acceso neutral por parte de los operadores que quieran conectarse a la infraestructura de la CFE y, al mismo tiempo, salvaguarda y protege los riesgos acerca de la seguridad nacional.

Calderón realizó el anuncio ante representantes de las empresas de telecomunicaciones, en el marco del foro "Conectividad para la Competitividad", realizado en la Ciudad de México.

Firmas como Cablevisión ­propiedad de Televisa- y otras empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable han expresado su deseo por utilizar la fibra óptica de la CFE para ofrecer servicios integrados de telefonía, conexión a Internet y televisión restringida, lo que llaman servicios de triple play.

Estas compañías prevén ahorrarse las altas tarifas que, según se quejan, les cobra Telmex. Su apuesta es rentar de alguna manera esta red a la CFE para ampliar su infraestructura y abaratar sus costos.

Para políticos nulos… un voto nulo

José A. Crespo

También, se discute si el “no voto” es un derecho, como parte de la libertad de votar (la cual implicaría también la de no votar).

Me encuentro, en diversos portales, mensajes y blogs de internet, varios ciudadanos y organizaciones que convocan a anular el voto o abstenerse en estos comicios intermedios, no siempre por idénticas razones, pero sí parecidas. Usan distintos lemas, frecuentemente creativos. Una especie de campaña underground que contrasta con la del IFE que exhorta a votar por algún partido. El Instituto asocia el voto por algún partido como la vía de cambio. Muchos pensamos, en cambio, que, en las actuales condiciones partidocráticas, un alto nivel de participación efectiva (por uno u otro partido) sería un factor de inercia y estancamiento, al validar a los partidos en su actual ruta. Uno de esos movimientos por el “no voto” utiliza el lema: “Un voto anulado dice más”, con el evidente propósito, no sólo de protestar a nivel individual contra todos los partidos (por no resultar convincente ninguno), sino hacerlo masivamente y que al menos quede constancia de la magnitud de dicha inconformidad.

Otro movimiento se denomina, de manera no muy rebuscada, “Yo anularé mi voto”, cuyos promotores sintetizan el sentir de muchos ciudadanos, que refleja una fuerte crisis de representación política: “Cada tres años (los partidos) llaman al pueblo a las elecciones. Despilfarran cuantiosas sumas del erario en campañas y encuestas para convencernos de darles unos minutos en las urnas; porque es a unos minutos que se reduce nuestra participación. Lo más absurdo es que nuestro voto es indispensable para que esta clase política usurpe nuestros derechos democráticos… Por eso no votaremos por ellos este 5 de julio. No seremos cómplices de su impunidad”, dicen ahí.

Otro movimiento, en Jalisco (desconozco si también está extendido a otras entidades), se denomina: “Para políticos nulos, un voto nulo”. El título lo dice todo. Hay también blogs especiales en torno a este tema, como lo es anulomivoto.blogspot.com. Ahí los participantes discuten si votar por algún partido político, el de su preferencia, el “menos malo”, o uno al azar, con tal de votar. O bien si es válido no sufragar por ninguno. Y, en otro plano, se debate si estratégicamente conviene más abstenerse o concurrir a la casilla y anular el voto. Se dan evidentemente razones en uno y otro sentidos. Los inconformes con los partidos reclaman su derecho a protestar contra el sistema de partidos (y, a veces, también contra el electoral). Y debaten cuál de esas expresiones, la abstención o el voto nulo, puede presionar más eficazmente a los partidos para que realicen reformas que incluyan en mayor medida a sus “representados”. También, se discute si el “no voto” (en cualquiera de sus dos expresiones) es un derecho, como parte de la libertad de votar (la cual implicaría también la de no votar). Yo así lo creo. Algunos polemistas en ese debate dicen que no es obligatorio votar por algún partido (como los “participacionistas” quieren). Dicen que eso es como elegir entre morir en la horca o en la guillotina. Quienes prefieren anular el voto insisten en que no se desea mandar el mensaje de la apatía (como comúnmente se interpreta la abstención), sino de rechazo activo y deliberado a todos los partidos. Concuerdo con ello. Es lo que suele llamarse “abstencionismo activo, o cívico”, pero que fácilmente puede confundirse con el abstencionismo apático o indiferente, si no se plasma en una boleta anulándola con claridad. Nuestra legislación no contempla el “voto en blanco”, como sí existe en varias democracias, es decir un espacio, en la boleta, especial para quien quiera votar por “ninguno”, en cuyo caso no tacha toda la boleta, sino sólo ese espacio creado como una opción legítima, na posibilidad de la libertad de votar. Habrá que empujar que en adelante se incluya ese derecho (que en general, aún los “participacionistas” reconocen como menos perjudicial institucionalmente que sólo abstenerse de ir a las urnas).

Un ciudadano abstencionista expresa, por su parte: “Se trata de no votar, no de anular el voto: un voto anulado brinda legitimidad al sistema, dado que, en las cuentas finales, gane quien gane, sin importar con cuántos votos, lo habrá logrado con un índice significativo de votos emitidos. La lección que requieren los partidos y los candidatos es que, si resultan elegidos, sea con un índice extremadamente reducido de emisión de votos: que quede claro que sabemos que no representan a nadie, más que a sus respectivos intereses”.

Por su parte, el Movimiento Segunda Generación promueve la anulación del voto en lugar de la abstención: “Si dejamos de votar, el gobierno cree que los ciudadanos no estamos interesados en las elecciones, si anulamos el voto mostraremos inconformidad con los candidatos; siendo ésta una democracia, tenemos el derecho de decidir no votar por nadie, dado que nadie nos convence”, asegura su líder, Gabriel Hinojosa, cuya campaña se denomina “Tache a Todos”. Y un ciudadano que coincide con ello, argumenta: “En vez de ser un ciudadano irresponsable que no cumple con sus responsabilidades sociales, este año ejerceré mi derecho a votar y cumpliré con mis responsabilidades sociales, anulando mi voto”. Yo coincido con esta óptica, pero seguramente muchos otros inconformes con los partidos no lo vean así, por lo cual es probable que el abstencionismo sea superior al índice de votos nulos. Sería interesante y conveniente que el IFE, en su empeño por abatir el abstencionismo, informara también a la ciudadanía la posibilidad de participar sufragando por un candidato no registrado, que es equivalente a anular el voto, algo aceptado por nuestro sistema electoral como legal y legítimo, pues incluso la boleta reserva un espacio para dicha opción. A menos, claro, que el IFE esté al servicio de los partidos, y no de la ciudadanía, que merece y requiere la información completa antes de tomar su decisión.

Sería interesante que el IFE informara también a la ciudadanía la posibilidad de sufragar por un candidato no registrado.

Gracias al PRI

DENISE DRESSER

Cada vez que Beatriz Paredes Rangel abre la boca es para vanagloriarse de lo que el PRI ha hecho por México. Gracias al PRI hay estabilidad política, dice. Gracias al PRI no hay polarización, insiste. Gracias al PRI el país no se ha hundido aún más ante el fracaso de los panistas, repite. La lideresa recorre la República buscando palmadas en la espalda mientras pide regresar al poder a un partido responsable de sus peores vicios. La priista denuncia la ineficacia y la inexperiencia de diversos funcionarios panistas incapaces de limpiar el tiradero que su partido dejó tras de sí. Hay mucho de paradójico en su proceder porque existe otra lista de cosas vinculadas con el PRI que valdría la pena recordar. Hay otras contribuciones por las cuales el electorado debería estar menos agradecido. México arrastra un legado que no debería ser motivo de aplausos; México carga con una herencia de la cual los priistas se distancian pero de la cual son responsables.

Gracias al PRI, el narcotráfico infiltra al Estado y se enquista allí. A partir de la década de los ochenta, el negocio de la droga comienza a crecer y lo hace con protección política. Con la complicidad de miembros de la Policía Judicial Federal y de agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Con la colusión de gobernadores como Mario Villanueva Madrid y otros dirigentes priistas de narcomunicipios y estados fronterizos. A lo largo de los años, la estructura política del priismo provee un caparazón al crimen organizado, que avanza no a pesar del gobierno, sino –en buena medida– gracias a él. Cuando los panistas llegan a la Presidencia se encuentran un Estado rebasado, se enfrentan a autoridades estatales cómplices, se topan con policías infiltradas, apelan a procuradurías indolentes. Y, sin duda, tanto la administración de Vicente Fox Quesada como la de Felipe Calderón Hinojosa no han encarado el reto de la mejor manera; el primero por omisión y el segundo por falta de previsión. Pero lo innegable es que no son responsables del problema: lo heredan. Hoy los priistas culpan al gobierno panista de aquello que ellos mismos engendraron.

