31 de octubre de 2009

La cronología del acuerdo en Honduras

El el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el lìder del gobierno de facto de Honduras, Roberto Micheletti, llegaron a un acuerdo para poner fin a la crisis política del país.

Junio 24- Zelaya destituye al jefe de las fuerzas armadas, el general Romeo Vásquez, luego de que militares se rehusaran a ayudar a distribuir las urnas para un referendo no oficial sobre una reforma a la Constitución, que incluía permitir la reelección presidencial. La Corte Suprema ya había dictaminado que la votación era ilegal.

Junio 25- La Corte Suprema de Justicia ordena la restitución de Vásquez. Zelaya guía a un grupo de partidarios hacia la toma de una base militar para buscar las urnas por la fuerza y promete seguir adelante con la votación.

Junio 28- El día del referendo, soldados detienen a Zelaya durante la madrugada en la casa presidencial y lo expulsan en piyamas en un avión hacia Costa Rica.

- El Congreso hondureño nombra a Roberto Micheletti como presidente interino. La Corte Suprema informa que ordenó a las Fuerzas Armadas remover a Zelaya.

- El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspenden los préstamos a Honduras.

Junio 29- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que el golpe de Estado es ilegal y que sentará un "terrible precedente" de transición hecha por fuerzas militares, a menos que sea revertido.

Junio 30- La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprueba una resolución pidiendo a sus 192 miembros que sólo reconozcan al Gobierno de Zelaya. El derrocado presidente promete regresar a Honduras.

Julio 4- La Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne en Washington y suspende a Honduras luego que autoridades interinas ignoraran un ultimátum para reinstaurar a Zelaya.

Julio 5- Al menos un manifestante pro-Zelaya muere y dos son heridos en enfrentamientos en el aeropuerto de Tegucigalpa mientras soldados hondureños bloquean un intento del despuesto gobernante de regresar al país.

Julio 7- Zelaya y Micheletti aceptan la mediación del presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, en negociaciones para tratar de solucionar el conflicto.

Julio 8- El Gobierno de Estados Unidos suspende 16,5 millones de dólares de ayuda en programas militares de asistencia a Honduras.

Julio 9- Arias se reúne por separado en Costa Rica con Zelaya y Micheletti. No logró sentarlos en la misma mesa.

Julio 22- Los rivales abren nuevo diálogo y en señal de flexibilidad, la delegación de facto anuncia que dejará al Congreso y al poder Judicial considerar la propuesta de permitir el regreso de Zelaya.

Julio 23- Zelaya deja la capital nicaragüense Managua escoltado por partidarios y periodistas y se dirige hacia la frontera con Honduras.

Julio 24- Soldados hondureños acordonan la frontera con Nicaragua frustrando un intento de Zelaya de entrar al país. Zelaya da unos pasos simbólicos en Honduras y luego se retira.

Julio 30- El Gobierno de facto insiste en que no permitirá que el depuesto presidente regrese al poder, enfriando las esperanzas de un acuerdo que termine la crisis política.

Agosto 31- Es improbable que Zelaya regrese al poder, dice el presidente venezolano, Hugo Chávez, semanas después de ardua diplomacia para reinstalar a su cercano aliado de izquierda.

Septiembre 21- Zelaya pone fin a casi tres meses de exilio forzado al volver a Honduras, sorpresiva y clandestinamente. Se refugia en embajada brasileña para evitar su arresto. Soldados acordonan la embajada y se decreta un toque de queda.

Septiembre 22- La policía se enfrenta con manifestantes pro Zelaya a las afueras de la embajada de Brasil.

Septiembre 23- El Gobierno de facto suspendió por algunas horas el toque de queda para que los hondureños pudieran abastecerse de alimentos y otros productos básicos.

- Líderes iberoamericanos reclamaron ante la restitución de Zelaya ante la ONU. Choques entre seguidores del depuesto presidente y la policía dejan un muerto y varios heridos.

Septiembre 24- Se dan señales de diálogo para superar la crisis política cuando un enviado del Gobierno de facto se reúne con Zelaya.

Septiembre 26- Micheletti dio un ultimátum de 10 días a Brasil para definir el "estatus" de Zelaya dentro de embajada.

Septiembre 27- El Gobierno de facto emite un decreto que restringe algunas libertades, como de manifestación y prensa, e impidió el ingreso al país de una delegación de la OEA.

Septiembre 28- Amparados en el decreto, militares cerraron un canal de televisión y una estación de radio pro Zelaya.

Septiembre 30- El Gobierno de facto suavizó amenazas contra embajada de Brasil y un enviado de la OEA afirmó que era posible un diálogo entre las partes en pugna.

Octubre 2- Micheletti revela que se reunió en secreto con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en una señal para destrabar la crisis política.

Octubre 5- El Gobierno de facto dice que levantará suspensión a libertades, pero no publica la decisión en el diario oficial.

Octubre 7- Se instaura un diálogo en Honduras basado en el plan Arias y con la mediación de una misión de cancilleres de la OEA. Las delegaciones de Micheletti y Zelaya se sientan en una mesa de negociaciones.

Octubre 14- Las partes acuerdan que no se lleve a cabo una Asamblea para reformar la Constitución, uno de los objetivos de Zelaya a fin de habilitar la reelección.

Octubre 16- La restitución de Zelaya sigue siendo el impedimento para un acuerdo. El presidente depuesto puso de plazo el viernes para llegar a un pacto y de no ser así analizará nuevos planteamientos para volver al poder.

Octubre 17- La alianza de gobiernos ALBA condena el golpe de Estado y acuerda aplicar sanciones económicas y comerciales contra el Gobierno de facto.

Octubre 19- Las negociaciones entran en un punto muerto, en medio de acusaciones entre el Gobierno de facto y el equipo de Zelaya de entorpecer el diálogo. Al mismo tiempo, el Gobierno de facto publica un decreto con el que revoca las restricciones a las libertades civiles.

Octubre 21- El Gobierno de facto admite por primera vez oficialmente que no ve posible el regreso de Zelaya al poder. Estados Unidos revoca más visas a funcionarios hondureños involucrados con el golpe de Estado, mientras que la OEA denuncia "entrampamiento" en las negociaciones.

Octubre 23- El equipo negociador de Zelaya se retira de la mesa de diálogo, ante el rechazo del Gobierno de facto a restituirlo y cuestiona la legitimidad de las futuras elecciones.

Octubre 28- Una delegación estadounidense encabezada por el secretario adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, llega a Honduras para reunirse con Zelaya y Micheletti y presionar a ambas partes a retomar el diálogo.

Octubre 29- Micheletti autoriza a su equipo de negociadores a firmar un acuerdo que incluye la posibilidad de un voto en el Congreso, con la previa opinión de la Corte Suprema de Justicia, con el que podría decidirse el restablecimiento de Zelaya en el poder.

- Zelaya dice que el acuerdo será firmado el viernes y lo califica de un "primer paso" para la restitución de la democracia en el país.

- La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, alaba desde Pakistán el acuerdo y dice que su país está "muy claramente del lado de la restitución del orden constitucional, y eso incluye las elecciones.

30 de octubre de 2009

El dilema de los gobiernos panistas

Leo Zuckermann

Cuando se escriba la historia de los gobiernos panistas, uno de los capítulos importantes, quizás el principal, será su relación con el PRI. Uno de los dilemas que el PAN no ha acabado de resolver es hasta dónde enfrentarse a los priistas y hasta dónde cooperar con ellos.

Vicente Fox no esperaba ganar la elección presidencial de 2000. Todavía al salir de votar en aquellos comicios, declaró que se estaba fraguando un fraude electoral. Horas después sería declarado el ganador. Desde ese momento surgió la duda: ¿qué haría el nuevo gobierno panista con el PRI? Si bien el PAN había ganado la Presidencia, el tricolor seguía teniendo una gran fuerza en los gobiernos locales y en el Congreso.

Dentro del grupo foxista surgieron dos posiciones. Por un lado, estaba la que abanderó el canciller Jorge Castañeda. Para este grupo, el 2 de julio de 2000 había representado una ruptura con el pasado autoritario y, por tanto, Fox debía enterrar de una vez por todas las fuerzas del antiguo régimen. Por el otro, estaba el grupo liderado por el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Para ellos, el electorado no había mandado una señal tan contundente de cambio lo cual se vio reflejado en la conformación de un gobierno dividido con una participación importante del PRI en el Legislativo. Fox debía negociar y acomodarse con las fuerzas del antiguo régimen. La primera postura llamaba al desafío directo al PRI; la segunda, al acuerdo con este partido. El Presidente se decidió claramente por la última alternativa. Castañeda salió del gabinete. Creel siguió de secretario y fue el favorito de Los Pinos para suceder a Fox.

En 2006, el PAN volvió a ganar la Presidencia. Pero, a diferencia de 2000, Felipe Calderón llegó muy debilitado. El PRI, aunque electoralmente disminuido, jugó bien sus cartas para asegurar la toma de posesión del Presidente panista. De esta forma, la negociación con el PRI se dio desde antes de que llegara Calderón a Los Pinos. No obstante, del PAN llegaron nuevas voces que invitaban al enfrentamiento con los priistas. Paradójicamente, venían de políticos como Manuel Espino, cercanos al ex presidente Fox.

Durante la primera parte de su sexenio, Calderón privilegió el acomodo con los priistas. La opción del enfrentamiento revivió durante las elecciones intermedias de 2009. El líder del partido, muy cercano al Presidente, entendió que la lucha electoral era con el PRI y procedió a enfrentarse a ellos. Desde el gobierno llegaron voces que alertaron de esta estrategia. Si a Germán Martínez se le pasaba la mano en contra del PRI, luego sería difícil negociar con ellos durante la segunda parte del sexenio. Otra vez se hizo evidente el dilema de los gobiernos panistas: hasta dónde enfrentarse y hasta dónde negociar con el PRI.

El último capítulo de esta historia ha sido el paquete fiscal de 2010. César Nava se enfrenta a los priistas mientras que Calderón los apapacha. El mismo dilema desde 2000. La misma postura dubitativa de qué hacer con el PRI. Pero, al final del día, me parece que los gobiernos panistas han privilegiado el acomodo con el tricolor. De esta manera, los cambios de fondo que prometió el PAN han quedado más en la retórica que en la realidad. La verdad es que los panistas no han tenido ni la fuerza ni la voluntad para desmantelar el poder de los priistas. Incluso me atrevería a decir que lo han aumentado.

Si a Germán Martínez se le pasaba la mano en contra del PRI, luego sería difícil negociar con ellos durante la segunda parte del sexenio.

Intervencion Javier Corral sobre Ley Federal de Derechos

29 de octubre de 2009

Necesaria rectificación

Javier Corral Jurado

En esta semana el Senado deberá aprobar el paquete económico enviado la semana pasada por la Cámara de Diputados. Es muy importante que los senadores, en ejercicio de su facultad revisora, rectifiquen el primer transitorio de la ley federal de derechos, que dispone una exención de 5 mil 600 millones de pesos a los operadores de telecomunicaciones que resulten concesionarios de la banda de frecuencia del espectro radioeléctrico que va de 1.7 a 2.1 gigahertz, para servicios móviles de tercera generación. Lo debe hacer porque se trata de un privilegio fiscal indebido para unos cuantos, mientras que a la población en general el paquete ha impuesto nuevas cargas fiscales y aumentos de tasas impositivas.

