DEMOCRACIA

País de privilegios

2011-08-08T21:21:00.001-05:00

Denise Dresser

No logramos crecer a la velocidad que podríamos y deberíamos. No logramos avanzar al ritmo que deseamos y necesitamos. Y la culpa no es la cultura o la historia o el destino o la mala suerte. Tiene que ver con lo que hemos hecho y dejado de hacer. Con decisiones y omisiones y postergaciones internas. Como argumenta Carlos Elizondo en su nuevo libro Por eso estamos como estamos: la economía política de un crecimiento mediocre, el problema central se encuentra en nuestros persistentes "centros de veto"; en la capacidad reiterada de ciertos grupos para frenar políticas públicas en favor del interés público. Y ante ellos se erige una sociedad débil y un Estado capturado, incapaces de desmantelar la red de privilegios que ahora estrangula al país.

Muchos pensábamos que la transición democrática traería consigo una oleada reformista encaminada a ese fin: contener, regular, nivelar, competir, crecer. Pero la dispersión del poder que las urnas generó; el descrédito de las reformas modernizadoras que Carlos Salinas mal instrumentó; la poca claridad y capacidad con la cual el PAN hizo uso del poder que ganó; la permanencia del corporativismo cuyo margen de maniobra creció; la conversión del PRD y del PRI en herederos del "nacionalismo revolucionario" en lugar de sus sepultadores. Esa combinación tóxica explica la parálisis que nos define. Muchos tienen interés en mantener el status quo prevaleciente; nadie tiene la fuerza suficiente para cambiarlo. Muchos siguen siendo beneficiarios del país tal y como está, pocos tienen incentivos para construir una nueva coalición que cambie el estado de las cosas.

Allí están los sindicatos rapaces del sector público. Los empresarios atrincherados en sectores monopólicos. Las organizaciones campesinas aprovechándose de Procampo. La burocracia obesa e improductiva apoltronada en el sector público. Actores dominantes que se comportan conforme a la lógica corporativa del pasado y así sabotean el futuro. Acostumbrados a defender privilegios en lugar de acumular méritos; acostumbrados a extraer rentas -cobros excesivos por sus bienes y servicios- en lugar de competir para disminuirlas. Y todos ellos protegidos por los partidos políticos que defienden su propio feudo, su propio monopolio, su propia carretada de dinero público. Cómplices de la mediocridad, artífices del anquilosamiento, arquitectos del México de más de lo mismo.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a que esto sea así. La normalidad anormal. La disfuncionalidad aceptada. Pensamos que los privilegios desmedidos y las rentas extraídas son una parte incambiable de nuestra identidad nacional. No comprendemos que el arraigo de la lógica clientelar en México es mucho mayor que en otros países y razón definitoria de nuestro rezago. Importa más el derecho del sindicalizado que del ciudadano común y corriente. Importa más defender el arreglo político con Elba Esther Gordillo que educar mejor a los niños de México. Importa más seguir ordeñando a Pemex para financiar las clientelas de los gobernadores que obligarla a ser una empresa moderna, competitiva, productiva, eficiente. En vez de regular, el Estado claudica; en vez de promover la competencia, el Estado la inhibe; en vez de promover los intereses generales, el Estado acaba siendo rehén de los intereses particulares.

Y ésta es una situación inaceptable. Deja a México fuera de la pertenencia al BRIC -Brasil, Rusia, India, China- y al margen de los países en desarrollo con gran tamaño y enorme potencial. Condena a los mexicanos a vivir en un país pobre, rezagado, inseguro. Nos vuelve incapaces de promover la inversión, la competencia, la igualdad de oportunidades y el mérito como forma de ir ascendiendo el escalafón social. Lleva a salidas falsas y a propuestas contraproducentes como la idea -apoyada por Enrique Peña Nieto- de fomentar la sobrerrepresentación del partido mayoritario, para, ahora sí, aprobar "las reformas que el país necesita". Pero como argumenta Carlos Elizondo, el poder unificado tampoco es la panacea. En el pasado el PRI lo tuvo; manejó la economía de forma centralizada, sin contrapesos y desde Los Pinos. Basta con recordar las crisis sucesivas y las devaluaciones destructivas para entender las implicaciones de esa forma fatídica de administrar la política pública. Como dijera famosamente Gabriel Zaid: "Así fue y así nos fue".

Insistimos tercamente en ser un país excepcional y único en tantas cosas. Excepcional en cuanto a la permanencia de tantos privilegios en tan pocas manos. Único en cuanto a la anuencia social ante ello. De allí que la verdadera solución no se halla tan sólo en la instrumentación de reformas institucionales desde arriba. Tiene que ver también con la creación de un contexto de exigencia desde abajo. Con el surgimiento de ciudadanos que asumen derechos exigibles y no simples concesiones o dádivas del gobierno. Con partidos políticos que -de cara al 2012- contesten la siguiente pregunta: ¿Quieren continuar con un país basado en privilegios o transformarlo para que dejemos de estar como estamos?

¿Quién es un ciudadano?

2011-07-17T14:16:00.000-05:00

Juan E. Pardinas

La respuesta más antigua a la pregunta del título sería: el habitante de una ciudad. Sin embargo, una respuesta más moderna afirmaría que ser ciudadano no implica una procedencia geográfica, sino el ejercicio de un conjunto de capacidades y herramientas que la ley define como derechos. La ciudadanía nació como un privilegio. Sólo un grupo reducido de individuos podía portar su caja de herramientas jurídicas que los protegía de los abusos de la autoridad y les permitía participar en la toma de decisiones colectivas.

En la Inglaterra del siglo XVII, sólo los propietarios de tierra, del sexo masculino, de piel blanca se podían plantar frente a la urna y emitir su voto para elegir a un miembro del parlamento. Al paso de las generaciones y los siglos, la noción de igualdad republicana empezó a democratizar el paquete de utensilios jurídicos que define a la ciudadanía. En la norma, los varones sin tierra ganaron derechos equivalentes a sus pares latifundistas. La religión, la pigmentación de la piel, el analfabetismo o el sexo dejaron de ser una barrera para determinar la respuesta de quién es un ciudadano. Es curioso que los mexicanos utilizamos con frecuencia la frase "no estamos en Suiza" para ilustrar que nuestro país tiene mucho camino por recorrer para acceder a niveles superiores de modernidad y civilización. Las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1947, mientras que las suizas no pudieron sufragar en elecciones federales hasta 1971.

La noción de ciudadanía que tenemos hoy es muy distinta a la que tenían nuestros antepasados. Es probable que en unas décadas el concepto también sea distinto. Esa evolución dependerá de que las personas accedamos a herramientas y derechos que hoy no podemos concebir o ejercer a plenitud. En 20 siglos el martillo evolucionó muy poco, pero el taladro es una invención que apantalló a nuestros abuelos.

¿Cuáles serán los derechos que determinarán el concepto de ciudadanía en el siglo XXI? Sospecho y anhelo que la rendición de cuentas y la transparencia de información que tendremos mañana será mucho más vasta que la que tenemos hoy. En el futuro, la rendición de cuentas no sólo aplicará para el presidente de la República y los secretarios de Estado sino también para el médico que te operó de las anginas y el carnicero que te vendió un filete con clembuterol.

El martes pasado, la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, anunció el lanzamiento de una iniciativa internacional para promover gobiernos más transparentes y ciudadanos mejor informados (http://www.opengovpartnership.org). El Comité Directivo de esta iniciativa está formado por representantes de ocho países y nueve organizaciones sociales, entre las que participa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Con la interacción de la sociedad civil y el gobierno, cada país buscará mejorar la rendición de cuentas no sólo de los presupuestos, sino también del impacto y la calidad de los servicios públicos.

Gracias al trabajo del IFAI, México es considerado un campeón internacional en temas de transparencia. Sin embargo, esos laureles se marchitarán pronto si no nos ponemos las pilas. Brasil trae un programa para divulgar los pagos con tarjeta de crédito realizados por servidores públicos. Indonesia tiene un sistema para detallar los costos y tiempos de construcción
de cada una de las decenas de miles de casas que fueron edificadas después del tsunami del 2004. Gran Bretaña difundirá el desempeño de los servicios públicos, desde la puntualidad de un tren hasta la tasa de mortalidad de un hospital.

Aún es temprano para juzgar el nivel de compromiso y voluntad política que cada país pondrá detrás de la iniciativa a favor de gobiernos abiertos. Sin embargo, el proyecto está basado en una premisa de optimismo con fundamento histórico: la idea de ciudadanía no es un concepto estático. A tu caja de herramientas todavía le queda espacio para un desarmador de opacidades y una cinta métrica de resultados.

¿Regresión?

2011-07-12T12:02:00.000-05:00

María Amparo Casar

Las elecciones del Estado de México con su impresionante volumen de votación para el PRI (65%) han provocado una corriente de opinión y un discurso político de parte de sus adversarios que no tiene ni sustento político ni eficacia práctica. A algunos puede disgustar la idea de que el PRI vuelva a la Presidencia en el 2012, a otros nos gusta más la pluralidad, pero hablar de regresión, restauración o incluso de involución política es simplemente un absurdo. Si el PRI regresa a Los Pinos, será porque el electorado así lo decida en las urnas. Si el PRI gana la Presidencia, no habrá restauración, pues no podrá gobernar en las condiciones en las que lo hizo durante 70 años. Además, si lo que se quiere es impedir su retorno, el discurso de la regresión, está visto, no tiene el potencial para movilizar a los electores.

Desde que en 2006 sufrió su peor descalabro electoral (22% de la votación) el PRI ha tenido más triunfos que derrotas. Explicar el éxito electoral por la operación de las maquinarias de los gobernadores o por pura corrupción electoral, principalmente por el mal uso de recursos públicos, no alcanza. Apelar al expediente de la "elección de Estado" cada vez que gana el PRI es un recurso desesperado e ineficaz.

Sin ser el partido en el gobierno, en las elecciones intermedias pasó de ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados a ser la primera minoría. Elevó su votación de 27% en 2006 a 37% en 2009 y su número de legisladores de 104 a 238. ¿Hubo aquí una elección de Estado? Lo dudo. Durante este sexenio en las elecciones locales a pesar de sus tres grandes derrotas (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) ha tenido más triunfos que fracasos: Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. A ellas se unen ahora: Nayarit, Coahuila y el Estado de México.

Esta última entidad fue una de las pocas entidades tripartidistas del país. Sus principales municipios fueron gobernados por el PAN y el PRD y al correr del tiempo los perdieron por un mal desempeño. El PAN pasó de gobernar 23 municipios en 2003 a 12 en el 2009 y el PRD de 22 a 9. Algo habrán hecho mal. En cambio el PRI pasó de 67 a 97. La cámara de diputados local que en 2003 se dividía a tercios hoy es mayoritariamente priista con 40 de 75 diputados. Algo habrán hecho bien.

Hoy la preferencia electoral del PRI alcanza a nivel nacional un 36% y si le ponemos candidato -Peña Nieto- un 47%. Hoy el partido menos rechazado es el PRI. Algo hizo bien el PRI cuando en el 2006 era rechazado por el 36% de los electores y en la última medición es el partido mejor evaluado: 38% expresa una buena opinión (Consulta Mitofsky, junio 2011). ¿Hay aquí una elección de Estado? ¿No cabe la posibilidad de que los electores se hayan decepcionado de los gobiernos del PAN y PRD; no cabe la posibilidad de que el PRI con todos sus defectos haya hecho mejor las cosas?

No me hago la ilusión de que las elecciones en México son un ejemplo de equidad y legalidad. Pero la triste realidad es que en materia de ilegalidad, particularmente del uso de recursos públicos, la cancha ha sido pareja. Cada partido ha sido acusado, con pruebas, de movilizar recursos de manera ilegal en los procesos electorales locales. Otra cosa es que, como con los delitos del orden común, los electorales también queden impunes en un 98%. Si los gobernadores priistas han movilizado una cantidad nada despreciable de recursos públicos a favor de sus candidatos, si sus autoridades electas y funcionarios públicos han hecho proselitismo fuera de la ley, si han adelantado los tiempos de campaña y han contravenido las normas en materia de compra de espacios en los medios electrónicos, lo mismo han hecho los gobiernos del PAN y del PRD. Ahí estuvo el gobierno del DF ayudando al candidato perredista en Guerrero. Ahí Peña Nieto en todos los estados en los que ha habido elecciones. Ahí el gobierno federal en las elecciones de Oaxaca, Sinaloa y Puebla. El cochinero es parejo. Quizá la diferencia es de grado: a mayores recursos, mayor cochinero. En ocasiones ese uso ilegal de recursos ha sido remontado y la oposición ha derrotado al partido en el gobierno. En otras, las maquinarias de los estados han resultado invencibles.

Al final, dadas las prácticas ilegales que caracterizan a todos los partidos, Peña Nieto tiene razón aunque en su explicación se le haya olvidado la ayudadita que le dio a Eruviel: el triunfo en el Estado de México lo explica el trinomio buen gobierno, organización del partido y buen candidato.

Al final y aunque es cierto que nada está escrito de cara al 2012, el PRI está escribiendo un mejor script o al menos un script más convincente ante el electorado que el resto de los partidos. Más les vale reconocerlo y diseñar, a partir de ese reconocimiento, una estrategia competitiva.

¿Y el vaso?

2011-06-13T07:03:00.001-05:00

Denise Dresser

El vaso está medio lleno, asegura Ernesto Cordero. El vaso está medio vacío, le responden sus críticos. México dejó de ser un país pobre, argumenta el secretario de Hacienda y precandidato presidencial. México todavía lo es, le contestan quienes quieren sabotearlo. Cifras van, cifras vienen y no queda claro cuál es la descripción correcta, el diagnóstico adecuado, el posicionamiento que mejor refleja la realidad. ¿Debe el país celebrar su condición clasemediera o lamentar que 50 millones de pobres no la comparten? ¿Debe México congratularse por los pasos que ha dado -durante la última década- en favor de las clases medias y su consolidación o denunciar que han sido demasiado pequeños? El problema con el debate reciente es que desvía la discusión de donde debería estar. Centra la disputa en la cantidad de líquido que contiene el vaso mexicano, en vez de cómo convertirlo en jaibol, en copa. En cómo hacerlo crecer.

De manera torpe, de forma insensible, de modo cuestionable, Ernesto Cordero ha tratado de articular algo importante: la sociedad mexicana está cambiando y las clases medias están avanzando. Una persona es de clase media cuando tiene una mínima independencia económica, aunque sea precaria. El término incluye a profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, académicos, todos los cuales cuentan con un ingreso familiar suficiente para no preocuparse por su sobrevivencia. Es probable que el porcentaje de la población total que alcance ese nivel hoy llegue a casi 60%.

En su libro Clasemediero, Luis de La Calle y Luis Rubio argumentan que, más allá del ingreso, ser de clase media entraña una actitud, y un número creciente de mexicanos la comparte. En los últimos años los clasemedieros lograron comprar una casa; tienen tarjetas de crédito aunque cercanas al tope; entienden que el futuro de sus hijos depende de saber usar una computadora y hablar inglés; cuentan con automóvil y aspiran a elevar su nivel de consumo de manera sistemática. En México -gracias a la estabilidad macroeconómica- hay un segmento creciente de la población que ya no es pobre, va al cine, sale de vacaciones, compra diversos bienes. Se siente de clase media y quiere proteger ese status. Ya no insiste en la redistribución de la riqueza sino en su acumulación. Según Ernesto Cordero, estas son señales de que el país está cambiando en la dirección deseable. Luego entonces, la población debe mantener al PAN en Los Pinos, dado el impacto positivo de 10 años de estabilidad panista vs. décadas de inestabilidad priista.

Para los que ven el vaso medio vacío, la defensa corderista de sus logros es mentirosa, electorera, deshonesta. Señalan que de todos los países latinoamericanos de ingreso medio alto -incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica- México tiene el peor indicador de pobreza. Que 47% de los mexicanos, o sea 50 millones 290 mil personas, viven en pobreza y 21 millones 400 mil personas apenas subsisten. Que según cifras del Coneval, el número de pobres aumentó en casi 5.9 millones en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón. Durante el sexenio de Vicente Fox la pobreza alimentaria cayó casi 14 por ciento para dispararse después en 2007. La política social no combate la pobreza, la administra, dicen personajes priistas como Francisco Rojas. En México algunos caminan hacia adelante mientras muchos permanecen estancados, afirman prominentes líderes del PRI. "Debe haber un reparto equitativo de la riqueza", declara Enrique Peña Nieto, mientras se niega a debatir sobre el modelo económico prevaleciente y cómo lo cambiaría.

El PAN intenta aplaudir lo que ha logrado, mientras el PRI abuchea. El PRI rechaza la responsabilidad que tuvo en meter a México en un hoyo -durante los ochenta y noventa- mientras el PAN no ha hecho lo suficiente para sacar a millones de mexicanos de allí. El asunto es que entre acusaciones y descalificaciones el meollo del problema permanece archivado, guardado, ignorado. La falta de crecimiento económico sostenido. La ausencia de una marea que alce todos los barcos, incluyendo los de tantos que sobreviven con apenas 20 pesos al día. Aunque este año la economía se expanda, el Producto Interno Bruto ha crecido en un promedio anual de sólo 1.6 por ciento en los primeros cinco años del sexenio, y 1.5 por ciento promedio anual en la última década. Cifras que explican por qué la clase media crece pero muy lentamente. Cifras que revelan por qué los pobres no dejan de serlo.

La raíz del problema es que los planteamientos -tanto de un bando como del otro- no entienden lo que la ausencia de crecimiento significa para una sociedad. Como explica Benjamin Friedman en The Moral Consequences of Economic Growth, el crecimiento promueve más oportunidad, más movilidad, más compromiso con la equidad, más dedicación a la democracia. Sin crecimiento económico del tipo que están experimentando países como India y China, México construye "clasemedieros" pero no a la velocidad que podría y debería. Llena el vaso, gota a gota, pero sigue tolerando que sea de tamaño tequilero

No, no es 'normal'

2011-05-30T07:42:00.000-05:00

Denise Dresser

Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.

Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.

Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.

Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.

Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priista que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".

Incentivos e informales

2011-05-22T10:34:00.001-05:00

Juan E. Pardinas

Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.

Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.

Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.

Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.

A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.

La buena nueva

2011-05-05T12:33:00.000-05:00

José Woldenberg

Oigo a varios políticos con mala conciencia, tartamudez lógica y aceitados resortes demagógicos hablar de lo que será una gran novedad entre nosotros: "tendremos, por fin, candidatos ciudadanos". Tres recomendaciones no solicitadas. 1) No tengan mala conciencia: ustedes también son ciudadanos. 2) Recuerden sus clases de lógica: "Todos los mexicanos somos humanos. No todos los humanos son mexicanos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Humanos. -Entre los humanos unos somos mexicanos y otros argentinos, franceses, chinos y sígale usted. Ahora bien: "Todos los políticos son ciudadanos. No todos los ciudadanos son políticos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Ciudadanos. -Entre los ciudadanos hay quienes son políticos, mientras otros manejan taxis, hacen tortas o se dedican al baile. 3) Si las recomendaciones anteriores tienen algún sentido, entonces, por favor, eviten la demagogia. Creo que no es mucho pedir.

Los legisladores, con buen tino, evitaron hablar de candidaturas ciudadanas porque sabían que todas lo son. Prefirieron acuñar el término candidaturas independientes. Un vocablo no sólo más parco, sino empatado con la lógica. ¿Independientes de quién o de qué? Con claridad respondieron: independientes de los partidos políticos existentes. Distintos, diferentes, separados de ellos.

De ahora en adelante (si la Cámara de Diputados así lo aprueba y la mitad más uno de los congresos locales también), tendremos candidatos independientes de los partidos a las presidencias municipales, a los congresos locales y federal, a las gubernaturas y a la Presidencia. Ojalá la medida sirva para incorporar a muchos ciudadanos a la lucha electoral, a la disputa por los cargos electivos, a los puestos de representación.

Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en qué se convertirán esos ciudadanos cuando puedan registrarse como candidatos?, es decir, ¿cuando aparezcan en la boleta para ocupar distintos cargos de elección popular? Y la respuesta es automática, clara, incontrovertible, si a uno no lo nubla la densa bruma de la retórica: en políticos. En ese momento el manto ciudadano -que con tan buenos oropeles irradia prestigio y que a todos nos arropa o debería arropar- deberá abrirse un poco para aceptar -espero- que nuevos ciudadanos han arribado a la política. Lo cual -insisto- no está nada mal.

Ahora bien, ¿ese o esos ciudadanos-políticos se presentarán a las elecciones solos, de uno en uno, sin base de apoyo, sin equipo de trabajo, serán una especie de predicadores solitarios anunciando una buena nueva? Imagino que no. Que en buena lid armarán su base de apoyo, su equipo de trabajo, su infraestructura material, se dotarán de algún discurso, postularán cierto diagnóstico de los males del país y sus posibles soluciones, etcétera. Y entonces ¿qué cree usted? Estaremos ante un nuevo partido político. No importa cómo se autodenomine: club, movimiento, grupo, asociación. Será, a querer o no, un partido. Pequeño (municipal o distrital), muy pequeño (distrital o municipal), mediano (estatal), grande o muy grande (nacional), pero partido al fin. Podrá ser efímero (bueno para una sola elección) o permanente, personalista (aglutinado en torno a algún líder) o colegiado, ilustrado o plebeyo, pero partido sin duda alguna.

Y vendrá su reglamentación. Podrá ser más o menos permisiva o restrictiva, pero resultará inescapable. No es casual que en el dictamen aprobado por la Cámara de senadores se diga con todas sus letras que la legislación secundaria debe contemplar temas como: "El respaldo de un número mínimo de ciudadanos... adecuada distribución territorial (de los mismos)... derechos y prerrogativas... financiamiento público... (Acceso a medios)... obligaciones... rendición de cuentas... acceso a la justicia electoral".

En suma, los ciudadanos con ganas de participar en política (cosa buena) podrán postular candidatos independientes de los partidos existentes (perfecto), formando nuevos partidos (muy bien), a los que seguramente se negarán a reconocer como tales por la mala fama de los mismos. Nada más imaginar una campaña clamando "vota por un ciudadano no por un político" (¿se acuerdan del Verde?) es para abatir a cualquiera.

Para decirlo en breve, ahí donde hay elecciones y funcionan los órganos colegiados y representativos (congresos) aparecen los partidos. No son una planta exótica y ni el mejor mago los puede desa- parecer. Son criaturas connaturales a los procesos electivos y a la democracia representativa. Aparecen y se fortalecen al mismo tiempo y no se conocen democracias sólidas, implantadas, durables, sin partidos. Tienen mala fama, causan tirria, generan enojos, pero resultan insustituibles; y los que reniegan de ellos, cuando quieren convertirse en representantes, acaban creando sus propios partidos. No es un asunto que se pueda resolver por la vía nominalista, es decir, cambiándole el nombre a la "cosa". Porque esa "cosa", ya sabemos, es una organización que busca que sus miembros ocupen cargos de gobierno o legislativos.

Bajo la sombra de Maciel

2011-04-22T10:26:00.000-05:00

Carmen Aristegui F.

La Iglesia Católica se encuentra sumida en una de las más graves crisis de confianza y credibilidad por las que ha atravesado a lo largo de sus más de 2 mil años de historia. La agobian los escándalos mundiales sobre pederastia clerical, abusos y encubrimientos masivos que han sido exhibidos en los últimos años, a través de denuncias, investigaciones y trabajos periodísticos. La crisis es grave y profunda. El mundo ha conocido de los abusos que, masivamente, se han cometido en contra de menores y seminaristas y ha sabido, también, de las prácticas institucionales de ocultamiento y simulación. La respuesta frente a innumerables testimonios y casos documentados ha sido lenta, tardía e insuficiente. Desprovisto de un mea culpa elemental, el Vaticano arriba a Semana Santa con un as bajo la manga: la beatificación del Papa más mediático y con mayor carisma de los últimos tiempos pero, a la vez, el más polémico y cuestionado por su papel en esta historia. Juan Pablo II será recordado como uno de los grandes protagonistas, por su papel activo en el fin de la Guerra Fría, por su habilidad para convocar a multitudes -mismas que pretende recuperar el Vaticano, a través de la imagen beatificada- y también por combatir, dentro de su Iglesia, las expresiones de la teología de la liberación.

¿Qué tan grave será la crisis que el Vaticano se toma hoy de un clavo ardiente? Benedicto XVI ha dado un paso en falso y ha contravenido el sentido de urgencia, planteado por él mismo a raíz de los escándalos, para "...contrarrestar aquello que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias y que ha oscurecido de tal manera la luz del evangelio, como no lo habían hecho siglos de persecución". ¿El camino para lograr su propósito de reconstituir a la Iglesia es beatificando a su antecesor? Ratzinger ha conocido, como pocos, las conductas escandalosas y criminales de Marcial Maciel. Él sabe cuánto sabía él y cuánto sabía su antecesor. Ambos formaron parte de ese "sistema de relaciones que a Maciel... le permitió ser inatacable durante mucho tiempo". Justo cuando el debate, las investigaciones y la justicia internacional se centran en despejar preguntas sobre quiénes y cuánto sabían acerca de las conductas criminales de sacerdotes, es que Ratzinger decide encaminar, precisamente, a Juan Pablo en la ruta de los altares. ¿Cuánto sabían Ratzinger y Wojtyla sobre lo que ahora son escándalos en serie, de los últimos años? ¿Qué informaciones recibieron sobre lo que ocurría en Malta, Irlanda, Wisconsin, Boston, Bélgica, México o Alemania? ¿Qué tipo de responsabilidad histórica es la que les corresponde?

De entre todos, el del mexicano Marcial Maciel es, tal vez, el que más sombra les hace. Aunque están otros casos documentados, como el del padre Hullerman en Bavaria o el del reverendo Murphy acusado de abusar de 200 niños sordos en Estados Unidos, las principales voces -aun dentro de la Iglesia Católica- utilizan el caso Maciel para manifestar su rechazo a esta beatificación. No hay manera de disociar la imagen de Juan Pablo y, por supuesto, la de Ratzinger de la del fundador y guía de los Legionarios de Cristo. Durante el pontificado de Juan Pablo II se rechazó abrir una investigación sobre las conductas execrables del legionario y sus secuaces, a pesar de las evidencias y acusaciones en su contra. Ratzinger cerró, primero, la puerta a la investigación que se le pedía. Después, en la víspera, y ya siendo Papa, desató un proceso, aún inacabado, en el que reconoció oficialmente la verdad de las acusaciones. Ahora juega, extrañamente, con los símbolos y derivados del caso Maciel. ¿Por qué el Vaticano decidió beatificar a Juan Pablo II exactamente un año después de emitir el histórico comunicado en el que reconocía, por primera vez y en voz alta, las conductas inescrupulosas y delictivas del sacerdote mexicano? ¿Por qué eligió, precisamente, el 1o. de mayo para realizar la ceremonia en la Plaza de San Pedro, cuando fue precisamente ese mismo día, un año antes, cuando decretó esa suerte de defenestración post mortem contra el fundador y guía de los Legionarios de Cristo? ¿Qué pretende el Vaticano con tan singular coincidencia en las fechas? ¿Acaso pretende tapar al demonio Maciel con la figura del beato Juan Pablo II? En cualquier caso, y a pesar de los intentos para liberarse de la figura, la biografía de los dos papas quedará, indefectiblemente, bajo el manto y la sombra de Marcial Maciel.

País maleducado

2010-11-29T12:22:00.001-06:00

Denise Dresser

Brechas que dividen. Brechas que separan. Brechas que el sistema educativo no logra remediar. Condenando al país a la mediocridad permanente porque de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, sólo 68 completan la educación básica y sólo 35 terminan la secundaria. Sólo 8.5 por ciento de la población cuenta con una licenciatura. Sólo 3 por ciento de la población indígena completa al menos un año de universidad. Sólo una de cada cinco mujeres indígenas entre la edad de 15 y 24 años sigue estudiando. La educación pública en México es un desastre, ni más ni menos. Y el problema fundamental está en un modelo político y económico que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima del crecimiento económico; que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos; que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de educar niños. Un sistema de cotos reservados y sindicatos apapachados y acuerdos políticos arraigados.

El sistema educativo ha sido parte central de ese modelo disfuncional, con los resultados que el reporte "Brechas" de Mexicanos Primero ilumina dolorosa pero necesariamente. Las desigualdades mayúsculas, las brechas que separan los estratos educativos, las brechas que dividen a México del mundo. La escuela mexicana de nivel básico que funciona como espejo de las divisiones sociales pero no como propulsor para trascenderlas. El hecho de que la inequidad en la distribución del aprendizaje está relacionada con las desigualdades socioeconómicas. Y ante ello la complacencia de tantos. La costumbre de ver las brechas como algo normal e imbatible.

Brechas que explican por qué en México tantos viven con la mano extendida. Con la palma abierta. Esperando la próxima dádiva del próximo político. Esperando la próxima entrega de lo que Octavio Paz llamó "el ogro filantrópico". El cheque o el contrato o la camiseta o el vale o la torta o la licuadora o la pensión o el puesto. La generosidad del Estado clientelar que produce personas acostumbradas a recibir en vez de participar. Personas acostumbradas a callar en vez de exigir. Clientes apáticos y conformistas en vez de ciudadanos competitivos y exigentes. Educados tres, cuatro, o cinco años menos que los habitantes de países con los cuales México tiene que competir.

Porque el sistema educativo no está pensado para garantizar la movilidad social. En México, nacer en la pobreza significa -en la mayor parte de los casos- morir en ella. Y eso se debe a nuestros pobres resultados educativos. Se debe a nuestra apuesta histórica a la plata, al oro, al cobre, al petróleo, al gas, a las playas, a los bosques. México le apuesta a los recursos naturales y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello. Construye un país de hombres ricos y empleados pobres; de líderes sindicales privilegiados y miles de maestros mal pagados. Lo que no hemos logrado entender aún es que la única apuesta que verdaderamente cuenta es la apuesta a la gente, al capital humano, a aquello que es genuinamente renovable y multiplicador.

Al contrario, hemos creado un sistema de clientelas en todos los ámbitos. Un sistema de élites políticas y económicas acaudaladas, amuralladas, asustadas ante los pobres a quienes no han querido -en realidad- educar. Porque no quieren franquear la brecha que tanto los beneficia. Porque no tienen los incentivos para hacerlo. Allí están los choferes y los obreros y los maestros y las empleadas domésticas y los jardineros mal pagados. Los que asisten a la escuela por turnos y dejan de hacerlo porque no parece importante. Sin primaria terminada, sin secundaria acabada, sin una carrera profesional para hacerlos productivos, competitivos, ciudadanos de México y del mundo.

La razón del rezago se encuentra en el binomio SEP / SNTE. En un modelo magisterial que ya ofrece poco margen para seguir siendo viable. En la creciente subordinación de Alonso Lujambio a los dictados de "La Maestra", porque quiere llevar la fiesta en paz y asegurar su candidatura presidencial. En la persistencia de prácticas claramente ilegales como los cobros de maestros en dos entidades federativas, las secretarias con plazas de maestros, los "prestanombres" que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas, y la colonización de dependencias por "comisionados" que obstaculizan cualquier cambio de fondo.

El estado de la educación en un país avisora cómo será en 30 años. Ante lo que ello implica ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de nuestro sistema educativo. Seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos. Seguir resignándonos a escuelas pobres para pobres, canalizadoras de ciudadanos de segunda. Seguir ignorando que la brecha en educación se traduce en brechas de desarrollo, en brechas de derechos, en brechas que condenan a una niña indígena a la marginación, cuando se merece lo mismo que queremos para nuestras propias hijas.

¿Somos idiotas?

2010-10-18T09:04:00.000-05:00

Denise Dresser

El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad "yo no me meto en la política". Así describe Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y protecciones por parte del Estado -incluyendo espectáculos y diversión- pero no participan o exigen eficacia. Y el Estado mexicano, sólo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como "feligreses" en vez de ciudadanos. A quienes ofrece los beneficios de pertenencia a una iglesia o a un club, donde se antepone la devoción a una secta y se sacrifican de manera rutinaria los derechos democráticos. A quienes mediante segundos pisos y dádivas diarias y piscinas instaladas sobre el Paseo de la Reforma vuelven a los mexicanos adictos al populismo.

Adictos a pensar que el mejor político es el que más obra política construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a la simplificación de la complejidad mediante la cual un partido ofrece "vales para medicinas", la eliminación de la tenencia unos días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, la disminución del IVA, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo siempre nos ha acompañado, pero hoy en día parece aún más en boga. El PRI tiene a Enrique Peña Nieto, el PRD/PT/Convergencia a Andrés Manuel Obrador y a Marcelo Ebrard, el PAN a Felipe Calderón quien suele caer en la tentación populista en cada Informe de Gobierno o antes de cualquier contienda electoral.

Y no es difícil entender por qué recurren al populismo como instrumento para gobernar. El populismo hace que todo sea tan simple, tan claro, "haiga sido como haiga sido". Divide al mundo en "fanáticos" o "gente decente que trabaja y lleva a sus hijos a la escuela". Clasifica a los mexicanos en los puros y los que generan "asquito". Separa a México en el "pueblo bueno" y "la mafia que se ha adueñado del país". Algo tan complejo como la crisis post-electoral del 2006 se atribuye al odio y al rencor generado por López Obrador. Algo tan complicado como las razones detrás de nuestro crónico subdesempeño económico se atribuye a "el pillaje neoliberal". Cada bando busca organizar sus odios, generar sus propios adictos, dividir conforme a sus principios impolutos. Peor aún, el populismo absuelve a los ciudadanos de la responsabilidad para encarar los problemas del país.

Como señala Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del populismo va acompañado del vicio del paternalismo. El vicio de los gobiernos y las autoridades públicas de empeñarse en salvar a los ciudadanos del peligro que representan para sí mismos. Los políticos mexicanos de todas las estirpes se ofrecen solícitamente para dispensar a los ciudadanos de la pesada carga de su autonomía. Su lema es "Yo te guiaré: confía en mí y te daré lo que quieres". Un desfile multimillonario para festejar el Bicentenario: allí está. Una pista de hielo en el Zócalo: allí viene. Pena de muerte para los secuestradores; el Partido Verde apoya la iniciativa. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios aunque sea de forma autoritaria: allí está Carlos Salinas, otra vez. Una popular novia actriz de telenovelas: aparece en cada "spot" de Peña Nieto. México carga con uno de los mayores peligros de las democracias: una casta de "especialistas en mandar" que se convierten en eternos candidatos. En cada elección asistimos -y contribuimos- al reciclaje de pillos.

Y el problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés del resto de los ciudadanos, que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque logran erigirse en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. El populismo ya sea de derecha o de izquierda sobrevive porque no hemos alcanzado la educación que premie la disidencia individual sobre la unanimidad colectiva. Que recompense el mérito en lugar del compadrazgo. Que nutra nuestra capacidad de luchar contra lo peor para que venga lo mejor. Que construya ciudadanos autónomos, libres, de carne y hueso. Que institucionalice la desconfianza en los líderes y la vigilancia sobre ellos por diferentes medios.

Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 66 por ciento de los mexicanos piensa que "personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el gobierno hace". Si eso no cambia, México seguirá siendo un terreno fértil para quienes quieren mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, ajenos a la política y residentes permanentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por proto-populistas y ciudadanos idiotizados que los celebran.

200 años de paradoja fiscal

2010-09-06T17:42:00.001-05:00

El gobierno mexicano tiene recursos abundantes, pero su recaudación es muy escasa

Gabriel Farfán

A lo largo de 200 años México ha construido una paradoja fiscal excepcional: recauda poco pero gasta mucho y no siempre lo hace productivamente. Difícilmente podríamos imaginar el comparar a nuestro gobierno con el de Haití en infraestructura y salarios. Sorprendentemente, ambos recaudan lo mismo (9.5 contra 9.4 por ciento de México, de acuerdo con el tamaño del PIB), pero mientras que Haití recauda poco y gasta poco, México recauda poco y gasta casi el triple (27 por ciento) de lo que recauda. En el marco de la celebración del Bicentenario y del próximo envío por el Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto para 2011 a la Cámara de Diputados, este pequeño dato oculta uno de los hilos conductores más relevantes para entender la dimensión económica, pero sobre todo política y social que tienen las finanzas públicas.

Desde las postrimerías del siglo XVIII hasta los albores del siglo XXI, los recursos económicos que ha tenido el gobierno mexicano no han sido ni son escasos. La Nueva España fue capaz de sostenerse a sí misma, cubrir los déficits españoles y a las colonias americanas (sostuvo casi el 100 por ciento del remanente del gobierno de España –la Junta de Cádiz– cuando había sido invadida por los franceses). Hoy, al dimensionar el tamaño y costo de la burocracia, comparar los salarios de los altos funcionarios con los de otros países y el gasto en educación, es decir, al hacer una revisión rápida de cuánto y cómo gasta nuestro gobierno, se podría concluir que el gobierno tiene recursos abundantes.

La paradoja mexicana se explica por el enorme contraste que hay entre ingresos y gastos. Por un lado la hacienda pública ha estado en quiebra técnica a lo largo de 200 años y por el otro el gobierno nunca ha dejado de funcionar. Más aún, refleja abundancia.

La caricatura de México como un "cuerno de la abundancia" es útil para entender el origen de esta paradoja. El territorio que hoy constituye México tuvo la fortuna de tener una dotación inicial de recursos muy apreciados. Ya fuere por la abundancia de plata en los inicios de su historia, el fuerte endeudamiento durante el Porfiriato, o los ingresos por la exportación de diversas materias primas (henequén, petróleo), las fuentes de recursos bajo control directo o indirecto del gobierno han sido generosas. Esta disponibilidad le ha ahorrado al gobierno el costo de extraer impuestos de los más pobres y los más ricos, evitando que los primeros atenten contra la estabilidad política y social y que los segundos debiliten la economía o intenten tomar directamente el control del Estado.

Si el gobierno mexicano no tuviera fuentes alternas a la contribución de ciudadanos y dependiera de un crecimiento económico robusto, le sería imposible –simultáneamente– hacerse de la vista gorda en el cobro de impuestos, construir redes clientelares y otorgar subsidios y transferencias engañando a la gente con un bienestar falso que prolonga el atraso y desatiende la promoción de una economía y administración virtuosas. El gobierno gasta un 60 por ciento de nuestro dinero en el "tema social" y es pobre la promoción económica y administrativa.

El resultado final de 200 años del uso de paliativos para cubrir el faltante es obvio: ha sido imposible convencer de las virtudes que traería una reforma fiscal a los "ciudadanos imaginarios" del siglo XIX, a los "ciudadanos simulados" del siglo XX y a los "ciudadanos anulados" del XXI.

La experiencia acumulada por gobiernos que presentan condiciones similares a las de México no debe seguir pasándose por alto, en particular por nuestros irresponsables gobernantes. Aquellos que dependen del usufructo de un recurso natural y que cierran o dificultan la posibilidad de que los ciudadanos y empresas contribuyan financieramente al funcionamiento y objetivos que persigue el gobierno jamás tendrán finanzas sanas y la calidad de su sector público será mediocre, ¿suena familiar?

Sustituyendo impuestos con distintas fuentes no sólo se desmoraliza a aquellos funcionarios que hacen lo posible por recaudar más y gastar mejor. En realidad, ocurre algo mucho más grave: se depreda el patrimonio público (ahí está el agotamiento de nuestras reservas petroleras) y se debilita sistemáticamente el vínculo de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía fomentando un "valemadrismo" generalizado. El gobierno federal, estatal y municipal no se siente obligado a rendir cuentas y aplicar productivamente el gasto porque no depende de las contribuciones de la ciudadanía y al mismo tiempo ésta se "desentiende" una y otra vez de los asuntos públicos. Es el trueque perverso de la excepcionalidad fiscal mexicana: "paguen lo que puedan o quieran de impuestos que mientras yo gobierno tenga maneras de suplir el faltante no me sentiré obligado a usar el dinero como se debe y ustedes ciudadanos tampoco tendrán la autoridad moral ni las energías para exigírmelo".

Esto sólo cesará cuando las finanzas públicas entren, por fin, en una crisis sin precedentes.

El autor es doctor en gobierno y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Del tamaño de su ineptitud

2010-06-24T18:23:00.001-05:00

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un Gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos

Enrique Gómez Orozco

Crear un destino turístico de la nada lleva años, ya sea en la playa o en los más desarrollados centros urbanos. Crear en cuatro meses un destino turístico para enseñar historia es casi imposible.

Si además de ello se hace por capricho religioso, el fracaso está garantizado. A menos que se invente una aparición milagrosa de algún santo o virgen, el destino de la Expo Bicentenario de Silao fue pronosticado con mucho tiempo.

En la extrema ignorancia de los funcionarios públicos que gobiernan el estado, se imaginó posible crear una exposición que atrajera la friolera de 12 millones de visitantes en 2010. Así lo anunció pomposamente y con voz engolada el secretario de Gobierno, hace más de dos años. El tipo no sabía que Epcot Center de Disney, en Orlando, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, logra 11 millones con una infraestructura de miles de hectáreas y cientos de hoteles para darle servicio, carreteras de acceso y aeropuertos en Miami, Palm Beach y el propio Orlando, además de Tampa.

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos.

Ignoraba Juan Manuel Oliva y su mandante en la Secretaría de Gobierno, Gerardo Mosqueda, que el asunto era una desproporción. Se los dijimos una y otra vez, se los dijeron los empresarios muchas veces, se los volvemos a repetir. El festejo al pie del Cubilete es una jalada.

¿Para qué enseñar la historia de los lugares sacros de la patria y de Guanajuato en bodegas con aire acondicionado cuando los originales están a 20 kilómetros en la Alhóndiga de Granaditas, o un poco más de camino, en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende?

¿Para qué tirar tanto dinero en cuatro meses cuando se pudo transformar esas entidades con esa suma escandalosa?