Gracias al PRI hay alguien como Joaquín Gamboa Pascoe y lo que representa. Líder vitalicio, elegido –en un evento reciente– para liderar la central obrera hasta 2016. Líder hasta la muerte, encumbrado después de una votación fast track y por aclamación.

Rodeado de mujeres bailando en biquini, meciéndose al son de las maracas y las fanfarrias y las porras. Impasible ante los reclamos por los lujos que despliega y los relojes que ostenta. Y, en esa misma reunión, Beatriz Paredes no alza la voz para cuestionar las prácticas antidemocráticas del corporativismo, sino que niega su existencia. Argumenta que México ha cambiado y que los trabajadores son libres y merecen respeto, cuando lo ocurrido en ese evento es señal de la podredumbre de siempre. La genuflexión de siempre. La alianza de siempre. El pacto de siempre. El liderazgo del PRI ofrece prebendas a cambio de apoyo político. Tan es así que, sin ningún rubor, Gamboa Pascoe sostiene que “hizo cuentas con Paredes” para incrementar, en el próximo proceso electoral, el número de posiciones en el Congreso de integrantes cetemistas. Así, el PRI ratifica su preferencia por las prácticas del pleistoceno.

Gracias al PRI el gobierno se percibe como botín compartido. No hay frase que resuma mejor esta visión que la atribuida a Carlos Hank González: “un político pobre es un pobre político”. El PRI permite que quien llegue a algún puesto –desde hace décadas– piense que está allí para enriquecerse. Para hacer negocios. Para firmar contratos. Para embolsarse partidas secretas. Para otorgar concesiones y recibir algo a cambio. Sólo así se explica la Colina del Perro construida por José López Portillo. Sólo así se explica la fortuna acumulada en las cuentas suizas de Raúl Salinas de Gortari. Sólo así se entiende el reloj de 70 mil dólares que porta Carlos Romero Deschamps. Sólo así se comprende el guardarropa de Elba Esther Gordillo Morales. Gracias al PRI gran parte de la población considera que la corrupción es una conducta habitual y aceptable que acompaña a la función pública.

Gracias al PRI la impunidad se vuelve una forma de vida. El PRI inaugura un sistema para compartir el poder basado en la protección política a sus miembros, al margen de las leyes que violan, los estudiantes que asesinan, los desfalcos que cometen, los robos que encabezan, los desvíos que ordenan. La lista es larga y escandalosa: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Mario Marín Torres, Arturo Montiel Rojas, Jorge Hank Rhon, Roberto Madrazo Pintado, Emilio Gamboa Patrón, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz. Y para protegerse a sí mismos promulgan leyes a modo, saltan de puesto en puesto, intimidan a periodistas, negocian amparos, compran apoyos y corrompen jueces. Entonces no sorprende que en la lista de candidatos del PRI se encuentren varios excolaboradores de Arturo Montiel Rojas –acusado de peculado y enriquecimiento ilícito– encargados de exonerarlo.

Quizás Felipe Calderón Hinojosa entiende lo que el PRI le ha hecho al país y por ello exclama: “Dios quiera y no regresen a la Presidencia”, como lo hizo en una reunión reciente. Pero si eso ocurre, tanto él como su predecesor habrán producido ese desenlace al optar por un “pacto de no agresión” desde hace ocho años. Al suponer que bastaría sacar al PRI de Los Pinos sin modificar sustancialmente su modus operandi. El gran error del PAN ha sido tratar de operar políticamente dentro de la estructura que el PRI creó, en vez de romperla. El gran error del PAN ha sido creer que podría jugar mejor el juego diseñado por el PRI, en vez de abocarse a cambiar sus reglas. El gran error ha sido emular a los priistas en vez de rechazar la manera de hacer política que instauraron.

Por ello ahora que el PRI denuncia el fracaso del PAN, en cierta medida tiene razón. Los aprendices son fustigados por los maestros experimentados. Los panistas han fracasado en el intento de gobernar como lo hacían los priistas. Los panistas han fracasado en su intento por adaptarse a las reglas de instituciones que el PRI torció. Los panistas no han logrado pactar eficazmente con los narcotraficantes; no han logrado comprar eficazmente a los líderes sindicales; no han logrado beneficiar eficazmente a los grandes empresarios; no han logrado ocultar eficazmente los negocios que han hecho en su paso por el poder; no han logrado combatir eficazmente la impunidad porque también se volvieron cómplices de ella. Gracias al PRI el país padeció tantos años de mal gobierno. Gracias al PAN es probable que la historia se repita.

Este artículo se publicó en la edición 1687 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 1 de marzo.

Conjuras y putrefacción institucional

José A. Crespo


Los delatores de la corrupción en el GDF no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para ser reconocidos.

Me parece justificado ahondar sobre la mucha información que contiene el libro de Carlos Ahumada, por la importancia del episodio de los videoescándalos en el fuerte deterioro de nuestra democratización, quizá todavía no desahuciada, pero sí herida de gravedad.

A) Llama la atención que Ahumada no comprenda la relevancia política de la participación de diversos personajes en la divulgación de los videos que grabó, y debido a eso se dice extrañado por la importancia que la opinión pública concedió al tema, al reducir el impacto sobre los actos mismos de corrupción capitalina: “Todos los días se discutía si había sido un complot, si había participado Carlos Salinas, si en él estaban el presidente Vicente Fox, Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos... Sí, sí estuvieron todos ellos, hoy lo puedo decir. Pero, insisto, eso no fue lo relevante”. En su visión, los delatores de la innegable corrupción en el gobierno capitalino no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para recibir el reconocimiento público. Ahumada no es experto en teoría democrática ni constitucional, y por eso no estaba obligado a entender la gravedad política de la participación de personajes e instituciones del gobierno federal en la difusión de los videos, pues implica violentar una importante regla de la democracia. La negación de Creel (y el silencio de Eduardo Medina-Mora) sobre su participación en el ardid, responde a que ellos sí saben que con eso violentaban la regla democrática que reza: “No se permite usar los recursos del Estado para propósitos político-electorales, pues ello termina con la equidad” (conducta incluso tipificada como delito electoral en el artículo 407 del Código Penal). El Cisen, en lugar de abocarse a la seguridad nacional, se puso al servicio político del nuevo partido oficial, como en los peores tiempos del PRI. Un Cisen en aquel entonces a cargo de quien hoy encabeza la PGR (con razón, la seguridad está como está). Con tales antecedentes, ¿qué garantiza que la Procuraduría no se ponga al servicio del partido oficial, según ocurrió en el foxismo? Una regla por cuya violación justamente cayó Richard Nixon. Ahumada buscó ayuda externa en lugar de simplemente entregar los videos a Televisa, precisamente porque él mismo estaba implicado en el escándalo y requería inmunidad, la cual sólo podría ofrecérsela el gobierno federal.

B) Ahumada también comprende la importancia política de la negociación de Salinas con Fox (hoy doctor en democracia): los videos a cambio de la libertad de su hermano Raúl y la devolución de los fondos que la PGR le había retenido. Nuevo uso político de la justicia (amén de implicar graves delitos). La versión coincide con lo que alguna vez me comentó Adolfo Aguilar Zinser, a poco de haber dejado la embajada ante la ONU, en una conversación no sujeta al “fuera de micrófonos”. Al preguntarle sobre la relación de Fox con Salinas, me dijo que éste ofreció mover sus hilos para favorecer la reforma fiscal foxista (y de cuya participación en ello después dio noticia Elba Esther Gordillo) y, a cambio, Salinas podría regresar tranquilamente de su exilio y Fox intentaría promover la liberación de su hermano. Eso fue meses antes de ser liberado Raúl Salinas.

C) Debiera investigarse y, en su caso, penalizarse, la gran cantidad de delitos e ilícitos que Ahumada narra: el soborno que involucra al gobierno capitalino, con eventual conocimiento de López Obrador; el tráfico de influencias (aun en torno a la integración de la Suprema Corte); la extorsión en contra de Ahumada (como la relatada por Claudia Sheinbaum a través de Carlos Imaz); la violación de sus derechos humanos en la prisión, y las amenazas a él y su familia. Pero no vivimos en un Estado de derecho, y de ello se queja, con razón, Ahumada. Irónicamente, eso le favoreció también a él, pues incurrió en la grabación de varios personajes sin su consentimiento, y la divulgación de esas grabaciones, lo cual está penalizado por el artículo 211-bis del Código Penal hasta con 12 años de cárcel (por cada persona que se graba). Ahumada narra con detalle cómo incurrió en ese delito, pues dice haber hecho las grabaciones “independientemente de si ese acto… fue o no ético”. No, no era cuestión sólo de ética, sino de legalidad. En lugar de tres años, Ahumada pudo haber pasado muchos más en prisión, de haber en México Estado de derecho. Por lo cual, para qué tanto desgarre cada vez que aparecen grabaciones ilícitas, si aun sabiendo quién las hizo —y siendo confeso el infractor, con lujo de detalles— no se aplica la ley (¿quién espió a Luis Téllez? Seguimos y seguiremos esperando).

