30 de junio de 2009

23 razones para anular

DENISE DRESSER

Porque:

1. Los votos convencionales construirán gobiernos estatales, ayuntamientos, Congresos locales, Jefaturas Delegacionales, Asamblea Legislativa y una Cámara de Diputados que no tendrán el menor incentivo para rendir cuentas.

2. Los votos nulos cuentan como mecanismo de protesta, sobre todo si se levanta una encuesta de salida –como ha sugerido Federico Reyes Heroles– en la cual se puedan enlistar los motivos de la insatisfacción.

3. Los sufragios cuentan desde hace muy poco, en efecto, pero esa no es razón suficiente para argumentar que el sistema electoral no puede ser mejorado usando la anulación como forma de presión. Sin duda, es mejor que los votos cuenten, porque en el pasado no era así, pero sería mejor aún que lograran producir una representación real que actualmente no existe y que la anulación busca impulsar.

4. Existen diferentes opciones, pero las diferencias ideológicas entre los partidos –a la hora de gobernar– suelen sucumbir ante la presión de los poderes fácticos, como ocurrió con la Ley Televisa, la ley de “acciones colectivas”, la iniciativa para aumentar las multas que puede cobrar la Comisión Federal de Competencia, la reforma energética que dejó sin tocar al sindicato de Pemex y tantas más.

5. Es una falacia que los partidos se diferencien notablemente a la hora de llegar al poder, sobre todo cuando la priización –el clientelismo, el corporativismo y la impunidad– afecta a todos.

6. Resulta una elaboración intelectual insostenible argumentar que la democracia electoral mexicana merece ser defendida sin las modificaciones sustanciales que aseguren la representación y la rendición de cuentas.

7. La derivación política de esa construcción intelectual recuerda a los discursos priistas en defensa de la “democracia a la mexicana”, que se reducía a la simple rotación de élites dentro del PRI. Ahora otros partidos participan en la rotación y el mecanismo se ha vuelto más competitivo, pero la falta de representación real, fundacional, persiste debido a la inexistencia de la reelección.

8. La anulación cuenta como un instrumento válido para sacudir, presionar, exigir, y empujar a la profundización democrática que los partidos tanto resisten.

9. La anulación y el voto independiente son formas de participación que se diferencian de la abstención.

10. La anulación se alimenta del humor público ante la persistencia de una democracia mal armada que funciona muy bien para sus partidos, pero que funciona muy mal para sus ciudadanos.

11. El voto nulo tendrá tantas vertientes y pulsiones como el voto “normal”; habrá quienes anularán su voto para exigir las candidaturas ciudadanas y quienes votarán por el PRI en busca de “agua y paz”, la promesa difusa de Fausto Zapata en el Distrito Federal.

12. El voto nulo expresará –en efecto– hartazgo, desencanto y malestar: el primer paso para diagnosticar lo que le falta a la democracia mexicana e impulsar los cambios indispensables.

13. El movimiento nacional en favor del voto nulo sin duda necesita articular una plataforma mínima de demandas consensuadas, que traduzcan el agravio en propuesta. Pero el agravio existe y es legítimo; basta con ver la última encuesta del periódico Reforma, en la cual el 79% de los encuestados cree que los partidos actúan siguiendo sus propios intereses. Sólo el 12% piensa que vigilan los intereses de los ciudadanos que representan.

14. Los padres y las madres del voto nulo sin duda tienen en común eso: malestar. Ese malestar que es componente fundamental de la democracia participativa, en la cual los ciudadanos se organizan para componer algo que no funciona o exigir derechos que han sido negados. Subestimar ese malestar es no entender la realidad del país.

15. Votar construye la punta del iceberg civilizatorio, pero anular el voto también lo hace. Constituye un acto de deliberación tan válido como el voto tradicional, y representa una forma de participación política pacífica, ciudadana, que bien encauzada puede contribuir a ampliar las libertades conquistadas durante las últimas décadas.

16. El mundo de la representación real aún no se logra en un país que no ata a los legisladores a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos. Es cierto, hay más pluralidad política, pero eso no es suficiente. Y no queda claro que los ciudadanos puedan mejorar la democracia mexicana tan sólo votando, ya que las demandas pendientes son ignoradas por los partidos una vez que llegan al poder.

17. El voto ha sido un instrumento inmejorable para ampliar el ejercicio de las libertades. Pero no es el único instrumento. La política no puede ni debe depender exclusivamente de la votación por o la participación en un partido, aunque Felipe Calderón y otros crean que es así. Las democracias funcionales se nutren de muchas fuentes de participación que buscan precisamente obligar a los partidos a hacer suyas demandas que de otra manera ignorarían.

18. Y sí, los que llaman a anular el voto tendrán que organizarse más allá del 5 de julio, pero eso no significa que deberán hacerlo en un partido. Quienes sugieren eso demuestran una visión demasiado estrecha sobre el funcionamiento de la democracia.

19. El voto nulo tiene el tufo del desprecio, no a la política como actividad en sí, ya que el movimiento está haciendo política al convocar y organizar como lo hace. Lo que el voto nulo critica es la forma prevaleciente de hacer política partidista en México hoy.

20. El voto nulo no implica un acto de abandono de la plaza; de hecho, busca ocuparla en nombre de una ciudadanía a la cual se le han negado derechos que forman parte de las democracias exitosas del mundo; derechos como la capacidad de sancionar a un diputado y removerlo del poder; como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito, el referéndum, y la revocación del mandato, entre otros.

21. Los preocupados por la vida política del país están obligados a generar diagnósticos y propuestas de reformas, fórmulas de organización, agendas que graviten sobre la toma de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas. El problema es que los primeros en asumir esa responsabilidad deberían ser los partidos, pero no lo hacen. No tienen el menor incentivo para modificar la situación política actual. Y, precisamente por ello, el voto nulo está intentando crear una trama civil que eleve la presencia de las organizaciones y las propuestas que emergen de la sociedad.

22. Los propios partidos han incorporado a sus listas a ciudadanos no afiliados a ellos, pero eso no basta para modificar el andamiaje institucional, ni para permitir las candidaturas ciudadanas independientes que podrían airear al sistema.

23. Porque, como escribe Milan Kundera, “todo lo que es puede no ser”. Y ojalá lleguemos al momento en que lo que es deje de ser. Espero que un día nos encontremos con partidos obligados a representar ciudadanos, elecciones que sirvan para algo más que rotar élites o familiares, un Congreso plural que no se doblegue ante los poderes fácticos en cada negociación legislativa, una división de poderes real, y súmele usted…

Ahora bien, si usted quiere tachar la boleta en favor de un candidato en vez de anular su voto o de votar por “Esperanza Marchita”, hágalo. Está en su derecho. Piense, sin embargo, en que probablemente jamás volverá a ver al diputado por el cual votó porque –en este sistema democrático trunco y parcial– usted no le importa. Él o ella dirá que lo representa cuando en realidad no podrá hacerlo.

El Partido Verde y la televisión

Javier Corral Jurado

Perla periodística —porque hurgó con inteligencia en el momento oportuno y desnudó la farsa—, la entrevista que Marilú Torrano hizo al actor Raúl Araiza para el programa de radio Tal cual, que conduce Susana Moscatel (MVS 102.5 de FM), evidencia mucho de la relación política y de negocios entre el Partido Verde y Televisa, pero, sobre todo, regala trazos insospechados de la concepción en que se fundan las complicidades entre la televisora y ese partido que, de la mano desde hace ya varios años, han cometido en esta campaña los actos violatorios de la legislación electoral más descarados y desafiantes al estado de derecho.

Las declaraciones de Araiza —que ahora trata de hacerlas pasar como descontextualizadas— sólo confirmaron lo que ya eran quejas de algunos partidos ante el IFE: que los promocionales de la revista TV y Novelas —propiedad de Grupo Editorial Televisa—, que pasaron por los canales 2 y 5, entre el 3 y el 21 de junio, en los que se presentaba como noticia los motivos de Araiza para apoyar al Verde y hacer promoción de sus tres propuestas de campaña, eran en realidad simple y llanamente más propaganda electoral, contratada o donada a ese partido por la televisora. Lo que está prohibido por el artículo 41 de la Constitución de la República.

Lo mismo ocurrió hace unos meses cuando Maite Perroni prestó su imagen al PVEM para los spots contratados por sus diputados federales, presuntamente para difundir sus informes de labores, cuando en realidad era propaganda electoral pura. Pero el Tribunal Electoral federal no lo consideró así y exoneró a la televisora y a su partido de la multa que había impuesto el IFE. De aquel absurdo se puede colegir que la nueva multa impuesta por el órgano electoral, de 13 millones de pesos a Televisa y su partido, por esta nueva violación, gozará de la misma impunidad que la anterior. Con todo y lo que el conductor del programa Hoy reveló, suelto y desparpajado.

Araiza, quien se alquiló a petición de Televisa como voz e imagen del Verde en su campaña de propuestas engañosas, confesó haber sido contratado en un focus group y resolvió hacerlo “como si me hubiera escogido Coca-Cola o Marinela, pues ese es el mismo proceso como actor, como imagen, no tanto en meterme a fondo en cuestiones políticas ni representar a fondo a nadie”.

La reportera inquirió sobre “si realmente estaba creyendo en las propuestas, porque cómo podía prestarse a ser la imagen de una campaña política”. Araiza contestó: “Me gustan algunas pero no todas, ni la de los otros partidos, de hecho yo me he abstenido casi toda mi vida, aquí hay muchas cosas del Verde que me gustan. (...) Lo de la pena de muerte es un tema bien delicado que yo creo que de entrada no se va a aceptar, yo creo por la corrupción que hay en nuestras leyes y que bueno, porque si no, cuántos inocentes podrían perder la vida. Entonces en esa yo no estoy a favor, es un castigo más que una solución, pero bueno, ellos ponen otras que son muy buenas: las del fondo de educación, las medicinas…”.

La capacidad de simulación con la que Araiza actúa en los promocionales de cine y tv, como si realmente fuera un convencido del Verde al que endosa su fama, contrasta con su franqueza al hablar de su única lealtad en política, del único presidente al que reconoce desde hace 22 años: Emilio Azcárraga, padre e hijo.

En la desafiante apuesta de poder con la que la televisora resiste y burla la ley electoral, la respuesta del actor ofrece la mejor explicación: “A mi presidente nunca lo quitan, que es el señor Azcárraga, a él nunca lo quitan y a nosotros no nos traiciona nuestro presidente”.

Araiza no es capaz de concebir la síntesis magistral que su doblez proclama, pero nos formula el reto ineludible para los demócratas en los tiempos por venir: continuar con la dictadura de las televisoras y la simulación de su Partido Verde —ariete y testaferro, bandera falsa y programa inerme—, o poner bajo las reglas de la competencia y la diversidad, de la democracia y de la rendición de cuentas, a las empresas de televisión y al sistema de partidos.

No será otra la disyuntiva si la política ha de reinvindicarse ante tantos reclamos sociales y ciudadanos. Si en verdad se quiere reconducir el rumbo y rescatar dignidad y sentido patriótico al ejercicio del poder.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

29 de junio de 2009

Honduras defiende su democracia

Por Mary Anastasia O'Grady

La campaña de Hugo Chávez para forjar una coalición sufrió un revés ayer cuando las Fuerzas Armadas de Honduras derrocó a su presidente por abusar de la Constitución del país.

Al parecer, el presidente Manuel Zelaya calculó mal cuando intentó emular el éxito de su buen amigo Hugo en reformar la constitución hondureña a su gusto.

Honduras, sin embargo, todavía no está a salvo de Venezuela. Ayer, personas como Fidel Castro, Daniel Ortega, Hillary Clinton y, por supuesto, el mismísimo Hugo, presionaban al país centroamericano para que restaurara al autoritario Zelaya. La Organización de Estados Americanos (OEA), que pasó por alto los abusos de Zelaya, también lo quiere de vuelta en el poder. Será un milagro si los patriotas hondureños pueden mantenerse firmes.

No cabe duda que Zelaya actuó como si estuviera por encima de la ley. Aunque las leyes hondureñas permiten una reforma constitucional, el poder de abrir esa puerta no reside en el presidente. Una asamblea constituyente sólo puede ser convocada mediante un referendo nacional aprobado por el Congreso.

Zelaya, sin embargo, declaró el voto por su cuenta e hizo que Chávez enviara las papeletas necesarias desde Venezuela. La Corte Suprema falló que el referendo era inconstitucional e instruyó al ejército no llevar a cabo la logística del voto, lo que es su tarea habitual.

El comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez Velásquez, le dijo al presidente que tendría que obedecer. Zelaya lo destituyó prontamente. La Corte Suprema ordenó que lo restituyeran, pero Zelaya se negó.

Calculando que una masa crítica de hondureños estaría de su lado, el presidente decidió llevar a cabo el referendo por su cuenta. El jueves, por lo tanto, lideró a una muchedumbre que ingresó a una instalación militar donde estaban guardadas las papeletas enviadas desde Venezuela y luego hizo que sus partidarios las distribuyeran en un desafío a la orden de la Corte Suprema.

El procurador general ya había dejado en claro que el referendo era ilegal e incluso anunció que presentaría cargos contra cualquiera que estuviera involucrado en su realización. Ayer, Zelaya fue arrestado por los militares y se dirigió a Costa Rica.

Queda por ver cuál será el próximo paso de Zelaya. No es de extrañar que los chavistas a lo largo de la región afirmen que fue víctima de un golpe militar. Quieren ocultar el hecho que las Fuerzas Armadas acataron una orden de la Justicia para defender el estado de derecho y la Constitución y que el Congreso también se hizo valer por este motivo.

Hillary Clinton también se ha sumado a las críticas. Ayer, la secretaria de Estado de EE.UU. acusó a Honduras de violar "los preceptos de la Carta Democrática Interamericana" y dijo que debería ser "condenada por todos". Eso fue, precisamente, lo que hizo Fidel Castro. Chávez prometió derrocar al nuevo gobierno.