Con tal de atraer a visitantes que no vendrían por su propio pie, se contrató a una empresa de espectáculos. Tan metida estaba la susodicha empresa en los aspectos históricos que decidieron traer a Chayanne para la inauguración. Paradoja invitar a un boricua a la primera fiesta, alguien que viene de la última colonia latinoamericana. Después se supo que lo traerán por casualidad, porque tenía otros compromisos en México en las mismas fechas. Todo por atraer despistados fanáticos de la música pop y no ciudadanos interesados en asuntos patrios.

Fanfarronería de ignorantes fanáticos religiosos que incluso llegan a la estulticia de decir que "ahí todo comenzó" cuando la verdad es otra. La cuna es Dolores, ningún otro lugar.

La desfachatez con la que tiran nuestros recursos resulta vergonzosa. ¿Cómo gastarse 47 millones de pesos en una escultura por encargo, asignada entre cuates sin el menor pudor ni sentido de austeridad que debe guardar todo gobierno en medio de la crisis?

Su chabacanería política no tiene medida y aun si la obra pública y la prosperidad económica de la entidad fueran viento en popa, seguiría siendo un despropósito tirar mil 600 millones en cuatro meses en pura fiesta sin sentido.

Sin embargo, las carreteras están detenidas, los municipios no arrancan obras ni mejoran su operación; la competitividad de Guanajuato se desploma y la eficiencia gubernamental está en los últimos lugares del país.

Les vale gorro. Creyeron que el llegar al gobierno les daría la oportunidad de hacer cualquier cantidad de barbaridades sin que nos diéramos cuenta. Y a menos que inventen una aparición como la de Juan Diego, el atractivo de la feria estará en los espectáculos subsidiados de artistas pop, en los fuegos de artificio y, al final de cuentas, en el testimonio mismo de la ineptitud de Juan Manuel Oliva, Gerardo Mosqueda y todos los cortesanos que se llenaron las bolsas de millones con el despilfarro, aplaudiendo la obra y construyendo sin concurso.

El autor es director general del periódico a.m. de León, Guanajuato.

Para tener una gran UNAM

2010-06-10T02:19:00.001-05:00

Carlos Elizondo Mayer-Serra

El rector de la UNAM critica sin piedad, desde el modelo de desarrollo, producto de "las lacras de una modernidad mal entendida", hasta la estrategia de combate contra el crimen organizado. Sin embargo, a la UNAM no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.

Hace una semana, en la reunión de rectores de América Latina, pidió más dinero. Hubo quienes no le aplaudieron. El senador Madero declaró: "Es muy importante siempre procurar el mayor número de recursos a la educación en general y a la educación superior en particular, pero también es importante reconocer que se requiere dar resultados, que se requiere rendir cuentas...".

Es una crítica blandita comparada con las del rector. Sin embargo, la respuesta de la UNAM no se hizo esperar: "Con el mayor respeto, se le pide al senador Gustavo Madero que modere sus comentarios o que aporte la información que los sustente. De otra forma, lastima a una comunidad y no contribuye a generar el ambiente de civilidad que se requiere...".

El presupuesto de la UNAM ha crecido de forma vertiginosa. En 2000 tenía 10.5 miles de millones de pesos, este año cuenta con 27 mil millones. En términos reales creció más del 90%. En ese periodo el personal académico creció 19.3% y la población escolar 23.2%. Tuvieron mucho más dinero, pero sólo hicieron un poco más.

La educación superior financiada con recursos públicos es crucial en el desarrollo de un país. Permite ampliar los horizontes de cientos de miles de jóvenes. Un país requiere investigación de largo aliento y espacios culturales públicos. La UNAM contribuye en este objetivo. La pregunta es cómo podemos lograrlo de la mejor forma. Gastar más en la UNAM es dejar de gastar en otra cosa.

No es lo mismo rendición de cuentas que ser auditado. En la página de la UNAM se encuentra el informe de la auditoría, pero éste nada informa. El reporte del auditor interno son dos páginas. El del auditor externo una. Estas auditorías sólo dicen que la UNAM cumplió con la norma. No dicen cómo se gastó el dinero.

¿Cómo puede saber un legislador si es mejor darles recursos adicionales a la UNAM, al IPN o la UANL? ¿Cuántos estudiantes se gradúan por año como proporción de los que entraron en su generación y con qué promedios? ¿Cómo se comparan en el mercado laboral los egresados de las distintas universidades? ¿Cuántas clases dan sus profesores y con qué calidad? ¿Hay que construir más edificios o usar mejor los existentes, incluido desalojar auditorios que, se dice, albergan delincuentes? El mismo tipo de preguntas se pueden hacer para los recursos destinados a investigación o difusión. Tampoco está claro si le sobra o no gente, ni existen rubros precisos como el costo de viajes de los funcionarios.

Sin rendición de cuentas la propia UNAM no puede explicarnos por qué, por ejemplo, no se amplió la oferta de estudiantes en ingeniería civil, donde el país tiene un déficit, y prefirió hacer un museo de arte contemporáneo o por qué en lugar de mejorar las instalaciones de sus preparatorias optó por pagar tanta publicidad.

Si la UNAM quiere realmente rendir cuentas, se requiere una mayor precisión de cómo se gastan los recursos. Su página de internet da información poco útil para ese propósito.

El gobierno en todos sus niveles suele gastar mal. La UNAM está lejos de ser la peor portada. Sin embargo, es una de esas instituciones que debiera ser modelo de una verdadera rendición de cuentas.

La UNAM siempre va a tener un gran peso, un amplio presupuesto y una gran influencia. Lo puede lograr por la calidad de sus estudiantes y la relevancia de su investigación o por su capacidad para operar como un grupo de poder, con aliados políticos, medios de comunicación amigos y un espíritu corporativo defensivo ante la crítica.

Yo prefiero una UNAM anclada, fundamentalmente, en sus resultados. Para ello, debería saber aprovechar la crítica como oportunidad para construir una mejor universidad, no vivirla como una supuesta ofensa política. Una UNAM que rinda cuentas no como un ejercicio burocrático formal, sino como muestra de la claridad del proyecto educativo y cultural que encarna, nos acercaría al objetivo de tener una gran UNAM, no sólo una UNAM grandota. Una gran UNAM basada en una mejora constante y medible puede llegar a ser una de las "nuevas hazañas nacionales" propuestas por el rector Narro en la presentación de la Iniciativa México.

Ecos yucatecos

2010-05-26T11:10:00.001-05:00

Sergio Aguayo Quezada

A la memoria de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.

En Yucatán finalizó el ciclo utópico de la transición política. Si interpretamos correctamente los ecos del Mayab, tal vez podamos reacomodar la pedacería y proceder a la refundación de la democracia.

La etapa heroica de la transición terminó en uno de los lugares donde inició. En noviembre de 1967, el PAN le ganó, por poco tiempo, el ayuntamiento de Mérida al México de Gustavo Díaz Ordaz. En 1969 el carismático líder panista Víctor Manuel Correa Rachó perdió la gubernatura en una elección fraudulenta. El panismo abnegado de aquellos años interpretó el "cinismo y el fraude gigantesco" como una "victoria política del pueblo y de Acción Nacional", porque habían quedado al desnudo la "corrupción de un supuesto gobierno democrático" (Diario de Yucatán, 26 de noviembre de 1969).

Eran los tiempos de una creencia ingenua: con elecciones limpias brotarían la honestidad y el buen gobierno. No fue así, pero la limpieza electoral fue el estandarte que unificó a los diversos y permitió la revancha en Mérida. En 1990 Ana Rosa Payán recuperó para el PAN aquella alcaldía. Dos décadas después, el pasado 16 de mayo, el PAN perdió la presidencia municipal frente a una coalición PRI-Verde Ecologista.

Proliferan los balances que revisan el caso desde la óptica de la lucha por el poder entre partidos y personas. Es correcto decir que subió el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega y que bajó el PAN, César Nava y Patricio Patrón. Hay otra forma de ver la historia. Tras la victoria de Ana Rosa Payán (1990), los medios independientes y la acción ciudadana organizada también tuvieron un papel relevante.

La transición avanzó primero en los centros urbanos donde había un medio de comunicación dispuesto a reflejar las luchas políticas y sociales. Si la oposición al autoritarismo enraizó en la península fue por la presencia cotidiana del Diario de Yucatán. Estaría luego el Frente Cívico Familiar creado en 1988 y cuya participación, en 1990, fue clave para la integración de la Alianza para la Defensa del Voto, que integró al Frente Cívico con el PAN, PARM y PRD.

Esto me lleva a una de las causas de la democracia fallida. Después de cada gran movilización social ha venido una reforma electoral que beneficia a los partidos e ignora a los ciudadanos. La justificación ha sido siempre que los partidos representan a la ciudadanía. Es una falsedad; los partidos han preferido aliarse con los poderes fácticos en detrimento de una democracia de calidad.

El Diario de Yucatán y el Frente Cívico Familiar preservaron su integridad y no entraron al juego de las cuotas de presupuesto y cargos (las exigen las corrientes de los partidos, los maestros, un buen número de medios y hasta el crimen organizado), siguen ejerciendo su independencia ética mientras las elecciones se han convertido en paradigma del "todo se vale".

¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Arnaldo Córdova da una respuesta en La Jornada: "para qué sirve ir a votar si el voto, de nuevo, no se respeta o se pervierte mediante el poder del dinero y de las instituciones del Estado" ("Una normalidad política contraria a la democracia", 23 de mayo de 2010). Su fatalismo es comprensible porque ofende observar la manera en cómo los partidos han malbaratado la alternancia que también le ha costado a la sociedad.

Bajar la cortina y dar la espalda es imposible porque el retroceso está convirtiendo a México en un país peligroso e inhóspito, salvo para quienes predican rodeados de escoltas. Poco antes de la elección estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue una experiencia gratísima que aproveché para conversar largamente con directivos del Diario y del Frente Cívico. Encontré la determinación de seguir buscando formas para frenar el deterioro.

Pese al hartazgo, el Frente Cívico Familiar volvió a observar la elección del 16 de mayo pasado en coordinación con Alianza Cívica. Además de confirmar la victoria del PRI, hizo una estimación de los gastos de campaña. Encontró que el PRI superó los "topes de campaña" en Mérida y que la autoridad electoral no tuvo la capacidad para vigilarlo e impedirlo (www.frentecivicofamiliar.org). Partidos desbocados y árbitros debilitados es un patrón del México de ahora.

Eso ya es insuficiente. Lo nuevo consiste en vigilar de forma permanente la gestión pública aprovechándose de los espacios creados por la alternancia. Son también tiempos de renovación generacional y de actualización temática. En la península, el Frente Cívico y otros organismos ya cuentan con el principal periódico dispuesto a difundir las acciones de una sociedad organizada y consciente. Se acabó la heroicidad y terminó la época romántica de la transición. Es tiempo de exigir a partidos y gobiernos honestidad y eficiencia. Ése es el mensaje yucateco. Hagámosle eco.

"Libre" es lo importante del libre comercio

2010-05-25T17:51:00.004-05:00

Sallie James

Sallie James es analista de política comercial del Cato Institute.

El Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por su sigla en inglés) Ron Kirk, hablando recientemente al Comité de Lácteos del Congreso, descartó el libreto sobre cómo negociar tratados cuando aseguró a los productores de lácteos que el USTR los protegería.

Su señal hacia un grupo poderoso de que la Sociedad Trans-Pacífica (TPP, por su sigla en inglés) podría ser una oportunidad para aumentar las barreras comerciales dará más aliento al escepticismo con el cual los partidarios del libre comercio recibieron el anuncio de la administración de Obama a fines del año pasado, de que esta tomaría parte en negociaciones para unirse a un nuevo bloque comercial Asia-Pacífico, incluso mientras otros tratados, más significativos económicamente, se demorasen algo más.

El Sr. Kirk correctamente rechazó sacar completamente de la mesa de negociación a las barreras estadounidenses a los lácteos, tal como el lobby de los productores lo quiso e indicó la necesidad de que la industria láctea sea más competitiva. En un momento, no obstante, justificó mantener las barreras comerciales como parte de las negociaciones de una manera que no muchas veces es asociada con las negociaciones de “libre comercio”. El supuestamente dijo que veía una oportunidad de utilizar las negociaciones para “racionalizar las cosas” e introducir nuevas cuotas a una determinada clase de productos lácteos que ha estado progresando considerablemente en el mercado doméstico durante los últimos años.

Los productos en cuestión son los “concentrados de proteínas de leche” (MPCs, por su sigla en inglés). Los MPCs, utilizados en el queso y otros alimentos lácteos procesados, se hacen cuando la leche es ultra filtrada, quitándole a esta la lactosa y dejando la proteína y otras moléculas grandes como polvo (el concentrado de proteínas de leche también puede hacerse mezclando leche descremada seca con proteínas concentradas, aunque esta tecnología es cada vez más obsoleta).

El lobby estadounidense de lácteos está preocupado porque mientras que las “cuotas arancelarias” altas los protegen de la competencia con gran parte de los productos lácteos comerciales, tales como la leche sin grasa seca, los concentrados de proteínas de leche no están sujetos a las cuotas. El lobby estadounidense de lácteos se ha preocupado cada vez más de que los MPCs hechos con leche seca estén permitiendo que los vendedores extranjeros ingresen al país furtivamente, en efecto evadiendo las barreras comerciales.

Los agricultores estadounidenses de lácteos, especialmente aquellos en el noreste, tienen miedo de los competitivos agricultores de lácteos de Nueva Zelanda, un potencial miembro de la TPP. El gobierno estadounidense mantiene los precios de lácteos altos mediante un sistema complejo de barreras comerciales y soportes de precio que transfiere dinero de los consumidores, las industrias que utilizan lácteos como insumos y los contribuyentes hacia los agricultores de lácteos para asegurar que los precios de los productos lácteos nunca caigan por debajo de cierto nivel. Mientras que a los productores les gusta el ingreso garantizado, este significa que están produciendo para el programa en lugar de producir lo que el mercado demanda. Reducir las barreras a las importaciones de productos lácteos, ya sea a través de una muy necesitada reforma doméstica o como parte de compromisos dentro de un acuerdo comercial, los obligaría a ser competitivos y conducidos por el mercado, y eso tiene al lobby doméstico de lácteos en la defensiva.

El punto de las negociaciones comerciales usualmente es reducir las barreras al comercio internacional. Los consumidores ganan así como también las empresas estadounidenses que se benefician de importaciones más baratas. Los beneficios del libre comercio para una economía en general se conocen desde hace más 200 años. Lo que también se sabe es que poderosos intereses especiales que ganan manteniendo afuera la competencia extranjera pelearán ferozmente para prevenir que los consumidores tengan acceso a productos nuevos y más baratos.

La liberalización comercial negociada —en vez de la unilateral— históricamente ha sido una forma para que los gobiernos hagan lo que saben que está bien para una economía bajo la pretensión de dar acceso al mercado doméstico como una “concesión” para poder ganar acceso a otros mercados. Las negociaciones comerciales tienen detractores de libre mercado, pero estas han logrado algo de bueno al darles cubierta política a políticos que tratan de hacer lo correcto respecto del comercio.

Aquello requiere, no obstante, que los negociadores —en este caso liderados por el Sr. Kirk— entiendan que un comercio más libre es el objetivo final. El miedo es que esta administración, más que otras en los últimos años, ve la política comercial como una manera de promover causas ambientales y objetivos sociales no estrictamente relacionados con el movimiento de bienes y servicio a través de las fronteras. El USTR promovió la TPP a un congresista escéptico del libre comercio como una manera de “actualizar la estrategia estadounidense para asuntos tradicionales, tratar nuevos asuntos, incorporar elementos nuevos que reflejen nuestros valores y prioridades actuales y que respondan a los retos del siglo veintiuno”.

Ahora, como si acumular en los acuerdos comerciales estándares sociales y otras todavía no reveladas actualizaciones no fuese suficiente, él le está dando oxígeno a una causa proteccionista y a la nueva y peligrosa idea de que el “acuerdo de libre comercio” podría incluir nuevas barreras comerciales. Ese es un paso claramente en la dirección equivocada.

Autoridad

2010-05-25T17:44:00.005-05:00

Federico Reyes Heroles

Apostaron todo a las alianzas en un acto de vana especulación. Pero la realidad es terca. Llegan las elecciones de Yucatán y el presidente del PAN hace su pueril pataleta. No reconocen la victoria priista y por lo tanto su derrota, impugnan sembrando dudas, convocan al conteo voto por voto con toda la carga histórica que eso supone para el presidente Calderón, su Presidente, y en fin denuestan a las instituciones. Qué podemos esperar del panismo en la decena y media de elecciones que vienen. Ahora resulta que tampoco son una "oposición leal", que el país está gobernado por un partido con una dirigencia sin principios democráticos mínimos, aceptar las derrotas, que son unos arribistas capaces de sacrificar lo más, las instituciones, por lo menos, la capital de un estado. Lo hubiéramos esperado del PRD no del PAN. No es anécdota, el daño está hecho. Dañaron a la autoridad.

Durante semanas la especulación gobernó al país. Que si el padre, que si la madre, que si las nanas, que si la tía. A la tragedia del caso se sumó una opinión pública muy entretenida, alimentada por los medios en el terrible negocio que viene de la mano del morbo. La nota policial en la primera plana, como ocurre desde hace algunos años. Ahora resulta que fue un accidente. Pero cómo vender ese capítulo final de la tragedia a una opinión pública envenenada de especulación. Mejor seguir especulando: todo es una gran mentira. Tampoco es anécdota, hay daño muy concreto, la autoridad, una vez más, quedó por los suelos. Con el caso Paulette, algunos ganaron dinero pero todos perdimos. Que no se llamen a sorpresa cuando en alguna página interior lean que lincharon a unos policías o a un presunto violador en un poblado. Por qué creerles si todo es un gran circo.

Cuál será el desenlace del trágico caso Fernández de Cevallos. Difícil saberlo, pero lo que resulta terrible para la pedagogía popular es que la familia clame, lo cual es entendible, que las autoridades no participen. Pareciera que lo peor que puede suceder es eso. La paradoja no podría ser mayor: si la llamada "ley antisecuestros" ya estuviera vigente, familia y autoridades estarían en falta. Más vale revisar la iniciativa. Tampoco es anécdota, si la propia clase gobernante desconfía de las autoridades, qué puede pensar el ciudadano de a pie.

Nos amanecemos con el amago por parte de la Iglesia Católica de boicotear el censo general de población que está por arrancar. En su interpretación el cuestionario elaborado por una de las instituciones del Estado mexicano más acreditadas, el INEGI, lleva una perversa intención de subdimensionar a los creyentes de esa denominación. El arzobispado no imputa un error técnico sino "un ejercicio que a todas luces responde a intereses perversos e inconfesables". En la lectura de la cúpula de esa Iglesia la máxima autoridad censal y estadística del Estado mexicano sería capaz de una maniobra de ese calibre en contra de decenas de millones de ciudadanos. De ser así, ¿qué podemos esperar del manejo transparente de la información? En su furia la Iglesia Católica, que tampoco vive una primavera de credibilidad, también confunde a la opinión pública y arremete en contra del Estado y de su autoridad. Eso sí es perverso.

México vive momentos delicados. Por un lado está el acecho del narco, por el otro la incomprensión de Estados Unidos. En la "guerra" contra el narco no hay fecha de terminación. En la relación con nuestro vecino del norte y a pesar de los evidentes esfuerzos diplomáticos mexicanos, tampoco hay demasiados buenos augurios. Como nación estamos solos. El presidente Calderón pronunció ante el Congreso de ese país un discurso valiente y delicado. Salió entre ovaciones pero en los hechos y a pesar de la apertura y muestras de simpatía de Obama, queda claro que ni siquiera el Presidente de la primera potencia del mundo puede modificar el curso de los grandes intereses. La nueva ley migratoria no tiene futuro en el corto plazo. Además ya están inmersos en la contienda electoral y el "asunto mexicano" es una vez más carne de cañón. El control sobre las armas, en particular las de asalto, tampoco se ve viable. El deterioro de la imagen de México en el mundo es muy grave y eso perjudica la inversión, el crecimiento, el empleo de los mexicanos.

Es en ese escenario muy complejo que resultan ofensivos e irresponsables los múltiples ataques en contra de la autoridad. No de un servidor o de otro, de la autoridad en general, autoridad como elemento esencial de gobierno. Esa autoridad que es el principio de todo Estado, autoridad imprescindible para mantener la convivencia cotidiana de casi 110 millones de habitantes, autoridad para poder gobernar a México. Dirigentes de partidos, arzobispado, legisladores, comunicadores, medios, todos estamos obligados a cuidar nuestras palabras y sus consecuencias, a cuidar el principio de la autoridad. Estamos en el mismo barco y en medio de una tormenta. Sin ella naufragaremos.

Las invisibles

2010-05-19T10:30:00.002-05:00

Sergio Aguayo Quezada

Relacionaré unas frases del Papa con la problemática de nuestras trabajadoras domésticas porque tocan el tema de la justicia y los valores.

La semana pasada Benedicto XVI soltó frases memorables. Aseguró que "la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia", y luego agregó que es insuficiente con pedir perdón porque la Iglesia debe ofrecer justicia: "el perdón no sustituye a la justicia". Las frases son latigazos a tanto fariseo enquistado en la Iglesia y tienen relación directa con nuestro atormentado país.

México es un país injusto, profundamente injusto y en lugar de la denuncia y el lamento llevo mi análisis hacia los remedios. Saldremos de los miasmas en que chapoteamos cuando un número suficiente de mexicanas y mexicanos defendamos nuestros derechos y los de los demás. Para que el cambio en los valores tenga consistencia debe encaminarse a la corrección de injusticias inmediatas, concretas y palpables.

Uno de los grupos sociales más marginados y maltratados de México es el de las trabajadoras domésticas. El 26 de marzo pasado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un documento sobre el tema. Aunque hay patronas y patrones que tratan con respeto a sus trabajadoras, los abusos encontrados por el Conapred son impresionantes. Se estiman en un millón y medio las empleadas a las que se niegan servicios de salud, mientras que 80% carece de prestaciones laborales. Las condiciones en que viven están sujetas a la voluntad de quien las emplea, pero las colaboradoras domésticas son frecuentemente el punto más débil de la estructura familiar, son, con frecuencia, las depositarias de los abusos y las frustraciones.

La situación de estas trabajadoras es una prisión construida con rejas culturales, institucionales y jurídicas. La parte más reforzada es la de los valores que subsisten en la sociedad. Es en el ámbito de lo privado donde brillan con mayor esplendor el machismo, el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Las "sirvientas", las "gatas" o las "chachas" son algunos de los términos con los cuales se pregonan las diferencias de raza y clase. Sobre todo cuando son indígenas.

Una de ellas, citada en el informe del Conapred, explica que "la diferencia con nosotras las indígenas o que venimos de pueblo y que hablamos dialecto, [es que] ellas [las empleadoras] piensan que somos como de piedra, que aguantamos todo, nos cargan más el trabajo y nos tratan más mal, nos discriminan. [...] la señora nos decía 'ustedes como son indias pueden comer hasta la hierba que hay en el jardín'".

Deshumanizar o considerar como inferiores a los dominados son algunos de los mecanismos que siempre han sido utilizados para justificar los maltratos o la explotación. Son mecanismos impropios para una sociedad que aspira a ser democrática. Por eso mismo sorprende que las leyes mexicanas refuercen la injusticia. Las trabajadoras domésticas no tienen, en la práctica, ¡derechos laborales!, y es el único grupo de trabajadores al cual se impone en la ley la obligación de tratar con "consideración y respeto" al "patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar".

Aunque con frecuencia sirve de poco estar protegidos por una ley, es mejor estarlo. Incluirlo en la argumentación me sirve para demostrar la extrema vulnerabilidad de este grupo social. El Conapred está cumpliendo su trabajo al llamar la atención sobre una población discriminada; ahora debería hacer una encuesta para averiguar cuántos de nuestros gobernantes pagan salarios justos y hacen un esfuerzo por dar las prestaciones de ley a sus trabajadoras domésticas. El perdón sin justicia es insuficiente.

Daré dos razones por la cuales debe importarnos la situación de las "sirvientas". Si la cultura de la injusticia es integral, la forma de combatirla es apegándose de manera igualmente integral a un marco valorativo diferente. El enunciado aplica sobre todo a quienes tienen conciencia social. El segundo motivo está en el nexo entre pobreza e inseguridad. Hay suficientes estudios que permiten asegurar que la falta de un salario justo es una condición ideal para el auge del crimen organizado. Mejorar la distribución del ingreso es uno de los pasos concretos que pueden darse para modificar el galopante deterioro de los salarios y de la seguridad.

Hablar de justicia podrá parecer anticuado, pero incorporarla en la medida de lo posible alimenta la esperanza de que no todo esté perdido. Ser justos en el trato a las empleadas domésticas es una forma de mejorar el entorno inmediato y a nosotros mismos.

Consenso excepcional

2010-05-18T14:05:00.003-05:00

María Amparo Casar

Lo invito a resolver la siguiente adivinanza. ¿Quién cree usted que es el emisor de los siguientes mensajes?

"Es tiempo de convertir rezagos en oportunidades, de superar la barrera del subdesarrollo, es tiempo de generar los empleos que hacen falta, es tiempo de insertarnos en la sociedad de la tecnología y la información, es tiempo de ser actores y factores de desarrollo, es tiempo de trabajar unidos".

"... tenemos que resolver los retos de largo plazo que enfrenta México, ... es momento de seguir transformando nuestras instituciones, de generar nuevas leyes y nuevas reglas que permitan elevar la productividad y la competitividad de la economía ... una agenda de cambios ... para modernizar la estructura económica de México ... fortalecer la competencia económica ... incrementar la productividad de las empresas ... una reforma para facilitar y acelerar la inversión en infraestructura ... una reforma regulatoria para eliminar todo lo que no sirve en la normatividad ... una reforma en el sector de telecomunicaciones que, preservando los derechos de cada quien, propicie verdaderamente la convergencia a la competencia y la cobertura..."

"Tan importante como el resultado de las elecciones es la agenda que adopte la LXI Legislatura para transformar a México y ponerlo de pie, con la urgencia, sentido y determinación que se requiere" ... son tres los "ejes fundamentales: la reforma del régimen político, que le devuelva poder al ciudadano; la reforma económica, que recupere el crecimiento con justicia y equidad; la reforma social, que compense la desigualdad lacerante e injusta".

"Necesitamos mejorar la calidad en la educación ... abatir con celeridad los altos niveles de pobreza ... modernizar el andamiaje institucional, simplificar la adopción de acuerdos y alinear los incentivos a las demandas ciudadanas. Los desafíos en materia de impulso de competitividad, son fundamentales para atraer y retener inversión ... mejorar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos ... No podemos seguir aplazando las reformas que requiere el país. ... asumamos todos, los costos que implican los cambios. No concentremos nuestros esfuerzos en resguardar falsas conquistas o tratos de privilegio."

"... hacer del crecimiento con equidad la prioridad nacional en las siguientes décadas. Crecer a tasas de 6 o 7 por ciento anual no ocurre por accidente, sino por decisión y acción sostenida" Se deben "eliminar los subejercicios presupuestales y fomentar la inversión privada en la provisión de infraestructura ... se requiere reformar la seguridad social, reducir la informalidad y aumentar la productividad; pero sobre todo reforzar el estado de derecho ...".

"...es necesario tener una reforma fiscal de fondo y que sea de largo plazo, con objeto de convenir equidad para todos los sectores del país... No se puede postergar más, era necesario construir un pacto que nos obligue a hacerle frente a los problemas coyunturales que enfrenta el país y ofrezca una reforma fiscal de fondo, que dé equidad para todos los sectores y seguridad jurídica".

El primer mensaje es de Slim en el Encuentro de Empresarios Latinoamericanos, el segundo de Calderón en el CCE, el tercero de Beltrones, el cuarto de Armando Paredes, presidente saliente del CCE, el quinto de Peña Nieto en el foro Compromisos con México y el sexto del senador Navarrete en la 7º edición de la Cumbre de Negocios. Prácticamente lo mismo decían quienes ocupaban esos cargos hace una década. Mismos retos, mismos diagnósticos, mismos exhortos, mismos compromisos, mismas promesas.

A juzgar por las declaraciones no hay lo que Luis Rubio llama acertadamente el choque dentro de cada civilización: "visiones contradictorias, intereses irreconciliables e incapacidad para asir soluciones comunes". Tenemos la fortuna de contar con un consenso excepcional.

Todas estas voces expresan un mismo sentir. Y no son voces cualesquiera. Son quienes tienen en sus manos el poder para legislar y ejecutar; quienes tienen las llaves para abrir la cerradura de las decisiones. Son la minoría que importa y constituyen la mayoría que puede resolver. Son los que concentran el poder político y el poder económico. Los que rigen el destino del país.

La siguiente adivinanza es por qué ante un consenso tan excepcional no pasa nada, por qué no se resuelven a actuar. No se me ocurren más que dos respuestas: o son adictos a los diagnósticos y promesas y creen que a fuerza de repetir las cosas, ellas ocurrirán, o son unos simuladores que en realidad se benefician del estado de cosas actual y les parece simpático seguirnos darnos atole con el dedo.

El caos monetario de Venezuela

2010-05-18T13:58:00.000-05:00

Mary Anastasia O'Grady

Grecia está en bancarrota. Sin embargo, debido a que es un miembro de la zona euro y no puede imprimir dinero, sus vecinos europeos más acaudalados han acordado salir al rescate. A cambio, se espera que Grecia sanee sus arcas y adopte nuevas medidas regulatorias. Por esto es que los sindicatos del sector público han estado protestando en las calles e incluso atacaron un banco con bombas.

Cuidado con los griegos que incendian bancos. No son diferentes a los militantes que protestaron en Argentina en 2001 cuando su gobierno se quedó sin salida fiscal. Argentina también tenía una economía hiperregulada, un gobierno adicto al gasto y un régimen monetario que le impedía el simple hecho de imprimir dinero para pagar sus cuentas. En el fondo, las muchedumbres que protestaban en Argentina deseaban lo mismo que sus contrapartes griegas quieren ahora: un retorno a una moneda nacional que puedan imprimir cuando quieran.

Los detractores del euro parecen pensar que la tragedia griega justifica su postura de que cada país debería tener su propia divisa y política monetaria. Pero eso no resolvería nada. Seamos realistas: si Grecia no fuera la Argentina de la actualidad, sería Venezuela. En ese país, que posee una moneda soberana, el bolívar, y ninguna norma monetaria prohíbe que el banco central financie al gobierno, la inflación ahora se encuentra fuera de control.

En su defensa del liberalismo económico titulada Money, Markets and Sovereignty (Dinero, mercados y soberanía), Ben Steil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y Manuel Hinds, ex ministro de Hacienda de El Salvador, ofrecen una breve historia del auge de las monedas fiduciarias. "La mente moderna", explican, está acostumbrada a "ver el dinero como una creación de los estados". No obstante, los poderosos no lanzaron la idea hace unos 2.500 años "para promover la actividad económica, sino para beneficiarse de ella", recalcan. "Y hoy en día la imposición de las monedas nacionales sigue siendo una de las herramientas más potentes de la que disponen los gobiernos para extraer riqueza de sus poblaciones y ejercer control político sobre ellas".

Argentina diseñó su "ley de convertibilidad", que requería que los pesos estuvieran respaldados por reservas de dólares, precisamente para enfrentarse a este problema. Los políticos, sin embargo, no pretendían hacer reducciones, en el gasto o en la regulación, y con el tiempo una deuda demasiado grande provocó la bancarrota. En 2002, el gobierno descontinuó la convertibilidad del peso. Ocho años después, el peso argentino supuesto flotante es un desastre. El país permanece sumido en la mediocridad económica y una inflación de dos dígitos, y es rehén de un gobierno no liberal.

Anclar la moneda al dólar y, por ende, tercerizar la política monetaria a la Reserva Federal de EE.UU. había sido un éxito, pero los grupos de presión y los políticos no soportaron que esto les quitara poder. Venezuela es otro lugar donde los políticos no ven ninguna razón para restringir el apetito del Estado por hacerse con la riqueza del sector privado. Mantener la estabilidad de los precios debería ser algo obvio porque el gobierno tiene ingresos ganados en dólares para respaldar la divisa nacional. El bolívar, sin embargo, ahora está en caída libre.

En enero, el presidente Hugo Chávez anunció que devaluaría el bolívar de 2,50 por dólar a 4,30 (a excepción de los productos básicos). Les aseguró a los venezolanos que el gobierno sería capaz de proveer todos los dólares necesarios para dirigir la economía al nivel de un bolívar más débil y que la tasa de cambio del mercado negro, que era de seis a uno, convergiría con la tasa cambiaria oficial.

Sin embargo, el sector privado no pareció muy convencido y la tasa cambiaria en el mercado negro subió aún más, lo que encareció las importaciones de forma pronunciada. Hace nueve días, el costo del dólar se disparó por encima de ocho bolívares, lo que indica una feroz espiral inflacionaria.

El origen de este caos monetario es la sed de poder del Estado. Mientras que Fidel Castro hizo uso del terror para convertirse en dictador de Cuba, Chávez ha usado el control estatal de las ganancias petroleras y el banco central para comprar su dictadura. No es un secreto que su popularidad, a pesar del deterioro de los estándares de vida en Venezuela, proviene de la impresión y distribución de bolívares en los barrios de bajos ingresos así como entre las nuevas élites empresariales y las fuerzas armadas.

Con demasiados bolívares que persiguen muy pocos productos, Chávez ahora les echa la culpa a los "especuladores". Hace poco arrestó a 47 carniceros por evadir sus controles de precios. El Congreso, que él controla, también ha propuesto una legislación para penalizar las transacciones en el mercado paralelo de dólares. No obstante, más allá de aterrorizar al país, es poco probable que las severas medidas mejoren la situación porque el mercado necesita dólares para funcionar. "El colapso de la economía está muy cerca", me escribió un venezolano el sábado.

La lección aquí es que sin la voluntad política, el dinero fiduciario en cualquier forma —ya sea en una unión monetaria, anclado a una divisa de reserva o manejado soberanamente— es poco fiable. Como señalan Hinds y Steil, "el dinero no atado a una materia prima da lugar a la inflación cuando es administrado por mandatarios corruptos, irresponsables o incompetentes", lo que cubre a Grecia, Argentina y Venezuela en una pincelada.

Citando la sabiduría de un experto en derecho canónico español del siglo XV, los autores perciben el problema de la moneda fiduciaria: "El poder del gobernante para crear valor de algo sin valor al designarlo como 'dinero' estaba destinado a provocar inflación".

'Va pa' tras'

2010-05-17T22:42:00.001-05:00

Denise Dresser

Basta con ver la cara de los priistas en cualquier acto público. Basta con advertir las sonrisas compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están felices y se les nota; están rebosantes y no lo pueden ni lo quieren ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso, saben que encuesta tras encuesta los coloca en el primer lugar de las preferencias en las elecciones estatales y cada vez más cerca de recuperar el control del gobierno federal. El PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita. Beneficiario del panismo incompetente y del perredismo auto-destructivo, el Revolucionario Institucional está a un paso de alcanzar el picaporte de Los Pinos tan sólo dos sexenios después de haber sido expulsado de allí.

Para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un síntoma más de la normalidad democrática. Un indicio más de la alternancia aplaudible. Un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado y que ya sería imposible revertir. "El país ya no es el mismo que el de 1988", advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección priista. "El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo hizo alguna vez", sugieren quienes celebran los logros de la consolidación democrática. "Los priistas se verían obligados a instrumentar las reformas que hasta ahora han rechazado", auguran los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón las voces de aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría de Gobernación, Beatriz Paredes en cualquier puesto del gabinete, y Emilio Gamboa en la presidencia del PRI.

Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Ojalá fuera verdad que tanto el país como el PRI han cambiado lo suficiente como para prevenir el resurgimiento de las peores prácticas del pasado. Pero cualquier análisis del priismo actual contradice ese pronóstico, basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Tom Friedman en The New York Times, en México hoy coexisten tres grupos: "Los Narcos, los No's y los NAFTA's": los capos, los beneficiarios del statu quo y los grupos sociales que anhelan el progreso y la modernización. Y hoy el PRI es, por definición, "El Partido del No". El que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas que protege; el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites que defiende; el que rehúye la modernización sindical por los "derechos adquiridos" que consagró; el que no quiere tocar a los monopolios porque fue responsable de su construcción. El PRI y sus bases son los "No's" porque constituyen la principal oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, privatizar, sacudir, confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron y del cual viven.

A quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses cuestionables de Manlio Fabio Beltrones, que estudie los negocios multimillonarios de Emilio Gamboa, nuevo dirigente de la CNOP y próximo presidente del partido. Allí está el PRI clientelar, el PRI corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que su selección reciente para una de las posiciones más importantes del priismo revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de la organización. Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, Los intocables, como el broker emblemático de la política mexicana; el intermediario entre el dinero y el poder político. Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias. De nuevo en la punta del poder dentro de su propio partido.

Ése es el PRI del 2010, y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denunciado a Emilio Gamboa junto a tantos que se le parecen. Pero no es así. El PRI del nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue siendo un club transexenal de corruptos acusados y corruptos exonerados; de cotos construidos sobre la intersección de la política y los negocios; de redes tejidas sobre el constante intercambio de favores y posiciones, negociadas a oscuras. En una conversación telefónica grabada y ampliamente diseminada -que a pesar de ello no ha hecho mella en su carrera política- Emilio Gamboa le dice a Kamel Nacif: "va p'a tras". Y ése es el mismo mensaje que el PRI envía sobre el país bajo su mando.

La Iglesia ante la justicia

2010-05-07T13:03:00.001-05:00

Carmen Aristegui F.

La publicación del insólito comunicado del Vaticano sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, en donde -finalmente- califica al sacerdote como delincuente sin escrúpulos, carente de un auténtico sentimiento religioso y artífice de un sistema de relaciones que "le permitió ser inatacable durante mucho tiempo" marca, ya en definitiva, la ruta de extinción de la congregación creada por el "satán de Cotija" como se le ha llegado a llamar en algunas notas de prensa en los últimos días. El reconocimiento oficial del Vaticano de las monstruosas conductas de Maciel y de la existencia de redes de poder e influencia que impidieron que las denuncias en su contra prosperaran durante décadas representa una válvula de escape ante la actual presión internacional en torno al Vaticano. El caso Maciel es el putrefacto botón de muestra que exhibe no sólo la perversidad individual de Maciel y el funcionamiento de la organización que él mismo creó, sino es ahora el referente más claro dentro de esta crisis mundial. La condena abierta y pública de la Santa Sede en contra de Maciel, utilizando un lenguaje duro e inusual, se enmarca en medio del peor cuestionamiento y crisis de credibilidad por el que haya atravesado la Iglesia Católica en siglos. Tal vez sin un contexto de crisis profunda como éste, jamás hubiéramos visto un comunicado como el que se escribió sobre Maciel y sus legionarios. Se da en medio del fragor de una batalla vaticana por sortear, acusaciones y procesos judiciales que nadie sabe dónde van a parar. El cruce de fuego incluye disculpas públicas en el caso de Irlanda; reunión con víctimas en el caso Malta; renuncias forzadas de obispos implicados en casos de abusos de menores en Miami, Irlanda y Alemania; un nuevo proceso judicial en contra de los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony por encubrimiento y, por supuesto, la denuncia ante una Corte Federal de los Estados Unidos en contra de Benedicto XVI y otros jerarcas religiosos por un hombre de Illinois que afirma haber sufrido, cuando era niño, abusos de un sacerdote al interior de la escuela para niños sordos de St. John. La demanda pide la entrega de archivos confidenciales del Vaticano con denuncias de abusos por parte de clérigos y una compensación monetaria. La demanda afirma que Ratzinger -entonces cardenal-, Tarcisio Bertone y Angelo Sodano conocían las denuncias en contra del presunto depredador que violó a cerca de 200 niños sordos y "se asociaron para mantenerlas en secreto". Se deja entrever en la denuncia que el sacerdote señalado como responsable de abusos reiterados contra esos menores, Lawrence Murphy, era un "hábil recaudador de fondos", filón indudable que lo emparenta con el caso Maciel. El asunto ha colocado, por primera vez, a un Santo Padre ante la posibilidad de ser enjuiciado por una Corte Federal estadounidense. No será ésta la primera ocasión que en ese país se procese judicialmente una demanda de esta naturaleza. La novedad es que ahora quien está imputado es el máximo jerarca. En 2002 el mundo se cimbró por las denuncias en Boston por lo que el fiscal del caso, llamaba "el encubrimiento masivo" de la Iglesia para los más de mil sacerdotes que habían cometido actos criminales en contra de menores. El cardenal Bernard Law, por cierto, salió del país, rumbo a Roma -de donde no ha salido- horas antes de que la policía le entregara un citatorio para presentarse ante el Gran Jurado. En Los Ángeles la Iglesia tuvo que hacer fuertes erogaciones por procesos masivos en contra de sacerdotes por abusos a menores. Hay noticia reciente de que en Kentucky también se presentó otra demanda que exige que el Papa comparezca ante las cortes. En Alemania, la canciller Merkel ha dicho que la autoridad civil intervendrá ante las denuncias masivas que se han presentado en su país. Diferentes organizaciones hacen gestiones ante la Corte Europea de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional alegando que el Vaticano se autodefine como Estado Nación y debe también comparecer en la materia. Lo de Maciel no sólo puede ser un simple despresurizador para el Vaticano. Debe también abrirse con él la puerta para la justicia y la transparencia. Ya ni el Vaticano se atreve a hablar de una actuación en solitario del personaje. Habla ya, por primera vez, de "sistema de relaciones" y de "haber creado a su alrededor un mecanismo de defensa... que lo hizo inatacable". De esas conductas están llenas las demandas judiciales en otras partes del mundo. ¿Alguien levanta la mano para la justicia en México?

