País de privilegios

Denise Dresser

No logramos crecer a la velocidad que podríamos y deberíamos. No logramos avanzar al ritmo que deseamos y necesitamos. Y la culpa no es la cultura o la historia o el destino o la mala suerte. Tiene que ver con lo que hemos hecho y dejado de hacer. Con decisiones y omisiones y postergaciones internas. Como argumenta Carlos Elizondo en su nuevo libro Por eso estamos como estamos: la economía política de un crecimiento mediocre, el problema central se encuentra en nuestros persistentes "centros de veto"; en la capacidad reiterada de ciertos grupos para frenar políticas públicas en favor del interés público. Y ante ellos se erige una sociedad débil y un Estado capturado, incapaces de desmantelar la red de privilegios que ahora estrangula al país.

Muchos pensábamos que la transición democrática traería consigo una oleada reformista encaminada a ese fin: contener, regular, nivelar, competir, crecer. Pero la dispersión del poder que las urnas generó; el descrédito de las reformas modernizadoras que Carlos Salinas mal instrumentó; la poca claridad y capacidad con la cual el PAN hizo uso del poder que ganó; la permanencia del corporativismo cuyo margen de maniobra creció; la conversión del PRD y del PRI en herederos del "nacionalismo revolucionario" en lugar de sus sepultadores. Esa combinación tóxica explica la parálisis que nos define. Muchos tienen interés en mantener el status quo prevaleciente; nadie tiene la fuerza suficiente para cambiarlo. Muchos siguen siendo beneficiarios del país tal y como está, pocos tienen incentivos para construir una nueva coalición que cambie el estado de las cosas.

Allí están los sindicatos rapaces del sector público. Los empresarios atrincherados en sectores monopólicos. Las organizaciones campesinas aprovechándose de Procampo. La burocracia obesa e improductiva apoltronada en el sector público. Actores dominantes que se comportan conforme a la lógica corporativa del pasado y así sabotean el futuro. Acostumbrados a defender privilegios en lugar de acumular méritos; acostumbrados a extraer rentas -cobros excesivos por sus bienes y servicios- en lugar de competir para disminuirlas. Y todos ellos protegidos por los partidos políticos que defienden su propio feudo, su propio monopolio, su propia carretada de dinero público. Cómplices de la mediocridad, artífices del anquilosamiento, arquitectos del México de más de lo mismo.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a que esto sea así. La normalidad anormal. La disfuncionalidad aceptada. Pensamos que los privilegios desmedidos y las rentas extraídas son una parte incambiable de nuestra identidad nacional. No comprendemos que el arraigo de la lógica clientelar en México es mucho mayor que en otros países y razón definitoria de nuestro rezago. Importa más el derecho del sindicalizado que del ciudadano común y corriente. Importa más defender el arreglo político con Elba Esther Gordillo que educar mejor a los niños de México. Importa más seguir ordeñando a Pemex para financiar las clientelas de los gobernadores que obligarla a ser una empresa moderna, competitiva, productiva, eficiente. En vez de regular, el Estado claudica; en vez de promover la competencia, el Estado la inhibe; en vez de promover los intereses generales, el Estado acaba siendo rehén de los intereses particulares.

Y ésta es una situación inaceptable. Deja a México fuera de la pertenencia al BRIC -Brasil, Rusia, India, China- y al margen de los países en desarrollo con gran tamaño y enorme potencial. Condena a los mexicanos a vivir en un país pobre, rezagado, inseguro. Nos vuelve incapaces de promover la inversión, la competencia, la igualdad de oportunidades y el mérito como forma de ir ascendiendo el escalafón social. Lleva a salidas falsas y a propuestas contraproducentes como la idea -apoyada por Enrique Peña Nieto- de fomentar la sobrerrepresentación del partido mayoritario, para, ahora sí, aprobar "las reformas que el país necesita". Pero como argumenta Carlos Elizondo, el poder unificado tampoco es la panacea. En el pasado el PRI lo tuvo; manejó la economía de forma centralizada, sin contrapesos y desde Los Pinos. Basta con recordar las crisis sucesivas y las devaluaciones destructivas para entender las implicaciones de esa forma fatídica de administrar la política pública. Como dijera famosamente Gabriel Zaid: "Así fue y así nos fue".

Insistimos tercamente en ser un país excepcional y único en tantas cosas. Excepcional en cuanto a la permanencia de tantos privilegios en tan pocas manos. Único en cuanto a la anuencia social ante ello. De allí que la verdadera solución no se halla tan sólo en la instrumentación de reformas institucionales desde arriba. Tiene que ver también con la creación de un contexto de exigencia desde abajo. Con el surgimiento de ciudadanos que asumen derechos exigibles y no simples concesiones o dádivas del gobierno. Con partidos políticos que -de cara al 2012- contesten la siguiente pregunta: ¿Quieren continuar con un país basado en privilegios o transformarlo para que dejemos de estar como estamos?

¿Quién es un ciudadano?

Juan E. Pardinas

La respuesta más antigua a la pregunta del título sería: el habitante de una ciudad. Sin embargo, una respuesta más moderna afirmaría que ser ciudadano no implica una procedencia geográfica, sino el ejercicio de un conjunto de capacidades y herramientas que la ley define como derechos. La ciudadanía nació como un privilegio. Sólo un grupo reducido de individuos podía portar su caja de herramientas jurídicas que los protegía de los abusos de la autoridad y les permitía participar en la toma de decisiones colectivas.

En la Inglaterra del siglo XVII, sólo los propietarios de tierra, del sexo masculino, de piel blanca se podían plantar frente a la urna y emitir su voto para elegir a un miembro del parlamento. Al paso de las generaciones y los siglos, la noción de igualdad republicana empezó a democratizar el paquete de utensilios jurídicos que define a la ciudadanía. En la norma, los varones sin tierra ganaron derechos equivalentes a sus pares latifundistas. La religión, la pigmentación de la piel, el analfabetismo o el sexo dejaron de ser una barrera para determinar la respuesta de quién es un ciudadano. Es curioso que los mexicanos utilizamos con frecuencia la frase "no estamos en Suiza" para ilustrar que nuestro país tiene mucho camino por recorrer para acceder a niveles superiores de modernidad y civilización. Las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1947, mientras que las suizas no pudieron sufragar en elecciones federales hasta 1971.

La noción de ciudadanía que tenemos hoy es muy distinta a la que tenían nuestros antepasados. Es probable que en unas décadas el concepto también sea distinto. Esa evolución dependerá de que las personas accedamos a herramientas y derechos que hoy no podemos concebir o ejercer a plenitud. En 20 siglos el martillo evolucionó muy poco, pero el taladro es una invención que apantalló a nuestros abuelos.

¿Cuáles serán los derechos que determinarán el concepto de ciudadanía en el siglo XXI? Sospecho y anhelo que la rendición de cuentas y la transparencia de información que tendremos mañana será mucho más vasta que la que tenemos hoy. En el futuro, la rendición de cuentas no sólo aplicará para el presidente de la República y los secretarios de Estado sino también para el médico que te operó de las anginas y el carnicero que te vendió un filete con clembuterol.

El martes pasado, la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, anunció el lanzamiento de una iniciativa internacional para promover gobiernos más transparentes y ciudadanos mejor informados (http://www.opengovpartnership.org). El Comité Directivo de esta iniciativa está formado por representantes de ocho países y nueve organizaciones sociales, entre las que participa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Con la interacción de la sociedad civil y el gobierno, cada país buscará mejorar la rendición de cuentas no sólo de los presupuestos, sino también del impacto y la calidad de los servicios públicos.

Gracias al trabajo del IFAI, México es considerado un campeón internacional en temas de transparencia. Sin embargo, esos laureles se marchitarán pronto si no nos ponemos las pilas. Brasil trae un programa para divulgar los pagos con tarjeta de crédito realizados por servidores públicos. Indonesia tiene un sistema para detallar los costos y tiempos de construcción
de cada una de las decenas de miles de casas que fueron edificadas después del tsunami del 2004. Gran Bretaña difundirá el desempeño de los servicios públicos, desde la puntualidad de un tren hasta la tasa de mortalidad de un hospital.