Honduras lucha contra las críticas siguiendo la Constitución al pie de la letra. El Congreso convocó ayer a una sesión de emergencia y designó a su líder como presidente interino del país, tal como lo estipula la ley. También indicó que las elecciones presidenciales fijadas para noviembre se llevarán a cabo. La Corte Suprema afirmó posteriormente que los militares siguieron sus órdenes y que cuando Zelaya se dio cuenta que iba a ser procesado por su comportamiento ilegal, aceptó la oferta de renunciar a cambio de una salida segura del país. Zelaya niega esto.

Muchos hondureños van a celebrar la excursión de Zelaya al extranjero. La semana pasada ya habían comenzado manifestaciones callejeras contra sus duras tácticas. El viernes, fue el turno de una gran cantidad de reservistas militares. "Queremos vivir en paz, libertad y desarrollo", era el grito.

Además de la oposición del Congreso, la Corte Suprema, el tribunal electoral y el procurador general, el presidente se había convertido en persona non grata para la Iglesia Católica y numerosos líderes de la Iglesia Evangélica. El jueves, su propio partido patrocinó en el Congreso una resolución para investigar si Zelaya está capacitado mentalmente para permanecer en el cargo.

Para los hondureños que aún recuerdan la dictadura militar, Zelaya también tiene otro problema: las malas amistades. Este mes, fue anfitrión de la Asamblea General de la OEA y lideró el esfuerzo, junto al secretario general de la agrupación, José Miguel Insulza, para reintegrar a Cuba a la supuesta organización democrática.

La reacción de la OEA no constituye ninguna sorpresa. El ex embajador argentino ante Naciones Unidas, Emilio Cárdenas, me manifestó el sábado su preocupación de que "la OEA bajo Insulza no ha tomado en serio la llamada 'carta democrática'. Parece que cree que sólo los 'golpes' militares pueden desafiar a la democracia. La verdad es que la democracia puede ser desafiada desde dentro, como muestran las experiencias de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y ahora Honduras". Una interpretación menos amable de la opinión de Insulza es que no le preocupan los golpes al estilo Chávez.

La lucha contra el chavismo nunca ha sido sobre las políticas de derecha o de izquierda. Se trata de defender la independencia de las instituciones que impiden que los presidentes se vuelvan dictadores. Esta crisis delinea claramente el problema. Al no salir en ayuda del equilibrio de poderes, Clinton e Insulza dejan en evidencia sus verdaderos colores.

25 de junio de 2009

Economía mexicana tocaría fondo en 2009

Santiago. México registraría en 2009 la mayor contracción de los últimos 50 años. El pronóstico poco alentador fue dado a conocer el miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que estimó que la economía del país caerá un 8% este año, debido a una disminución en la demanda por las exportaciones y a la debilidad del consumo interno.

En la última edición de su informe “Perspectivas económicas”, la Ocde mostró que sus proyecciones, basadas en la recesión que afecta a EE.UU., el mayor socio comercial de México, y en la alerta sanitaria provocada por el brote de influenza, serán superiores al descenso del 6,2% registrado durante la crisis de 1995, y aún más pesimistas que la estimación del 5,5% de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ese país.

Incluso, dista bastante de la predicción que el mismo organismo realizó en noviembre pasado, cuando estimó que el crecimiento del PIB mexicano llegaría a un 0,4% este año.

“El brote de influenza y los continuos problemas de las armadoras de automóviles podrían haber contribuido en forma adicional al descalabro”, dijo la Ocde en su reporte.

Sin embargo, pese a que el informe establece que la situación general no cambiará en los mercados financieros de aquí a fines de año, para normalizarse en 2010, el organismo advirtió que no se pueden excluir nuevas turbulencias económicas.

“El principal riesgo bajista para la economía mexicana es que la crisis en Estados Unidos y la demanda mundial terminen siendo más prolongadas o profundas que lo proyectado”, sostuvo.

José Antonio Cerro Castiglione, catedrático y profesor del departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, comentó a AméricaEconomía.com que la economía mexicana va a tener una caída fuerte probablemente de la misma magnitud o superior a la de 1995.

“México, sin duda, es uno de los países mas vulnerables a una crisis de las características actuales. Estamos en una de las peores situaciones de la economía de la historia moderna de México. Yo lo resumiría diciendo que la situación es muy grave, estamos en una de las peores crisis”, manifestó.

No obstante, el especialista aclaró que “siempre hay que tomar estas estimaciones de alguna manera tentativa en el sentido de que las condiciones están cambiando rápidamente, y que es difícil saber con exactitud sobre qué bases están calculando un número determinado”.

A pesar del magro panorama, la Ocde indicó que probablemente el país se acelerará en 2010, obteniendo un crecimiento de 2,8%, y calmó las aguas al afirmar que para la economía mexicana, ya había pasado “lo peor”.
“El crecimiento está listo para repuntar durante el segundo semestre de 2009 y acelerarse más hacia 2010, para alcanzar tasas trimestrales de expansión superiores al 4% en términos anualizados”, señaló.

Finalmente, la organización recomendó al Banco de México recortar aún más las tasas de interés a fin de “ayudar a impulsar la actividad”, aunque reconoció que la inflación se ha mantenido alta pese a la recesión. Según la entidad, la inflación medida, según el índice de precios al consumidor, será de 5,4% este año y caerá a 3,1% el próximo.

Panorama regional. En términos generales, la economía de los países miembros de la Ocde registrará una contracción del 4,1% en 2009 y crecerá un 0,7% el próximo año, algo que supone la primera revisión al alza de las perspectivas económicas en los dos últimos años.

En el caso de Estados Unidos, la entidad proyectó que la economía crecerá un 0,9% en 2010, tras caer un 2,8% en 2009 y el paro se situará en el 10% dentro de 12 meses. Según la Ocde, el país tocará fondo en el segundo semestre de este año, pero la fortaleza de la recuperación dependerá del éxito que tengan las iniciativas para restaurar la estabilidad financiera.

“La economía de Estados Unidos está pasando por una severa y prolongada recesión que se proyecta tocará fondo este año, a medida que se asienta el apoyo fiscal y monetario y el ciclo de la vivienda alcanza un piso”, señaló la organización.

La tendencia es similar a lo estimado en Chile. Para el organismo, la economía chilena, afectada por la caída del cobre y por el endurecimiento de las condiciones financieras, sufrirá un retroceso del 1,6% este año, aunque a finales del mismo se iniciará una lenta recuperación que permitirá un crecimiento del 3% en 2010.

En su informe, la Ocde aseguró que la fuerte expansión que vivía la economía chilena en la primera mitad de 2008 se vio afectada con la crisis. Y auguró que la demanda interna seguirá a la baja a causa del incremento del paro, y la externa seguirá débil a lo largo de todo el año.

Por último, la entidad pronosticó que la economía brasileña caerá un 0,8% este año, cifra peor que la anunciada hace tres meses. El resultado representa una revisión a la baja de cinco décimas respecto de las previsiones que la propia Ocde publicó en marzo, cuando había pronosticado que el retroceso del Producto Interior Bruto brasileño sería del 0,3% en 2009. Para 2010, sin embargo, la organización calcula que el PIB de Brasil se recuperará con solidez y crecerá un 4%. A modo de conclusión, el organismo destacó que el entorno económico mundial permanecerá “incierto y particularmente incómodo” para Brasil y las demás economías emergentes.

En ese sentido, advirtió que, pese a que la recuperación será “floja y frágil durante un tiempo”, será necesario que muchos países hagan un gran esfuerzo de saneamiento de las cuentas públicas y anuncien pronto nuevos programas, aunque estén subordinados a la evolución de la coyuntura, para que una vez que la recuperación se establezca se vuelva al equilibrio presupuestario para no comprometer el crecimiento a largo plazo. Junto con esto, será primordial que reduzcan el gasto público que no apoye el crecimiento.

Con información de Reuters y DowJones Newswires

24 de junio de 2009

Truena Televisa contra Aristegui y Proceso

México, D.F., 24 de junio (apro).- El consorcio Televisa estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista Carmen Aristegui, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto "Peña Nieto: Si yo fuera presidente", actualmente en circulación.

En un desplegado publicado en la prensa nacional, Televisa acusa al reportero Jenaro Villamil de actuar por consigna para afectar a la empresa televisiva.


De paso, denuncia que Aristegui, quien mencionó el reportaje en MVS Noticias, miente respecto a su salida de W Radio, y sostiene que la separación de la periodista únicamente obedeció a que su noticiario no era rentable, ni plural.


Televisa refuta el reportaje publicado en Proceso. Defiende que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha desembolsado más de 800 millones de pesos en publicidad. También presume su cobertura noticiosa, negando ocultar información en deterioro del mandatario.


En ese tono, Televisa rechaza poseer una estructura paralela de empresas espejo para ocultar información fiscal a sus socios. E insiste en que la cobertura noticiosa de sus espacios no favorece a Peña Nieto, sino se basa en dar prioridad a la zona Metropolitana, por el alto índice demográfico que presenta.


A continuación, el desplegado íntegro:


"El lunes 22 de junio, Carmen Aristegui y Jenaro Villamil presentaron en radio un libro que difunde una serie de mentiras con respecto a Grupo Televisa.


"Grupo Televisa ha resistido paciente y tolerantemente los infundios que repetidamente se han divulgado sobre su desempeño. Sin embargo, esta actitud no puede ni debe mantenerse ante calumnias como las que se vertieron en ese programa.


"Primera Mentira. Afirman que 'un promedio de 800, 900 millones de pesos anuales' dedica el gobierno del estado de México a la 'compra de tiempo aire y pago de asesorías' a Televisa a través de distintas centrales de medios. La cuenta es absurda. Un ejemplo: en el año 2006, Televisa ingresó y reportó 778 millones de pesos por el total de publicidad política en televisión. Por tratarse de una elección presidencial, 2006 fue el año de mayores ventas de este tipo en todos los medios de comunicación nacionales. Así, el cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular que se renovaron en esos comicios. Ridículo y mentiroso.


"Segunda Mentira. Dicen que los dueños de Televisa tienen una estructura paralela mediante la cual ocultan información a los accionistas minoritarios. Dicha estructura, afirman, está constituida por las empresas TVPromo, Radar o CreaTV, y que esas tres empresas no tienen, ni han tenido, contrato alguno con Televisa relacionado con el gobierno del estado de México.


"Tercera Mentira. Apuntan que 'Roberto Hernández, el ex accionista de Banamex se transforma en el segundo accionista en importancia después de Emilio Azcárraga Jean dentro de la televisora'. La información es pública y contundente, pero los comunicadores de esta falsedad no se tomaron la molestia de consultarla: Roberto Hernández no figura en la lista de mayores tenedores de acciones ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa. El trabajo del señor Villamil no cumple siquiera con los requisitos de rigor mínimo de cualquier trabajo de investigación serio: la consulta de la información pública y su verificación. Villamil debe recordar que no por gritar una mentira ésta se convertirá en verdad, que no por publicar en Proceso tiene licencia para difamar.


"Cuarta Mentira. Sostienen que 'es 2005 el año en donde Salinas es presentado ante el Consejo de Administración de Televisa como parte ya también de los asesores de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean'. Esta es una afirmación falsa en toda su extensión. Carlos Salinas jamás había sido presentado ni se ha desempeñado como asesor de ningún ejecutivo de Televisa. La única vez que el ex presidente estuvo reunido con los directivos de Televisa (que no con su Consejo de Administración, como mentirosamente lo afirma Villamil) fue en una convención del grupo en 2005, en Cozumel, ocasión en la que también fueron invitados a dar pláticas otras personalidades del sector público y directivos de empresas, de México y del extranjero, como sucede todos los años en esas convenciones.


"Quinta Mentira. Señalan que la cobertura noticiosa a Enrique Peña Nieto es 'absolutamente anómala, absolutamente fuera de lugar, sin ninguna justificación periodística'. Habrá que recordarle a Carmen Aristegui y al señor Villamil que los noticiarios nacionales de Televisa siempre han tenido una fuerte carga de contenidos provenientes del área metropolitana de la ciudad de México. Además, hay que señalar que el estado de México es la entidad con mayor población del país. La cobertura a la política, economía, sociedad y cultura de esa entidad va en proporción a la audiencia interesada que se informa en los canales de Televisa. Por eso mismo, muy similar es la cobertura que actualmente recibe el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como lo fue la que en su momento recibió Andrés Manuel López Obrador.


"Sexta Mentira. Elucubran que por la inversión publicitaria del estado de México en Televisa se han minimizado 'vulnerabilidades' de su gobernador. Y cita el avance del narcotráfico, la cantidad de mujeres mexiquenses asesinadas, el caso Atenco y la muerte de la esposa del mandatario estatal. Todos son temas de los que se ha informado puntualmente en Televisa. Sólo es necesario sintonizar cualquier noticiario de Televisa para ver cómo se relata la guerra contra el crimen organizado en esa entidad y en todo el país. Por otro lado, nuestros informativos han transmitido diversos reportajes sobre el caso de las mujeres muertas en el estado de México y las agresiones entre policías y manifestantes en Atenco se transmitieron en vivo y en directo. El reporte del fallecimiento de la señora Pretellini se relató en los términos en los que lo informó la autoridad. Si Aristegui y Villamil tuvieran pruebas para sustentar otra versión de los hechos valdría la pena que las exhibieran y las presentaran ante las autoridades competentes.


"Nota Final. Carmen Aristegui ha hecho de la diatriba de Televisa su modus vivendi, a pesar de que de 2004 a 2007 su participación en W Radio, empresa filial de esta casa, reportó pérdidas por 9.2 millones de pesos, que sumadas a las de Javier Solórzano entre 2004 y 2005, con quien Aristegui negoció su entrada a la W, ascendieron a 14.5 millones de pesos. Tan sólo en 2007, Aristegui recibió un ingreso de 3.6 millones de pesos de esa empresa filial. Además de estas cuestiones financieras, en su oportunidad Grupo Prisa, encargada de la línea editorial de W Radio, explicó que Aristegui salió de la programación debido a que tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de acuerdo para que ella se incorporara a un modelo basado en el 'trabajo en equipo' y el 'derecho a la información plural'. Ni rentabilidad, ni trabajo en equipo, ni información plural. Es ahí donde se pueden encontrar las razones de la salida de Aristegui de la W y no en una supuesta 'conspiración' de intereses eclesiásticos-empresariales-políticos obsesionados con 'silenciar su voz', como ella y sus allegados han sostenido. Nada más alejado de la verdad.


