Ecos yucatecos

Sergio Aguayo Quezada


A la memoria de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.


En Yucatán finalizó el ciclo utópico de la transición política. Si interpretamos correctamente los ecos del Mayab, tal vez podamos reacomodar la pedacería y proceder a la refundación de la democracia.

La etapa heroica de la transición terminó en uno de los lugares donde inició. En noviembre de 1967, el PAN le ganó, por poco tiempo, el ayuntamiento de Mérida al México de Gustavo Díaz Ordaz. En 1969 el carismático líder panista Víctor Manuel Correa Rachó perdió la gubernatura en una elección fraudulenta. El panismo abnegado de aquellos años interpretó el "cinismo y el fraude gigantesco" como una "victoria política del pueblo y de Acción Nacional", porque habían quedado al desnudo la "corrupción de un supuesto gobierno democrático" (Diario de Yucatán, 26 de noviembre de 1969).

Eran los tiempos de una creencia ingenua: con elecciones limpias brotarían la honestidad y el buen gobierno. No fue así, pero la limpieza electoral fue el estandarte que unificó a los diversos y permitió la revancha en Mérida. En 1990 Ana Rosa Payán recuperó para el PAN aquella alcaldía. Dos décadas después, el pasado 16 de mayo, el PAN perdió la presidencia municipal frente a una coalición PRI-Verde Ecologista.

Proliferan los balances que revisan el caso desde la óptica de la lucha por el poder entre partidos y personas. Es correcto decir que subió el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega y que bajó el PAN, César Nava y Patricio Patrón. Hay otra forma de ver la historia. Tras la victoria de Ana Rosa Payán (1990), los medios independientes y la acción ciudadana organizada también tuvieron un papel relevante.

La transición avanzó primero en los centros urbanos donde había un medio de comunicación dispuesto a reflejar las luchas políticas y sociales. Si la oposición al autoritarismo enraizó en la península fue por la presencia cotidiana del Diario de Yucatán. Estaría luego el Frente Cívico Familiar creado en 1988 y cuya participación, en 1990, fue clave para la integración de la Alianza para la Defensa del Voto, que integró al Frente Cívico con el PAN, PARM y PRD.

Esto me lleva a una de las causas de la democracia fallida. Después de cada gran movilización social ha venido una reforma electoral que beneficia a los partidos e ignora a los ciudadanos. La justificación ha sido siempre que los partidos representan a la ciudadanía. Es una falsedad; los partidos han preferido aliarse con los poderes fácticos en detrimento de una democracia de calidad.

El Diario de Yucatán y el Frente Cívico Familiar preservaron su integridad y no entraron al juego de las cuotas de presupuesto y cargos (las exigen las corrientes de los partidos, los maestros, un buen número de medios y hasta el crimen organizado), siguen ejerciendo su independencia ética mientras las elecciones se han convertido en paradigma del "todo se vale".

¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Arnaldo Córdova da una respuesta en La Jornada: "para qué sirve ir a votar si el voto, de nuevo, no se respeta o se pervierte mediante el poder del dinero y de las instituciones del Estado" ("Una normalidad política contraria a la democracia", 23 de mayo de 2010). Su fatalismo es comprensible porque ofende observar la manera en cómo los partidos han malbaratado la alternancia que también le ha costado a la sociedad.

Bajar la cortina y dar la espalda es imposible porque el retroceso está convirtiendo a México en un país peligroso e inhóspito, salvo para quienes predican rodeados de escoltas. Poco antes de la elección estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue una experiencia gratísima que aproveché para conversar largamente con directivos del Diario y del Frente Cívico. Encontré la determinación de seguir buscando formas para frenar el deterioro.

Pese al hartazgo, el Frente Cívico Familiar volvió a observar la elección del 16 de mayo pasado en coordinación con Alianza Cívica. Además de confirmar la victoria del PRI, hizo una estimación de los gastos de campaña. Encontró que el PRI superó los "topes de campaña" en Mérida y que la autoridad electoral no tuvo la capacidad para vigilarlo e impedirlo (www.frentecivicofamiliar.org). Partidos desbocados y árbitros debilitados es un patrón del México de ahora.

Eso ya es insuficiente. Lo nuevo consiste en vigilar de forma permanente la gestión pública aprovechándose de los espacios creados por la alternancia. Son también tiempos de renovación generacional y de actualización temática. En la península, el Frente Cívico y otros organismos ya cuentan con el principal periódico dispuesto a difundir las acciones de una sociedad organizada y consciente. Se acabó la heroicidad y terminó la época romántica de la transición. Es tiempo de exigir a partidos y gobiernos honestidad y eficiencia. Ése es el mensaje yucateco. Hagámosle eco.