Aún es temprano para juzgar el nivel de compromiso y voluntad política que cada país pondrá detrás de la iniciativa a favor de gobiernos abiertos. Sin embargo, el proyecto está basado en una premisa de optimismo con fundamento histórico: la idea de ciudadanía no es un concepto estático. A tu caja de herramientas todavía le queda espacio para un desarmador de opacidades y una cinta métrica de resultados.

¿Regresión?

María Amparo Casar

Las elecciones del Estado de México con su impresionante volumen de votación para el PRI (65%) han provocado una corriente de opinión y un discurso político de parte de sus adversarios que no tiene ni sustento político ni eficacia práctica. A algunos puede disgustar la idea de que el PRI vuelva a la Presidencia en el 2012, a otros nos gusta más la pluralidad, pero hablar de regresión, restauración o incluso de involución política es simplemente un absurdo. Si el PRI regresa a Los Pinos, será porque el electorado así lo decida en las urnas. Si el PRI gana la Presidencia, no habrá restauración, pues no podrá gobernar en las condiciones en las que lo hizo durante 70 años. Además, si lo que se quiere es impedir su retorno, el discurso de la regresión, está visto, no tiene el potencial para movilizar a los electores.

Desde que en 2006 sufrió su peor descalabro electoral (22% de la votación) el PRI ha tenido más triunfos que derrotas. Explicar el éxito electoral por la operación de las maquinarias de los gobernadores o por pura corrupción electoral, principalmente por el mal uso de recursos públicos, no alcanza. Apelar al expediente de la "elección de Estado" cada vez que gana el PRI es un recurso desesperado e ineficaz.

Sin ser el partido en el gobierno, en las elecciones intermedias pasó de ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados a ser la primera minoría. Elevó su votación de 27% en 2006 a 37% en 2009 y su número de legisladores de 104 a 238. ¿Hubo aquí una elección de Estado? Lo dudo. Durante este sexenio en las elecciones locales a pesar de sus tres grandes derrotas (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) ha tenido más triunfos que fracasos: Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. A ellas se unen ahora: Nayarit, Coahuila y el Estado de México.

Esta última entidad fue una de las pocas entidades tripartidistas del país. Sus principales municipios fueron gobernados por el PAN y el PRD y al correr del tiempo los perdieron por un mal desempeño. El PAN pasó de gobernar 23 municipios en 2003 a 12 en el 2009 y el PRD de 22 a 9. Algo habrán hecho mal. En cambio el PRI pasó de 67 a 97. La cámara de diputados local que en 2003 se dividía a tercios hoy es mayoritariamente priista con 40 de 75 diputados. Algo habrán hecho bien.

Hoy la preferencia electoral del PRI alcanza a nivel nacional un 36% y si le ponemos candidato -Peña Nieto- un 47%. Hoy el partido menos rechazado es el PRI. Algo hizo bien el PRI cuando en el 2006 era rechazado por el 36% de los electores y en la última medición es el partido mejor evaluado: 38% expresa una buena opinión (Consulta Mitofsky, junio 2011). ¿Hay aquí una elección de Estado? ¿No cabe la posibilidad de que los electores se hayan decepcionado de los gobiernos del PAN y PRD; no cabe la posibilidad de que el PRI con todos sus defectos haya hecho mejor las cosas?

No me hago la ilusión de que las elecciones en México son un ejemplo de equidad y legalidad. Pero la triste realidad es que en materia de ilegalidad, particularmente del uso de recursos públicos, la cancha ha sido pareja. Cada partido ha sido acusado, con pruebas, de movilizar recursos de manera ilegal en los procesos electorales locales. Otra cosa es que, como con los delitos del orden común, los electorales también queden impunes en un 98%. Si los gobernadores priistas han movilizado una cantidad nada despreciable de recursos públicos a favor de sus candidatos, si sus autoridades electas y funcionarios públicos han hecho proselitismo fuera de la ley, si han adelantado los tiempos de campaña y han contravenido las normas en materia de compra de espacios en los medios electrónicos, lo mismo han hecho los gobiernos del PAN y del PRD. Ahí estuvo el gobierno del DF ayudando al candidato perredista en Guerrero. Ahí Peña Nieto en todos los estados en los que ha habido elecciones. Ahí el gobierno federal en las elecciones de Oaxaca, Sinaloa y Puebla. El cochinero es parejo. Quizá la diferencia es de grado: a mayores recursos, mayor cochinero. En ocasiones ese uso ilegal de recursos ha sido remontado y la oposición ha derrotado al partido en el gobierno. En otras, las maquinarias de los estados han resultado invencibles.

Al final, dadas las prácticas ilegales que caracterizan a todos los partidos, Peña Nieto tiene razón aunque en su explicación se le haya olvidado la ayudadita que le dio a Eruviel: el triunfo en el Estado de México lo explica el trinomio buen gobierno, organización del partido y buen candidato.

Al final y aunque es cierto que nada está escrito de cara al 2012, el PRI está escribiendo un mejor script o al menos un script más convincente ante el electorado que el resto de los partidos. Más les vale reconocerlo y diseñar, a partir de ese reconocimiento, una estrategia competitiva.

¿Y el vaso?

Denise Dresser

El vaso está medio lleno, asegura Ernesto Cordero. El vaso está medio vacío, le responden sus críticos. México dejó de ser un país pobre, argumenta el secretario de Hacienda y precandidato presidencial. México todavía lo es, le contestan quienes quieren sabotearlo. Cifras van, cifras vienen y no queda claro cuál es la descripción correcta, el diagnóstico adecuado, el posicionamiento que mejor refleja la realidad. ¿Debe el país celebrar su condición clasemediera o lamentar que 50 millones de pobres no la comparten? ¿Debe México congratularse por los pasos que ha dado -durante la última década- en favor de las clases medias y su consolidación o denunciar que han sido demasiado pequeños? El problema con el debate reciente es que desvía la discusión de donde debería estar. Centra la disputa en la cantidad de líquido que contiene el vaso mexicano, en vez de cómo convertirlo en jaibol, en copa. En cómo hacerlo crecer.

De manera torpe, de forma insensible, de modo cuestionable, Ernesto Cordero ha tratado de articular algo importante: la sociedad mexicana está cambiando y las clases medias están avanzando. Una persona es de clase media cuando tiene una mínima independencia económica, aunque sea precaria. El término incluye a profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, académicos, todos los cuales cuentan con un ingreso familiar suficiente para no preocuparse por su sobrevivencia. Es probable que el porcentaje de la población total que alcance ese nivel hoy llegue a casi 60%.

En su libro Clasemediero, Luis de La Calle y Luis Rubio argumentan que, más allá del ingreso, ser de clase media entraña una actitud, y un número creciente de mexicanos la comparte. En los últimos años los clasemedieros lograron comprar una casa; tienen tarjetas de crédito aunque cercanas al tope; entienden que el futuro de sus hijos depende de saber usar una computadora y hablar inglés; cuentan con automóvil y aspiran a elevar su nivel de consumo de manera sistemática. En México -gracias a la estabilidad macroeconómica- hay un segmento creciente de la población que ya no es pobre, va al cine, sale de vacaciones, compra diversos bienes. Se siente de clase media y quiere proteger ese status. Ya no insiste en la redistribución de la riqueza sino en su acumulación. Según Ernesto Cordero, estas son señales de que el país está cambiando en la dirección deseable. Luego entonces, la población debe mantener al PAN en Los Pinos, dado el impacto positivo de 10 años de estabilidad panista vs. décadas de inestabilidad priista.

Para los que ven el vaso medio vacío, la defensa corderista de sus logros es mentirosa, electorera, deshonesta. Señalan que de todos los países latinoamericanos de ingreso medio alto -incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica- México tiene el peor indicador de pobreza. Que 47% de los mexicanos, o sea 50 millones 290 mil personas, viven en pobreza y 21 millones 400 mil personas apenas subsisten. Que según cifras del Coneval, el número de pobres aumentó en casi 5.9 millones en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón. Durante el sexenio de Vicente Fox la pobreza alimentaria cayó casi 14 por ciento para dispararse después en 2007. La política social no combate la pobreza, la administra, dicen personajes priistas como Francisco Rojas. En México algunos caminan hacia adelante mientras muchos permanecen estancados, afirman prominentes líderes del PRI. "Debe haber un reparto equitativo de la riqueza", declara Enrique Peña Nieto, mientras se niega a debatir sobre el modelo económico prevaleciente y cómo lo cambiaría.