Grecia debería seguir el ejemplo de Perú

2010-04-29T18:16:00.001-05:00

Robert Kozak

Perú ofrece un buen ejemplo de cómo un deudor en problemas puede darle un giro a su situación, en momentos en que Grecia y sus acreedores enfrentan la posibilidad de una dolorosa reestructuración de su deuda.

Después de años de gobiernos intervencionistas y populistas, incluyendo una dictadura militar de izquierda en la década de los 70 y el primer mandato del actual presidente Alan García en los 80, Perú eventualmente quebró. García peleó con los prestamistas multilaterales, trató de nacionalizar bancos, se negó a pagarles a los tenedores de bonos lo que se les adeudaba, aumentó la oferta monetaria hasta causar una hiperinflación y causó estragos a las reservas de divisas extranjeras de país.

La recuperación comenzó a principios de los 90, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori, entre otras cosas, logró un pacto con el Fondo Monetario Internacional, como parte de un esfuerzo por poner bajo control la situación fiscal del país. El manejo sobrio de la gran resaca de deuda que tenía Perú continuó después que Fujimori huyera del país luego de una ola de escándalos de corrupción.

Los gobiernos posteriores trabajaron para crear un mercado local de bonos, tomando prestado en soles y reduciendo la dependencia de la deuda extranjera. El gobierno negoció el pago de la deuda al Club de París. Perú fue transparente en sus medidas respecto de la deuda y evitó tomar prestado más de lo que necesitaba. Pese a tener una serie de acuerdos de préstamo con el FMI, Perú nunca tocó ni un centavo de los fondos disponibles.

Nadie puede acusar a Perú de haber tenido una tarea sencilla, con su gigantesca economía informal y una cultura de evasión de impuestos. La pobreza es amplia y el atractivo de las políticas populistas, especialmente a través de incrementos en los sueldos del sector público, sigue siendo grande. En cambio, Perú tomó algunas decisiones difíciles, tales como reformar el plan de pensiones del gobierno para poner límites estrictos sobre quién podría obtener beneficios.

Al evitar tomar demasiado dinero prestado, la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto de Perú cayó pronunciadamente, a medida que los ingresos por impuestos crecieron a la par de un auge económico impulsado por los recursos. Eso ayudó a Perú a recibir una calificación de grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras. Se habla de que su calificación pronto podría volver a mejorar. Mientras tanto, Standard & Poor's rebajó esta semana la calificación de deuda de Grecia a "chatarra" y bajó las calificaciones de Portugal y España.

Mientras tanto, en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas continúa llevando a cabo reformas estructurales, recientemente atacando los subsidios al combustible. Continúa recomprando y canjeando bonos globales en circulación para postergar su vencimiento a décadas en el futuro. El país está enfatizando la colocación de deuda denominada en soles a tasas fijas.

García ha regresado para su segundo mandato con diferentes políticas económicas y su ministra de Economía, Mercedes Araoz, ha descartado cualquier gasto antes de las elecciones presidenciales de 2011. La funcionaria dijo que no se dejarán bombas de tiempo a los gobiernos futuros. Mientras tanto, las reservas internacionales regularmente ascienden a nuevos máximos y el riesgo país de Perú ha caído muy por debajo del promedio latinoamericano.

El déficit fiscal del gobierno central, incluso tomando en cuenta un paquete de gastos dirigido a frenar las consecuencias del declive económico global, se ha mantenido bajo control y se encuentra en un manejable 1,6% del PIB este año. El ministerio de Araoz tiene la financiación lista para este año y no debería tener problemas para prefinanciar el presupuesto del próximo año. El PIB de Perú se podría expandir en cerca de 6% este año. En su más reciente consulta de rutina, el FMI indicó que "las perspectivas de Perú a mediano plazo siguen siendo brillantes".

Tomó dos décadas y mucho trabajo llegar a este punto. Los países derrochadores podrían seguir el ejemplo de disciplina de Perú.

Robert Kozak, el jefe de la corresponsalía de Lima de Dow Jones Newswires, ha cubierto las noticias políticas y de negocios de Perú por una década. Antes, Cubrió noticias generales y económicas en México y Canadá para Reuters en los 90.

Pulpo mexicano

2010-04-19T12:37:00.000-05:00

Denise Dresser

Lo primero que usted necesita saber sobre Televisa es que está en todas partes. La empresa de televisión más poderosa del país se asemeja a un enorme pulpo cuyos tentáculos envuelven la pantalla, los partidos, la elaboración de iniciativas legislativas, los deportes, las telenovelas, los juegos y sorteos y la construcción de candidaturas políticas. Así como en la revista Rolling Stone el periodista Matt Taibbi bautizó a la empresa Goldman Sachs -hoy bajo investigación por fraude- como un "giant vampire squid" por su tendencia a succionar y adueñarse de cualquier cosa que oliera a poder o a dinero, en México tenemos nuestro propio molusco. Omnipresente. Insaciable. Imparable. Un cefaloide chupador que se aprovecha de las flaquezas de un sistema político endeble, en el cual la codicia organizada suele derrotar a la democracia desorganizada.

Por ello no sorprende que en días recientes el senador Carlos Sotelo del PRD, junto con -¿quién más?- Manlio Fabio Beltrones del PRI, hayan intentando resucitar el espíritu de la Ley Televisa, así como algunas de sus propuestas más cuestionables. Hoy como ayer, de pronto apareció un dictamen que se distribuyó entre los senadores señalando a "Televisa S.A. de C.V." como el lugar desde donde surgió el documento. Hoy como en el 2006, Javier Tejado Dondé, el vicepresidente jurídico de la empresa, misteriosamente hizo acto de presencia en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la idea de obtener legislación a modo como lo logró en el 2006. Hoy como ayer, se busca disfrazar el refrendo automático de concesiones -que la Suprema Corte declaró inconstitucional- con la pantalla de la "prórroga administrativa". Hoy, como hace cuatro años, hay legisladores dispuestos a agachar la cabeza lo suficiente como para argumentar que la iniciativa concebida en Avenida Chapultepec constituye "un avance", cuando en realidad es la resurrección de algo incorrecto. Algo indebido. Algo abusivo.

Es cada vez más obvio. El alcance y el poder sin precedentes del pulpo le permiten ingresar y manipular amplias zonas del mar en el que se mueve. Allí está la descripción académica acuciosa en el nuevo libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México editado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. La lista de lo que Televisa hace y el gobierno de México le permite. Evitar la competencia abierta con diversos actores en el sector de las telecomunicaciones; negar condiciones de igualdad para sus rivales; obstaculizar el surgimiento de nuevas cadenas; presionar y subordinar a los poderes constitucionales como lo son el Senado y la Cámara de Diputados; vetar el surgimiento de una nueva ley de medios democrática que se acerque a las mejores prácticas globales; usar las pantallas para desprestigiar a sus críticos, ignorar temas que no convienen a sus intereses y construir "telebancadas", precisamente para asegurar su protección. Por eso el United States Trade Representative -el Representante de la Oficina del Comercio Estadounidense- no tiene el menor reparo en afirmar: "(las televisoras) continúan ejerciendo su influencia sobre la legislación mexicana, la política y los cuerpos regulatorios".

De manera similar al pulpo infernal y vampiresco -Vampyroteuthis infernalis- al que se parecería, todo indica que la empresa simplemente no puede controlar su voracidad ni sus peores instintos. Por una parte, a través de Foro TV comienza a reconocer la pluralidad necesaria y la rehabilitación reputacional que necesita empujar. Pero por la otra, permite que su director de Comercialización Artística vaya por el mundo amenazando, chantanjeando, y diciendo frases tan incriminatorias como: "No te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente de la República somos nosotros?". Televisa, el pulpo fáctico cuyos límites el gobierno no logra fijar; cuyo tamaño ha crecido con la colusión de los legisladores; cuya influencia ha aumentado gracias al contubernio de los reguladores; cuyos tentáculos afectan todo lo que tocan, retrasando la competencia, alterando la equidad electoral, vetando la acción pública. Los pulpos vampiro suelen vivir en zonas del mar sin luz conocidas como OMZ -mínimas de oxígeno- y vaya que el nuestro está oscureciendo la democracia mexicana y succionado el poco oxígeno con que cuenta.

De allí la importancia de exhortar a los legisladores a que tiendan una red para limitar a quienes -con sus tentáculos- los tienen agarrados de la nuca. De allí el imperativo de apoyar una iniciativa alternativa a la que Televisa elaboró y promueve con legisladores que temen enfrentar el poder del monstruo que han creado. De allí la urgencia de respaldar la nueva ley federal de telecomunicaciones presentada de manera conjunta por el PAN y el PRD que fortalece el interés público, la competencia, la pluralidad, el derecho a la información y la libertad de expresión. Habrá que obligar al pulpo a formar parte del coctel campechano que es la democracia, en lugar de ser un ingrediente impuesto que ya sabe mal.

13 razones por las que el Papa debe renunciar

2010-04-18T12:16:00.000-05:00

Denise Dresser

1) No es posible eludir el tema de la responsabilidad individual del Papa, más allá de su responsabilidad institucional. La primera historia, como ha argumentado Christopher Hitchens en The Great Catholic Cover-Up, es fácil de contar y nadie la ha negado. En 1979, un joven alemán de 11 años fue llevado a las montañas por un sacerdote. Se le administró alcohol y se abusó sexualmente de él. Posteriormente el párroco fue transferido por el entonces arzobispo Ratzinger de Essen a Munich para ser sometido a “terapia”, pero poco después se le permitió regresar al trabajo pastoral, desde donde continuó abusando de niños.

2) Dado el estilo de administración de Ratzinger y su tendencia a involucrarse minuciosamente en las decisiones de sus subalternos, no es creíble pensar que desconociera el paradero y las actividades del pastor abusador. Los documentos del episodio llegaron hasta el escritorio del arzobispo, quien en el mejor de los casos fue negligente y, en el peor de ellos, permitió la perpetuación del abuso sexual.

3) Este caso es tan sólo un ejemplo del patrón de encubrimiento a nivel global en que el Papa participó; un patrón ampliamente conocido y padecido por los padres de niños violados en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia y Alemania, entre los casos documentados. Desde que Ratzinger asumió la dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue responsable de un proceso de obstrucción de la justicia a nivel global. Para Ratzinger, el verdadero crimen nunca ha sido el abuso sexual o la violación de menores, sino la posibilidad de que esos eventos fueran reportados a las autoridades civiles. Según el arzobispo, las acusaciones sólo podían ser atendidas dentro de la jurisdicción exclusiva de la Iglesia. Quien violara la secrecía exigida corría el riesgo de ser excomulgado.

4) Como señala Hitchens, no satisfecho con encubrir actividades criminales de sacerdotes pederastas, Ratzinger elaboró su propio estatuto de prescripción del delito, para limitar su vigencia en número de años, como si fuera posible hacerlo con respecto a un pecado.

5) El caso de Marcial Maciel es especialmente escandaloso, ya que exmiembros prominentes de Los Legionarios de Cristo fueron deliberadamente ignorados por Ratzinger a lo largo de los 90. La posición de Ratzinger siempre fue de protección a Maciel –siguiendo los pasos de Juan Pablo II–, incluso cuando se le pidió que pasara sus últimos años en retiro y no bajo una investigación seguida de sanción, como debió haber ocurrido.

6) Al caso de Maciel se añaden las recientes revelaciones sobre el padre Lawrence Murphy, quien abusó de 200 niños sordos en Wisconsin, hechos de los cuales fue informado Ratzinger en su momento. Los abogados estadunidenses que están demandando a la Iglesia han hecho públicos documentos demostrando que, en un inicio, oficiales del Vaticano propusieron un juicio canónigo secreto, pero lo suspendieron después de que el sacerdote apeló directamente al cardenal Ratzinger y obtuvo su clemencia. El padre murió sin haber sido sancionado.

7) Bajo su tutela, la añeja estructura burocrática del Vaticano simplemente no ha encontrado la manera adecuada de procesar y lidiar con la avalancha de denuncias de abuso sexual. En 2001, como cardenal, Ratzinger tomó control del tema; sin embargo, creó una pequeña oficina de 10 personas que ha revisado tan sólo 3 mil casos en 10 años.

8) El Vaticano no ha logrado adaptar su comportamiento insular ante las exigencias de una cultura global crecientemente democrática y exigente. Basta con recordar la torpe reacción de la jerarquía en sus discursos de las últimas semanas, equiparando la crítica a la Iglesia con el antisemitismo. O escuchar a jerarcas eclesiásticos que se han referido a la ola de escándalo mundial como “chismes baratos”. O leer que en ciertos círculos católicos se habla de la existencia de un “lobby judío” empeñado en desacreditar al Papa. Tiene razón Leon Wieseltier, editor de The New Republic, cuando reclama airadamente al Vaticano con la pregunta: “Por qué querría la Iglesia católica defenderse aludiendo a otras enormidades (como el antisemitismo) en las que estuvo implicada? Y además los judíos padecieron mucho más que las críticas de la prensa”.

9) Resulta sorprendente que hasta la fecha el Papa no haya encarado la crisis de manera frontal, personal y humana, atendiendo de mejor manera a las víctimas. Eso en sí revela una falla en su liderazgo como figura política, religiosa y espiritual. Hace falta más que pedir una disculpa de manera genérica. Se ha vuelto imprescindible investigar, sancionar y reparar el daño. La resistencia del Papa a hacerlo pone en tela de juicio el papel que debería desempeñar como Sumo Pontífice. Sus instintos conservadores y la insistencia en la lealtad institucional, la obediencia y la autoridad absoluta del clero han servido mal a los católicos de todas las latitudes.

10) Las fallas del liderazgo papal se vuelven más obvias en la medida en que el escándalo crece en lugar de disminuir. Cuando la Iglesia católica en Alemania inauguró recientemente una línea telefónica dedicada a las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes, hubo más de 4 mil llamadas el primer día.

11) No hay otra manera de decirlo: ha quedado expuesto, después de años, un periodo negro en el que la jerarquía de la Iglesia católica respondió ante el abuso sexual sistemático con silencio, complicidad, evasión y negligencia criminal. El Papa carga con una gran dosis de responsabilidad que no puede ser ignorada o negada. A pesar de que ahora el Vaticano comienza a salir de su mentalidad “búnker” y a promover acciones más vigorosas ante la realidad de la pederastia clerical, la crisis de autoridad está allí.

12) Aunque se han dado pasos hacia la rendición de cuentas de los abusadores, no ha ocurrido lo mismo con obispos que los protegieron durante tanto tiempo. El Papa no ha limpiado su propia casa de manera suficiente, ni ha demostrado el remordimiento necesario como para despejar la nube que cuelga sobre su liderazgo papal. En su carta abierta al pueblo irlandés, el Papa no pidió ni especificó acciones disciplinarias contra miembros de la Iglesia que participaron en el encubrimiento de abusos de alcances epidémicos.

13) Finalmente, como pregunta Maureen Dowd, católica y columnista de The New York Times: “¿Cómo mantener la fe cuando nuestros líderes no se la merecen?”.

Es tiempo de enfrentar el eje Teherán-Caracas

2010-04-12T13:16:00.000-05:00

Roger Noriega

A medida que Washington se apura para delinear sanciones efectivas en contra de Irán, parece que se ha olvidado totalmente de la floreciente relación entre Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez. Esta alianza estratégica provee al régimen iraní de una fuente clandestina de uranio, le ayuda a evadir restricciones al comercio y el financiamiento y les da a los terroristas de Medio Oriente acceso a las armas del creciente arsenal de Chávez. Entonces, incluso si Occidente logra implementar sanciones efectivas, la sociedad de Teherán con Caracas podría aplastarlas.

Chávez es un enemigo confeso de Estados Unidos que ha apoyado a grupos terroristas y regímenes radicales por más de una década. Pero aunque su respaldo a Irán no debería sorprender a nadie, no es seguro que EE.UU. pueda responder al eje Caracas-Teherán.

El mandatario venezolano dejó entrever sus simpatías en septiembre de 2005 cuando Venezuela fue el único miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) en votar en contra de sancionar a Irán por su programa ilegal de enriquecimiento de uranio. Cuatro años después, durante la octava visita de Chávez a Irán, el presidente llamó a ese país un "aliado estratégico". El 11 de septiembre de 2009, en una entrevista con el periódico francés Le Figaro, Chávez agradeció a Irán por ayudar a Venezuela a desarrollar su propio programa nuclear. De hecho, los dos gobiernos formalizaron su colaboración "en el campo de la tecnología nuclear" con una acuerdo firmado en Caracas en noviembre de 2008. Y, en medio de una aplastante crisis fiscal en diciembre último, Chávez ordenó a su ministerio de Economía y Finanzas destinar otros US$50 millones a un programa nuclear secreto, según un documento que me entregó una fuente en Venezuela.

Aunque Chávez ha calificado los informes de explotación de uranio como "mentiras" y parte de un "plan imperialista", la compañía canadiense de exploración de uranio U308 Corp ha registrado una fuente sustancial de uranio en la Cuenca de Roraima, en la frontera entre Guyana y la provincia venezolana de Bolívar.

Iraníes y otras personas de Medio Oriente operan una fábrica de tractores, una planta de cemento y una mina de oro en esta región. Dos de estas instalaciones tienen puertos privados en el Río Orinoco, lo que les permite un acceso sin restricciones al Océano Atlántico. Una de estas operaciones, la fábrica de tractores VenIrán, era el destino de 22 contenedores interceptados por las autoridades aduaneras de Turquía en el puerto de Mersin en diciembre de 2008. Estos contenían un "laboratorio de explosivos" y nitratos y sulfitos que se usan para fabricar explosivos.

Estas operaciones industriales son apenas la punta del iceberg. Empresas conjuntas y otros proyectos que suman un total de al menos US$30.000 millones entre compañías venezolanas e iraníes que actúan como pantallas pueden ser usadas para ocultar transacciones multimillonarias en dólares. Además, Irán ha creado varias instituciones financieras importantes en Venezuela que trabajan a través de los bancos locales para acceder al sistema bancario global.

Debido a que Venezuela apenas puede satisfacer su demanda doméstica por productos petroleros refinados, algunos dudan de que Chávez pueda cumplir la promesa que le hizo al régimen de Ahmadinejad en 2009 de suplirle con 20.000 barriles de gasolina al día para suavizar el impacto de las sanciones que se avecinan. Sin embargo, si los organismos de inteligencia estadounidenses están prestando atención, sabrán lo que Chávez le dijo a su contraparte iraní en Caracas en noviembre: Venezuela ya está comprando combustible en los mercados internacionales con el fin de dárselo a Irán, según un relato secreto de la reunión que una de mis fuentes venezolanas me reveló.

La relación con Irán también ha impulsado el apoyo de Venezuela a los radicales de Medio Oriente. En noviembre, comandos de la marina israelí incautaron el barco de carga alemán Francop —que llevaba 36 contenedores que contenían 500 toneladas de cohetes Katyusha, morteros, granadas y medio millón de municiones para armas de bajo calibre— que se dirigía hacia Siria y cuyo destino final era Hezbolá en Líbano. La carga letal había salido del puerto venezolano de Guanta más o menos cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, visitaba Damasco para entregar un mensaje de Chávez a Bashar al-Assad.

Debido a que EE.UU. está decidido a pasar por alto lo que descarta como provocaciones insignificantes, Washington se ha negado a tomar medidas efectivas en contra del apoyo de Chávez a los terroristas colombianos y su complacencia con el tráfico de drogas. Quizás sus lazos con Irán cambien la situación.

Cualquier programa serio de sanciones de cerrar las brechas abiertas por las sustanciales relaciones bancarias y empresariales entre Irán y Venezuela. El apoyo de Teherán a las ambiciones nucleares de Chávez debe ser escudriñado por la IAEA. Los funcionarios venezolanos, la petrolera estatal (PDVSA) y otras instituciones financieras deben ser investigadas y sancionadas por permitir transacciones financieras ilegales. El respaldo de Chávez a grupos terroristas en el continente americano y más allá debería ser enfrentado como una amenaza a la paz y un acto de agresión bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Noriega fue embajador de EE.UU. ante la OEA entre 2001 y 2003 y subsecretario de Estado de 2003 a 2005. En la actualidad es un académico visitante del American Enterprise Institute y director gerente de la firma Vision Americas LLC.

El desafío chino

2010-04-12T13:02:00.001-05:00

Andrés Oppenheimer

Cuando el presidente chino Hu Jintao visite Latinoamérica esta semana, habrá muchos discursos oficiales celebrando el explosivo crecimiento del comercio chino con la región. Sin embargo, hay señales de que este romance comercial se enfriará un poco en los próximos años.

Sin duda, las enormes compras de materias primas latinoamericanas de parte de China han sido un regalo del cielo para la región: el comercio bilateral aumentó desde $10,000 millones en el 2000 a más de $140,000 millones en el 2008, y ayudó a la región a sobrevivir a la crisis económica mundial.

Pero cada vez más economistas proyectan que aunque las relaciones comerciales entre China y Latinoamérica seguirán creciendo, lo harán a un ritmo más lento.

Me llamó especialmente la atención un estudio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), que se dio a conocer pocas horas antes de la visita del presidente Hu a Brasil, Chile y Venezuela, que se inicia el 14 de abril. Según la CEPAL, el comercio entre China y Latinoamérica, que creció a tasas del 30 por ciento anual en la última década, crecerá a la mitad de ese ritmo --alrededor del 15 por ciento-- entre ahora y el 2020.

Entre los nubarrones que se atisban en el horizonte se cuentan:

• Primero, las exportaciones latinoamericanas a China dependen demasiado de un pequeño número de materias primas. Ya se trate de la soja argentina o brasilera, del cobre de Chile y Perú o del petróleo de Venezuela, muchos países latinoamericanos dependen de un solo producto para la mayor parte de sus exportaciones a China, que en varios casos ya se ha convertido en su primer socio comercial.

¿Qué ocurrirá si una sequía, nuevos competidores extranjeros o unadisputa comercial frenan la exportación de uno de estos productos de la región?. La reciente decisión china de suspender las importaciones del aceite de soja argentino --por un valor de alrededor de $200 millones anuales-- es un recordatorio de la enorme vulnerabilidad de los países latinoamericanos si no diversifican sus exportaciones.

Osvaldo Rosales, el director de comercio internacional de la CEPAL, me dijo que ``nos estamos conectando con el motor de la economía mundial del siglo XXI [China] con exportaciones del siglo XIX. Eso es positivo a corto plazo, pero a mediano plazo crea una dependencia de unos pocos productos básicos con poco valor agregado, que generan menos empleos que las exportaciones de manufacturas o de servicios''.

• En segundo lugar, el reciente acuerdo de libre comercio entre China y los 10 países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), que entró en vigor el 1ro. de enero, perjudicará a las exportaciones latinoamericanas. A partir de ahora, naciones de la ASEAN como Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia pueden exportar frutas, vegetales, hierro y casi todos los productos manufacturados a China sin pagar impuestos aduaneros, lo que les hará más difícil a los países latinoamericanos vender sus productos a China, me explicó Rosales.

Chile: ¿Es necesario subir los impuestos?

2010-04-08T21:02:00.001-05:00

Hernán Büchi

Hernan Büchi fue Ministro de Hacienda de Chile.

Desgraciadamente, en general lo que es intuitivo y aceptable políticamente no es lo correcto. Esto explica la pobreza que aún es mayoritaria en el mundo, ya que ha impedido que las políticas públicas sean las adecuadas para aprovechar los conocimientos y avances tecnológicos levantando a la humanidad de la miseria. La incapacidad para superar esta dificultad es quizás la mayor tragedia que conocemos.

Estas semanas hemos visto un ejemplo en los planteamientos tributarios en relación al terremoto. Es atractivo proponer alza de impuestos, especialmente a un ente abstracto como las empresas. El argumento es simple: hubo una tragedia, que todos paguen. Se olvida que el desastre afectó a todos. Todos tienen que soportar algún costo: Fisco, empresas y personas. Las empresas no gastan con sus recursos, sólo producen, invierten, emplean o disminuyen deudas, lo que hace más accesible a terceros financiarse. Todo ello es lo que necesitamos para superar la pobreza, y hoy en la emergencia con más impuestos tendremos menos. El Fisco, más allá de las dudas sobre la certeza de sus cifras de ahorro en el pasado, tiene recursos y poca deuda. Una emergencia como esta es la oportunidad para usar esa holgura. Si no es ahora, ¿cuándo? Es tarea de los técnicos —hay muchos y buenos en el gobierno— hacerlo en la mejor forma para minimizar otros efectos macroeconómicos.

Se ha insinuado que el problema no es sólo la emergencia del sismo. El déficit estructural legado sería mayor, quizás el 2% del PIB, y ello requiere corrección. Si es así, no es el único legado a corregir. La productividad cayó al 1,6% anual durante el gobierno de Bachelet. Si queremos progresar, es imposible sin mejoras en ella. Quizás la tarea más crítica de este gobierno sea precisamente esa; es imprescindible para relanzar el crecimiento. Más impuestos y dificultades para invertir son el camino equivocado para lograrlo. Aun cuando la situación fiscal no haya sido tan positiva como se decía, existe un amplio espacio para ajustar las cuentas en un plazo que no tiene por qué limitarse al actual período presidencial.

En la discusión han rebrotado argumentos de otra índole. Que los impuestos a las empresas son bajos y que son injustos para las personas. Esos argumentos no son correctos. No debemos compararnos con países desarrollados que crecen poco para lo que necesitamos. Nuestros impuestos no son bajos si los comparamos con las etapas dinámicas de desarrollo que quisiéramos emular. Más aún, la recaudación efectiva del impuesto a las empresas como porcentaje del PIB es más alta en Chile que en muchos otros países, incluso los de tasas altas. Ello es porque probablemente se aplican con menos exenciones y se usan bases distintas. Respecto de las personas, no existe tal inequidad. Son impuestos de naturaleza distinta; Chile tiene un sistema integrado que cuando llega la riqueza a las personas tributa en forma equivalente. Ya vimos que las empresas no gastan, producen. El impuesto a ellas es un anticipo a las personas que en términos de impulso a la inversión y el empleo, fuente última de la eliminación de la pobreza, cabría pensar en bajarlo, no subirlo.

Pero lo más grave de esta polémica está en el plano político. Veinte años de gobierno de la Concertación deterioraron nuestra capacidad de superar la pobreza. El esfuerzo de muchos impidió que el proceso se acelerara más, siguiendo el camino políticamente fácil y acorde con su ideología. Sería un mal presagio que las primeras medidas de un gobierno que debía marcar un cambio en este aspecto se iniciaran por el mismo camino.

Los demócratas y la empresa de telecomunicaciones de Haití

2010-03-15T21:00:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Joseph P. Kennedy II dejó de lado por un momento sus asuntos petroleros con Hugo Chávez el mes pasado para responder a una columna que escribí sobre otro de sus emprendimientos. Se trata de un contrato de 1999 entre Fusion Telecommunications, donde Kennedy formaba parte de la junta directiva, y el monopolio estatal de telecomunicaciones Haiti Teleco.

Las afirmaciones de Kennedy en una carta fechada el 11 de febrero al editor de The Wall Street Journal, así como la pregunta aún sin respuesta sobre por qué Fusion tenía acceso a la red de Teleco con un descuento de 75% sobre la tarifa oficial que aparece en los documentos enviados a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC)– llaman la atención. Esto es especialmente valedero ya que, el viernes 12 de marzo, un ex director de asuntos internacionales de Haiti Teleco se declaró culpable en una corte federal del estado de Florida de lavado de dinero en conexión con una conspiración de sobornos entre 2001 y 2003.

Llegar al fondo del acuerdo de Fusion, que un editorial de The Wall Street Journal de mayo de 2001 caracterizó como "sórdido", es importante para Haití. Su presidente cuando se firmó el contrato era René Préval, en ese momento un aliado cercano de Jean Bertrand Aristide. El presidente estadounidense era Bill Clinton, quien había restablecido al despótico Aristide en el poder en 1994. Numerosos amigotes de Clinton también eran parte de la junta directiva de Fusion.

Hoy, Préval es presidente otra vez, Clinton es el enviado oficial de la ONU a Haití y burócratas internacionales diseñan un plan de reconstrucción que, según el periódico Washington Post "sugiere ingeniería social en una amplia escala, que podría involucrar niveles de inversión privada y pública en Haití que realmente nunca se imaginaron antes". Si hay alguna esperanza de que este plan, con un costo estimado de entre US$1.000 millones y US$3.000 millones, no termine financiando pistas de esquí en Puerto Príncipe, hay que exigir que quienes estén el poder rindan cuentas.

Mi columna del 25 de enero describió acusaciones realizadas por el gobierno interino de Haití entre 2004 y 2005 en una demanda civil entablada en la corte federal del sur de Florida contra Aristide. La demanda señalaba que la investigación del gobierno sobre Teleco mostraba que Aristide hizo arreglos con "ciertos" proveedores de telecomunicaciones estadounidenses y "les otorgó tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones o sobornos...". La demanda indicó que una de las empresas que realizó ciertos pagos "a ciertas empresas en el extranjero" fue Fusion. Acusa que una de las compañías que hizo pagos a a ciertas "empresas off-shore" fue Fusion. Haití afirmó que podía probar los cargos, pero luego cuando Préval fue elegido presidente otra vez en 2006 retiró la demanda.

Kennedy sostiene que mi columna "establece mal los hechos en torno al acuerdo de Fusion con Teleco" y que él no estaba "al tanto de ninguna acción, práctica o política que fuera sospechosa moralmente de alguna forma o que violara ninguna ley internacional o interna".

Sólo Kennedy sabe si estaba al corriente de alguna violación de las normas de la FCC. Pero eso no altera los hechos: puesto que Teleco era un monopolio a fines de la década del 90 y comienzos de la de 2000, los operadores estadounidenses que hacían negocios con esa empresa estaban sujetos a la política de acuerdos de la FCC (ISP). Las reglas de la FCC indicaban que los prestadores estadounidenses con tráfico hacia países ISP debían presentar sus contratos ante la comisión y que esos contratos eran de dominio público. Las normas de la ISP también indicaban que un monopolio sólo podía ofrecer una tarifa a los operadores estadounidenses. Si le otorgaba una tarifa más baja a un prestador, esa empresa tenía que presentar el contrato ante la comisión y alertar a todos los competidores más importantes de la nueva tarifa. La tarifa oficial luego caería para todos los operadores.

A fines de los 90 algunos haitianos que trabajaban en Teleco me dijeron que "la empresa Fusion de los Kennedy" obtenía un descuento especial y que tenía una oficina dentro de Teleco. Llamé a Fusion para preguntar al respecto pero ni siquiera confirmaron si tenían negocios en Haití. Luego, la FCC me informó que su archivo que contenía los contratos de Haití, que son documentos públicos, se había extraviado. Cuando la FCC le pidió a los operadores que entregaran un duplicado, Fusion entregó una copia de 1999. Luego acudió a los tribunales para bloquear mi acceso al documento.

Fusion perdió y cuando el contrato se difundió mostró que la empresa tenía una tarifa de 12 centavos de dólar por minuto en circunstancias que la tarifa oficial era de 50 centavos por minuto. Como me dijo un haitiano, en una de las rutas más transitadas del hemisferio occidental, "era una mina de oro".

Una de las afirmaciones más graciosas de Kennedy es que el pacto especial de Fusion con Teleco era "un acuerdo innovador" y un ejemplo de "desregulación de monopolios estatales". La FCC sugirió algo distinto en otra situación similar. En 2008 le impuso una multa de US$400.000 a la firma de Nueva Jersey IDT por no presentar su acuerdo con Teleco de 2003, en el que obtuvo un precio de 8,75 centavos por minuto, un descuento del 66% frente a la tarifa oficial.

Un empresario independiente estadounidense que hace negocios en el Caribe hace poco me explicó el panorama haitiano de esta forma: "no nos molestamos con Haití ya que la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas prohíbe que entidades estadounidenses legítimas ingresen en el mercado haitiano. En Haití hay que pagar para jugar. El beneficio de contar con cables submarinos competitivos sería transformador para los haitianos. En cambio, se quedaron con los amigotes de Clinton que les imponían impuestos a los pobres."

Lo que es peor, como demuestra el más reciente esfuerzo de asistencia, por lo menos algunos de estos amigotes no se han ido.

El monopolio detrás del hombre más rico del mundo

2010-03-12T09:01:00.001-06:00

Eduardo Kaplan

Por primera vez en la historia del ranking de la revista Forbes, América Latina da a luz al hombre más rico del mundo. En este caso se trata del magnate Mexicano Carlos Slim Helú, quien ya se había ubicado entre los primeros puestos en los últimos años, y por fin supera a leyendas en el panteón de los empresarios como Bill Gates y Warren Buffett.

Desde que el anuncio se hizo público en la tarde del miércoles, se han sumado referencias al nuevo galardón de Slim como otro ejemplo del ascenso de los países en desarrollo y su contribución al crecimiento económico mundial, mientras los países desarrollados todavía luchan para salir de la crisis financiera iniciada en 2008.

No cabe duda de que grandes potencias emergentes como China, Brasil, India y México tienen más peso en la economía mundial y que en parte los beneficios de esa participación se notan en la mejoría de las condiciones de vida para sus ciudadanos. Una de las paradojas del galardón de Slim, sin embargo, es que parte de su escalada hacia la cima de la riqueza se debe a las mismas razones que obstaculizan el desarrollo de México y otros países emergentes.

El hijo de un inmigrante Libanés que llegó a México en 1902 sin hablar español, Carlos Slim ha logrado en una vida mucho más de lo que generaciones han soñado: superar su situación económica para poder ofrecer a sus hijos mejores condiciones y acceso a nuevas oportunidades. En una región como América Latina donde la movilidad social se ha estancado, hay anécdotas en la historia de Slim que parecen salidas de las novelas del estadounidense Horatio Alger Jr., que se hicieron populares en el siglo XIX en el país norteamericano, cuando millones de inmigrantes llegaban a esas orillas en busca de mejorar su calidad de vida.

Como los héroes de Alger, Slim ha dedicado su vida al trabajo y a su familia. Y al igual que Warren Buffett, ha invertido en compañías ignoradas por otros empresarios que a la larga redituaron importantes ganancias. Pero el impulso que le permitió acceder a la estratosfera de la riqueza mundial se lo dio en 1990 la compra al estado del monopolio telefónico Telmex.

Slim modernizó a la empresa, y con el beneplácito de las autoridades, ha disfrutado de lo que efectivamente ha transformado en un monopolio privado justo en un momento en que el sector, desde la telefonía celular hasta Internet, se ha convertido en parte esencial del desarrollo de cualquier sociedad.

Aunque tiene competidores, lleva las riendas del negocio gracias al poder de Telmex para conectar los diferentes servicios. La falta de competencia real en el sector es en gran parte responsable de los altos costos de la telefonía en México en comparación con otros países en desarrollo.

Slim no es el primer magnate en la región que manejó con habilidad las concesiones del gobierno, y merece ser reconocido por haber construido un gigante de las telecomunicaciones con operaciones en casi veinte países, además de tener intereses en empresas en los sectores más importantes de la economía mexicana. El éxito de Slim es indiscutible, y aunque para algunos representa la pujanza emprendedora de los mercados emergentes, es también producto de antiguas costumbres que impiden el libre acceso a oportunidades para la mayoría.

Eduardo Kaplan es columnista de Dow Jones Newswires

La democracia del Siglo XXI

2010-03-10T19:22:00.002-06:00

Carlos Sabino

Carlos Sabino es profesor de historia, economía y sociología para la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala).

Dos problemas inquietantes

Dictadura y desarrollo económico

América Latina, después de un pasado de inestabilidad institucional y política, fue retornando gradualmente a formas de gobierno democráticas a partir de 1978: la oleada de cambios resultó incontenible y, una a una, fueron desapareciendo las dictaduras que existían hasta que —a finales de la década siguiente— sólo persistía la excepción solitaria de Cuba, anclada en su estático sistema comunista. Esta transformación política suscitó extendidas esperanzas y una actitud de renovado optimismo en la región pues, con gobiernos elegidos popularmente, se pensó que se iniciaría una etapa de consolidación capaz de asegurar las libertades ciudadanas y de crear un ambiente propicio para el crecimiento económico. Pero este último objetivo resultó, por lo general, bastante esquivo.

Si analizamos lo ocurrido en la región durante las tres últimas décadas podemos concluir que el crecimiento ha sido lento e irregular, sometido a constantes fluctuaciones de no poca envergadura. En primer lugar porque la crisis económica de 1982, la llamada crisis de la deuda, fue mal encarada inicialmente por las restablecidas democracias: en muchos países se profundizó el mismo modelo estatista que había producido la crisis, con sus secuelas de brutales inflaciones, desempleo y aumento de la pobreza. Sólo al final de esa década varios gobernantes se decidieron a introducir amplias reformas al sistema vigente, definitivamente inviable ya, disminuyendo los gastos del estado, balanceando sus cuentas y favoreciendo el desarrollo de una economía más libre y abierta. La crisis fue entonces superada, al menos en sus efectos de corto plazo, lo que sin duda contribuyó al afianzamiento de los sistemas políticos democráticos que se habían establecido o estaban a punto de introducirse.

Pero ya algo antes, hacia mediados de la década de los ochenta, comenzó a plantearse para muchos analistas uno de esos dos inquietantes problemas que queremos discutir en este artículo: el Chile de Pinochet, una nación gobernada por una rígida dictadura1 pero que había impuesto un modelo de economía de mercado bastante libre, se destacaba en la región por su eficaz manejo de la crisis. Chile había logrado recuperarse con velocidad después de sufrir una seria recesión y avanzaba económicamente a un paso muy rápido, reduciendo el desempleo y mejorando firmemente la calidad de vida de sus habitantes. Sus políticas económicas resultaban coherentes y bien encaminadas, produciendo excelentes resultados económicos y también sociales. ¿Es que acaso, por desgracia, era la dictadura misma el factor que alimentaba los éxitos del país austral? ¿Eran las democracias, que existían ya en la mayor parte de Iberoamérica, las que debilitaban la conducción económica e impedían resolver los problemas que aquejaban a las demás naciones?

La respuesta que —en esos años— se dio a estos interrogantes, fue por lo general negativa. La mayoría de los analistas pensábamos que no era el modelo político de Pinochet el que favorecía el desarrollo económico sino que, muy por el contrario, podía decirse que Chile avanzaba porque aplicaba de un modo consecuente políticas de libre mercado, aún a pesar de la falta de libertades políticas y civiles: no era la dictadura el factor que favorecía el desarrollo sino que, con justas políticas económicas, se podía lograr un rápido desenvolvimiento económico aunque existiese la rémora de un sistema político opresivo.2 Al iniciarse la década de los noventa las exitosas reformas de Bolivia, México, Perú, Argentina y Brasil parecían confirmar esta opinión, aunque, desde el punto de vista contrario, se destacaba que el caso chileno se parecía más al de los llamados “tigres asiáticos” que al de los demás países de América Latina. Corea del Sur y Taiwán había logrado el despegue de sus economías bajo auténticas y duras dictaduras, Hong Kong lo había hecho siendo colonia británica y sin gozar de libertades políticas, mientras que Singapur crecía bajo un régimen autoritario y muy poco democrático. Ya China, aún bajo la férula de su partido comunista, exhibía un desempeño admirable en materia económica y los restantes ejemplos asiáticos, sin excepción, mostraban una concordancia con la opinión de que se necesitaban gobiernos fuertes durante un largo tiempo para alcanzar un desarrollo sostenido que pudiese reducir drásticamente la pobreza.

Podría preguntarse, como muchos lo hacíamos en esa época, por qué era necesaria una dictadura, o al menos un gobierno autoritario y estable, para lograr el desarrollo. Más específicamente, ¿cuál era la conexión causal, concreta que podía producir ese efecto? Pero, más allá de eso, quedaba a nuestro favor el hecho imperturbable de que no cualquier gobierno autoritario servía para lograr las metas económicas deseadas: ¿no era acaso la empobrecida Cuba de Fidel Castro también una dictadura? ¿No lo eran todos los sistemas comunistas, visiblemente fracasados, o los gobiernos de Birmania (hoy Myanmar) o de aquellos países latinoamericanos que, en la década de los setenta, llevaron al estancamiento y a la crisis posterior?

La destrucción de la democracia

Dejemos en suspenso, por ahora, las respuestas a este embarazoso problema y veamos, para seguir con el hilo de la narración, lo que sucedió en nuestra región luego de la época en que se realizaron las reformas que llevaron a una cierta apertura económica. Es verdad que estos cambios, en algunos casos, fueron bastante notables y que lograron, en poco tiempo, hacer desaparecer flagelos como la inflación y el estancamiento, pero es cierto también que las reformas se detuvieron en cierto punto, concentrándose en los equilibrios fiscales, la liberación de los mercados cambiarios, la eliminación de ciertos subsidios, la reducción de los aranceles a la importación y las privatizaciones. No fueron poca cosa, ciertamente, pero no alcanzaron a tocar a fondo los mercados laborales, a reducir la presión fiscal o a eliminar controles burocráticos que trababan las actividades económicas, mientras que muchos subsidios indirectos se cambiaban por otros, de tipo directo, y en poco se reducían realmente los gastos gubernamentales.

Las reformas habían sido realizadas como respuestas coyunturales a la grave crisis de los ochenta y no como un programa de cambio estructural. Una vez pasada la crisis no hubo voluntad política para extenderlas y en varios casos, por el contrario, se dio marcha atrás y se volvió a ampliar la esfera de las regulaciones y de la actividad estatal, como en la Venezuela de Rafael Caldera (1994-1999) o en el Ecuador de finales del siglo XX. El hecho es que sobrevinieron en la región nuevas crisis —algunas profundas, como la de Argentina en 2001— y una nueva actitud de generalizado repudio a lo que se dio en llamar el “neoliberalismo”, englobando con tal término a cualquier política que amenazara el renovado crecimiento del estado.