En los próximos meses el gobierno de la República licitará esos dos rangos de frecuencias en diferentes bloques: dos redes nacionales de 30 mhz cada una y otros tres segmentos regionales de 10 mhz (90 en total). El valor de cada megahertz nacional para el pago de derechos está calculado en 32 millones de pesos, lo que nos arroja 2 mil 800 millones de pesos.

En nuestro país las concesiones de espectro para servicios de telecomunicaciones se otorgan con subasta y el Estado fija dos momentos para imponer un aprovechamiento: la base mínima de entrada a la licitación y luego el pago de un derecho anual. El precio de entrada es muy bajo; para esta banda será alrededor de 6 millones por cada megahertz, y el pago del derecho sube a casi 32 millones por cada megahertz nacional. Las concesiones se otorgan por 20 años, durante los cuales debe pagar el derecho.

Se trata del sector más rentable de la economía nacional que opera a partir de un bien que nos pertenece a todos. El uso, goce y aprovechamiento de ese bien nacional ha llevado, por ejemplo, a don Carlos Slim a colocarse en los más ricos del planeta. Esta banda es una de las más codiciadas por todos los operadores de telecomunicaciones y de televisión, pues les dará movilidad y les permitirá asociar varios de los servicios que ya prestan a sus nuevas concesiones móviles, y así podremos ver televisión o tener acceso a internet desde un móvil, con más ancho de banda y por lo tanto mucha más velocidad.

No por algo se dice que el que esté fuera de la banda de 1.7, estará fuera del mercado. Y por eso es tan apetecible, en México como en el mundo. En nuestro país se va a concursar por primera vez, como se hizo en Canadá en 2008, y este año en Estados Unidos. Los estadounidenses licitaron también 90 megahertz —obviamente, con otra densidad poblacional—, y obtuvieron sólo en la subasta 13 mil 400 millones de dólares.

Aquí se aprobó la semana pasada condonarles los dos primeros años el pago de derechos. Lo cuestioné en la sesión de pleno de la Cámara de Diputados, y se atajó la discusión. Nadie contestó las acusaciones directas que hice. Después de eso he recibido como respuesta toda clase de absurdos como el que señala que se trata de no desincentivar la inversión. ¿En la banda más rentable para los servicios de tercera generación? ¿Por qué un plazo de gracia para los que más tienen?

Las épocas de crisis pueden ser una oportunidad para generar los cambios profundos de largo plazo que un país necesita, pero a veces algunos políticos se aprovechan de esa circunstancia para llevar agua a su molino y hay funcionarios públicos que les ayudan. Ese es el caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del subsecretario de Hacienda José Antonio Meade, los impulsores de esa medida que —según ellos mismos lo han confesado— sería la condición sin la cual no pasaría en el Senado el 3% de impuesto a las telecomunicaciones.

La primera propuesta de Manlio era conceder ese privilegio sólo a los entrantes, esto es, a los que por primera vez entrarán a operar servicios de telecomunicaciones y, a saber, este actor se llama Televisa. Pero era tan descarada la medida que el propio secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se opuso, según nos ha confiado un alto funcionario de Hacienda. Sin embargo, la componenda y el chantaje se impusieron: para que no perdiera Televisa la exención de dos años se la extendieron presumiblemente a todos, entrantes e incumbentes.

¿Cuántos podrán entrar realmente a los dos bloques nacionales de esa banda, que son las dos redes de 30 mhz? A lo mucho dos: Televisa y Nextel. La Comisión Federal de Competencia puso un límite de espectro para los competidores de telecomunicaciones de 80 mhz. Telcel, por ejemplo, sólo podrá ir por un segmento de 10 mhz, como Telefónica por otro de 10, porque rebasarían el límite con lo que ya tienen. Pero de todas maneras, hasta a don Carlos Slim y a los españoles les vamos a condonar dos años de derechos de espectro.

Si Beltrones quiere ser candidato a la Presidencia de la República y para ello necesita granjearse la gracia de Televisa, está muy bien y comprendo esa dinámica mediática de la política actual, pero que use su dinero y la gane dentro de su partido. No se vale usar bienes del dominio de la nación para intercambiar favores políticos con toda la mira puesta en el 2012. Y menos se vale que el gobierno de la República convalide estos esquemas de negociación. Y mucho menos que el PAN y el PRI avalen un daño al patrimonio de la nación de este tamaño.

Diputado federal por el PAN

27 de octubre de 2009

Cobardía fiscal

FEDERICO REYES HEROLES

La reacción natural del ciudadano es la confusión, el hartazgo, el descreimiento, la falta de esperanza fundada. Cada año durante meses, intensas semanas, los señores legisladores discuten con qué impuestos hacerle frente a las necesidades crecientes del Estado mexicano. Números van y vienen y al final del plazo, siempre con prisas, se aprueba algo, un “paquete”, que igual provoca lágrimas que risas: gravar al salmón por ejemplo. Los señores diputados repiten su ejercicio con la ley de ingresos tres años y después se van a quién sabe dónde dejándonos como herencia engendros fiscales que explican en buena medida nuestro atraso como nación. Basta hacer un recorrido por el último cuarto de siglo para recordar todos los bandazos e incoherencias de las propuestas fiscales que nos han gobernado. El hecho es que tenemos uno de los sistemas fiscales más ineficientes que en buena medida explica las terribles disparidades y la injusticia del País.

Los sistemas fiscales sirven precisamente para eso, para que la recaudación y el gasto público impulsen el crecimiento, la prosperidad y disminuyan las carencias. No en balde los países con los mejores niveles de desarrollo humano y menores niveles de inequidad casi siempre tienen sistemas fiscales estables. En esas naciones los gravámenes madre fueron resueltos con una visión de estado que está más allá de los intereses de los partidos y de los políticos. Esa discusión de fondo es la que México se ha negado a sí mismo. Con sus engendros la gran mayoría de los señores legisladores son responsables de la falta de prosperidad y la injusticia de México. Han sido incapaces, y el paquete para 2010 parece que no será la excepción, de tener una verdadera estrategia que fortalezca crecientemente los cimientos de nuestro sistema fiscal. Veamos los grandes números. México recauda alrededor del 15% del PIB, olvidémonos de Dinamarca con casi el 50%, pero un nivel razonable ronda el 25%. En teoría nos faltarían 10 puntos, pero hay un problema mayor, de los 15 puntos que recaudamos el 40% son ingresos petroleros. O sea que si en realidad quisiéramos disminuir la dependencia del petróleo y fortalecer a esa industria nacional y crear un fondo para las futuras generaciones que ya no tendrán ese recurso, tendríamos que ir por 15 puntos porcentuales más.

¿Se puede? Claro que sí, sumemos puntitos. En todos los países hay evasión, pero según el SAT en México ésta llega a alrededor de 3 puntos del PIB. A ciertos especialistas la cifra les parece baja, pero en fin, consideran que se podría disminuir a la mitad. Ya va uno y medio. Nada más de ISR son más de dos puntos. Los esquemas especiales le cuestan al erario alrededor de 5.5%. Ya estaríamos en 8. México grava 2.1% vía impuestos al consumo, los países de la OCDE el 7.6%. Podíamos por lo menos duplicarlos con lo cual llegaríamos a 10. Los hoyos del IVA, sin alimentos y medicinas, rondan el 1.6%, ya estaríamos en 12, con medicinas serían casi dos puntos más, pero mejor olvidémoslo porque es políticamente incorrecto. El asunto es tan absurdo que con el actual esquema los hogares de menores ingresos reciben por ese concepto (excluir alimentos y bebidas) un apoyo de alrededor de 2 mil 400 pesos, mientras que para los hogares de mayores ingresos el beneficio es 12 mil 500, cinco veces superior. La necedad provoca injusticia.

Pero hay otros asuntos que ya hemos mencionado. En las economías desarrolladas el predial con frecuencia rebasa el 4% del PIB. En México es el 0.2%, es facultad del orden de Gobierno municipal y esos recursos sí harían en el día a día de millones. Con un IVA generalizado alrededor de dos terceras partes de lo recaudado provendría de las familias con recursos. El “paquete” fiscal que se ha dado a conocer vuelve a gravar a los mismos causantes, pero no sólo eso. Con una caída severa del PIB subir el ISR es un contra incentivo a la producción. El IMCO ha demostrado cómo la reducción de dicho impuesto incrementa la recaudación. Otra vez la misma piedra. Basta voltear la cara hacia Alemania donde se acaba de anunciar una cuantiosa reducción a los gravámenes productivos para impulsar a la economía.

El resultado de las anteriores aberraciones se plasma en varios hechos: un crecimiento magro, pocos nuevos empleos formales, poco incremento en la productividad y, quizá lo más grave, nuestro sistema fiscal casi no ayuda a paliar la pobreza. Según los índices de Gini la desigualdad antes de impuestos y después de ellos incluyendo las transferencias es casi imperceptible. La comodidad política perpetúa el atraso y la desigualdad. No tenemos una estrategia para poco a poco despetrolizar las finanzas, no se da importancia a la evasión, los regímenes especiales quedan en la sombra, por si fuera poco se echa para abajo el primer impuesto etiquetado y nos apoyamos de nuevo en el petróleo. ¿Por qué no disminuye más aceleradamente la pobreza y la desigualdad? La respuesta está en la cobardía fiscal.

26 de octubre de 2009

Inversionistas pierden interés en México

Gisela Vázquez

Especialistas financieros advirtieron que la economía mexicana es cada vez menos atractiva en los mercados internacionales y que los inversionistas prefieren refugiarse en Brasil, cuya economía muestra una sorprendente recuperación.

Analistas de las casas de bolsa Ixe y de Actinver señalaron que México se está rezagando frente a otras economías emergentes. La falta de acuerdos políticos encaminados a realizar cambios profundos que empujen al país hacia la recuperación es uno de los factores que preocupan tanto a los empresarios nacionales como a los inversionistas internacionales.

El pobre desempeño de algunos indicadores económicos delatan "que a nivel internacional hemos perdido atractivo", dijo el subdirector de análisis de casa de bolsa Ixe, Carlos González. Por ejemplo los mercados de valores de China, Perú y Brasil han registrado crecimientos de entre 80% y 100% mientras que el de México muestra un repunte en niveles de entre 35% y 40%. "No es malo el crecimiento, pero es mucho menos atractivo que el de los otros mercados", explicó González.

La comparación con Brasil es inevitable. "El abismo entre la economía brasileña y la mexicana es más que evidente", señala Jaime Ascencio, analista de casa de Bolsa Actinver. En el primer semestre el PIB de Brasil creció 1.2% mientras que el de México cayó 9%. Para el segundo semestre se estima que la economía sudamericana repuntará 4%, mientras que la mexicana caerá entre 4% o 5% . Los mercados dan por hecho que el PIB mexicano cerrará el año con un desplome de entre 7% y 7.5%, expone Ascencio.

La revaluación que ha mostrado el real brasileño frente al dólar estadounidense es mucho mayor que la observada por el peso mexicano. En octubre la moneda sudamericana se apreció 1.8% frente al billete verde, y en el año acumula una revaluación de 25.1%. Muy atrás está el peso mexicano. En octubre se fortaleció 4.2%, y en el año acumula una apreciación de 5.9%, según datos de la firma de asesoría Visor Financiero.