D) Y en cuanto al episodio del pacto con el equipo de campaña de Felipe Calderón en la elección de 2006 a través de Juan Molinar, para divulgar nuevos videos e intensificar la campaña negativa contra López Obrador, debiera investigarse el tiroteo contra la camioneta de la familia de Ahumada (seguramente para disuadirla de dar a conocer los nuevos videos y que, absurda e inverosímilmente, el gobierno capitalino explicó como un “autoatentado”). Pero, también, el posible delito electoral (o su tentativa), al gestionar Molinar favores del gobierno federal con fines electorales (ilícito tipificado en el artículo 412 del Código Penal). Claro, todo ello si viviéramos en una democracia más o menos digna de ese nombre, y no en un régimen de cuya pudrición hasta la médula da cuenta la narración de Ahumada. Calderón, jefe de este Estado, si no fallido, sí pestilente, ¿hará algo al respecto? Por supuesto. Hará como que la Virgen le habla, según corresponde a quien dirige el país de la impunidad y la simulación. ¿Y con este espantajo institucional se pretende ganar la guerra contra el narcotráfico? Sí, cómo no.

Nueva fechoría de TV Azteca

Javier Corral Jurado

Acaba de aparecer en algunos medios, como si en efecto se tratara de una novedad, otra más de las escandalosas violaciones que TV Azteca lleva acabo al régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México - sin añadir que es muy probable que pueda obtener el primer lugar en la única competencia real que tiene con Televisa: desafiar a la autoridad y a la legislación electorales -.

Se da cuenta en la información periodística, que la empresa de Ricardo Salinas Pliego comercializa ilegalmente canales adicionales de TV restringida, aprovechando el canal espejo que el Ejecutivo Federal les asignó mediante acuerdo, desde julio 2 de 2004, a todos los concesionarios y permisionarios de televisión para llevar acabo la transición de las señales del sistema análogico al digital. En sus tiendas de venta de enseres eléctricos oferta un aparato decodificador de señales digitales con el que el comprador puede recibir el paquete de televisión digital “Hi TV” que consta de 21 canales.

Siendo que el acuerdo de aquel entonces otorgó un canal adicional por cada frecuencia analógica concesionada para ir haciendo las pruebas necesarias de la mutación al nuevo sistema, quedó debidamente establecido que en el canal espejo sólo podían retransmitirse íntegra y simultáneamente los contenidos del canal analógico, que una vez consolidada la transición prevista para el 2021 devolverían el canal adicional, y conforme el estándar tecnológico que se adoptó en dicho acuerdo, la transición digital en México tendría como exclusivo propósito transmitir TV de alta definición, por cierto sólo obligada en el 20% del tiempo total de la programación. Se copió el modelo gringo, que otorgó el mismo ancho de banda del actual sistema para el nuevo digital. La medida tuvo el propósito de acaparar el espectro en las mismas manos por largo tiempo y no multiplicarlo, como en efecto, mediante nuevas licitaciones han hecho otros países para ensanchar la oferta comunicacional, mediante los llamados multiplex (caso Español).

El acuerdo no determinó que los concesionarios pudieran dar otros canales adicionales de TV restringida utilizando el mismo espectro asignado para TV abierta. Eso lo buscaron dos años después, cuando pretendieron abusivamente, mediante la llamada Ley Televisa, agandallarse a perpetuidad el espectro radio-electrico del país mediante el refrendo automático, no devolver ninguna de las dos frecuencias, y dar todo tipo de servicios adicionales de telecomunicaciones sin que les fueran aplicables los requisitos legales para una nueva concesión, como el de la licitación misma, y como lo señala el propio acuerdo en el que TV Azteca basa su nuevo intento de agandalle.

En el texto de ese acuerdo, que se trasladó prácticamente en los mismos términos a los títulos de concesión, la prestación de servicios de telecomunicaciones en el canal adicional está condicionada: “cuando sea factible y sin que esto implique interrupción total o parcial de la TDT, ni impida permanentemente la transmisión de programas de alta definición, el concesionario podrá solicitar a la SCT la prestación de los mismos, solicitud que se resolverá sujetándose a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a las disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario estará obligado a cubrir la misma a favor del gobierno...”.

La ley Televisa, de la que TV Azteca fue su cola y su instrumento para calumniar a quienes la resistimos, buscó eliminar la necesidad de una nueva concesión, incluso el permiso de la autoridad, pues mediante una simple solicitud se hacían de un nuevo título como operadores de Redes Públicas de Telecomunicaciones.

Para la historia de México, recuperemos el dato de que esa pretensión abusiva, ese desafío al Estado de Derecho, que contó con la anuencia del Congreso federal y la promulgación del Presidente de la República, fue revertido mediante sentencia de inconstitucionalidad por la SCJN, que invalidó parcialmente varias de las porciones normativas de aquella reforma y de manera absoluta los artículos 28 y 28ª de la Ley Federal de Radio y TV que precisamente contenían los supuestos en los que incurre hoy Televisión Azteca.

Sí, siempre lo dijimos, aunque suene mal, querían dar otros canales de Televisión asaltando el espectro radio-eléctrico de la Nación. Y aquí está la prueba superviniente por si hiciera falta, y para que no quede duda alguna en ningún ministro de nuestro Tribunal Constitucional: el propósito más burdo, el más descarado, el más ilegal, es nada para los varones del duopolio televisivo.

Esa apuesta permanente de poder tiene en la inacción de los órganos del Estado su principal aliciente. Si el Gobierno Federal burla los efectos contenidos en la sentencia de la SCJN, y el Congreso la desdeña y se olvida por más de dos años de rellenar por lo menos las normas invalidadas, ¿Porqué habría de respetarla un particular que en la trampa a la ley ha logrado engullirse desde el Canal 40, pasando por el indebido cobro de 550 millones de pesos a la SCT en el caso UNEFON, hasta utilizar el canal espejo durante todo el año pasado para transmitir contenidos totalmente diferentes a su señal abierta?. Esto último no mereció la más mínima sanción por parte de la Secretaría de Gobernación.

¿Qué se brincaron las trancas de nuevo?. Por favor, no sumemos a la afrenta el engaño. Lo hacen hoy como lo hicieron hace tres años, aprovechando la coyuntura electoral; lanzándose primero una de las televisoras para, si pega, se suma la otra. Tienen el mismo beneplácito de los mismos actores de hace tres años, de los que promovieron la Ley Televisa y de los que la desatoraron en el Senado. Y todos saben que se trata de un abuso y un atraco. Pero el Estado de Derecho que se impulsa tiene sus límites y en materia de radiodifusión se llaman Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

México: Los militares deben responder por sus abusos

El deficiente sistema de justicia militar atenta contra las políticas de seguridad y contra el narcotráfico




(México, D.F.) - Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 85 páginas, titulado "Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública", describe 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008. Los abusos incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles.

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".

Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, señala el informe, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del ministerio público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.

Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente "para los delitos y faltas contra la disciplina militar". Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió "servicio" militar como la "realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña". Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados "funciones inherentes" de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.

"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", manifestó Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".

Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Calderón a asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea federal o local.

Las drogas: ¿legalizarlas o no?

Un argumento a favor asegura que al legalizar la posesión y el consumo de marihuana se podrían recaudar miles de millones de dólares en impuestos y eliminar una tajada importante de las ganancias que alimentan la violencia entre los narcotraficantes en México.

Por Steven B. Duke

Los crímenes relacionados al tráfico de drogas y el caos en México recuerdan a los asesinatos que se registraron de Chicago durante la época de la prohibición del alcohol en los años 20. Aunque la violencia en México es mucho peor que el derramamiento de sangre que dejaron en Estados Unidos los contrabandistas de entonces, ambos episodios tienen en común la motivación: las ganancias. Estas son guerras territoriales, libradas entre bandas rivales que tratan de ampliar su control sobre el mercado de las drogas ilegales. Hace 75 años, Estados Unidos logró acallar la violencia de los traficantes con el levantamiento de la prohibición a la venta de alcohol. La única solución a largo plazo para los crímenes ligados a los carteles de México es legalizar las otras drogas ilegales que fueron pasadas por alto cuando se abolió la Prohibición en 1933.