Ya a finales de los años noventa se produjo, en Venezuela, el primero de los episodios que llevarían a la región a un sostenido ascenso de las izquierdas, cuando Hugo Chávez logró la presidencia con el 56% de los votos en las elecciones de diciembre de 1998. Pero pronto pudo apreciarse que este cambio representaba algo más que el resultado de esa simple oscilación pendular entre centro izquierda y centro derecha a la que estamos acostumbrados en casi todas las democracias. Chávez llegó con un programa que incluía el llamado a una asamblea constituyente “original” y con una retórica incendiaria que propiciaba el enfrentamiento entre pobres y ricos, presentándose como un populista que quería iniciar cambios radicales a favor de los sectores de menores ingresos. Lo que hizo, en pocos meses, fue desmantelar prácticamente todo el andamiaje de las instituciones del país y adoptar una postura de confrontación por completo alejada de los compromisos y de los consensos. A partir de 2003 quedó como dueño absoluto del poder, colocándose como un dictador ajeno a toda restricción legal e impulsando una transformación global de acusado tinte socialista. Con su llamada “Revolución Bolivariana” Chávez logró, sin mayor derramamiento de sangre, lo que hasta entonces parecía imposible: destruir la democracia desde adentro, copando sus instituciones después de una primera victoria electoral legítima, como ya lo habían hecho algunos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX y ciertos caudillos latinoamericanos para esa misma época. La democracia venezolana era imperfecta, sin duda alguna, plagada de controles económicos y cada vez menos liberal en el sentido profundo del término, pero tenía una tradición nada desdeñable y había sido capaz de asimilar las amenazas guerrilleras de los años sesenta, manteniendo el principio de alternabilidad y garantizando algunas libertades políticas básicas. Lo que de liberal le quedaba se perdió, en muy poco tiempo, para transformarse en un sistema totalmente personalista en lo político y cada vez más socialista y opresivo en lo económico.

Si el caso venezolano hubiese constituido sólo una excepción no estaríamos, hoy, ante el inquietante problema que se nos presenta. Pero a la aventura política de Chávez siguieron, a los pocos años, sucesivos cambios políticos de fondo en varios otros países de la región, como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, manifestándose una tendencia similar también en Argentina y en el Paraguay. Es más, en varias otras naciones de América Latina —Perú, México y Costa Rica, por ejemplo— surgieron émulos del militar venezolano que, si bien no alcanzaron el poder, llegaron a tener (o tienen) inusitada fuerza electoral. Quedó así erosionada —a nuestro juicio profundamente— la confianza que implícita o explícitamente se ha tenido siempre en lo que un tanto vagamente se llama “el sistema democrático”: la idea de que las peores amenazas contra tal sistema vienen de los golpes de estado o de injerencias externas, la suposición de que una democracia consolidada y funcional —como lo era la venezolana— es capaz de resolver todas las tensiones internas que existen en la sociedad y sostenerse como modo de gobierno aún en las circunstancias más difíciles. Lo que vemos hoy en América Latina, por el contrario, es la fragilidad extrema que poseen los regímenes democráticos de la región, su debilidad ante la demagogia y el populismo, cuando estos se deciden a usar las libertades existentes para capturar el poder y destruir las instituciones y los valores en que se fundamenta el sistema democrático liberal.

Democracia y libertad

Para encontrar respuestas a los problemas que hemos presentado en la sección precedente debemos realizar una tarea de análisis conceptual que nos permita entender mejor los términos de lo que se debate —generalmente bastante confusos— y realizar, a la vez, una descripción más concreta de los sistemas políticos vigentes en la región.

El concepto de democracia, para comenzar, se usa en la actualidad de un modo realmente impreciso. Por democracia se entiende a veces, simplemente, una forma de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo y en la que las decisiones fundamentales se toman por la regla de la mayoría, mediante sucesivas elecciones. Nada más. Otros, sin embargo, añaden a estas ideas básicas algunos requisitos importantes, que provienen del antiguo ideal republicano: que las elecciones sean realmente libres, que el gobierno se ejerza por medio de representantes, que se respete a las minorías y —en general— que exista un estado de derecho, donde las personas que ejercen los cargos públicos tengan que someterse a la ley igual que todos los demás ciudadanos. Si no se cumplen estas condiciones el sistema rápidamente degenera, convirtiéndose en lo que se llama la tiranía de las mayorías, un modo de gobierno donde se conculcan los derechos de las minorías y el gobernante, apoyado en parte por la masa de votantes, logra imponerse con un poder casi absoluto sobre toda la sociedad. Acaba así la democracia y se torna, más o menos abiertamente, a un sistema de tipo dictatorial.

La distinción, sin duda, era ya conocida por los antiguos. Desde Aristóteles se concebía a la democracia como una forma degradada de gobierno, donde las asambleas dominadas por los demagogos resultaban fácilmente manipulables y producían un sistema inestable, propicio a los cambios bruscos y propenso a ser dominado por una sola persona. Y, aunque las democracias actuales ya no se manejen a través de tumultuosas asambleas, el parecido existe, pues la emergencia de los populismos y los fascismos muestra con claridad hasta qué punto un régimen democrático tiene limitaciones inherentes a su propia naturaleza que, si no son convenientemente tomadas en cuenta, pueden producir el derrumbe completo del sistema.

En el mundo contemporáneo, como decíamos, no suele hacerse una distinción demasiado clara entre esas dos formas aparentemente similares de gobierno y, a todas, se las designa con el simple término de democracia. Pero un más ajustado análisis ha llevado a muchos autores a calificar este término genérico, para precisarlo, llamando “democracia liberal” al sistema en que, además de realizar consultas electorales, se mantiene una adecuada división de poderes, se respetan los derechos individuales y se establecen claras limitaciones a la esfera de la acción estatal, al ámbito sobre lo que una mayoría circunstancial puede actuar y decidir. El hecho de que en Irán o en Venezuela, por ejemplo, se realicen periódicas elecciones permitirá a algunos llamar “democracias” a los sistemas políticos que allí imperan, pero en todo caso es obvio que dichas democracias nada tienen de liberal, puesto que en Irán domina realmente una teocracia y Venezuela puede considerarse una autocracia o un régimen caudillista de dominio unipersonal.

Esta distinción conceptual entre auténticas democracias liberales y los sistemas que, manteniendo una fachada electoral, son realmente dictaduras de uno u otro tipo, nos sirve para plantear con más claridad el segundo de los problemas que nos formulamos en este artículo: ¿por qué, cómo y en qué condiciones se pierde el equilibrio entre los poderes y una democracia, aparentemente consolidada, deja de ser liberal y se convierte en una dictadura más o menos encubierta? La primera respuesta, la más inmediata y simple, es que sólo puede darse este proceso cuando un fuerte movimiento de la opinión pública impulsa hacia el poder a un hombre, un partido o una coalición que no respeta ni acepta las libertades individuales ni las formas de convivencia que permiten la existencia de un régimen democrático liberal. Cuando esto sucede resultará entonces fácil, desde el poder, conculcar las libertades ciudadanas y avanzar hacia la dictadura: esto podrá lograrse casi sin violencia, pues existirá una mayoría (o una amplia minoría) capaz de apoyar al gobernante en su camino de crear nuevas leyes que destruyan las instituciones existentes y proyecten una imagen de legalidad para su actuación. Se cambiarán las normas, se pondrán funcionarios dóciles al frente de las nuevas instituciones y se podrá reprimir a la oposición dentro del marco de la ley… de las nuevas leyes que el gobernante cree para afirmar y consolidar su poder absoluto. Uno de las primeras víctimas de este proceso será la llamada alternancia o alternabilidad que es propia de un régimen republicano: la posibilidad efectiva, siempre realizada en el mediano plazo, de que cambien los gobernantes y las políticas del estado. No casualmente los nuevos autoritarismos latinoamericanos se apresuran, como hemos visto en los últimos años, a cambiar las constituciones existentes; lo hacen para modificar instituciones y para concentrar el poder, por supuesto, pero ante todo para permitir la reelección y, si es posible, para dar una apariencia de legitimidad al gobierno de una sola persona por tiempo indefinido.

El proceso, al menos para quienes hemos seguido la emergencia de los nuevos autoritarismo de América Latina, se realiza así con relativa facilidad: para decirlo en términos concretos e históricos, una vez que Chávez gana su primera crucial elección y logra convocar a una Asamblea Constituyente, contando aún con la mayoría, resulta fácil entender el subsiguiente cambio, su consolidación en el poder, la forma en que desde el propio estado va logrando arrinconar a las fuerzas que se le oponen y construir el marco legal para ejercer su dictadura. Pero por qué, debemos preguntarnos, ¿por qué se generan estos movimientos de opinión que llevan a un caudillo a situarse en la inmejorable posición de quien puede adueñarse del poder, incluso con la bendición de los votos? ¿Qué lleva a una mayoría de un electorado a echar por la borda todos los resguardos institucionales republicanos y promover una salida que, aunque no se lo vea desde el comienzo, lleva en rápida transición hacia la dictadura?

Democracia y redistribución de ingresos

Lo que muestra la reciente experiencia de América Latina es que la ciudadanía se siente completamente frustrada —en la mayor parte de los países— después de tres décadas de gobiernos democráticos de muy distinta orientación. La frustración surge ante el lento progreso económico, la abrumadora corrupción y un rampante aumento de la delincuencia que impide a millones de personas llevar una existencia normal y mejorar su nivel y su calidad de vida. Es de esta frustración, que se proyecta a todo el sistema —a los políticos, a los partidos y a la democracia misma— que surge el apoyo a los líderes que prometen acabar con todos los males de un modo casi mágico, enarbolando la idea de asambleas constituyentes todopoderosas que permitan “refundar” el país pero que, en definitiva, desembocan en gobiernos personalistas que se apartan por completo de la democracia liberal.

Este extendido malestar proviene, en última instancia, de las expectativas que grandes sectores de la población depositan en el sistema democrático, de lo que se pide y exige a sus gobiernos, los cuales nunca resultan estar a la altura de tales expectativas. En Latinoamérica, al igual que en muchas otras partes del mundo, el sistema político recibe exigencias desmedidas que en buena medida lo transforman y desnaturalizan: no se le pide solamente que mantenga el orden, que procure mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos y que permita la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos; no, se le pide mucho más, se le exige que lleve bienestar a todos, que redistribuya la riqueza y combata la pobreza, que dé empleo, salud, educación y hasta vivienda a toda la colectividad. Y aquí, aunque no lo parezca, radica el meollo del problema.

A partir de este punto, del momento en que la democracia se concibe como una gigantesca máquina de redistribución económica, comienza un ciclo que, retroalimentándose, termina generando graves problemas que aparentemente desafían toda solución. Los más pobres, cobrando conciencia de su fuerza electoral, reclaman cada vez con mayor intensidad que se les otorgue beneficios de toda naturaleza; algunos políticos, evaluando bien el peso numérico de estos sectores, comienzan entonces a hacer promesas que son acogidas con entusiasmo, pero que resultan imposibles de cumplir. Desde el gobierno se toman medidas económicas de corte populista, de corto plazo, que son bien recibidas por buena parte del público pero que lesionan la economía y resultan por lo tanto completamente ineficaces. La oposición política, por lo general, entra entonces a competir con los gobiernos, ofreciendo aún mayores beneficios a la masa de los necesitados y formulando promesas cada vez más amplias y por lo tanto más difíciles de cumplir. Las campañas electorales se van convirtiendo en torneos donde cada partido trata de sobrepasar a los restantes en sus vanos ofrecimientos de proporcionar más y mejor educación, mayor atención a la salud, subsidios directos a los más pobres por medio de programas asistencialistas, viviendas, seguridad social… en fin todo lo que la gente quiere recibir sin dar nada a cambio. Porque los sistemas impositivos que tenemos en la región, por lo general, presentan una peculiar característica: sólo pagan impuestos directos las personas con mayores ingresos, las empresas y los empleados del sector económico formal; los pobres nada pagan, al menos directamente, aunque a través del IVA u otros impuestos similares ellos mismos contribuyen con no poco dinero para que el estado, luego, les otorgue “gratuitamente” lo que tanto anhelan.

Pero el sistema no funciona. La economía es ahogada por la presión impositiva y por una maraña de regulaciones burocráticas que impiden su rápido crecimiento; la salud y la educación quedan en manos de estructuras burocráticas, muchas veces controladas por los sindicatos, que proporcionan servicios de baja calidad y, por lo general, no llegan a toda la población; las ayudas directas, los alimentos o el dinero que se entregan a quienes supuestamente son los más necesitados, resultan magras y por lo general terminan siendo condicionadas políticamente: son dádivas que alivian en algo la miseria pero resultan por completo incapaces de solucionar el problema de la pobreza, pues nadie escapa de esa situación con sólo recibir algo de dinero. Para salir de la pobreza se necesita un crecimiento económico general, basado en fuertes inversiones, que aumente la productividad y, entonces, se convierta en mejores salarios.

El estado, en estas condiciones, se va convirtiendo en esa extraña maquinaria a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de los demás, como ya lo expresara Frederic Bastiat hace más de 150 años. La corrupción se extiende: con tanto dinero circulando a través de infinidad de programas, con tantos funcionarios a cargo de entregar dádivas y subsidios, crecen las tentaciones y las posibilidades de apropiación indebida de los fondos públicos. Una descomposición moral —lenta y gradual, pero no por eso menos perniciosa— va corrompiendo todas las instancias de la vida pública, lo que despierta el natural repudio de la ciudadanía. Ningún político, sin embargo, se atreve a criticar estas profundas deformaciones del sistema: no lo hacen porque resultaría suicida. ¿Puede alguien ganar una elección, en este siglo XXI, prometiendo reducir o eliminar los subsidios directos que tanto pesan en los presupuestos públicos? ¿Puede combatirse eficazmente la corrupción cuando el mismo sistema se ha convertido en una máquina para repartir el dinero de otros? Muy por el contrario, para triunfar en una democracia se necesitan votos, muchísimos votos, y estos se obtienen ganándose la buena voluntad de quienes piensan que, apoyando a determinado candidato, conseguirán más ayudas y mejores servicios.

A largo plazo las democracias redistributivas, al menos en los países de economías más frágiles, resultan así por completo inviables. Por un lado pueden degenerar, como ya lo apuntamos, en sistemas de tipo personalista y autoritario que, una vez instalados en el poder, resultan casi imposibles de revertir. Por otro lado, y éste es por ahora el caso más general en la región, las democracias redistributivas generan un ambiente muy poco favorable para su consolidación debido a dos consecuencias de suma importancia: el aumento de la corrupción y el abandono de las funciones esenciales del estado.

Este último fenómeno es, a pesar de que no se lo perciba así, el que produce peores resultados en el largo plazo para la vida del ciudadano corriente. El discurso político prevaleciente —la actitud que, podríamos decir, es la “políticamente correcta” en estos tiempos— enfatiza las funciones sociales del estado pero recela de su actividad como proveedor de seguridad, paz y justicia. Erróneamente se concibe que aumentando los presupuestos de la educación se obtendrá un rápido desarrollo económico pero se deja de lado el hecho de que sin seguridad ciudadana no hay manera de lograr el progreso, especialmente de aquellos que menos tienen.

Así se crea una paradoja cargada de consecuencias peligrosas: el estado crece, pero a la par va abandonando sus funciones esenciales. Cada vez es menos un estado en el sentido riguroso del término —una organización compleja destinada a proveer el servicio esencial que es la seguridad ciudadana— pero resulta más extendido en sus funciones y más sobrecargado de personal, más caro, más difícil de supervisar y más corrupto. Lo anterior se aprecia con especial claridad cuando consideramos el caso de los programas sociales de tipo asistencialista, muy en boga en la región, que son una muestra extrema del tipo de mentalidad que estamos criticando.

Los programas asistencialistas se basan en transferencias directas de dinero o de bienes a los más necesitados con el objetivo manifiesto de reducir la pobreza. Pero su implantación produce consecuencias realmente negativas, tanto en la economía de las naciones como en el sistema político en general. En primer lugar, y ante todo, porque no sirven realmente para eliminar la pobreza: las modestas sumas de dinero que se entregan resultan un alivio para quienes están en situación de necesidad, sin duda, pero obviamente ellas resultan por completo insuficientes para modificar una situación de pobreza que deviene de la falta de ingresos propios, constantes, de cierta magnitud. Tales ayudas podrán resultar útiles, quizás, en circunstancias especiales —como por ejemplo en el caso de ciertas catástrofes o situaciones adversas— pero no tiene sentido concebirlas como un modo de erradicar un problema que se nutre de la escasa capacidad de generar riqueza que poseen nuestras sociedades, de la falta de inversiones y de tecnologías apropiadas, de la carencia de una infraestructura que facilite los intercambios y el desenvolvimiento económico en general. La pobreza es un problema estructural, es ante todo falta de riqueza y, como tal sólo puede ser superada por medio de un aumento general de la producción de bienes y servicios, de una mayor productividad y de un ambiente apropiado para el despliegue de las capacidades e iniciativas de la gente. Podrá decirse que, en todo caso, tales transferencias contribuyen, aunque sea en escasa medida, al bienestar de los más necesitados, pero el argumento pierde mucho de su sentido cuando tomamos en cuenta los riesgos que dichos programas traen, como veremos de inmediato.

Para poder transferir dinero y bienes a los más pobres se requiere de inmensos fondos, pues el número de personas en situación de pobreza es muy alto en nuestras sociedades, un porcentaje nada desdeñable del total de la población. Esta circunstancia significa que, entonces, el presupuesto del estado se ve enseguida comprometido en buena proporción por esta política asistencialista, significando casi siempre el 10% o más de los gastos totales. Para obtener tales fondos los estados deben adoptar alguna de las dos siguientes soluciones: o aumentan los impuestos —con el consiguiente daño que se hace así a la capitalización de las empresas y a sus posibilidades de inversión— o se reducen otros gastos, principalmente los de seguridad, defensa y obras públicas. Lo más frecuente es que los gobiernos adopten a la vez ambas medidas, con lo que el efecto económico general se torna desastroso: disminuye la productividad general de la sociedad, de la cual depende en última instancia el nivel de los salarios, y se reduce la seguridad ciudadana, con lo que se agravan los efectos del poco crecimiento económico. En algunos casos, inclusive, los gastos “sociales” de este tipo se financian en parte con mayores emisiones monetarias, lo que causa un aumento de precios que afecta siempre en mayor medida a los más pobres, o se aumenta el endeudamiento del estado, lo que posterga los problemas financieros pero redunda en mayor pobreza para las siguientes generaciones.

A todo esto hay que agregar tres condicionamientos que, en el fondo, resultan la peor consecuencia de este difundido asistencialismo estatal: a) desde el punto de vista social se alimenta la pasividad y la actitud de dependencia de las personas que reciben los subsidios, al punto de crear incentivos negativos para que ellos puedan, por sí mismos, abandonar la situación en que se encuentran; b) en el plano de lo político los mandatarios olvidan muy pronto que los dineros que entregan provienen del resto de los ciudadanos y actúan como si ellos mismos hicieran una caridad generalizada; se arrogan la paternidad de esos programas y, en muchos casos, disponen de los fondos públicos como si fueran propios, alimentando la creciente corrupción que afecta a nuestros países; c) por último, y también en el plano político, se crea una situación de hecho que se hace muy difícil de modificar, pues ninguna fuerza política, como decíamos, se atreve a censurar estos programas y, mucho menos, a proponer su reducción o su definitiva eliminación.

Todas estas consecuencias negativas, que de un modo u otro comparten casi todas las políticas sociales de los gobiernos de América Latina, se acumulan de un modo tal que generan esa extendida frustración a la que nos referíamos, esa debilidad del sistema democrático concreto que se ha adoptado en nuestra región y que está en el origen de los problemas políticos que nos aquejan.

Las democracias del siglo XXI

Si las democracias que existen en América Latina hoy resultan frágiles y por lo general inoperantes, si muestran severas limitaciones cuando se las compara con algunas dictaduras, es porque nuestros sistemas políticos actuales han construido un modelo que, respetando algunos rasgos externos de las democracias liberales, son en el fondo contrarios a la libertad personal e incapaces de suministrar a la ciudadanía los servicios básicos que debe proveer todo estado.

En el carácter redistributivo de las democracias actuales está la raíz de muchos de los problemas que soportamos hoy. Porque la maquinaria política, concebida para repartir lo que quita a unos para dárselo a los otros, se envilece a medida que se convierte en una competencia para exigir más del estado, como si éste fuese una entidad supraterrenal capaz de contentar a todos proveyendo servicios en una escala cada vez más extendida. No son sólo los subsidios directos los que agotan su capacidad financiera sino un vasto complejo de funciones, que van desde la educación a la salud, pasando por decenas de organismos burocráticos de toda índole, pero descuidando lo que es esencial a la naturaleza de la institución estatal, la seguridad y la justicia. Y esta debilidad, esta inoperancia, no sólo se manifiesta en el plano de unas finanzas públicas siempre en tensión, sino que se extiende al plano de lo moral, de lo ideológico, de la filosofía misma de la función pública: el estado que conocemos en estas tierras es una maquinaria que asume una cara benevolente, que trata de conformar a todos, que navega entre las promesas incumplidas y la corrupción, que es incapaz de trazar una delimitación clara de sus funciones y, por lo tanto, invade cada vez más la esfera de lo que es y debe mantenerse en el plano de la conducta individual.

En estas debilidades de las democracias modernas podemos encontrar la explicación a esa especie de fascinación con que muchos, hoy, recuerdan a pasadas dictaduras. Porque en las dictaduras, casi de cualquier tipo, es raro que se descuiden las funciones de defensa y de seguridad del estado: a casi todo dictador le interesa que reinen el orden y la seguridad en el país que gobiernan, porque así están en mejores condiciones de mantenerse en el poder y desbaratar las posibles conspiraciones de sus adversarios. Claro está, en este ambiente de orden pueden suceder muchas cosas: puede existir una sana política económica, que favorezca el desarrollo de toda clase de actividades productivas, o puede existir también una política demagógica, que trate de otorgar prebendas a diversos grupos y que refuerce el control del estado sobre la economía, haciendo así a los ciudadanos más débiles frente al poder. El caso extremo es el de las dictaduras comunistas que, apropiándose de todos los recursos y ocupándose de todas las actividades económicas, dejan a sus súbditos completamente desvalidos frente a las decisiones de los gobernantes. Sólo en el caso de dictaduras que separen nítidamente las esferas de lo político y de lo económico, eliminando los derechos políticos pero permitiendo la libertad de producción, intercambio y consumo, se produce el resultado de un mayor desarrollo, como el que tuvo el Chile de Pinochet o la China de Deng Xiaoping. Apostar por la dictadura, entonces, es participar en una lotería incierta, donde la mayoría de los números llevan a la perdición pero unos pocos, en cambio, tienen el premio del crecimiento económico.

Pero reconocer estos hechos no significa, y esto es lo importante, convalidar las formas de democracia que prevalecen en este siglo que comienza. La democracia actual, prácticamente en todos los países, tiende a descuidar el delicado equilibrio de poderes que necesita un sistema republicano para no degenerar en un poder ilimitado de las masas de votantes que, guiadas por sus intereses de corto plazo, la convierten en un sistema de redistribución de ingresos cada vez más amplio y pernicioso. Los electores quieren seguridad, educación, salud, obras públicas y toda clase de bienes y servicios, y presionan a los gobiernos para que se los otorguen, pensando siempre que “otros”, los más ricos por supuesto, pagarán con sus impuestos las cargas económicas que esto supone.

En los países más ricos, que ya han alcanzado un nivel de vida satisfactorio para la mayoría de la población, estos objetivos se logran sin dañar demasiado la economía, sólo debilitando su crecimiento, aunque llevando a veces a severas crisis, como la que todavía, en 2010, estamos soportando. La provisión de seguridad y justicia, sin embargo, queda generalmente intacta, por lo que el sistema, en general, logra mantenerse en funcionamiento, especialmente si se le hacen periódicos ajustes como, por ejemplo, realizan algunos países escandinavos. Pero en sociedades menos ricas, como las de América Latina, donde la mayoría de los habitantes viven en condiciones de necesidad o de pobreza, las consecuencias pueden resultar en algunos casos increíblemente nefastas.

En primer lugar porque la masa de los que poco tienen es capaz de producir resultados electorales que llevan a los gobiernos a extremar las políticas de repartición de ingresos, desequilibrando sus cuentas fiscales y convirtiéndose en un pesado lastre que impide el rápido desarrollo económico que en esas naciones se necesita. Pero, en segundo lugar, porque al obligar al estado en convertirse en una máquina benefactora, hacen que se diluyan las funciones de seguridad y defensa, creando un ambiente donde prospera la delincuencia y la corrupción. Los ciudadanos entonces se frustran y, cuando se dan ciertas condiciones particulares, se entregan al discurso de demagogos socialistas que terminan por adueñarse del poder absoluto y cancelan toda división de poderes: las libertades democráticas se pierden sin que, en contrapartida, se logre un mayor progreso material.

¿Es posible salir de este círculo vicioso de promesas incumplidas, frustraciones acumuladas, inseguridad y gobiernos ineficaces? ¿Estamos condenados al dilema de elegir entre gobiernos débiles e ineficaces, por un lado, o demagogos que terminan convirtiéndose en dictadores? Creemos que no, aunque la solución, tampoco, puede alcanzarse de inmediato.

Lo que se necesitaría en América Latina es un regreso a los valores republicanos y a la visión de una democracia liberal en la que los gobiernos dejen de presentarse como benefactores sociales y, en cambio, asuman las funciones que hoy no cumplen, y que toda sociedad necesita para prosperar: garantizar la paz y el orden, dar seguridad jurídica a todos, hacer respetar la ley y un auténtico estado de derecho. Este cambio requiere, ante todo, de un cambio de opinión, de una manera diferente de ver las cosas, y compete especialmente a los líderes y a los partidos políticos, a los académicos y los periodistas, a todos quienes tienen un papel destacado en la formación de la opinión pública general. No es nada fácil lograrlo, lo sabemos, pero quizás la reflexión sobre los males que hoy padecemos y los peligros que nos amenazan ayuden a repensar nuestro estilo de hacer política, a cambiar el orden de las prioridades, a enfrentar el futuro sin engañarnos a nosotros mismos. Ese, y no otro, es el propósito de estas líneas que hoy entregamos a la consideración de los lectores.

Notas:

1. En este trabajo utilizamos el término dictadura sin hacer mayores precisiones sobre su contenido, aunque entendemos perfectamente que el concepto abarca una gran variedad de formas y matices que no debieran pasarse por alto. Lo hacemos de este modo para poder concentrarnos en el término opuesto, la democracia, y no restar unidad a la exposición. Pero aceptamos que queda en pie una deuda con el lector, por lo que el autor promete, tan pronto como sea posible, elaborar otro texto complementario al presente donde se trate en mayor profundidad el problema de las dictaduras pasadas y presentes.

2. V. mi libro El fracaso del intervencionismo, ed. Panapo, Caracas, 1999, caps. 6 y 14, donde a la sazón desarrollaba estas ideas.

Ese muerto que vos matáis

2010-03-10T18:34:00.001-06:00

José Antonio Crespo

A sus 81 años, el PRI, “ese muerto que vos (nos) matáis” desde hace años, goza de cabal salud, muy dispuesto a regresar al poder en 2012 y con altas probabilidades de conseguirlo. Y como el PRI en realidad no se ha renovado —ni siquiera discursivamente—, su tenaz supervivencia y recuperación exige alguna explicación. Muchos factores confluyen en ello.

1) A diferencia de los partidos únicos, cuya rigidez los hizo derrumbarse hasta casi desaparecer (o sin el casi), el PRI, como partido hegemónico, tuvo una mayor flexibilidad institucional que le ha permitido adaptarse mejor en la oposición. Hay un parangón con el Partido Nacionalista de Taiwán que, habiendo sido único por varios años, se flexibilizó, perdió el poder en 2000, y lo recuperó ocho años después, durante los cuales gobernó un partido “democrático”, que resultó un enorme fiasco.

2) El autoritarismo priista fue mucho más suave que los regímenes de partido único y, por supuesto, que las dictaduras militares o personalistas. Por ello nuestro cambio democrático fue mucho menos marcado que en la mayoría de los países en ese trance. Y, en esa medida, el PRI ha resultado mucho más tolerable a los ciudadanos, y su eventual retorno al poder no genera demasiado rechazo.

3) Cuando el PRI estaba más débil, recién perdido el poder presidencial, Vicente Fox decidió darle respiración de boca a boca —como ha explicado Xóchitl Gálvez— y extenderle una carta de impunidad con el propósito de contar con su cooperación para realizar reformas económicas estructurales, que finalmente el PRI no concedió. Eso le dio un tiempo valioso para reorganizarse, justo cuando estaba tambaleante.

4) El PRI logró superar el principal reto derivado de su derrota presidencial: sustituir su tradicional gobernabilidad vertical —engarzada en el Presidente— por una de tipo horizontal (entre gobernadores, líderes corporativos, jefes de facción). Estuvo a punto de una crisis mayor en 2002, cuando por primera vez eligió dirigente nacional del partido por sí mismo, sin el dedazo presidencial. Cosa que pudo dirimir de mucho mejor manera en 2007, lo que refleja que, si bien no hubo renovación moral del partido, sí hubo aprendizaje en el manejo de sus procesos internos.

5) El PRI se ha beneficiado indirectamente de los errores, claudicaciones y omisiones de sus adversarios. Por ejemplo, el costo de recibir impunidad por parte de los gobiernos panistas, en realidad lo paga menos el PRI y más el PAN. Por eso, cuando los panistas reiteran una y otra vez sobre la corrupción del PRI, la pregunta que de inmediato surge es, ¿y qué hizo al respecto el PAN desde el poder? ¿Por qué no penalizó la corrupción priista? ¿Por qué repitió sus pautas de corrupción e impunidad? El PAN queda así como una mala réplica del PRI. Y muchos, por lo visto, prefieren regresar al original.

6) Por otro lado, el PRD tampoco se ha distinguido claramente de una de sus raíces fundadoras —el PRI—, salvo en que muestra mucho menor disciplina y cohesión internas. Su oscilación entre radicalismo y moderación, así como su estridencia discursiva, contrastan con la tradicional institucionalidad del PRI. Y es cierto, las posturas del PRI son rancias, pero en menor medida que las del PRD (que datan de 1940).

7) El PRI sigue siendo el único partido nacional. Es, o bien partido dominante en algunos estados, o uno de los dos contendientes ahí donde prevalece un bipartidismo (frente al PAN en algunas entidades, y ante el PRD, en otras). La excepción es el Distrito Federal, donde el PRI cayó al tercer sitio, si bien en los últimos comicios incrementó su votación de manera notable.

Por todo lo cual, el PRI tiene buenas probabilidades de recuperar Los Pinos, aunque es algo que no puede darse como hecho. La prueba de fuego será, nuevamente, la forma en que logre dirimir su candidatura presidencial. No haberlo hecho adecuadamente en 2006 lo envió al tercer sitio. Si el PRI aprendió de ese tropiezo, podrá ahora dirimir internamente quién será el abanderado, para no perder la unidad básica sin la cual difícilmente se puede ganar una elección presidencial.

Unidad que, de preservarse, contrastará con los inacabables conflictos dentro de la izquierda y con el creciente divisionismo, el malestar interno y el descrédito externo del PAN.

Cómo Milton Friedman Salvó a Chile

2010-03-03T18:17:00.001-06:00

Bret Stephens

Milton Friedman murió hace más de tres años. Pero no cabe duda de que su espíritu protegió a Chile en la madrugada del sábado. Gracias en buena parte al economista estadounidense, el país ha soportado una tragedia que en cualquier otro sitio habría sido apocalíptica.

La magnitud de un terremoto se mide en una escala logarítmica. El terremoto que afectó en 1994 a Northridge, California, fue de una magnitud de 6,7 en la escala de Richter. Pero sólo liberó la mitad de energía sísmica que el de 7,0 que asoló Haití en enero, que fue el equivalente a la explosión simultánea de 2.000 bombas del tamaño de la que cayó sobre Hiroshima.

En cambio, el terremoto del sábado en Chile alcanzó una magnitud de 8,8. Es decir, casi 500 veces más potente que el de Haití, o aproximadamente un millón de Hiroshimas. Sin embargo, el balance provisional de fallecidos —795 en el momento de escribir estas líneas— es muy inferior frente a las 230.000 personas que se estima han muerto en Haití.

No es causalidad que los chilenos habitaban en casas de ladrillo, y los haitianos en casas de paja, cuando llegó el lobo a derribar la vivienda. En 1973, el año en el que el gobierno protochavista de Salvador Allende fue derrocado por el general Augusto Pinochet, la economía estaba en la ruina. La inflación alcanzaba una tasa anual de 1.000%, se habían agotado las reservas en divisa extranjera y el PIB per cápita era aproximadamente el de Perú y muy inferior al de Argentina.

Lo que Chile tenía era capital intelectual, gracias a un programa de intercambio entre la Universidad Católica y el departamento de economía de la Universidad de Chicago, por aquel entonces el hogar académico de Friedman. Incluso antes del golpe de estado de 1973, varios de los Chicago Boys chilenos habían redactado una serie de propuestas que equivalían a un manual para liberalizar la economía: drásticas reducciones del gasto fiscal y de la oferta monetaria; privatización de las compañías estatales y eliminación de obstáculos para la libre empresa e inversión extranjera, figuraban entre las medidas.
[palacios] Arriba: Getty Images Abajo: Associated Press

El palacio presidencial de Chile sobrevivió el terremoto, en contraste al de Haití.

En la mitología izquierdista —especialmente en el tedioso y largo libro "La Doctrina del Shock", de Naomi Klein publicado en 2007— los Chicago Boys no fueron simplemente los compañeros de ruta tecnocráticos de la dictadura de Pinochet, sino cómplices de sus crímenes. "Si la teoría económica pura de Chicago se puede llevar a cabo en Chile sólo con el precio de la represión, ¿deberían sentir alguna responsabilidad sus autores?", escribió el columnista Anthony Lewis en The New York Times en octubre de 1975. De hecho, Pinochet había sido indiferente a los consejos de los Chicago Boys hasta que la persistente crisis económica lo obligó a buscar alternativas. En marzo de 1975, se reunió durante 45 minutos con Friedman y le pidió que le escribiera una carta proponiéndole algunos remedios. Friedman respondió un mes más tarde con una propuesta de ocho puntos que reflejaba básicamente las ideas de los Chicago Boys.

Después de esto, Friedman se pasaría el resto de su vida siendo acusado de cómplice del mal. Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Economía al año siguiente fue recibido con protestas y abucheos. El propio Friedman no pudo decidir si los insultos lo divertían o molestaban. Posteriormente, indicó con un dejo de ironía que había dado a las dictaduras comunistas el mismo consejo que a Pinochet, sin ser criticado por la izquierda.

En Chile, Pinochet designó a una sucesión de Chicago Boys en los principales cargos económicos. Para 1990, el año en el que cedió el poder, el PIB per cápita había subido 40% (en dólares de 2005) mientras las economías de Perú y Argentina se estancaron. Los sucesores democráticos de Pinochet —de una coalición de centroizquierda— ampliaron la ofensiva liberalizadora. El resultado es que los chilenos se han transformado en el pueblo más rico de Sudamérica. Tienen los niveles más bajos de corrupción, la tasa de mortalidad infantil más baja y el menor número de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza.

Chile también cuenta con uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo, algo que tiene sentido en un país que está entre dos masivas placas tectónicas. Pero tener códigos es una cosa y hacerlos cumplir es otra. La calidad y consistencia de la aplicación de las normas está relacionada generalmente con la riqueza de las naciones. Mientras más pobre un país, más probable que se intenten reducir costos con el acero de refuerzo, o se use concreto de mala calidad, o se mienta sobre el acatamiento de las normas. En el terremoto de 2008 en Sichuan, China, miles de niños quedaron sepultados bajo escuelas construidas de acuerdo a los códigos.

En "La Doctrina del Shock", Klein titula uno de sus capítulos "El Mito del Milagro Chileno". En el libro, la única cosa que logran Friedman y el resto de los Chicago Boys fue llevar la riqueza a la clase alta y eliminar la mayor parte de la clase media. Pero los chilenos de todas las clases sociales—que enfrentan las secuelas de un shock real— pueden tener otra interpretación de Friedman, que los ayudó a darles los recursos primero para sobrevivir al terremoto, y ahora para reconstruir sus vidas.

¡Viva Zapata!

2010-03-02T18:47:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

El presidente de México, Felipe Calderón, sonrió ampliamente mientras saludaba a su par cubano, Raúl Castro, en la cumbre del Grupo de Río organizada la semana pasada en la lujosa riviera mexicana. Ambos, luciendo guayaberas bien planchadas, se dieron un apretón de manos mientras Calderón, mostrando un especial deleite, hacía gestos a la audiencia para que diera la bienvenida al invitado especial de México.

A sólo 500 kilómetros de distancia, en un hospital penitenciario de La Habana, el preso político Orlando Zapata estaba en coma. Durante 84 días, este albañil de 42 años y origen humilde había estado en huelga de hambre para protestar contra la brutalidad del régimen castrista hacia los presos de conciencia. Su muerte era inminente.

La espantosa situación de Zapata no era ningún secreto. Durante su huelga de hambre le habían negado agua por 18 días consecutivos y lo habían colocado frente a un equipo de aire acondicionado. Sus riñones habían colapsado y tenía neumonía. Durante meses, grupos de derechos humanos habían reclamado atención internacional para su caso.

Pero en Playa del Carmen, en la península de Yucatán, Calderón no iba a permitir que Zapata arruinara su fiesta o la oportunidad para mejorar su imagen entre los gobiernos antidemocráticos de la región. La cumbre siguió su curso, sin menciones del infierno humanitario de La Habana. El martes pasado, Zapata murió.

Su fallecimiento, ocurrido al mismo tiempo que los líderes de América Latina compartían mesa y mantel con Castro, es una coincidencia que captura la cobardía y el oportunismo que han definido durante medio siglo el acercamiento de la región hacia la opresión cubana. Ahora, la pandilla latinoamericana, con Cuba como miembro destacado, ha decidido formar un nuevo bloque regional para "reemplazar" a la Organización de Estados Americanos. Para dejar claras sus intenciones, prohibieron la asistencia a la reunión del presidente democráticamente electo de Honduras, Porfirio Lobo.

El Ministerio mexicano de Relaciones Exteriores no quiso responder la semana pasada a los pedidos para que Calderón difundiera un comunicado sobre la muerte de Zapata. Su silencio sugiere que lo único que lamenta Calderón es la desafortunada coincidencia entre su fallecimiento y el comienzo de la cumbre.

Zapata, de todos modos, no partió en silencio. Su muerte ha puesto de relieve otra vez la verdad acerca de las vidas de los 11 millones de cubanos esclavizados durante 50 años por un régimen totalitario. Y también supone un acontecimiento embarazoso para personajes como Calderón. Periódicos de todo el mundo, de Buenos Aires a Madrid, están denunciando la increíble hipocresía de aquellos que fingen tener una preocupación por los derechos humanos mientras apoyan a Castro.

Al igual que casi todos los disidentes cubanos, Zapata no eligió su papel de mártir, sino que el papel lo eligió a él. Oriundo de la provincia de Holguín, en el oriente del país, Zapata atravesó el sistema educativo como cualquier otro ciudadano. Pero el obligatorio adoctrinamiento marxista no funcionó con él. Como muchos patriotas cubanos antes que él, una vez que su conciencia se había despertado no había crueldad en el mundo que pudiera impedir que denunciara el sistema.

Zapata formó parte de la ola de resistencia pacífica que comenzó a organizarse y crecer en los últimos años de la década pasada y principios de ésta. En 2002 fue detenido tres veces. Según el Directorio Democrático Cubano, una organización de Miami que monitorea la actividad disidente, Zapata fue arrestado por cuarta vez el 6 de diciembre de 2002, "junto a [el médico y destacado militante pacifista] Oscar Elías Biscet".

Biscet, un católico practicante y discípulo de las ideas no violentas de Martin Luther King, empezó a oponerse al régimen cuando se enteró de la política habitual de asfixiar a los bebés que sobrevivían a los intentos de aborto. Hoy es considerado uno de los mayores defensores de los derechos humanos de la isla. Tanto su prolongada estadía en prisión, como las torturas que ha recibido, están bien documentadas. No hay información sobre si Calderón, que también se define como católico, discutió la situación de Biscet con su invitado, Raúl Castro.

Zapata fue arrestado otra vez en marzo de 2003, junto con otros 74 activistas, en un episodio conocido desde entonces por la resistencia como la "Primavera Negra". Desde entonces estuvo detenido y en mayo de 2004 fue condenado a 25 años de prisión. Su compromiso con sus hermanos, sin embargo, se mantuvo firme. De hecho, se profundizó.

En julio de 2005, en la prisión de Taco Taco, Zapata participó de una protesta no violenta para conmemorar la masacre de 41 cubanos que en 1994 habían intentado fugarse de la isla en un bote a motor y fueron ahogados por el aparato de seguridad. Eso le valió otros 15 años de sentencia.

Zapata fue encontrado culpable de "desobediencia a la autoridad" y torturado con frecuencia. Pero murió libre, incólume y convencido de no entregarle su alma al régimen, que ya es más de lo que se puede decir de Calderón. Se dice que los contratos de exploración en alta mar que Castro le ha dado a la brasileña Petrobras explican las caricias con el dictador.