El PAN intenta aplaudir lo que ha logrado, mientras el PRI abuchea. El PRI rechaza la responsabilidad que tuvo en meter a México en un hoyo -durante los ochenta y noventa- mientras el PAN no ha hecho lo suficiente para sacar a millones de mexicanos de allí. El asunto es que entre acusaciones y descalificaciones el meollo del problema permanece archivado, guardado, ignorado. La falta de crecimiento económico sostenido. La ausencia de una marea que alce todos los barcos, incluyendo los de tantos que sobreviven con apenas 20 pesos al día. Aunque este año la economía se expanda, el Producto Interno Bruto ha crecido en un promedio anual de sólo 1.6 por ciento en los primeros cinco años del sexenio, y 1.5 por ciento promedio anual en la última década. Cifras que explican por qué la clase media crece pero muy lentamente. Cifras que revelan por qué los pobres no dejan de serlo.

La raíz del problema es que los planteamientos -tanto de un bando como del otro- no entienden lo que la ausencia de crecimiento significa para una sociedad. Como explica Benjamin Friedman en The Moral Consequences of Economic Growth, el crecimiento promueve más oportunidad, más movilidad, más compromiso con la equidad, más dedicación a la democracia. Sin crecimiento económico del tipo que están experimentando países como India y China, México construye "clasemedieros" pero no a la velocidad que podría y debería. Llena el vaso, gota a gota, pero sigue tolerando que sea de tamaño tequilero

No, no es 'normal'

Denise Dresser

Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.

Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.

Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.

Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.

Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priista que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".

Incentivos e informales

Juan E. Pardinas

Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.

Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.

Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.

Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.

A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.

La buena nueva

José Woldenberg

Oigo a varios políticos con mala conciencia, tartamudez lógica y aceitados resortes demagógicos hablar de lo que será una gran novedad entre nosotros: "tendremos, por fin, candidatos ciudadanos". Tres recomendaciones no solicitadas. 1) No tengan mala conciencia: ustedes también son ciudadanos. 2) Recuerden sus clases de lógica: "Todos los mexicanos somos humanos. No todos los humanos son mexicanos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Humanos. -Entre los humanos unos somos mexicanos y otros argentinos, franceses, chinos y sígale usted. Ahora bien: "Todos los políticos son ciudadanos. No todos los ciudadanos son políticos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Ciudadanos. -Entre los ciudadanos hay quienes son políticos, mientras otros manejan taxis, hacen tortas o se dedican al baile. 3) Si las recomendaciones anteriores tienen algún sentido, entonces, por favor, eviten la demagogia. Creo que no es mucho pedir.

Los legisladores, con buen tino, evitaron hablar de candidaturas ciudadanas porque sabían que todas lo son. Prefirieron acuñar el término candidaturas independientes. Un vocablo no sólo más parco, sino empatado con la lógica. ¿Independientes de quién o de qué? Con claridad respondieron: independientes de los partidos políticos existentes. Distintos, diferentes, separados de ellos.

De ahora en adelante (si la Cámara de Diputados así lo aprueba y la mitad más uno de los congresos locales también), tendremos candidatos independientes de los partidos a las presidencias municipales, a los congresos locales y federal, a las gubernaturas y a la Presidencia. Ojalá la medida sirva para incorporar a muchos ciudadanos a la lucha electoral, a la disputa por los cargos electivos, a los puestos de representación.

Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en qué se convertirán esos ciudadanos cuando puedan registrarse como candidatos?, es decir, ¿cuando aparezcan en la boleta para ocupar distintos cargos de elección popular? Y la respuesta es automática, clara, incontrovertible, si a uno no lo nubla la densa bruma de la retórica: en políticos. En ese momento el manto ciudadano -que con tan buenos oropeles irradia prestigio y que a todos nos arropa o debería arropar- deberá abrirse un poco para aceptar -espero- que nuevos ciudadanos han arribado a la política. Lo cual -insisto- no está nada mal.

Ahora bien, ¿ese o esos ciudadanos-políticos se presentarán a las elecciones solos, de uno en uno, sin base de apoyo, sin equipo de trabajo, serán una especie de predicadores solitarios anunciando una buena nueva? Imagino que no. Que en buena lid armarán su base de apoyo, su equipo de trabajo, su infraestructura material, se dotarán de algún discurso, postularán cierto diagnóstico de los males del país y sus posibles soluciones, etcétera. Y entonces ¿qué cree usted? Estaremos ante un nuevo partido político. No importa cómo se autodenomine: club, movimiento, grupo, asociación. Será, a querer o no, un partido. Pequeño (municipal o distrital), muy pequeño (distrital o municipal), mediano (estatal), grande o muy grande (nacional), pero partido al fin. Podrá ser efímero (bueno para una sola elección) o permanente, personalista (aglutinado en torno a algún líder) o colegiado, ilustrado o plebeyo, pero partido sin duda alguna.

Y vendrá su reglamentación. Podrá ser más o menos permisiva o restrictiva, pero resultará inescapable. No es casual que en el dictamen aprobado por la Cámara de senadores se diga con todas sus letras que la legislación secundaria debe contemplar temas como: "El respaldo de un número mínimo de ciudadanos... adecuada distribución territorial (de los mismos)... derechos y prerrogativas... financiamiento público... (Acceso a medios)... obligaciones... rendición de cuentas... acceso a la justicia electoral".

En suma, los ciudadanos con ganas de participar en política (cosa buena) podrán postular candidatos independientes de los partidos existentes (perfecto), formando nuevos partidos (muy bien), a los que seguramente se negarán a reconocer como tales por la mala fama de los mismos. Nada más imaginar una campaña clamando "vota por un ciudadano no por un político" (¿se acuerdan del Verde?) es para abatir a cualquiera.

Para decirlo en breve, ahí donde hay elecciones y funcionan los órganos colegiados y representativos (congresos) aparecen los partidos. No son una planta exótica y ni el mejor mago los puede desa- parecer. Son criaturas connaturales a los procesos electivos y a la democracia representativa. Aparecen y se fortalecen al mismo tiempo y no se conocen democracias sólidas, implantadas, durables, sin partidos. Tienen mala fama, causan tirria, generan enojos, pero resultan insustituibles; y los que reniegan de ellos, cuando quieren convertirse en representantes, acaban creando sus propios partidos. No es un asunto que se pueda resolver por la vía nominalista, es decir, cambiándole el nombre a la "cosa". Porque esa "cosa", ya sabemos, es una organización que busca que sus miembros ocupen cargos de gobierno o legislativos.

Bajo la sombra de Maciel

Carmen Aristegui F.

La Iglesia Católica se encuentra sumida en una de las más graves crisis de confianza y credibilidad por las que ha atravesado a lo largo de sus más de 2 mil años de historia. La agobian los escándalos mundiales sobre pederastia clerical, abusos y encubrimientos masivos que han sido exhibidos en los últimos años, a través de denuncias, investigaciones y trabajos periodísticos. La crisis es grave y profunda. El mundo ha conocido de los abusos que, masivamente, se han cometido en contra de menores y seminaristas y ha sabido, también, de las prácticas institucionales de ocultamiento y simulación. La respuesta frente a innumerables testimonios y casos documentados ha sido lenta, tardía e insuficiente. Desprovisto de un mea culpa elemental, el Vaticano arriba a Semana Santa con un as bajo la manga: la beatificación del Papa más mediático y con mayor carisma de los últimos tiempos pero, a la vez, el más polémico y cuestionado por su papel en esta historia. Juan Pablo II será recordado como uno de los grandes protagonistas, por su papel activo en el fin de la Guerra Fría, por su habilidad para convocar a multitudes -mismas que pretende recuperar el Vaticano, a través de la imagen beatificada- y también por combatir, dentro de su Iglesia, las expresiones de la teología de la liberación.