"La insistencia de Aristegui de promover las mentiras de Villamil sólo puede entenderse como el pago a las veces que Villamil 'defendió' en las páginas de Proceso la salida de Aristegui de su programa de radio, al confundir una decisión de sentido común para una empresa de radio con un supuesto ataque a la libertad de expresión.


"Y en cuanto a Jenaro Villamil ¿qué podemos esperar de la veracidad de su contenido? Un 'periodista de consigna' que ni siquiera conoce los nombres de los ejecutivos de Televisa, empresa a la que lleva 'investigando' tantos años. Aquí algunos ejemplos: Villamil menciona a José Gastón en lugar de José Bastón (Proceso 1682) y a Adolfo de Angoitia en lugar de Alfonso de Angoitia (Proceso 1701). Un ejemplo más: Villamil 'descubre' (Proceso 1575) que Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros, es hermano de Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo. Una mentira más. La coincidencia de apellidos no asegura que sean parientes, como no lo son. Ninguno de estos errores se puede justificar bajo una perspectiva de periodismo de investigación mínimamente documentado.


"Villamil lleva años difamando a Televisa por cuenta y orden de la revista Proceso. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador no estaba equivocado en una carta dirigida al director de ese semanario cuando afirmó: 'el propósito de estas líneas es expresar mi desacuerdo con la actitud de los duendes que existen en al redacción de la revista Proceso… mi crítica va dirigida a quienes, invocando una supuesta pluralidad, nos calumnian…' (Proceso 1698). Villamil es uno de esos duendes, que hacen de la calumnia un oficio.


"Grupo Televisa fija esta postura para que la audiencia de Carmen Aristegui y Jenaro Villamil tenga un verdadero acceso a la información plural, conozca cuáles son las mentiras que divulgan y no esté sujeta a la manipulación interesada".

Tras las huellas del hombre más buscado de México

Por David Luhnow y José de Córdoba

De niño, Joaquín Guzmán Loera era tan pobre que vendía naranjas para conseguir suficiente dinero para comer. Pero hoy, Guzmán, de 52 años, posee un imperio empresarial y una fortuna personal situada en el puesto 701 de la lista de titanes globales de la revista Forbes.

También tiene otro título: el del hombre más buscado de México.

David Luhnow y Jose de Cordoba recorren Culiacán la capital no oficial del narcotráfico en México

Guzmán es el presidente ejecutivo informal de una de las mayores organizaciones de narcotráfico del mundo, el llamado cartel de Sinaloa, el mismo nombre del estado mexicano donde está su base. Trafica marihuana, heroína, cocaína y metanfetaminas, y tiene lazos con el crimen organizado en 23 países, según funcionarios de México y Estados Unidos.

Las rivalidades y guerras de Guzmán por control de territorio han contribuido a un saldo de muertes relacionadas con la droga que asciende a 11.000 personas en los últimos dos años y medio, un promedio de 366 asesinatos al mes.

Guzmán se ha convertido en un héroe popular del narcotráfico. Es honrado en videos de YouTube y por músicos que escriben baladas llamadas "corridos", en su honor. Es conocido en todo México simplemente como "El Chapo", que en el argot local significa un hombre bajo y fornido.

Engrandeciendo su mística, "El Chapo" ha sobrevivido varios intentos de asesinato por parte de bandas rivales. También ha protagonizado la mayor fuga en la historia moderna de México: en 2001, de una cárcel de máxima seguridad, en un carrito de lavandería. Desde entonces, ha conseguido escurrírseles a los agentes mexicanos y estadounidenses, en un juego del gato y el ratón que dura ya nueve años.

Cada año que pasa sin que México lo atrape, crece su leyenda, una afronta directa a la autoridad del Estado mexicano. El año pasado, se burló de las autoridades organizando una fiesta, con cajas de whiskey y una banda de música regional mexicana incluidos, en un pueblo remoto para ver cómo su novia de 18 años, Emma Coronel, ganaba un concurso de belleza local. Meses después, se casó con ella.

Cada año también aumentan las preguntas sobre por qué México, con la ayuda de EE.UU., no puede encontrarlo, a pesar de una recompensa de US$5 millones ofrecida por Washington (se pueden enviar pistas a chapotips@usdoj.gov) y otra de US$2 millones del gobierno mexicano.

Funcionarios de EE.UU. y México dicen que Guzmán ha usado tanto el dinero como la crueldad para construir una organización disciplinada que lo protege. Se cree que se esconde en las imponentes montañas de Sierra Madre que atraviesan Sinaloa y estados aledaños, convirtiendo la tarea de encontrarlo en una parecida a la de localizar a Osama bin Laden en las montañas de Pakistán. Otro factor es que se cree que Guzmán ha comprado a suficientes miembros de las fuerzas del orden y militares mexicanos para conseguir información que lo alerta y le permite evitar su captura.

En al menos tres ocasiones en los últimos tres años, el aparato de seguridad mexicano ha obtenido pistas sobre el paradero de Guzmán, pero para cuando llegaban agentes al lugar, este ya había huido, según un funcionario de EE.UU. Parte del problema es logístico. En las montañas, los secuaces del capo pueden avistar una caravana de vehículos militares desde muchos kilómetros, dándoles tiempo a huir por medios que incluyen helicópteros o a caballo.

En los últimos años, Guzmán ha visitado con frecuencia un rancho en las distantes montañas del estado de Chihuahua para revisar su plantación de marihuana, según un documento de inteligencia mexicana revisado por The Wall Street Journal. El rancho, propiedad de socios de Guzmán, tiene una pista de aterrizaje y un túnel subterráneo para acceder a él. "En un mínimo de tres visitas, ha llegado con una caravana de al menos seis vehículos, bajo la protección de algunas autoridades del ejército mexicano", dice el documento.

El ministro de Defensa dijo en un correo electrónico que no estaba al corriente de las alegaciones, pero añadió que "varias organizaciones criminales han usado vestimenta y vehículos militares para encubrir sus actividades".

En abril, el arzobispo de Durango, un estado conocido por sus escorpiones, bandidos y naturaleza agreste, declaró que Guzmán vivía allí. "Más adelante de Guanaceví, por ahí vive 'El Chapo', todos lo sabemos, menos la autoridad", dijo a la prensa local el arzobispo Héctor González Martínez.

Cuatro días después, los cuerpos acribillados de dos tenientes del ejército aparecieron cerca de Guanaceví en el maletero de un auto, con los ojos vendados y las manos atadas detrás de la espalda. Junto a los muertos una nota leía: "Con El Chapo nunca van a poder, ni sacerdotes ni gobernantes".

Son comunes los reportes de que se ha visto a Guzmán. En al menos tres ciudades mexicanas, incluida Culiacán, capital de Sinaloa, la gente ha reportado ver al capo llegar a comer a un restaurante local. Dicen que fue precedido por guardaespaldas que confiscaron los teléfonos móviles de los comensales y no permitieron que nadie se marchara. Para compensar por la breve pérdida de libertad de los clientes, se dice que Guzmán pagó la cuenta de todo el mundo.

Un propietario de uno de los restaurantes desmiente el suceso, pero un informe de inteligencia mexicana dice que se cree que al menos una de las historias de los restaurantes es cierta.

Funcionarios mexicanos dicen que no se quieren obsesionar con capturar a Guzmán a costa de ganar la guerra contra el narcotráfico. "En el pasado, la estrategia era capturar a los peces gordos e ignorar a los individuos operativos. Ahora estamos tratando de debilitar la estructura de los carteles", dice el fiscal general, Eduardo Medina Mora.

Algunos funcionarios de EE.UU. creen que México capturará pronto a Guzmán. Dicen que su estatus como el hombre más buscado de México lo obliga a estar siempre moviéndose, dificultando la gestión de las operaciones diarias. Dicen que ha envejecido rápidamente, y establecen paralelos con el fallecido capo colombiano Pablo Escobar, que fue asesinado tras pasar años prófugo.

"El Chapo Guzmán es un hombre muerto, y lo sabe", dice Michael Braun, quien se jubiló hace ocho meses como jefe de operaciones de la Administración para el Control de la Droga de EE.UU., o DEA por sus siglas en inglés. "Nadie en este negocio vive hasta viejo o para disfrutar de sus nietos".

Pero Guzmán ha sido subestimado otras veces. En 2005, el fiscal general de México, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que el capo "ya no operaba" en el negocio de las drogas. A principios de 2007, el actual fiscal general, Medina Mora, calificó a Guzmán como agua pasada en el negocio de las drogas. "No me importa donde esté" declaró a The Wall Street Journal en una entrevista. "Es como una vieja gloria del fútbol".

Desde entonces, Guzmán ha dejado poco lugar a duda de que es una figura central en la guerra contra el narcotráfico. Los expertos dicen que la incursión de su grupo en el norte del estado de Chihuahua para tratar de usurparles a grupos rivales el control de lucrativas rutas de contrabando ha convertido el lugar en un campo de batalla. Unas 3.300 personas han sido asesinadas en los últimos 15 meses, según reportes de prensa. Una pugna paralela entre Guzmán y uno de sus antiguos socios, Arturo Beltrán Leyva, causó matanzas en Sinaloa que se cobraron más de 600 vidas. Entre las víctimas de esa lucha: el hijo de 22 años de Guzmán, Édgar, acribillado en el estacionamiento de un local del centro de reparaciones de neumáticos Bridgestone en Culiacán.

En la actualidad, los expertos creen que el grupo de Guzmán está luchando contra otros carteles en estados tan diversos como Chihuahua, Durango, Baja California, Guerrero, Sonora, Michoacán y Quintana Roo.

Según personas que conocen al capo y están dispuestas a hablar públicamente, Guzmán parece un tipo sencillo e inteligente, a pesar de haber estudiado sólo hasta el tercer año de primaria.

Sus raíces

Uno de cuatro hermanos, Guzmán nació en un caserío de unas 40 casas en las montañas de Sinaloa, conocido como La Tuna, en el Condado de Badiraguato. El lugar tiene la cuestionable distinción de ser la cuna de la mayoría de los narcotraficantes famosos. La ubicación de Badiraguato tiene mucho que ver con eso: es el portal al "triángulo dorado" de México, una intersección montañosa y remota entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua donde se ha cultivado opio y marihuana por generaciones.

Poco se conoce sobre los primeros años de vida de Guzmán. Pero se cree que como muchos de sus vecinos, el ya fallecido padre de Guzmán era un gomero, una persona que cultivaba amapolas para opio y heroína. La familia era tan pobre que cuando Guzmán era un bebé, su madre convirtió una caja de madera usada para empacar tomates en una cuna para él, dice un funcionario local.

"Cuando me platicaba de su infancia, él quedaba como suspendido en la pared, como si fuera algo que quisiera olvidar", dijo Zulema Hernández, una ex policía que conoció a Guzmán cuando ella estaba cumpliendo una sentencia por robo, en una entrevista con el periodista mexicano Julio Schere para su libro sobre el sistema penitenciario del país.

Hernández dijo que Guzmán tenía miedo de volver a ser pobre. "Ese era un hilo de comprensión entre nosotros", le dijo al periodista. Hernández se unió a las filas del narcotráfico luego de salir en libertad en 2004, dice la policía mexicana, y fue hallada muerta en la maletera de un auto abandonado en Ciudad de México el año pasado. La policía no cree que su muerte esté ligada a Guzmán.

Badiraguato, uno de los 200 condados más pobres de México, ofrece pocos empleos, más allá del narcotráfico, a sus jóvenes.

Los habitantes de las montañas de Badiraguato son considerados por la mayoría como clanes muy cerrados, donde rige el machismo y la lealtad, y no faltan los asesinatos y las vendetas para quienes quebrantan su honor.

Tratar de atrapar a Guzmán en un lugar como Badiraguato es un desafío. El condado abarca unos 6.000 kilómetros cuadrados, con más de 450 pequeños pueblos esparcidos por montañas inaccesibles. Badiraguato cuenta sólo con 38 policías y cinco patrullas, todos asignados en la capital del condado, dejando a todos los otros pueblos sin policía, sólo con los pistoleros de los carteles.

El pueblo natal de Guzmán está a cinco horas de la capital del condado, por una carretera polvorienta.

Reporteros de The Wall Street Journal trataron de visitar el pueblo junto a un funcionario local, que quería alardear de los esfuerzos para el desarrollo económico de la zona, como la construcción de cabañas ecológicas para turistas. Pero tras un retraso de dos días, el funcionario dijo que el viaje era demasiado peligroso. "Me dijo que una visita sería vista como inconveniente", dijo. "[El Chapo] no quiere publicidad".

En su juventud en los años 80 en Badiraguato, Guzmán escaló los rangos, convirtiéndose en lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo, otro oriundo de Badiraguato y ex policía que se había convertido en el principal narcotraficante de México, según analistas y ex policías.

Pero la relativa unidad impuesta por Félix Gallardo se vino abajo tras su arresto en 1989. Su imperio, en particular los cruces fronterizos que eran puntos de contrabando, fue dividido entre sus lugartenientes. Guzmán y su buen amigo Héctor "El Güero" Palma, se quedaron con el cruce en Mexicali, a 110 kilómetros de Tijuana.

Guzmán empezó a construir un imperio propio. Fue pionero en el uso de túneles subterráneos para transportar drogas desde México a EE.UU. Uno de los túneles cerca de San Diego tenía electricidad, conductos de ventilación y rieles para transportar las drogas, según la DEA.