En 2000, el gobierno mexicano alborotó el avispero cuando empezó a arrestar y procesar a los grandes distribuidores de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. Hasta entonces, los carteles dependían de los sobornos y la corrupción para mantener una coexistencia pacífica con las autoridades. Cuando esta pax Mexicana se acabó, no sólo empezaron a luchar contra el gobierno sino también entre sí. Esta violencia ya se ha cobrado más de 10.000 víctimas en México desde 2005, y la carnicería ha cruzado fronteras a Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur.

Algunos creen que esta ola de muertes (actualmente unos 400 asesinatos al mes) amenaza la supervivencia del gobierno de México. Más allá de si esto es una exageración, como insiste el presidente Felipe Calderón, es cierto que México atraviesa una crisis. Los mexicanos le han pedido ayuda al gobierno de Barack Obama y éste ha accedido, ofreciendo apoyo material y elogiando la integridad y coraje del gobierno mexicano por enfrentarse a los carteles.

Control de armas

Ante la pregunta de qué es lo que EE.UU. podría hacer para contribuir, la primera cuestión que surge es si el control de armas sería la solución. Calderón asegura que podrían prácticamente desarmar a los carteles dificultándoles la compra de armas en EE.UU. y frenando su paso ilegal a México. Obama ha estado de acuerdo con esta posición y ya ha dado muestras de estar dispuesto a reducir la disponibilidad de armas. Sin embargo, aunque la Casa Blanca sea capaz de sortear todos los impedimentos políticos y constitucionales para restringir el acceso de los estadounidenses a las armas de fuego, el impacto sobre la violencia relacionada al tráfico de drogas en México sería insignificante. Los carteles están bien armados ahora, y las armas sufren un desgaste muy lento.

Incluso si los capos mexicanos llegaran a perder su flujo de aprovisionamiento en EE.UU., tardarían años en notar las consecuencias. Y entonces, simplemente recurrirían a otros proveedores. Existe un gran mercado negro de armas militares en todo el mundo.

También es ilusa la idea de que es posible evitar que las drogas entren a EE.UU., cerrando así el acceso al mayor mercado de los narcotraficantes. Aunque fuera posible interceptar el contrabando en los más de 300 puestos en la frontera y si realmente se llegara a levantar ese muro a lo largo de toda la frontera con México (unos 3.110 kilómetros), la experiencia sugiere que los traficantes lograrán pasar igual, ya sea por encima o por debajo.

Propuestas de legalización

El Congreso Mexicano ya ha estudiado varias propuestas para legalizar las drogas. Una incluso fue aprobada en 2006, pero luego, bajo presión de EE.UU., el presidente Vicente Fox se negó a firmarla. Estos proyectos se basan en la idea de que al eliminar las ganancias de la distribución ilegal de drogas, los carteles desaparecerán porque no ganarán suficiente dinero. Sin embargo, un punto débil de estas propuestas es que en realidad la fuente principal de estas ganancias no es México sino EE.UU. El consumo mexicano de drogas es mínimo comparado con el río que fluye hacia el norte. Todo sugiere que cualquier propuesta para despenalizar las drogas en México apenas tendría un impacto sobre la guerra actual del narcotráfico.

Una vez conscientes de esta realidad, las opciones son pocas. Una sería tratar de eliminar la demanda, otra sería atacar a los proveedores y una tercera consistiría en una combinación de las dos anteriores. Hasta ahora, el gobierno de Obama parece decidido a combatir a los narcotraficantes por la fuerza militar. Esperemos que se dé cuenta de que este enfoque no funcionará.

Supongamos que EE.UU. saliera al rescate de México con decenas de miles de millones de dólares, incluyendo una provisión de personal militar, expertos y equipos, y coordinara un ataque generalizado contra los narcotraficantes. Tras un auge inicial, el nivel de la violencia relacionada al tráfico de drogas acabaría por decaer. En el proceso, se perderían miles de vidas, aunque México se volvería menos atractivo para los delincuentes, tal como pasó en otras áreas, como Colombia, Perú y Panamá. Al fin y al cabo, eso fue lo que le confirió a México su estatus actual en este oscuro negocio. Después, el tráfico simplemente se trasladaría a otro país de América Latina o el Caribe y el proceso volvería a empezar.

Un gobierno realmente abierto al "cambio" consideraría una solución a largo plazo, que pasaría por eliminar el mercado de las drogas ilegales mediante su legalización. No podemos destruir el atractivo de las drogas psicotrópicas. Lo que podemos y deberíamos hacer es eliminar el mercado negro de estas sustancias y regularlo y gravarlo al igual que hacemos con nuestras drogas recreativas más perjudiciales: el tabaco y el alcohol.

La marihuana presenta el argumento más fuerte para defender este enfoque. Según algunas estimaciones, la marihuana representa en torno al 70% de las drogas ilegales distribuidas por los carteles mexicanos. Si se gravara en EE.UU. a la misma tasa que el alcohol y el tabaco, se recaudarían unos US$10.000 millones en impuestos al año y ahorraría otros US$10.000 millones que ahora se dedican a la lucha contra los distribuidores y consumidores de marihuana.

Un paso intermedio pasaría por despenalizar la posesión y uso de marihuana y ser más transigentes con los cultivadores estadounidenses de la hierba. Eso reduciría las importaciones de México y otras partes y eliminaría una parte substancial de las ganancias que alimentan las olas de violencia en México.

Después de la marihuana, avanzaríamos con las drogas más duras. Esto enfrentará una gran resistencia. La marihuana es una sustancia relativamente segura. Nunca nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana y nadie ha sufrido un brote súbito de violencia por culpa de su consumo. La cocaína, heroína y las anfetaminas, en cambio, son muy adictivas y perjudiciales, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, su ilegalidad hace que esos peligros sean mucho mayores, inundando el mercado de químicos de contenido y potencia dudosa y desalentando a los adictos a buscar la ayuda necesaria para deshacerse de su dependencia.

Podemos intentar luchar contra los narcotraficantes como lo hicieron con Al Capone, o podemos aplicar las lecciones que hemos aprendido de la prohibición del alcohol y desmantelar el destructivo experimento de la ilegalización.

—Steven B. Duke es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.

Las drogas: ¿legalizarlas o no?

El progreso en Colombia en su lucha contra el tráfico ilegal y los carteles aporta claras evidencias de que la guerra contra las drogas se puede ganar. Mientras, la historia ha demostrado repetidamente que una reducción en las prohibiciones conduce a mayor abuso y adicción.

Por John P. Walters

La alarma sobre la violencia ligada al narcotráfico en la frontera mexicana ha desembocado en la esperada retahíla de propuestas a favor de la legalización de las drogas. La más prominente fue un llamado hecho por tres ex presidentes latinoamericanos (de Brasil, México y Colombia) para acabar con la guerra de la droga. Pese a que abundan los planes para terminar con esta guerra, todos resultan en un mayor uso y adicción, tal como admiten sus propios defensores. ¿Su respuesta? Deberíamos cortar por lo sano en la prevención y persecución legal y simplemente gastar más en tratamientos.

¿Cómo se vería Estados Unidos con dos o tres veces más de drogadictos? Como respuesta, consideremos cómo estaba el país hace unos años, durante la aterradora epidemia de las metanfetaminas, tan similar al brote del crack en los años 80. Ambas fueron una pesadilla, alimentadas por la disponibilidad de las drogas.

En 2004, 1,4 millones de personas reconocieron haber usado metanfetamina ese año, según la Encuesta Nacional de Salud y Drogas de Estados Unidos. Este potente estimulante empezó a crecer rápidamente como una droga que se podía preparar en casa, utilizando como base un medicamento contra resfriados. Luego fue producida en grandes cantidades por narcotraficantes mexicanos que la introducían ilegalmente a EE.UU. Las drogas ya no eran un problema exclusivo de las grandes ciudades.

Epidemia de la adicción

La adicción, violencia y veneno de la droga golpearon la clase media del país. La epidemia destruyó familias y despertó olas de abusos domésticos. Leyes efectivas consiguieron forzar a los adictos a recibir tratamiento a través de fallos judiciales, lo que ayudó a salvar vidas. Paralelamente, implementamos medidas preventivas específicas y, lo más importante, recurrimos a la penalización y la regulación para reducir drásticamente la producción de metanfetaminas. Como resultado, el consumo (medido según los resultados de las pruebas obligatorias en el trabajo y las encuestas entre jóvenes) y el suministro (medido por la DEA) han declinado más de 60% entre 2002 y 2008.