¿Qué tan grave será la crisis que el Vaticano se toma hoy de un clavo ardiente? Benedicto XVI ha dado un paso en falso y ha contravenido el sentido de urgencia, planteado por él mismo a raíz de los escándalos, para "...contrarrestar aquello que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias y que ha oscurecido de tal manera la luz del evangelio, como no lo habían hecho siglos de persecución". ¿El camino para lograr su propósito de reconstituir a la Iglesia es beatificando a su antecesor? Ratzinger ha conocido, como pocos, las conductas escandalosas y criminales de Marcial Maciel. Él sabe cuánto sabía él y cuánto sabía su antecesor. Ambos formaron parte de ese "sistema de relaciones que a Maciel... le permitió ser inatacable durante mucho tiempo". Justo cuando el debate, las investigaciones y la justicia internacional se centran en despejar preguntas sobre quiénes y cuánto sabían acerca de las conductas criminales de sacerdotes, es que Ratzinger decide encaminar, precisamente, a Juan Pablo en la ruta de los altares. ¿Cuánto sabían Ratzinger y Wojtyla sobre lo que ahora son escándalos en serie, de los últimos años? ¿Qué informaciones recibieron sobre lo que ocurría en Malta, Irlanda, Wisconsin, Boston, Bélgica, México o Alemania? ¿Qué tipo de responsabilidad histórica es la que les corresponde?

De entre todos, el del mexicano Marcial Maciel es, tal vez, el que más sombra les hace. Aunque están otros casos documentados, como el del padre Hullerman en Bavaria o el del reverendo Murphy acusado de abusar de 200 niños sordos en Estados Unidos, las principales voces -aun dentro de la Iglesia Católica- utilizan el caso Maciel para manifestar su rechazo a esta beatificación. No hay manera de disociar la imagen de Juan Pablo y, por supuesto, la de Ratzinger de la del fundador y guía de los Legionarios de Cristo. Durante el pontificado de Juan Pablo II se rechazó abrir una investigación sobre las conductas execrables del legionario y sus secuaces, a pesar de las evidencias y acusaciones en su contra. Ratzinger cerró, primero, la puerta a la investigación que se le pedía. Después, en la víspera, y ya siendo Papa, desató un proceso, aún inacabado, en el que reconoció oficialmente la verdad de las acusaciones. Ahora juega, extrañamente, con los símbolos y derivados del caso Maciel. ¿Por qué el Vaticano decidió beatificar a Juan Pablo II exactamente un año después de emitir el histórico comunicado en el que reconocía, por primera vez y en voz alta, las conductas inescrupulosas y delictivas del sacerdote mexicano? ¿Por qué eligió, precisamente, el 1o. de mayo para realizar la ceremonia en la Plaza de San Pedro, cuando fue precisamente ese mismo día, un año antes, cuando decretó esa suerte de defenestración post mortem contra el fundador y guía de los Legionarios de Cristo? ¿Qué pretende el Vaticano con tan singular coincidencia en las fechas? ¿Acaso pretende tapar al demonio Maciel con la figura del beato Juan Pablo II? En cualquier caso, y a pesar de los intentos para liberarse de la figura, la biografía de los dos papas quedará, indefectiblemente, bajo el manto y la sombra de Marcial Maciel.

País maleducado

Denise Dresser

Brechas que dividen. Brechas que separan. Brechas que el sistema educativo no logra remediar. Condenando al país a la mediocridad permanente porque de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, sólo 68 completan la educación básica y sólo 35 terminan la secundaria. Sólo 8.5 por ciento de la población cuenta con una licenciatura. Sólo 3 por ciento de la población indígena completa al menos un año de universidad. Sólo una de cada cinco mujeres indígenas entre la edad de 15 y 24 años sigue estudiando. La educación pública en México es un desastre, ni más ni menos. Y el problema fundamental está en un modelo político y económico que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima del crecimiento económico; que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos; que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de educar niños. Un sistema de cotos reservados y sindicatos apapachados y acuerdos políticos arraigados.

El sistema educativo ha sido parte central de ese modelo disfuncional, con los resultados que el reporte "Brechas" de Mexicanos Primero ilumina dolorosa pero necesariamente. Las desigualdades mayúsculas, las brechas que separan los estratos educativos, las brechas que dividen a México del mundo. La escuela mexicana de nivel básico que funciona como espejo de las divisiones sociales pero no como propulsor para trascenderlas. El hecho de que la inequidad en la distribución del aprendizaje está relacionada con las desigualdades socioeconómicas. Y ante ello la complacencia de tantos. La costumbre de ver las brechas como algo normal e imbatible.

Brechas que explican por qué en México tantos viven con la mano extendida. Con la palma abierta. Esperando la próxima dádiva del próximo político. Esperando la próxima entrega de lo que Octavio Paz llamó "el ogro filantrópico". El cheque o el contrato o la camiseta o el vale o la torta o la licuadora o la pensión o el puesto. La generosidad del Estado clientelar que produce personas acostumbradas a recibir en vez de participar. Personas acostumbradas a callar en vez de exigir. Clientes apáticos y conformistas en vez de ciudadanos competitivos y exigentes. Educados tres, cuatro, o cinco años menos que los habitantes de países con los cuales México tiene que competir.

Porque el sistema educativo no está pensado para garantizar la movilidad social. En México, nacer en la pobreza significa -en la mayor parte de los casos- morir en ella. Y eso se debe a nuestros pobres resultados educativos. Se debe a nuestra apuesta histórica a la plata, al oro, al cobre, al petróleo, al gas, a las playas, a los bosques. México le apuesta a los recursos naturales y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello. Construye un país de hombres ricos y empleados pobres; de líderes sindicales privilegiados y miles de maestros mal pagados. Lo que no hemos logrado entender aún es que la única apuesta que verdaderamente cuenta es la apuesta a la gente, al capital humano, a aquello que es genuinamente renovable y multiplicador.

Al contrario, hemos creado un sistema de clientelas en todos los ámbitos. Un sistema de élites políticas y económicas acaudaladas, amuralladas, asustadas ante los pobres a quienes no han querido -en realidad- educar. Porque no quieren franquear la brecha que tanto los beneficia. Porque no tienen los incentivos para hacerlo. Allí están los choferes y los obreros y los maestros y las empleadas domésticas y los jardineros mal pagados. Los que asisten a la escuela por turnos y dejan de hacerlo porque no parece importante. Sin primaria terminada, sin secundaria acabada, sin una carrera profesional para hacerlos productivos, competitivos, ciudadanos de México y del mundo.

La razón del rezago se encuentra en el binomio SEP / SNTE. En un modelo magisterial que ya ofrece poco margen para seguir siendo viable. En la creciente subordinación de Alonso Lujambio a los dictados de "La Maestra", porque quiere llevar la fiesta en paz y asegurar su candidatura presidencial. En la persistencia de prácticas claramente ilegales como los cobros de maestros en dos entidades federativas, las secretarias con plazas de maestros, los "prestanombres" que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas, y la colonización de dependencias por "comisionados" que obstaculizan cualquier cambio de fondo.

El estado de la educación en un país avisora cómo será en 30 años. Ante lo que ello implica ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de nuestro sistema educativo. Seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos. Seguir resignándonos a escuelas pobres para pobres, canalizadoras de ciudadanos de segunda. Seguir ignorando que la brecha en educación se traduce en brechas de desarrollo, en brechas de derechos, en brechas que condenan a una niña indígena a la marginación, cuando se merece lo mismo que queremos para nuestras propias hijas.

¿Somos idiotas?

Denise Dresser

El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad "yo no me meto en la política". Así describe Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y protecciones por parte del Estado -incluyendo espectáculos y diversión- pero no participan o exigen eficacia. Y el Estado mexicano, sólo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como "feligreses" en vez de ciudadanos. A quienes ofrece los beneficios de pertenencia a una iglesia o a un club, donde se antepone la devoción a una secta y se sacrifican de manera rutinaria los derechos democráticos. A quienes mediante segundos pisos y dádivas diarias y piscinas instaladas sobre el Paseo de la Reforma vuelven a los mexicanos adictos al populismo.

Adictos a pensar que el mejor político es el que más obra política construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a la simplificación de la complejidad mediante la cual un partido ofrece "vales para medicinas", la eliminación de la tenencia unos días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, la disminución del IVA, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo siempre nos ha acompañado, pero hoy en día parece aún más en boga. El PRI tiene a Enrique Peña Nieto, el PRD/PT/Convergencia a Andrés Manuel Obrador y a Marcelo Ebrard, el PAN a Felipe Calderón quien suele caer en la tentación populista en cada Informe de Gobierno o antes de cualquier contienda electoral.