Guzmán operó una línea de ensamblaje empacando cocaína en latas de chiles de la marca Comadre, exportando la droga a EE.UU. por riel, según testificó en 1996 su principal contador, Miguel Ángel Segoviano, en el juicio de uno de los socios de Guzmán. A cambio de la droga, Guzmán importaba a México millones de dólares en maletas que llegaban por avión al aeropuerto de Ciudad de México, donde funcionarios comprados se aseguraban que no fueran inspeccionadas.

Captura y fuga

A principios de noviembre de 1992, Ramón Arellano y cuatro pistoleros acribillaron el auto de Guzmán con sus AK-47 mientras conducía por la avenida principal en Guadalajara, en aquel entonces un centro en la industria del narcotráfico.

Días después, El Chapo contraatacó. Unos 40 pistoleros haciéndose pasar por policías atacaron Christine's, un club frecuentado por turistas en el pueblo de Puerto Vallarta. Cinco personas murieron en el tiroteo, pero Ramón y Javier Arellano, que se encontraban en el baño al momento de los disparos, huyeron ilesos.

Seis meses después, sicarios de los Arellano mataron a siete personas en un espectacular tiroteo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, a donde Guzmán había ido a coger un avión. Entre los muertos estaban dos guardaespaldas de Guzmán y cinco personas no relacionadas con el narcotráfico, incluyendo a Juan Jesús Posadas, el cardenal de la ciudad y uno de los dos principales prelados de México.

Guzmán escapó avanzando a rastras y rodando por el estacionamiento antes de tomar un taxi, declaró más tarde a la policía. Se refugió en Ciudad de México, compró pasaportes falsos y se marchó con una novia y un socio a Guatemala.

El asesinato del cardenal conmocionó a México, y forzó al gobierno a demostrar que estaba detrás de los narcotraficantes. Tras 16 días, Guzmán fue capturado por soldados guatemaltecos y entregado a México.

Entrevistado tras su arresto por la policía, Guzmán negó estar involucrado en el narcotráfico. "Toda mi vida he estado dedicado a la agricultura", dijo. Declaró que era un agricultor y hombre de negocios, que compraba y vendía maíz, azúcar, productos enlatados y semillas, y a veces también participaba en peleas de gallos. Sus ingresos, dijo, eran de unos "20.000 nuevos pesos [US$5.700] al mes, sin extras". Amante de las pistolas, le dijo a la policía que su arma favorita era el rifle automático ruso AK-47.

Guzmán fue sentenciado a 20 años de cárcel por conspiración, soborno y narcotráfico. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, desde donde continuó dirigiendo su imperio. En la cárcel, sobornó a casi todo el mundo, incluyendo el guardián, que ahora está en prisión por permitir la fuga.

El dinero de Guzmán le compró privilegios en la cárcel, según funcionarios policiales que investigaron su fuga. Su celda tenía un televisor, y a veces elegía su comida de un menú en vez del servido al resto de los presos. Tenía un celular para seguir operando su negocio de narcotráfico y se reunía con frecuencia con miembros de su organización. Otros visitantes regulares eran su mujer, varias amantes y prostitutas. Se le daba Viagra.

Una de sus amantes era Hernández, la policía en la cárcel por robo. Después de que se involucraran por primera vez, Guzmán le mandó whiskey y flores, seguidas de docenas de cartas de amor, dictadas por Guzmán y escritas por otra persona.

La historia oficial de la fuga de Guzmán es algo así: se hizo amigo de un empleado de mantenimiento de la prisión llamado Javier Camberos. Guzmán les dijo a los guardias a quienes había comprado que Camberos iba a sacar oro de la prisión en un carrito de lavandería y que no debían registrarlo. Pero la noche del 19 de enero de 2001, Guzmán se escondió en el carrito y Cambreros lo sacó de la prisión. Cambreros está ahora en prisión por ayudar en la fuga.

Muchos mexicanos creen que el personal de la prisión sencillamente dejó salir a Guzmán. Es difícil saber lo que realmente pasó, en parte porque las grabaciones de la cámara de seguridad de esa noche fueron borradas por los funcionarios de la prisión. Jorge Tello, uno de los más altos funcionarios de seguridad de México en ese tiempo, visitó la prisión el día de la fuga, tras oír rumores de que el capo podría escaparse. A pesar de la visita, Guzmán consiguió fugarse.

Tello, que no respondió a solicitudes de comentario, es ahora el principal asesor de Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico.

—Evan Pérez y John Lyons contribuyeron a este artículo

Abstencionistas vs. anulistas

José A. Crespo

El debate sobre qué hacer con el voto incluye tres opciones básicas: el voto partidista, el voto de protesta (nulo o independiente) y el abstencionismo. En general, la polémica se ha dado esencialmente entre las dos primeras. Es un tanto paradójico que las dos corrientes que más se han confrontado coincidan en lo que, para mí, es esencial: concurrir a las urnas y utilizar el voto con el fin de expresar cualquier opción contemplada en la ley, sea sufragar por un partido político o emitir una inconformidad con todos ellos. De haberse reconocido que el voto nulo es legal, democrático, institucional y, por tanto, legítimo, probablemente ambas corrientes (partidistas y anulistas) estarían coordinados para promoverlo en conjunción con el IFE, y el debate se estaría dando principalmente con los abstencionistas. Pero, no siendo así, la principal división se dio entre quienes promueven el voto partidista y quienes defendemos el derecho de anular el voto, como algo legítimo, democrático y, quizás, eficaz en cuanto a palanca de presión al sistema de partidos. ¿Por qué a los partidos y sus apologistas les preocupa más el voto nulo que la abstención (aunque pretendan identificarlos como uno y el mismo fenómeno)? Porque la abstención es silenciosa (aunque también signifique algo) y no tiene efectos jurídicos, a diferencia del voto nulo, que además de ser una protesta ruidosa, es computado para, entre otras cosas, determinar qué partidos mantienen su registro y cuáles no (algo nada menor, aunque varios consejeros del IFE le hayan querido restar importancia).

Pero el abstencionismo no sólo existe como fenómeno (y será la opción que predomine en esta elección), sino también tiene sus promotores. Ellos dirigen sus baterías principalmente hacia quienes promueven el voto nulo. Repudian no sólo al sistema de partidos, sino igualmente al proceso electoral. El abstencionismo activo considera que concurrir a las urnas, así sea para anular el voto, es convalidar una simulación. Por lo tanto, consideran a los anulistas como comparsas o, en el mejor de los casos, ingenuos (pues calculan que un voto nulo nutrido podría generar una eficaz condición de exigencia a los partidos). Y es que el anulismo se ubica en medio de los extremos: en un polo está el voto partidista y, en el otro, el abstencionismo. Y como es inevitable en los fenómenos políticos, las posturas que se ubican en medio del espectro (en este caso los anulistas) son objeto de bombardeo simultáneo desde ambos polos: para los partidos (y algunos de sus apologistas), los anulistas son irresponsables, antidemocráticos, incluso cuasi subversivos; según los abstencionistas, los anulistas son cómplices de la farsa o víctimas de una gran candidez.

Uno podría pensar que entre los abstencionistas predomina la gente de izquierda, desencantada —no sin cierto fundamento— por las elecciones presidenciales de 2006. Es probable que así sea (quizá las encuestas poselectorales nos puedan aclarar el perfil del abstencionista). Ahí está, como una destacada defensora del abstencionismo, nuestra apreciada y admirada Sara Sefchovich, quien recientemente ha escrito: “Votar, aunque sea para anular el voto, es entrarle al juego, y mientras lo hagamos, seguirá existiendo pretexto para que los partidos y las instituciones que tienen que ver con elecciones se sigan despachando en grande, como vergonzosamente han hecho y siguen haciendo, aun con la crisis”. Dice también que la abstención “es la propuesta de los ciudadanos, no porque se haya hecho de manera formal, sino porque desde hace muchos años ha sido la decisión y la actitud asumida por millones de ellos, y en ese sentido es una propuesta que va de abajo hacia arriba y no al revés” (El Universal, 21/VI/09). Es una posición congruente, en todo caso, con el desencanto que Sefchovich experimenta —no sin razón— con todo el entramado institucional y nuestra vida política, a la cual considera una gran simulación y la retrata muy bien en su reciente libro, País de mentiras.

Pero los abstencionistas activos no son sólo de izquierda; también los hay filopanistas, como Javier Livas, luchador por la democracia desde el fraude de Chihuahua en 1986 y expulsado del PAN hace años por externar críticas hacia la dirigencia de ese democrático partido. Dice hoy Livas que: “Si todos salimos a votar, es lo que mantendría a la partidocracia contenta... La gente, mansamente, saliendo a votar, aunque sea para anular su voto… tranquilos, obedientes, apoyando al sistema que los explota y los engaña y los roba… Anular es votar, es aceptar como bueno el proceso, es decir al mundo que somos tontos o tolerantes de las mentiras y la corrupción; los partidos prefieren la anulación que la abstención activa y razonada; no votar es veneno para el sistema; anular los fortalece… No quiero ser parte de una gran simulación” (16/VI/09). No coincido con Livas en que a los partidos les conviene más el voto nulo que la abstención y, por ello, no me parece casual que mientras merodeó solamente el fantasma del abstencionismo, los partidos se dedicaban tranquilamente a su guerra de lodo; pero al detectar el potencial de un amplio voto de protesta, enfilaron una parte de su artillería hacia el movimiento que lo promueve. Respeto, con todo, la decisión de los abstencionistas activos, pues me parece que también ejercerán su libertad de sufragio. Sin embargo, si muchos abstencionistas decidieran expresar su inconformidad en las urnas (con un voto nulo), además de depurar un poco el sistema partidista (eliminando algunos de los costosos y nocivos partidos-negocio), sería inevitable que los partidos escucharan el hartazgo ciudadano y crecería la probabilidad de que reconocieran la necesidad de reformarlo en favor del interés colectivo.

La principal división se dio entre quienes promueven un sufragio partidista y quienes defendemos el derecho de anularlo.

19 de junio de 2009

De las propuestas económicas de los partidos II

Arturo Damm

Poco es lo que la política económica puede hacer por el progreso económico, lo cual no quiere decir que poco sea lo que el gobierno debe hacer para lograr mejores resultados económicos. Pero lo que debe hacer no se encuentra en las políticas económicas, sino en el marco institucional.

Partiendo de una situación de bajo crecimiento en la producción de mercancías (2.5 por ciento, en promedio anual, entre 1983 y 2008), de un ingreso por habitante que deja que desear (311 pesos, diarios, en 2008), y de un desempleo creciente (2.8 por ciento de la población económicamente activa, en 2001, y 4.0 en 2008), la pregunta es ¿cómo conseguir mayor crecimiento en la producción, más y mejores trabajos, e ingresos suficientes, que alcancen para ahorrar?



Muchos creen que la respuesta está en las políticas económicas del gobierno (fiscal, monetaria, comercial, industrial, agropecuaria, cambiaria, etc.), como si el gobierno pudiera, a través de dichas políticas, crear las condiciones para lograr producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente. Poco es lo que dichas políticas (la mayoría de ellas de inspiración keynesiana), pueden hacer por el progreso económico, lo cual no quiere decir que poco sea lo que el gobierno debe hacer para lograr mejores resultados económicos. Pero lo que debe hacer no se encuentra en las políticas económicas, sino en el marco institucional de la economía, es decir, en las reglas del juego que dependen, fundamentalmente, de los legisladores, parte de los cuales (sobre todo diputados federales) elegiremos el próximo 5 de julio. ¿Cuántos de ellos saben lo que el progreso económico, definido como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, para un mayor número de gente, demanda de las reglas del juego? Y, suponiendo que lo sepan, ¿cuántos están dispuestos a hacer, todo lo que hay que hacer, para eliminar, del marco jurídico de la economía mexicana, todos los excesos y defectos, sin olvidar una que otra contradicción, que limitan las posibilidades de progreso económico de los mexicanos?



La palabra clave es inversión, definida como el gasto destinado a producir más y mejores bienes y servicios, inversión que se puede realizar en investigación científica; desarrollo técnico; instalaciones, maquinaria y equipo; infraestructura, sobre todo de comunicaciones y transportes; educación y capacitación, y, en general, en todo lo que contribuye a producir más y mejor. Sin más, ¡y mejores!, inversiones, la producción de bienes y servicios no crecerá más de lo que ha venido creciendo, los ingresos de los mexicanos seguirán siendo bajos, y el desempleo seguirá siendo mayor del que sería si, en México, se invirtiera más y mejor.



¿De qué depende una mayor y mejor inversión? ¿De las políticas económicas gubernamentales, por ejemplo, de exenciones tributarias para los capitalistas que inviertan en aquellas actividades que algún burócrata considera se deben impulsar? ¿O de la protección que, frente a las importaciones, el gobierno le brinde a algún grupo de industriales nacionales, bajo el pretexto de que las mismas generan competencia desleal? ¿O de la devaluación del peso, con el fin de promover las exportaciones? ¿De este tipo de políticas (la primera fiscal, la segunda comercial – industrial, y la tercera cambiaria), depende una mayor y mejor inversión? No, claro que no. Entonces, ¿de qué depende? De las reglas del juego. Del marco institucional.

Continuará.

15 de junio de 2009

De las propuestas económicas de los partidos I

Arturo Damm

Esta serie de nueve artículos tiene como fin analizar la plataforma electoral, en materia de economía, de los tres principales partidos políticos, PAN, PRD y PRI, partiendo de un marco teórico que le permita al lector-elector concluir cuál de las propuestas es la mejor o, de ser el caso, la menos mala.

Poco es lo que, a partir de los spots publicitarios de los candidatos a puestos de elección popular, puede llegar a saberse de las propuestas de los partidos políticos. No es lo mismo un espectacular, en el cual se promete, por ejemplo, empleo suficiente y salario justo, que, digamos, la plataforma electoral, en materia económica, del partido X. Lo primero apela a la emoción, lo segundo a la inteligencia, misma que debe responder dos preguntas. Los fines propuestos, ¿son los correctos? Los medios para conseguirlos, ¿son los adecuados?