Con respecto a la libertad de Cuba, el deseo sigue vivo, y la muerte de Zapata ya sirve como una fuente de renovada inspiración. El régimen lo sabe y por eso sus fuerzas de seguridad tomaron el control de su pueblo natal el día de su funeral. Mientras los cubanos lloran la muerte de Zapata, lo seguro es que, valorando su triunfo sobre el mal y el regalo de su valentía a la nación, no dejarán que su muerte sea en vano.

SISMO EN CHILE VIDEO EN VIVO

2010-02-27T09:06:00.011-06:00

Video clips at Ustream

La “doctrina Calderón”

2010-02-26T08:12:00.001-06:00

José Antonio Crespo

De concretarse la propuesta de formar un nuevo organismo regional de América Latina y el Caribe, lo que quizá llegue a conocerse como la “Doctrina Calderón” podría rezar: “Latinoamérica para los latinoamericanos”. Pero, como suele suceder en estos casos, la paternidad de la idea es disputada por distintos países, y se remonta en el tiempo cada vez más atrás. Hugo Chávez defiende el fuero histórico de su país y afirma, con razón, que la propuesta original viene de Simón Bolívar (por cierto, asesor personal del presidente venezolano, a “larga distancia”). El organismo latinoamericano y del Caribe podría interpretarse como un acto de autonomía política respecto del gran tutor e interventor de la región, Estados Unidos, para discutir los intereses comunes y dirimir las diferencias regionales sin la presencia y la supervisión estadunidenses, a diferencia de lo que ocurre con la OEA.

Y es que, aun antes de la independencia de nuestros países, EU ya se perfilaba como el fulcro de la balanza en la política latinoamericana, y con mucho más razón en el caso de México, su traspatio inmediato. Por ejemplo, los insurgentes enviaron diversos emisarios para intentar conseguir armas modernas que permitieran inclinar la balanza a favor de su movimiento. El entonces secretario de Estado, James Monroe (el mismo de la doctrina antieuropea), propuso al enviado insurgente, Bernardo Gutiérrez de Lara, que una vez alcanzada nuestra autonomía nos incorporásemos a la Unión Americana. De ocurrir eso, dijo Monroe, lograríamos formar “la potencia más formidable del mundo”. Muchos pensarán hoy que ahí se perdió una gran oportunidad para los mexicanos y que hemos pagado caro el no haberla aprovechado. Si bien desde entonces algunos veían, incluso en el acto de pedir cualquier cosa, algo indigno: el doctor José María Cos acusó en 1815 a sus correligionarios insurgentes “de comprometer la honra nacional enviando a los Estados Unidos de América un plenipotenciario en demanda de auxilio...” Sin embargo, poco antes, José María Morelos, que también consideraba esencial contar con esas armas, hasta pensó en ceder Texas —según lo comunicó por escrito en 1813—, por recomendación de uno de sus lugartenientes, David Faro, de nacionalidad estadunidense. El hecho es que los insurgentes no lograron obtener del vecino del norte las armas que requerían, y en buena parte por ello perdieron la guerra frente a los realistas (que son quienes hicieron la Independencia por razones distintas a las que inspiraron a los insurgentes). Por su parte, un tenaz independentista, como fray Servando Teresa de Mier, fue más allá, y propuso a los estadunidenses la integración de ambos países, a cambio de su ayuda: “Declárese Estados Unidos por la independencia de México, y yo les aseguro que no sólo será República, sino confederada con Estados Unidos”.

Una vez lograda la Independencia, nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en parte ante el temor de una invasión española (que en efecto sucedió en 1829), pensó conveniente formar una federación americana, que debiera ser encabezada por quien había impulsado ese ideal: Simón Bolívar. ¿Quién mejor para dirigir una liga de esas características que uno de sus más entusiastas promotores, desde su Carta de Jamaica de 1815? ¿Quién mejor que aquel que había expresado que “la unión bajo un solo gobierno supremo nos hará formidables a todos”?

Y el Libertador pensaba que la metrópoli de esa confederación debía ser México, “la única (ciudad) que puede serlo por su poder intrínseco”. Bolívar rechazó la oferta de Victoria “aunque mucho me lisonjea”. Pero había una pequeña diferencia entre los proyectos de Bolívar y de Victoria: el primero había pensado en una “soberbia federación” sin los estadunidenses, puesto que éstos “parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad” (un bosquejo de la posterior doctrina del Destino Manifiesto). En cambio, don Gudadalupe consideraba que Estados Unidos, “como potencia grande y marítima, debe tener una gran parte en esta necesaria federación”. Y como resultado... nada.

Veremos, pues, qué sucede con este nuevo esfuerzo de organización de Iberoamérica y el Caribe. A ver si, como quería Bolívar, “nos hará formidables a todos”.

32 reflexiones para liberar las drogas

2010-02-17T09:52:00.002-06:00

Alberto Benegas Lynch (h)

Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

Estas líneas constituyen el resumen de un trabajo que presenté en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y que, ampliado y desarrollado, se convirtió en un libro sobre este tema tan espinoso y delicado. Ahora presento el referido resumen en treinta y dos puntos para mi columna semanal en este diario.

1. La tesis o columna vertebral en torno a la cual gira esta presentación estriba en que moralmente no corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. En este sentido, no debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades.

2 . La drogadicción es una tragedia. Habitualmente produce lesiones cerebrales irreversibles, masacre psíquica, distorsión de los sentidos y de la capacidad perceptual. La abstinencia suele estar acompañada de dolores musculares intensos, calambres extendidos por todo el cuerpo, expulsión de abundantes fluidos, escalofríos, notoria disminución de la actividad cerebral, debilitamiento extremo, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas, todo lo cual ocurre en un contexto de tremenda zozobra.

3. La tragedia se pone de manifiesto al observar seres que decimos humanos solo por algunos rasgos externos de quienes están tirados en las calles, desalineados al extremo de la roña, con piernas y brazos que se asemejan a palos de escoba, llenos de venas saltonas y agujereadas por todas partes, rostros desencajados, ojos inyectados en sangre sin expresión, bocas babeantes con labios púrpura resecos y rajados, pieles de un amarillo mortecino, tabiques nasales perforados y generalmente vestidos con colores fúnebres, estampados con calaveras de diversas dimensiones. Esta es la imagen viva de la tragedia, aunque debe puntualizarse claramente que una cosa es el uso y otra el abuso, de mismo modo que no todos los que beben alcohol están en estado de delirium tremens. El poeta que se cree mas inspirado o el operador de Wall Street que se cree mas eficiente consumiendo drogas, no necesariamente están incluidos en el cuadro que acabamos de dibujar.

4. Por las razones que a continuación expondremos, la prohibición de las drogas alucinógenas para usos no medicinales intensifica en grado exponencial la drogadicción y extiende de modo horripilante la tragedia a los que deciden no intoxicarse, del mismo modo que ocurrió con la Ley Seca en EE.UU. que hubo que abrogarla debido a la organización criminal que creó, al aumento colosal del alcoholismo, la muy extendida corrupción de autoridades que generó y los daños y muertes de inocentes que produjo, junto con los costos astronómicos que debieron afrontarse.

5. La prima por el riesgo de operar en ese mercado, hace que el precio de la droga se eleve sustancialmente, generando abultados márgenes de ganancias.

6. Ese precio elevado permite que irrumpan en el mercado las drogas sintéticas, de efectos mucho mas devastadores que las naturales.

7. También los altos precios permiten que aparezca la figura del "pusher" quien obtiene miles de dólares semanales y que se ubica generalmente a la entrada de los colegios y otros lugares para atraer clientela, especialmente de gente joven.

8. El costo de la escalada, solamente en EE.UU., se ha elevado en un 50.000% desde que empezó la llamada "guerra contra las drogas" en la década de los setenta, lo cual debe ser sufragado por todos, consumidores y no consumidores de drogas.

9. El comercio en el mercado negro no permite la contención por parte de médicos y de los tribunales en caso de fraude en la venta, a los efectos de evitar castigos.

10. El comercio en el mercado negro obliga a los consumidores a entrar en el circuito criminal, con todos los riesgos que de ello se deriva, lo cual, en algunas oportunidades también dificulta la utilización de drogas para fines terapéuticos.

11. El comercio en el mercado negro tiñe las actividades legítimas a través del “lavado” de dinero, lo cual oscurece las contabilidades y los registros de los negocios de una y otra característica.

12. Las documentaciones correspondientes atestiguan la monumental corrupción de autoridades policiales, de jueces, gobernantes, militares y agencias encargadas de controlar el mercado de drogas.

13. Cuanto mayor la persecución mas trabajo intensivo se hace el mercado de drogas ya que, por razones de seguridad, los contactos se hacen en forma de red donde cada uno tiene relación con un grupo y así sucesivamente, lo cual incluye a menores por considerárselos no imputables.

14. Cuanto mayor es la persecución en una zona, mayores son los estímulos e incentivos para la extensión del mercado a otras áreas.

15. Cuanto mayores son las dificultades para entrar la droga a un área, mas capital intensiva se vuelve la actividad montando laboratorios locales.

16. Cuanto mayor es la persecución mayor es el número de gente violenta que se contrata en la actividad de las drogas.

17. Cuanto mayor es la persecución, mayor es el número de víctimas inocentes heridas y muertas.

18. En forma creciente se observa la impunidad con que actúan y el interés por parte de los encargados de controlar el mercado de drogas para repartirse los activos de los barones de las drogas y de muchos otros que nada tienen que ver con la drogadicción.

19. Debido a que se trata de una relación contractual voluntaria, en el mercado de drogas no hay víctima ni victimario, por tanto debe recurrirse a la figura del “soplón” que necesariamente significa abuso de derechos y lesión de libertades, a través del entrometimiento en el secreto bancario, escuchas telefónicas, invasión de domicilio y detención sin juicio previo.

20. Existe una conexión entre los abultados márgenes operativos del negocio de la droga con el terrorismo, en cuanto a la financiación de sus actividades criminales.

21.En muchas ocasiones se presenta una anomalía estadística vía un error de inclusión en cuanto a la relación drogas-crimen. No es relevante tomar el universo de crímenes y constatar que existe una alta proporción de drogadictos. Lo relevante es tomar el universo de drogadictos y constatar que hay una proporción mínima de personas que cometen crímenes. Mas aun, en innumerables casos el nexo causal se invierte: el criminal se droga debido a que habitualmente un crimen cometido bajo los efecto de las drogas constituye un atenuante en lugar de un agravante.

22. Paradójicamente, se suele considerar al drogadicto como un enfermo y , sin embargo, se lo manda a la cárcel. Se dice que hay que protegerlo contra sus propias necedades y, sin embargo, se lo castiga. Existe el error de atribuir una enfermedad a toda conducta incivilizada, como si se tratara de difteria o cáncer. También se suele atribuir al drogadicto la condición de “enfermo mental” sin tener en cuenta que la patología define la enfermedad como una lesión orgánica y, por tanto, resulta una metáfora peligrosa el extrapolar la noción de enfermedad a la psique, el alma o la mente, allí donde no existen problemas químicos. No somos solo kilos de protoplasma, los estados mentales es lo que nos permite rechazar el determinismo físico y adherir a los propósitos deliberados que, a su vez, hacen posible la distinción entre proposiciones verdaderas y falsas, y, consecuentemente, la argumentación y las ideas autogeneradas que, a su turno, abren la posibilidad de revisar nuestros propios juicios. Se dice, sin embargo, que el drogadicto no es un sujeto libre, como si no hubiera decidido libre y voluntariamente afectar su estructura intelecto-volitiva. Esto último nos recuerda a la persona que asesinó a sus padres y luego, en el juicio, pedía misericordia porque era huérfano.

23. Son muy bienvenidas todas las campañas y acciones que se financien con recursos propios tendientes a la rehabilitación de drogadictos que optan por dejar el vicio, pero no debería utilizarse coactivamente el fruto del trabajo ajeno a través de esa contradicción en términos denominada “Estado benefactor” (ya que la caridad, la beneficencia y la solidaridad no se realizan por la fuerza) para atender a quienes deliberadamente se han puesto en esa situación.

24. En nuestra propuesta, el trato con menores sería de la misma forma en que hoy se trata el tema de la pornografía, la licencia de conducir y el alcohol. Por las mismas razones no se daría lugar a la publicidad de drogas y en los lugares públicos se castigaría a quienes ponen de manifiesto la imposibilidad de controlarse a si mismos ya sea por haber ingerido tranquilizantes, alcohol, drogas o lo que fuera, del mismo modo que ocurre cuando un vehículo transita sin frenos o , de noche, sin luces.

25. Cualquiera podría actuar como subrogante para defender el derecho de una criatura por nacer, si la madre ingiere drogas que provocan malformaciones habitualmente conocidas como “crack babies”. Descuento que en esta calificada audiencia se conoce que la microbiología moderna enseña que hay una persona en acto desde el momento de la fecundación del óvulo con toda la carga genética completa y que si bien hay distintos comportamientos posibles de la madre en el período de gestación, hay un juicio prudencial y de decencia que no autoriza a mutilar, malformar y mucho menos aniquilar a la persona por nacer.

26. Nuestro análisis está dirigido a las relaciones entre adultos. Hay infinidad de actividades que son riesgosas como el boxeo y el aladeltismo y hay infinidad de actividades que producen muchas mas muertes que la drogadicción como el alcoholismo, el tabaco y las dietas perversas. En nuestro caso se trata de subrayar que la contracara de la libertad es la responsabilidad individual. No resulta procedente “jugar a Dios”, o mejor dicho, tener la arrogancia y la soberbia de “ser mas que Dios” ya que incluso en todas las grandes religiones se acepta que Dios, a través del libre albedrío, permite que el hombre se condene o se salve según sea su respectiva conducta. Por otra parte, como se ha dicho, si le damos mas importancia al alma que al cuerpo, habría que prohibir cosas tales como la lectura de libros dañinos y obras teatrales perjudiciales para la mente.

27. Las causas de la drogadicción siempre radican en un problema de carácter. Suele comenzar con la idea de vencer la timidez de cantar en público, con la idea de combatir el temor frente a una audiencia para hacer uso de la palabra, con la idea de facilitar la socialización, como rebeldía, como curiosidad o para seguir lo que otros hacen. En cualquier caso, es siempre consecuencia de decisiones personales y de una mala administración del propio carácter. Lo que no es admisible es endosar la responsabilidad a factores como la pobreza, puesto que dado que todos provenimos de las cavernas, sería una falta de respeto a nuestros ancestros el sostener semejante tesis, sin perjuicio de constatar que en no pocos círculos de la “alta sociedad” la drogadicción está generalizada, con la diferencia de que muchas veces se los exceptúa del castigo por los contactos que mantienen con el poder de turno, con los que frecuentemente no cuentan aquellos de menores recursos.

28. Si se deja sin efecto esta llamada "guerra contra las drogas", la eliminación del elemento crucial del "fruto prohibido", la desaparición de los "pushers" y la no existencia de la publicidad, constituyen tres factores que cambiarían lo que en la economía convencional se denomina "la función de la demanda" produciéndose un corrimiento de la curva correspondiente hacia la izquierda. Pero debemos repetir que estas medidas de liberación del mercado de drogas no las propugnamos por razones primordialmente utilitarias sino por motivos morales, es decir, no criminalizar lo que no constituye un crimen. Podemos incluso suponer que simultáneamente a la liberación cambian las estructuras axiológicas de la gente y hay mas personas que deciden drogarse hasta perder el conocimiento o, a los efectos, deciden constiparse hasta morir o no ingerir alimentos nutritivos. Cada uno debe asumir la responsabilidad por lo que hace y, en una sociedad abierta, el aparato de la fuerza que denominamos gobierno debe utilizar la violencia solo a título defensivo, nunca ofensivo. Aunque no es lo que ocurre, admitimos también que la prohibición puede cambiar los valores de las personas reduciendo el consumo de drogas del mismo modo que es posible que hubieran mas cristianos convertidos durante la Inquisición o que se leyera menos sobre la libertad después de la quema de libros por Hitler, pero insistimos en que se trata de un asunto eminentemente ético.

29. Las drogas naturales a que aludimos vienen consumiéndose desde hace 2000 AC, comenzaron los problemas con la prohibición, que, dicho sea al pasar, fueron el resultado de estudios de mercado que realizó la mafia después de que los dejaron sin el negocio del alcohol. Los casos de la liberación de la marihuana en ocho estados en EE.UU. y el caso de la liberación parcial en Holanda no resultan concluyentes puesto que están rodeados de medidas contradictorias como el establecimiento de cuotas y, en este último país, con políticas contraproducentes como el reservar espacios públicos para drogadictos, el ofrecerles jeringas sin cargo etc. Por otra parte, en general, se ha criticado la posible liberación con el argumento que la disminución notable en los incentivos que tendrán lugar allí donde se liberan las drogas hará que los traficantes se trasladen a otros lares, lo cual es absolutamente cierto pero esto hará que se reconsideren las políticas en esos otros lados, del mismo modo que ocurre cuando en unos lugares se combate con mayor eficiencia la delincuencias y los delincuentes tienden a buscar espacios mas propicios para sus fechorías.

30. Sin duda que los intereses creados para que se mantenga el control son muchos y muy fuertes. Imaginemos las remuneraciones de los químicos, las tareas agrícolas, las fábricas de plaguicidas, los transportes, la actividad financiera y bancaria, los expertos en contabilidad y manejo de carteras, los gobernantes, policías, jueces, militares, agentes de organismos de control, los "traqueteros", las "mulas o camellos", los "topos" y tantas empresas y emprendimientos vinculados a las drogas horizontal o verticalmente.

31. Aquellos intereses creados se imponen frente a los resultados nefastos que produce la persecución en el mercado de las drogas : el aumento de la drogadicción, la lesión a los derechos de las personas, el costo de la "guerra" y la corrupción escandalosa. Thomas Sowell afirma que "Las políticas se juzgan por sus resultados, pero las cruzadas son juzgadas por lo bien que los hace sentir a los cruzados".

32. Debe subrayarse que cuando sugerimos no criminalizar lo que no es un crimen y, consecuentemente, liberar el mercado de drogas, no nos limitamos al consumo como se ha hecho en algunos lugares, legislación que parece fabricada por los comerciantes de narcóticos ya que se colocan en el mejor de los mundos: restringen la producción con lo que se les asegura márgenes de ganancias suculentos y se deja expedito el consumo. Milton Friedman, el premio Nobel en Economía y precursor contemporáneo de la liberación de las drogas, escribe que “ Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que la usan como para los que no la usan”. Quiero concluir este breve resumen con una cita de Thomas Jefferson que reza así: "No podemos renunciar y nunca renunciaremos al derecho a nuestra conciencia. Solo respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del gobierno se aplican sólo si hay lesión a otros".

¿Es posible legalizar las drogas?

Insulza debe abandonar la OEA

2010-02-17T08:51:00.001-06:00

Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner es periodista cubano residenciado en Madrid.

José Miguel Insulza debe retirar su candidatura para dirigir la OEA durante otro periodo. No ha sido un buen funcionario. Los cinco años que ha pasado al frente de la institución están entre los peores de la historia de ese organismo. Se suponía que había sido electo para fortalecer el funcionamiento de la democracia de acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Democrática firmada en Lima por todos los Estados miembros, nada menos que el 11 de septiembre de 2001, y, por el contrario, ha contribuido a su debilitamiento.

Tal vez el pecado original de Insulza es que le debe su cargo al apoyo de Hugo Chávez, lo que ni siquiera impidió que, en su momento, el venezolano, molesto por alguna declaración suya, lo calificara de "pendejo". En todo caso, cuando Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega o Rafael Correa han violado las libertades fundamentales de sus pueblos, silenciando a la prensa, acosando a la oposición o destruyendo la independencia de los otros poderes —el judicial y el legislativo—, el señor Insulza ha mirado en otra dirección, ha ignorado a las víctimas y ha justificado su inacción amparándose en la coartada de que se trataba de los asuntos internos de esos países.

Poco antes de la elección de Insulza, en mayo de 2005, el otro candidato, respaldado por EE.UU. y por varias democracias, era el ex presidente salvadoreño Francisco Flores. "Paco Flores" es una persona conocida por su integridad y decencia, pero, ante un virtual empate, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, cedió a las sugerencias y presiones de Ricardo Lagos, entonces presidente de Chile, amigo y compañero socialista de Insulza, quien la convenció de la idoneidad de éste para el cargo y de sus convicciones democráticas. Fue un error de Rice, probablemente provocado por la escasa importancia que desde siempre les han dado en Washington a los asuntos latinoamericanos.

Para EE.UU., la América Latina es sólo una fuente de materias primas —petróleo, cobre y otras minucias— con la que, desde hace unos años, tiene una balanza comercial negativa, pero no es un territorio vital desde el punto de vista tecnológico o financiero. No obstante, en el geopolítico sí hay cuatro temas básicos que preocupan en Washington: el tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la complicidad con los terroristas islámicos y las relaciones con Irán que hoy tienen algunos países de la zona —especialmente Venezuela—, en lo que parece ser el desarrollo de armas nucleares que un día, tras ser producidas por los científicos iraníes, pudieran incorporarse al arsenal venezolano.

¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un ex canciller o ex presidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites. Lo que no resulta tolerable es que los enemigos de la democracia utilicen la OEA para fines contrarios a las razones que le dan forma y sentido a su existencia.

El Washington Post, en un artículo reciente, sugería que algunos congresistas estadounidenses congelaran los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza. Esa no es una buena idea. Es posible que Hugo Chávez llegue con sus petrodólares a comprar la institución a precio de saldo si EE.UU. le deja el camino libre. Sin embargo, de persistir la OEA en el camino actual, ciega y sorda ante las violaciones a las reglas democráticas y el clamor de las víctimas, tal vez lo sensato es crear un organismo paralelo junto a las naciones dispuestas a defender las libertades y el Estado de derecho. Lo que no tiene sentido es mantener en Washington un costoso aparato que, lejos de servir a los pueblos de América, contribuye a perjudicarlos.

PAN-PRD: ¿suma aritmética?

2010-02-10T12:53:00.000-06:00

José Antonio Crespo

Más allá de que se justifiquen o no las coaliciones electorales entre partidos ideológicamente antagónicos, la intención de los aliancistas es desde luego pragmática (aun si se aceptara su motivación democrática). El primer cálculo que se hace es, ante todo, aritmético: la suma de los votos de los partidos coaligados podría representar una mayoría capaz de derrotar al partido en el poder, contra el cual se edifica la coalición. Hagamos un ejercicio sumando los votos que los aliancistas (actuales o potenciales) captaron en la última elección federal, el año pasado (la información más reciente). Lo haremos en las entidades gobernadas en que se explora acordar una coalición electoral entre los partidos de izquierda (PRD, PT, PC) junto al PAN.

A) En Durango, la actual coalición congregó, entre todos sus componentes, 36% de la votación, muy lejano al 51% que conquistó el PRI (y el PVEM, aliado actual del PRI, consiguió 5% de votos). B) En Hidalgo, la que podría ser coalición opositora reunió 34% del sufragio, frente a 42% del PRI. Si el Panal se uniera a la coalición opositora, ésta hubiera obtenido 41%, posición ya amenazante al PRI, pero si el Verde se coaligara a su vez con éste, entonces su votación se volvería a disparar hasta 49 por ciento. C) En Oaxaca, los partidos a coaligarse (incluido el Panal) sumaron entre todos 43% del voto popular, frente al 44% del PRI. Una situación sumamente competida. Pero si a la votación del PRI se sumara la del PVEM, entonces el resultado sería de 49.5% de la votación (alejándose de nuevo de la alianza opositora por ocho puntos). D) En Puebla, los partidos de la eventual coalición opositora lograron congregar 39%, frente a 41.1% del PRI. Un escenario también competido.

Si el Panal formase parte de la alianza opositora, entonces ésta alcanzaría 42%, superando al tricolor por un margen estrecho. Pero si el PRI a su vez contara con el voto del Partido Verde, entonces la alianza oficialista ocuparía un holgado primer lugar, con 48 por ciento. Por cierto, en estas entidades, el PRI ganó todos los distritos legislativos (sólo uno de ellos en coalición con el PVEM).

Sin embargo, la lógica en los comicios federales puede ser muy distinta a la de los comicios locales. En ello radica la apuesta de los partidos aliancistas: lograr a través de la coalición una votación superior a la que resulta de sumar aritméticamente la que puedan congregar cada uno de sus componentes. Los elementos a considerar para ese desenlace son al menos los siguientes: 1) Un candidato atractivo por parte de la coalición opositora puede atraer nuevos votos para la oposición. 2) Los comicios intermedios son menos concurridos que aquellos en que se pone en juego la gubernatura de la entidad. Por lo cual, podría esperarse que aquellos que en 2009 se abstuvieron o anularon su voto, concurrieran a las urnas a sufragar por la coalición opositora.

Pese a todo, dicho análisis tiene también sus límites: A) se cree que el voto nulo estuvo alimentado por electores esencialmente antipriistas y por ello favoreció (presuntamente) al PRI. Eso no es exacto. También entre los anulistas hubo varios priistas; de acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica (ago/2009) de quienes se identifican con el PRI, 5% anuló su voto (porcentaje semejante al de los panistas y algo superior al de los perredistas que anularon su voto). Y de acuerdo con GEA-ISA (Jul/2009), entre los abstencionistas, 27% hubiera votado por el PRI, (frente a 22% por el PAN, 13% por el PRD y 25% de anulistas potenciales). B) No puede asumirse en automático que los partidarios del PAN y de la izquierda votarán por la coalición opositora. Sus sectores más duros (y por ende, más doctrinarios) pueden incluso aborrecer en mayor medida a su nuevo “aliado” que al PRI. Muchos de esos electores prefieren una derrota digna, pero manteniendo la pureza ideológica y doctrinaria de su partido, que un triunfo que implique transigir en sus principios (una claudicación, en su óptica). C) Finalmente, ante la amenaza opositora, el PRI puede buscar una coalición con el PVEM, con lo cual se haría más difícil su derrota. Y en tal caso, el beneficiado indirecto de las coaliciones sería ese partido-negocio, que sabe cobrar muy bien sus servicios como mercenario (como lo hace también el Panal). No basta, pues, con que estas coaliciones sumen para ganar: deben multiplicar. Pero incluso podrían restar. Habrá que ver.

Venezolanos sin derechos de propiedad

2010-02-10T12:41:00.000-06:00

Robert Bottome y Norka Parra

Robert Bottome es director de VenEconomía.

Norka Parra es analista de VenEconomía.

Desde el 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido lo que ya de hecho no existía en Venezuela: el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

Se reformó esa ley bajo la excusa de controlar la inflación que, según el gobierno, se debe al acaparamiento y a la especulación de los empresarios, en lugar de al proyecto comunista que adelantan.

El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial, al determinar:

* Que son de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".
* Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social.
* Implanta "la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio".
* Otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para instrumentar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.

Esta reforma de la ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional para cubrir de "legalidad" la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia, en lo que respecta a toda actividad productiva privada.

En adelante se perpetuará la "Teoría de la Bóveda del Miedo" que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades "sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden", porque tales tácticas no son rentables políticamente. Por eso intentan "congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan".

Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes venezolanos tragarán duro y acatarán la exigencia del gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario, a pesar de la devaluación y de la inflación. Peor aún, es posible que mantengan el congelamiento de los precios cuando repongan sus inventarios, por temor a ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.

De imponerse eso, la consecuencia será la quiebra a granel de las empresas venezolanas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.

¿Gobierno del cambio?

2010-02-09T10:08:00.001-06:00

Leo Zuckermann

Los panistas habían prometido un desempeño gubernamental diferente al de los priistas. Para ellos, la democracia, a diferencia del autoritarismo, implicaba abrir las cortinas de palacio para que la gente viera cómo operaba el gobierno y cómo se gastaba el dinero de los contribuyentes.

Una vez electo presidente, Fox cumplió. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue, sin duda, uno de los logros del foxismo. Gracias a esta ley, se descubrieron escándalos como la adquisición de unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos que habían costado alrededor de 400 dólares. El Toallagate le costó el puesto a uno de los funcionarios más cercanos del Presidente.

Cuando se discutía la nueva ley de transparencia se abogó por que el acceso a la información gubernamental fuera rápido, barato y anónimo para la ciudadanía. A fin de garantizar este objetivo, se creó un nuevo organismo burocrático, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que desarrolló el Sistema Infomex para que los ciudadanos requirieran la información gubernamental. Hoy el trámite se puede hacer en las oficinas del gobierno o en línea. El acopio de la información es razonablemente expedito, barato e, incluso, el usuario puede registrarse con un nombre falso para mantener el anonimato.

Desde su creación en 2003, el IFAI le ha costado unos mil 700 millones de pesos al contribuyente. El año pasado, el IFAI procesó unas 115 mil solicitudes y las entidades y dependencias federales con mayor número de pedidos de información fueron el IMSS, la SEP, la SHCP, la Semarnat y el ISSSTE.

La ley de transparencia es muy clara: las resoluciones del IFAI “son definitivas para las dependencias y entidades gubernamentales”. Si el Instituto resuelve que un organismo tiene que darle cierta información a un ciudadano, se encuentra obligado a proveerla. En cambio, si el IFAI falla en contra de un ciudadano porque la información es considerada como reservada (por ejemplo por motivos de seguridad nacional), el ciudadano puede impugnar dicha resolución con un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

La ley de transparencia ha sido prácticamente replicada en todos los estados de la República. Sin embargo, el Congreso de Campeche creó un tribunal para revisar los fallos del órgano estatal de acceso a la información, es decir, una segunda instancia donde el gobierno estatal puede defenderse. El asunto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia que analizará su constitucionalidad.

Ahora, de acuerdo a una nota de Georgina Olson en Excélsior, el gobierno federal quiere hacer lo mismo que el de Campeche. Pretende modificar la ley federal para que un juez de Distrito pueda revisar los fallos que emite el IFAI. Ciertamente esta reforma le da al gobierno el mismo derecho que tiene la ciudadanía de apelar una resolución. Sin embargo, es un golpe mortal a la idea de que el acceso a la información tiene que ser rápido y barato.

Con este nuevo sistema, el ciudadano requeriría la información. El gobierno la podría negar. El IFAI tendría que intervenir para ordenar que se entregaran los datos. Las dependencias gubernamentales tendrían cinco días para apelar esta orden frente al juez y el IFAI otros cinco días para formular argumentos y demostrar la legalidad de su decisión. Luego habría diez días para presentar las pruebas de ambas partes. Vendrían tres días más de alegatos y, luego, el juez tendría cinco días hábiles para dictar sentencia. Esos son los tiempos. A eso hay que sumarle los costos del juicio. ¿Quién los absorbería? ¿El contribuyente con el presupuesto del IFAI o el ciudadano que demandó la información?

Con esta iniciativa, el gobierno panista, ahora encabezado por Felipe Calderón, demuestra que ya no le gustó mucho la idea de que los ciudadanos tengan un mecanismo rápido y barato de conocer la información gubernamental. Qué poco duró la promesa de cambio.

Al régimen panista ya no le gustó mucho dar a los ciudadanos información gubernamental.

2010, ¿nuevo pacto nacional?

2010-02-08T12:28:00.000-06:00

José Antonio Crespo

Durante el acto de conmemoración de la Constitución de 1917, diversos oradores coincidieron en que a México le hace falta un nuevo pacto nacional (algunos hablan de pacto social, otros de refundación de la República, otros de un acuerdo constitutivo), lo cual implicaría una nueva Constitución. El debate sobre la necesidad de una nueva Carta Magna como culminación de la transición democrática, se dio inmediatamente después de la alternancia. Se argüía, por ejemplo, que prácticamente todas las transiciones democráticas —que por definición implican el cambio de un régimen— se coronaron con una nueva Constitución (pues, por elemental silogismo, a un nuevo régimen corresponde una nueva Ley Suprema). El propio Vicente Fox lanzó esa posibilidad al celebrar por primera vez un aniversario de la Carta Magna (es decir, hace diez años), pero muy pronto retiró su oferta. El PRI surgió como el más aguerrido defensor de la Constitución, dándole no sólo carta del símbolo más visible de la Revolución de 1910, sino incluso como elemento de identidad nacional (somos un pueblo al que le gusta ponerse numerosas camisas de fuerza, que nos condenan a la inercia). Por lo cual, eso de diseñar una nueva Constitución se ha ido dejando de lado, para asumir que lo que procede es continuar parchándola ad infinitum, con lo cual puede uno suponer que seguirá siendo esencialmente disfuncional en las actuales condiciones (ahora se busca, con razón, hacer explícito en el texto constitucional que somos una República laica, algo logrado hace 150 años, dados los recientes embates contra la laicidad por parte del conservadurismo eclesial y político).

Evidentemente, con lo importante que hayan sido las reformas electorales de las últimas décadas para caminar hacia la democratización, no han resultado suficientes. Al hablarse de un nuevo pacto nacional, social o una refundación republicana, se propone un acuerdo mucho más profundo, como el que también hubo en la mayor parte de las democratizaciones exitosas. Lo que nosotros tuvimos como catapulta del cambio político no fue un gran pacto social, sino un miniacuerdo electoral entre los partidos. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y como consecuencia de lo vivido durante el sexenio anterior (en particular, en su último año, 1994), se accedió a abrir las puertas del poder, incluso a nivel nacional, a través de un nuevo código electoral más competitivo y de la autonomía del IFE respecto del gobierno (aunque no respecto de los partidos). Lo cual se tradujo en un nuevo reparto del poder, mismo que nos ha dado plena pluralidad y alternancia (aunque acompañada de no poca fragmentación política). Pero desde entonces hemos visto cómo el actual arreglo institucional, y la ausencia de un acuerdo más amplio y profundo, chocan con la nueva realidad política.

Así, cada vez que alguna fuerza política pretende llevar a cabo algún cambio en cierta materia —energética, fiscal, laboral, educativa—, saltan quienes consideran que se está invadiendo un terreno prohibido, intocable, inmutable, so pena de incurrir nada menos que en traición a la patria (cuando no en pecado mortal). Y es que no hemos celebrado un auténtico acuerdo de transición (el equivalente al Pacto de La Moncloa) que defina qué se puede y qué no se puede hacer desde el poder. Por lo cual, cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos o algún dogma político-ideológico choca de inmediato contra un muro de indignada oposición (acompañada por una parte de la sociedad y la opinión pública, donde también impera un elevado índice de disenso).

En esta democratización, prácticamente ninguno de los principales grandes actores sociales, económicos, políticos, sindicales o mediáticos acepta ceder ni un ápice en sus respectivos intereses. Algo que ayudó en la transición española fue la conciencia de esos actores sobre el riesgo de una nueva ruptura social y, con la memoria fresca, decidieron mejor ceder en alguna parte y delimitar claramente los intereses vitales de cada quien; es decir, las reglas, no sólo de cómo llegar al poder, sino también los límites y las posibilidades de su ejercicio. Aquí no hemos tenido algo parecido. Nadie cede, en parte por haber vivido décadas de estabilidad política (la pax priista) que nos llevan a ver como imposible, inimaginable, que ésta se pueda perder. Jalan la cuerda al máximo, sin aflojar un momento. La falsa convicción de la eterna estabilidad, más que una fuente de cambio, lo es de inercia.

Cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos choca de inmediato contra un muro de indignada oposición.

El extraño caso de la Dra. Beatriz y la Sra. Paredes

2010-02-03T19:04:00.000-06:00

Denise Dresser

Como en la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, Beatriz Paredes parece ser víctima del desorden de personalidad múltiple. Un día pronuncia palabras progresistas, y al siguiente asume conductas conservadoras. Un día se presenta como mujer de avanzada, y al otro defiende las posturas más retrógradas. Debajo del huipil hay una mujer rota, desarticulada, contradictoria. Una Beatriz audaz que enarbola las mejores causas y otra Beatriz atávica que las sabotea. Alguien que, si se colocara sobre un diván psiquiátrico, sería diagnosticada con ese mal caracterizado por la coexistencia –en un solo cuerpo– de identidades distintas que se pelean entre sí. Es como si dentro de la lideresa del PRI hubiera dos o más personalidades en contienda perpetua. Y el pleito produce una persona incapaz de mantener posiciones coherentes, confiables o siquiera inteligibles.

Allí está la Beatriz Feminista que defiende el derecho de las mujeres a decidir, pero comparte el huipil con la Beatriz Claudicadora que está dispuesta a sacrificarlo en 17 estados donde el PRI apoya la penalización del aborto. Allí está la Beatriz Juarista que defiende la separación Estado-Iglesia, pero cohabita con la Beatriz Electorera que está dispuesta a minar esa línea divisoria si de conseguir votos de trata. Allí está la Beatriz Demócrata que dice apoyar la competencia, pero vive lado a lado con la Beatriz Autoritaria que quiere frenarla cuando entraña alianzas electorales contra el PRI. Allí está la Beatriz Progresista que se jacta de defender las mejores causas, pero tiene la trenza entrelazada con una Beatriz Acomodaticia encargada de archivarlas cuando implican costos políticos.

Durante el siglo XIX, se pensaba que las personas que exhibían síntomas de lo que hoy se llama “desorden de identidad disociativa” estaban poseídas. Se creía que algún demonio les susurraba en el oído, obligándolas a actuar en contra de su voluntad. Al escuchar a Beatriz Paredes, se antoja argumentar algo similar. Sólo así podrían explicarse la conducta errática, las fobias inexplicables, el enojo incontenible, la bipolaridad política, las contradicciones evidentes, las alucinaciones de las cuales se ha vuelto presa la presidenta del PRI. Va por la vida promoviendo posiciones de izquierda en unos temas y de derecha en otros. Defendiendo principios que luego no tiene el menor rubor en traicionar. Enarbolando el discurso del nacionalismo revolucionario mientras toma decisiones que llevarían a los ganadores de la Revolución a revolcarse en la tumba. Jactándose de su progresismo mientras asume posturas que los conservadores aplauden.

Beatriz Paredes habla de “nuestra realidad hiperpresidencialista”, cuando la presidencia imperial ha sido reemplazada por la presidencia acorralada. Habla de la necesidad de “controles y fiscalización” a nivel local, cuando en la última negociación presupuestal su partido los rechazó. Habla de la necesidad de fomentar “la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, cuando los estados controlados por el PRI son hoyos negros de opacidad. Habla de la “influencia creciente de los poderes fácticos”, cuando el precandidato presidencial del PRI ya se ha encamado con ellos. Habla de acrecentar los derechos ciudadanos, al mismo tiempo que se opone a las candidaturas independientes. Critica “la propaganda como subterfugio para la manipulación social”, cuando Enrique Peña Nieto la usa con ese objetivo. Argumenta que los estados democráticos “son laicos”, cuando ella misma ha contribuido a poner en jaque la laicidad en México.

Una sola mujer con tantas corrientes internas, con tantas subcontrataciones corporales, con tantas vidas variopintas percibiendo e interactuando con la realidad. Pero no es que a Beatriz la muevan fuerzas del más allá, o que siga las instrucciones de algún diablo guardián. El mal que padece es congénito; es parte de la herencia priista y afecta a todos sus miembros en mayor o menor medida. Los desórdenes mentales disociativos siempre están acompañados por la amnesia, la pérdida selectiva de memoria, la incapacidad para recordar lo dicho, lo hecho, lo prometido, lo incumplido. Y según los expertos, la personalidad múltiple es causada por antecedentes traumáticos. En el caso de Beatriz Paredes, es la historia misma del PRI en México y la marca que ha dejado tras de sí: 71 años de caciques y cotos y corrupción que ella es incapaz de reconocer, incapaz de procesar, incapaz de enfrentar; 71 años de gobierno como distribución del botín, que la transición no ha logrado cambiar.

No sorprende entonces que Beatriz Paredes parezca esquizofrénica; lo es. Tanto o más que su propio partido. Tiene que serlo para seguir formando parte de una camarilla que dice fomentar la modernización pero ha hecho todo lo posible para obstaculizarla. Tiene que mantener la dualidad para pertenecer a una organización que se vanagloria de las instituciones que creó, al mismo tiempo que se dedicó a prostituirlas. En el mismo partido cohabitan la retórica democrática y las pulsiones autoritarias, los gloriosos discursos celebrando a la ciudadanía y las medidas instituidas para negarle representación, la crítica a la corrupción y la protección a quienes se han enriquecido con ella.

Beatriz Paredes y el PRI que encabeza tratan de ocultar el lado oscuro de su naturaleza, pero no lo consiguen. Buscan disfrazar a la bestia que llevan dentro tanto como intentó hacerlo el Dr. Jekyll con el Sr. Hyde, pero sin éxito. Cuando Beatriz declara que “no se vale usar los programas sociales para el chantaje electoral” –una práctica que su partido instituyó–, no queda más remedio que declararla enferma. Cuando defiende la laicidad pero acepta que su partido busque congraciarse con la Iglesia, no queda más opción que llamarla esquizofrénica. Dividida. Desmemoriada. Una mujer cuya única definición es que cambia de carácter moral como alguien cambia de calcetines.

Clinton, ¿candidato a zar de Haití?

2010-01-25T18:09:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

En las noticias sobre Haití de las dos últimas semanas, las imágenes de un afligido Bill Clinton han sido casi tan constantes como las de las propias víctimas del terremoto. El ex presidente estadounidense parece aparecer donde quiera que uno mire y expresar su dolor y prometer que transformará a su fundación en la piedra angular de un amplio esfuerzo de reconstrucción.

Cuando Clinton recorrió la devastación la semana pasada, el diario Miami Herald describió que estaba "con los ojos llenos de lágrimas". Se trata de una descripción más apropiada de cómo podrían terminar los haitianos si Clinton se hace cargo de la recuperación del país, como aparentemente pretendería.

Según fuentes al tanto, ya corre el rumor de que Clinton ha sido designado extraoficialmente por la comunidad de ayuda multilateral como el conducto por el cual deberá pasar cualquiera que desee participar en la reconstrucción del país. "Eso significa", me dijo una persona, "que si no se tiene conexiones con Clinton, no se podrá ser parte del juego".