Y no es difícil entender por qué recurren al populismo como instrumento para gobernar. El populismo hace que todo sea tan simple, tan claro, "haiga sido como haiga sido". Divide al mundo en "fanáticos" o "gente decente que trabaja y lleva a sus hijos a la escuela". Clasifica a los mexicanos en los puros y los que generan "asquito". Separa a México en el "pueblo bueno" y "la mafia que se ha adueñado del país". Algo tan complejo como la crisis post-electoral del 2006 se atribuye al odio y al rencor generado por López Obrador. Algo tan complicado como las razones detrás de nuestro crónico subdesempeño económico se atribuye a "el pillaje neoliberal". Cada bando busca organizar sus odios, generar sus propios adictos, dividir conforme a sus principios impolutos. Peor aún, el populismo absuelve a los ciudadanos de la responsabilidad para encarar los problemas del país.

Como señala Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del populismo va acompañado del vicio del paternalismo. El vicio de los gobiernos y las autoridades públicas de empeñarse en salvar a los ciudadanos del peligro que representan para sí mismos. Los políticos mexicanos de todas las estirpes se ofrecen solícitamente para dispensar a los ciudadanos de la pesada carga de su autonomía. Su lema es "Yo te guiaré: confía en mí y te daré lo que quieres". Un desfile multimillonario para festejar el Bicentenario: allí está. Una pista de hielo en el Zócalo: allí viene. Pena de muerte para los secuestradores; el Partido Verde apoya la iniciativa. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios aunque sea de forma autoritaria: allí está Carlos Salinas, otra vez. Una popular novia actriz de telenovelas: aparece en cada "spot" de Peña Nieto. México carga con uno de los mayores peligros de las democracias: una casta de "especialistas en mandar" que se convierten en eternos candidatos. En cada elección asistimos -y contribuimos- al reciclaje de pillos.

Y el problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés del resto de los ciudadanos, que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque logran erigirse en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. El populismo ya sea de derecha o de izquierda sobrevive porque no hemos alcanzado la educación que premie la disidencia individual sobre la unanimidad colectiva. Que recompense el mérito en lugar del compadrazgo. Que nutra nuestra capacidad de luchar contra lo peor para que venga lo mejor. Que construya ciudadanos autónomos, libres, de carne y hueso. Que institucionalice la desconfianza en los líderes y la vigilancia sobre ellos por diferentes medios.

Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 66 por ciento de los mexicanos piensa que "personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el gobierno hace". Si eso no cambia, México seguirá siendo un terreno fértil para quienes quieren mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, ajenos a la política y residentes permanentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por proto-populistas y ciudadanos idiotizados que los celebran.

200 años de paradoja fiscal

El gobierno mexicano tiene recursos abundantes, pero su recaudación es muy escasa

Gabriel Farfán

A lo largo de 200 años México ha construido una paradoja fiscal excepcional: recauda poco pero gasta mucho y no siempre lo hace productivamente. Difícilmente podríamos imaginar el comparar a nuestro gobierno con el de Haití en infraestructura y salarios. Sorprendentemente, ambos recaudan lo mismo (9.5 contra 9.4 por ciento de México, de acuerdo con el tamaño del PIB), pero mientras que Haití recauda poco y gasta poco, México recauda poco y gasta casi el triple (27 por ciento) de lo que recauda. En el marco de la celebración del Bicentenario y del próximo envío por el Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto para 2011 a la Cámara de Diputados, este pequeño dato oculta uno de los hilos conductores más relevantes para entender la dimensión económica, pero sobre todo política y social que tienen las finanzas públicas.

Desde las postrimerías del siglo XVIII hasta los albores del siglo XXI, los recursos económicos que ha tenido el gobierno mexicano no han sido ni son escasos. La Nueva España fue capaz de sostenerse a sí misma, cubrir los déficits españoles y a las colonias americanas (sostuvo casi el 100 por ciento del remanente del gobierno de España –la Junta de Cádiz– cuando había sido invadida por los franceses). Hoy, al dimensionar el tamaño y costo de la burocracia, comparar los salarios de los altos funcionarios con los de otros países y el gasto en educación, es decir, al hacer una revisión rápida de cuánto y cómo gasta nuestro gobierno, se podría concluir que el gobierno tiene recursos abundantes.

La paradoja mexicana se explica por el enorme contraste que hay entre ingresos y gastos. Por un lado la hacienda pública ha estado en quiebra técnica a lo largo de 200 años y por el otro el gobierno nunca ha dejado de funcionar. Más aún, refleja abundancia.

La caricatura de México como un "cuerno de la abundancia" es útil para entender el origen de esta paradoja. El territorio que hoy constituye México tuvo la fortuna de tener una dotación inicial de recursos muy apreciados. Ya fuere por la abundancia de plata en los inicios de su historia, el fuerte endeudamiento durante el Porfiriato, o los ingresos por la exportación de diversas materias primas (henequén, petróleo), las fuentes de recursos bajo control directo o indirecto del gobierno han sido generosas. Esta disponibilidad le ha ahorrado al gobierno el costo de extraer impuestos de los más pobres y los más ricos, evitando que los primeros atenten contra la estabilidad política y social y que los segundos debiliten la economía o intenten tomar directamente el control del Estado.

Si el gobierno mexicano no tuviera fuentes alternas a la contribución de ciudadanos y dependiera de un crecimiento económico robusto, le sería imposible –simultáneamente– hacerse de la vista gorda en el cobro de impuestos, construir redes clientelares y otorgar subsidios y transferencias engañando a la gente con un bienestar falso que prolonga el atraso y desatiende la promoción de una economía y administración virtuosas. El gobierno gasta un 60 por ciento de nuestro dinero en el "tema social" y es pobre la promoción económica y administrativa.

El resultado final de 200 años del uso de paliativos para cubrir el faltante es obvio: ha sido imposible convencer de las virtudes que traería una reforma fiscal a los "ciudadanos imaginarios" del siglo XIX, a los "ciudadanos simulados" del siglo XX y a los "ciudadanos anulados" del XXI.

La experiencia acumulada por gobiernos que presentan condiciones similares a las de México no debe seguir pasándose por alto, en particular por nuestros irresponsables gobernantes. Aquellos que dependen del usufructo de un recurso natural y que cierran o dificultan la posibilidad de que los ciudadanos y empresas contribuyan financieramente al funcionamiento y objetivos que persigue el gobierno jamás tendrán finanzas sanas y la calidad de su sector público será mediocre, ¿suena familiar?

Sustituyendo impuestos con distintas fuentes no sólo se desmoraliza a aquellos funcionarios que hacen lo posible por recaudar más y gastar mejor. En realidad, ocurre algo mucho más grave: se depreda el patrimonio público (ahí está el agotamiento de nuestras reservas petroleras) y se debilita sistemáticamente el vínculo de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía fomentando un "valemadrismo" generalizado. El gobierno federal, estatal y municipal no se siente obligado a rendir cuentas y aplicar productivamente el gasto porque no depende de las contribuciones de la ciudadanía y al mismo tiempo ésta se "desentiende" una y otra vez de los asuntos públicos. Es el trueque perverso de la excepcionalidad fiscal mexicana: "paguen lo que puedan o quieran de impuestos que mientras yo gobierno tenga maneras de suplir el faltante no me sentiré obligado a usar el dinero como se debe y ustedes ciudadanos tampoco tendrán la autoridad moral ni las energías para exigírmelo".

Esto sólo cesará cuando las finanzas públicas entren, por fin, en una crisis sin precedentes.

El autor es doctor en gobierno y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Del tamaño de su ineptitud

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un Gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos

Enrique Gómez Orozco

Crear un destino turístico de la nada lleva años, ya sea en la playa o en los más desarrollados centros urbanos. Crear en cuatro meses un destino turístico para enseñar historia es casi imposible.

Si además de ello se hace por capricho religioso, el fracaso está garantizado. A menos que se invente una aparición milagrosa de algún santo o virgen, el destino de la Expo Bicentenario de Silao fue pronosticado con mucho tiempo.

En la extrema ignorancia de los funcionarios públicos que gobiernan el estado, se imaginó posible crear una exposición que atrajera la friolera de 12 millones de visitantes en 2010. Así lo anunció pomposamente y con voz engolada el secretario de Gobierno, hace más de dos años. El tipo no sabía que Epcot Center de Disney, en Orlando, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, logra 11 millones con una infraestructura de miles de hectáreas y cientos de hoteles para darle servicio, carreteras de acceso y aeropuertos en Miami, Palm Beach y el propio Orlando, además de Tampa.