La cocaína y el crack presentan casos de estudio similares. Los expertos en políticas públicas tanto de derecha como de izquierda concuerdan, como en pocas otras cosas, sobre los daños que estas drogas infligieron sobre los áreas urbanas pobres estadounidenses. Luchar contra el crack hizo que la vida de todos los estadounidenses mejorara.

La violencia inherente al tráfico ilegal de drogas tiene el propósito de horrorizar a los ciudadanos decentes y autoridades para que guarden silencio.

La violencia de los narcotraficantes, que ha afectado a decenas de miles de personas, es poca si se compara con las víctimas de otra violencia, aquella que se ve a diario en las comunidades estadounidenses bajo la influencia de las drogas. Aproximadamente 80% del abuso contra menores y casos de abandono en EE.UU., están ligados al uso o abuso de drogas. Tampoco es que el abuso de drogas cause todo el crimen y la violencia del mundo, pero sí los empeora al incapacitar el uso de la razón, debilitar el control de los impulsos e incluso causar paranoia y psicosis. Más del 50% de los arrestados hoy en día por delitos de violencia y robo dan positivo en las pruebas de drogas ilegales. El acceso legal a las drogas incrementaría esta clase de sufrimiento alarmantemente.

Los orígenes de las leyes federales están en las reacciones a desastrosas y violentas epidemias de drogas cuando prácticamente cualquier familia tenía acceso a los remedios basados en el opio y la cocaína a finales del siglo XIX. Las drogas estaban disponibles sin penalización. Los niveles de adicción eran escalofriantes, con aproximadamente unos 250.000 adictos a los opiáceos en una población de 76 millones de estadounidenses.

Si uno se deja llevar por el argumento de que la ilegalidad causa el problema, basta con recordar que la China antigua acabó arrodillada por culpa del fácil acceso al opio. Hoy, sociedades muy tradicionales y estrictamente reguladas como Tailandia, Malasia, Irán y Afganistán sufren un problema terrible de adicción debido a que la heroína es muy fácil de conseguir.

El uso ilegal de drogas sigue siendo un problema, pero mire se cómo se mire, es más pequeño. Comparado con hace 30 años, menos de la mitad de adolescentes está utilizando drogas, según Monitoring the Future, un estudio continuo llevado a cabo por la Universidad de Michigan. El consumo de cocaína y metanfetamina es menos de la mitad de lo que solía ser en su época de auge. Incluso los delincuentes drogadictos configuran un porcentaje menor de la población carcelaria que hace 15 o 7 años.

¿Cuáles son las lecciones ineludibles? En el proceso de aliviar el problema de las drogas, hemos aprendido cuán importante es la educación: no sólo enseñando a los más jóvenes sobre los peligros de las drogas, sino también instruyendo tanto a jóvenes como adultos sobre la enfermedad de la adicción. Sabemos que el mal empieza con el uso de drogas adictivas y que éstas modifican el cerebro.

Cuando me nombraron director de políticas sobre drogas en 2001, en EE.UU. sufríamos una debilidad inherente en los programas de prevención para jóvenes. Los adolescentes nos contaban que les habían informado sobre los peligros de las drogas, pero que si sus amigos las usaban no querían ser críticos, así que se mostraban predispuestos a participar. Entonces, procedimos a reunir especialistas en tratamientos antidrogas con los mejores creativos publicitarios para configurar mensajes preventivos que presentaran el abuso de las drogas como una enfermedad que obliga a los amigos a combatirla. Nos valimos del idealismo y la solidaridad de los jóvenes para darle la vuelta a la sensación de presión de grupo.

También hemos aprendido a implementar herramientas de salud pública que han tenido buenos resultados contra otras enfermedades. Hemos aprendido que la adicción es una enfermedad tratable. Por eso, estamos incrementando las vías al tratamiento, en las que se destaca el papel de los tribunales como un lugar central para que los adictos consigan la ayuda que necesitan. La legalización de las drogas nos quitaría esta herramienta.

También hemos aprendido a combinar la fuerza de las autoridades con los recursos de seguridad nacional para combatir a los carteles de narcotraficantes. Uno de los ejemplos internacionales más importantes en los últimos diez años es la transformación de Colombia desde un Estado dominado por el narcoterrorismo, la violencia y la corrupción a una próspera democracia liberal.

El ejemplo de Colombia

Entre 2001 y 2007, el cálculo aproximado del gobierno de EE.UU. del máximo potencial de producción de cocaína en Colombia cayó 24%. No hay un método exacto para traducir esto en ganancias perdidas, pero incluso las estimaciones más conservadores apuntan que una caída de 24% equivaldría a millones de dólares. Ahora, hay pruebas de que el efecto combinado de la menor producción y las mayores redadas redujeron el suministro de cocaína colombiana a EE.UU. entre esos mismos años.

Colombia es el antecedente perfecto para entender la amenaza en México. Las bandas criminales en México se remontan décadas atrás. Se han enriquecido y están mejor armadas, pero las áreas fronterizas cuyo control se disputan son un viejo campo de batalla. La corrupción de la que se valen para protegerse tiene raíces profundas. A medida que han ido perdiendo ganancias, se han vuelto más peligrosas.

Al igual que la prohibición del alcohol en EE.UU. en los años 20 no destruyó el crimen organizado en el país, legalizar las drogas no acabará con los grupos criminales en México. De hecho, el patrón real de violencia dentro de las familias de la mafia en EE.UU. y en los carteles de Colombia sugiere que es cuando se sienten amenazados y su control se desestabiliza que la violencia se dispara.

Legalizar las drogas es lo peor que podríamos hacer para el presidente de México, Felipe Calderón, y sus aliados. Eso debilitaría la autoridad moral de esta lucha y los mexicanos se darían cuenta inmediatamente de que no tenemos intención de reducir nuestro consumo.

—John P. Walters fue director del Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas de EE.UU. de 2001 a 2009.

¡Nos vemos en la Corte! El arreglo judicial de disputas en América Latina y sus implicaciones para el sistema interamericano

Arturo C. Sotomayor Velázquez

Resumen: A primera vista, América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo. Sin embargo, las disputas fronterizas siguen presentes en la región y los Estados latinoamericanos tienden a no utilizar las instituciones existentes para dirimir estas diferencias. ¿Qué implica esto para el sistema interamericano?

ARTURO C. SOTOMAYOR VELÁZQUEZ es investigador afiliado posdoctoral del Center for Interamerican Policy and Research (CIPR) de la Tulane University, en Nueva Orleans, y profesor de tiempo completo, con licencia, en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México. Actualmente es el coordinador (con Mónica Serrano) del Grupo de Estudios de Seguridad, una iniciativa conjunta de El Colegio de México y el CIDE.