Una persona a la cual se le confía tanto poder debería tener antecedentes impecables y los de Clinton no están ni cerca de serlo. De hecho, la última vez que ofreció "ayudar" a Haití apoyó a un déspota corrupto que hizo negocios con demócratas clave y dejó al país más empobrecido, desprovisto desde el punto de vista institucional y plagado de violencia política.

En 1991, sólo ocho meses después de asumir la presidencia, Jean Bertrand Aristide fue alejado del poder mediante un golpe militar. La acción fue precipitada por el desacato de Aristide por el frágil estado de derecho en Haití, incluido el uso de violencia matonesca para intimidar y asesinar a sus opositores políticos.

Luego de su salida, Aristide necesitaba dinero. Lo consiguió cuando el ex presidente estadounidense George H.W. Bush le liberó los activos haitianos guardados en EE.UU. con el argumento de que él era el gobierno en el exilio.

La principal fuente de esos fondos eran los pagos que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses realizaban al monopolio telefónico estatal, Teleco, para terminar las llamadas a Haití. Desde su exilio en Georgetown, Aristide retiró esos fondos gubernamentales, que según algunas estimaciones llegaron a los US$50 millones para hacer lobby por su regreso al poder. Entre sus contactos más influyentes se encontraba Michael Barnes, un ex congresista demócrata cuya firma de abogados llegó a recibir US$55.000 mensuales de su cliente haitiano.

Un par de años de repartir el dinero haitiano en Washington consiguió el efecto deseado. En 1994, Clinton llamó a los militares de EE.UU. para reponer a Aristide en la presidencia. Cuando su mandato terminó en 1996 y René Préval asumió como presidente, Aristide siguió siendo el poder detrás del trono.

Los haitiano se quejaron amargamente durante años sobre sus abusos de los derechos humanos y la corrupción, y muchos de sus seguidores educados se alejaron de él a medida que sus tácticas se volvieron más claras. Pero la administración Clinton nunca hizo nada para que rectificara el rumbo.

En febrero de 2001, Aristide afirmó haber sido reelecto en un proceso que los observadores internacionales calificaron como un fraude y que la Organización de los Estados Americanos se negó a certificar. Los haitianos estaban enojados, pero tuvieron que pasar otros tres años hasta que ese descontento estallara. Finalmente, en febrero de 2004, Aristide fue expulsado del país.

Con la esperanza de recuperar activos robados, el gobierno interino que se hizo cargo presentó una demanda civil contra Aristide en 2005 en una corte federal del estado de Florida del sur. El documento acusaba a Aristide que haber saqueado las arcas fiscales y establecer planes con "ciertas" telefónicas estadounidenses a las que les había "concedido tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones, que redujeron esas tarifas aún más". Alegaba que una de las empresas que hizo pagos a "ciertas empresas en el extranjero" era Fusion Telecommunications.

El contrato de Fusion debería haber sido público, pero la empresa trató de bloquear su divulgación cuando le pedí una copia a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de EE.UU. Con razón. Reveló que la empresa tenía un acuerdo especial con Teleco de 12 centavos el minuto cuando la tarifa oficial era de 50 centavos.

El pacto con Fusion es interesante porque la empresa era dirigida por Marvin Rosen, el ex director de finanzas del Partido Demócrata. Entre los miembros de la junta directiva estaban Joseph p. Kennedy II y el ex jefe de gabinete de Clinton, Mack McLarty.

La ruta de telecomunicaciones entre EE.UU. y Haití es una de las más congestionadas del Hemisferio Occidental y este contrato que perjudicó la competencia era llamativamente lucrativo. También despojaba al gobierno haitiano de importantes recursos. Como establece la demanda judicial: "Los ingresos de Teleco eran la principal fuente de las urgentemente necesitadas divisas extranjeras de Haití".

El resultado final aquí es que la actividad clintonista en Haití no era el trabajo de extranjeros profundamente comprometidos con el bienestar de un país que sufría desde hacía tiempo. En cambio, capitalizaron la posibilidad de ganar dinero al usar el poder del gobierno.

Ahora es el momento de romper con ese hábito. Como me dijo un haitiano, si el país alguna vez va a desarrollarse necesita "depender menos de amiguismo y más de la transparencia y los vastos recursos de la comunidad de haitianos que viven en otros países". Eso descalificaría a Bill Clinton.

Piñera: ¿nuestro Berlusconi?

2010-01-22T05:08:00.002-06:00

Andrés Oppenheimer

La opinión generalizada en los medios periodísticos es que el presidente electo chileno, Sebastián Piñera, será una versión latinoamericana del polémico primer ministro italiano Silvio Berlusconi: ambos son magnates convertidos en políticos centroderechistas, que ganaron elecciones en parte gracias a sus imperios mediáticos y sus equipos de fútbol.

¿Pero se convertirá Piñera en "nuestro Berlusconi'', como ya lo llaman algunos?

De hecho, existen cinco poderosas razones por las que es improbable que Piñera termine como el líder italiano --un blanco constante de escándalos políticos, comerciales y sexuales-- y una razón menos plausible por la que podría terminar siendo igualmente polémico.

Empecemos por las diferencias.

En primer lugar, Piñera tiene una base académica mucho más sólida que el primer ministro italiano, y --de hecho-- que la mayoría de los líderes mundiales. Piñera se graduó en el primer puesto de su promoción de Ingeniería Comercial en la prestigiosa Universidad Católica de Chile, y luego obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Se trata de una formación académica difícilmente superable, y mucho más profunda que los cursos de un año de duración que muchos políticos latinoamericanos hacen en Harvard para poder poner el nombre de esa universidad en sus hojas de vida.

Tras lograr su doctorado con una tesis sobre la economía de la educación en los países en desarrollo, Piñera enseñó economía en Harvard y luego en cuatro universidades chilenas durante dieciséis años, mientras construía su imperio empresarial. En comparación, Berlusconi se graduó de abogado, escribió su tesis sobre los aspectos legales de la publicidad, y nunca más volvió al ámbito académico.

En segundo lugar, Piñera tiene mucha más experiencia política de la que tenía Berlusconi en el momento en que se convirtió en primer ministro. El presidente electo chileno fue senador desde 1990 hasta 1998, iniciando su carrera política dos décadas antes de ganar la presidencia. En comparación, Berlusconi se presentó como candidato a primer ministro ``antipolítico'' en 1994, prácticamente sin antecedentes en cargos públicos, y ganó.

En tercer lugar, la carrera empresarial de Piñera ha sido mucho menos polémica que la de Berlusconi. Mientras el primer ministro italiano ha enfrentado acusaciones de estar vinculado con la mafia, de fraude impositivo y de corrupción --el 5 de julio del 2008 admitió: "Soy la persona que ha batido todos los récords de juicios en su contra en toda la historia de la humanidad''-- la carrera empresarial de Piñera ha sido mucho más tranquila.

El presidente electo chileno tiene el mérito, entre otros, de haber convertido a LAN Chile en una de las más grandes y tal vez mejores líneas aéreas del continente americano.

En cuarto lugar, Piñera ha estado casado durante 36 años, tiene cuatro hijos y es conocido como un hombre de familia. En comparación, Berlusconi se divorció dos veces y ha estado en el centro de una seguidilla de escándalos sexuales, el más reciente de los cuales involucró a jovencitas de un servicio de acompañantes que el año pasado fueron invitadas a sus fiestas privadas en su mansión de vacaciones en Cerdeña.

En quinto lugar, Piñera posiblemente sea menos derechista, y más respetuoso de las instituciones políticas, que Berlusconi. A diferencia de algunos de sus partidarios, Piñera se opuso al dictador Augusto Pinochet en la década de 1980 y ha sido más bien liberal en lo referido a los temas sociales. Durante la campaña, Piñera se manifestó a favor de la unión civil de los homosexuales, lo que provocó la ira de los sectores más conservadores.

¿Qué podría convertir a Piñera en un Berlusconi latinoamericano? Sus críticos dicen que Piñera, como la mayoría de los empresarios que empezaron desde abajo, es un hombre hiperactivo con una personalidad muy fuerte, que a veces bordea con la arrogancia. Si no la controla, es posible que sus estallidos verbales generen más titulares que sus logros en el gobierno, aseguran.

Mi opinión: Siempre he sido un gran admirador de los gobiernos de la coalición izquierdista chilena, que ahora dejarán el poder. No sólo han demostrado que puede existir una izquierda responsable y globalizada en Latinoamérica, sino que --lo que es más importante-- lograron reducir el índice de pobreza del 43 al 13 por ciento de la población en los últimos veinte años. Eso es un logro que no tiene parangón en la región.

Si Piñera hubiera apoyado la dictadura de Pinochet, o prometido eliminar algunos de los logros de los gobiernos chilenos recientes, o tuviera propensión a los escándalos personales, me costaría augurarle una buena gestión. Pero es probable que Piñera encabece un gobierno centrista que buscará acelerar la marcha de Chile hacia el primer mundo. Por ahora, parece ser mucho más promisorio que un Berlusconi latinoamericano.

Chile: Nación 31 de la OCDE

2010-01-19T15:18:00.001-06:00

Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es Doctorando en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte en México y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

Desde finales del año pasado ya se conocía de la intención que Chile tenía de integrarse a la selecta lista de naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hoy es una realidad, ésta es la primera nación sudamericana que forma parte de la organización y la segunda de América Latina.

Su incorporación representa un reconocimiento a la importante labor realizada en materia de política económica y social por parte de los diversos actores chilenos. Con la formal participación en la OCDE se da un paso importante para garantizar la prosperidad de sus ciudadanos.

Como lo mencioné en mi participación anterior (Desarrollo y libertad en Chile), la nación andina lleva más de dos décadas aplicando un conjunto de políticas a favor de la democracia y el robustecimiento de su economía. El crecimiento de las libertades políticas y económicas ha permitido mantener una tasa de crecimiento económico que supera el 5,5% promedio anual durante los últimos veinte años.

Los diferentes gobiernos en Chile han aplicado políticas macroeconómicas adecuadas al contexto, promovido un conjunto de reformas estructurales que pone énfasis en el mercado y diseñado programas para reducir la pobreza y la desigualdad.

En el plano político Chile se ha comprometido con la participación ciudadana en las diversas actividades públicas, y a diferencia de la mayoría de naciones latinoamericanas ha dejado atrás su pasado dictatorial y de gobiernos totalitarios. La victoria de Sebastián Piñera como presidente cerrará un ciclo y será un ejemplo del avance obtenido en materia política.

Con su victoria se terminan 20 años de la Concertación de Partidos por la Democracia y estoy seguro que esto ayudará a consolidar su sistema democrático. La tarea para el nuevo presidente no será fácil, existen suficientes problemas internos y externos que resolver.

En lo económico se espera que Sebastián Piñera mantenga un entorno adecuado para los negocios, que continúe fomentando la conexión de Chile con el mundo, que se mantengan políticas fiscales y monetarias prudentes y que el Estado haga un uso eficiente de los recursos públicos y mantenga sanas sus finanzas.

Al ser parte de la OCDE, Chile se compromete a observar los objetivos de la organización, los cuales son: 1) generar políticas para un crecimiento económico sustentable; 2) incrementar el empleo; 3) mejorar los niveles de vida; 4) mantener la estabilidad financiera; 5) asistir a otros países en su desarrollo económico y 6) contribuir al crecimiento del comercio mundial.

De acuerdo con la revisión realizada al acuerdo firmado por Chile ante la OCDE, existen compromisos firmados en las siguientes materias: agricultura, químicos, políticas de consumo, impacto ambiental, mercados financieros, asuntos fiscales, pesca, política en materia de tecnologías de la información, seguros y pensiones privadas, inversión y empresas multinacionales, transporte marítimo, política científico-tecnológica y turismo.

Pertenecer a la OCDE significa que Chile podrá participar de la experiencia de otros países para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Identificar buenas prácticas y coordinar las políticas nacionales con las internacionales para sacar provecho de la globalización.

La membrecía de Chile a la OCDE no implica de facto el salto al desarrollo, significa que se tendrán a disposición mayores elementos para lograrlo y que se implementarán políticas económicas adecuadas.

Chile en cifras:

Primero: la población era de 16,10 millones de personas en 2004, se estima una población de 17,30 millones en 2010 y 17,90 en 2013.

Segundo: el PIB per cápita era de 5.939 dólares en 2004, se pronostica un valor de 10.379 en 2010 y 13.599 en 2013.

Tercero: la tasas de crecimiento del PIB real para los años que van del 2004 al 2013 son: 6,0; 5,6; 4,6; 4,7; 3,2; -1,1 (2009); 1,5; 3,2; 3.5; 3.6.

Cuarto: las tasas de desempleo como porcentaje de la fuerza de trabajo para los años que van del 2004 al 2013 son: 7,8; 6,9; 6,0; 7,2; 7,5; 9,8 (2009); 7,0; 6,8; 6,6; 6,6.

Quinto: las variaciones en el índice de precios al consumidor para los años que van del 2004 al 2013 son: 1,1; 3,1; 3,4; 4,4; 8,7; 3,2 (2009); 2,1; 3,0; 2,9; 2,9.

Sexto: el balance presupuestario como proporción del PIB para 2004 era de 2,1, -3,3 en 2009 y se pronostica que será de 3,7 en 2013.

Séptimo: las reservas internacionales eran de 15.990 millones de dólares en 2004, se pronostica que fueron de 25.300 millones en 2009 y de 22.400 millones en 2013.

Octavo: el saldo de la balanza comercial para 2004 fue de 9.590 millones de dólares, los pronósticos para 2009 son de 9.000 millones y de 6.000 millones en el 2013 (Fuente: Business Monitor International).

Chile ante la crisis…

En 2009, al igual que todas las naciones del mundo, Chile se enfrentó a la crisis financiera internacional que se inició en EE.UU. Pero las medidas tomadas con anterioridad, que se reflejan en las cifras presentadas arriba, permitieron superar favorablemente las condiciones adversas. La aplicación de políticas contracíclicas permitió superar las crisis y sentar las bases para el retorno del crecimiento en 2010.

La política fiscal se utilizó para contrarrestar la crisis, lo que ocasionó un desbalance presupuestario, a lo que se sumó la caída en los ingresos tributarios consecuencia de la crisis y la reducción del precio del cobre. Para 2010 se espera que el equilibrio en las finanzas públicas se restablezca.

Las medidas implementadas incluyeron subsidios a los programas de empleo y de inversión pública y apoyo crediticio para las pequeñas y medianas empresas por una cantidad aproximada de 4.000 millones de dólares o 2,8% del PIB (Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2009).

La política monetaria se abocó a controlar la inflación. Desde los primeros días del mes de enero del 2009 el Banco Central aplicó una serie de reducciones de la tasa de política monetaria con el afán de recuperar la liquidez y fomentar la demanda. Dichas medidas fueron abandonadas progresivamente una vez que las autoridades observaron la poca respuesta de los mercados y en el ánimo de cumplir la meta de inflación.

No está de más decir que el ingreso de Chile a la OCDE garantizará la aplicación de un conjunto de políticas económicas de mercado orientadas a favorecer el crecimiento, el empleo y mejorar la distribución del ingreso. Esto junto al favorable panorama político pone las bases para que ésta nación del sur del continente supere la trampa del subdesarrollo.

Los desafíos económicos del nuevo presidente de Chile

2010-01-19T12:21:00.002-06:00

Matt Moffett

SANTIAGO, Chile—Sebastián Piñera, el presidente electo de Chile ha prometido aplicar la capacidad de emprendimiento que lo transformó en un multimillonario para vigorizar la economía chilena. Piñera asegura que al reducir la burocracia, fortalecer los incentivos de inversión y administrar de manera más eficiente el sector público, Chile podrá alcanzar un crecimiento promedio de 6% anual durante su mandato, casi el doble de la tasa de la última década.

Economistas independientes, sin embargo, señalan que con un Congreso dividido, junto a las limitaciones estructurales inherentes a una economía pequeña y dependiente de las materias primas, dificultan la obtención de esa meta.

Piñera ganó las elecciones el domingo con 51,6% de los votos, frente al 48,4% de su contrincante Eduardo Frei, un expresidente que representaba a la Concertación, la coalición de centro izquierda que ha gobernado a Chile desde 1990. Piñera será el primer presidente conservador del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Con participaciones en la mayor aerolínea del país, una estación de televisión y el club de fútbol más popular del país, Piñera podría ser el hombre más acaudalado en ser elegido presidente de un país latinoamericano.

Piñera, de 60 años, dijo que será un presidente emprendedor que se concentrará en dinamizar la economía, que bajo el régimen de Pinochet se convirtió en un laboratorio para las políticas de libre mercado, como la privatización de empresas. Los gobiernos de la Concertación preservaron el marco de estas políticas y reforzaron la red de asistencia social. Piñera, sin embargo, culpa a la complacencia al interior de la Concertación por el declive en la tasa de crecimiento de Chile en la última década, la cual ha caído a cerca de la mitad de la de la década anterior.

Sebastian Piñera y Michelle Bachelet

El presidente electo ha prometido elevar la tasa de inversión a 28% del PIB para finales de su mandato, en 2014, frente al actual 23%. También propone una reforma de los mercados de capital para facilitar que las empresas obtengan financiamiento.

Piñera, que prometió la formación de una Oficina Nacional de Innovación y Emprendimiento para reducir la burocracia, ha aludido a un estudio del Banco Mundial que indica que fundar un negocio en Chile demora 27 días y cuesta US$1.100 mientras que en Nueva Zelanda toma un día y cuesta una fracción de lo que cuesta en Chile.

Piñera, asimismo, ha prometido darle una mayor eficiencia a la administración pública. El mandatario electo dice que debido a la mala gestión de las entidades estatales que manejan el transporte, la energía y la explotación del cobre, Chile ha desperdiciado US$4.000 millones, suficiente dinero para construir 160.000 viviendas.

No obstante, algunos de los remedios propuestos por Piñera podrían toparse con obstáculos políticos debido a las divisiones en el Congreso, lo que podría hacer que el mandatario dependa de al menos algunos de los legisladores de la Concertación. El presidente electo ha dicho que le gustaría desprenderse de hasta 20% de la cuprífera estatal Codelco, ya sea al abrir su capital en bolsa o venderle una participación a los fondos de pensiones. Tanto la Concertación como los sindicatos mineros se han resistido a este plan. Igualmente, la izquierda ha sido poco receptiva de su idea de hacer una reforma laboral para reducir el costo de despedir trabajadores. Piñera insiste que la actual legislación desincentiva la contratación de empleados.

Algunos especialistas en temas de desarrollo señalan que Chile afronta desafíos más amplios que no tienen una solución rápida. Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, sostiene que Chile se ha demorado en desarrollar nuevas industrias exportadoras que complementen a las ligadas a recursos naturales que impulsaron su crecimiento en los años 80 y 90, como el salmón, la fruta y el cobre. "Chile es como California sin Silicon Valley y sin Hollywood", señala. Hausmann indica que ello se debe, en parte, a las limitaciones de la clase empresarial chilena, que tiende a ser cerrada y conservadora.

Por todas estas razones, algunos analistas tratan de mantener sus expectativas bajo control. "A fin de cuentas, creemos que el crecimiento anual bajo el gobierno de Piñera probablemente promediará 4%, que aunque no deja de ser llamativo dado el desfavorable contexto internacional, decepcionaría a los pronósticos más optimistas del nuevo presidente", indicó en un informe Capital Economics Ltd. de Londres.

¿Quiénes son los verdaderos pecadores?

2010-01-18T22:16:00.000-06:00

Denise Dresser

Para: Cardenal Norberto Rivera; Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis; Esteban Arce, César Nava, Mariana Gómez del Campo, los arzobispos y ministros griegos y evangélicos, y muchos mexicanos más.

Asunto: Preguntas sobre su oposición al matrimonio homosexual y la postura que han asumido ante su legalización.

-El cardenal Norberto Rivera ha dicho: “México es un país que ama a la familia; es su célula fundamental y el centro de cohesión social. Es por ello que vemos con profunda preocupación cómo se ataca el matrimonio, cómo se burlan los valores cristianos”. Sorprende su posición por la contradicción inherente que entraña. ¿Qué no al aspirar al matrimonio las parejas gay están promoviendo los valores que usted celebra? Si el matrimonio es tan preciado –ya que crea un vínculo estable entre individuos que forman un hogar y una asociación económica y social–, ¿no debería usted aplaudir a quienes quieren formar parte de esta institución social vital? ¿Qué no al buscar el matrimonio las parejas gay están contribuyendo a fortalecer esa célula que usted valora? Entonces, ¿no debería ello ser motivo de celebración en vez de causa para la condena?

-El cardenal también ha argumentado que “la ley suprema perenne es la de Dios; toda ley que se le contraponga será inmoral y perversa”. ¿Pero no recuerda usted que la Constitución es la ley suprema en el Estado laico mexicano, que asienta el respeto a las opiniones de todas las creencias religiosas pero prohíbe la imposición que usted sugiere?

-César Nava ha dicho que buscará echar abajo la aprobación de los matrimonios gay con argumentos “estrictamente jurídicos”. ¿Pero qué no la ley a la que piensa apelar debe ofrecer protección y equidad tanto a hombres como a mujeres, al margen de su orientación sexual? ¿Qué no la igualdad ante la ley debe extenderse a las personas de todas las razas, religiones, lugares de origen y también preferencia sexual? ¿Puede ofrecer usted una sola razón para continuar discriminando contra miembros decentes y trabajadores de la sociedad, apelando a un argumento jurídico? Al negar el matrimonio entre homosexuales, ¿no está usted negando también el reconocimiento a la igualdad en nuestra sociedad –algo injusto e inconstitucional?

-Gran parte de los argumentos en contra del matrimonio gay están enraizados en que la tradición ha contemplado el matrimonio como una relación exclusiva entre hombres y mujeres. ¿Pero acaso los derechos y libertades que el matrimonio abarca están confinados exclusivamente a heterosexuales? El hecho de que las cosas siempre han sido de cierta manera, ¿implica que deben permanecer así? ¿Cómo explicarían ustedes el rechazo a tradiciones como la esclavitud, la segregación racial, la negación del voto a las mujeres? ¿Qué no el rompimiento con la tradición en esos casos ha sido señal de evolución y reconocimiento de la universalidad de los derechos?

-Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN en el DF, ha manifestado su oposición a los matrimonios gay porque “lo natural es una relación entre hombre y mujer”. ¿Acaso esa afirmación no ignora que la ciencia nos ha enseñado que muchas veces ser homosexual no es algo que se elige? ¿No ha leído y estudiado lo suficiente como para saber que la preferencia sexual puede ser tan inmutable como ser zurdo? ¿Y qué no sabe –además– que la Constitución prohíbe imponer nuestros prejuicios sobre otras personas? ¿Acaso olvida que el Estado laico existe precisamente para promover la libertad y asegurar las garantías civiles?

-Los panistas han argumentado que los matrimonios gay equivalen a un atropello a los derechos de los niños. Esa posición parte de la premisa de que los padres homosexuales serán un peligro para los niños que adopten o conciban. ¿No están al tanto de la amplia literatura académica que contradice los estereotipos comunes y descalificadores sobre los padres homosexuales? ¿Sabían ustedes que las parejas de homosexuales son tan felices o infelices como las parejas de heterosexuales? ¿Sabían que su capacidad de ser padres no es diferente a la de matrimonios heterosexuales? ¿Sabían que –según los estudios– los hijos de parejas homosexuales no tienen ni más ni menos posibilidades de ser homosexuales cuando crezcan? ¿Sabían que los hijos de parejas gay crecen de la misma manera, hacen actividades similares, practican los mismos deportes, ven los mismos videos que los hijos de parejas heterosexuales?

- Como ha argumentado el jurista conservador Theodore Olson, independientemente de lo que ustedes piensen sobre la homosexualidad, es un hecho que los gays y las lesbianas son miembros de nuestra sociedad. Forman parte de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo. Son nuestros doctores, nuestros maestros, nuestros colegas, nuestros amigos. Anhelan la aceptación, aspiran a relaciones estables, desean contribuir a la sociedad, como tantos mexicanos más. Al negarles el derecho al matrimonio, ¿no están ustedes contradiciendo los valores que tanto dicen fomentar: familias fuertes, relaciones perdurables, comunidades pobladas por personas con lazos legales y reconocidos? ¿Qué no la discriminación y el trato desigual corren en sentido contrario a todo aquello que la Iglesia y el conservadurismo promueven?

-Ustedes dicen estar en favor de la familia, en favor de la tolerancia, en favor del amor. Pero al disuadir a los homosexuales de formar relaciones –como el matrimonio– que ustedes alientan en otros, ¿no les están diciendo que son personas menos valiosas, menos legítimas, menos iguales, menos apreciadas, menos queridas? Al negarles el derecho a relaciones equitativas, ¿no los están degradando como individuos? Al referirse a sus relaciones como una “aberración” y como una “perversión”, ¿no están contribuyendo ustedes al prejuicio, a la intolerancia y a la discriminación? ¿Y qué ello no contradice el espíritu fundacional del cristianismo? ¿Y qué no todo ser humano tiene derecho a la igualdad y a la dignidad?

Espadas en conflicto

2010-01-15T17:08:00.001-06:00

José Antonio Crespo

Es evidente que la participación de la Iglesia católica en el debate sobre las nuevas reformas aprobadas en el Distrito Federal, relativas a libertades de conciencia, no sólo tiene que ver con esas libertades y otros derechos fundamentales, de mujeres, de homosexuales y de enfermos terminales. No porque el clero no tenga derecho a expresar sus convicciones al respecto —que lo tiene y qué bueno—, sino porque sus doctrinas sirven de base al PAN —y cada vez con más frecuencia al PRI— para resistir esas reformas o fundamentar contrarreformas en numerosos estados de la República. No son argumentos científicos o sociológicos —es decir, seculares—, sino religiosos.

Ha dicho César Nava al respecto: “Nuestra argumentación es estrictamente jurídica y política. No recurriremos ni hemos recurrido a argumentos de índole moral o religiosa” (11/I/10). Bueno, ojalá así sea en lo futuro, pues en estos temas desde luego que ese partido ha recurrido a argumentos religiosos, como sostener que la vida humana empieza el día de la concepción, pues en ese mismo momento se origina el alma. O que la única sexualidad aceptable por naturaleza es la heterónoma, en virtud de que sólo así puede lograrse la procreación, cuando la ciencia ha logrado demostrar la amplitud cultural y temporal de la homosexualidad (que abarca incluso al reino animal) y que la procreación no es la única función —sicológica, biológica y social— que cumple la sexualidad.

El golpeteo al Estado laico viene también de las rebeliones verbales que surgen de los prelados católicos, como Norberto Rivera, cuando afirma: “Hay que obedecer la ley de Dios antes que la de los hombres” (10/I/10). ¿Y quién define la ley suprema de Dios? ¿Sólo los católicos? Porque para judíos, protestantes, budistas, musulmanes o hindúes, muchas leyes de Dios son diferentes a las postuladas por El Vaticano. ¿Deberíamos también plasmar en la ley la prohibición de ingerir cerdo, como lo ordena el judaísmo, y practicar obligatoriamente la circuncisión? ¿O evitar todo alcohol y utilizar la burka, según lo exigen los musulmanes fundamentalistas, o no comer carne de res como hacen los hindúes, o no matar siquiera un insecto, una prédica de los los jainistas? Bueno, pues que cada quien siga sus convicciones, pero en un Estado laico las leyes no pueden partir de tales creencias. Ese es un fundamento de la modernidad, a la que por lo visto todavía muchos se oponen.

La pretensión de la Iglesia de anteponer la ley divina (interpretada por ella misma) por encima de las leyes del Estado no es nueva. Deriva de la tesis de las dos espadas sostenida por el papa y santo Gelasio I en el siglo V: la espada espiritual debe prevalecer sobre la temporal, lo que implica que la Iglesia y sus prelados debían ser obedecidos por reyes y príncipes, y no a la inversa. En el siglo II, el obispo Ireneo ya declaraba: “Nosotros no tenemos necesidad alguna de la ley, puesto que ya estamos muy encima de ella con nuestro comportamiento divino”. Reminiscencias de aquello son las declaraciones del cardenal Rivera: “Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios”. Tales actitudes dieron lugar también a un derecho religioso a la revolución: cuando los gobernantes temporales se desvían de la ley de Dios, pueden ser derrocados. En dicha idea se apoyaron Miguel Hidalgo y José María Morelos en su guerra insurgente, pues el Itinerario para párrocos de Indios otorgaba el derecho a empuñar las armas “cuando hay alguna grave necesidad y utilidad grande de la República”, necesidad y utilidad definida por los propios clérigos, desde luego. El inofensivo matrimonio de los homosexuales es visto por la Iglesia como algo sumamente grave, que terminará por llevar a la sociedad “a la degradación moral y su ruina”, según don Norberto. Sin embargo, tiene razón el arzobispo primado cuando afirma que “(los clérigos) podemos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo pero no evadiremos el tribunal supremo de Dios”. No sé si puedan escapar a los tribunales de Dios, pero desde luego que sí a los de “los enemigos de Cristo” (el Estado laico y sus defensores, supongo). Al menos en México, donde es posible practicar la pederastia sacerdotal y su encubrimiento por parte de la jerarquía, sin que pase nada, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Irlanda. Toca, pues, a los partidarios del Estado laico —cualquiera que sea su religión— resistir, con argumentos y con la Constitución, este nuevo embate contra el laicismo.

La pretensión de la Iglesia de anteponer la ley divina (interpretada por ella misma) por encima de las del Estado no es nueva.

El argumento moral y constitucional a favor del matrimonio gay

2010-01-14T08:01:00.002-06:00

Robert Levy

Robert A. Levy es Presidente de Estudios Constitucionales del Cato Institute.

Luego de amargas derrotas en California, Maine y Nueva York, la comunidad gay y lesbiana tiene una victoria qué celebrar este año. New Hampshire se ha unido a otros cuatro estados —Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont— en legalizar el matrimonio gay. Y la capital de la nación también está pronta a hacerlo. El alcalde de Washington DC, Adrian Fenty, lo puso de esta manera: “La desigualdad en el matrimonio es una cuestión de derechos civiles, política, social, moral y religiosa”. Cubrió todas las bases menos una: También es una cuestión constitucional.

Thomas Jefferson estableció en la Declaración de Independencia: “[P]ara asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres”. El principal propósito del Estado es proteger los derechos individuales y prevenir que unas personas les hagan daño a otras. Los heterosexuales no deberían ser tratados de manera preferencial cuando el Estado juega ese papel. Y nadie es perjudicado por la unión de dos personas que voluntariamente son homosexuales.

Durante gran parte de la historia Occidental, el matrimonio era una cuestión de contratos privados entre los individuos que se casaban y quizá sus familias. Siguiendo esa tradición, el matrimonio hoy en día debería ser un acuerdo privado, requiriendo una intervención mínima, o nula, del Estado. Algunas instituciones religiosas o seculares reconocerían el matrimonio homosexual; otras no; otros lo catalogarían como “sociedad doméstica” o le asignarían otra etiqueta. Únase al grupo que le parezca. Los derechos y responsabilidades de los socios serían gobernados por contratos personales —negociaciones consensuadas como aquellas que controlan casi todas las demás interacciones en una sociedad libre.

Lamentablemente, el Estado ha intervenido, estableciendo más de 1.000 leyes federales que tratan principalmente con los impuestos o las transferencias de pagos, y una innumerable cantidad de leyes a nivel estatal que tratan con asuntos tales como la custodia de un niño, y derechos de herencia y propiedad. Cada vez que el Estado impone obligaciones o dispensa beneficios, no puede “negar a otra persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes”. Esa provisión está explícita en la catorceava enmienda de la Constitución de EE.UU., es aplicable a todos los estados, y está implícita en la quinta enmienda, aplicable al gobierno federal.

Por supuesto, el Estado discrimina a ciudadanos todo el tiempo. En los años veinte, 38 estados prohibían que los blancos se casaran con negros y ciertos asiáticos. Hasta 1954, a todos los estados se les permitía tener escuelas segregadas. Afortunadamente, la Corte Suprema invalidó las restricciones al matrimonio interracial y la segregación de escuelas. La Corte aplicó el texto sencillo de la Cláusula de Protección Igualitaria a pesar de prácticas contrarias por parte de los estados durante muchos años incluso después de que la catorceava enmienda fuese aprobada en 1868.

Para superar el filtro constitucional, la discriminación racial debía sobrevivir el “escrutinio estricto” de las cortes. El Estado tenía que demostrar una necesidad convincente de esas regulaciones, mostrar que serían efectivas y que tenían que diseñar las reglas de manera que tuvieran el menor impacto posible. Ese mismo régimen debería ser aplicado cuando el Estado discrimina en base a la preferencia sexual.

Ninguna razón convincente ha sido ofrecida para sancionar el matrimonio heterosexual pero no el homosexual. Tampoco es la prohibición del matrimonio homosexual una medida para lograr los objetivos citados por los que proponen tales prohibiciones. Si el objetivo, por ejemplo, es fortalecer la institución del matrimonio, una medida más efectiva sería la de prohibir los divorcios sin responsabilidades y la co-habitación prematrimonial. Si el objetivo es asegurar la procreación, entonces a las parejas infértiles y mayores de edad no se les debería permitir casarse.

En cambio, muchos estados han implementado un sistema irracional e injusto que provee considerables beneficios a los heterosexuales recién casados mientras que les niegan esos beneficios a las parejas de hombres o de mujeres que han disfrutado de una relación amorosa, comprometida, leal y mutuamente fortalecedora a lo largo de varias décadas. No debería ser así. Los beneficios gubernamentales producto de un matrimonio pudieron haberse alcanzado de la misma manera mediante otros criterios objetivos, dejando la definición del matrimonio en las manos de instituciones privadas.

Por ejemplo, el Comité del Senado para Seguridad Interna y Asuntos del Gobierno recientemente votó a favor de extender los beneficios laborales a las parejas homosexuales de los empleados federales. El criterio que los hace aptos para recibir los beneficios, el cual también se podría aplicar a las parejas heterosexuales, es una declaración identificando al socio doméstico y certificando que se pretende que la sociedad sea exclusiva y permanente, que vivan en la misma residencia, con responsabilidades compartidas.

De igual manera, algunos estados dispensan beneficios para parejas homosexuales unidas en uniones civiles predefinidas. Incluso los empleadores del sector privado están cada vez más ofreciendo beneficios “maritales” para parejas homosexuales. De acuerdo a la Oficina Federal de Administración de Personal, alrededor del 60% de las 500 empresas en la lista de la revista Fortune confieren beneficios para los compañeros domésticos.

Aún así, nuestros políticos, no dispuestos a privatizar el matrimonio, parecen estar imposibilitados genéticamente para apartarse de nuestras relaciones más íntimas. Uno esperaría que en los próximos meses o años, legisladores federales y a nivel de estado más sabios tengan el coraje y la decencia de oponerse a restricciones basadas en la orientación sexual moralmente detestables y constitucionalmente sospechosas. Las parejas homosexuales tienen derecho a los mismos derechos legales y el mismo respeto y dignidad que tienen todos los estadounidenses.

Cuando el gobierno pone los precios

2010-01-11T15:08:00.000-06:00

Leo Zuckermann

Imagínese usted al responsable de definir el precio de la gasolina en México. ¿Cómo le hace? ¿Qué criterios usa? Se trata de un insumo importantísimo para la economía. Si pone el precio muy alto, desencadenará un aumento en cascada de muchos artículos. La inflación subirá. Si pone el precio muy bajo, venderá el producto por debajo de su costo. Tendrá que utilizar los impuestos del contribuyente para cubrir este subsidio a la gasolina. ¿Cómo define un burócrata, desde su escritorio, el precio de un producto?

En otros países, el mercado es el que define el precio de la gasolina. Como sucede con el precio de los jitomates en la Central de Abasto del Distrito Federal. En la madrugada llegan los camiones con el producto. Si viene mucho y hay poca demanda, el precio resulta bajo. Si, en cambio, llega poco jitomate y existe mucha demanda, el precio es alto. El objetivo del precio es que, a final del día, los vendedores de jitomate se queden sin inventario. De nada les sirve quedarse con el fruto que, de no venderse, se echa a perder. La existencia del producto y el apetito de consumirlo son lo que fijan el precio.

Los mercados funcionan eficientemente cuando hay muchos vendedores, muchos compradores y ningún tipo de restricciones en la información. Todo esto cambia cuando un burócrata es el que decide el precio del producto.

En el caso de la gasolina, son las autoridades hacendarias quienes tienen incentivos encontrados. Digamos que el costo de un litro de gasolina magna es de cinco pesos. Por un lado, a la Secretaría de Hacienda le conviene vender la gasolina arriba de este precio a fin de tener muchas utilidades y así contar con más dinero que gastar. Resulta más fácil recaudar recursos públicos a través de un precio alto de la gasolina que con engorrosos impuestos al ingreso o al consumo. Sin embargo, por otro lado, a Hacienda la presionan sus jefes políticos para que el precio de la gasolina sea bajo, de tal suerte que no haya inflación, la gente esté contenta y así se incremente la votación por el partido gobernante en las elecciones.

Para complicar más este panorama, si el precio de la gasolina es bajo comparado con el de Estados Unidos, pues los automovilistas y los transportistas de ese país vienen a México a cargar sus tanques e incluso llevarse pipas completas de combustible. De esta forma, los mexicanos acaban subsidiando a los estadunidenses.

El año pasado, el gobierno mexicano decidió congelar el precio de la gasolina. Todo el mundo aplaudió la medida porque a todo el mundo le encanta que los precios no suban. Sin embargo, a lo largo de 2009, el precio de la gasolina mexicana fue rezagándose frente a los de este producto en todo el mundo. Y cuando se congela un precio llega el momento en que hay que ajustarlo ya que es insostenible, desde el punto de vista económico, el rezago.

Pues bien, ese momento llegó. El gobierno ya comenzó a subir el precio de la gasolina. Un manjar, como era previsible, para la oposición. Las críticas al gobierno han sido implacables. Aquí no hay sorpresas.

Lo que sí resultó interesante fue la propuesta de algunos legisladores opositores de cambiar la ley para que sea el Congreso el que establezca el precio de los combustibles en lugar del Ejecutivo federal. ¿Con qué parámetros definirían este precio los 500 diputados y los 128 senadores?, preguntó un conductor a una aguerrida diputada. “Todavía no lo sabemos”, contestó. Pero imagine usted la negociación política en el Congreso de un precio que debería ser definido como se fija el precio del jitomate en la Central de Abasto.

Por más que los consumidores lo deseemos, por más que los políticos aseguren que ellos pueden controlar los precios, la realidad económica es implacable. Si la gasolina está más cara es porque así lo dictan la oferta y la demanda mundial de este producto. Resulta mejor entenderlo que creer en promesas utópicas.

Las críticas al régimen han sido implacables. Aquí no hay sorpresas.

Enfrentamiento constitucional en Argentina

2010-01-11T09:03:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

El despido por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente del banco central el miércoles pasado ha provocado una crisis constitucional parecida a la que sacudió Honduras a mediados de 2009. Tal como ocurrió con el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, Kirchner ha tratado de pisotear las leyes de su país. La presidente ignoró por completo las protecciones legales que protegían la independencia del banco.

No es de extrañar, entonces, que el presidente del banco central, Martín Redrado, se negara a dejar su cargo y cuestionara el motivo aducido para justificar su salida: entregar a Kirchner US$6.600 millones en reservas bancarias.

A modo de respuesta, Kirchner emitió un decreto para enmendar el estatuto del banco central para despedir "legalmente" a Redrado. Una jueza federal luego emitió una orden judicial a favor de Redrado y este regresó al cargo el viernes. La misma jueza congeló las reservas del banco para que Kirchner no las pudiera retirar. La batalla constitucional había comenzado.

La insistencia de Kirchner de que los activos del banco central estén a su disposición es notable. Refleja una visión primitiva, que no es desconocida incluso en EE.UU., de que el rol del banco central es imprimir dinero para uso del gobierno. De todas maneras, no deja de sorprender que incluso después de que el país haya padecido tal grado de agonía inflacionaria, todavía sea posible que un político argentino recurra a este tipo de razonamiento sin arriesgarse a ser blanco de la ira general.

Lo más interesante es la crisis constitucional que Kirchner ha provocado. Hace ya algún tiempo que los republicanos de Argentina han estado luchando para preservar los pesos y contrapesos institucionales contra una presidenta que parece convencida que tales limites no aplican en su caso. La mandataria, que ya es impopular debido a su estilo autoritario, estaría caminando en la cuerda floja. Vale la pena explorar las razones.

La presidenta podría tener razón en arremeter contra Redrado si su justificación fuera la inflación del 17% del año pasado. Pero su gobierno ha estado aumentando rápidamente su gasto al tomar prestado de los bancos estatales. También ha recurrido a los derechos especiales de giro de US$2.700 millones del Fondo Monetario Internacional. Ambas acciones son inflacionarias.

Es cierto que el banco central podría haber usado la política monetaria para contener los efectos inflacionarios de la generosidad fiscal, pero es bien sabido que Kirchner requería ese dinero fácil. A la presidente le resultaría difícil atribuir la responsabilidad de la devaluación de la moneda sólo a Redrado. En su lugar, dice que este tiene que ser relegado de sus funciones porque se ha negado a entregar las reservas bancarias.

Las ambiciones políticas de Redrado son bien conocidas y esa reputación resulta confirmada por su desempeño en el banco. Con demasiada frecuencia, Redrado ha cedido a las demandas de la mandataria. Pero es lo suficientemente inteligente para saber que seguir financiando el gobierno desde el banco disparará la inflación. También está claro que si entrega los fondos deberá responder por ello ante el Congreso.

Kirchner llevó su caso a la Corte de Apelaciones, que se suele considerar bajo su control. Pero si el asunto llega más adelante a la Corte Suprema, una decisión en su favor dista de estar garantizada.

