SERGIO MUÑOZ BATA
Dice el canon que en una sociedad democrática, la política exterior debe ser extensión y reflejo de la política interna. A menudo, sin embargo, el llamado ''interés nacional'' se enreda en contradicciones que enturbian el panorama doméstico y entorpecen el entendimiento en las relaciones internacionales.
Tal es el caso de la reciente aprobación en el Congreso estadounidense de una ley que debe conducir a la construcción de un muro que cubriría la tercera parte de la frontera que comparte con México. Lamentablemente, pocos en ese cuerpo legislativo se han percatado de que el muro es una afrenta para los mexicanos, contradice la profundidad de la integración económica entre ambos países y enfatiza su brutal separación política.
Hacia el interior del país, la ley es también desafortunada porque en vez de resolver el problema central del actual sistema migratorio lo agrava. Da un falso sentido de seguridad porque no blinda al país contra un ataque terrorista y desalienta la imprescindible cooperación con el vecino del sur.
La amenaza terrorista y la presencia ilegal de millones de personas en el país demandan que las autoridades intenten retomar el control de las fronteras. Pero el complejo fenómeno de la migración exige considerar su dimensión laboral. La competitividad en ciertos sectores de la economía necesita de la mano de obra barata que el inmigrante ofrece y obliga a incluir en la reforma del sistema migratorio un programa de trabajadores huéspedes; programas de inversión intensiva en las regiones expulsoras de mano de obra, y un plan racional para integrar a los 12 millones de indocumentados que por razones de logística no pueden ser deportados a sus países de origen.
Desafortunadamente, los congresistas norteamericanos, temerosos de verse retratados por sus oponentes en la elección de noviembre como débiles en seguridad nacional, optaron por la propuesta que ofende a los vecinos y deja pendientes los problemas de un sistema migratorio desvencijado e inoperante.
Lo más deleznable es que la nueva ley responde sólo a los intereses inmediatos de congresistas que cegados por la ambición electorera se niegan a considerar las consecuencias de una política exterior sustentada en muros y barreras. Esta nueva ley se aprueba justo cuando el proteccionismo norteamericano toma auge y amenaza con descarrilar el único proyecto de política exterior en el que la administración de George W. Bush ha logrado importantes avances: los tratados de libre comercio con países de la región.
Hace unos meses, los proteccionistas demócratas y republicanos casi impiden la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Hoy, esos mismos mantienen incierto el futuro de los tratados de libre comercio con Perú y Colombia. Dentro de tres meses se vence el acuerdo de preferencias arancelarias al comercio entre Estados Unidos y Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú (TPDEA por sus siglas en inglés) y todo indica que no habrá una nueva extensión temporal. La suspensión del acuerdo tendría repercusiones indeseables en los cuatro países andinos, pero en el caso de Bolivia sería catastrófico.
La administración de George W. Bush no puede quedarse cruzada de brazos mientras el Congreso se ensaña con países que han sido sus mejores aliados en un hemisferio cada día más hostil hacia Estados Unidos, y con otros cuya complicada situación política y económica demanda la generosidad del país más rico del mundo.