SI POR CONFLICTO ARMADO se entiende el uso violento de la fuerza militar entre dos o más actores y cuyo resultado genera más de 1 000 muertes durante su transcurso, entonces no cabe duda de que América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo. Según cifras del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 1990 y 2000, la región latinoamericana fue testigo de 4 conflictos armados, cifra mucho menor a los que hubo en África (16), Asia (9), Medio Oriente (9) y Europa (8). Sin embargo, entre los países latinoamericanos existen todavía disputas fronterizas y, si bien pocas veces están dispuestos a enfrentarse en una guerra para dirimir sus diferendos territoriales, lo cierto es que esos conflictos no resueltos provocan serias tensiones diplomáticas y crisis militares. En los últimos años, se han hecho múltiples esfuerzos para evitar una espiral de conflictos regionales. Los países que forman parte de la disputa tienen una variedad de opciones disponibles, incluidas la negociación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso a organismos regionales. A pesar de la disponibilidad de todos estos instrumentos, en Latinoamérica se tiende a ignorar a los organismos regionales, a preferir los acuerdos ad hoc y a solicitar arreglos judiciales ante instancias extrarregionales. Tal como sucede con la mayor parte de los matrimonios fracasados en materia de Derecho Civil, los latinoamericanos difícilmente pueden resolver por sí mismos sus conflictos y, en cambio, acuden al juez y a la corte para que decidan su futuro.
Un caso ilustrativo de esta paradoja latinoamericana se dio a principios de 2008, cuando las relaciones entre Ecuador y Colombia se tensaron luego de que las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado 1 800 metros dentro del territorio ecuatoriano, en la región selvática de la provincia de Sucumbíos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) intentó mediar entre ambos países e incluso se instauró una comisión revisora que investigó los hechos y reconoció que el operativo militar colombiano había violado la soberanía de Ecuador. Sin embargo, a pesar de la violación flagrante del Derecho Internacional Público y de la soberanía de un país miembro, la OEA no condenó explícitamente a Colombia y, en cambio, dejó en manos de los cancilleres las recomendaciones para solucionar la crisis. Frente a la falta de una declaración más dura, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que, sin condena, entonces “habr[ía] que botar a la OEA al tacho de la basura, ya que no servirá para nada”. El incidente no terminó ahí: inmediatamente después de la resolución de la OEA, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta vez, Ecuador acusó a Colombia de causar daños a la salud de los ecuatorianos y al medio ambiente regional por las fumigaciones que el gobierno colombiano realiza desde hace 7 años en la zona fronteriza. Éste es un ejemplo de cómo los países andinos no sólo no pueden resolver las disputas entre sí, sino que, además, han llevado sus casos a instancias judiciales fuera de la región.
Ecuador y Colombia no están solos en esta dinámica. En la última década, un número considerable de países latinoamericanos ha acudido a la Corte para dirimir sus respectivas disputas territoriales, incluidos los países centroamericanos involucrados en diferendos fronterizos, tales como los de El Salvador-Honduras, Nicaragua-Honduras, Nicaragua-Colombia y El Salvador-Honduras-Nicaragua. La Corte no sólo atiende disputas territoriales entre los Estados relativamente pequeños, sino que también ha asumido la jurisdicción sobre los conflictos no territoriales entre países grandes, como la disputa ambiental argentino-uruguaya por la instalación de papeleras europeas en Fray Bentos, en la costa del río Uruguay, frente a la ciudad de Gualeguaychú, en Argentina. Asimismo, en 2003, México demandó a Estados Unidos frente a la Corte de la ONU por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, según la cual los extranjeros arrestados en cualquier país tienen derecho a obtener ayuda de los consulados de sus respectivos Estados, en tanto que las autoridades están obligadas a informar a los reos de ese derecho.
La lista de posibles clientes para la ya muy atareada Corte se incrementa día a día; ahora, Guatemala y Belice están a punto de acudir a ella, luego de un fallido intento de mediación de la OEA. De proseguir esta dinámica, quedarían entonces por resolver varios conflictos, incluidas seis disputas territoriales importantes entre Guyana y Surinam, Guyana y Venezuela, Guayana Francesa y Surinam, Chile y Perú, Chile y Bolivia, y Colombia y Venezuela. Aun con los casos no resueltos, cabe preguntarse por qué los latinoamericanos han mostrado ese renovado interés por la Corte y su arreglo judicial. ¿Qué factores explican que se prefiera a la Corte sobre los demás mecanismos regionales? ¿Por qué la Corte y no otros foros? Para esclarecer esta aparente paradoja, hay una diversidad de perspectivas que se pueden agrupar en legados normativos, desencantos regionales y expectativas globales.

LEGADOS NORMATIVOS: LA TRADICIÓN JURÍDICA LATINOAMERICANA
HISTÓRICAMENTE, los países latinoamericanos han mostrado una tendencia a resolver sus conflictos por medios diferentes a la guerra. Incluso, se ha llegado a afirmar que América Latina es excepcional por su renuencia legal a resolver los conflictos a través del combate militar. La preferencia latinoamericana por los enfoques jurídico y legal parece tener una justificación enraizada en una cultura diplomática profundamente normativa y principista. Desde su independencia, los países latinoamericanos han preferido guiarse por normas basadas en el Derecho Internacional Público e incluso han adoptado principios que regulan su comportamiento. Entre los más importantes, se puede citar el de uti possidetis, que equivale a “como [poseías] de acuerdo con el derecho, poseerás”. Derivado del Derecho Romano, este principio autorizaba a la parte beligerante a reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. En el ámbito latinoamericano, el principio fue aplicado durante el siglo XIX para demarcar los territorios emancipados de los imperios español y portugués, tomando como base el año 1810. Así, la frontera entre Brasil y el resto de los países hispanoparlantes fue demarcada por aquello que los portugueses y españoles dejaron después de la era colonial.
Sin embargo, el principio de uti possidetis no resolvió todos los problemas provocados por la emancipación territorial y los procesos de independencia. De tal forma, los latinoamericanos se adhirieron a un cuerpo legal de normas y principios, sofisticados y profundamente formales, cuyo reconocimiento permitió una relativa coexistencia pacífica. La convivencia, la concertación pacífica, la mediación, el arbitraje y los buenos oficios fueron aceptados e internalizados por el sistema interamericano. Entre 1851 y 1922, hubo al menos 14 secesiones e intercambios de territorio pacíficos en Sudamérica; 8 de estos casos fueron resueltos por algún tipo de mediación, negociación o buenos oficios.
La preeminencia de este enfoque en América Latina es resultado, en gran medida, de la difícil historia internacional de la región que, desde su nacimiento, fue disputada por las potencias europeas y, más adelante, por Estados Unidos. Siendo incapaces de defenderse con instrumentos militares, los latinoamericanos utilizaron lo que, en la jerga coloquial, se conoce como el “arma de los débiles”, es decir, el Derecho Internacional Público. Su peso e importancia no radican en la capacidad de castigar a un posible enemigo, sino en el recurso que ofrece para denunciar jurídica, pero también moralmente, a quien viola sus principios.
De tal forma, la política hacia el exterior, incluida aquélla dirigida hacia posibles enemigos, no fue delegada a los militares, sino a las diferentes cancillerías de América Latina, las cuales casualmente estaban repletas de abogados y juristas. Ese predominio del enfoque jurídico persiste hasta nuestros días, y cuando emerge un conflicto entre Estados, son los embajadores quienes intentan echar agua al fuego para evitar que los militares entren en acción. Así pues, en América Latina, la atención de los uniformados ha estado volcada esencialmente hacia lo interno, en tanto que lo externo ha sido materia casi exclusiva de los diplomáticos. Ésta es una situación inversa a lo que sucedió con la formación estatal europea, donde “la guerra hizo a los Estados y los Estados hicieron la guerra”, como decía el recién fallecido Charles Tilly.
En estos términos, la preferencia de América Latina por la Corte parece casi natural. Ningún otro organismo internacional encarna mejor el Derecho Internacional Público que la propia Corte de la ONU, no sólo porque está ahí para defenderlo, sino también porque de ella ha nacido aún más Derecho. Asimismo, los mejores juristas latinoamericanos han servido como jueces o miembros ad hoc. Por ejemplo, Isidro Fabela, Luis Padilla Nervo, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y, más recientemente, Bernardo Sepúlveda han sido algunos de los diplomáticos y juristas mexicanos que han servido en calidad de jueces y como miembros ad hoc de la Corte. Todos los países latinoamericanos también han reconocido su jurisdicción desde que ingresaron a la ONU.
Sin embargo, el enfoque principista sólo resuelve una parte del problema. Cierto: la tradición legal y profundamente jurídica puede explicar la predisposición latinoamericana por los arreglos judiciales en materia de disputas estatales, pero lo cierto es que los latinoamericanos cuentan con un conjunto de instituciones regionales y multilaterales a las cuales acudir para hacer valer el Derecho Internacional Público. Por ejemplo, los países en conflicto bien pueden asistir a la OEA y resolver ahí su diferendo sin tener que apelar a la Corte, haciendo uso de los mismos recursos jurídicos, como la mediación y los buenos oficios. A pesar de tener a su disposición foros regionales de resolución de disputas, los latinoamericanos prefieren la Corte por encima de otros mecanismos regionales. ¿Por qué habrán de preferir un foro por encima de otro? ¿Por qué la Corte y no la OEA?