Por otra parte, aunque el Congreso esté en receso vacacional, los miembros de la oposición han decidido organizar una reunión especial el 20 de enero. Según la ley, antes del decreto enmendado de Kirchner, se requiere la opinión del Congreso antes de que pueda despedir a Redrado. Por su parte, un senador de la oposición ha dicho por cuenta propia que si Kirchner no retira la enmienda, empezará trámites de impugnación.

Este llamado a la impugnación puede ser nuevo, pero Kirchner ya estaba navegando por un mar político agitado y la tormenta crecía día a día. Esto explica por qué está dispuesta a correr un riesgo tan grande.

La presidenta dice que quiere el dinero para pagar a los acreedores extranjeros. Podría pagarles con fondos que ya están en el Departamento del Tesoro, pero tiene otros planes para ese dinero.

Esos planes no sólo tienen que ver con aceitar la maquinaria peronista para las elecciones presidenciales de 2011. La mandataria está en problemas y apuesta a que podrá obligar al Congreso a reemplazar a Redrado con un presidente del banco central más dócil a sus designios. La oposición estará molesta pero con más dinero disponible Kirchner podría comprar el apoyo de los gobernadores que necesite para ponerle coto a las amenazas legales de poner fin a su mandato.

La salida de Zelaya de la presidencia de Honduras en junio, acusado por el Congreso por violar la Constitución, es un antecedente que debería preocupar a Kirchner. Honduras demostró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos de 2001 no protege a un presidente "democráticamente electo" de ser retirado de su cargo por violaciones a la ley. También demostró que EE.UU. y la OEA son gigantes con pies de barro frente a una decisión soberana. Lo que se podría estar desarrollando en el escenario más amplio que representa Argentina constituirá una prueba más para los valores republicanos en la región.

Y, sin embargo, se mueven

2010-01-08T10:40:00.000-06:00

José Antonio Crespo

En memoria de Carlos Rico, académico, diplomático y viejo amigo.

Si revisamos la evolución de las ideas y los valores de la modernidad y la sociedad abierta, veremos que, pese a grandes resistencias, han logrado imponerse gradualmente. Seguramente lo mismo ocurrirá con muchas de las libertades de conciencia que ahora buscan abrirse camino pese a la oposición de diversas iglesias y los grupos conservadores de la sociedad: entre ellas están la despenalización del aborto, la diversidad sexual —con sus derechos inherentes— y la muerte asistida como una decisión personal. La mayor fuente ideológica de resistencia del pensamiento y los valores modernos ha sido probablemente la tradición judeo-cristiana, cristalizada —no exclusiva, pero sí particularmente— en la poderosa Iglesia católica. En su momento, ésta se opuso con toda su fuerza al desarrollo científico y la investigación empírica, porque sus hallazgos contravenían la interpretación literal y estrecha que el catolicismo hacía de la Biblia (la escolástica). Por ejemplo, la Iglesia afirmaba que no podía haber más de tres continentes (que eran reflejo de la Trinidad) o animales distintos a los conocidos en esos tres continentes (como resultaron ser los canguros), pues ponían en duda la narración del arca de Noé. Y calculaba la edad del universo en cuatro mil años (a partir de Adán), algo cuestionado por la geología científica, que descubría fósiles con millones de años. Y, por supuesto, rechazaba la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, dado que la Biblia habla de una épica batalla en la que Yahavé detuvo al Sol para dar tiempo a la victoria de los hebreos. También condenó el evolucionismo darwiniano, por contradecir la literalidad del Génesis. Al final del siglo XIX, la Iglesia tuvo que reconocer pública y oficialmente que en todo ello se había equivocado, que su interpretación de las escrituras (respecto del conocimiento y la explicación de la naturaleza) había sido errónea.

La reforma luterana, pese a ser un movimiento netamente religioso y teológico, dio paso a una mayor libertad de pensamiento y permitió por tanto la investigación científica, con el consecuente progreso técnico y social (mientras papas, cardenales y obispos se daban vuelo con prostitutas, concubinas y concubinos). No es casual que la Europa protestante se desarrollase más temprana y claramente que la católica (y no es casual la distinta suerte que tuvieron las colonias americanas de una y otra Europa: los prósperos EU y Canadá, frente a la rezagada América Latina).

La historia sugiere que, en algún momento futuro, las libertades de conciencia que hoy se debaten terminarán por abrirse paso. Veamos lo que ocurrió con ideas conservadoras de origen religioso, vigentes apenas hace algunas décadas, como la virginidad hasta el matrimonio (a la que hoy incluso se le ve como una práctica poco racional). O la idea de que había que tener los hijos “que Dios mande” o la imposibilidad de divorciarse, algo ya plenamente aceptado en las sociedades modernas. En un pasado más remoto, eran desechadas incluso medicinas, tratamientos y analgésicos, por razones religiosas, pues si se sufría de algún mal era porque así lo había querido Dios. Lo mismo puede suceder con la condena a la homosexualidad que hace la Iglesia, enviando incluso al infierno a quienes tienen tales preferencias (mientras esconde y encubre a los sacerdotes pederastas). No se conoce con precisión la causa de la homosexualidad, que algunos atribuyen a condiciones biológicas y otros a elementos estrictamente sicoculturales. Lo único cierto es que en todo tiempo y cultura ha existido,y que también se manifiesta en el reino animal (por lo cual difícilmente puede ser atribuible a la cultura, de la que no participan los animales).

La Iglesia puede, si así lo desea, continuar instalada en el siglo XI. Lo que no es aceptable en un Estado laico es que sus doctrinas sean el fundamento para reglamentar las libertades de conciencia y la convivencia social. Los liberales de hoy tendrán, pues, que dar esa batalla legal contra el todavía poderoso conservadurismo mexicano —y su homofobia e intolerancia inherentes—, que parece vivir aún en la Colonia. Algo para lo cual, desde luego, no se contará con el PAN ni, por lo visto, con “el PRI del siglo XXI” (que está resultando ser del siglo XIX). Todas las encuestas sobre estos temas sugieren que los jóvenes muestran un criterio más amplio: el cambio generacional permitirá superar los valores atávicos. Frente a los grandes obstáculos, las libertades de conciencia, sin embargo,se mueven.

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Los liberales de hoy tendrán que dar esa batalla legal contra el todavía poderoso conservadurismo mexicano que parece vivir aún en la Colonia.

Desarrollo y libertad en Chile

2010-01-07T22:27:00.001-06:00

Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es Doctorando en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte en México y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

Hace poco más de un año estuve viviendo durante algunos meses en este extraordinario país del sur del continente, el grado de progreso alcanzado por esta economía me dejó sorprendido y no me queda duda de las predicciones lanzadas por Ricardo Lagos, quien considera que la economía chilena se convertirá en los próximos treinta o cuarenta años en la primera nación desarrollada de Latinoamérica.

Las bases para el crecimiento económico y la competitividad chilena fueron creadas tempranamente. En los setentas se dio inicio a un conjunto de reformas estructurales que permitieron a este país superar exitosamente los trastornos experimentados en los ochentas, crecer en los noventas y consolidarse en la primera década del siglo XXI.

Las reformas realizadas incluyeron áreas como la política fiscal, política comercial, privatización, sistema bancario y leyes de bancarrota. Chile también fue pionero en la reforma al sistema de pensiones, las reformas para descentralizar y permitir el acceso del sector privado a la provisión de servicios de salud, educación y concesión de infraestructura.

Todo el programa de reformas se realizó para modificar la participación de los sectores público y privado en el suministro de bienes y servicios, en el modo de asignar los recursos y obviamente en el marco institucional.

La lógica consistía en utilizar el sistema de precios para asignar los recursos y mantener una regulación eficiente, con un Estado que otorgara facilidades para la inversión privada y la operación de los mercados.

En suma, Chile escogió y se comprometió con la libertad como estrategia para el desarrollo, los resultados están a la vista. Chile fue en el 2009 la nación latinoamericana con la mayor libertad económica y la número cinco del mundo, según el índice construido por el Fraser Institute.

El valor del índice de libertad económica para 2009 fue de 8,14 y obedece a la siguiente combinación (10 es el máximo): el tamaño de gobierno presentó un valor de 7,95; la protección de los derechos de propiedad 6,62; la libertad para comerciar a través de las fronteras 8,52; la política monetaria 9,15; y, la regulación del crédito, del mercado laboral y de las empresas 8,02.

Chile se encuentra a un paso de consolidar la libertad económica y de darse no existen razones para dudar que escape de la trampa del subdesarrollo. El virtual triunfo de Sebastián Piñera (inversionista y economista) como sucesor de Michelle Bachelet garantizará la aplicación de una política económica pertinente y abonará el camino para una mayor libertad.

La libertad económica ha ido en aumento y ésta es una de las causas del crecimiento económico. De 1980 a 1985 Chile creció a una tasa promedio anual del 2,1%, cuando la mayoría de economías de la región experimentaba francos procesos de estancamiento. Entre 1986 y 1990 creció por encima del 6% promedio anual; de 1991 a 1995 arriba del 8%; de 1996 al 2001 creció un 3,35% y del 2002 al 2008 un 4,6% (Fuente: Banco Central de Chile).

El rápido crecimiento, particularmente en los noventa, según el economista en jefe de la OCDE Klaus Schmidt-Hebbel, obedece a la calidad de las políticas (estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y calidad de las instituciones) y a su complementariedad. La mayor libertad económica se ha traducido en un mayor crecimiento por la vía del incremento en la productividad total de los factores.

La economía chilena ha hecho del fomento a la libertad económica una de sus principales fortalezas. Específicamente se ha enfocado a garantizar la estabilidad macroeconómica, la calidad de sus instituciones (estabilidad política, cumplimiento de la ley, calidad de la regulación y efectividad del gobierno), el desarrollo del mercado de capitales, la apertura comercial y la cobertura en materia educativa.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, existen amenazas al desarrollo de la economía chilena, que no se deben ignorar. La primera tiene que ver con la distribución del ingreso, la brecha entre ricos y pobres continúa ampliándose, de no cerrarse podrían estallar conflictos sociales.

Junto a esto, a nivel político, se encuentra el problema mapuche, la tremenda división histórica que existe entre la clase indígena chilena y los “huincas”. El desarrollo tiene que ser inclusivo y respetar la libertad que tiene el territorio mapuche de escoger el camino más apropiado para su desenvolvimiento.

La tercera amenaza tiene que ver con la baja calidad relativa de la educación. Lo cual no es un problema exclusivo de Chile, es un asunto de interés mundial, debido a que el sistema de escuelas “fabrica”, diseñado para operar en un mundo de producción en masa ya no resulta funcional en un mundo de producción flexible basado enteramente en el conocimiento y la innovación.

Precisamente la cuarta amenaza es el bajo nivel de inversión en innovación tecnológica. Si Chile quiera dar el gran salto, necesita convertirse en un país de vanguardia tecnológica, y para ello empresas y gobierno deben dedicar mayores recursos, en el 2005 el gasto era de apenas el 0,65% del PIB.

Pero no todo es gasto, se requiere alentar una cultura de la innovación, un reto que Chile comparte con todas las naciones de Latinoamérica, las cuales se han mantenido a la zaga en la materia.

En resumen, Chile es una economía exitosa, ya que eligió como camino la libertad económica; es cierto que tiene retos que enfrentar, pero seguramente los superara sí todos los actores se dedican a maximizar su función de utilidad o beneficio individual y el nuevo gobierno de Sebastián Piñera continúa alentando la libertad y competencia económica.

Ideas muertas

2010-01-05T10:17:00.000-06:00

Denise Dresser

Atrapados. Rezagados. Atorados. Palabras del 2009 que capturan el sentir colectivo y el ánimo nacional. Palabras que revelan un país incapaz de responder a los retos que tiene enfrente desde hace años. Un entorno global cada vez más competitivo y una revolución tecnológica de la cual México se niega a formar parte. Una vasta transformación económica más allá de nuestras fronteras, que está creando nuevos ganadores y nuevos perdedores. Una lista de líderes políticos y empresariales que han hecho poco por prepararnos para la nueva década. Y finalmente, la razón principal detrás de la inacción enraizada en nuestra cultura política y en nuestra estructura económica: la pleitesía permanente de tantos mexicanos a las “ideas muertas”.

Ideas acumuladas que se han vuelto razón del rezago y explicación de la parálisis. Sentimientos de la nación que han contribuido a frenar su avance, como argumentan Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín en el ensayo Un futuro para México, publicado en la revista Nexos. Los acuerdos tácitos, compartidos por empresarios y funcionarios, estudiantes y comerciantes, periodistas y analistas, sindicatos y sus líderes, dirigentes de partidos políticos y quienes votan por ellos. La predisposición instintiva a pensar que ciertos preceptos rigen la vida pública del país y deben seguir haciéndolo. Y aunque esa visión compartida no es del todo monolítica, los individuos que ocupan las principales posiciones de poder en México suscriben sus premisas centrales:

• El petróleo sólo puede ser extraído, distribuido y administrado por el Estado.

• La inversión extranjera debe ser vista y tratada con enorme suspicacia.

• Los monopolios públicos son necesarios para preservar los bienes de la nación, y los monopolios privados son necesarios para crear “campeones nacionales”.

• La extracción de rentas a los ciudadanos/consumidores es una práctica normal y aceptable.

• El reto de la educación en México es ampliar la cobertura.

• La ley existe para ser negociada y el estado de derecho es siempre negociable.

• México no está preparado culturalmente para la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas y otros instrumentos de las democracias funcionales.

• Las decisiones importantes sobre el destino del país deben quedar en manos de las élites corporativas.

Estos axiomas han formado parte de nuestra conciencia colectiva y de nuestro debate público durante decenios; son como una segunda piel. Determinan cuáles son las rutas aceptables, las políticas públicas necesarias, las posibilidades que nos permitimos imaginar. Y de allí la paradoja: Las ideas que guían el futuro de México fueron creadas para una realidad que ya no existe; las ideas que contribuyeron a forjar la patria hoy son responsables de su deterioro. Desde los pasillos del Congreso hasta la torre de Pemex; desde las oficinas de Telmex hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; desde la sede del PRD hasta dentro de la cabeza de Enrique Peña Nieto, los mexicanos son presa de ideas no sólo cuestionables o equivocadas. Más grave aún: son ideas que corren en una ruta de colisión en contra de tendencias económicas y sociales irreversibles a nivel global. Son ideas muertas que están lastimando al país que las concibió.

Son ideas atávicas que motivan el comportamiento contraproducente de sus principales portadores, como los líderes priistas que defienden el monopolio de Pemex aunque sea ineficiente y rapaz. O los líderes perredistas que defienden el monopolio de Telmex, porque por lo menos está en manos de un mexicano. O los líderes panistas que defienden la posición privilegiada del SNTE por la alianza electoral/política que han establecido con la mujer a su mando. O los líderes empresariales que resisten la competencia en su sector aunque la posición predominante que tienen allí merme la competitividad. O los líderes partidistas que rechazan la reelección legislativa aunque es un instrumento indispensable para obligar a la rendición de cuentas. O los intelectuales que cuestionan las candidaturas ciudadanas aunque contribuyan a abrir un juego político controlado por partidos escleróticos. O los analistas que achacan el retraso de México a un problema de cultura, cuando el éxito de los mexicanos en otras latitudes – como el de los inmigrantes en Estados Unidos– claramente evidencia un problema institucional.

La prevalencia de tantas ideas muertas o moribundas se debe a una combinación de factores. El cinismo. La indiferencia. La protección de intereses, negocios, concesiones y franquicias multimillonarias. Pero junto con estas explicaciones yace un problema más pernicioso: la gran inercia intelectual que caracteriza al país en la actualidad. Nos hemos acostumbrado a que “así es México”: así de atrasado, así de polarizado, así de corrupto, así de pasivo, así de incambiable. Nuestra incapacidad para pensar de maneras creativas y audaces nos vuelve víctimas de lo que el escritor Matt Miller llama “la tiranía de las ideas muertas”. Nos obliga a vivir en la dictadura de los paradigmas pasados. Nos convierte en un país de masoquistas, como sugiriera recientemente Mario Vargas Llosa.

Puesto que México no logra pensar distinto, no logra adaptarse a las nuevas circunstancias. No logra responder adecuadamente a las siguientes preguntas: ¿Cómo promover el crecimiento económico acelerado? ¿Cómo construir un país de clases medias? ¿Cómo arreglar una democracia descompuesta para que represente ciudadanos en vez de proteger intereses? Contestar estas preguntas de mejor manera requerirá sacrificar algunas vacas sagradas, desechar muchas ortodoxias, reconocer nuestras ideas muertas y enterrarlas de una buena vez, antes de que hagan más daño. Porque, como dice el proverbio, la muerte cancela todo, menos la verdad, y México necesita –en el 2010– desarrollar nuevas ideas para el país que puede ser.

Perro verde

2010-01-04T18:10:00.000-06:00

Denise Dresser

¿Logró México transitar de un régimen autoritario, vigente durante más de siete décadas, a una verdadera democracia? ¿El régimen político que hoy impera representa cabalmente el sentir de las mayorías y se ejerce el poder desde la perspectiva del interés general? ¿La transición mexicana culminó? ¿Estamos aún en ella o, a la luz de lo que hoy vivimos y la perspectiva que se vislumbra, tendríamos que decir abiertamente que la transición fracasó? Preguntas necesarias que formula Carmen Aristegui en su nuevo libro Transición. Preguntas imprescindibles que debería hacerse todo ciudadano preocupado por el destino de su país. Preguntas definitorias para poder asumir una posición ante las iniciativas de reforma política planteadas por Felipe Calderón.

Porque las palabras usadas para describir al sistema político mexicano son métrica del desencanto y termómetro de la desilusión. Palabras como democracia incompleta. Transición truncada. Representación fallida. Impunidad institucionalizada. Simulación. Regresión. En vez de responder a los intereses públicos, la política promueve los intereses particulares. En lugar de resolver problemas, el andamiaje institucional los patea para delante. En vez de generar incentivos para la representación, las reglas actuales impiden que ocurra. En lugar de empoderar ciudadanos, la transición termina encumbrando oligarcas.

Como sugiere Juan Pardinas, la democracia mexicana es un “perro verde”. Es demasiado exótica. Es la única en el mundo –aparte de Costa Rica– en la cual no existe la reelección de legisladores o presidentes municipales. Es de las pocas en donde no se permiten las candidaturas ciudadanas. Es excepcional en cuanto a la ausencia del referéndum. Es inusual por la prohibición de la “iniciativa ciudadana”. Es extraordinaria por la ausencia de mecanismos para permitir la construcción de mayorías legislativas estables. Es mexicanísima por la forma en la cual encumbra a los partidos pero ignora a los ciudadanos. El perro mexicano se empeña en ser excepcional y para mal. Por eso su pelambre tiene un color tan distinto al de otros caninos. Por eso cojea en vez de correr. Por eso produce pleitos callejeros con tanta frecuencia. Por eso es una especie tan disfuncional.

Sobre su lomo están montados los sindicatos abusivos y las televisoras chantajistas y los partidos irresponsables y los gobernadores impunes y los oligarcas privilegiados. Todos ellos, progenitores del perro verde y beneficiarios de su excepcionalidad. Sin reelección no hay rendición de cuentas ni representación política completa ni profesionalización de la clase política ni manera de ir debilitando a los cacicazgos locales. Sin candidaturas ciudadanas no hay forma de romper el monopolio de los partidos y de los líderes sindicales sobre la vida política. Sin referéndum no hay manera de involucrar directamente a la población en la definición de los grandes temas nacionales. Sin la iniciativa ciudadana no hay forma de promover políticas públicas que la clase política no quiere tocar, incluyendo el combate a los monopolios. Sin elevar el nivel de votación para el mantenimiento del registro, seguiremos financiando a partidos pequeños –como el Verde o el PT– que se venden al mejor postor o promueven farsas como la de Juanito. Sin iniciativas preferentes no es posible obligar al Congreso a legislar sobre temas que rehúye, incluyendo la promoción de la competencia. Sin medidas como las que ahora se someten a debate nacional, los ciudadanos seguirán siendo poco más que pulgas de un perro rabioso.

Y sí, las propuestas provienen de un presidente impopular, acorralado, debilitado, que llegó al poder en condiciones cuestionables. Y sí, la lista es incompleta porque no resuelve todos los problemas del sistema económico o del régimen político. Pero eso no debería ser suficiente para descalificarlas de entrada; el odio al mensajero no debería oscurecer la importancia del mensaje que envió. México tiene una democracia descompuesta que necesita arreglar. México tiene una democracia atorada que necesita echar a andar. México tiene una democracia elitista que necesita ampliar. Abriendo espacios a la ciudadanía para que su participación cuente; generando incentivos para que los legisladores y los presidentes municipales se vean obligados a rendir cuentas, cosa que no hacen hoy; dando poder a los votantes para que puedan generar contrapesos sociales a los poderes fácticos; creando vínculos de exigencia y representación entre los gobernados y los gobernantes. Reformas con la capacidad de airear, sacudir, relegitimar, disminuir la excepcionalidad de la democracia mexicana y normalizar su funcionamiento.

Ante ellas, el PRI y el PRD se equivocan al posicionarse como lo han hecho, afirmando que las reformas son “una faramalla” o “reviven el presidencialismo agotado” o “pretenden que nada cambie” o “perpetúan el clientelismo electoral” o son “una distracción” o lo más importante es que “se controle al Ejecutivo con la ratificación de los secretarios de Estado” o “tengo serias reservas sobre modelos de organización política probados en otras latitudes, pero que no tienen historia, condición o idiosincrasia igual a las que tiene México” o “la ciudadanía no está preparada”. Al responder así, Carlos Navarrete y Jesús Ortega y Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes demuestran dónde están parados: cerca del statu quo y lejos de la ciudadanía; cerca de la partidocracia que quieren preservar y lejos de lo que México debe hacer para desmantelarla; cerca de prácticas que desacreditan a los partidos y lejos de empujar su rehabilitación; cerca del argumento espurio del excepcionalismo y lejos de la normalidad democrática que el país exige.

Para entrenar al perro verde hará falta más de lo que se ha propuesto hasta el momento, pero las medidas contempladas ayudan a colocar una correa democrática alrededor de su cuello. Para obligar al can a obedecer a los ciudadanos, en lugar de morderlos, será imperativo discutir la apertura de los medios y el financiamiento a los partidos y la desaparición del fuero y las acciones colectivas y el fortalecimiento de los órganos autónomos y el combate a la corrupción y todo aquello que les permita a los mexicanos proteger sus derechos. Todo aquello que obligue a los partidos a ceder parte de su poder. Todo aquello que refresque la representación política. Todo aquello que logre sacar a México de la jauría de las democracias exóticas, para colocarla en la camada de las democracias más normalitas. Y así, domesticar al perro verde.

Sí, pero no

2010-01-04T09:49:00.001-06:00

Macario Schettino

Reveladora la encuesta de Consulta Mitofsky para nexos. De manera espontánea, si le preguntamos a siete mexicanos a qué país quisieran parecerse, dos dirían que a Estados Unidos, y uno diría que a China, Canadá o Brasil. Del otro lado, uno diría que al país que no quiere parecerse es a Estados Unidos, y otro que no quiere ser como China o Cuba. Los dos restantes no quieren parecerse a nadie, o de plano no saben.

En los extremos, dos mexicanos quieren ser como Estados Unidos mientras uno dice que jamás aceptaría algo así. Los otros cuatro, en medio, danzan entre países que son temporalmente conocidos, el no querer parecerse a nadie, o la pura y franca ignorancia.

Las razones para querer ser como otro país son claras: más de la mitad por cuestiones económicas, incluyendo empleos, salarios, industria, tecnología y demás; el buen gobierno no llega al 10%, y las demás opciones (cultura, educación, tradiciones, etcétera) apenas pintan cada una por su lado.

Las razones para no querer parecerse a un país son más variadas: mal gobierno, pobreza, discriminación, malos hábitos, inseguridad (que suman casi 50%) resultan ser características de otros países que, me imagino, quienes respondieron la encuesta no perciben en igual magnitud en México. No queda claro por qué, pero todo indica que quienes respondieron la encuesta más bien dijeron qué es lo que no les gusta de su país.

No cambia mucho el panorama cuando se concentra la respuesta en una muestra de cinco países. Lo que atrae es la economía de Estados Unidos, la cultura de España, las fiestas de Brasil y Cuba, y la tecnología de China. Lo que se quiere evitar es la violencia de España, la pobreza de Brasil, a Fidel, la discriminación de Estados Unidos, y la sobrepoblación de China. Casi en todos los casos, estereotipos que no tienen fundamento alguno. Dice mucho la encuesta acerca de la ignorancia de los mexicanos con respecto al resto del mundo.

Pero centrémonos en la respuesta polarizante: Estados Unidos. Más de 30% de la población quisiera que México se pareciese a ese país, salvo en el centro, en donde la proporción cae a apenas una cuarta parte. Diferencia igualmente notoria encontramos entre campo (34%) y ciudad (30%). Y por partidos, para que se sorprenda, los priistas son los más interesados en parecerse al vecino país (34%) frente a los perredistas, que son los menos (24%).

Los que no quieren parecerse a ese país promedian 14% en el total, pero en el centro de México alcanzan 18%. Por orientación política, los más renuentes son los perredistas (23%); y por nivel educativo, los que tienen estudios universitarios (18%). A grandes rasgos: la posición antiestadunidense en México es un fenómeno de ciudades, particularmente de la ciudad de México, más importante en quienes tienen estudios profesionales y con orientación política hacia el PRD.

La encuesta mide a nivel nacional esta hipotética decisión de convertir a México en algún otro país. En la realidad, tenemos una medición mucho más clara: uno de cada diez mexicanos vive ya en Estados Unidos (12.5 millones, frente a 105 millones en México). Es perfectamente posible que muchos de ellos no quisieran que México se pareciese a Estados Unidos, pero es claro que sí prefieren vivir allá, al menos por un tiempo. Y si consideramos que cada uno de ellos debe tener cuatro familiares en México, entonces al menos la mitad de los mexicanos tiene ya una relación profunda con Estados Unidos, sea que queramos parecernos a ellos o no.

Un dato más interesante: de acuerdo con BBVA Bancomer, esos 12.5 millones de mexicanos en Estados Unidos aportaron el 3.8% del PIB de Estados Unidos durante 2008, que al sumar al PIB de nuestro país en ese mismo año nos coloca ya no como la decimotercera economía del mundo, sino como la novena. A lo mejor no queremos parecernos a ellos, pero sí estamos usándolos para transformar a México en una mejor economía. Nada sorprendente, puesto que es la economía lo que más nos mueve, según la encuesta.

Pero es una relación difícil, friccionante, que los mexicanos traducimos en esa molestia por la discriminación y el maltrato a los migrantes (dejemos de lado que el trato que propinamos nosotros a los centroamericanos es muchas veces peor). La pregunta obvia es por qué no hemos trabajado seriamente en reducir esas fricciones, si en verdad queremos aprovechar la economía vecina y, al menos uno de cada tres, parecernos a Estados Unidos.

La respuesta, creo, hay que buscarla en el Altiplano. Ahí es en donde no quieren parecerse a Estados Unidos, prefieren votar por el PRD, y defienden con más fuerza las viejas creencias del nacionalismo revolucionario. Un dato que tal vez ayude a entender: uno de cada nueve capitalinos está afiliado al ISSSTE, la mayor proporción en el país.

Como siempre, todo tiene una explicación.

Macario Schettino. Analista económico.

Transición: los protagonistas

2010-01-04T09:37:00.000-06:00

José Antonio Crespo

En su más reciente libro, Transición (2009), Carmen Aristegui entrevista a algunos de los personajes clave del proceso de cambio político iniciado hace varias décadas. Más que hacer una reseña, destaco algunos puntos que me llamaron la atención. Luis H. Álvarez considera, sobre los comicios de 1988, que el PAN debió cobrarle un precio más alto a Salinas de Gortari por el reconocimiento de facto que le dio el PAN. Y considera la quema de las boletas como un grave error que el PAN no debió cometer. Pero Diego Fernández de Cevallos accedió a legitimar esa medida, contra la postura de don Luis. Cuenta éste que una vez que visitó a Salinas, vio salir de la oficina a Fernando Gutiérrez Barrios junto a Diego, y que éste le dijo: “Suba, tenemos confianza en usted”, a lo que el presidente panista le respondió: “Ojalá pudiera decir lo mismo de ustedes dos”. Y sobre el repliegue de Fernández de Cevallos, en 1994, comenta: “Es algo de lo que no tengo toda la explicación”. Está claro que don Luis fue rebasado por Diego durante su presidencia en el PAN. JorgeCastañeda afirma que Vicente Fox declinó hacer la reforma política del Estado que le daría los instrumentos para realizar otros cambios, pero pensaba que era innecesaria “porque con lo que había podíamos hacerlo perfectamente”, cosa que evidentemente demostró ser errónea: “Nunca le dio importancia ni le entendió… Estuvo tentado, pero tuvo miedo… Hoy dice que yo tenía razón”.

Santiago Creel habla más de su presente como senador que de su pasado como activista demócrata o secretario de Gobernación. Empuña su lánguida espada contra los poderes mediáticos, contra su virtual monopolio y el sesgado uso político que dan a su formidable poder. Una lucha que debió dar cuando más influencia tuvo: desde la Secretaría de Gobernación, algo que no niega ante la pregunta-reclamo de la periodista. Creel privilegió las reformas económicas por encima de las políticas, para lo cual se requería no importunar al PRI, a los sindicatos (como el SNTE) o a las televisoras. Ahora, ya en la oposición, lo plantea a la inversa: “Los intereses creados frenan el avance democrático en la vida sindical y el desarrollo de una economía justa”. Su combativa postura actual carece ya de credibilidad.

Andrés Manuel López Obrador niega que alguna vez haya dado su visto bueno a la Ley Televisa, ni siquiera cuando en la Cámara baja ésta fue aprobada por unanimidad y sin discusión, incluida la bancada del PRD. Insiste en que los diputados perredistas actuaron sin línea, “porque son libres, no como en el PAN ni el PRI”. Algo absolutamente inverosímil. Al menos para mí.

Luis Carlos Ugalde rechaza que el hecho de que en las actas electorales hubiera más irregularidades que la diferencia entre los dos punteros genere incertidumbre, pues ello supondría “que todos esos votos irregulares se pueden cargar de un lado o de otro, pero la evidencia muestra que la distribución es aleatoria”. En realidad, la ley electoral no reconoce forma para determinar si esos votos deban destinarse a un candidato, distribuirse por mitad o proporcionalmente, pero acepta que hipotéticamente pudieron haber favorecido, por lo que no puede saberse quién ganó cuando los votos irregulares sobrepasan la distancia entre punteros (y por eso determina la anulación de casillas que están en ese caso). Lo cual refleja que Ugalde no conocía lo que al respecto estipulaba la norma electoral. Quizá por eso mismo, el IFE no recontó los paquetes que registraban inconsistencias aritméticas, como lo obligaba la ley (según la interpretación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial en agosto de 2006, y que después modificó).

Manuel Espino acusa censura por parte de Calderón. Oscar Mario Beteta, habiéndolo invitado a colaborar en su espacio, le comentó que desde Gobernación le pidieron que mejor no. Y también —asegura— los calderonistas le impidieron colaborar en El Universal: “Son cosas que se usaban en el pasado y lamentablemente siguen ahí”. VicenteFox (quien envió un escrito en lugar de ser entrevistado) narra su gobierno brevemente, con ese tono triunfalista que hace dudar que esté conectado con la realidad. Presume su alianza en el año 2000 con el líder sindical Evaristo Pérez Arreola a cambio de 50 mil votos. Desde ahí el PAN aceptó el juego corporativo-electoral que por décadas había condenado. Y dedica buena parte de su escrito a hablar de las virtudes de su esposa (un “elemento nocivo”, según Luis H. Álvarez). Habla de su “olfato político, su visión, su pasión... su carisma, su profesionalismo, su fe”. Y concluye, “mientras más quiero a Marta, más la defiendo”. Lo cual da una clave para entender por qué quien gobernó desde 2001 fue Marta más que Fox.

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Vicente Fox narra su gobierno brevemente, con ese tono triunfalista que hace dudar que esté conectado con la realidad.

Dos visiones de país

2010-01-04T09:20:00.001-06:00

Manuel F. Ayau

Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

Sinceramente creo que todos, tanto los de izquierda como los de derecha, queremos que nuestro país cambie y prospere, aunque algunos creen ser los únicos de buena voluntad. Hay pícaros en ambos campos, pero son relativamente pocos. Siempre he creído en “ama a tu prójimo como a ti mismo”, refrán que nos responsabiliza a no descuidar a los demás. La empatía es parte de nuestra naturaleza común y la discusión debe centrarse en cómo lograr mayor prosperidad.

Podemos seguir recordando los tiempos coloniales, cuando vino una pequeña población europea a un país latinoamericano prácticamente inhabitado, donde para que se cultivara la tierra había que regalarla, ya que los habitantes sólo tenían herramientas rudimentarias, no tenían capital, ni mercados para sus productos. Entonces privaba la autosuficiencia familiar y se prosperaba bajo condiciones especiales y privilegios otorgados por el gobierno (mercantilismo). No podemos corregir el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro.

Una frecuente propuesta es repartir el producto de la cooperación social en forma más pareja, redistribuyendo coercitivamente la riqueza a través de altos impuestos, para que no haya tantos pobres, en contraste con muy pocos ricos. Eso presenta dificultades que nadie ha logrado superar; sólo se habla y se supone lo justo que resultaría.

El problema es producir lo que se quiere repartir. Sin los mecanismos y los incentivos que fomentan esa producción, el progreso simplemente no se logra. El ser humano no es omnisciente, ni infalible. El proceso de producción es uno de prueba y error, sujeto a competencia en la satisfacción de diversas prioridades, de pérdidas y ganancias. La mayoría de las empresas que se establecen desaparecen antes de 10 años. Con poquísimas excepciones, la tenencia de riqueza en la clase privilegiada no ha sido conservada por generaciones. Fue creada con sacrificios y asumiendo riesgos, pero cambia de manos constantemente. Surgen nuevos ricos, derivados de productos y servicios que antes no existían, mientras que otros se empobrecen. La mayor parte de la riqueza está esparcida entre la mayoría menos afortunada, evidencia que hoy comprobamos al ver sus posesiones: refrigeradoras, televisores, autos, celulares, etc.

El ritmo de producción para alcanzar lo que anhelamos depende de una mezcla de sistemas sociales y económicos. Lo incontrovertible es que bajo el sistema de repartición equitativa de la producción que Marx quería imponer —“de cada uno según su capacidad y a cada quien según su necesidad”— no se logra.

Debemos ser realistas: el único sistema que jamás ha fracasado es el basado en la naturaleza del hombre y de su universo, por imperfecto que parezca.

No hay otra opción. Esa visión no se basa en la redistribución de riqueza sino en normas generales, recíprocas y consensuales: ser libre de producir lo que quieras, pero “no hagas a otros lo que no quieres te hagan a ti”. Esas reglas delimitan los derechos individuales. Sólo se permite lo que es pacífico y voluntario, de manera que progrese más quien más complace al público. Mucho más importante es disminuir la pobreza que las diferencias. Ese régimen de derecho debe ser nuestra meta.

¿Votará Chile por el cambio?

2010-01-01T11:41:00.000-06:00

Por Mary Anastasia O'Grady

La coalición de centro-izquierda conocida como la Concertación ha ocupado La Moneda, el palacio presidencial de Chile, durante los últimos 20 años. Por ende, la fatiga es una de las razones que explica la victoria en primera vuelta del candidato presidencial de centro-derecha Sebastián Piñera en las elecciones del 13 de diciembre.

También podría explicar por qué el ex senador y magnate multimillonario es el favorito para imponerse en la segunda vuelta, fijada para el 17 de enero, contra el ex presidente y candidato de la Concertación, Eduardo Frei.

Pero justo por debajo de la superficie podría haber otros factores potentes, como el declive de la productividad de Chile bajo cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación y la creciente percepción de que, por primera vez en 20 años, la vida de los chilenos, al menos en un sentido económico, no está mejorando. Piñera, que obtuvo el 44% de los votos frente al 30% de Frei en la primera vuelta, ha prometido revertir estas tendencias.

Esto es importante para toda Latinoamérica. Chile es el estandarte en la región del éxito a través de la apertura económica, la libre competencia, una política económica sensata, los límites a la injerencia del Estado y la igualdad ante la ley. Si este modelo empieza a producir resultados mediocres, los enemigos de la libertad lo usarán para desacreditar la libertad.

La Concertación, que es principalmente una coalición de socialistas y demócrata cristianos (DC), llegó por primera vez a la presidencia en 1990. Esa elección puso punto final a 17 años de gobierno del general Augusto Pinochet, que asumió el poder en un golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende.

Allende había generado un desorden en casi todo orden de cosas, pero Pinochet no optó por regresar al status quo. En cambio, incorporó a un grupo de economistas jóvenes, partidarios del libre mercado, muchos de los cuales se formaron en Estados Unidos, para implementar profundas reformas estructurales. Se liberaron los precios, se abrieron los mercados y se restablecieron los derechos de propiedad. La mayoría de las nacionalizaciones se revirtieron y la responsabilidad fiscal en el gobierno se convirtió en prioridad.

Uno de los cambios más dramáticos fue la privatización del sistema de pensiones. Otra reforma clave le otorgó la independencia al banco central, con lo que se terminó la maldición de la hiperinflación.

Se dice a menudo que la modernización de la economía chilena durante la gestión de Pinochet fue tan exitosa que hasta la izquierda no tuvo el valor de cambiar de rumbo una vez que llegó al poder. Eso puede ser cierto en el caso de los gobiernos de Patricio Aylwin, de la DC, el primer presidente de la concertación en el Chile post-Pinochet, y el del propio Frei, otro DC que gobernó entre 1994 y 2000.

La aseveración, no obstante, es menos valedera en los casos de los socialistas Ricardo Lagos, que fue el candidato de la Concertación elegido en 2000 y su sucesora, Michelle Bachelet. Ambos mandatarios redujeron, por ejemplo, la flexibilidad del mercado laboral como un favor a los sindicatos que ayudaron a elegirlos.

Algunos sostienen que el segundo lugar distante conseguido por Frei en la primera vuelta se debe a su falta de carisma. En realidad, es improbable que se hubiera impuesto si se hubiera realizado una primaria en la Concertación.

Esto subraya los problemas al interior de la coalición gobernante, que se está deteriorando. El partido Demócrata Cristiano está dando un giro populista y los socialistas uno a la izquierda. El único propósito común de la coalición es el poder. En la primera ronda perdió un número significativo de votantes, que optaron por un tercer candidato. Entre tanto, los que están en el otro lado opuesto del espectro político han trabajado para unificarse en los últimos años.

De todos modos, la primera ronda también puede haber revelado un aumento de las preferencias por lo que la mayor libertad que la centro derecha ha ofrecido tradicionalmente. Chile es una economía abierta y eso parece haber cambiado la mentalidad de la gente.

En un sondeo realizado en agosto de 2009 por la Pontificia Universidad Católica y Adimark, un 73% de los encuestados dijo que la iniciativa personal y el trabajo duro son el camino para salir de la pobreza. Sólo el 26% dijo que el Estado es responsable. El mismo sondeo halló que el 77% de los entrevistados opina que las pequeñas empresas son perfectamente capaces de convertirse en negocios de éxito.

¿Qué ha hecho el gobierno de Bachelet para sacarle partido a este espíritu emprendedor? Lamentablemente, menos de nada: ha empeorado las cosas.

En el estudio "Haciendo Negocios" del Banco Mundial correspondiente a 2010, que evalúa el entorno tributario y regulatorio para las empresas en 183 países, Chile cayó 14 puestos respecto al año pasado en la categoría que mide la facilidad para fundar una empresa. Cayó cinco posiciones en "emplear a trabajadores" y tres puestos en la de "pagar impuestos". En la de "cerrar una empresa", mantuvo su puntuación en el lugar 114 del mundo. En general en el sondeo, Chile descendió nueve posiciones.

Esto se ve reflejado en la caída de la productividad. Durante el mandato de Lagos (que entonces era de seis años), la productividad creció un paupérrimo 0,12%. Las cosas empeoraron con Bachelet. En 2008, la productividad declinó 2,4% y se proyecta una caída de 2,7% en 2009, lo que significará un descenso de 1,57% durante sus cuatro años de gestión.

La victoria de Piñera en la segunda vuelta no está asegurada. Tampoco está claro que, una vez en la presidencia, tomará los necesarios riesgos políticos para impulsar una reactivación de las reformas de libre mercado al reducir la burocracia estatal y apartar a los muchos intermediarios que actualmente viven del proceso regulatorio. Lo que es seguro es que si Chile sigue enfatizando la política de la redistribución por sobre la capacidad de emprendimiento, perderá su ventaja.

República feudal mexicana

2009-11-26T07:40:00.000-06:00

José Antonio Crespo

El más serio intento democrático que ha desplegado México se ha traducido en una redistribución del poder que ha significado un claro debilitamiento de la institución presidencial. De lo que se trataba era de fortalecer los controles y los mecanismos de rendición de cuentas, aspecto esencial de la democracia política. Pero eso no ha ocurrido adecuadamente y lo que tenemos en cambio es la transferencia del poder impune del antiguo presidencialismo a otras instancias. Parte de ese poder se fue al Congreso, donde el fuero de los legisladores sirve para proteger, no tanto su libertad de opinión y decisión, sino casi cualquier abuso que puedan cometer. A su vez, el Congreso no responde a sus representados, sino a poderes fácticos, a sus cúpulas partidarias o a los gobernadores que incidieron en su designación como candidatos. Hoy por hoy, el voto popular sirve esencialmente con el fin de brindar un visto bueno, un cheque en blanco para que los legisladores hagan o deshagan a voluntad, sin que luego tengan que rendir cuentas a sus electores, pues ya no necesitarán de su refrendo para continuar su carrera política. Otros legisladores representan directamente a poderes fácticos, como las televisoras, cuya bancada no sólo se constriñe al PVEM, sino se halla también en otros partidos. Al grado en el cual algunos ya hablan, no de una “telebancada”, sino de una “telecámara” o, peor aún, de un “telecongreso”.