"Libre" es lo importante del libre comercio

Sallie James

Sallie James es analista de política comercial del Cato Institute.

El Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por su sigla en inglés) Ron Kirk, hablando recientemente al Comité de Lácteos del Congreso, descartó el libreto sobre cómo negociar tratados cuando aseguró a los productores de lácteos que el USTR los protegería.

Su señal hacia un grupo poderoso de que la Sociedad Trans-Pacífica (TPP, por su sigla en inglés) podría ser una oportunidad para aumentar las barreras comerciales dará más aliento al escepticismo con el cual los partidarios del libre comercio recibieron el anuncio de la administración de Obama a fines del año pasado, de que esta tomaría parte en negociaciones para unirse a un nuevo bloque comercial Asia-Pacífico, incluso mientras otros tratados, más significativos económicamente, se demorasen algo más.

El Sr. Kirk correctamente rechazó sacar completamente de la mesa de negociación a las barreras estadounidenses a los lácteos, tal como el lobby de los productores lo quiso e indicó la necesidad de que la industria láctea sea más competitiva. En un momento, no obstante, justificó mantener las barreras comerciales como parte de las negociaciones de una manera que no muchas veces es asociada con las negociaciones de “libre comercio”. El supuestamente dijo que veía una oportunidad de utilizar las negociaciones para “racionalizar las cosas” e introducir nuevas cuotas a una determinada clase de productos lácteos que ha estado progresando considerablemente en el mercado doméstico durante los últimos años.

Los productos en cuestión son los “concentrados de proteínas de leche” (MPCs, por su sigla en inglés). Los MPCs, utilizados en el queso y otros alimentos lácteos procesados, se hacen cuando la leche es ultra filtrada, quitándole a esta la lactosa y dejando la proteína y otras moléculas grandes como polvo (el concentrado de proteínas de leche también puede hacerse mezclando leche descremada seca con proteínas concentradas, aunque esta tecnología es cada vez más obsoleta).

El lobby estadounidense de lácteos está preocupado porque mientras que las “cuotas arancelarias” altas los protegen de la competencia con gran parte de los productos lácteos comerciales, tales como la leche sin grasa seca, los concentrados de proteínas de leche no están sujetos a las cuotas. El lobby estadounidense de lácteos se ha preocupado cada vez más de que los MPCs hechos con leche seca estén permitiendo que los vendedores extranjeros ingresen al país furtivamente, en efecto evadiendo las barreras comerciales.

Los agricultores estadounidenses de lácteos, especialmente aquellos en el noreste, tienen miedo de los competitivos agricultores de lácteos de Nueva Zelanda, un potencial miembro de la TPP. El gobierno estadounidense mantiene los precios de lácteos altos mediante un sistema complejo de barreras comerciales y soportes de precio que transfiere dinero de los consumidores, las industrias que utilizan lácteos como insumos y los contribuyentes hacia los agricultores de lácteos para asegurar que los precios de los productos lácteos nunca caigan por debajo de cierto nivel. Mientras que a los productores les gusta el ingreso garantizado, este significa que están produciendo para el programa en lugar de producir lo que el mercado demanda. Reducir las barreras a las importaciones de productos lácteos, ya sea a través de una muy necesitada reforma doméstica o como parte de compromisos dentro de un acuerdo comercial, los obligaría a ser competitivos y conducidos por el mercado, y eso tiene al lobby doméstico de lácteos en la defensiva.

El punto de las negociaciones comerciales usualmente es reducir las barreras al comercio internacional. Los consumidores ganan así como también las empresas estadounidenses que se benefician de importaciones más baratas. Los beneficios del libre comercio para una economía en general se conocen desde hace más 200 años. Lo que también se sabe es que poderosos intereses especiales que ganan manteniendo afuera la competencia extranjera pelearán ferozmente para prevenir que los consumidores tengan acceso a productos nuevos y más baratos.

La liberalización comercial negociada —en vez de la unilateral— históricamente ha sido una forma para que los gobiernos hagan lo que saben que está bien para una economía bajo la pretensión de dar acceso al mercado doméstico como una “concesión” para poder ganar acceso a otros mercados. Las negociaciones comerciales tienen detractores de libre mercado, pero estas han logrado algo de bueno al darles cubierta política a políticos que tratan de hacer lo correcto respecto del comercio.