Los analistas consideraron que otras economías se están recuperando de la recesión porque han hecho la tarea. Es decir, han bajado impuestos, han elevado sus déficits fiscales, y han impulsado el mercado interno con el fin de estimular la economía. En México sucede lo contrario.

"El Gobierno no quiere aumentar más el déficit presupuestal ni disminuir más su gasto por temor a perder la calificación de la deuda (grado de inversión) y por cuidar su imagen", opinó el analista de la casa de bolsa Actinver Jaime Ascencio.

La administración de Felipe Calderón propuso un déficit de 0.50% respecto al PIB, pero los diputados lo aumentaron 0.75% en la Ley de Ingresos, cuya aprobación está pendiente en el Senado.

Ambiente de negocios contaminado por la política

El Barómetro de Empresas que toma el pulso del empresariado mexicano arrojó en septiembre que existía una preocupación por la falta de acuerdos políticos en el país y que esto podría obstaculizar el ritmo de la recuperación económica.

Casi dos meses después, la preocupación entre el empresariado mexicano se ha agravado debido a la inconformidad que provocó la Ley de Ingresos aprobada la semana pasada por el pleno de la Cámara de Diputados y que incluye un aumento del IVA de 15% a 16%, un incremento del ISR de 28% a 30% y un impuesto a las telecomunicaciones de 3%.

"Se trata de medidas para tapar el boquete fiscal y no es un paquete que fomente el crecimiento económico", afirma Ascencio, de Casa de Bolsa Actinver.

Los empresarios ven como amenaza para la recuperación económica los acuerdos que están tomando los partidos políticos, que en nada alientan la recuperación, consideró el socio director de Clientes y Mercados de la consultora Deloitte, Javier Romero.

"Se ve claramente que los acuerdos políticos que se están haciendo no están encaminados a empujar la recuperación ahora que arrancan los motores en Estados Unidos y otras economías", agregó Romero.

Telecomunicaciones: Más prebendas a la iniciativa privada

JENARO VILLAMIL

Aun divididos, los diputados del PRI y del PAN lograron la aprobación del artículo 244-E de la Ley de Derechos, mediante el cual se le condonará durante dos años el pago de derechos a los futuros operadores de las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz del servicio móvil de triple play. Con esa medida el Estado mexicano no sólo dejará de percibir alrededor de 2 mil 880 millones de pesos anuales, sino que"abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año", sostiene el presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, Javier Corral Jurado.

Aún no se sabe qué empresas se adjudicarán la licitación para operar las bandas 1.7 y 2.1 Gigahertz (Ghtz) del servicio móvil del triple play, pero la Cámara de Diputados ya aprobó que se les condone el pago de derechos durante dos años. Con esa medida, el Estado mexicano dejará de percibir 2 mil 880 millones de pesos al año, asegura el diputado panista Javier Corral Jurado, quien critica esa decisión.

Durante la larga discusión del paquete fiscal para 2010, los opositores a esta medida, entre ellos Corral y el perredista José Narro Céspedes, provocaron el voto dividido en las bancadas de los principales partidos la madrugada del miércoles 21.

Al final, 130 legisladores votaron en contra: 34 del PAN; 17 del PRI, 62 del PRD, 1 del Partido Verde (Ninfa Salinas Sada, la hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, fue la única de ese partido que se opuso); ocho del PT; cinco del Partido Nueva Alianza (Panal) y tres de Convergencia. Además, hubo 10 abstenciones de la bancada del PRI y 14 del PAN.

Para Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura, no existe duda de que el principal beneficiario será la misma empresa que cabildeó en diciembre de 2005 y principios de 2006 la Ley Televisa.

"Se trata de la banda más importante para los servicios móviles de triple play, incluyendo telefonía móvil e internet; se trata de revivir lo que planteaba la Ley Televisa en la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión: permitirle utilizar el espectro sobrante para los servicios adicionales de telecomunicación", advierte el legislador panista.

Entrevistado por Procesoen sus oficinas de San Lázaro, Corral resume así las repercusiones del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos:

"Esta decisión abre un boquete jurídico, político y ético al paquete fiscal del próximo año porque no hay un solo argumento a favor de conceder un periodo de gracia. No hay ninguna razón para extenderle a los usuarios del servicio de telecomunicaciones un impuesto del 3%, al mismo tiempo que se le condona a los operadores de telecomunicaciones el pago de derechos por uso, goce y explotación de un bien de dominio de la nación."

Según él, los artífices de esta medida son el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

"Es una maniobra priista que ha promovido el senador Manlio Fabio Beltrones con un sector de la burocracia priista enquistado en la Secretaría de Hacienda, que está trabajando claramente para las intenciones de 2012 en torno al PRI. Esto es un golazo al presidente de la República", expone.

Incluso va más allá. Critica a la Comisión Federal de Competencia (CFC) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) por su papel de comparsas, dice. Advierte que una nota que circula en el Senado de la República, elaborada por la CFC argumenta a favor del plazo de gracia de dos años.

"Esto es muy delicado. A la CFC le debemos el reforzamiento del monopolio televisivo, de lo que aún no se le ha pedido cuentas a Eduardo Pérez Motta, pero ya es hora de que el Congreso lo haga. ¿Por qué se le autorizó a Televisa para que se engullera prácticamente la mitad de los sistemas de cable del país?", se pregunta el entrevistado.

–¿Acaso no estuvo de acuerdo el gobierno federal en la condonación del pago de derechos? –se le pregunta a Corral.

–Creo sinceramente que el gobierno acabó avalándola, con la anuencia de los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda. Es una señal muy contradictoria, muy desesperanzadora, contraria al mensaje del presidente.

"Aclaro: Yo apoyé el paquete económico en una línea que es recaudatoria, pero el 244-E es contrario a esa línea. Si la idea es recaudar, no había por qué dar una exención fiscal en una de las bandas más apetecibles para quienes están en la pugna por el triple play".

23 de octubre de 2009

22 de octubre de 2009

Los panistas otra vez se quejan

Leo Zuckermann

De los 137 diputados panistas que votaron la Ley de Ingresos de 2010, 137 lo hicieron a favor, es decir, 100%. En esta lista aparece el diputado José César Nava Vázquez. Para que quede claro, el líder nacional del PAN, que también es legislador, votó a favor de una legislación que la oposición priista rasuró. No se incluyó el cambio de fondo más importante que proponía el Presidente: un impuesto generalizado de 2% al consumo nombrado como Contribución para el Combate a la Pobreza.

¿Y qué dijo Nava unas horas después de votar a favor?

1. Que la propuesta del Ejecutivo federal enviada a la Cámara de Diputados era superior.

2. Que ante la negativa, cerrazón y rechazo del PRI a la propuesta del Presidente se tuvo que recurrir a la alternativa de incrementar en un punto porcentual el IVA.

3. Que es criticable que los recursos que arrojará la contribución de 16% del IVA no estarán destinados específicamente al combate a la pobreza, mientras que la propuesta del Presidente sí etiquetaba esos recursos para los programas sociales.

Entonces, señor Nava, ¿por qué votó a favor de la alternativa de incrementar el IVA que, por cierto, puso sobre la mesa de negociación el Ejecutivo que controla su partido? ¿Por qué no votó en contra de una propuesta que considera inferior? ¿Por qué no les sugiere a los senadores del PAN que así lo hagan? ¿Por qué no le recomienda al presidente Felipe Calderón que amenace con vetar una ley que tanto le disgusta?

Increíble: los panistas cocinan y ofrecen una salchicha legislativa de mal sabor e inmediatamente salen de la cocina a quejarse con el cliente y echarle la culpa al otro cocinero del restaurante.

No es la primera vez que sucede. Pasó con la reforma electoral y luego con la de Pemex. Cuando un gobernador se quejó de que sólo se construiría una refinería, el Presidente le informó que así lo obligaba la reforma aprobada “en lugar de tres o cuatro al mismo tiempo”. Calderón recordó que él había propuesto abrir esta industria al capital privado, pero “desgraciadamente esa propuesta que presenté sólo fue apoyada por unos partidos políticos, Nueva Alianza, Partido Verde y el PAN, y fue rechazada por el PRI, el PRD, el PT y Convergencia y no reunió los votos necesarios”. Lo que no informó es que su partido sí aprobó la reforma rasurada y que él estampó su firma, la promulgó y hasta la festejó en Los Pinos.

Otro ejemplo. Cuando un periódico informó de la dificultad de extraer el petróleo en Chicontepec, Germán Martínez, entonces dirigente nacional del PAN, dijo: “Si se hubiera aprobado íntegra la reforma que presentó el presidente Calderón y no se hubiera rasurado esa reforma para modernizar a Pemex, se hubiera podido sacar de ahí, de Chicontepec, ese petróleo”. Pero si ellos votaron a favor de la reforma afeitada.

Ahora le tocó el turno a César Nava. Sin rubor, responsabilizó al PRI por aprobar una Ley de Ingresos “insuficiente e incompleta”. Perdón, pero el dirigente del PAN, junto con todos los diputados de su partido, votaron a favor de ella. ¿Acaso ya se les olvidó? ¿Pretenden que no haya consecuencias por haber claudicado a cambio de una salchicha de mal sabor? ¿Tan rápido se arrepintieron de una ley que no resolverá el problema de fondo? Sería una excelente noticia ya que Nava y su partido todavía pueden pararla en el Senado de la República.

¿Tan rápido se arrepintió el PAN de la Ley de Ingresos que no resolverá el problema de fondo?

21 de octubre de 2009

Calderón: 1 – 1 – 8

Leo Zuckermann

El Presidente propuso, el PRI dispuso, la izquierda se opuso. Resultado: un país estancado. Nada nuevo. Se trata de la historia de este sexenio.

El Ejecutivo federal puso en la mesa una sola reforma fiscal de fondo: un impuesto al consumo de 2% generalizado. El partido que tiene la mayor fuerza en el Poder Legislativo, el PRI, no dio señales claras de qué quería durante mucho tiempo. Al final, tuvo que definirse. Afloraron sus divisiones internas. La mayoría se opuso a la Contribución para el Combate a la Pobreza de 2%. Fue entonces que, de acuerdo con los priistas, la Secretaría de Hacienda les propuso sustituirlo por un incremento de un punto porcentual al IVA. El Ejecutivo federal, que había dicho que no tenía Plan B, presentó uno alternativo: un parchecito fiscal para recaudar más dinero, muy alejado de lo que planteó el 2 de septiembre el Presidente, quien dijo que impulsaría una reforma para “simplificar los trámites fiscales, reducir la evasión e incrementar la recaudación, aumentando la base gravable”. Los señores panistas, una vez más, recularon.

La bancada del PRI discutió la nueva propuesta del PAN de incrementar el IVA de 15 a 16%. La mayoría de los diputados de ese partido votó a favor de apoyar la propuesta de parchecito fiscal. No podían dejar a los gobernadores sin dinero. Luego se rasgaron las vestiduras para tratar de endosarle los costos políticos al PAN: “La propuesta fiscal priista desecha el 2% a todo; no se gravarán alimentos y medicinas; el PRI no le apuesta a que México siga mal y se hunda; contrario a la del Ejecutivo, la oferta del Revolucionario Institucional permitirá reducir la inflación; la fracción parlamentaria priista antepone el interés del país y actúa con toda responsabilidad”. Aplausos para el PRI. Pero si los señores priistas hubieran actuado con responsabilidad hubieran presentado una propuesta de reforma fiscal de fondo y no un parchecito que permitirá sortear 2010 sin que haya certidumbre de lo que ocurrirá para 2011.