Esta serie de nueve artículos (el último de los cuales se publicará el viernes 3 de julio, dos días antes de las elecciones), tiene como fin analizar la plataforma electoral, en materia de economía, de los tres principales partidos políticos, PAN, PRD y PRI (citados en estricto orden alfabético), partiendo de un marco teórico que le permita al lector - elector concluir cuál de las propuestas es la mejor o, de ser el caso, la menos mala.



El fin que me mueve a escribir estos artículos, relacionados con la materia que me compete, la economía, es el convencimiento de que uno de los requisitos para que la democracia electoral funcione, y dé como resultado mejores gobiernos, es el voto racional, no emocional, racionalidad en el voto a la cual pretenden contribuir estos artículos, proporcionándole al lector – elector, algunas pistas para discernir, en materia de propuesta económica, cuál de las tres – la panista, la perredista o la priísta -, es la mejor, o la menos mala, para lo cual hay que tener claro, al menos en sus líneas generales, cuál es el camino al progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social).



Dicho de la manera más sencilla posible, el camino hacia el progreso económico es el de la inversión directa, sobre todo la privada, que es la que crea empresas, produce bienes y servicios, genera empleos e ingresos, inversión que deberá ser, no solamente mayor, sino mejor, para lo cual se necesita que el marco jurídico de la actividad económica reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente el derecho a la libertad individual para trabajar, emprender y producir; para ahorrar e invertir; para distribuir, intercambiar y consumir, así como el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción. Que el marco jurídico reconozca plenamente, defina puntualmente y garantice jurídicamente el derecho a la libertad individual y a la propiedad privada supone, por el lado de la oferta de bienes y servicios, que todo aquel, nacional o extranjero, que quiera participar en cualquier (ojo: ¡cualquier!) sector de la actividad económica, o en cualquier (ojo: ¡cualquier!) mercado, lo pueda hacer, y, por el lado de la demanda, que el consumidor nacional pueda consumir cualquier mercancía, independientemente de que haya sido hecha en México o en otro país. Se trata, obviamente, de las dos caras de la misma moneda.

Continuará.

Kirchner versus la prensa

Por Mary Anastasia O'Grady

Tras el colapso económico de 2001-2002 en Argentina, el Congreso le otorgó al poder ejecutivo inmensos poderes aduciendo que las circunstancias requerían medidas extraordinarias por parte del gobierno.

Siete años después, tales facultades siguen vigentes y el Estado domina la economía como dueño y regulador. Argentina ahora enfrenta la amenaza de una mayor consolidación del control ejercido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de medios similares a los empleados por Hugo Chávez. Al igual que en Venezuela, la libertad de expresión y la libertad de prensa son blancos de una mayor represión.

Que esto sirva de lección para cualquier democracia moderna que conceda grandes poderes al gobierno en tiempos de crisis: darle facultades extraordinarias al ejecutivo es fácil; recuperarlas, no lo es.

Las elecciones legislativas tendrán lugar el 28 de junio y las encuestas sugieren que los argentinos son cada vez recelosos de sus líderes. Se espera que el ala del partido peronista de Kirchner, el Frente para la Victoria, sea ampliamente derrotada. Si esto ocurre, la presidenta y su esposo, Néstor Kirchner, quien la precedió en el cargo y quien probablemente aún esté moviendo los hilos políticos tras bastidores, tendrá que enfrentarse a una legislatura menos maleable.

Estas serían buenas noticias para el país. Bajo el autoritarismo de los Kirchner, Argentina ha pasado del capitalismo democrático —por débil que sea— a un sistema controlado por el Estado cada vez más represivo y aislado. Los derechos de protección a la propiedad han sido eviscerados. Los empresarios han sido intimidados a guardar silencio bajo amenazas de investigaciones impositivas y hostigamiento regulatorio por parte del Estado. Matones respaldados por el gobierno atacan empresas que se resisten a la agenda de la presidencia. Los adversarios de Néstor Kirchner lo describen como un Vladimir Putin, pero sin el encanto.

Claramente, gran parte del país está hasta la coronilla con el kirchnerismo. Las promesas de prosperidad hechas sobre la envidia de clase no se han materializado. Los agropecuarios se oponen a los impuestos a las exportaciones de Kirchner. La presidenta ha alienado aún más a los electores de la clase media al confiscar las cuentas de pensiones privadas y subir los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Ahora quiere aumentar el impuesto sobre las ventas. Todo esto sucede en una recesión, mientras los economistas privados estiman que la inflación está por encima del 18%.

Sin embargo, incluso si Kirchner perdiera su mayoría en el Congreso en junio, aún quedarían riesgos contra la libertad. Gracias a la decisión del gobierno de adelantar las elecciones, el nuevo Congreso no asumirá hasta dentro de ocho meses, lo que le da a la pareja presidencial una amplia oportunidad para acrecentar su poder. Una población informada, por supuesto, resistiría más medidas antidemocráticas, razón por la cual los Kirchner están intensificando sus esfuerzos para amordazar a la prensa.

Desde sus primeros días como presidente, Kirchner intentó silenciar a los medios críticos al utilizar el presupuesto de publicidad gubernamental para recompensar a quienes lo apoyaban y matar de hambre a los que se atrevían a imprimir críticas. Fue una herramienta efectiva en una economía conectada a un respirador artificial, donde la publicidad se había evaporado.

A medida que se recuperó la economía, esta estrategia comenzó a costar más. En 2008 el gobierno gastó US$100 millones en "publicidad" en los medios, ocho veces más que en 2003. El gobierno canaliza sus avisos hacia los medios con una línea editorial más favorable.

Sin embargo, las voces independientes se mantienen, como la del influyente diario La Nación (que publica artículos de The Wall Street Journal). Sus críticas obviamente le acarrean problemas a los Kirchner. Así que el gobierno ha desenfundado el martillo. El director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha presentado dos demandas criminales contra Bartolomé Mitre, director del diario, y Julio Saguier, presidente de la corporación dueña del matutino.

Son acusados de calumnias por publicar dos editoriales que cuestionan las actividades políticas de la secreta agencia de inteligencia y su director. De alguna forma, ambos casos han terminado en manos del mismo juez —aunque las posibilidades de que esto ocurra son remotas— y éste ha permitido que las causas avancen aunque la Corte Suprema dictaminó el año pasado que las críticas a los funcionarios públicos no pueden motivar acciones civiles o criminales. Algunos han cuestionado si los ejecutivos pueden tener un juicio justo. Si son encontrados culpables, los acusados podrían ser sentenciados a tres años de prisión.

El gobierno también ha elaborado un proyecto de ley de radiodifusión que, si se aprueba, con seguridad parece destinado a aplastar la libertad de los medios. La legislación reservaría sólo un tercio del espectro de radiodifusión para el sector privado; un tercio sería para emisiones de medios estatales y el tercio restante sería para organización no gubernamentales elegidas por el Estado. No está claro cómo se otorgarían las licencias, pero sólo durarían diez años y podrían ser renovadas una vez. Muchas empresas de medios que operan actualmente no serían elegibles para competir. La ley no hace mención alguna a la libertad de prensa y los funcionarios no han solicitado las opiniones del sector.

Los argentinos deberían recordar que la supervivencia de la república requiere de un cuarto poder fuerte. La supervivencia del régimen Kirchner requiere lo opuesto. En los próximos meses uno se impondrá.

12 de junio de 2009

Votas y te vas

José A. Crespo

Así se llama un libro del legendario Rius, una revisión caricaturizada (pero no caricaturesca) de nuestra tradición electoral, que publicó tras los comicios presidenciales de 2006. La visión de Rius refleja la decepción e irritación de muchos de quienes consideraron que el proceso de ese año no fue equitativo, imparcial ni transparente. A raíz de esa elección, Rius expresa su gran escepticismo sobre el carácter competitivo y equitativo del sistema electoral, y cuestiona también al de partidos, así como la fidelidad de la representación política. Escribe, entre caricatura y caricatura: “El supermillonario financiamiento a los partidos ha propiciado una enorme corrupción en la vida política del país, y ha convertido a los partidos en un estupendo negocio, mejor que los bancos. Los partidos que no representan a nadie (los emergentes), o partidos fuertes que se sostienen gracias a nuestros ingenuos votos, entran y salen de escena política haciendo ricos a sus fundadores”. Y continúa: “Así, con nuestro dinero los tres grandes partidos controlan la vida política del país por medio de las Cámaras de Senadores y Diputados, manejan el IFE, designan a gobernadores y presidentes municipales… y llaman a la ciudadanía en tiempo de elecciones, únicamente para que voten por los que ellos han escogido… Votas y te vas, y los partidos nos encargamos de lo demás”. Y continúa: “Es obvio que nuestro sistema político se ha vuelto absurdo e inoperante. Es obvio que hay que cambiarlo”. Pero son los partidos los legalmente facultados para realizar o evitar tales cambios. Pero los partidos tienden a mantener sus privilegios por una inercia interesada, y a través de criterios particularistas, no universalistas. Por lo cual, remata el famoso monero: “Estamos metidos en un círculo vicioso… el sistema sólo permite que los partidos sean los que cambian a los partidos políticos… Por ejemplo, para que los diputados y senadores se rebajen el sueldo, hay que pedirles a ellos mismos que lo hagan. Nada puede cambiar en el país si no pasa por el Congreso (es decir, por los partidos)”.

Puede decirse que Rius se adelantó al ánimo que muchos ciudadanos expresan en estos comicios, pues inmediatamente después de 2006 el ambiente era más de polarización, alineada tras cada partido, que de inconformidad hacia el sistema de partidos. Los tres segmentos principales eran: 1) la elección fue limpia; 2) hubo un magno fraude electoral; 3) no puede saberse con certeza quién ganó. Hoy los tres segmentos principales son: A) votar; B) abstenerse o, C), emitir un voto de protesta (sea nulo o independiente). Rius ya proyectaba el rechazo a los partidos, si bien no queda clara su posición sobre cómo votar (probablemente en ese momento esa distinción era irrelevante para él).

“Votas y te vas” es una forma ingeniosa de expresar el tipo de representación política vigente en México, lo mismo bajo la era priista que en la pospriista. En buena parte, eso se debe a que no hay reelección de legisladores y alcaldes, con lo cual la representación queda, en el mejor de los casos, trunca; con elecciones competitivas, podemos elegir a nuestros representantes (representación de ida); pero no hay forma de premiar o castigar a nuestros representantes (representación de regreso). Por lo cual, ellos no tienen por qué rendirnos cuentas ni oír nuestras demandas ni considerarlas en el momento de legislar ni ganarse nuestro voto futuro en lugar de olvidarse de nuestro voto pasado.

Es decir, la representación política está cercenada por la mitad. En prácticamente todas las páginas y blogs del movimiento anulista que he podido revisar, aparece ésta como una demanda. Lo mismo reclaman muchos colegas (anulista y no). Por eso me parece ser éste uno de los ejes clave del movimiento anulista. Se ha dicho que no es necesario anular el voto para que los partidos acepten aprobar ciertas reformas, como lo sería la reelección legislativa. Ojalá así fuera. Pero he oído a muchos candidatos que no, que no la aceptan, por diversas razones, sin explicar por qué todos los males que ven en esa figura no aparecen en las democracias que sí la tienen (todas, menos México y Costa Rica). En la teoría de la democracia representativa aparece la reelección (al menos la legislativa) como engranaje esencial para que funcione el sistema de representación política, incluso como equilibro entre los intereses de los representantes (incluidos los partidos políticos) y sus representados. Es decir, aun percibiendo el descontento ciudadano que se advierte en estas últimas semanas, algunos candidatos no están dispuestos a respaldar esa demanda (aunque otros sí). Varias voces dicen que esas reformas deben empujarse con mecanismos de interacción con los legisladores, en vez de ir a protestar en las urnas (incluso por una vía legal, como la que proponen los de la anulista).

Tuve el honor de formar parte de un grupo notable de personas conocedoras del tema, en 2003, para impulsar esa iniciativa en el Senado de la República (donde se hallaba la iniciativa). Personas como Alonso Lujambio (hoy secretario de Educación), Salvador Nava (hoy magistrado del Tribunal Electoral), Luis Carlos Ugalde (aún no era presidente del IFE), Benito Nacif (hoy consejero del IFE), Diego Valadés (destacado constitucionalista, que ahora se ha pronunciado como anulista) y Denise Dresser (politóloga, también promotora del movimiento anulista), entre otros. Fue un ejercicio interesante y tenaz, de intenso y respetuoso diálogo y discusión, intercambio de ideas y organización de foros y conferencias. Todo parecía indicar que, por fin, tras siete décadas, la figura sería reinstaurada (pues recordemos que aún aparecía en la Constitución de 1917). Y a la hora de la verdad, nada. ¿Cuántos esfuerzos como ese serían necesarios para que los partidos acepten decirnos, “votas y te quedas”?

Es una forma ingeniosa de expresar el tipo de representación política vigente en México, lo mismo bajo la era priista que en la pospriista. En buena parte, eso se debe a que no hay reelección de legisladores y alcaldes...

9 de junio de 2009

Aspirar a más

DENISE DRESSER

¿Usted sabe quién es su diputado? ¿Sabe cómo votó durante su paso por el Congreso? ¿Sabe cuántas veces viajó al extranjero y adónde? ¿Sabe qué iniciativas legislativas presentó? ¿Sabe cómo ha gastado el dinero público que usted le entregó a través de los impuestos? Es probable que usted no sepa todo eso, y quisiera sugerir por qué: el sistema político-electoral no fue construido para representar a personas como usted o como yo. Fue erigido para asegurar la rotación de élites, pero no para asegurar la representación de ciudadanos. Fue creado para fomentar la competencia entre los partidos, pero no para obligarlos a rendir cuentas. Fue instituido para fomentar la repartición del poder, pero no para garantizar su representatividad.