Aquello requiere, no obstante, que los negociadores —en este caso liderados por el Sr. Kirk— entiendan que un comercio más libre es el objetivo final. El miedo es que esta administración, más que otras en los últimos años, ve la política comercial como una manera de promover causas ambientales y objetivos sociales no estrictamente relacionados con el movimiento de bienes y servicio a través de las fronteras. El USTR promovió la TPP a un congresista escéptico del libre comercio como una manera de “actualizar la estrategia estadounidense para asuntos tradicionales, tratar nuevos asuntos, incorporar elementos nuevos que reflejen nuestros valores y prioridades actuales y que respondan a los retos del siglo veintiuno”.

Ahora, como si acumular en los acuerdos comerciales estándares sociales y otras todavía no reveladas actualizaciones no fuese suficiente, él le está dando oxígeno a una causa proteccionista y a la nueva y peligrosa idea de que el “acuerdo de libre comercio” podría incluir nuevas barreras comerciales. Ese es un paso claramente en la dirección equivocada.

Autoridad

Federico Reyes Heroles

Apostaron todo a las alianzas en un acto de vana especulación. Pero la realidad es terca. Llegan las elecciones de Yucatán y el presidente del PAN hace su pueril pataleta. No reconocen la victoria priista y por lo tanto su derrota, impugnan sembrando dudas, convocan al conteo voto por voto con toda la carga histórica que eso supone para el presidente Calderón, su Presidente, y en fin denuestan a las instituciones. Qué podemos esperar del panismo en la decena y media de elecciones que vienen. Ahora resulta que tampoco son una "oposición leal", que el país está gobernado por un partido con una dirigencia sin principios democráticos mínimos, aceptar las derrotas, que son unos arribistas capaces de sacrificar lo más, las instituciones, por lo menos, la capital de un estado. Lo hubiéramos esperado del PRD no del PAN. No es anécdota, el daño está hecho. Dañaron a la autoridad.

Durante semanas la especulación gobernó al país. Que si el padre, que si la madre, que si las nanas, que si la tía. A la tragedia del caso se sumó una opinión pública muy entretenida, alimentada por los medios en el terrible negocio que viene de la mano del morbo. La nota policial en la primera plana, como ocurre desde hace algunos años. Ahora resulta que fue un accidente. Pero cómo vender ese capítulo final de la tragedia a una opinión pública envenenada de especulación. Mejor seguir especulando: todo es una gran mentira. Tampoco es anécdota, hay daño muy concreto, la autoridad, una vez más, quedó por los suelos. Con el caso Paulette, algunos ganaron dinero pero todos perdimos. Que no se llamen a sorpresa cuando en alguna página interior lean que lincharon a unos policías o a un presunto violador en un poblado. Por qué creerles si todo es un gran circo.

Cuál será el desenlace del trágico caso Fernández de Cevallos. Difícil saberlo, pero lo que resulta terrible para la pedagogía popular es que la familia clame, lo cual es entendible, que las autoridades no participen. Pareciera que lo peor que puede suceder es eso. La paradoja no podría ser mayor: si la llamada "ley antisecuestros" ya estuviera vigente, familia y autoridades estarían en falta. Más vale revisar la iniciativa. Tampoco es anécdota, si la propia clase gobernante desconfía de las autoridades, qué puede pensar el ciudadano de a pie.

Nos amanecemos con el amago por parte de la Iglesia Católica de boicotear el censo general de población que está por arrancar. En su interpretación el cuestionario elaborado por una de las instituciones del Estado mexicano más acreditadas, el INEGI, lleva una perversa intención de subdimensionar a los creyentes de esa denominación. El arzobispado no imputa un error técnico sino "un ejercicio que a todas luces responde a intereses perversos e inconfesables". En la lectura de la cúpula de esa Iglesia la máxima autoridad censal y estadística del Estado mexicano sería capaz de una maniobra de ese calibre en contra de decenas de millones de ciudadanos. De ser así, ¿qué podemos esperar del manejo transparente de la información? En su furia la Iglesia Católica, que tampoco vive una primavera de credibilidad, también confunde a la opinión pública y arremete en contra del Estado y de su autoridad. Eso sí es perverso.

México vive momentos delicados. Por un lado está el acecho del narco, por el otro la incomprensión de Estados Unidos. En la "guerra" contra el narco no hay fecha de terminación. En la relación con nuestro vecino del norte y a pesar de los evidentes esfuerzos diplomáticos mexicanos, tampoco hay demasiados buenos augurios. Como nación estamos solos. El presidente Calderón pronunció ante el Congreso de ese país un discurso valiente y delicado. Salió entre ovaciones pero en los hechos y a pesar de la apertura y muestras de simpatía de Obama, queda claro que ni siquiera el Presidente de la primera potencia del mundo puede modificar el curso de los grandes intereses. La nueva ley migratoria no tiene futuro en el corto plazo. Además ya están inmersos en la contienda electoral y el "asunto mexicano" es una vez más carne de cañón. El control sobre las armas, en particular las de asalto, tampoco se ve viable. El deterioro de la imagen de México en el mundo es muy grave y eso perjudica la inversión, el crecimiento, el empleo de los mexicanos.