Mientras escribo este artículo, la izquierda radical tiene tomada la tribuna de la Cámara de Diputados. No permiten la discusión y aprobación del parchecito fiscal. No creen que la mayoría tenga el derecho de imponer su voluntad. Ellos, al parecer, están a favor de una democracia de minorías. Por su parte, la izquierda moderada se deslinda de la toma de la tribuna pero tampoco negocia con el gobierno una propuesta seria que permita un cambio de fondo a las finanzas públicas.

Así es la política en México.

Todo indica que hemos regresado al mundo del posibilismo calderonista. El Presidente no se atrevió a jugar más duro con los priistas. Quizá no era el momento porque todavía tiene el conflicto electricista encima. Pero, entre que son peras o son manzanas, Calderón fracasó en su intento de una reforma fiscal de fondo. Por tanto, el marcador es uno a favor del Presidente (la liquidación de Luz y Fuerza), uno en contra (incremento en impuestos sin resolver el problema fiscal de fondo) y ocho pendientes por jugar del decálogo que presentó el 2 de septiembre. Tengámoslos presentes para poder juzgar al gobierno de Calderón en los hechos: (1) concentrar los recursos para combatir a la pobreza, (2) cobertura universal de salud, (3) educación de calidad, (4) competencia en el sector de telecomunicaciones, (5) flexibilidad laboral, (6) reformas regulatorias base cero, (7) profundizar la lucha al crimen organizado y (8) reformas políticas para tener una mayor rendición de cuentas.

La izquierda radical no permite la discusión y aprobación fiscal. No creen que la mayoría tenga derecho de imponerse.

20 de octubre de 2009

Definiciones

FEDERICO REYES HEROLES

El suceso será recordado como un capítulo clave de definiciones profundas entre el vano intento por revivir un pasado repleto de corruptelas, prebendas, privilegios y un futuro en el cual son los intereses de los más los que deben privar. Definiciones ante la idea que tenemos del mundo, un mundo cerrado, inconsciente de la competencia obligada y en el cual se pueden seguir ocultando las degradaciones laborales y el despilfarro del dinero público o un mundo abierto regido por los estándares de la modernidad. El caso de Luz y Fuerza del Centro ha confrontado dos Méxicos que son incompatibles.

Las cortinas de humo son varias. Eran enemigos políticos de Calderón, por eso decidió terminar con la empresa. La tesis es insostenible. El SME fue, lo que queda de él, es y seguirá siendo enemigo de quien ose tocar sus intereses, así de sencillo. Dejarle los privilegios a los 63 mil involucrados no pinta en la arena política. ¿Qué necesidad política tenía Calderón de meterse justo en este momento a liquidar a la empresa? El factor fundamental fueron los 42 mil millones de pesos de los mexicanos que el Presidente ya no estuvo dispuesto a tirar. Son 42 mil millones que agravan el boquete fiscal de 2010 y no están allí. Lo grave del argumento es que muestra la brutal distancia entre la realidad de México y el autismo sindical. Definiciones: o se manejan los dineros públicos con sensatez o México no saldrá adelante.

Otra cortina de humo es lanzar a los “neoliberales” en contra de la empresa pública. Por lo visto no han leído el Artículo 27 constitucional, nadie está hablando (por desgracia) de abrir el sector. La administración recayó en CFE porque hay de empresas públicas a empresas públicas. Fueron ellos, los miembros del SME, en complicidad con autoridades medrosas, los que volvieron insolvente a la empresa que les daba trabajo. Patearon durante años el pesebre. En contraste CFE y su sindicato entendieron la necesidad de modernizarse, ese es el meollo, no lo público versus lo privado. En su momento el Sindicato de Telefonistas entendió que las reglas del juego estaban cambiando, cambiando en el mundo, en el País y en la empresa que les daba de comer. Se adaptaron y allí siguen con condiciones muy favorables, pero viables.

En casi todas las latitudes la empresa pública sigue teniendo un espacio, Petrobrás, Électricité de France, por poner dos ejemplos. Pero los defensores del SME no defienden a esa empresa pública sino a una que recibiría rechiflas internacionales de los propios sindicalistas modernos. Es momento de definiciones: o se defiende la eficiencia, la transparencia y modernidad laboral o se defiende a auténticos caciques que son impresentables. El observador es un ciudadano común que ya no entiende un País de privilegios oficializados, sean éstos de la alta burocracia, de las empresas que evaden o simplemente no pagan impuestos. Pero tampoco entiende privilegios para los trabajadores de una empresa estatal de los mexicanos. Ser aliado del SME es hoy algo muy delicado. No quiere decir estar en contra de la derecha o de Calderón, sino estar en contra del ciudadano común, del sentido común y a favor de la ineficiencia y los privilegios. Así lo leyeron ocho de cada diez mexicanos. Si la izquierda quiere resurgir más le vale no equivocarse, una vez más, en su lectura, de en dónde está el sentir popular. A definirse.

Quizá lo más dramático del caso sea la cultura laboral que se ha desnudado. La izquierda está aliada con la parte más retrógrada del sector laboral. Hay muchos sindicatos en el mundo y en México que han entendido que su rol central está en fomentar la creación de empleos, sólo así se fortalecen. Para ello se necesita que todos seamos productivos. Los sindicatos modernos hoy no luchan por mantener empleados innecesarios, pues saben los costos que ello tienen en los beneficios que la empresa puede generarles. (Ver The Future of Work de Chales Handy). Los sindicatos modernos hoy saben que la flexibilidad laboral es su mejor negocio. Si una planta ya no necesita tres fresadoras sino sólo dos, lo importante es que haya oferta de empleo en otras áreas para ese trabajador. En parte a eso se dedican las coaliciones, a garantizar empleos útiles. Luz y Fuerza del Centro inhibió la creación de empleos en el centro del País. Por defender a unos cuantos castigó a cientos de miles. Eso no es ser progresista.

Es momento de definiciones. El SME es hoy indefendible, simboliza lo contrario a la prosperidad y la justicia. Muchos sindicatos y organizaciones laborales lo saben, por eso guardan un prudente silencio. ¿Huelga general, con quién? Del otro lado hay quien ya exige proceder contra petroleros, maestros, universitarios, y otros, instalar una guillotina. No es tan sencillo. El reacomodo llevará tiempo. Pero el caso es emblemático y puede ayudar a una reforma laboral moderna y progresista que urge en el País. Definiciones: a favor del empleo, en contra de los privilegios.

Neozapatismo electrónico

Javier Corral Jurado

No hay duda de que, en la larga tradición patriarcal que ha caracterizado el manejo político de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, se ha producido un cambio significativo al elegir como nueva presidenta de su consejo directivo a la licenciada Karen Sánchez Abbott. Es la primera mujer en dirigir a esa industria familiar en su historia.

Una mujer al frente de la CIRT abre por ese solo hecho la esperanza de que la lucha por los derechos de las mujeres sea mejor comprendida y apoyada en el estratégico campo de los medios, en el que hoy se refuerza una cultura machista y misógina. Por la pantalla de las dos principales cadenas de tv desfilan imágenes estereotipadas y degradantes del papel de la mujer. Quizá ese elemento de transformación pueda colocarse como la impronta que la licenciada Sánchez dé a su mandato.

Donde no hay mucho cambio qué esperar es en la concepción que los concesionarios —hijos o padres— tienen sobre la naturaleza jurídica del servicio que prestan y del bien público del que disponen.

No obstante su juventud, y el dinamismo e inteligencia con que encabezó a los radiodifusores del valle de México, en cuanto fue elegida presidenta de la CIRT, la licenciada Sánchez tuvo que echar por delante de qué tipo de cámara será dirigente y de qué tradición es heredera. Declaró a EL UNIVERSAL: “Necesitamos certeza jurídica y saber que podemos continuar con las concesiones que hemos manejado durante muchos años y a las que hemos dedicado todo nuestro tiempo y las consideramos parte de nuestro patrimonio”.

Por ello considera que en principio no debe existir contraprestación por los refrendos de las concesiones, ni debe haber licitación para obtenerlos.

Desde hace décadas, los principales empresarios de la radiodifusión en México han postulado una especie de propiedad sobre las concesiones del espectro que les han sido otorgadas para prestar los servicios de radio y tv. Dicen que las frecuencias son de ellos, parte de su patrimonio personal por virtud del enorme sacrificio y trabajo que les imprimen. La plusvalía del trabajo como método para desincorporar a manos particulares bienes del dominio de la nación.

Aunque no se crea, esa concepción está ampliamente desarrollada entre los miembros de la CIRT, y hay quienes han elaborado toda una tesis jurídica sobre el refrendo automático a perpetuidad de las concesiones bajo el argumento de “los derechos adquiridos”. Esa, por ejemplo, fue una de las abusivas pretensiones de la ley televisa, que de manera contundente atajó la SCJN al declarar inconstitucional la norma que exceptuaba de volver a concursar y del pago de una contraprestación a las concesiones que llegaran a su término de duración.

Lo que podría considerarse una confesión de la cultura del agandalle por la que un puñado de concesionarios se ha hecho “dueño” del espectro radioeléctrico es en realidad una de las posiciones más progresistas que se hayan generado en alguna cámara industrial con motivo del centenario de la Revolución; lo que pasa es que quienes miramos con ojo crítico a ese sector ya no somos capaces de apreciar los desplantes revolucionarios que entre la clase empresarial también se dan.

Esa tesis evoca a Emiliano Zapata, “La tierra es de quien la trabaja”, y asume la concepción del territorio por la que el espacio aéreo forma parte de él, según lo establece el artículo 27 constitucional. Así, las concesiones son de ellos, para siempre, porque “El aire es de quien lo trabaja”. La deficiencia de esta corriente de pensamiento, el neozapatismo electrónico, es su limitado campo de aplicación: sólo vale para los que lucran con las concesiones y no para las radios comunitarias, educativas, culturales, universitarias u oficiales. Ahí sí se exigen menor duración de los permisos (prohibido darles concesiones) y mecanismos de evaluación de todo tipo, incluidos los policiacos, para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y proceder de inmediato a “rescatar” frecuencias del Estado.

Nunca imaginé que, con todo y que la SCT ha ignorado los criterios de la sentencia que emitió la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en más de 50 refrendos —de 137—, que tenían vencimiento posterior a la publicación de ese fallo, todavía se opongan al pago de una contraprestación. Eso me parece una desmesura, un despropósito inaugural del neozapatismo electrónico.

Diputado federal por el PAN

19 de octubre de 2009

México: Calderón se enfrenta a los sindicatos

Mary Anastasia O'Grady

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

Los grandes sindicatos son la principal razón por la que Barack Obama está en la Casa Blanca. Desde la imposición de nuevos aranceles a los neumáticos fabricados en China a la reestructuración de Chrysler por parte del gobierno que puso los intereses del sindicato por encima de los de los principales acreedores, los jefes de los sindicatos ya han recibido un buen retorno sobre su inversión. Pese a esto, todo indica que todo el trabajo adelantado en los primeros nueve meses apenas fue la cuota inicial.