DESENCANTOS REGIONALES: LA MEDIACIÓN DE DISPUTAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
LA OPCIÓN REGIONAL es una de las varias alternativas disponibles para resolver controversias y disputas. De hecho, la propia Carta de la ONU, en su artículo 8, contempla la acción regional para asistir en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, siempre y cuando esos marcos regionales sean compatibles con los fines de las Naciones Unidas. La perspectiva regional ofrece diferentes ventajas. Primero, las organizaciones regionales pueden contribuir a dividir la paz (o a hacerla divisible), aislando los conflictos y previniendo la globalización de problemas que son de carácter estrictamente local. Segundo, los mecanismos regionales son más sensibles y, por tanto, están más atentos a las necesidades del área que sus contrapartes globales, pues conocen tanto la realidad como los problemas de la región mejor que cualquier otro actor externo. Tercero, su naturaleza local y la cercanía geográfica permiten que se intervenga más rápidamente cuando suceden crisis. Cuarto, su presencia facilita la intervención de vecinos dentro de la región, al ofrecer un foro local que incentiva no sólo los buenos oficios de terceros, sino también la asistencia y la presión diplomáticas para resolver conflictos entre países adyacentes.
Una mirada a la región confirma que América Latina tiene organismos regionales en abundancia y, por ende, está suficientemente institucionalizada, al menos formalmente. Sobre todas las instituciones regionales, destaca por su importancia el sistema interamericano, cuyo eje es la OEA. Fundada en 1948, es el organismo regional más antiguo del mundo y es heredera de una tradición longeva de pensamiento panamericano. El marco legal de la OEA está basado en tres tratados principales y un fondo, con diferentes atributos, que permiten la resolución de disputas entre sus miembros. El primero de ellos es la propia Carta de la OEA, denominada también Carta de Bogotá, la cual fija los principios que regulan a la organización, incluidos los de no intervención, la autodeterminación, el Derecho Internacional Público como norma de conducta y la resolución pacífica de controversias. Asimismo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río) también ofrece a su Consejo la posibilidad de tomar medidas para mantener la paz regional en caso de que surjan conflictos entre dos o más Estados de la región. El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, es otro instrumento legal que desempeña un papel fundamental dentro del sistema, pues en él se encuentran delineados, de manera muy específica, los mecanismos que habrán de operar para resolver las disputas, entre ellos los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitraje judicial. El Pacto cubre todas las posibles variantes de disputas con excepción de las internas, pues es fiel al principio de no intervención. Finalmente, la OEA posee el Fondo de Paz, creado en 2000 por una iniciativa canadiense e impulsado por el embajador Luigi Einaudi, Secretario General interino de la Organización. Su misión consiste en suministrar recursos y asistencia para ayudar a los países a resolver de manera pacífica sus disputas territoriales, e incluye los gastos de litigio y el pago de despachos de abogados.
Así, formalmente existe un marco de referencia interamericano para dirimir diferencias y solucionar querellas entre países. No obstante, la actividad de la OEA en materia de resolución de controversias ha sido inconstante y su éxito al resolver las disputas, sobre todo las territoriales, es cuestionable. Históricamente, son múltiples los casos que ha atendido la OEA. Su mayor auge se dio entre los años 1948 y 1965, cuando se llegaron a invocar los buenos oficios de la OEA en más de 30 instancias. Curiosamente, el organismo regional atendió casi exclusivamente conflictos estatales entre países centroamericanos y caribeños. Entre los casos más notables de esta época están las disputas entre Costa Rica y Nicaragua por agresión territorial, presentadas en dos ocasiones distintas, en 1948 y en 1955, así como la mediación entre Honduras y Nicaragua por un litigio territorial en 1957.
A partir de la década de los sesenta y hasta inicios de los noventa, la actividad de la OEA decreció sustancialmente en materia de resolución de disputas. Tres sucesos mermaron el desempeño de la organización regional: la suspensión de Cuba del seno de la OEA, la polarización ideológica del hemisferio provocada por la crisis de los misiles soviéticos en la isla y la intervención militar estadounidense en República Dominicana en 1965. Casi todos los análisis históricos disponibles parecen coincidir en que lo sucedido en 1965 fue lo que más afectó la percepción general del organismo y erosionó su legitimidad como actor regional. En concreto, la OEA respaldó la intervención militar que Estados Unidos encabezó para impedir que Juan Bosch, político progresista y afín al socialismo, reasumiera el poder en la República Dominicana. La intervención encabezada por Washington, pero con bandera de la OEA, fue apoyada por la mayor parte de las dictaduras de la región, incluidas las de Brasil, Honduras, Nicaragua y Paraguay.
A pesar de que han pasado más de 40 años desde aquel episodio, lo cierto es que la OEA no ha logrado deshacerse de una mal ganada reputación que cuestiona su legitimidad como organismo regional de resolución de disputas. En efecto, persiste en la Organización una crisis de legitimidad que no ha sido superada con el fin de la Guerra Fría. Concretamente, la OEA carece de tres requisitos fundamentales para ser reconocida como mediador legítimo. Primero, existe un serio déficit de imparcialidad, no sólo por la influencia que puede ejercer Estados Unidos en el organismo, sino por la injerencia que pueden tener otros países del área. De alguna forma, aquello que antes era considerado como su fortaleza —su conocimiento regional—, pronto devino en su mayor debilidad. Al ser local y del área, la Organización tiene demasiados intereses en la región y hace que sus miembros, sobre todo los más fuertes, sesguen su misión, haciéndola imparcial y poco objetiva. Por ejemplo, Bolivia y Perú jamás aceptarían la mediación de la OEA en sus respectivas disputas territoriales con Chile, no en tanto su Secretario General sea chileno.
Segundo, a pesar de la formalidad y rigidez de sus tratados y acuerdos, sus procedimientos son constantemente ignorados. Los países miembros pueden acudir en principio a la OEA, pero en el transcurso terminan utilizando procedimientos informales y mecanismos ad hoc que no están ni inspirados en la Carta ni en los tratados de la OEA. Por ejemplo, en 1994, Ecuador y Perú se enfrentaron por la posesión de un territorio de 348 kilómetros cuadrados, ubicado en la región fronteriza alrededor de la cuenca del río Cenepa, en la región amazónica sudamericana. Formalmente, el conflicto violaba la Carta de la OEA y debió haber llamado la atención del TIAR, en tanto que su resolución probablemente competía al Pacto de Bogotá. En su lugar, la mediación cayó en manos de un grupo ad hoc que antecede a la fundación de la OEA, denominado Grupo de Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro, formado por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Su gestión fue exitosa, ya que logró el cese de las hostilidades, la desmilitarización del área y la reconciliación diplomática. Pero el proceso no se guió de acuerdo con los mecanismos formales de resolución de disputas del sistema interamericano, a pesar de que, teóricamente, la OEA tenía jurisdicción sobre el caso. La informalidad con la que proceden los latinoamericanos revela que quizá aprecian más la flexibilidad de los mecanismos ad hoc que la rigidez de los procedimientos formales de la OEA.
Tercero, un requisito fundamental para que los Estados miembros perciban a un organismo internacional como legítimo es que éste genere beneficios tangibles. En concreto, los países que llevan sus querellas frente a un tercero esperan que éste no sólo medie, sino que, además, resuelva la disputa. El beneficio material y tangible, por lo tanto, depende de que el organismo solucione en buenos términos el conflicto entre las partes. Sin embargo, el expediente de la OEA indica que ésta presta sus oficios, media entre las partes, pero no logra resolver la disputa.
Por ejemplo, Belice y Guatemala sostienen un conflicto centenario, en el que Guatemala reclama más de 12 200 kilómetros cuadrados del territorio beliceño, que corresponde a más de la mitad de su extensión total. En septiembre de 2005, estos países firmaron en la OEA un acuerdo marco de negociación y medidas de fomento de confianza, con el fin de mantener buenas relaciones bilaterales mientras encontraban una resolución definitiva de su diferendo territorial. Por primera vez, la OEA apoyó a este proceso por medio de su Fondo de Paz, prestando no sólo asistencia técnica, sino también recursos monetarios para financiar el litigio. Casi 2 años después de la firma del acuerdo, la OEA sugirió que Guatemala debía renunciar a las reclamaciones y, a cambio, recibir una salida al mar. Sin embargo, el gobierno guatemalteco dijo que la propuesta era inaceptable y con ello puso fin a la intervención del organismo regional. Si bien Belice posee los argumentos jurídicos que le dan la razón en la disputa con su vecino, Guatemala no percibió los beneficios concretos que podían derivarse de la solución propuesta por la OEA. El país no obtenía concesión territorial alguna, no salía beneficiado por la delimitación fronteriza terrestre y se le confería un corredor limitado de acceso al mar con derechos de navegación restringidos. Este último se extendía por 2 millas a ambos lados de la línea de equidistancia que dividía los mares territoriales de Belice y Honduras, y se le asignaba una ambigua e indeterminada zona marítima, en la cual Belice y Honduras habrían tenido derecho a proporciones razonables de captura de peces y a la exploración y explotación de recursos naturales en el fondo o en el subsuelo marítimo. En concreto, los beneficios tangibles de la propuesta hecha por la OEA no fueron bien percibidos por una de las partes, con lo cual el intento de resolución regional fracasó, a pesar de los recursos y de la buena voluntad. A esto hay que agregar el hecho de que la OEA carece de autoridad para obligar a los países a acatar sus decisiones, en virtud de que es una institución que no tiene “dientes” para imponer sus resoluciones.
Paradójicamente, el fracaso de la instancia regional plantea la posibilidad de que las partes en conflicto lleven sus casos a una corte internacional o a un tribunal de arbitraje lejos de la región, como de hecho está por suceder en el caso Guatemala-Belice. Sin duda, un factor de peso que erosiona la labor de la OEA es la disponibilidad de otros foros adonde los países puedan llevar sus disputas. La posibilidad de acudir ante mecanismos ad hoc o globales, como la Corte de la ONU, disminuye los incentivos para que los Estados acaten las recomendaciones de la OEA. Si una sugerencia del organismo regional es percibida como injusta o inaceptable por un Estado, éste siempre tiene la posibilidad de acudir a otras instancias, pasando por alto los foros regionales apropiados. De tal forma, aunque uno de los mandatos clave de la OEA sea propiciar la resolución de conflictos entre sus miembros, su gestión es complicada por los legados históricos, por el hecho de estar influida por la misma dinámica regional que propicia las disputas, por su déficit de legitimidad y por la abundante disponibilidad de foros alternos.