Y quizás por eso ahora hay tantos mexicanos insatisfechos, descontentos, descorazonados, que no saben por quién votar o si lo harán siquiera. Quizás por eso, como lo revela una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos y sólo 10% piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población mira a los partidos y ve allí una historia de priización, de complicidades, de organizaciones que dijeron enarbolar algo distinto para después actuar igual. Ve a partidos con algunas diferencias en cuanto a lo que ofrecen, pero con demasiadas similitudes en cuanto a cómo se comportan. Ve pluralismo en la oferta política, pero mimetismo en el desempeño gubernamental. Ve a partidos corruptos, partidos que se niegan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que hacen promesas para después ignorarlas, partidos que, en lugar de combatir la impunidad, perpetúan sus peores prácticas.

Allí está el PRI montado sobre el corporativismo corrupto y vanagloriándose por ello. O el PAN que prometió ser el partido de los ciudadanos pero acabó cortejando a Valdemar Gutiérrez, líder atávico del sindicato del IMSS. O el Partido Verde, única opción “ecologista” del planeta que apoya la pena de muerte mientras se vende al mejor postor y financia la farándula del “Niño Verde”. O el PRD, enlodado aún por el “cochinero” de su elección interna y que no logra remontar las divisiones internas producto de su relación de amor-odio con Andrés Manuel López Obrador. O el PT o Convergencia, saltando de alianza en alianza para ver cómo aterrizan mejor. Otorgándose salarios altos, fiestas fastuosas, aguinaldos amplios, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves en las mejores playas. Partidos cerca del botín que se reparten y lejos de la ciudadanía; cerca de los privilegios que quieren preservar y lejos de los incentivos para sacrificarlos.

Y ante eso se nos dice que debemos votar por alguno de ellos porque, si no, “afectaríamos la legitimidad de la representación política”, cuando en realidad esa representación sólo existe de manera trunca y parcial. Y se nos dice que el sistema de partidos funciona “razonablemente bien”, cuando en realidad funciona muy bien para la clase política pero muy mal para la ciudadanía. Y se nos dice que el sufragio por alguna de las opciones existentes fomentará el cambio, cuando en realidad sólo preservará el statu quo. Y se nos dice que si anulamos el voto estaríamos desacreditando a las instituciones, cuando en realidad han logrado hacerlo sin nuestra ayuda. Y se nos dice que debemos buscar verdaderos mecanismos de exigencia para demandar que la clase política se comporte de mejor manera, cuando en realidad no existen. Y se nos dice que anular el voto sería una “táctica ineficaz”, pero nadie propone una alternativa mejor para presionar a políticos –por supuesto– satisfechos con su situación.

Hoy por hoy, la clase política no tiene un solo incentivo para remodelar un sistema que tanto la beneficia. Quizás los candidatos prometerán hacerlo después de que votemos por ellos y lleguen al poder, pero una vez allí pueden ignorarnos sin costo. No hay reelección pero sí hay trampolín: saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de allí a una presidencia municipal y, de allí, de vuelta al Congreso. Una y otra vez, sin haber rendido cuentas jamás. Sin haber regresado a explicar lo que hicieron y por qué. Sin haber sido sometidos al escrutinio de electores con la capacidad de sancionar o premiar. Porque podemos llevar a alguien al poder con nuestro voto, pero no podemos castigarlo si lo ejerce en nuestra contra. Los políticos saben que han logrado erigir un muro infranqueable en torno a su alcázar; tienen una situación inusual y privilegiada que no quieren perder.

Algo está mal. Algo no funciona. Algo necesita cambiar y con urgencia. Porque cuando José Woldenberg sugiere votar “por el menos malo” me parece un consejo que coloca la vara de medición a ras del suelo, que obliga a México a seguir conformándose con poco y aspirando a menos. Siento que si voto por cualquier partido –en estas condiciones– contribuiré a avalar un sistema que debe ser cambiado desde afuera, ya que nadie lo va a hacer desde adentro. Siento que si tacho la boleta en favor de cualquier persona –en estas condiciones– acabaré contribuyendo a legitimar un sistema que actúa cotidianamente al margen de la ciudadanía. Siento que si voto incluso por una persona con amplios atributos –en estas condiciones– acabaré premiando a partidos que obstaculizan la profundización democrática en lugar de fomentarla.

Por ello tendremos que pensar en acciones que contribuyan a sacudir, a presionar, a protestar, a rechazar, a manifestar la inconformidad, a reconfigurar una democracia altamente disfuncional. Por ello habrá que proponer medidas que combatan la inercia y generen incentivos para mejorar la representación. Ya sea a través del voto anulado o el voto en blanco o el voto condicionado o el voto por Esperanza Marchita o una marcha multitudinaria o un frente común conformado por millones de mexicanos insatisfechos en busca de un catalizador para el cambio. Porque el voto “sin adjetivos” ya ha demostrado ser insuficiente; la competencia entre partidos ha demostrado ser insuficiente; la alternancia entre una opción ideológica u otra ha demostrado ser insuficiente.

El problema no son las personas o los partidos; es un sistema político que no asume la representación como punto de partida, como cimiento fundacional. El problema es la inexistencia de mecanismos democráticos como la reelección, las candidaturas ciudadanas, las “acciones colectivas”, la revocación del mandato, entre muchas más. El problema es que los partidos insisten en que nos representan adecuadamente cuando no es así. No podemos seguir fingiendo; ha llegado el momento de reconocer lo que no funciona y componerlo. Porque, como ha escrito José Antonio Crespo, votar por el partido “menos malo” equivale a comprar la fruta menos podrida, en lugar de presionar al vendedor para que –de ahora en adelante– venda fruta fresca. Equivale a decir que México no puede aspirar a más.

8 de junio de 2009

Masoquismo electoral

José A. Crespo

Mientras el abstencionismo refleja inconformidad, desmovilización y hastío, el voto nulo implica deseo de expresarse, de hacer visible la inconformidad, de presionar al sistema de partidos para que se abra y democratice. Con todo, un argumento muy persuasivo y recurrente de quienes promueven el voto partidista (es decir, por alguno de los partidos registrados, nos gusten o no) es que no será eficaz. En primer lugar, dicen, porque la Cámara baja de cualquier manera se instalará con sus 500 diputados. ¡Pues qué mejor! Al menos en lo que a mí respecta, lejos estoy de pretender que no se instale dicha Legislatura, la cual espero sea lo suficientemente perceptiva para entender el descontento ciudadano y la actual crisis de representación política, y actúe en consecuencia con el fin de superarla. Pero también creo que, para que eso suceda, debe enviárseles un claro mensaje de inconformidad (que no se potencia con la abstención ni con el voto partidista). Y de ahí el siguiente argumento contra la eficacia del anulismo: los partidos —nos dicen los sufragistas pro partido— son cerrados, cínicos, autistas e impermeables y desdeñosos de los mensajes y reclamos de la ciudadanía, pues se hallan concentrados en su respectivo interés y en su rebatinga por el poder. En efecto, casi todos pensamos algo semejante de los partidos. Según la última encuesta de Gobernación (de 2008), sólo 4% tiene plena confianza en los partidos y apenas 10% cree que los congresistas legislan pensando en sus representados.

Pero, de esa premisa, los promotores del voto partidista pasan a la conclusión de que más vale ir a la urna y votar por quien uno quiera (aunque no se quiera a ninguno). Extraño silogismo. Si asumo que los partidos, de manera irremediable, son ciegos y sordos a los electores, lo más lógico sería la abstención en lugar de votar por alguno de semejantes autistas. Por eso mismo, muchos de quienes abrigan esa mala imagen de los partidos tienden de plano a abstenerse como una forma de desesperanzado rechazo o de una como claudicación al juego partidista-electoral. Escribe, por ejemplo, Joel Ortega, histórico militante de la izquierda: “Si uno va el 5 de julio a las urnas, aunque anule el voto… termina haciéndose cómplice de todo un sistema de simulación… No puede haber medias tintas. O la gente manda a volar a la partidocracia, utilizando la poderosa arma del desdén a su simulación (la abstención) o vamos como borreguitos a legitimar una partidocracia decadente” (Milenio, 30/V/09).

No creer en los partidos en absoluto es, entonces, congruente con la abstención. Del otro lado, es razonable y normal votar por algún partido, si se considera que éste es suficientemente sensible y receptivo al interés de sus representados. Lo inaudito es que quienes piensen que los partidos son insensibles y cínicos —y que por ello no verán una activa protesta cívica, así fuese de 90%— concluyan que hay que votar por ellos y darles así nueva legitimidad y respaldo para que sigan haciendo de las suyas. Dice, por ejemplo, un lector de Excélsior: “El no votar o anular el voto de nada sirve ante el cinismo de los partidos… Todos sabemos que a los partidos solamente les interesa el poder y los resultados finales de las elecciones. Quieren solamente ganar y llevar agua y dinero a su molino. Sólo buscan el posicionamiento, para mamar de la ubre del erario y conseguir el poder… Promover la abstención o la anulación en nada mejorará las cosas… Ejerzamos el poder ciudadano con nuestro voto (partidista)” (29/V/09). Son muchos quienes hacen este razonamiento, lo que me evoca el síndrome de la mujer golpeada quien, ante su impotencia, acepta seguirlo siendo. Una especie de “masoquismo electoral”: los partidos me hacen a un lado, me mienten, se conceden privilegios a mis costillas, despilfarran mi dinero, no me rinden cuentas, me tratan como retardado mental. Pero, eso sí, sigo siéndoles fiel y, cada tres años, no importa qué, acudo a la urna a refrendarles humildemente mi respaldo. Una actitud que parece menos la de un ciudadano democrático y más la de un súbdito de aquel soberano que sólo tiene que rendir cuentas a Dios y a la historia. Con razón tenemos los partidos que tenemos. Eso contrasta con una frase de Manuel Clouthier que, con su peculiar oratoria, reivindicaba la dignidad ciudadana frente a los partidos: “No se trata de cambiar de dueño, sino de dejar de ser perro”.

He propuesto, por ende, anular el voto en vez de alejarse de las urnas, al menos para probar si los partidos reaccionan ante ello o no. Les concedo el beneficio de la duda, no porque sean buenas gentes o solidarios, sino porque, ante todo, son pragmáticos. Prefiero averiguarlo, en todo caso, en vez de quedarme con la duda. Si yo estuviera absolutamente convencido de que, en efecto, los partidos no nos verán ni oirán, entonces mejor me abstendría (aunque quizá, en lo que resta para la elección, me convenciera el Verde, el Panal o el PT). Es paradójico, pues, que los anulistas en general pensemos que los partidos pueden reaccionar positivamente bajo una fuerte presión cívica, mientras que muchos de quienes defienden el voto partidista crean que es inútil, dada la mezquindad partidocrática. En este punto, irónicamente, se emparientan con los abstencionistas.

Por lo pronto, el evidente enojo de los partidos, ante la propuesta anulista, podría verse como un indicio de que, en efecto, no tomarán en cuenta esta protesta ciudadana, cualquiera que sea su magnitud. Y eso me tienta a mejor no ir a votar, a mandar todo al diablo y quedarme en casa. Pero esa misma reacción partidista refleja, al menos, que el asunto no les es del todo indiferente (o no dirían nada al respecto). Lo cual me vuelve a animar a expresar mi inconformidad a través de la vía que explícitamente nos otorga la ley para ello: sufragar por un candidato no registrado. Frente a la abulia abstencionista y el “voto masoquista”, nos queda como opción legítima la protesta activa.

Los promotores del voto partidista pasan a la conclusión de que más vale ir a la urna y votar por quien uno quiera (aunque no se quiera a ninguno).

5 de junio de 2009

HOME

Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos nos dicen que solo tenemos 10 años para cambiar nuestros modos de vida, evitar de agotar los recursos naturales y impedir una evolución catastrófica del clima de la Tierra.

Cada uno de nosotros debe participar en el esfuerzo colectivo, y es para sensibilizar al mayor número de personas que realizé la película HOME.

Para que esta película sea difundida lo más ampliamente posible, tenía que ser gratuita. Un mecenas, el grupo PPR, permitió que lo sea. Europacorp que lo distribuye, se comprometió en no tener ningún beneficio porque HOME no tiene ningún interés comercial.

Me gustaría que esta película se convierta en vuestra pelicula. Compártelo. Y actúa.

Yann Arthus-Bertrand

Ciudades Amigas de la Bicicleta

PAN y PRI: contraste democrático

José A. Crespo

Viene un debate entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, en el cual seguramente lloverán nuevas y viejas descalificaciones. En la confrontación entre los dos principales punteros de la elección federal, el primero busca recordar el pasado autoritario del segundo, para alejarle votantes que quizás hayan decidido volver a sufragar por él (al considerarlo más capaz en las lides de gobierno de lo que resultó el PAN). Las encuestas siguen poniendo al PRI por encima, pese a todo. Y es cierto, el PRI llegó a representar todo aquello que asociamos con el autoritarismo: fraudes, corrupción, censura, represión e impunidad. Cuando uno recuerda que el PAN en el gobierno no ha sido radicalmente distinto del PRI, algunos panistas mencionan que no hay comparación entre el daño político provocado por el tricolor con respecto al que se le pueda adjudicar al PAN. Lo que me lleva a pensar que, quizá, eso se deba a que estamos evaluando los 70 años de régimen priísta frente a sólo nueve de gobiernos panistas. Pero, de quedarse el PAN setenta años consecutivos como lo hizo el PRI, quién sabe cómo resultaría el balance del blanquiazul.

Y si bien es más cómodo hacer una evaluación general de los gobiernos en cuestión (meter a todos los del PRI en una misma bolsa), la verdad es que también hubo diferencias entre unos y otros. Los perredistas lo saben bien y lo destacan en lo posible, pues su modelo favorito es el nacionalismo revolucionario que prevaleció antes de ser relegado por los tecnócratas del PRI. Los calderonistas también buscan la diferenciación, cuando así conviene; dicen, por ejemplo, que su guerra contra el narcotráfico es novedosa, para lo cual advierten las “omisiones” del gobierno de Vicente Fox. En esa misma lógica, ¿qué pasaría si hiciéramos una evaluación de contraste entre, por ejemplo, el último gobierno del PRI y el primero del PAN? ¿Cuál de los dos resultaría más democrático?