Una señal de que hay mucho más por venir se aprecia en la decisión del gobierno de reforzar sus filas de corporativistas, esos planificadores centrales que consideran que un "pacto" entre las empresas, los sindicatos y el gobierno constituye la solución final al acertijo de cómo distribuir el pastel social. Para muestra de que Obama está canalizando a su peronista interno, no hay que ir más lejos de su decisión de contratar a Ron Bloom, un abogado del sindicato United Steel Workers, para que dirija la "política manufacturera" desde la Casa Blanca.

Si Obama consigue transformar a la economía estadounidense en un sindicato, el sueño americano correrá la misma suerte del dodo, el ave que se extinguió en menos de 80 años en el siglo XVII. Pero no tome mi palabra como garantía. Basta con mirar a los países que recorrieron ese camino y ahora están pasando apuros para ir en la dirección opuesta porque están cansados de ser pobres.

Hace ocho días, poco después de la medianoche del domingo, el presidente mexicano Felipe Calderón dio instrucciones a la policía federal para que asumiera el control de las operaciones del monopolio estatal de electricidad Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el cual abastece a Ciudad de México y partes de los estados aledaños. Los activos de la compañía se mantendrán en manos del gobierno, pero ahora serán gestionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa de servicios públicos nacional y el mayor proveedor de la energía de LyFC.

El resultado neto de la decisión es destronar a los 42.000 miembros del sindicato de empleados eléctricos, los que habían obtenido beneficios a lo largo de décadas que harían sonrojar a los trabajadores de las tres grandes automotrices de Detroit. Una vez que se complete la liquidación, se espera que la compañía emplee a unas 8.000 personas. Para apreciar la magnitud de la decisión de Calderón, piense en cómo Ronald Reagan despidió a los controladores de tráfico aéreo, pero a mayor escala. Cómo indicó el domingo un economista mexicano reconocido internacionalmente, se trata "acto de gobierno más importante en 20 años".

¿Por qué la decisión adquiere ribetes tan importantes? En principio, porque el sistema político mexicano, desde la Revolución de 1910, ha sido dominado por el poder de los sindicatos organizados. En la teología corporativista de México, a la gente se le enseña a adorar al Estado y el Estado se arrodilla ante los jefes sindicales, quienes simbolizan el nacionalismo económico.

En alguna parte de este idealismo está la promesa de elevar a los trabajadores, como Diego Rivera soñó en sus murales anticapitalistas que muestran masas de puños cerrados. Sin embargo, todo lo que hizo el corporativismo mexicano fue empobrecer al país. El ejemplo más famoso es el del monopolio petrolero estatal, el cual gracias al dominio de los sindicatos es incapaz de monetizar los millones de barriles de oro negro sobre los cuales está parado. LyFC es un ejemplo igual de pertinente sobre cómo los sindicatos han estado destruyendo el futuro de México.

El sindicato de LyCF es uno de los más antiguos de México y los políticos siempre han entendido que nunca deben tocar sus privilegios. Sin embargo, su reputación de ineficiencia, desperdicio y corrupción es legendaria. A mediados de la década de los 70, el presidente Luis Echeverría trató de liquidar la compañía y poner sus activos bajo el control de su proveedor, CFE, pero los sindicatos lo derrotaron. Después de eso, ningún presidente se atrevió a volver a la carga, hasta la semana pasada.

No es complicado imaginar lo que llevó a Calderón a emprender medidas tan radicales. Las pérdidas de LyFC se estaban acumulando debido a que la productividad del sindicato es una fracción de la de CFE y a que el balance de la compañía ha estado sangrando sin control debido a problemas técnicos, así como al robo de energía. Sus costos ascendían al doble de sus ingresos y este año la Secretaría de Hacienda tendría que haberla subsidiado con US$3.500 millones para mantenerla a flote. Hacienda subraya que CFE opera sin ningún subsidio y ofrece las mismas tarifas a sus clientes.

Además, LyFC se ha convertido en un fiasco eléctrico. La compañía es tristemente célebre por las interrupciones de su servicio y la irregularidad del voltaje y no ha podido estar a la par del aumento en la demanda. Las esperanzas de una mejora en los estándares de vida de los mexicanos dependen de la inversión en nuevos negocios. Eso no va a ocurrir si la infraestructura eléctrica está estancada en mediados del siglo XX.

El sindicato salió a las calles con toda su fuerza la semana pasada, y dice que luchará contra la liquidación en las cortes. El gobierno argumenta que la compañía fue fundada por decreto ejecutivo y puede ser cerrada de la misma manera. Pero Calderón podría encontrar el apoyo popular para su decisión. El sindicato se había vuelto tan poderos que logró un acuerdo para hacer que las pensiones subieran al doble de la tasa de incrementos salariales.

Los políticos sin duda encontraron que tal generosidad sería el camino de menor resistencia. Pero ahora llegó el momento de cobrar y el resto del país no quiere pagar por ello. Hay una lección aquí para Obama

16 de octubre de 2009

Onerosa democracia electoral

José A. Crespo

Gracias a la última reforma constitucional en materia electoral, los partidos tienen asegurados sus elevados fondos, pase lo que pase, haya dinero o no, haya crisis económica o no. Por ello es bienvenida la propuesta del PAN de reducir en 50 % el financiamiento partidario, a lo cual el PRD y el PRI respondieron con argumentos elusivos para no ceder en ello. Si bien después han planteado que, si acaso, dicho recorte debe ir acompañado de recortes en la burocracia federal. Pues tanto mejor. A ver qué responden a eso el PAN y el gobierno. En todo caso, mientras la fórmula no cambie, los partidos seguirán sirviéndose con la cuchara grande. Ahí está el PRI, gracias a cuyo éxito electoral recibirá el año próximo (que no es electoral) 75 % de fondos más de lo que obtuvo este año (electoral); nada menos que 960 millones de pesos, dos millones y medio diarios. Al PAN no le irá tan mal, pese a su descalabro; dos millones y medio diarios. Y el Partido Verde recibirá 770 mil pesos cada día. Nada mal para lo que a cambio ofrece ese negocio familiar.

Según un estudio de la Universidad de California, el voto en México es 18 veces más alto que el promedio en América Latina en términos de financiamiento público, pues cada sufragio en México cuesta 17 dólares, en contraste con los 29 centavos de dólar en Brasil; 41 centavos de dólar en Argentina; 2 dólares en Colombia y 4 dólares en Uruguay, Panamá 5 y República Dominicana 7. El promedio de gasto electoral en Latinoamérica es de 123 millones de dólares, contra 465 millones aquí. Casi cuatro veces más. Pero la eficacia y confiabilidad de nuestra democracia electoral no es cuatro veces superior a la de esos países. Se dice que, gracias a la reforma electoral, el costo de cada voto disminuyó (pues el costo directo de la publicidad se transfirió a los tiempos fiscales y oficiales del Estado en los medios electrónicos). Así es. Comparado con la elección intermedia de hace seis años (que por el tipo de elección y el semejante nivel de participación electoral, es el referente), lo que se dio a los partidos para sus campañas (con todo y gastos de operación) fue cuatro mil 800 millones de pesos en 2003, frente a tres mil 740 millones este año. A partir de lo cual, el precio de cada voto emitido pasó de 188 en 2003 a 116 este año. Cada voto por el PRI, en concreto fue de 330 en 2003, y 116 en este año. Respecto del voto panista, la relación es de 156 a 108 en el mismo lapso. Y en el caso del PRD, se pasó de 120 pesos por cada voto, a 150 pesos. Es decir, la reducción del precio de cada voto en general, derivado de la disminución de fondos que se dieron a los partidos, no implica una reducción automática en el precio del voto para cada partido. Y por eso mismo, los partidos más pequeños resultan relativamente más caros; los fondos que reciben son muy superiores a su desempeño electoral (por la pequeña cantidad de votos que reciben). Así, el costo por cada voto por el Partido de la Sociedad Nacionalista, en 2003, fue de… 2 mil 820 pesos, es decir, ocho veces más caro que cada voto por el PRI. Y en 2009, el voto más caro fue el del PSD, 550. Bajo el mismo criterio, cada diputado del PRI costó 305 mil pesos; cada uno del PAN, 725 mil, y cada uno del PRD, 877 mil. Y eso, sólo para que llegaran a su cargo.

Desde luego, esos costos se elevan significativamente si se consideran otros gastos del sistema electoral, por ejemplo, el voluminoso presupuesto del IFE, que gastó casi lo que se ahorró de publicidad partidaria, en el ineficaz y oneroso monitoreo. El presupuesto de ese otro elefante blanco en 2003 (incluyendo el financiamiento a los partidos), fue de 11 mil millones, en tanto que este año el presupuesto del IFE fue de 12 mil 880. De lo cual se infiere que cada voto emitido costó 412 en 2003 y 371 en este año. No fue mucha la disminución: 10%. Al erigirse un sistema electoral tan caro en México en 1996, se nos dijo que era indispensable para tener una democracia electoral eficaz, confiable, para remontar la endémica desconfianza hacia los comicios electorales. Pero, se dijo también, que conforme creciera y se afianzara esa confianza electoral, podría ir disminuyendo su enorme costo. El problema es que la confiabilidad, lejos de crecer, se ha ido reduciendo. En efecto, no todos piensan lo mismo que Vicente Fox, cuando al concluir la opaca e incierta elección de 2006, dijo que: “El mexicano, es el sistema electoral más moderno, mejor estructurado y más eficiente del mundo” (NYT, 15/ago/06). Lejos de eso, nuestras elecciones son muy caras y no del todo confiables. El peor de los dos mundos.

Por viaje, esta columna volverá a publicarse el lunes 9 de noviembre.

Mientras la fórmula no cambie, los partidos seguirán sirviéndose con la cuchara grande.

15 de octubre de 2009

Un buen debate sobre la prostitución infantil

Andrés Oppenheimer

Si uno lee las páginas culturales de los periódicos mexicanos en estos días, da la impresión de que el principal tema de discusión en círculos literarios de este país es sobre los hombres maduros que se acuestan con niñas menores de edad.

Además de los titulares sobre el reciente arresto del director cinematográfico Roman Polanski en Suiza por haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años hace tres décadas, en México se está dando un encarnizado debate sobre si una planeada película basada en el último libro de Gabriel García Márquez, Memorias de mis putas tristes, glorificaría la explotación sexual infantil.

A principios de este mes, la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de Latinoamérica y el Caribe (CATWLAC), que dice representar a 300 organizaciones no gubernamentales, presentó una demanda en México para detener la producción del film.

La película estaba por empezar a rodarse el 26 de octubre en el estado de Puebla, con el patrocinio, entre otros, del gobierno estatal. El gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue el blanco de críticas periodísticas hace cuatro años por haber tratado de proteger a un convicto de explotación de niñas, retiró el apoyo de $1.6 millones de su estado a la película después de presentada la demanda. El comienzo del rodaje de la película,que tiene un presupuesto total de $8 millones, fue postergado temporalmente.

Memorias de mis putas tristes cuenta la historia de un hombre de 90 años que, como regalo de cumpleaños para sí mismo, decide acostarse con una virgen de 14 años. Le pide a la encargada de un burdel que le busque una niña de esa edad, quien es drogada para impedir que se resista.