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos.

Ignoraba Juan Manuel Oliva y su mandante en la Secretaría de Gobierno, Gerardo Mosqueda, que el asunto era una desproporción. Se los dijimos una y otra vez, se los dijeron los empresarios muchas veces, se los volvemos a repetir. El festejo al pie del Cubilete es una jalada.

¿Para qué enseñar la historia de los lugares sacros de la patria y de Guanajuato en bodegas con aire acondicionado cuando los originales están a 20 kilómetros en la Alhóndiga de Granaditas, o un poco más de camino, en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende?

¿Para qué tirar tanto dinero en cuatro meses cuando se pudo transformar esas entidades con esa suma escandalosa?

Con tal de atraer a visitantes que no vendrían por su propio pie, se contrató a una empresa de espectáculos. Tan metida estaba la susodicha empresa en los aspectos históricos que decidieron traer a Chayanne para la inauguración. Paradoja invitar a un boricua a la primera fiesta, alguien que viene de la última colonia latinoamericana. Después se supo que lo traerán por casualidad, porque tenía otros compromisos en México en las mismas fechas. Todo por atraer despistados fanáticos de la música pop y no ciudadanos interesados en asuntos patrios.

Fanfarronería de ignorantes fanáticos religiosos que incluso llegan a la estulticia de decir que "ahí todo comenzó" cuando la verdad es otra. La cuna es Dolores, ningún otro lugar.

La desfachatez con la que tiran nuestros recursos resulta vergonzosa. ¿Cómo gastarse 47 millones de pesos en una escultura por encargo, asignada entre cuates sin el menor pudor ni sentido de austeridad que debe guardar todo gobierno en medio de la crisis?

Su chabacanería política no tiene medida y aun si la obra pública y la prosperidad económica de la entidad fueran viento en popa, seguiría siendo un despropósito tirar mil 600 millones en cuatro meses en pura fiesta sin sentido.

Sin embargo, las carreteras están detenidas, los municipios no arrancan obras ni mejoran su operación; la competitividad de Guanajuato se desploma y la eficiencia gubernamental está en los últimos lugares del país.

Les vale gorro. Creyeron que el llegar al gobierno les daría la oportunidad de hacer cualquier cantidad de barbaridades sin que nos diéramos cuenta. Y a menos que inventen una aparición como la de Juan Diego, el atractivo de la feria estará en los espectáculos subsidiados de artistas pop, en los fuegos de artificio y, al final de cuentas, en el testimonio mismo de la ineptitud de Juan Manuel Oliva, Gerardo Mosqueda y todos los cortesanos que se llenaron las bolsas de millones con el despilfarro, aplaudiendo la obra y construyendo sin concurso.

El autor es director general del periódico a.m. de León, Guanajuato.

Para tener una gran UNAM

Carlos Elizondo Mayer-Serra

El rector de la UNAM critica sin piedad, desde el modelo de desarrollo, producto de "las lacras de una modernidad mal entendida", hasta la estrategia de combate contra el crimen organizado. Sin embargo, a la UNAM no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.

Hace una semana, en la reunión de rectores de América Latina, pidió más dinero. Hubo quienes no le aplaudieron. El senador Madero declaró: "Es muy importante siempre procurar el mayor número de recursos a la educación en general y a la educación superior en particular, pero también es importante reconocer que se requiere dar resultados, que se requiere rendir cuentas...".

Es una crítica blandita comparada con las del rector. Sin embargo, la respuesta de la UNAM no se hizo esperar: "Con el mayor respeto, se le pide al senador Gustavo Madero que modere sus comentarios o que aporte la información que los sustente. De otra forma, lastima a una comunidad y no contribuye a generar el ambiente de civilidad que se requiere...".

El presupuesto de la UNAM ha crecido de forma vertiginosa. En 2000 tenía 10.5 miles de millones de pesos, este año cuenta con 27 mil millones. En términos reales creció más del 90%. En ese periodo el personal académico creció 19.3% y la población escolar 23.2%. Tuvieron mucho más dinero, pero sólo hicieron un poco más.

La educación superior financiada con recursos públicos es crucial en el desarrollo de un país. Permite ampliar los horizontes de cientos de miles de jóvenes. Un país requiere investigación de largo aliento y espacios culturales públicos. La UNAM contribuye en este objetivo. La pregunta es cómo podemos lograrlo de la mejor forma. Gastar más en la UNAM es dejar de gastar en otra cosa.

No es lo mismo rendición de cuentas que ser auditado. En la página de la UNAM se encuentra el informe de la auditoría, pero éste nada informa. El reporte del auditor interno son dos páginas. El del auditor externo una. Estas auditorías sólo dicen que la UNAM cumplió con la norma. No dicen cómo se gastó el dinero.

¿Cómo puede saber un legislador si es mejor darles recursos adicionales a la UNAM, al IPN o la UANL? ¿Cuántos estudiantes se gradúan por año como proporción de los que entraron en su generación y con qué promedios? ¿Cómo se comparan en el mercado laboral los egresados de las distintas universidades? ¿Cuántas clases dan sus profesores y con qué calidad? ¿Hay que construir más edificios o usar mejor los existentes, incluido desalojar auditorios que, se dice, albergan delincuentes? El mismo tipo de preguntas se pueden hacer para los recursos destinados a investigación o difusión. Tampoco está claro si le sobra o no gente, ni existen rubros precisos como el costo de viajes de los funcionarios.

Sin rendición de cuentas la propia UNAM no puede explicarnos por qué, por ejemplo, no se amplió la oferta de estudiantes en ingeniería civil, donde el país tiene un déficit, y prefirió hacer un museo de arte contemporáneo o por qué en lugar de mejorar las instalaciones de sus preparatorias optó por pagar tanta publicidad.

Si la UNAM quiere realmente rendir cuentas, se requiere una mayor precisión de cómo se gastan los recursos. Su página de internet da información poco útil para ese propósito.

El gobierno en todos sus niveles suele gastar mal. La UNAM está lejos de ser la peor portada. Sin embargo, es una de esas instituciones que debiera ser modelo de una verdadera rendición de cuentas.

La UNAM siempre va a tener un gran peso, un amplio presupuesto y una gran influencia. Lo puede lograr por la calidad de sus estudiantes y la relevancia de su investigación o por su capacidad para operar como un grupo de poder, con aliados políticos, medios de comunicación amigos y un espíritu corporativo defensivo ante la crítica.

Yo prefiero una UNAM anclada, fundamentalmente, en sus resultados. Para ello, debería saber aprovechar la crítica como oportunidad para construir una mejor universidad, no vivirla como una supuesta ofensa política. Una UNAM que rinda cuentas no como un ejercicio burocrático formal, sino como muestra de la claridad del proyecto educativo y cultural que encarna, nos acercaría al objetivo de tener una gran UNAM, no sólo una UNAM grandota. Una gran UNAM basada en una mejora constante y medible puede llegar a ser una de las "nuevas hazañas nacionales" propuestas por el rector Narro en la presentación de la Iniciativa México.

Ecos yucatecos

Sergio Aguayo Quezada


A la memoria de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.


En Yucatán finalizó el ciclo utópico de la transición política. Si interpretamos correctamente los ecos del Mayab, tal vez podamos reacomodar la pedacería y proceder a la refundación de la democracia.

La etapa heroica de la transición terminó en uno de los lugares donde inició. En noviembre de 1967, el PAN le ganó, por poco tiempo, el ayuntamiento de Mérida al México de Gustavo Díaz Ordaz. En 1969 el carismático líder panista Víctor Manuel Correa Rachó perdió la gubernatura en una elección fraudulenta. El panismo abnegado de aquellos años interpretó el "cinismo y el fraude gigantesco" como una "victoria política del pueblo y de Acción Nacional", porque habían quedado al desnudo la "corrupción de un supuesto gobierno democrático" (Diario de Yucatán, 26 de noviembre de 1969).

Eran los tiempos de una creencia ingenua: con elecciones limpias brotarían la honestidad y el buen gobierno. No fue así, pero la limpieza electoral fue el estandarte que unificó a los diversos y permitió la revancha en Mérida. En 1990 Ana Rosa Payán recuperó para el PAN aquella alcaldía. Dos décadas después, el pasado 16 de mayo, el PAN perdió la presidencia municipal frente a una coalición PRI-Verde Ecologista.