Es en ese escenario muy complejo que resultan ofensivos e irresponsables los múltiples ataques en contra de la autoridad. No de un servidor o de otro, de la autoridad en general, autoridad como elemento esencial de gobierno. Esa autoridad que es el principio de todo Estado, autoridad imprescindible para mantener la convivencia cotidiana de casi 110 millones de habitantes, autoridad para poder gobernar a México. Dirigentes de partidos, arzobispado, legisladores, comunicadores, medios, todos estamos obligados a cuidar nuestras palabras y sus consecuencias, a cuidar el principio de la autoridad. Estamos en el mismo barco y en medio de una tormenta. Sin ella naufragaremos.

Las invisibles

Sergio Aguayo Quezada

Relacionaré unas frases del Papa con la problemática de nuestras trabajadoras domésticas porque tocan el tema de la justicia y los valores.

La semana pasada Benedicto XVI soltó frases memorables. Aseguró que "la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia", y luego agregó que es insuficiente con pedir perdón porque la Iglesia debe ofrecer justicia: "el perdón no sustituye a la justicia". Las frases son latigazos a tanto fariseo enquistado en la Iglesia y tienen relación directa con nuestro atormentado país.

México es un país injusto, profundamente injusto y en lugar de la denuncia y el lamento llevo mi análisis hacia los remedios. Saldremos de los miasmas en que chapoteamos cuando un número suficiente de mexicanas y mexicanos defendamos nuestros derechos y los de los demás. Para que el cambio en los valores tenga consistencia debe encaminarse a la corrección de injusticias inmediatas, concretas y palpables.

Uno de los grupos sociales más marginados y maltratados de México es el de las trabajadoras domésticas. El 26 de marzo pasado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un documento sobre el tema. Aunque hay patronas y patrones que tratan con respeto a sus trabajadoras, los abusos encontrados por el Conapred son impresionantes. Se estiman en un millón y medio las empleadas a las que se niegan servicios de salud, mientras que 80% carece de prestaciones laborales. Las condiciones en que viven están sujetas a la voluntad de quien las emplea, pero las colaboradoras domésticas son frecuentemente el punto más débil de la estructura familiar, son, con frecuencia, las depositarias de los abusos y las frustraciones.

La situación de estas trabajadoras es una prisión construida con rejas culturales, institucionales y jurídicas. La parte más reforzada es la de los valores que subsisten en la sociedad. Es en el ámbito de lo privado donde brillan con mayor esplendor el machismo, el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Las "sirvientas", las "gatas" o las "chachas" son algunos de los términos con los cuales se pregonan las diferencias de raza y clase. Sobre todo cuando son indígenas.

Una de ellas, citada en el informe del Conapred, explica que "la diferencia con nosotras las indígenas o que venimos de pueblo y que hablamos dialecto, [es que] ellas [las empleadoras] piensan que somos como de piedra, que aguantamos todo, nos cargan más el trabajo y nos tratan más mal, nos discriminan. [...] la señora nos decía 'ustedes como son indias pueden comer hasta la hierba que hay en el jardín'".

Deshumanizar o considerar como inferiores a los dominados son algunos de los mecanismos que siempre han sido utilizados para justificar los maltratos o la explotación. Son mecanismos impropios para una sociedad que aspira a ser democrática. Por eso mismo sorprende que las leyes mexicanas refuercen la injusticia. Las trabajadoras domésticas no tienen, en la práctica, ¡derechos laborales!, y es el único grupo de trabajadores al cual se impone en la ley la obligación de tratar con "consideración y respeto" al "patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar".

Aunque con frecuencia sirve de poco estar protegidos por una ley, es mejor estarlo. Incluirlo en la argumentación me sirve para demostrar la extrema vulnerabilidad de este grupo social. El Conapred está cumpliendo su trabajo al llamar la atención sobre una población discriminada; ahora debería hacer una encuesta para averiguar cuántos de nuestros gobernantes pagan salarios justos y hacen un esfuerzo por dar las prestaciones de ley a sus trabajadoras domésticas. El perdón sin justicia es insuficiente.