Me parece que quedaría bastante mejor parado el gobierno de Ernesto Zedillo que el de Fox. ¿Razones? Zedillo recibió un país agitado políticamente, lo que detonó la mayor crisis económica que se hubiera experimentado en décadas. Eso llevó a Zedillo a la conclusión de que, para evitar nuevos quiebres políticos o económicos, no quedaba sino una genuina apertura política, no simulada o cosmética como las de sus antecesores. Convocó a un pacto democrático con todos los partidos (los llamados “acuerdos de Barcelona”). El IFE obtuvo autonomía (con respecto al gobierno) y consenso partidario y alcanzó una enorme credibilidad. Hubo una nueva ley electoral que nos llevó a la plena competitividad. Se aceptaron triunfos del sol azteca en la capital y Zacatecas, así como otros del PAN en Yucatán, Jalisco y Querétaro. Zedillo admitió la derrota del PRI en la Cámara baja en 1997. Y, en 2000, la alternancia pacífica tuvo lugar por primera vez en nuestra historia.

En ese sexenio se avanzó de forma decisiva en la democratización, la cual, sin embargo, no estaba ni de lejos concluida, sino que requería consolidarse. Tarea encomendada a Fox con el claro voto que lo llevó a Los Pinos. Pero Fox muy pronto decidió echar reversa en la democratización, en lugar de “meter segunda”. No llamó a cuentas a ningún corrupto de los gobiernos priistas, sino que les extendió carta de impunidad. Después, habiendo identificado como enemigo (más que como adversario) al PRD y su seguro candidato presidencial, utilizó al Estado con fines político-electorales y violó así una regla primordial de la democracia; usó políticamente a la PGR durante los episodios de los videoescándalos y del “desafuero” a Andrés López Obrador (por una nimiedad, mientras se soslayaban faltas mucho mayores cometidas por políticos panistas o priistas). El PRI decidió excluir al PRD de la conformación del IFE en 2003, sin que el PAN (o el gobierno) lo evitaran, habiendo podido hacerlo, lo que implicó un duro golpe a la fortaleza y credibilidad del Instituto. Fox “metió las manos” en la elección presidencial, pese a haber exigido seis años antes a Zedillo que no lo hiciera, y aceptó la alianza corporativa y mapacheril de Elba Esther Gordillo, que heredó Felipe Calderón. La democracia electoral, en general, sufrió grave retroceso. Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, el del último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006, bajo el primer gobierno panista.

El contraste exige también comparar el país que recibió Fox con el que entregó: recogió un país entusiasmado, unido en torno al avance político, con un acuerdo democrático hasta entonces respetado y un sistema electoral confiable y prestigiado. Entregó un país dividido, confrontado, desencantado, un sistema electoral cuestionado y desacreditado, la impunidad fortalecida y el pacto democrático violentado. ¿Cuál resultó ser más democrático: el último gobierno del PRI o el primero del PAN? ¿Cuál impulsó la democracia y cuál la relegó? Las encuestas de Gobernación, desde 2001, reflejan justamente una caída gradual en la confianza en nuestras instituciones políticas, misma que se había incrementado a raíz de la alternancia. ¿Por qué será?

Muestrario. El presidente del IFE, Leonardo Valdés, con miras a promover el voto, asocia a éste con la batalla contra el crimen organizado, al declarar que, “si los mexicanos participamos en el proceso electoral… estaremos haciendo una aportación para combatir la delincuencia organizada” (2/VI/09). Más allá de que estemos o no de acuerdo con ello (yo esencialmente sí lo estoy y en parte por eso concurriré a las urnas), resulta que ese es el eje de la campaña del PAN, en consonancia con el gobierno. No sería raro, entonces, que algún partido opositor acuse al IFE de promover (así sea involuntariamente) la campaña del blanquiazul.

Compárese la claridad y el consenso electoral de 2000, bajo el último gobierno priista, con el opaco, incierto y cuestionado proceso de 2006.

4 de junio de 2009

El dilema de América Latina

Ante la crisis, lo peor que pueden hacer los países latinoamericanos es repetir las conductas populistas y financieramente irresponsables de los años ochenta. Pero hay indicios de que algunos lo harán.

Buenos y malos tiempos

Al terminar 2008 América Latina completó seis años con el más alto crecimiento económico en más de cuatro décadas. La mayoría de nuestros países se beneficiaron de una economía internacional en fuerte crecimiento, con términos de intercambio favorables y mercados de capital con liquidez y tasas increíblemente bajas.
Que la bonanza se haya prolongado por un año después de que, en el verano de 2007, comenzaron a manifestarse los problemas en los créditos hipotecarios de Estados Unidos, hizo que se pensara que nuestra evolución económica había logrado desvincularse de la de los países afectados por la crisis financiera. Todavía a mediados de septiembre de 2008 el presidente de Brasil comentaba: “La gente me pregunta sobre la crisis, y yo respondo: Vayan y pregúntenle a Bush; es su crisis, no la mía”. Al momento de escribir estas notas ya no hay duda: la enfermedad norteamericana se ha convertido en una pandemia.

Los acontecimientos recientes deberían llevar a los líderes políticos de América Latina a reconocer dos hechos, uno bueno y otro malo. El bueno es que las reformas emprendidas a fines de los ochenta y durante los noventa en la mayoría de nuestros países han valido mucho la pena. Pudimos eludir el desastre en la segunda mitad de 2007 y buena parte de 2008 gracias a que tenemos finanzas públicas más sanas, sistemas bancarios más sólidos, políticas cambiarias más flexibles, considerables reservas internacionales, mayor apertura al comercio y la inversión internacionales, y bancos centrales más independientes y enfocados a combatir la inflación.

La mala noticia es que los gobernantes latinoamericanos lamentarán no haber avanzado más seriamente en estas reformas. Muy pronto los gobiernos —quizás con la excepción del de Chile— habrán de confrontar la circunstancia de que su margen de maniobra para atemperar el costo de la crisis mundial es sumamente reducido.

Lecciones del pasado

Al afrontar la crisis nuestros dirigentes políticos deben tener muy presente la historia y evitar incurrir en errores que tuvieron graves consecuencias en el pasado. Casi todos los gobiernos latinoamericanos respondieron a los choques petroleros de 1973 y 1979 con aumentos masivos en el gasto público, controles de precios, subsidios inmensos a empresas y sectores ineficientes, creación de multitud de empresas estatales, políticas cambiarias incongruentes y mayor cerrazón al comercio y la inversión foránea. La recesión internacional, lejos de motivar una prudente austeridad, desató una oleada populista a lo largo y lo ancho de la región. Lógicamente, los déficit fiscales y de cuenta corriente en balanza de pagos se dispararon.

Cuando el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el mando del legendario Paul Volcker, finalmente actuó en 1981 para restablecer la estabilidad de precios en ese país, restringiendo el crecimiento de la oferta monetaria y dejando que las tasas de interés aumentaran drásticamente, los gobiernos y muchas empresas de América Latina quedaron atrapados con deudas externas mucho mayores que las de pocos años antes.

A fines de agosto de 1982 México cayó en suspensión de pagos, camino que siguieron otros países latinoamericanos poco tiempo después. Estos acontecimientos marcaron el inicio de la llamada década perdida para América Latina. La principal lección de los setenta para sortear la presente crisis es muy concreta: es muy riesgoso endeudarse para compensar los efectos de una recesión internacional.

Por otra parte, es un hecho que, si bien las finanzas públicas y las balanzas de pagos son ahora más sólidas que en el pasado, en la mayoría de nuestros países esta mejora no alcanza para responder con expansiones fiscales que compensen la caída en la demanda externa.

En las circunstancias actuales, aumentos considerables en el gasto público o disminuciones en los impuestos conducirán a marcados deterioros en las cuentas fiscales y de balanza de pagos, que simplemente no podrán ser financiados sanamente. Aun en el improbable caso de que el crédito externo se reanime pronto, no sería prudente hipotecar de nuevo la recuperación futura de nuestras economías.

Lo prudente es que dejemos que la carga inicial de combatir la recesión mundial sea de las naciones que emiten las monedas globales, así como de aquellas que han generado excedentes de ahorro realmente excesivos durante los años de expansión recientes. Lo mejor para nuestras economías, y para la economía global, es que nos ajustemos ordenadamente a la menor demanda mundial y a la reducida disponibilidad de financiamiento e inversión internacionales.

En este momento de gravísimos aprietos más valdría hacer lo que desafortunadamente no hicimos en los setenta y al inicio de los ochenta: en vez de embarcarnos en aventuras populistas como las que nos alejaron por varias décadas de la convergencia económica con los países más avanzados, tendríamos que aprovechar el sentido de urgencia que emanará de esta grave crisis, actuar con una verdadera visión de largo plazo y posicionarnos firmemente para la recuperación de la economía global que, tarde o temprano, habrá de llegar.

La causa de nuestros rezagos

El ajuste macroeconómico en que habremos de incurrir —querámoslo o no; ex ante o ex post— nos toma todavía muy lejos de haber avanzado suficientemente en los principales indicadores sociales. Considérese que en 1990 casi 48% de las familias de América Latina vivía en situación de pobreza; hasta ahora hemos podido reducir esa proporción sólo a cerca de 40%. Nuestra región sigue siendo la de mayor desigualdad en la distribución del ingreso en todo el mundo, con muy poco avance en este aspecto durante los últimos 20 años.

Para empezar esa reflexión, podríamos plantearnos una pregunta concreta: ¿Cuál es la principal causa de que en América Latina no avancemos satisfactoriamente en la solución de nuestros graves rezagos sociales? La causa principal es nuestro insuficiente crecimiento económico. Es una larga y repetida historia:

* Desde mediados del siglo XX todos los países de Occidente, salvo los de América Latina, han ido cerrando la brecha económica respecto a Estados Unidos. Los latinoamericanos somos ahora los países más pobres de Occidente.
* El ingreso por persona de América Latina es casi la quinta parte, 22%, del de Estados Unidos, proporción menor al 28% que se registraba en 1950.
* En contraste, un grupo representativo de países europeos, entre ellos España, que en 1950 tenían un ingreso per cápita equivalente a 40% del de Estados Unidos, lograron, para 2000, subirlo a 60%. En el mismo medio siglo, un grupo comparable del este asiático aumentó esa proporción de 16% a 57%.
* En promedio, la de América Latina ha sido la economía de más débil crecimiento entre todas las regiones de países en desarrollo durante casi tres décadas. El ingreso per cápita creció sólo 1% por año durante 1980-2005. Ese crecimiento es la quinta parte del registrado en las economías emergentes de Asia, y es incluso menor al registrado, en promedio, en los países del África al sur del Sahara y en los del Oriente Medio y norte de África, regiones mucho más turbulentas políticamente que las nuestras.
* No es verdad que haya habido milagros latinoamericanos en los años cincuenta, sesenta o setenta. Ciertamente, en algunos lapsos de esas décadas crecimos más que después de 1980, pero muchos otros países lo hicieron más rápido. Desde 1950, en todas las décadas, América Latina creció a tasas menores que los países emergentes del Asia del Este y que los de la OCDE.
* Tampoco es verdad que haya habido milagros latinoamericanos antes de 1950. En 1900 el ingreso por persona en América Latina era 29% del de Estados Unidos, proporción casi igual a la de 50 años después. Es decir, nuestro estancamiento no es de hace 25 ni 50 años. Se remonta a más de un siglo. De hecho, la brecha económica entre América Latina y Estados Unidos era menor en 1800 que ahora.
* Si bien desde 1990 nuestro desempeño económico ha sido mejor que el de la “década pérdida”, el crecimiento resultante ha sido bajo. La minibonanza de 2003-2008 no nos ayudó a cerrar la brecha porque en el mismo lapso los países de otras regiones crecieron más rápido que nosotros.

Las causas de la causa

Para sorpresa de nadie, todos los estudios serios han encontrado que la proverbial inestabilidad macroeconómica latinoamericana —expresada en volatilidad del producto per cápita, altas inflaciones y recurrentes crisis financieras y de balanza de pagos— ha sido un fuerte factor inhibidor del crecimiento económico. Esta conclusión la han obtenido economistas de diversas orientaciones, y es también la del reporte de la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo (en adelante La Comisión), que fue presidida por el Premio Nobel de Economía, Michael Spence, de la que formo parte.

Nadie que vea los hechos con objetividad puede negar que la desatención a los equilibrios macroeconómicos esenciales de nuestras economías ha tenido costos inmensos en términos de producto, empleo y agravamiento de la pobreza.

La disciplina macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente para tener un buen desempeño económico. La evidencia histórica nos dice claramente que con indisciplina hay garantía de crisis y falta de crecimiento, pero también nos dice que la disciplina macro, por sí sola, no es garantía de un crecimiento económico más rápido. El armado del rompecabezas requiere otras piezas.

Algunas pistas se pueden encontrar en los estudios estadísticos que se ocupan de la llamada contabilidad del crecimiento del producto nacional, donde se busca explicarlo como función del crecimiento del capital físico y humano, y de las tecnologías que se utilizan en el proceso productivo de una nación.

Gracias a la abundancia de mano de obra, la velocidad de crecimiento en las etapas iniciales de desarrollo está limitada esencialmente por el ritmo de inversión. El crecimiento depende de la inversión, pero la inversión depende del ahorro, al cual las economías de alto crecimiento asignan una proporción muy elevada de su ingreso.

El ahorro externo excesivo es muy riesgoso, como lo ha probado América Latina muchas veces y como lo prueba la economía más grande del planeta justo con la presente crisis. De hecho, no existe un solo caso con una trayectoria de alta inversión y rápido crecimiento del producto, que no haya estado sustentada esencialmente en el ahorro interno. Las historias de éxito son todas de “visión al futuro”, sacrificando consumo presente a favor de mayor ingreso en el futuro.