Teresa Ulloa, directora de la coalición que entabló la demanda, ha señalado a la prensa que la película llegará a una audiencia mucho más grande que el libro, y que por lo tanto sería mucho más dañina. La coalición entabló la demanda basándose en las leyes que prohíben la apología del delito, y de la prostitución infantil.

Según los grupos de defensa de los derechos de los niños, más de 80,000 niñas menores de 15 años son actualmente explotadas como prostitutas en México, la mayoría en la Ciudad de México. Muchas de ellas --tal como en el libro de García Márquez-- son traídas de las zonas rurales por los burdeles, a pedido de sus clientes.

Pero a diferencia de lo que ocurre en otros debates culturales, en los que los intelectuales suelen oponerse masivamente a los grupos religiosos o cívicos que buscan censurar una obra, en este caso los intelectuales están divididos.

Lydia Cacho, una columnista premiada que ha sacado a la luz las redes mexicanas de tráfico de niñas, escribió la semana pasada una columna en el diario El Universal en la que criticaba la producción de la película.

``¿Por qué García Márquez aceptó llevar a la pantalla Memorias de mis putas tristes justo en un momento en que el mundo está luchando contra la creciente explotación sexual comercial de niñas y adolescentes?'', preguntó Cacho. ``No se trata de censura ni de moralina, sino de un debate real de fondo sobre el aval ideológico de la trata de niñas''.

En una entrevista telefónica, Cacho me dijo que aunque otros autores famosos como Vladimir Nabokov y Yasunari Kawabata han escrito novelas sobre la prostitución infantil, sus personajes ficticios siempre tenían crisis morales por sus perversiones sexuales, y terminaban mal. En la novela de García Márquez, a la que calificó de ``mediocre'', el viejo y la chica terminan enamorándose, explicó.

Cacho añadió que así como las organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenan la glorificación intencional de la tortura o del odio racial en algunas circunstancias, debería plantearse un debate similar sobre la glorificación de la explotación de menores.

Otros escritores contraatacaron, replicando que prohibir la película sería ejercer la censura, y eso sentaría un mal precedente. El escritor Juan Villoro le dijo al diario Reforma que el libro de García Márquez no defiende la pedofilia, de la misma manera en que el Hamlet de William Shakespeare no promueve el asesinato de los padrastros. Las obras de arte no deben verse como si fueran ``manuales de conducta'', explicó.

Mi opinión: espero que los jueces no ordenen suspender el rodaje de la película, porque eso sentaría un precedente peligroso para la libertad de expresión. Pero también espero que los productores del film agreguen unas líneas en el guión para reflejar la otra cara de la historia.

Al final del día, todo este debate es muy positivo, porque está llamando la atención de la opinión pública mexicana sobre la explotación sexual de decenas de miles de niñas. En ese sentido, Cacho tiene razón, y todos ganan.

PRI: ni proyecto ni liderazgo

Leo Zuckermann

La nueva estrategia del Presidente de impulsar cambios de fondo ha metido en un brete al PRI. ¿Hasta dónde debe apoyar a Calderón? ¿Debe comportarse como oposición a las propuestas gubernamentales o debe apoyar al gobierno como si fuera su socio? El dilema no es sencillo. Si hace lo primero, corre el riesgo de parecerse al PRD con un costo electoral importante. Si hace lo segundo, corre el riesgo de parecerse al PAN también con un costo electoral importante.

Aunque la elección todavía esté lejana, los priistas están convencidos que regresarán a gobernar en 2012. Si piensan que van a quedarse con la casa, pues les conviene no recibir una que esté en ruinas. De ahí que tengan el incentivo de apoyar al gobierno para darle una arregladita a la casa antes de hacerse cargo de ella. Pero no mucho porque arreglarla de más incrementa las posibilidades del PAN de quedarse con ella.

En pocas palabras: el PRI tiene que darle algo de oxígeno al gobierno panista, pero no mucho.

En este sentido, el PRI debería definir en qué sí y en qué no apoya a Calderón. Pero, hasta ahora, no han tenido una postura clara. Se la han pasado haciendo el ridículo. El mismo día un priista declara A y otro Z. Por tanto, a nadie le queda claro qué quiere el PRI. Parecen que están hechos bola.

Ahí está, por ejemplo, el tema del paquete fiscal. Estamos a cinco días de que la Cámara de Diputados tenga que aprobar la Ley de Ingresos y todavía no sabemos qué quiere el PRI. Es evidente que están divididos, sobre todo en el tema de 2% de la Contribución de Combate a la Pobreza propuesto por Calderón. Al parecer, los gobernadores sí la quieren ya que recibirían 30% de lo que se recaude, pero hay priistas que consideran que dicho impuesto acarreará un alto costo político. Lo mismo sucede con las otras propuestas fiscales. No sabemos dónde está parado el PRI. La respuesta favorita de los priistas es que lo están estudiando.

Lo mismo ha pasado con la decisión del Presidente de liquidar Luz y Fuerza. Unos priistas salieron a apoyar la medida. Otros, a rechazarla. Varios dijeron que la están estudiando. La presidenta del partido no ha hablado. El resultado es el mismo que con el paquete fiscal: no sabemos dónde está parado el PRI, el partido mayoritario de México.

Un último ejemplo. La semana pasada, Ciro GómezLeyva provocó un debate en su columna de Milenio sobre la postura del PRI en materia de despenalización del aborto. Los priistas en diversos estados han apoyado al PAN para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Es ésa la posición del PRI, un partido que se proclama de centro-izquierda? Queremos saberlo. Sin embargo, el PRI guardó silencio. Como en los casos anteriores, nos quedamos sin respuesta.

Todo partido requiere de un proyecto y un liderazgo que lo encarne. Es evidente que el PRI no tiene ni lo uno ni lo otro. Por un lado, es una federación de intereses económicos y políticos a los que es difícil de poner de acuerdo con una postura común. Por el otro, todavía no surge un liderazgo dominante que defina la línea de por dónde ir y cómo reaccionar frente las posturas del gobierno.

Sin un proyecto ni liderazgo claros, el PRI es un partido con posiciones vacilantes de qué hacer con el poder. Al parecer, la estrategia de Calderón está funcionando. Lanza cambios de fondo, lo cual arrincona al PRI: hace evidente la falta de definición de los priistas que quieren regresar a Los Pinos pero que no saben para qué.

Es una federación de intereses económicos y políticos a los quees difícil de poner de acuerdo con una postura común.

Un punto de inflexión en la política sobre las drogas

Timothy Lynch y Juan Carlos Hidalgo

Timothy Lynch es director del Proyecto en Justicia Criminal del Cato Institute.

Juan Carlos Hidalgo es Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute.

La guerra internacional contra el mercado negro en el comercio de narcóticos parece encontrarse en un punto de inflexión, al tiempo que un nuevo enfoque está ganando adeptos a nivel mundial: la despenalización. Cada día más políticos y analistas están llegando a la conclusión de que está mal encarcelar como criminales a los consumidores de drogas.

En noviembre pasado los votantes de Massachussets votaron en un referéndum a favor de que se despenalice la marihuana. En diciembre de 2007, los votantes en Denver aprobaron una ley que hacía de la posesión de marihuana por parte de un adulto la “prioridad más baja para las fuerzas del orden” de la ciudad. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger anunció que es hora de estudiar detenidamente la despenalización de la marihuana, la cual ya es el cultivo comercial más importante del estado.

Los políticos estadounidenses parecen estar siguiendo, de manera precavida, el cambio en la opinión pública respecto a la política de narcóticos. Una encuesta reciente de Zogby mostró que el 52 por ciento de los encuestados consideran que la marihuana debe ser legal, gravada y regulada. El cambio es probablemente el resultado de la experiencia: muchos estadounidenses han usado drogas o tienen parientes o amigos que han probado la marihuana u otras drogas y no ven a sus seres queridos como criminales.

Más personas se están preguntando porqué algunos consumidores de drogas tienen que ser encarcelados mientras que otros (tales como el campeón olímpico Michael Phelps) mantienen carreras exitosas e incluso florecientes.

Las reformas en la política de narcóticos están aún más avanzadas en otros países. En 2001, Portugal despenalizó todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. No solamente nunca se materializaron el alza en el consumo de drogas y la crisis de salud pública que muchos esperaban, sino que la tasa de consumo de Portugal se compara de manera favorable con aquella de muchos otros países europeos que han mantenido una política estricta de “encarcélelos”.

En América Latina, políticos que han estudiado la experiencia de Portugal y de otros países con políticas similares han empezado a moverse en esa dirección. A principios de este año, una comisión liderada por tres ex-presidentes latinoamericanos—Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México—pidió a los gobiernos de la región romper el tabú de discutir políticas alternativas en materia de drogas, tales como la despenalización.

Hace poco, Argentina dio lugar a la primera Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, un evento de alto perfil auspiciado por, entre otros, las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Los participantes, incluyendo funcionarios de alto rango y expertos de la región, catalogaron como un fracaso la guerra contra las drogas y sugirieron una estrategia más pragmática para la política de narcóticos que se base en despenalizar la posesión para el consumo personal.

Durante el evento, Aníbal Fernández, jefe de gabinete de la presidenta argentina Cristina Fernández, anunció que su administración estará enviando una ley de despenalización al Congreso durante los próximos meses. Un funcionario ecuatoriano dijo que una legislación similar pronto será debatida en la Asamblea Nacional de ese país. Brasil está considerando cambios similares.

Hace poco México despenalizó la posesión de cualquier droga siempre y cuando las cantidades fuesen lo suficientemente pequeñas para indicar que se trata de consumo personal. De igual forma la Corte Suprema de Argentina dictaminó unos días después que es inconstitucional castigar a los consumidores de marihuana si ninguna otra persona es perjudicada por su uso.

No hay un denominador común ideológico entre aquellos que cuestionan la guerra contra las drogas. Tanto políticos de izquierda como de derecha están insatisfechos con la violencia de pandillas que prevalece en el mercado negro y con lo inútil que es intentar evitar que los adultos que desean consumir drogas lo hagan.

Parece que finalmente hemos llegado a un punto de inflexión en donde los costos de la guerra contra las drogas claramente exceden cualquier beneficio percibido. La adicción a las drogas es un problema. Pero así como la prohibición del alcohol fue una manera incorrecta de lidiar con el problema del alcoholismo, también la guerra contra las drogas es la solución equivocada para hacer frente a la adicción a los narcóticos.

La marcha final

FEDERICO REYES HEROLES

El espectáculo sería impresionante. Reporteros de las cadenas informativas de todo el mundo abarrotando los hoteles del centro de la capital. La gran marcha al Zócalo podría iniciar el primer minuto de 2010. Si los sindicalistas piensan que paralizando avenidas por algunas horas se pueden imponer al País, por qué no expresarse en el mismo idioma. Marcha contra marcha.

La coordinación del movimiento se llevaría tiempo. Lo primero sería explicar el costo de la empresa por habitante, no por ciudadano. El enojo cundiría. La cifra oscila los 400 pesos anuales. Bebés, menores y ancianos todos debemos pagar esa cifra para mantener a la improductiva empresa y su corrupto sindicato. Se podría aprovechar la excepcional movilización para levantar un registro de los sublevados en contra del SME. INEGI podría proveer los instrumentos para el ejercicio. La irritación social por el descaro de los trabajadores de seguro se desbordaría, sobre todo entre los segmentos más pobres. Luz y Fuerza era el impuesto más regresivo del País. La marcha tendría un gran apoyo popular. En lugar de que el subsidio sea transferido por la Federación, mejor que la entrega de los dineros la hagan directamente los moradores, uno por uno. Un impuesto disfrazado en beneficio de un grupúsculo es una burla y una humillación a los mexicanos.