Proliferan los balances que revisan el caso desde la óptica de la lucha por el poder entre partidos y personas. Es correcto decir que subió el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega y que bajó el PAN, César Nava y Patricio Patrón. Hay otra forma de ver la historia. Tras la victoria de Ana Rosa Payán (1990), los medios independientes y la acción ciudadana organizada también tuvieron un papel relevante.

La transición avanzó primero en los centros urbanos donde había un medio de comunicación dispuesto a reflejar las luchas políticas y sociales. Si la oposición al autoritarismo enraizó en la península fue por la presencia cotidiana del Diario de Yucatán. Estaría luego el Frente Cívico Familiar creado en 1988 y cuya participación, en 1990, fue clave para la integración de la Alianza para la Defensa del Voto, que integró al Frente Cívico con el PAN, PARM y PRD.

Esto me lleva a una de las causas de la democracia fallida. Después de cada gran movilización social ha venido una reforma electoral que beneficia a los partidos e ignora a los ciudadanos. La justificación ha sido siempre que los partidos representan a la ciudadanía. Es una falsedad; los partidos han preferido aliarse con los poderes fácticos en detrimento de una democracia de calidad.

El Diario de Yucatán y el Frente Cívico Familiar preservaron su integridad y no entraron al juego de las cuotas de presupuesto y cargos (las exigen las corrientes de los partidos, los maestros, un buen número de medios y hasta el crimen organizado), siguen ejerciendo su independencia ética mientras las elecciones se han convertido en paradigma del "todo se vale".

¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Arnaldo Córdova da una respuesta en La Jornada: "para qué sirve ir a votar si el voto, de nuevo, no se respeta o se pervierte mediante el poder del dinero y de las instituciones del Estado" ("Una normalidad política contraria a la democracia", 23 de mayo de 2010). Su fatalismo es comprensible porque ofende observar la manera en cómo los partidos han malbaratado la alternancia que también le ha costado a la sociedad.

Bajar la cortina y dar la espalda es imposible porque el retroceso está convirtiendo a México en un país peligroso e inhóspito, salvo para quienes predican rodeados de escoltas. Poco antes de la elección estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue una experiencia gratísima que aproveché para conversar largamente con directivos del Diario y del Frente Cívico. Encontré la determinación de seguir buscando formas para frenar el deterioro.

Pese al hartazgo, el Frente Cívico Familiar volvió a observar la elección del 16 de mayo pasado en coordinación con Alianza Cívica. Además de confirmar la victoria del PRI, hizo una estimación de los gastos de campaña. Encontró que el PRI superó los "topes de campaña" en Mérida y que la autoridad electoral no tuvo la capacidad para vigilarlo e impedirlo (www.frentecivicofamiliar.org). Partidos desbocados y árbitros debilitados es un patrón del México de ahora.

Eso ya es insuficiente. Lo nuevo consiste en vigilar de forma permanente la gestión pública aprovechándose de los espacios creados por la alternancia. Son también tiempos de renovación generacional y de actualización temática. En la península, el Frente Cívico y otros organismos ya cuentan con el principal periódico dispuesto a difundir las acciones de una sociedad organizada y consciente. Se acabó la heroicidad y terminó la época romántica de la transición. Es tiempo de exigir a partidos y gobiernos honestidad y eficiencia. Ése es el mensaje yucateco. Hagámosle eco.

"Libre" es lo importante del libre comercio

Sallie James

Sallie James es analista de política comercial del Cato Institute.

El Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por su sigla en inglés) Ron Kirk, hablando recientemente al Comité de Lácteos del Congreso, descartó el libreto sobre cómo negociar tratados cuando aseguró a los productores de lácteos que el USTR los protegería.

Su señal hacia un grupo poderoso de que la Sociedad Trans-Pacífica (TPP, por su sigla en inglés) podría ser una oportunidad para aumentar las barreras comerciales dará más aliento al escepticismo con el cual los partidarios del libre comercio recibieron el anuncio de la administración de Obama a fines del año pasado, de que esta tomaría parte en negociaciones para unirse a un nuevo bloque comercial Asia-Pacífico, incluso mientras otros tratados, más significativos económicamente, se demorasen algo más.

El Sr. Kirk correctamente rechazó sacar completamente de la mesa de negociación a las barreras estadounidenses a los lácteos, tal como el lobby de los productores lo quiso e indicó la necesidad de que la industria láctea sea más competitiva. En un momento, no obstante, justificó mantener las barreras comerciales como parte de las negociaciones de una manera que no muchas veces es asociada con las negociaciones de “libre comercio”. El supuestamente dijo que veía una oportunidad de utilizar las negociaciones para “racionalizar las cosas” e introducir nuevas cuotas a una determinada clase de productos lácteos que ha estado progresando considerablemente en el mercado doméstico durante los últimos años.

Los productos en cuestión son los “concentrados de proteínas de leche” (MPCs, por su sigla en inglés). Los MPCs, utilizados en el queso y otros alimentos lácteos procesados, se hacen cuando la leche es ultra filtrada, quitándole a esta la lactosa y dejando la proteína y otras moléculas grandes como polvo (el concentrado de proteínas de leche también puede hacerse mezclando leche descremada seca con proteínas concentradas, aunque esta tecnología es cada vez más obsoleta).

El lobby estadounidense de lácteos está preocupado porque mientras que las “cuotas arancelarias” altas los protegen de la competencia con gran parte de los productos lácteos comerciales, tales como la leche sin grasa seca, los concentrados de proteínas de leche no están sujetos a las cuotas. El lobby estadounidense de lácteos se ha preocupado cada vez más de que los MPCs hechos con leche seca estén permitiendo que los vendedores extranjeros ingresen al país furtivamente, en efecto evadiendo las barreras comerciales.

Los agricultores estadounidenses de lácteos, especialmente aquellos en el noreste, tienen miedo de los competitivos agricultores de lácteos de Nueva Zelanda, un potencial miembro de la TPP. El gobierno estadounidense mantiene los precios de lácteos altos mediante un sistema complejo de barreras comerciales y soportes de precio que transfiere dinero de los consumidores, las industrias que utilizan lácteos como insumos y los contribuyentes hacia los agricultores de lácteos para asegurar que los precios de los productos lácteos nunca caigan por debajo de cierto nivel. Mientras que a los productores les gusta el ingreso garantizado, este significa que están produciendo para el programa en lugar de producir lo que el mercado demanda. Reducir las barreras a las importaciones de productos lácteos, ya sea a través de una muy necesitada reforma doméstica o como parte de compromisos dentro de un acuerdo comercial, los obligaría a ser competitivos y conducidos por el mercado, y eso tiene al lobby doméstico de lácteos en la defensiva.

El punto de las negociaciones comerciales usualmente es reducir las barreras al comercio internacional. Los consumidores ganan así como también las empresas estadounidenses que se benefician de importaciones más baratas. Los beneficios del libre comercio para una economía en general se conocen desde hace más 200 años. Lo que también se sabe es que poderosos intereses especiales que ganan manteniendo afuera la competencia extranjera pelearán ferozmente para prevenir que los consumidores tengan acceso a productos nuevos y más baratos.

La liberalización comercial negociada —en vez de la unilateral— históricamente ha sido una forma para que los gobiernos hagan lo que saben que está bien para una economía bajo la pretensión de dar acceso al mercado doméstico como una “concesión” para poder ganar acceso a otros mercados. Las negociaciones comerciales tienen detractores de libre mercado, pero estas han logrado algo de bueno al darles cubierta política a políticos que tratan de hacer lo correcto respecto del comercio.

Aquello requiere, no obstante, que los negociadores —en este caso liderados por el Sr. Kirk— entiendan que un comercio más libre es el objetivo final. El miedo es que esta administración, más que otras en los últimos años, ve la política comercial como una manera de promover causas ambientales y objetivos sociales no estrictamente relacionados con el movimiento de bienes y servicio a través de las fronteras. El USTR promovió la TPP a un congresista escéptico del libre comercio como una manera de “actualizar la estrategia estadounidense para asuntos tradicionales, tratar nuevos asuntos, incorporar elementos nuevos que reflejen nuestros valores y prioridades actuales y que respondan a los retos del siglo veintiuno”.