EXPECTATIVAS GLOBALES: LA OPCIÓN DE LA CORTE
AHORA BIEN, la opción de la Corte como foro de resolución de disputas merece ser aclarada y calificada. Al igual que la OEA, la Corte ha tenido períodos de relativa inactividad, sobre todo entre 1965 y 1985, después de la debacle de un caso controvertido no resuelto y vinculado con África Sudoccidental. Sin embargo, gradualmente, en los ochenta y noventa, comenzó a retomar varios casos, la mayoría de ellos relacionados con disputas territoriales y marítimas, aunque pronto asumió casos sobre temas diversos. Concretamente, el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, en 1986, renovó el interés latinoamericano por la Corte. Su fallo final favoreció la posición nicaragüense, la cual cuestionaba a Washington por apoyar actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua. El caso sentó un precedente, quizá no legal, aunque sí práctico, que modificó la percepción que hasta entonces se tenía de este órgano judicial de Naciones Unidas. Tres factores motivan el interés latinoamericano a favor de este foro.
Primero, la Corte es percibida como un actor imparcial que, al ser global, tiene pocos conflictos de interés en la región. En ella hay 15 jueces, todos provenientes de diferentes países y seleccionados con base en méritos profesionales, sin referencia a cuotas nacionales. La costumbre dicta, igualmente, que en caso de existir un conflicto de interés de parte de uno de los jueces o que sea nacional de una de las partes en conflicto, éste conserva su derecho de asiento, pero no puede participar en la resolución. Para subsanar este hueco, se permite el nombramiento de jueces ad hoc, si así lo desean los países en disputa. Segundo, sus procedimientos son igualmente percibidos como legítimos por la consistencia de sus fallos. Las decisiones son exclusivamente vinculantes para las partes que han sometido voluntariamente sus casos a la Corte. Esto no significa, sin embargo, la ausencia de precedentes legales. Si bien sus jueces no se guiarán por otros casos para resolver una disputa, usualmente sus decisiones son muy consistentes y rara vez se distancian de sentencias anteriores. Esta práctica contribuye a otorgarle certidumbre al proceso y disminuye el factor sorpresa que usualmente desincentiva a los Estados a resolver sus querellas mediante arreglos judiciales. Tercero, los fallos de la Corte suelen ser percibidos como ecuánimes. Recientemente, en 2007, un fallo de la Corte fijó la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras. Específicamente, se otorgó a Honduras la soberanía de cuatro islas en el Caribe sobre las que mantenía un litigio con Nicaragua, pero se rechazó su reclamación de que la frontera marítima entre los dos países está en el paralelo 15 y, en cambio, trazó una nueva línea divisoria. Con esa decisión, la Corte le dio parcialmente la razón tanto a Honduras como a Nicaragua, que reclamaba la frontera hasta el paralelo 17. De esta manera, ambos países quedaron satisfechos y compartieron los beneficios. De ahí que, al enterarse del dictamen, el presidente hondureño, Manuel Zelaya, declaró: “Se equivocaron nuestros adversarios: el fallo de La Haya ha unido a Centroamérica”. Finalmente, la Corte es una institución cuya legitimidad también está respaldada por un grado de autoridad. A diferencia de los organismos regionales, los fallos y las decisiones de la Corte son reconocidos como si representaran la perspectiva de toda la comunidad internacional. Sus acciones y pronunciamientos representan el sentimiento colectivo de todos los Estados miembros, y violarlos o ignorarlos tiene repercusiones, no sólo porque el no acatamiento de una decisión puede llamar la atención del Consejo de Seguridad de la ONU, sino porque, además, trae consigo consecuencias para el prestigio y buen nombre de cualquier Estado. En otras palabras, la Corte sí tiene “dientes”.
A estos factores asociados con la forma y la operación de la Corte, hay que añadir otras variables que han incidido en la preferencia latinoamericana por los arreglos judiciales. Uno de ellos es el efecto emulación que parece guiar el comportamiento de varios países. Ya sea por medio de socialización o por difusión de normas, los Estados siguen la tendencia y la práctica de otros. Una vez que dos partes en disputa llevan su caso a la Corte, los demás se sienten tentados a seguir el mismo patrón, y con ello desencadenan una tendencia que, con el tiempo, favorece a La Haya. En ese sentido, no es extraño que Belice y Guatemala opten por el camino de la Corte después de haberlo intentado con la OEA, pues la mayor parte de sus vecinos ha seguido el mismo patrón.
Finalmente, las motivaciones estatales inciden también en las preferencias. La Corte suele tardarse años en dictar fallos, sin tomar en cuenta que existe el recurso de revisión y apelación que puede retrasar aún más el tiempo de resolución. Esto significa que los países pueden estar dispuestos a ir a la Corte sin la intención de resolver su disputa y con el mero objetivo de ganar tiempo para aventajar posiciones. Con esta premisa, el arreglo judicial sería meramente una excusa para engañar e intimidar con la amenaza de ir a la Corte. Hasta ahora, no hay forma de demostrar si esta hipótesis es cierta, ya que la tendencia latinoamericana de acudir a la Corte es relativamente reciente, y gran parte de las sentencias serán resueltas en los próximos años. El caso de Nicaragua contra Honduras parece sugerir que los países buscan solucionar de buena fe sus disputas cuando apelan al órgano judicial de la ONU, aunque habrá que esperar para comprobar si el resto de los Estados se comportará de la misma forma.

CONCLUSIONES
DE ESTE ANÁLISIS se desprenden buenas y malas noticias. La buena noticia es que, como nunca antes, América Latina, en general, y Centroamérica, en particular, han mostrado un renovado interés por resolver sus disputas mediante arreglos judiciales en instituciones internacionales. El hecho de que muchos países latinoamericanos estén dispuestos a someterse a un arbitraje internacional frente a un tercero refleja un cambio de actitud digno de celebración. Esta tendencia tendrá implicaciones sobre la manera como, hasta ahora, se ha reflexionado sobre los límites, las fronteras y el conflicto estatal en general. Asimismo, el papel que hasta ahora ha desempeñado la Corte ofrece una salida jurídica a los múltiples problemas regionales, ya que permite la despolitización y la desmilitarización de varias disputas entre vecinos al convertirlas en materia legal para juristas, lejos de las manos de los caprichosos políticos y estrategas militares. Los hallazgos de este análisis también traen buenas nuevas para el sistema de Naciones Unidas, pues demuestran la utilidad de sus órganos y de sus procedimientos.
Sin embargo, esta tendencia implica que el uso de organismos regionales para la solución de disputas será menos frecuente y plantea un serio problema de mandato para instituciones como la OEA. Si bien el principio de complementariedad establece la coexistencia entre instituciones globales y regionales, en la práctica, la ONU y la OEA se complementan muy poco o nada. Cierto es que se amplía el abanico de foros que los países tienen a su disposición; más instituciones significa también mejores alternativas de cooperación. Pero la ganancia para una organización es la pérdida para otra, pues el éxito de la Corte sólo se logra a costa del uso relativo de las instituciones regionales y puede llevar a la atrofia institucional de éstas. Quizá la OEA esté condenada a servir exclusivamente en la consolidación de los procesos de democratización en América Latina, dejando así a foros como la Corte la resolución de disputas, pero eso significa que el propósito para el cual fue creada debe modificarse o, de lo contrario, como dice el presidente Correa, “habrá que botar a la OEA al tacho de la basura”.