Comenzaría Aguascalientes y terminaría Zacatecas. La logística sería complicada pero no imposible. Los transportistas del País podrían aportar su capacidad de mover a cientos de miles de mexicanos cada día. Las autoridades de la capital, actualmente renuentes a asumir un compromiso por coquetear con la idea de no perder algunos votos, no tendrían margen: o ayudan en la organización o harán el ridículo. Todos los días se tendrían que paralizar partes de la capital dependiendo del sitio de origen de los marchistas. Las molestias se volverían permanentes. Parece que ello sustituye a los argumentos.

Los números se imponen. Los 106 millones de habitantes son una mayoría tan apabullante que los sindicalistas se desvanecen. Trabajadores y jubilados y un porcentaje de sus parientes, representan alrededor del 0.09% de la población nacional. Son estadísticamente insignificantes. Son ellos los que lucraban con este impuesto generalizado a todos los mexicanos. Se tendría que marchar día y noche incluidos los días festivos, no hay otra forma de cumplir con la meta: 40 mil mdp. La ciudadanía no pondría demasiada resistencia, el enojo es tal que se aceptaría el sacrificio. Cada día tendrían que marchar alrededor de 290 mil 500 personas, en promedio 12 mil por hora. La Administración debería absorber alrededor de 200 ciudadanos por minuto. La entrega en efectivo y el registro del nombre y domicilio del habitante afectado por el subsidio a la empresa se llevaría alrededor de pongamos 4 minutos. Se necesitarían en el Zócalo mil recepcionistas-cajeros las 24 horas del día más personal de supervisión y seguridad. Harían falta también camionetas blindadas para poder llevar el efectivo a los bancos.

La gran movilización podría comenzar el 31 de diciembre. Me temo que los líderes sindicales rechazarían la invitación a atestiguar el hecho. Aguascalientes abriría plaza. El espectáculo sería desgarrador. Familias completas de dos y tres generaciones llegando a la cita. Mujeres y hombres mayores ayudados por sus familiares entregando sus 400 pesos. Llegarían muchos niños. Los billetes sucios y doblados seguramente serían en su gran mayoría de denominaciones bajas. Ver a las madres solas pagando por su esposo (¿emigrado quizá?) y por sus hijos, familias de cinco integrantes, paupérrimas, entregando 2 mil pesos y algunas ocasiones más sería desolador. Los fotógrafos no se darían a basto con el triste espectáculo. La marcha permitiría un retrato de la República. Clases medias enfurecidas y vociferantes, trabajadores indignados, muchos pobres pocos ricos, de todo. Quizá lo más doloroso sería el desfile de las entidades con población indígena, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, las primeras, Oaxaca y Veracruz vendrían después.

Creo que los líderes sindicales desaparecerían de vergüenza. El fraude en sus elecciones internas es ya un nuevo referente de la corrupción. La información de sus prebendas es demoledora. Difícilmente podrían convocar a conferencias de prensa, de hecho tendrían que huir de los periodistas en particular de los extranjeros que quizá preguntarían cosas tan sencillas como ¿ustedes consideran progresista que los pobres los sostengan? ¿Cómo es posible que en un país de jóvenes una empresa tenga un jubilado por cada dos trabajadores? ¿Cuáles son los principales contratos del sindicato con la empresa? PRI y PRD tendrían que cambiar sus posiciones, no podrían defender a un grupo de extorsionadores.

Que no amenacen con marchas, porque en eso también están perdidos. Los hundió su corrupción y soberbia. La última marcha sobre el asunto podría ser virtual. Bien por la liquidación, todavía hay dignidad.

14 de octubre de 2009

¿Defender lo indefendible?

DENISE DRESSER

Veinticinco razones por las cuales la izquierda se equivoca al “solidarizarse” con Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas:

1) La izquierda debe defender derechos pero no privilegios, y la dirigencia del SME tiene más de la cuenta. Decir que todas las organizaciones tienen élites no constituye una defensa legítima de líderes sindicales cuestionables.

2) La izquierda no puede fustigar selectivamente la corrupción y tan sólo denunciarla en sindicatos que apoyan/financian a otros partidos y no al PRD o a Andrés Manuel López Obrador. Para ser creíble, el rasero necesita ser parejo.

3) No es posible justificar ante miles de agremiados que su dirigente sea dueño de un rancho con “caballos criollos”, mientras tantos apenas sobreviven con su sueldo.

4) La defensa del SME “aunque fuera charro”, como han reconocido algunos líderes del PRD, coloca a la izquierda en la incómoda posición de defender algo que es indefendible: la corrupción cuando beneficia a los de casa.

5) El argumento de que es preferible el statu quo a que la empresa sea entregada a extranjeros es tramposo por dos motivos. Dada la restricción constitucional, la empresa no se puede privatizar. Y al agitar la bandera de la xenofobia, sus proponentes están sugiriendo que es mejor la expoliación a los consumidores por parte de mexicanos, como si esa fuera una opción mejor, cuando no es así.

6) Al ignorar la evidencia sobre las irregularidades en la elección de Martín Esparza –incluyendo los 3 mil votos de más–, la izquierda corre el riesgo de avalar el fraude que en otras ocasiones ha denunciado con vehemencia.

7) Es cierto que en México hay otros saqueadores, pero eso no justifica la defensa –en términos comparativos– de quienes lo han sido “un poquito” menos.

8) AMLO tiene razón en criticar a “la mafia de la política, el poder y el dinero”, pero también le corresponde denunciarla cuando surge en el mundo sindical.

9) Al defender los privilegios del SME porque “están dentro de la ley”, a la izquierda se le olvida que el evidente conflicto de interés en que incurrió Juan Camilo Mouriño –tan criticado en su momento por López Obrador– también estaba “dentro de la ley”. No es congruente entonces denunciar una conducta mientras se solapa la otra con el mismo andamiaje legal. A la izquierda le urge criticar leyes que fueron creadas precisamente para proteger privilegios empresariales y sindicales.

10) Al fustigar a quienes han criticado la ineficiencia y la corrupción del SME, y sugerir que “le están haciendo el juego al gobierno usurpador en contra de los trabajadores”, a AMLO se le olvidan los millones de mexicanos que han sido víctimas del deplorable servicio de la Compañía de Luz y Fuerza. Hay muchos que condenan al SME, y no por apoyar a Felipe Calderón, sino para pararse del lado de los consumidores y los ciudadanos.

11) Cuando la izquierda argumenta que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho de sus trabajadores a organizar sindicatos que pugnen por mejorar sus condiciones laborales, queda claro que sus líderes no han leído el contrato colectivo que rige actualmente al SME. El documento contiene privilegios que van mucho más allá del espíritu de la ley, y que han incentivado la ineficiencia.

12) Al enarbolar de forma acrítica el argumento de la “autonomía sindical”, la izquierda acaba avalando la opacidad y la discrecionalidad que esta autonomía ha producido.

13) La izquierda tiene razón al decir que el gobierno de Felipe Calderón no ha demostrado el mismo celo persecutorio con otros sindicatos públicos –como los de maestros y petroleros–, pero esa no es justificación suficiente para exigir que no se toque al SME. La izquierda debería exigir que se combatan los privilegios y las irregularidades en el SNTE y en el STPRM.

14) Sugerir que porque el gobierno no ha atacado a otras instituciones corruptas no debe hacerlo en el caso del SME vuelve a la izquierda comparsa de lo que en otros casos sí denuncia. Mimetiza la satanización selectiva que no acepta en el caso de Felipe Calderón.

15) Al arropar al SME, la izquierda pierde credibilidad cuando habla de “empresarios y funcionarios responsables del saqueo y la corrupción”. Ese saqueo y esa corrupción también se han dado dentro de los sindicatos públicos, y por simple consistencia democrática se vuelve imperativo reconocerlo.

16) Es cierto, los sindicatos no son los únicos responsables del desastre, pero sí con corresponsables –al igual que numerosas empresas privadas– de la falta de productividad que ha inhibido el crecimiento económico del país.

17) Si el gobierno de Felipe Calderón “no tiene la autoridad moral” para combatir al sindicalismo corrupto, entonces la izquierda debería asumir esa tarea en vez de rehuirla cuando –por motivos electorales– le conviene hacerlo.

18) Es cierto: El gobierno no ha mostrado la misma tirria vis a vis con otros sindicatos. Pues es hora de exigirle que lo haga, y con la determinación que le ha faltado hasta este momento.

19) Así como AMLO critica a los monopolios privados, debe reconocer los abusos que cometen los monopolios públicos.

20) Si la izquierda denuncia la complicidad de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, pero protege a Martín Esparza, habrá armado su propia forma de complicidad.

21) Al avalar los abusos de la Compañía de Luz y Fuerza, así como del SME, la izquierda se aleja de la ciudadanía cuyo voto debería cortejar, y estrecha aún más su base de apoyo electoral.

22) Si uno de los temas fundacionales de la izquierda en el mundo es la lucha por la equidad, no puede justificar la persistencia de cotos caracterizados por prebendas que el resto de la clase trabajadora de México no recibe.

23) Al arropar a Martín Esparza como lo hace, la izquierda olvida temas fundamentales, como la falta de transparencia en el manejo de las cuotas, el uso discrecional de las aportaciones gubernamentales, y el destino misterioso de millones de pesos que el sindicato obtiene del gobierno y no se ve obligado a transparentar.

24) El costo elevado de la energía eléctrica –debido a la falta de productividad y al peso de un contrato colectivo, cada vez más oneroso– lo cargan los pobres. Según el presidente de la Comisión Federal de Competencia, los pobres pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como la luz, por las ineficiencias que venimos arrastrando desde hace años.

25) Si el lema de la izquierda es “Por el bien de México, primero los pobres”, entonces no puede justificar las transferencias y los subsidios a una empresa quebrada, que recibe –de forma anual– el equivalente a dos veces el presupuesto del Programa Oportunidades. Al aceptar esta situación, la izquierda coloca la defensa de alianzas políticas por encima del combate a la pobreza. Su lema se vuelve “Por el bien de nosotros, primero los sindicatos que nos apoyan”.

13 de octubre de 2009

No reclamo que no me den dinero, sino que me censuren

Enrique Gómez Orozco / Irma Carolina Valadez Calderón


Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que condena el boicot publicitario que el gobierno de Guanajuato implementó contra dos diarios, debido a la postura editorial de éstos; etcétera conversó con el director de uno de ellos, A.M., Enrique Gómez Orozco.


¿Cómo comienza este asunto? ¿Hubo una amenaza previa? ¿Cómo fue?
Un día, el secretario de Gobierno (de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez) nos insulta a mí y al director del periódico Correo. Entonces nos quejamos ante Derechos Humanos (del estado). Se le hizo la recomendación de que diera una disculpa pública y no la cumple el gobernador (Juan Manuel) Oliva. Después publicamos una nota de las andanzas del gobierno de El Yunque, entonces ellos (el gobierno estatal) cortan la publicidad al día siguiente. De un día para otro.