Daré dos razones por la cuales debe importarnos la situación de las "sirvientas". Si la cultura de la injusticia es integral, la forma de combatirla es apegándose de manera igualmente integral a un marco valorativo diferente. El enunciado aplica sobre todo a quienes tienen conciencia social. El segundo motivo está en el nexo entre pobreza e inseguridad. Hay suficientes estudios que permiten asegurar que la falta de un salario justo es una condición ideal para el auge del crimen organizado. Mejorar la distribución del ingreso es uno de los pasos concretos que pueden darse para modificar el galopante deterioro de los salarios y de la seguridad.

Hablar de justicia podrá parecer anticuado, pero incorporarla en la medida de lo posible alimenta la esperanza de que no todo esté perdido. Ser justos en el trato a las empleadas domésticas es una forma de mejorar el entorno inmediato y a nosotros mismos.

Consenso excepcional

María Amparo Casar

Lo invito a resolver la siguiente adivinanza. ¿Quién cree usted que es el emisor de los siguientes mensajes?

"Es tiempo de convertir rezagos en oportunidades, de superar la barrera del subdesarrollo, es tiempo de generar los empleos que hacen falta, es tiempo de insertarnos en la sociedad de la tecnología y la información, es tiempo de ser actores y factores de desarrollo, es tiempo de trabajar unidos".

"... tenemos que resolver los retos de largo plazo que enfrenta México, ... es momento de seguir transformando nuestras instituciones, de generar nuevas leyes y nuevas reglas que permitan elevar la productividad y la competitividad de la economía ... una agenda de cambios ... para modernizar la estructura económica de México ... fortalecer la competencia económica ... incrementar la productividad de las empresas ... una reforma para facilitar y acelerar la inversión en infraestructura ... una reforma regulatoria para eliminar todo lo que no sirve en la normatividad ... una reforma en el sector de telecomunicaciones que, preservando los derechos de cada quien, propicie verdaderamente la convergencia a la competencia y la cobertura..."

"Tan importante como el resultado de las elecciones es la agenda que adopte la LXI Legislatura para transformar a México y ponerlo de pie, con la urgencia, sentido y determinación que se requiere" ... son tres los "ejes fundamentales: la reforma del régimen político, que le devuelva poder al ciudadano; la reforma económica, que recupere el crecimiento con justicia y equidad; la reforma social, que compense la desigualdad lacerante e injusta".

"Necesitamos mejorar la calidad en la educación ... abatir con celeridad los altos niveles de pobreza ... modernizar el andamiaje institucional, simplificar la adopción de acuerdos y alinear los incentivos a las demandas ciudadanas. Los desafíos en materia de impulso de competitividad, son fundamentales para atraer y retener inversión ... mejorar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos ... No podemos seguir aplazando las reformas que requiere el país. ... asumamos todos, los costos que implican los cambios. No concentremos nuestros esfuerzos en resguardar falsas conquistas o tratos de privilegio."

"... hacer del crecimiento con equidad la prioridad nacional en las siguientes décadas. Crecer a tasas de 6 o 7 por ciento anual no ocurre por accidente, sino por decisión y acción sostenida" Se deben "eliminar los subejercicios presupuestales y fomentar la inversión privada en la provisión de infraestructura ... se requiere reformar la seguridad social, reducir la informalidad y aumentar la productividad; pero sobre todo reforzar el estado de derecho ...".

"...es necesario tener una reforma fiscal de fondo y que sea de largo plazo, con objeto de convenir equidad para todos los sectores del país... No se puede postergar más, era necesario construir un pacto que nos obligue a hacerle frente a los problemas coyunturales que enfrenta el país y ofrezca una reforma fiscal de fondo, que dé equidad para todos los sectores y seguridad jurídica".

El primer mensaje es de Slim en el Encuentro de Empresarios Latinoamericanos, el segundo de Calderón en el CCE, el tercero de Beltrones, el cuarto de Armando Paredes, presidente saliente del CCE, el quinto de Peña Nieto en el foro Compromisos con México y el sexto del senador Navarrete en la 7º edición de la Cumbre de Negocios. Prácticamente lo mismo decían quienes ocupaban esos cargos hace una década. Mismos retos, mismos diagnósticos, mismos exhortos, mismos compromisos, mismas promesas.

A juzgar por las declaraciones no hay lo que Luis Rubio llama acertadamente el choque dentro de cada civilización: "visiones contradictorias, intereses irreconciliables e incapacidad para asir soluciones comunes". Tenemos la fortuna de contar con un consenso excepcional.