Todo esto ha podido verse en la confección del proyecto económico. El principal punto de discordia en el decreto de egresos son los crecientes recursos que manejarán los gobernadores, sin la suficiente transparencia en su gasto. Varios senadores del blanquiazul han condenado el Presupuesto como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, al eliminarse algunos de los tradicionales (e insuficientes) candados para esos fondos. Por su parte, los diputados hablan de un avance, al haberse incluido otros nuevos. Me parece que hay más elementos para dar razón a los senadores que a los diputados del blanquiazul, que se justifican afirmando que mantuvieron Oportunidades en la órbita federal. De lo perdido, lo que aparezca. Lo cual refleja el grado de debilidad en que se halla ahora el partido “gobernante”. Los perredistas también se dividieron. Algo muy distinto dijo Alejandro Encinas que Carlos Navarrete (quien en esto coincidió con la línea contestataria de Andrés López Obrador).

Todo indica que estamos en el peor de los dos mundos (centralista y federalista): los impuestos los cobra el gobierno federal y los estados sólo estiran la mano. De los crecientes recursos que reciben no dan cuenta, y su mal uso no les genera consecuencias negativas. Se ha establecido un círculo vicioso que opera contra el federalismo real y la democratización, incluso electoral: los gobernadores ponen a los diputados, frecuentemente a través de operativos de clientelismo electoral, y los diputados operan en el Congreso para dar más recursos —con potencial electoral— a sus gobernadores. La compra y coacción de votos, una vez más, está en la mesa de discusión. De modo que si el PRI avasalla con sus aparatos electorales a nivel estatal, como en buena parte ocurrió en julio, ni el PAN ni el PRD deberán quejarse, pues dicha transferencia contó con su voto.

La democratización mexicana no se ha traducido, pues, en una democracia cabal, pero sí en una República más feudal que federal. Lo cual fue advertido con tiempo por uno de los panistas más lúcidos, Carlos Castillo Peraza (cuyo papel como ideólogo del PAN no ha sido aún ocupado por nadie): “Difuminado el liderazgo presidencial, la balcanización priista muestra sus primeros indicios y los barones locales empiezan a mostrar sus garras. Sin mariscal propio, un partido que no ha sabido ni podido ni querido ser tal… queda sujeto al arbitrio de sus señores regionales” (la yugoslavización del PRI, Reforma, 2/II/95). Fox estuvo plenamente enterado de ese riesgo, pero ya en la Presidencia no hizo nada para evitarlo y, al contrario, aceptó transferir más recursos a los estados sin que antes hubiera mecanismos eficaces de transparencia y rendición de cuentas a ese nivel. Tampoco Calderón ha hecho gran cosa al respecto. Los gobiernos del PAN, paradójicamente, impulsaron el feudalismo más que al federalismo, según advirtió oportunamente Castillo Peraza que podría ocurrir.

El voto sirve con el fin de brindar un cheque en blanco para que los legisladores hagan o deshagan a voluntad, sin rendir cuentas.

Los países más corruptos

2009-11-25T15:23:00.002-06:00

Andrés Oppenheimer

Un nuevo ranking de los países percibidos como los más corruptos del mundo confirma lo que muchos de nosotros sospechábamos: los líderes populistas que llegan al poder prometiendo erradicar la corrupción a menudo terminan liderando gobiernos aún más podridos que los anteriores.

El Ranking de Percepción de Corrupción 2009 dado a conocer por Transparencia Internacional, un grupo no-gubernamental con sede en Alemania que es considerado el más importante de su tipo, clasifica mediante más de media docena de encuestas los niveles de corrupción en 180 países del mundo.

A nivel mundial, los que aparecen como menos corruptos son Nueva Zelanda y Dinamarca, y los que salen como más corruptos son Somalia y Afganistán.

En Latinoamérica, excluyendo a los países del Caribe, los campeones regionales de la corrupción son --en este orden-- Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Argentina, según el estudio.

Casi todos los líderes de estos países hicieron sus campañas presidenciales prometiendo acabar con la corrupción. En Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998 prometiendo terminar con lo que acertadamente describía como una clase política corrupta, la corrupción no ha hecho más que empeorar desde que asumió el poder.

Cuando Transparencia empezó a hacer su Ranking de Corrupción en el 2001, Venezuela ocupaba el puesto número 69 en una lista de 91 países que iba de los menos a los más corruptos, o sea que se encontraba en el percentil 25 de las naciones más corruptas del mundo. En el 2009, Venezuela ocupa el puesto 162 en la lista de 180 países, es decir que está en el percentil 10, mucho más cerca de Afganistán y Somalia.

¿Hay alguna relación entre populismo y corrupción?, le pregunté a Alejandro Salas, el director del departamento de las Américas de Transparencia. En una entrevista telefónica desde Berlín, Salas revisó conmigo el ranking, y notamos que virtualmente todos los países latinoamericanos considerados como los más corruptos están gobernados --o estuvieron gobernados hasta hace poco-- por líderes populistas.

"Así es", dijo Salas. "Hay una relación directa entre populismo y debilidad institucional. Y la debilidad institucional conduce a la corrupción".

Salas dijo que divide a los países latinoamericanos que aparecen en el ranking en tres grupos.

"El primer grupo es el de los que mejor califican, que son Chile, Uruguay, Puerto Rico y Costa Rica", dijo. "Son los que son vistos como los menos corruptos, y que tienden a tener estabilidad, elecciones libres y periódicas, y en la mayoría de los casos sistemas judiciales independientes, organismos de control eficaces, y sistemas de pesos y contrapesos establecidos".

"El segundo bloque es el de países que están en el medio, donde encontramos a Brasil, México, Colombia y Perú", continuó. "Son países con tendencias contradictorias: tienen algunas instituciones modernas, pero también cargan con muchas herencias del pasado que llevan a la corrupción".

"Y luego tienes el tercer bloque, de los que están en la parte de abajo de la tabla, que son los países que en los últimos años han sufrido una especie de "captura del estado" por parte de líderes carismáticos", señaló. Agregó que en países como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Honduras, eso significa que a menudo "las decisiones políticas no pasan por ningún mecanismo de control. Entonces, no se audita, no se vigila".

¿Y que ocurre en Estados Unidos?, le pregunté a Salas, señalando que Estados Unidos aparece en el ranking como el segundo país menos corrupto de las Américas, después de Canadá. ¿No debería haber figurado en un puesto mucho menos honorable, considerando el reciente caso de Bernard Madoff y varios otros escándalos financieros?

Salas dijo que la colocación de Estados Unidos en el ranking puede deberse al hecho de que las preguntas de la encuesta estaban referidas a la corrupción gubernamental, no a la privada. Además, es posible que los encuestados sintieran que el gobierno estadounidense ha respondido con celeridad y firmeza a esos escándalos, agregó.

Mi opinión: No me sorprendería que en los próximos años, a medida que salgan a luz más detalles sobre la escandalosa falta de supervisión financiera durante el gobierno de Goerge W. Bush, que precipitó la actual crisis económica, Estados Unidos baje algunos puestos en el ranking de corrupción. Debería ocurrir eso.

Pero no me sorprende que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua hayan salido entre los países más corruptos del mundo. Se trata de naciones cuyos gobernantes han intentado adueñarse de todas las instituciones del Estado, y que ahora están tratando de acallar a los medios. Cuanto más consigan controlar todos los mecanismos de control, tanto mayor será la corrupción en sus países.

Harakiri panista

2009-11-24T12:48:00.002-06:00

DENISE DRESSER

Como si fuera un samurái japonés, el PAN empieza a destriparse. A suicidarse. A armar la ceremonia del harakiri, del seppuku. A participar en ese ritual que entraña recorrerse el abdomen –de izquierda a derecha– con un sable. Y al igual que los guerreros de ataño, los panistas parecen haber tomado esta decisión ante la pérdida del honor, el reconocimiento de las ofensas cometidas, la captura por parte de las tropas enemigas del PRI. Decisión tras decisión, iniciativa votada tras iniciativa votada, los líderes de Acción Nacional demuestran que, en lugar de dar la batalla por retener el poder y usarlo mejor, han optado por matarse a sí mismos.

El proceso de cortarse el estómago comienza con la propuesta fiscal de Felipe Calderón. Aunque es un hecho indisputado que el Estado mexicano necesita mejorar la recaudación, es claro que el presidente y su equipo no logran elegir o instrumentar la estrategia adecuada para hacerlo. Al insistir en el impuesto para “el combate a la pobreza” junto con otros incrementos –en el peor momento dada la crisis– y sin proponer un plan más ambicioso de remodelación fiscal o racionalización del gasto, acaban en el peor de todos los mundos. Al repetir la misma táctica que usaron durante la presentación y negociación de la reforma energética, terminan en el mismo lugar: pagando todos los costos que el PRI les coloca. Se vuelven responsables de una medida altamente impopular mientras que el priismo cosecha sus beneficios. El PAN propone un incremento en los impuestos, que el PRI ahora usará para financiar su regreso a Los Pinos.

De allí el PAN pasa –como los samuráis– a vestirse de blanco, cenar su alimento preferido, escribir un poema sobre la muerte y elegir el instrumento afilado que se enterrará. Continúa con la ceremonia del suicidio al elegir a Luis Plascencia, el candidato de la continuidad, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hace, de nuevo, acompañando al PRI. Y aunque es comprensible que ciertos sectores del panismo no pudieran apoyar a Emilio Álvarez Icaza, quien por mérito debió haber ocupado esa posición, lo que va en contra de cualquier instinto de autopreservación o estrategia política es que el PAN no lograra escoger o apoyar a alguien más. Alguien con credibilidad en un grupo de más de treinta candidatos. Alguien que no fuera el delfín del desacreditado José Luis Soberanes. Alguien que no estuviera atado a Manlio Fabio Beltrones. Alguien capaz de empujar la remodelación urgente que la institución necesita para convertirse en un verdadero contrapeso. Si el PRI regresa a la presidencia –y todo parece sugerir que así será– al PAN le convendría un ombudsman independiente, combativo, capaz de señalar los abusos del priismo y sancionarlos. Pero en lugar de fortalecer los contrapesos incómodos para su enemigo, decide contribuir a su desmantelamiento.

El PAN se clava el sable con aún mayor profundidad cuando después de haber votado en contra de la Ley Federal de Derechos –que otorga privilegios fiscales a las empresas interesadas en incursionar en el mercado de la telefonía celular– sus senadores cambian de opinión y la aprueban. En la sesión del 30 de octubre, los panistas votan en contra de la exención y cinco días después deciden apoyarla, con tal de congraciarse con el principal beneficiario de la medida, el consorcio Televisa. Y aunque los senadores que reculan invocan el argumento de la promoción de la inversión y la competencia, no es suficiente para ocultar el viraje equívoco y autodestructivo. En el contexto actual, en el que se le pide a la población pagar más, el PAN se erige en protector de privilegios. Los contribuyentes tendrán que apretarse el cinturón, mientras el PAN lo ensancha para un poder fáctico que promueve todos los días a Enrique Peña Nieto en la pantalla de televisión.

El PAN persiste en abrirse el abdomen a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos. En un hecho insólito, los panistas en la Cámara de Diputados votan en favor del presupuesto, aun cuando el PRI ha logrado retirar la fiscalización a los recursos destinados a los gobernadores. Gobernadores mayoritariamente priistas que se dedicarán a construir libramientos carreteros inútiles con su nombre o el de su esposa. Gobernadores que usarán la bolsa millonaria de dinero que el PAN les dará, para después ganarle. Gobernadores con la capacidad de desviar los recursos federales enviados a los estados a una velocidad asombrosa, y sobre todo en periodos electorales. Logran hacerlo a través de pagos indebidos a personal no localizable, pagos a personal dado de baja o con licencia de goce de sueldo, erogaciones con fines distintos a los autorizados por la ley, recursos destinados indebidamente, pagos en exceso, compras innecesarias, obras y acciones que no atienden a la población en pobreza extrema, obras terminadas que no se encuentran en operación, falta de documentación probatoria, mala calidad de los materiales en la ejecución de las obras, pagos anticipados a proveedores sin recibir cuentas o servicios, entre tantas prácticas irregulares más, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y el PAN acepta todo esto al aprobar la eliminación de candados sobre el gasto, argumentando puerilmente que “no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”. No satisfecho con la primera incisión, el panismo se corta una y otra vez.

Todos estos son actos suicidas. Actos encaminados a acabar con la prolongación del Partido Acción Nacional en el poder. Actos con los cuales los panistas van dándole armas a su enemigo para que gane las guerras por venir. Actos de rendimiento y sometimiento y claudicación. Sólo explicables porque el panismo cree en el suicidio ritual para escapar del pasado o del futuro. Sólo comprensibles si el PAN piensa –como los samuráis deshonrados– que ha manchado su nombre con actos de traición o corrupción. Sólo inteligibles si Felipe Calderón le ha pedido a su partido que se arrodille, porque no le preocupa que el PRI regrese a la presidencia tanto como la posibilidad de que AMLO quiera llegar a ella. Así, el PAN se apresta a apresurar la muerte en lugar de seguir peleando para que no ocurra de forma prematura. En el paso final del harakiri japonés, el guerrero que ya se ha desgarrado las vísceras extiende la cabeza para ser decapitado por alguien más. Y si todo sigue de la misma manera, a Acción Nacional le cortarán la cabeza en la próxima elección presidencial. Pero el PRI lo hará porque el PAN se lo pidió.

Retomar la ruta trazada

2009-11-24T11:58:00.000-06:00

Javier Corral Jurado

Tras las elecciones del 5 de julio, que nos mostraron con crudeza la fragilidad del proyecto del PAN en el gobierno, se produjeron expresiones de preocupación y evaluación de los resultados. En foros y espacios del partido, incluido el gobierno, se realizaron autocríticas que derivaron en documentos y discursos que reconocieron omisiones y rezagos, y se plantearon retos y desafíos para encarar el futuro.

Una vez electo presidente del PAN, César Nava integró una comisión de análisis y reflexión que produjo un diagnóstico descarnado y realista de la situación del partido, enlistando las acciones a seguir para revertir la pérdida de la confianza ciudadana. No le faltó a ese documento flanco por cubrir, y su contenido público se concretó en un decálogo bien recibido por la militancia.

Poco antes de ese lance se había producido uno mayor, dada su influencia política en el partido y en la vida política del país. Con motivo de su tercer Informe, el Presidente pronunció un discurso en el que parecía recoger las reflexiones de la crítica y las propuestas de rectificación que desde variados sectores sociales se plantearon; de hecho, en su alocución del 2 de septiembre el presidente Calderón asumió la corresponsabilidad de los resultados electorales, llamó a las cosas por su nombre y desplegó una agenda de cambio y modernización política que suscitó entusiasmo y esperanza.

Fue rectificador el planteamiento, y afirmé que presenciábamos un quiebre en la conducta presidencial para impulsar reformas estructurales, aunque desde un amplio sector se opuso la incredulidad por pesimismo o desconfianza. El ambiente se colmó de ánimo al menos en el partido.

A casi cinco meses de las elecciones y tras esos pronunciamientos, la incertidumbre ha tomado lugar en la definición de la agenda planteada. Se carece hasta ahora de iniciativas concretas y en algunos hechos legislativos la intervención gubernamental ha sido contraria a los propósitos expresados. Quién sabe qué ha sucedido: es evidente que los resortes se han vuelto a aflojar y se pierde tiempo y ritmo en la ruta de proponer al Congreso u operar en el ámbito administrativo los cambios que el país necesita. Estamos a tres semanas de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura. Empieza a trocarse el ánimo en confusión.

De ello dan cuenta las diferencias de opinión entre diputados y senadores del PAN, con motivo de la aprobación de la Ley de Ingresos y del presupuesto; en la primera se han vuelto a otorgar privilegios indebidos a los poderes fácticos y en el segundo se relajaron las medidas de evaluación del desempeño, control y fiscalización del gasto público a las entidades federativas, y se eliminaron las sanciones por incumplimiento de ese ejercicio, en un año que tendrá elecciones locales en 13 estados, 11 de ellos para renovar gobernador. Por más reiterados que sean los llamados del Presidente al ejercicio transparente y honesto de esos recursos, sólo las sanciones legales disuadirán el desvío de recursos públicos a esas campañas electorales.

En ambos procesos se han generado contradicciones con la idea que nos planteamos para redefinir nuestra relación política con nuestro principal adversario, el PRI. Se sigue alargando inútilmente una alianza que sólo produce beneficios estratégicos al objetivo priísta de recuperar la Presidencia, y ni siquiera en esa meta son capaces de contemplar reformas institucionales que sirvan a todos.

Está más que claro que el PRI no participará de una reforma política para la gobernabilidad democrática del país, porque sus triunfos de 2009 lo tienen obnubilado bajo la idea de que con el mantenimiento del statu quo podría volver a gobernar muchos años más. Pero es tan precario el consenso social en torno del sistema de partidos, que ante la amenaza real de su regreso e intacto el sistema clientelar, corporativo y autoritario, radicaría en ello su propio colapso. Pero obviamente ello corresponde al análisis priísta.

Al PAN compete revisar y concretar las definiciones sobre la ruta trazada, en relación con nuestro ámbito partidista de competencia exclusiva, del que seremos responsables ante la historia; si la administración del presidente Calderón, por su inexcusable tarea de gobernabilidad, decide mantener la estrategia seguida hasta ahora, será entendible. En lo único que no podemos caer es en lo que Efraín González Luna llamó la “neurosis de la escaramuza”.

Diputado federal por el PAN

Corresponsal

2009-11-24T10:30:00.001-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

Escuchar y ser escuchado. Aceptar los límites de la razón y el entendimiento y tratar de ampliarlos una y otra vez. Informarse, siempre informarse, no emitir opinión si se carece de un mínimo que debe ser un máximo de información. Aprender de las generaciones mayores pero también estar atento a las nuevas perspectivas e incluso, por qué no, herejías. Ser amable en las formas pero riguroso en el fondo. Intento describir el ánimo que reina en el Foro Iberoamérica que la semana pasada celebró en Buenos Aires su décima versión. Presidido hoy por Carlos Fuentes y Ricardo Lagos el foro reúne a una triada de ámbitos: políticos, empresarios e intelectuales. Ex mandatarios como Sanguinetti, Betancur, Felipe González, el propio Lagos o Cardoso dialogando y en algún sentido conviviendo anualmente durante tres días con empresarios de gran calado y escritores como Nélida Piñón, Tomás Eloy Martínez, periodistas como Cebrián, Magnetto, Escribano, historiadores como Carmen Iglesias; u hombres de Estado como Enrique Iglesias, Celso Lafer, Francisco Pinto Balsemao. Termino obligadamente la lista cometiendo la injusticia que provoca la escasez de espacio.

El diapasón de paneles es siempre muy amplio, va desde la cruda economía hasta el impacto de la cultura. De todas seleccioné y resumo al lector una que me pareció pertinente para nuestro País. Funjo como corresponsal. Por la información confidencial que se maneja estoy autorizado a transmitir qué se dijo pero no quién lo dijo. La mesa sobre narcotráfico y seguridad estuvo integrada por Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del Colombia, una persona que ha sufrido en carne propia el horror de esa guerra y uno de los más fuertes candidatos a suceder a Uribe si éste declina la reelección, y Luis Felipe Lampreia ex canciller brasileño. Moderó Jorge Quiroga ex cadidato presidencial de Bolivia. Intervinieron además Sanguinetti, Betancur entre otros.

Extensión del fenómeno: creciente al grado de haber tocado ya a países que parecían islas como lo puede ser Costa Rica. Brasil cuenta con favelas de cientos de miles de habitantes controladas por el narco. Gobiernos involucrados a partir de su tolerancia expresa que se plasma en infinidad de casos: Venezuela y Ecuador en particular a través de las FARC. No hay sorpresa pero sí enojo por la hipocresía diplomática. Participación de las Fuerzas Armadas, no es deseable pero es inevitable, la pérdida de control sobre las áreas y el sacudimiento de las instituciones no dejan margen. De allí la enorme diferencia entre países con instituciones fuertes y los débiles que pueden naufragar.

Cómo medir el éxito de los operativos, dos son los referentes: el aumento del precio y la caída en la pureza. Esto generó uno de los puntos de mayor discusión. La paradoja: el éxito de los operativos hace aún más lucrativo el negocio. Es el cuento de nunca acabar. Uno de los aspectos más sugerentes expresados por personas que han tenido experiencia de Gobierno es el factor fatiga. Se trata de una guerra de mediano plazo en la cual nunca habrá una victoria total pero sí puede haber una derrota del Estado. En el trayecto las poblaciones se van cansando de escuchar los logros de otro golpe y otro más sin que pareciera haber un fin. Los gobiernos deben hacer un enorme esfuerzo informativo para mantener o no perder el apoyo de la población. Los medios deben asumir un compromiso expreso como aliados del Estado en esta guerra y autorregularse. Sólo así se evita el narcoterrorismo.

Otro aspecto provocado por la complejidad del asunto, por el desconocimiento de la mayoría de la población y por cierto resquemor, es un síndrome de silencio. Poco a poco las sociedades dejan de hablar de de esta guerra, de hablar en las escuelas, en las universidades, en el medios. Al aislarse de la discusión los ciudadanos terminan convencidos de que el asunto no les incumbe y dejan a los gobiernos solos. Uno de los asistentes expresó con enojo la paradoja de la doble moral estadounidense de sostener una sociedad en la cual las drogas están prohibidas y las armas permitidas. Dos caras de la misma moneda. Hubo consenso en que un mundo sin drogas es utopía. Los participantes expresaron su convencimiento de que la única solución, a la larga, es la legalización o despenalización como producto de un gran acuerdo internacional. Hubo debate en cuáles eran los efectos de acciones de tipo gradual o si debería procederse en varios frentes a la vez. Por supuesto se mencionó el documento promovido en esa línea por los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Cardoso el cual debería ser retomado para una discusión sería con todas las bases empíricas que hoy tenemos.

Hubo un amplio reconocimiento a la labor del presidente Calderón y varios de los asistentes, basados en sus experiencias, asentaron que la estrategia tendrá éxito en la recuperación de la capacidad de Gobierno y en la firmeza de las instituciones. Pero estamos apenas en el inicio de la ruta.

El fin de la democracia boliviana

2009-11-23T16:16:00.001-06:00

Mary Anastasia O'Grady

Una dictadura que estimula la producción y distribución de cocaína tiene pocas esperanzas de labrarse una buena imagen internacional. Pero cuando ese mismo gobierno se proyecta usando el lenguaje de la justicia social, con una atención especial a los derechos de los pueblos indígenas, se granjea la aclamación del mundo.

Esta es Bolivia, que en dos semanas celebrará elecciones para presidente y las dos cámaras del Congreso. El gobierno del presidente Evo Morales promocionará el evento como un gran momento para la democracia sudamericana. En realidad, los comicios marcarán el fin oficial de lo que queda de la libertad boliviana tras cuatro años de gobierno represivo de Morales.

Mientras Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos se han obsesionado por la remoción legal de un presidente antidemocrático en Honduras, Morales ha estado fortaleciendo su narco-dictadura. También se hizo amigo del dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien mañana hará una nueva visita a La Paz.

Se prevé que Morales obtenga la reelección sin mayores inconvenientes, en parte porque en muchas áreas que controla los votantes serán escoltados a las mesas electorales para asegurarse de que elijan de forma correcta. Su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), casi con seguridad retendrá el control de la cámara baja del Congreso y es probable que gane el del Senado, que hasta ahora ha estado en manos de la oposición.

Si esto ocurre, el dominio de Morales será casi imbatible. Pero esto no debería ser interpretado como una adopción nacional de su estilo de hacer política. Logrará extender su poder gracias a una política de terror contra sus adversarios.
[Evo Morales] Reuters

El presidente boliviano, Evo Morales (der.), sujeta una vasija de barro ceremonial que contiene chicha, una bebida alcohólica hecha con maíz fermentado, durante un acto de campaña en Tinguipaya, en la región de Potosí, en octubre.

No hay que olvidar que en 2003 Bolivia tenía un presidente electo en Gonzalo Sánchez de Lozada. A los radicales de la izquierda dura no les gustó que Sánchez de Lozada propusiera la exportación de gas natural licuado a través de Chile. Lanzaron protestas violentas y bloquearon las autopistas del país. Sus objetivos de derrocar el gobierno coincidían con las metas del movimiento de cocalero encabezado por Morales. Se unió al levantamiento.

Cuando el presidente decidió usar al ejército para escoltar a camiones de aprovisionamiento, se desataron los enfrentamientos. Sánchez de Lozada decidió dejar el país como una forma de desactivar la violencia, y el Departamento de Estado de EE.UU. le dijo que si no renunciaba antes de irse, cortaría la ayuda extranjera. El presidente obedeció y, de esta manera, le brindó, bajo coacción, un barniz legal a un golpe ilegal.

El terrorismo había funcionado y no había ni una pizca de protesta por parte de la comunidad internacional. Así que fue usado otra vez para forzar la renuncia del sucesor de Sánchez de Lozada y presidente del Senado. Eso significó que había que llamar a nuevas elecciones. Morales se presentó y ganó.

Al asumir la presidencia en 2006, Morales comenzó a usar su oficina para perseguir a funcionarios de gobiernos previos. Algunos fueron encarcelados, otros abandonaron el país. Hizo cambios profundos en la justicia y en el consejo electoral. Cuando surgía un desafío de la oposición, sus matones callejeros o sus jueces le ponían fin.

Una asamblea constituyente fue elegida para reescribir la Constitución, pero el MAS no consiguió los dos tercios de los asientos para delegados. De esta forma, la asamblea se negó a adoptar un texto repleto de artículos antidemocráticos y una cláusula para la reelección del presidente. Una vez más, el MAS, con el respaldo del gobierno, recurrió a la fuerza. En noviembre de 2007 llamó a la asamblea a una guarnición militar, no dejó entrar a la oposición y ganó la votación. Tres manifestantes murieron. Una segunda votación necesaria para ratificar cada artículo volvió a excluir a los miembros de la oposición.

Cuando llegó el momento de lograr que el Senado ratificara el documento, Morales volvió a llamar a la muchedumbre. En marzo rodearon el edificio del Parlamento y amenazaron a los legisladores. Los congresistas opositores eventualmente cedieron pero afirmaron que había podido salvar unos pocos vestigios del capitalismo democrático, como los derechos de propiedad y la educación privada. Sin embargo es probable que estos logros sean transitorios.

Además de la provisión de la "reelección" presidencial, el documento contiene otros dos artículos que es probable que devasten la democracia. Uno crea una clase especial de personas que se considera que tienen sangre indígena pura, y les concede privilegios especiales como escaños designados en la legislatura. Esto le otorga a Morales un control político enorme. Un segundo artículo le permite convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Y afirma que puede ser aprobada por dos tercios de "los miembros presentes". En otras palabras, si Morales vuelve a fracasar en su intento de obtener los dos tercios de los votos que necesita para ratificar su plan, sólo necesitará repetir la práctica de rodear el lugar de reunión y bloquear a sus oponentes para que no voten.

Morales es el dictador más reciente de América del Sur, pero no es el comunista ideológico que muchos temen. Es más parecido a un jefe de la mafia, que ascendió al poder con la promesa proteger el negocio de la coca. Ahora tiene la capacidad de hacerlo.

Bajo su mandato, el cultivo de coca es legal y cobra una tarifa de licencia de todos los agricultores, cuyas cosechas se venden a través de un mercado centralizado. Funcionarios del MAS también regulan la producción y el tráfico de cocaína que ahora llega al nivel de los hogares.

El auge del negocio ha vuelto popular a Morales. Tal vez deteste a EE.UU. y la libertad pero hay algo que es seguro: entiende los mercados.

La globalización educativa

2009-11-19T18:22:00.002-06:00

Andrés Oppenheimer

Un nuevo informe sobre los jóvenes extranjeros que estudian en las universidades estadounidenses sugiere que la brecha entre los países en vías de desarrollo está aumentando: mientras los países asiáticos están enviando cada vez más estudiantes a algunas de las mejores universidades del mundo, los países latinoamericanos se están quedando cada vez más atrás.

Confirmando una tendencia que podría tener repercusiones políticas y económicas en las próximas décadas, China e India están enviando el doble de estudiantes a las universidades estadounidenses que todos los países sudamericanos juntos, según el nuevo informe del Instituto de Educación Internacional (IEI) con sede en Nueva York.

Lo que es aún más llamativo, Corea del sur, con una población de menos de la mitad de la población de México, está enviando cinco veces más estudiantes a las universidades estadounidenses que México. Y Vietnam, un país gobernado por el partido comunista con una población que no llega a la mitad de la de Brasil, está enviando más del doble de estudiantes a las universidades estadounidenses que Brasil.

He aquí algunos de los datos incluidos en el informe Puertas Abiertas que acaba de dar a conocer el IEI:

• En total, el número de estudiantes internacionales en las universidades de Estados Unidos creció un 8 por ciento este año, para alcanzar la cifra record de 671,616 estudiantes.

• Los países que envían más estudiantes son India, con 103,000 estudiantes (un 9 por ciento más que el año pasado), China, con 98,000 estudiantes (un 21 por ciento más que al año pasado), y Corea del Sur, con 75,000 estudiantes (un 9 por ciento más que al año pasado).

• En comparación, el número de estudiantes de México fue de 15,000, lo mismo del año pasado, el de Brasil 8,700 (un 16 por ciento más que el año pasado), el de Colombia 7,000(un 5 por ciento más), el de Venezuela 4,600 (5 por ciento más), el de Argentina 2400 (una disminución de 6 por ciento respecto del año anterior) y el de Chile 2,000 (un aumento de 16 por ciento).

• El número total de estudiantes de todos los países asiáticos creció en más de un 9 por ciento, mientras que el número total de estudiantes latinoamericanos aumento un 5 por ciento. El número de estudiantes europeos aumento un 4,5 por ciento, incluyendo un aumento de 5 por ciento de estudiantes españoles.

¿Por qué son importantes estas cifras? Porque, cualquiera sea nuestra opinión sobre el futuro de Estados Unidos como superpotencia, los dos rankings más importantes sobre las mejores universidades del mundo --el del Suplemento de Educación Superior del Times, del Reino Unido, y el de la Universidad Jiai Tong de Shanghai, China-- coinciden en que las universidades estadounidenses siguen siendo mejores que las del resto del mundo. El ranking del 2009 de la universidad de Shanghai está encabezado por Harvard, y 8 de los 10 primeros puestos están ocupados por instituciones estadounidenses.

Independientemente de la rapidez con la que la economía estadounidense emerja de la actual recesión, pocos expertos dudan de que la globalización educativa ayuda a los países. Los estudiantes extranjeros que estudien en las mejores universidades del mundo --ya sean de Estados Unidos, o Europa-- adquirirán conocimientos y contactos internacionales que permitirán a sus países insertarse mucho mejor en la economía global.

"Particularmente en China, pero también en otras partes de Asia, los estudiantes aún consideran que la educación superior estadounidense les proporciona conocimientos y credenciales que les serán de gran utilidad en sus futuras carreras'', me dijo Peggy Blumenthal, una de las principales funcionarias del IEI. "Por alguna razón, este fenómenono parece darse en la misma medida en Latinoamérica''.

Además, a diferencia de los latinoamericanos, casi todos los estudiantes asiáticos en las universidades estadounidenses cursan carreras de post-grado en ciencia y tecnología, me dijo Blumenthal.

Mi opinión: Las últimas cifras deberían preocupar a los gobiernos latinoamericanos. Los países asiáticos no solo envían cada vez más estudiantes a Estados Unidos, sino que también invitan a más universidades estadounidenses, europeas y australianas a establecerse y otorgar diplomas en sus propios territorios.

Mientras China tiene más de 170 universidades extranjeras legalmente autorizadas a otorgar diplomas en el país, e India tiene 61, muchos países latinoamericanos prohiben a instituciones extranjeras dar diplomas válidos, y limitan sus contactos con ellas a intercambios estudiantiles de corta duración.

La internacionalización de la educación debería ser una política de estado para todos los países, incluso para Estados Unidos, que se beneficiaría mucho de tener más universidades extranjeras. Si los países no envían estudiantes a buenas universidades extranjeras, deberían tratar de que más universidades extranjeras de primer nivel vengan a ellos.

Extremismo antiinstitucional

2009-11-18T12:21:00.000-06:00

José A. Crespo

La situación en que se halla la endeble democracia mexicana me recuerda, en cierto sentido, a la República alemana de Weimar: por su ineficacia, fue bombardeada con descalificaciones por grupos extremistas de izquierda y de derecha, hasta que la hicieron reventar. Lo que terminó por desestabilizar ese ensayo democrático no fue la existencia de los grupos extremistas (los hay en todas las democracias), sino el gran respaldo social que obtuvieron. Y eso me parece que puede estar ocurriendo en México. La democracia es, por definición, el gobierno de los moderados —de cualquier signo—, que buscan soluciones a los diversos problemas, dentro de la ley, no por fuera. Los extremistas, en cambio, suelen ver la democracia como débil e ineficaz. Consideran la ley como una camisa de fuerza, por lo que no tienen problema en actuar por fuera de ella para lograr sus propósitos y su respectivo ideario con mayor eficacia. La vía de la reforma legal se ve como insuficiente y lenta, lo que en casos de urgencia se vuelve un lastre más fácil de superar por la vía extralegal.

En México, la institucionalidad y el esfuerzo democrático cada vez generan menos entusiasmo. Por un lado, tenemos grupos de izquierda radical convocando a festejar 2010 con balas, para buscar una idílica renovación del país (como se pensó que podría ocurrir en 1910). Por su parte, Andrés López Obrador, tras los inciertos y opacos comicios de 2006, decidió mandar retóricamente “al diablo” las instituciones. Justifica las acciones extrainstitucionales cuando hace falta: toma de calles y carreteras o bloqueos de edificios (aunque, hasta ahora, no por la vía violenta). Pese al alejamiento de los moderados, segmentos nada despreciables se han mantenido fieles al liderazgo y el discurso obradoristas. Y en tanto la crisis y el desempleo persistan, podrían sumársele muchos más. Por su parte, las propuestas de Mauricio Fernández, alcalde de Garza García, en el sentido de recurrir a grupos de limpieza para enfrentar al crimen organizado, parecen una expresión del extremismo de derecha. Fernández ha manifestado también, a su modo, desprecio por las actuales instituciones: implícitamente, las “manda al diablo”, lo mismo al inútil Congreso que al corrupto sistema judicial (lo dijo él). Sólo el Ejército sigue siendo respetable, por lo que debe ayudársele por cualquier vía (incluidos grupos de limpieza extralegales). Su disposición a pasar por alto la ley a partir de la ineficiencia institucional, se refleja en expresiones como: “Me voy a tomar atribuciones que no tengo… directamente le vamos a entrar”; “A veces es necesario saltarse las trancas”; “(La acción justiciera) no está en la regla, pero lo que nos urge es arreglar el país”; “¿Que está fuera de la ley?, pues sí, pero ellos (los delincuentes), también”. Y recurre al pragmatismo que, como sabemos, es necesario para la eficacia política pero, cuando se lleva al extremo, atenta contra el Estado de derecho, la democracia, e incluso todo el orden institucional: “Yo ya no quiero tanta teoría. Resultados es lo que el pueblo quiere.” Y frente a la alternativa reformista, muestra su apremio para justificar la acción extralegal: “Como está el país, no lo vamos a lograr, y de aquí a que lo cambien, yo no me voy a esperar.” Esta línea de acción antiinstitucional parece atractiva a los grupos empresariales y conservadores, como lo refleja el visto bueno de Alejandro Martí: “Nuestras leyes que en realidad son más protectoras de los victimarios que de las víctimas.” Y viene, desde luego, la tentación autoritaria: “Todo el mundo dice: ‘Bueno, hasta que hay alguien que pone orden.’”

No es que no tengan parte de razón quienes desde la izquierda o la derecha afirman que las instituciones no funcionan y condenan su corrupción e ineficacia. Al contrario, justo porque ponen el dedo en la llaga sus posiciones tienen altas probabilidades de reclutar partidarios, abonando en esa medida el temido estallido social (en el que podrían participar no sólo segmentos desfavorecidos, sino también privilegiados, tal vez confrontándose unos con otros). Paradójicamente, los titulares de la institucionalidad que, por tanto, debieran defenderla, abonan de forma indirecta al extremismo con sus irresponsables decisiones y omisiones, su corrupción y arbitrariedad, su torpeza e ineficacia, su constante agandaye. Hace más daño “mandar al diablo a las instituciones” desde adentro que desde afuera de ellas, pues lo primero propicia lo segundo y le da justificación.

Wild

2009-11-17T14:05:00.000-06:00

FEDERICO REYES HEROLES

De entrada hay un problema. La traducción no es del todo precisa. Wild y wilderness remiten a un estado primigenio, intocado, salvaje. Pero en español lo salvaje advierte del peligro, señala un ámbito que pertenece a las bestias, a lo brutal de lo cual nos queremos alejar. Nadie debe santificar a las bestias. Quizá por ello se ha recurrido a la expresión tierras silvestres. Pero eso que en español pudiera provocar temor en inglés merece reverencia. ¿Cuándo surgió el movimiento? ¿Quién es el autor intelectual del concepto? Difícil rastrarlo, aunque por supuesto están los pioneros naturales con frecuencia pertenecientes a etnias y comunidades con vínculos tan estrechos a sus tierras que simplemente no pueden imaginar su vida sin ese referente, lo wild.

Caminamos al filo del abismo. Para muchas etnias ese estado de la naturaleza intocada, sin mancha o mácula provocada por la presencia humana, siempre trasformadora y casi siempre destructora, ese estado inicial es algo sagrado. Quien lo altera atenta contra las divinidades. El peligro de esta ruta es que se puede caer en una versión religiosa de lo wild. Al final del día toda religión se sustenta en dogmas y el dogma es la negación de la razón. Pero entonces, cómo explicar racionalmente que el ser humano debe mantener intocados vastos territorios que en realidad son pequeñas esquinas de una vida que hoy está arrinconada y a punto de desaparecer. La aproximación debe ser secular, no puede exigir la filiación a ningún dogma. La premisa es sencilla: debemos conservar intactas zonas de nuestro único planeta, zonas en las que el ser humano debe respetar la flora, la fauna, el entorno.

Alguien podría pensar que se trata de conservacionismo, de esa afortunada corriente de pensamiento que ha logrado sacudir al mundo mostrando los horrores de la destrucción y las terribles consecuencias de la pérdida de biomasa y biodiversidad. Pero no, para los defensores de lo wild el conservacionismo sigue pensando a la naturaleza en función de su propio beneficio. Si perdemos biodiversidad cancelamos pistas de investigación genética que nos pueden llevar a nuevos medicamentos por ejemplo. Todo eso está muy bien, pero hay algo más y no tiene que ver con un frío cálculo de las repercusiones de nuestro infinito afán destructivo. Lo wild merece otra lectura, una en la cual el contenido es más cercano a los principios y la vida espiritual. Como punto de partida hay que aceptar que esa vida no nos pertenece. Es al revés, nosotros pertenecemos a ella aunque por momentos lo olvidemos.

Acercarse a la wilderness es entonces un acto de búsqueda y no de conservación de una reserva que nos interesa preservar por lo que de ella desconocemos. Todo defensor de lo wild es un conservacionista por principio, pero la invitación busca que el conservacionismo asuma lo wild como parte esencial de su trabajo. La vida que está en esos territorios nos abre la puerta a nuestros propios orígenes. Si desaparece nosotros desaparecemos con ella. Nuestra identidad original proviene de esa condición. Destruirla es, en algún sentido, destruirnos. Es tanto como destruir los cimientos o mejor aún los planos de la edificación cultural que llamamos civilización. Pero ahí sólo comienza el argumento de lo wild como parte esencial de nuestras vidas, hay mucho más. Qué decir de la estética, sí porque eso que para algunos colinda con la brutalidad tiene una estética propia e infinita.

Estos son los trazos de una discusión en curso que lleva décadas y que formalmente se plasma en un movimiento internacional de defensa de lo wild, de la vida silvestre. Jirafas, jaguares, hipopótamos, quetzales, osos blancos, lobos mexicanos o bisontes, lo que sea, son el bello desfile de las expresiones más visibles de ese mundo. Pero el movimiento wild agrega en ese desfile a una especie más, el ser humano. Si acabamos con los otros acabamos con nosotros mismos.

En días pasados México tuvo el privilegio de ser el escenario de la novena edición del Congreso Mundial de Tierras Silvestres. Privilegio pero también responsabilidad porque nuestro País tiene, en lo que a biodiversidad se trata, un enorme banco genético qué cuidar. José Sarukhán, Exequiel Ezcurra y muchos científicos mexicanos han entregado su vida a esa causa. El espíritu y la fibra de la reunión corrieron a cargo de ese gran fotógrafo y conservacionista que es Patricio Robles Gil. Wild 9 llegó a refrendar un compromiso que se plasmó en acuerdos. Las autoridades, incluido el propio presidente Calderón, signaron de manera simbólica la causa. Las áreas naturales protegidas son un excelente punto de partida. Pero ahora viene el reto mayor, como lo señalara José Sarukhán: sin cambio de hábitos se logrará poco. Si queremos estar en la vanguardia lo primero que deberemos cambiar es la actitud de los mexicanos hacia el entorno. En nosotros está el problema y la solución. Bienvenido el espíritu wild.