En las economías de mercado la inversión privada es el principal motor del crecimiento. Pero ningún país ha sostenido un alto crecimiento sin tener altas tasas de inversión pública —en infraestructura, salud y educación—. Este gasto, lejos de desplazar la inversión privada, la facilita, a condición de que tenga un sustento financiero sano. Si tomamos los casos de alto crecimiento como guía, parecería que tasas totales de inversión mayores a 25% del producto son indispensables. Cabe destacar que en los países asiáticos de alto crecimiento la inversión pública en infraestructura ha representado entre 5% y 7% de sus respectivos PIB. Además, esas economías invirtieron por lo menos entre 7% y 8% de su PIB en educación, capacitación y salud, lo cual no se toma como inversión en las cuentas nacionales.

En promedio, la tasa de ahorro en nuestra región es menos de la mitad de la que se registra en los países emergentes de Asia. A mediados de los setenta del siglo XX, el sureste asiático y América Latina tenían tasas similares de ahorro. 20 años después, la tasa asiática era 20 puntos porcentuales más alta que la nuestra. China ha ahorrado cada año más de 30% de su ingreso nacional durante los últimos 25 años.

Educación y productividad

Las inversiones en capital humano generan oportunidades de crecimiento. Sin embargo, no se traducen mecánicamente en crecimiento. Hay otros factores en juego. La mala salud y la desnutrición en edad temprana tienen un impacto adverso de primer orden en el crecimiento y la equidad. Todos los países que han sostenido un alto crecimiento por largos periodos han hecho un esfuerzo especial para educar a su población y, en general, ampliar su capital humano. Pero los años de escolaridad son sólo un factor de la educación. El indicador de escolaridad promedio no registra otros importantes resultados del proceso educativo, tales como el conocimiento y las habilidades cognoscitivas básicas.

La evidencia que revisamos en La Comisión nos llevó a concluir que en muchos países que no han podido crecer satisfactoriamente, el gasto educativo está afectado por serias deficiencias, lo que constituye no sólo una restricción al crecimiento sino también una causa severa de desigualdad de oportunidades.

La calidad y pertinencia del proceso educativo continúan relegados en la mayoría de nuestros países esencialmente por razones políticas. Intereses gremiales y, tristemente, grupos que se autoproclaman “progresistas” han capturado a nuestros sistemas educativos, haciendo muy difícil su transformación.

Sin embargo, es interesante registrar que algunos estudios estadísticos concluyen que, en general, el bajo crecimiento de América Latina se origina no tanto en el insuficiente crecimiento de nuestro capital físico y humano, sino en la baja productividad con que utilizamos esos factores.

Esto significa que para aumentar el crecimiento del producto no sería necesario esperar que aumente la tasa de ahorro e inversión de la economía, ni esperar el plazo largo que lleva mejorar el capital humano, sino remover los obstáculos que impiden el aumento en la productividad.

La respuesta a la pregunta de qué hace a nuestras economías menos propensas a la innovación y por lo mismo menos productivas, reside en los obstáculos que aún existen en prácticamente todos nuestros países para el desarrollo de nuevos mercados, empresas y productos.

Competencia y empleo

El estudio anual del Banco Mundial, Doing Business, que en su edición 2009 pública datos para 181 países, revela que el índice de facilidad para abrir una empresa en Brasil, México y Argentina se ubica, respectivamente, en los lugares 127, 115 y 135. El índice de conveniencia para emplear trabajadores, en los lugares 121, 141 y 130. Estos y otros indicadores explican que el índice de competitividad global que se elabora cada año por encargo del Foro Económico Mundial, arroje que entre los 135 países que cubre su edición más reciente, Brasil ocupe el lugar 64, México el 60 y Argentina el 88.

En La Comisión encontramos que todas las economías de alto crecimiento han dependido del sistema de mercado para asignar recursos escasos. El siglo XX vivió muchos experimentos con sistemas distintos a la economía de mercado. Todos ellos fracasaron rotundamente. No es, por tanto, aventurado decir que contar con mercados que funcionen constituye un componente indispensable para tener crecimiento. El cambio estructural bajo la presión de la competencia es lo que impulsa el aumento de la productividad.

En consecuencia, los gobiernos comprometidos realmente con alcanzar el crecimiento deben liberalizar sus mercados. Es decir, deben facilitar al máximo la creación y entrada a la competencia de más empresas, e igualmente deben facilitar la desaparición de las que son incapaces de competir. También deben promover que los mercados laborales sean flexibles, de manera que las nuevas empresas puedan crear rápidamente empleos y los trabajadores moverse rápido a ocuparlos.

Para que esto ocurra, la mano de obra debe poder cambiar del campo a la fábrica, de una industria a otra, y de la economía informal a la formal. Los derechos de los trabajadores deben protegerse con mejores leyes e instituciones que induzcan a las personas a emplearse en el sector formal de la economía en vez de seguir subempleadas y precariamente remuneradas en el sector informal, donde el grado de especialización será siempre limitado.

A pesar de la liberalización de los últimos 20 años, la competencia continúa siendo limitada en América Latina. Nuestras economías no sólo han estado más cerradas a la competencia internacional que la estadunidense, las europeas o las asiáticas, sino que hemos mantenido mucho mayores barreras a la competencia interna a través de una multitud de instrumentos.

Durante muchos años fuimos líderes en la aplicación de barreras al comercio internacional y cuando, por fin, decidimos abrirnos (aunque nunca en la medida en que los otros lo han hecho) nos las arreglamos para seguir inhibiendo la competencia en nuestras economías. Con ese propósito seguimos utilizando de todo; desde onerosas barreras de entrada a los sectores formales de nuestras economías, hasta la persistencia de esquemas laborales que penalizan el empleo y la capacitación de la fuerza de trabajo.

Y no es ironía, sino reflejo de su interés propio, que algunas veces quienes ya han recibido beneficios importantes de nuestro incipiente capitalismo se opongan a una mayor competencia externa e interna.

Propiedad, Estado y mercado

Las deficiencias en el registro y en la protección jurídica de los derechos de propiedad es otra poderosa fuerza que conspira en contra de la competencia y el fortalecimiento del mercado interno. Son los más pobres, cuya protección es frecuentemente enarbolada por los escépticos de la economía de mercado, quienes más sufren las consecuencias de la falta de libertad económica y competencia que todavía obstruye a nuestras economías.

Sin duda, el papel del Estado es crucial para que existan economías de mercado más eficientes, dinámicas e incluyentes en América Latina. En La Comisión encontramos que las economías con alto crecimiento han tenido gobiernos creíbles, capaces y comprometidos con el objetivo de crecer. Hubo pleno acuerdo en que aunque el sector privado debe ser el generador primario de inversión y empleo, el papel del Estado es igualmente esencial para alcanzar el crecimiento sostenido.
Por principio de cuentas, sin gobierno no puede haber economía de mercado, ya que ésta requiere del Estado de derecho, cuya creación y vigencia son función primaria y exclusiva del Estado. La justicia y la fuerza para hacerla valer constituyen el único monopolio del cual no puede ni debe abdicar el Estado.

Un sistema legal sólido, justo y eficiente es indispensable no sólo para otorgar la seguridad de protección de los derechos políticos y humanos de los individuos, sino también para garantizar los derechos de propiedad y de iniciativa, sin cuya vigencia no es posible que se desarrolle una economía de mercado dinámica e incluyente.
Además de esforzarse por garantizar los derechos de propiedad y de iniciativa, los gobernantes de los países exitosos han entendido que el crecimiento sostenido no ocurre por sí solo ni por casualidad. Alcanzarlo debe ser el objetivo trascendente de la política económica, adoptado de manera deliberada. En esas economías los gobernantes han comprendido que el desarrollo exitoso precisa de un compromiso de varias décadas y han logrado resolver juiciosamente el dilema fundamental entre el presente y el futuro. Durante un largo periodo de transición, los ciudadanos deben sacrificar consumo presente a cambio de mejores niveles de vida en el futuro. Este intercambio sólo será aceptado si los gobernantes son capaces de transmitir una visión de futuro clara y una estrategia creíble para alcanzarlo. Esa promesa debe ser incluyente, sembrando en los ciudadanos la confianza en que tanto ellos como sus descendientes podrán participar del fruto de ese sacrificio.

Equidad e igualdad de oportunidades

Para que el crecimiento sea sostenible, es esencial que sus beneficios sean distribuidos de manera más equitativa y que, sin dañar los incentivos al trabajo y la productividad, se cuente con instrumentos de política para que la gente quede protegida de las perturbaciones económicas más severas.

Igualmente, se insistió mucho en que los gobiernos deben tomar en cuenta la distinción entre equidad e igualdad de oportunidad.

El primer concepto se refiere al resultado final de los procesos económicos: la gente tiene diferentes ingresos como consecuencia, entre otros factores, de su esfuerzo y habilidades. El segundo concepto, de igualdad de oportunidades, se refiere al punto de partida y tiene que ver con cuestiones básicas como acceso a servicios de salud, nutrición, educación y oportunidades de empleo, así como la garantía de trato igual ante la ley.

Por supuesto, a la gente le importan ambos aspectos; pero entiende que los mercados no producen resultados uniformes para todos. Puede tolerar esta desigualdad en los resultados, a condición de que el Estado la modere con políticas tributarias y de gasto público. Estas políticas deben servir para alentar la cohesión social y así favorecer la continuidad del proceso de crecimiento; deben aplicarse juiciosamente, ya que llevadas al extremo, o mal diseñadas, disminuyen los incentivos al ahorro, la inversión y el trabajo.

La mejor manera de promover la igualdad de oportunidades es a través de la provisión de servicios básicos de salud y educación, así como la construcción de lo que podríamos llamar la infraestructura del capitalismo popular: es decir, asegurarse de que las personas en condiciones de pobreza tengan identidad legal, plena certeza en sus derechos de propiedad y acceso a instrumentos modernos de ahorro e inversión, como lo ha explicado Hernando de Soto más lúcidamente que otros autores contemporáneos.

Algunas de las desigualdades más agudas se dan en el seno familiar, ya que en muchos países las mujeres aún no cuentan con las mismas oportunidades que los hombres. El lugar lógico para corregir esta desigualdad está en los obstáculos que impiden a las niñas y jóvenes completar el trayecto entre la entrada a la escuela y el empleo productivo.

Democracia y Estado de derecho

En La Comisión nos quedó claro que en los casos exitosos los gobiernos fueron pragmáticos en la procuración del crecimiento, estuvieron preparados para intentarlo, errar y aprender. Los latinoamericanos hemos intentado, errado, pero, tristemente, no aprendido. La causa de esto no se encuentra en la economía. Parece más bien estar en la política.

Hay analistas que piensan que nuestro problema es que nunca nos ponemos de acuerdo en lo que debe y puede hacerse. Otros insisten en que el problema se encuentra en nuestra adhesión a la democracia, y nos recuerdan, con la vista puesta en la experiencia asiática, que los países en desarrollo que van teniendo éxito son típicamente aquellos donde las buenas políticas fueron llevadas a cabo por gobiernos no precisamente democráticos.

A esos suspicaces de nuestra tierna democracia habría que recordarles que durante casi dos siglos de vida independiente los latinoamericanos hemos probado ad nauseam que los gobiernos autoritarios y las buenas políticas nunca vienen en paquete. Nuestra nutrida experiencia a lo largo de casi 200 años sugiere precisamente lo contrario. Hoy en día los mayores absurdos en el manejo económico están donde la democracia o no existe o amenaza con hacerse más pequeña.

El problema mayor no es que nuestros políticos, nuestros partidos y nuestras sociedades sean poco proclives a ponerse de acuerdo. El problema principal está en la debilidad de nuestras instituciones. Esa debilidad magnifica el costo de los errores políticos. Se genera un círculo vicioso, porque la debilidad institucional lleva a malas políticas, las malas políticas arrojan malos resultados, los malos resultados menoscaban la democracia, y al ocurrir esto la debilidad institucional se acentúa.

El círculo vicioso debe romperse en el eslabón de nuestra debilidad institucional. Es verdad que no podemos ponernos de acuerdo en todas las reformas institucionales que requerimos, pero existe una en la que no sólo todos podemos convenir, sino que además es probable que sea la más decisiva para romper el círculo vicioso. Esa reforma es la del Estado de derecho.

Ningún país ha logrado ser próspero sin una economía de mercado. Pero el complejo entramado de intercambios de bienes y servicios que hacen posible la especialización productiva, la formación de empresas, la creación de empleos productivos, el comercio local, nacional e internacional, y las transacciones financieras que en su conjunto constituyen la economía de mercado, no puede desarrollarse a plenitud, con oportunidades para todos, sin un sistema legal sólido; es decir, con reglas justas y transparentes, y con mecanismos que aseguren su aplicación justa y expedita.

Son los pobres quienes más sufren de la falta de libertad económica y de la exclusión de las oportunidades que provee la economía de mercado. Esto ocurre no sólo porque un limitado acceso a ciertos bienes como la educación, la salud y la infraestructura básica los deja en una situación de desventaja, sino también porque el sistema legal, lejos de protegerlos, los discrimina en el ejercicio de sus derechos de propiedad y de iniciativa.

El fortalecimiento de nuestros Estados para que desempeñen la función esencial de la justicia, puede ser el gran punto de confluencia de la amplia diversidad política que, afortunadamente, existe en América Latina.

Es una tarea que puede emprenderse al tiempo que nos ajustamos con vistas a reducir el costo de la recesión internacional. En este trance las democracias que hemos construido en los últimos 20 años serán particularmente valiosas. Podemos esperar ajustes ordenados en las naciones latinoamericanas donde existen los indispensables pesos y contrapesos que confiere la democracia. Éste es, por fortuna, el caso de la mayoría de nuestros países y, ciertamente, el de las economías más grandes de la región.

Más alto es el riesgo en los casos donde, lamentablemente, la democracia ha tendido a debilitarse a últimas fechas. Ahí es más probable que se olviden las lecciones del pasado, se adopten las políticas equivocadas y se acabe pagando un precio muy alto por la primera crisis global del siglo XXI.


Ernesto Zedillo Ponce de León. Ex presidente de México y director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale.

Una versión más amplia de este texto puede consultarse en el libro Iberoamérica 2020. Retos ante la crisis, coordinado por el ex presidente español Felipe González, que empezará a circular en el verano.