Todas estas voces expresan un mismo sentir. Y no son voces cualesquiera. Son quienes tienen en sus manos el poder para legislar y ejecutar; quienes tienen las llaves para abrir la cerradura de las decisiones. Son la minoría que importa y constituyen la mayoría que puede resolver. Son los que concentran el poder político y el poder económico. Los que rigen el destino del país.

La siguiente adivinanza es por qué ante un consenso tan excepcional no pasa nada, por qué no se resuelven a actuar. No se me ocurren más que dos respuestas: o son adictos a los diagnósticos y promesas y creen que a fuerza de repetir las cosas, ellas ocurrirán, o son unos simuladores que en realidad se benefician del estado de cosas actual y les parece simpático seguirnos darnos atole con el dedo.

El caos monetario de Venezuela

Mary Anastasia O'Grady

Grecia está en bancarrota. Sin embargo, debido a que es un miembro de la zona euro y no puede imprimir dinero, sus vecinos europeos más acaudalados han acordado salir al rescate. A cambio, se espera que Grecia sanee sus arcas y adopte nuevas medidas regulatorias. Por esto es que los sindicatos del sector público han estado protestando en las calles e incluso atacaron un banco con bombas.

Cuidado con los griegos que incendian bancos. No son diferentes a los militantes que protestaron en Argentina en 2001 cuando su gobierno se quedó sin salida fiscal. Argentina también tenía una economía hiperregulada, un gobierno adicto al gasto y un régimen monetario que le impedía el simple hecho de imprimir dinero para pagar sus cuentas. En el fondo, las muchedumbres que protestaban en Argentina deseaban lo mismo que sus contrapartes griegas quieren ahora: un retorno a una moneda nacional que puedan imprimir cuando quieran.

Los detractores del euro parecen pensar que la tragedia griega justifica su postura de que cada país debería tener su propia divisa y política monetaria. Pero eso no resolvería nada. Seamos realistas: si Grecia no fuera la Argentina de la actualidad, sería Venezuela. En ese país, que posee una moneda soberana, el bolívar, y ninguna norma monetaria prohíbe que el banco central financie al gobierno, la inflación ahora se encuentra fuera de control.

En su defensa del liberalismo económico titulada Money, Markets and Sovereignty (Dinero, mercados y soberanía), Ben Steil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y Manuel Hinds, ex ministro de Hacienda de El Salvador, ofrecen una breve historia del auge de las monedas fiduciarias. "La mente moderna", explican, está acostumbrada a "ver el dinero como una creación de los estados". No obstante, los poderosos no lanzaron la idea hace unos 2.500 años "para promover la actividad económica, sino para beneficiarse de ella", recalcan. "Y hoy en día la imposición de las monedas nacionales sigue siendo una de las herramientas más potentes de la que disponen los gobiernos para extraer riqueza de sus poblaciones y ejercer control político sobre ellas".

Argentina diseñó su "ley de convertibilidad", que requería que los pesos estuvieran respaldados por reservas de dólares, precisamente para enfrentarse a este problema. Los políticos, sin embargo, no pretendían hacer reducciones, en el gasto o en la regulación, y con el tiempo una deuda demasiado grande provocó la bancarrota. En 2002, el gobierno descontinuó la convertibilidad del peso. Ocho años después, el peso argentino supuesto flotante es un desastre. El país permanece sumido en la mediocridad económica y una inflación de dos dígitos, y es rehén de un gobierno no liberal.

Anclar la moneda al dólar y, por ende, tercerizar la política monetaria a la Reserva Federal de EE.UU. había sido un éxito, pero los grupos de presión y los políticos no soportaron que esto les quitara poder. Venezuela es otro lugar donde los políticos no ven ninguna razón para restringir el apetito del Estado por hacerse con la riqueza del sector privado. Mantener la estabilidad de los precios debería ser algo obvio porque el gobierno tiene ingresos ganados en dólares para respaldar la divisa nacional. El bolívar, sin embargo, ahora está en caída libre.

En enero, el presidente Hugo Chávez anunció que devaluaría el bolívar de 2,50 por dólar a 4,30 (a excepción de los productos básicos). Les aseguró a los venezolanos que el gobierno sería capaz de proveer todos los dólares necesarios para dirigir la economía al nivel de un bolívar más débil y que la tasa de cambio del mercado negro, que era de seis a uno, convergiría con la tasa cambiaria oficial.

Sin embargo, el sector privado no pareció muy convencido y la tasa cambiaria en el mercado negro subió aún más, lo que encareció las importaciones de forma pronunciada. Hace nueve días, el costo del dólar se disparó por encima de ocho bolívares, lo que indica una feroz espiral inflacionaria.