¿Cuál fue la ofensa?
Pues a mí, de pendejo no me bajaban. Además, me acusaron de delitos que no he cometido, de extorsionador, y una serie de barbaridades.

Bajo qué contexto fue eso, ¿dónde estaba?
Él (secretario de Gobierno de Guanajuato) estaba frente a 18 delegados federales. Fue público.

¿Fue esto una sesión, una reunión?
Sí, en una reunión oficial del secretario de Gobierno. Él nos vituperó a mí y a Arnoldo Cuéllar, director del periódico Correo. Pero el periódico el Correo vive del gobierno, 85% de su publicidad es del gobierno, entonces él se amansó.

¿Cuál era el porcentaje que Al Día y a.m. recibían por concepto de publicidad gubernamental?
El 3%, o el 2 y medio, una cosa así.

¿Cada uno o se refiere a los dos?
En general, el 2 y medio porciento.

Entonces me decía que a raíz de este incidente se le hace una recomendación al gobernador Oliva, pero no la cumple, ¿qué piensa usted en ese momento?
Pues que no le interesa cumplirla. A él lo que no le interesa es cumplir la ley, ni recomendaciones, estamos bajo una secta religiosa de fanáticos.

¿Qué fue eso que publicó a.m. respecto a El Yunque y que causó esta reacción?
Un suplemento especial sobre cómo el gobierno está en manos de El Yunque.

¿Se mencionaba ahí al gobernador?
Sí, sí, por supuesto.

Y, a partir de la publicación, ¿hubo alguna llamada previa, alguna advertencia o simplemente se cortó de tajo la publicidad?
No sólo eso, sino que el gobernador, rompiendo la ley, presionó a todos los municipios para que no nos dieran publicidad.

Entonces fue escalonado el asunto.
Sí, fue escalonado, primero el gobierno del estado y todas sus áreas, y después presionaron a todos los municipios, a León, a Irapuato, a Guanajuato, a Celaya, a que no nos dieran un peso de publicidad.

¿Cómo se entera de esto? ¿También porque dejó de llegar la publicidad?
No. Los alcaldes me decían que si nos daban publicidad, el gobierno estatal no les iba a dar dinero (risas).

¿Cuántos de estos municipios acataron la orden?
Todos los que están en manos del PAN.

¿Hubo algún otro tipo de agresión?
No, no. Bueno, trajeron a dos periódicos más aquí a que nos compitieran (risas). Están llenando de publicidad a todos los demás periódicos, periódicos que no circulan.

¿Cuáles son esos periódicos que llegaron a partir del incidente?
Milenio y el Sol de León. Estos son los periódicos que están recibiendo toda la publicidad y no circulan nada. Y el Correo, el otro periódico al que también insultaron, se agachó porque el 85% de su publicidad que reciben es del gobierno. O callar o morir.

¿En qué se basa para decir que esos diarios no circulan?
En todo: tiraje bajo, mala distribución, y en que la gente no lo compra.

¿Usted pidió hablar con alguna persona del gobierno?
Un buen amigo me invitó a tener una reunión conciliatoria. Y tuve una reunión presuntamente conciliatoria con el gobernador y el secretario de Gobierno, pero salí echando lumbre.

¿Qué le comentaron?
Son fanáticos, son gente infumable. Ellos no dijeron nada, se hicieron mensos. Yo no les pedí nada, jamás he pedido nada y ni le pediré nada a nadie.

¿Cuánto tiempo duró ese encuentro?
Fue una comida, primero con uno, y luego otra con el otro. Pero no, no entienden de política, son fanáticos religiosos.

¿Cuándo fue eso?
En 2007.

¿Ellos lo solicitaron o todo fue por medio de su amigo?
La gestión la hizo mi amigo, pero sí fue algo muy desagradable. En mi vida me vuelvo a juntar con ellos, no tengo por qué reunirme con esa gentuza (risas).

¿No le dijeron nada en esas reuniones, no hubo ningún reclamo, ninguna explicación?
Nada, para mí (el gobernador) es un tipo muy desagradable. La verdad es que no se puede hablar. Yo les ofrecí mi entendimiento.Yo no soy enemigo de nadie. Hay una frase muy bella en Guanajuato, cuando uno llega al Palacio de Gobierno, allí hay una frase que dijo el exgobernador José Aguilar y Maya, y decía “el gobernador de Guanajuato, puede tener muchos enemigos, pero no puede ser enemigo de nadie”. Es una frase muy bella, y yo la tomo para el periódico, “el periódico puede tener muchos enemigos, pero el periódico no puede ser enemigo de nadie”.

Ellos no lo entendieron así.
No, ellos no. Hay un profundo sentimiento religioso. Entonces, pues se tira mucho a la guerra religiosa, coartar libertades, si yo quiero ser juarista y masón y ateo pues es mi voluntad y nadie me la puede coartar.

¿Lo que me está diciendo es que el gobernador quiere imponer sus creencias?
Ah, claro, quiere imponer su ideología.

No sólo es un asunto con la prensa.
No, con todo el mundo, pues mandan un libro de biología que parece manual de moral. El gobernador andaba en peregrinaciones, publicamos eso, y pues es una locura.

¿Entonces ellos no le dieron ninguna respuesta?
No, pero se puede decir que nos querían fregar y que pensaron que nos iban a doblar, como doblaron al Correo. Pensaron, “les quitamos la publicidad y se van a venir luego, luego suavecitos”. Pero, yo por ningún motivo, después de que me insultaron, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Prefiero vender coches usados que pedirle algo al gobierno.

¿Cómo toma esta decisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
Muy bien porque le da en el punto, es una limitación a la libertad. Hay una cosa muy importante: si a todos los periódicos nos quitaran la publicidad yo sería feliz. Pero que a todos nos la quitaran parejo. “Se prohíbe que el gobierno se anuncie en los periódicos”, híjole en ese momento se acaba mi competencia, de un plomazo se acaban cuatro (periódicos), nos quedamos sólos aquí en el periódico, porque somos los únicos que vivimos de la publicidad comercial.

¿Cree que esa podría ser una salida para evitar la asignación discrecional de los recursos?
A mí me encantaría que se prohibiera toda la publicidad gubernamental en los periódicos, en la televisión, en todas partes. Que la publicidad sean sus obras. Por ejemplo, los avisos de convocatorias para licitaciones los meten en las publicaciones que circulan la cuarta parte que nosotros. Van contra la ley, porque la ley dice que tiene que ser la publicación de mayor circulación del estado, y nosotros somos el periódico de más circulación del estado, somos los que más empleados tenemos, los que más impuestos pagamos, somos el periódico más grande, no hay duda de eso.

¿A cuántas personas llegan a.m. y Al día?
Entre los dos periódicos, tenemos una circulación de 50 mil ejemplares diarios. Y todos vendidos. Somos el periódico más importante del centro del país, y no es petulante, es un hecho. Y entonces ellos no quieren que nosotros publiquemos, quieren que nos ciñamos a su criterio, están locos, ¿no? Y la sorpresa que tuvieron ellos es que no nos doblamos.

Pareciera que se están dando a conocer más éste tipo de casos.
Claro. Ahí están Contralínea y Proceso, que es la revista más importante del país y no les dan publicidad, eso está mal, ¿por qué sí le dan a Vértigo, que imprime tres mil ejemplares? Está mal.

¿Qué opinión le merece que no exista ninguna ley para regular esta situación?
Yo no soy legislador, no sé que es lo que los legisladores piensan. Pero sí mañana le quitaran la publicidad a todos los periódicos, pues nos quedamos sin competencia.

Pero, ¿cree qué debería haber una ley que lo regule?
No sé en otros países cómo sea, no conozco. Yo entiendo que ya se ha avanzado mucho; por ejemplo, ya se quitó la figura del gobernante, ya no puede salir su cara, y esa es una ventaja. Antes todo el tiempo salían (en los medios de comunicación), parecían cupones. O lo que hacen en el gobierno, que son muy pillos, es que compran información, le dicen a un periódico “te voy a dar publicidad pero me sacas todos los días en portada”, y pues eso es un truco.

O castigan a través de la publicidad.
Y la prensa se vende, hay mucha prensa muy vendida.

Es una responsabilidad mutua.
Así es. Yo no reclamo que no me den dinero, reclamo que me censuren porque es un modo de censura. No, nos hacen ni más ricos, ni más pobres.

A partir de que ustedes presentaron una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, en 2007, ¿han vuelto a recibir publicidad del gobierno estatal?
No. Mandan un anuncito cada venida de obispo, como para taparle el ojo al macho. Hemos pedido por transparencia cuánto gastan en publicidad gubernamental y no nos lo dan.

¿Cuántas veces ha solicitado esta información?
Lo solicitamos una vez, y nos dijeron que no, que es información reservada.

¿Entonces no hay manera de transparentar este asunto?
Nada, nada, son más obscuros que la noche.

¿Qué espera de la recomendación de la CNDH? El gobierno de Oliva tiene 15 días para responder.
Tenemos demandado al gobierno; lo demandamos por el Contencioso-Administrativo.

Y esa demanda, ¿cómo va?
Pues todavía no llegamos a la primera instancia, el caso va a tardar varios años, pero ahí va. Yo presenté la demanda hace cuatro meses. Pero déjeme platicarle una cosa muy interesante: demandé por daño moral al señor Gerardo Mosqueda (secretario de Gobierno de Guanajuato). En Guanajuato no existe en el código el daño moral, pero un juez federal me dio la razón y le gané el caso a Mosqueda. Entonces me va a tener que pagar el daño moral por los insultos.

¿Cuánto va a recibir por eso?
Yo pedí 600 mil pesos, él dice que no, que el no quiere pagar nada. Entonces hay que ver que dice el juez, pero ya le gané, la sentencia es definitiva. Se tiene que llevar un juicio incidental, donde otro juez determine que cantidad me va a pagar, puede ser un peso o pueden ser 600 mil. El hecho es que ya le gané, va a tener que pagar por el daño moral que me hizo.

¿Cree que Juan Manuel Oliva rechace la recomendación que le hace la CNDH?
Ojalá no la rechace, ya sería el colmo, sobre todo porque es un aval moral.

A partir de esta recomendación, ¿cree que verdaderamente cambien las cosas?
Debe servir. Si este cuate (el gobernador) no escucha ni una recomendación de derechos humanos, entonces pues los derechos humanos le vienen guangos, ¿no?

¿Cuál sería su mensaje para la prensa?
En la prensa no debemos de dejarnos, ni vendernos, ninguna de las dos cosas. Debemos vivir de la publicidad y no del gobierno. Quien da el pan manda, y si el gobierno da el pan, a la prensa pues la va a mandar. Nosotros hemos tratado que nunca lo gubernamental sea importante en nuestros ingresos. Que también se nos hace una injusticia que estemos pague y pague impuestos para que se los den a nuestros competidores, es terrible eso. Pero tenemos algo más valioso que todos: la libertad. La gloriosa libertad de que hacemos lo que se nos plazca.

Al periódico, ¿esta situación no lo mermó en nada?
Bueno, sí, nos costó como siete millones (de pesos) por año.

Pero lograron subsistir.
Sí, apretamos las tuercas y ya. La libertad de conciencia no tiene precio, imagínese que nos pusieran a rezar estos mochos, pues no.


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