El origen de este caos monetario es la sed de poder del Estado. Mientras que Fidel Castro hizo uso del terror para convertirse en dictador de Cuba, Chávez ha usado el control estatal de las ganancias petroleras y el banco central para comprar su dictadura. No es un secreto que su popularidad, a pesar del deterioro de los estándares de vida en Venezuela, proviene de la impresión y distribución de bolívares en los barrios de bajos ingresos así como entre las nuevas élites empresariales y las fuerzas armadas.

Con demasiados bolívares que persiguen muy pocos productos, Chávez ahora les echa la culpa a los "especuladores". Hace poco arrestó a 47 carniceros por evadir sus controles de precios. El Congreso, que él controla, también ha propuesto una legislación para penalizar las transacciones en el mercado paralelo de dólares. No obstante, más allá de aterrorizar al país, es poco probable que las severas medidas mejoren la situación porque el mercado necesita dólares para funcionar. "El colapso de la economía está muy cerca", me escribió un venezolano el sábado.

La lección aquí es que sin la voluntad política, el dinero fiduciario en cualquier forma —ya sea en una unión monetaria, anclado a una divisa de reserva o manejado soberanamente— es poco fiable. Como señalan Hinds y Steil, "el dinero no atado a una materia prima da lugar a la inflación cuando es administrado por mandatarios corruptos, irresponsables o incompetentes", lo que cubre a Grecia, Argentina y Venezuela en una pincelada.

Citando la sabiduría de un experto en derecho canónico español del siglo XV, los autores perciben el problema de la moneda fiduciaria: "El poder del gobernante para crear valor de algo sin valor al designarlo como 'dinero' estaba destinado a provocar inflación".

'Va pa' tras'

Denise Dresser

Basta con ver la cara de los priistas en cualquier acto público. Basta con advertir las sonrisas compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están felices y se les nota; están rebosantes y no lo pueden ni lo quieren ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso, saben que encuesta tras encuesta los coloca en el primer lugar de las preferencias en las elecciones estatales y cada vez más cerca de recuperar el control del gobierno federal. El PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita. Beneficiario del panismo incompetente y del perredismo auto-destructivo, el Revolucionario Institucional está a un paso de alcanzar el picaporte de Los Pinos tan sólo dos sexenios después de haber sido expulsado de allí.

Para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un síntoma más de la normalidad democrática. Un indicio más de la alternancia aplaudible. Un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado y que ya sería imposible revertir. "El país ya no es el mismo que el de 1988", advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección priista. "El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo hizo alguna vez", sugieren quienes celebran los logros de la consolidación democrática. "Los priistas se verían obligados a instrumentar las reformas que hasta ahora han rechazado", auguran los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón las voces de aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría de Gobernación, Beatriz Paredes en cualquier puesto del gabinete, y Emilio Gamboa en la presidencia del PRI.

Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Ojalá fuera verdad que tanto el país como el PRI han cambiado lo suficiente como para prevenir el resurgimiento de las peores prácticas del pasado. Pero cualquier análisis del priismo actual contradice ese pronóstico, basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Tom Friedman en The New York Times, en México hoy coexisten tres grupos: "Los Narcos, los No's y los NAFTA's": los capos, los beneficiarios del statu quo y los grupos sociales que anhelan el progreso y la modernización. Y hoy el PRI es, por definición, "El Partido del No". El que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas que protege; el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites que defiende; el que rehúye la modernización sindical por los "derechos adquiridos" que consagró; el que no quiere tocar a los monopolios porque fue responsable de su construcción. El PRI y sus bases son los "No's" porque constituyen la principal oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, privatizar, sacudir, confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron y del cual viven.

A quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses cuestionables de Manlio Fabio Beltrones, que estudie los negocios multimillonarios de Emilio Gamboa, nuevo dirigente de la CNOP y próximo presidente del partido. Allí está el PRI clientelar, el PRI corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que su selección reciente para una de las posiciones más importantes del priismo revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de la organización. Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, Los intocables, como el broker emblemático de la política mexicana; el intermediario entre el dinero y el poder político. Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias. De nuevo en la punta del poder dentro de su propio partido.

Ése es el PRI del 2010, y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denunciado a Emilio Gamboa junto a tantos que se le parecen. Pero no es así. El PRI del nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue siendo un club transexenal de corruptos acusados y corruptos exonerados; de cotos construidos sobre la intersección de la política y los negocios; de redes tejidas sobre el constante intercambio de favores y posiciones, negociadas a oscuras. En una conversación telefónica grabada y ampliamente diseminada -que a pesar de ello no ha hecho mella en su carrera política- Emilio Gamboa le dice a Kamel Nacif: "va p'a tras". Y ése es el mismo mensaje que el PRI envía sobre el país bajo su mando.

La Iglesia ante la justicia

Carmen Aristegui F.

La publicación del insólito comunicado del Vaticano sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, en donde -finalmente- califica al sacerdote como delincuente sin escrúpulos, carente de un auténtico sentimiento religioso y artífice de un sistema de relaciones que "le permitió ser inatacable durante mucho tiempo" marca, ya en definitiva, la ruta de extinción de la congregación creada por el "satán de Cotija" como se le ha llegado a llamar en algunas notas de prensa en los últimos días. El reconocimiento oficial del Vaticano de las monstruosas conductas de Maciel y de la existencia de redes de poder e influencia que impidieron que las denuncias en su contra prosperaran durante décadas representa una válvula de escape ante la actual presión internacional en torno al Vaticano. El caso Maciel es el putrefacto botón de muestra que exhibe no sólo la perversidad individual de Maciel y el funcionamiento de la organización que él mismo creó, sino es ahora el referente más claro dentro de esta crisis mundial. La condena abierta y pública de la Santa Sede en contra de Maciel, utilizando un lenguaje duro e inusual, se enmarca en medio del peor cuestionamiento y crisis de credibilidad por el que haya atravesado la Iglesia Católica en siglos. Tal vez sin un contexto de crisis profunda como éste, jamás hubiéramos visto un comunicado como el que se escribió sobre Maciel y sus legionarios. Se da en medio del fragor de una batalla vaticana por sortear, acusaciones y procesos judiciales que nadie sabe dónde van a parar. El cruce de fuego incluye disculpas públicas en el caso de Irlanda; reunión con víctimas en el caso Malta; renuncias forzadas de obispos implicados en casos de abusos de menores en Miami, Irlanda y Alemania; un nuevo proceso judicial en contra de los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony por encubrimiento y, por supuesto, la denuncia ante una Corte Federal de los Estados Unidos en contra de Benedicto XVI y otros jerarcas religiosos por un hombre de Illinois que afirma haber sufrido, cuando era niño, abusos de un sacerdote al interior de la escuela para niños sordos de St. John. La demanda pide la entrega de archivos confidenciales del Vaticano con denuncias de abusos por parte de clérigos y una compensación monetaria. La demanda afirma que Ratzinger -entonces cardenal-, Tarcisio Bertone y Angelo Sodano conocían las denuncias en contra del presunto depredador que violó a cerca de 200 niños sordos y "se asociaron para mantenerlas en secreto". Se deja entrever en la denuncia que el sacerdote señalado como responsable de abusos reiterados contra esos menores, Lawrence Murphy, era un "hábil recaudador de fondos", filón indudable que lo emparenta con el caso Maciel. El asunto ha colocado, por primera vez, a un Santo Padre ante la posibilidad de ser enjuiciado por una Corte Federal estadounidense. No será ésta la primera ocasión que en ese país se procese judicialmente una demanda de esta naturaleza. La novedad es que ahora quien está imputado es el máximo jerarca. En 2002 el mundo se cimbró por las denuncias en Boston por lo que el fiscal del caso, llamaba "el encubrimiento masivo" de la Iglesia para los más de mil sacerdotes que habían cometido actos criminales en contra de menores. El cardenal Bernard Law, por cierto, salió del país, rumbo a Roma -de donde no ha salido- horas antes de que la policía le entregara un citatorio para presentarse ante el Gran Jurado. En Los Ángeles la Iglesia tuvo que hacer fuertes erogaciones por procesos masivos en contra de sacerdotes por abusos a menores. Hay noticia reciente de que en Kentucky también se presentó otra demanda que exige que el Papa comparezca ante las cortes. En Alemania, la canciller Merkel ha dicho que la autoridad civil intervendrá ante las denuncias masivas que se han presentado en su país. Diferentes organizaciones hacen gestiones ante la Corte Europea de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional alegando que el Vaticano se autodefine como Estado Nación y debe también comparecer en la materia. Lo de Maciel no sólo puede ser un simple despresurizador para el Vaticano. Debe también abrirse con él la puerta para la justicia y la transparencia. Ya ni el Vaticano se atreve a hablar de una actuación en solitario del personaje. Habla ya, por primera vez, de "sistema de relaciones" y de "haber creado a su alrededor un mecanismo de defensa... que lo hizo inatacable". De esas conductas están llenas las demandas judiciales en otras partes del mundo. ¿Alguien levanta la mano para la justicia en México?