Ahora, como si acumular en los acuerdos comerciales estándares sociales y otras todavía no reveladas actualizaciones no fuese suficiente, él le está dando oxígeno a una causa proteccionista y a la nueva y peligrosa idea de que el “acuerdo de libre comercio” podría incluir nuevas barreras comerciales. Ese es un paso claramente en la dirección equivocada.

Autoridad

Federico Reyes Heroles

Apostaron todo a las alianzas en un acto de vana especulación. Pero la realidad es terca. Llegan las elecciones de Yucatán y el presidente del PAN hace su pueril pataleta. No reconocen la victoria priista y por lo tanto su derrota, impugnan sembrando dudas, convocan al conteo voto por voto con toda la carga histórica que eso supone para el presidente Calderón, su Presidente, y en fin denuestan a las instituciones. Qué podemos esperar del panismo en la decena y media de elecciones que vienen. Ahora resulta que tampoco son una "oposición leal", que el país está gobernado por un partido con una dirigencia sin principios democráticos mínimos, aceptar las derrotas, que son unos arribistas capaces de sacrificar lo más, las instituciones, por lo menos, la capital de un estado. Lo hubiéramos esperado del PRD no del PAN. No es anécdota, el daño está hecho. Dañaron a la autoridad.

Durante semanas la especulación gobernó al país. Que si el padre, que si la madre, que si las nanas, que si la tía. A la tragedia del caso se sumó una opinión pública muy entretenida, alimentada por los medios en el terrible negocio que viene de la mano del morbo. La nota policial en la primera plana, como ocurre desde hace algunos años. Ahora resulta que fue un accidente. Pero cómo vender ese capítulo final de la tragedia a una opinión pública envenenada de especulación. Mejor seguir especulando: todo es una gran mentira. Tampoco es anécdota, hay daño muy concreto, la autoridad, una vez más, quedó por los suelos. Con el caso Paulette, algunos ganaron dinero pero todos perdimos. Que no se llamen a sorpresa cuando en alguna página interior lean que lincharon a unos policías o a un presunto violador en un poblado. Por qué creerles si todo es un gran circo.

Cuál será el desenlace del trágico caso Fernández de Cevallos. Difícil saberlo, pero lo que resulta terrible para la pedagogía popular es que la familia clame, lo cual es entendible, que las autoridades no participen. Pareciera que lo peor que puede suceder es eso. La paradoja no podría ser mayor: si la llamada "ley antisecuestros" ya estuviera vigente, familia y autoridades estarían en falta. Más vale revisar la iniciativa. Tampoco es anécdota, si la propia clase gobernante desconfía de las autoridades, qué puede pensar el ciudadano de a pie.

Nos amanecemos con el amago por parte de la Iglesia Católica de boicotear el censo general de población que está por arrancar. En su interpretación el cuestionario elaborado por una de las instituciones del Estado mexicano más acreditadas, el INEGI, lleva una perversa intención de subdimensionar a los creyentes de esa denominación. El arzobispado no imputa un error técnico sino "un ejercicio que a todas luces responde a intereses perversos e inconfesables". En la lectura de la cúpula de esa Iglesia la máxima autoridad censal y estadística del Estado mexicano sería capaz de una maniobra de ese calibre en contra de decenas de millones de ciudadanos. De ser así, ¿qué podemos esperar del manejo transparente de la información? En su furia la Iglesia Católica, que tampoco vive una primavera de credibilidad, también confunde a la opinión pública y arremete en contra del Estado y de su autoridad. Eso sí es perverso.

México vive momentos delicados. Por un lado está el acecho del narco, por el otro la incomprensión de Estados Unidos. En la "guerra" contra el narco no hay fecha de terminación. En la relación con nuestro vecino del norte y a pesar de los evidentes esfuerzos diplomáticos mexicanos, tampoco hay demasiados buenos augurios. Como nación estamos solos. El presidente Calderón pronunció ante el Congreso de ese país un discurso valiente y delicado. Salió entre ovaciones pero en los hechos y a pesar de la apertura y muestras de simpatía de Obama, queda claro que ni siquiera el Presidente de la primera potencia del mundo puede modificar el curso de los grandes intereses. La nueva ley migratoria no tiene futuro en el corto plazo. Además ya están inmersos en la contienda electoral y el "asunto mexicano" es una vez más carne de cañón. El control sobre las armas, en particular las de asalto, tampoco se ve viable. El deterioro de la imagen de México en el mundo es muy grave y eso perjudica la inversión, el crecimiento, el empleo de los mexicanos.

Es en ese escenario muy complejo que resultan ofensivos e irresponsables los múltiples ataques en contra de la autoridad. No de un servidor o de otro, de la autoridad en general, autoridad como elemento esencial de gobierno. Esa autoridad que es el principio de todo Estado, autoridad imprescindible para mantener la convivencia cotidiana de casi 110 millones de habitantes, autoridad para poder gobernar a México. Dirigentes de partidos, arzobispado, legisladores, comunicadores, medios, todos estamos obligados a cuidar nuestras palabras y sus consecuencias, a cuidar el principio de la autoridad. Estamos en el mismo barco y en medio de una tormenta. Sin ella naufragaremos.

Las invisibles

Sergio Aguayo Quezada

Relacionaré unas frases del Papa con la problemática de nuestras trabajadoras domésticas porque tocan el tema de la justicia y los valores.

La semana pasada Benedicto XVI soltó frases memorables. Aseguró que "la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia", y luego agregó que es insuficiente con pedir perdón porque la Iglesia debe ofrecer justicia: "el perdón no sustituye a la justicia". Las frases son latigazos a tanto fariseo enquistado en la Iglesia y tienen relación directa con nuestro atormentado país.

México es un país injusto, profundamente injusto y en lugar de la denuncia y el lamento llevo mi análisis hacia los remedios. Saldremos de los miasmas en que chapoteamos cuando un número suficiente de mexicanas y mexicanos defendamos nuestros derechos y los de los demás. Para que el cambio en los valores tenga consistencia debe encaminarse a la corrección de injusticias inmediatas, concretas y palpables.

Uno de los grupos sociales más marginados y maltratados de México es el de las trabajadoras domésticas. El 26 de marzo pasado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un documento sobre el tema. Aunque hay patronas y patrones que tratan con respeto a sus trabajadoras, los abusos encontrados por el Conapred son impresionantes. Se estiman en un millón y medio las empleadas a las que se niegan servicios de salud, mientras que 80% carece de prestaciones laborales. Las condiciones en que viven están sujetas a la voluntad de quien las emplea, pero las colaboradoras domésticas son frecuentemente el punto más débil de la estructura familiar, son, con frecuencia, las depositarias de los abusos y las frustraciones.

La situación de estas trabajadoras es una prisión construida con rejas culturales, institucionales y jurídicas. La parte más reforzada es la de los valores que subsisten en la sociedad. Es en el ámbito de lo privado donde brillan con mayor esplendor el machismo, el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Las "sirvientas", las "gatas" o las "chachas" son algunos de los términos con los cuales se pregonan las diferencias de raza y clase. Sobre todo cuando son indígenas.

Una de ellas, citada en el informe del Conapred, explica que "la diferencia con nosotras las indígenas o que venimos de pueblo y que hablamos dialecto, [es que] ellas [las empleadoras] piensan que somos como de piedra, que aguantamos todo, nos cargan más el trabajo y nos tratan más mal, nos discriminan. [...] la señora nos decía 'ustedes como son indias pueden comer hasta la hierba que hay en el jardín'".

Deshumanizar o considerar como inferiores a los dominados son algunos de los mecanismos que siempre han sido utilizados para justificar los maltratos o la explotación. Son mecanismos impropios para una sociedad que aspira a ser democrática. Por eso mismo sorprende que las leyes mexicanas refuercen la injusticia. Las trabajadoras domésticas no tienen, en la práctica, ¡derechos laborales!, y es el único grupo de trabajadores al cual se impone en la ley la obligación de tratar con "consideración y respeto" al "patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar".

Aunque con frecuencia sirve de poco estar protegidos por una ley, es mejor estarlo. Incluirlo en la argumentación me sirve para demostrar la extrema vulnerabilidad de este grupo social. El Conapred está cumpliendo su trabajo al llamar la atención sobre una población discriminada; ahora debería hacer una encuesta para averiguar cuántos de nuestros gobernantes pagan salarios justos y hacen un esfuerzo por dar las prestaciones de ley a sus trabajadoras domésticas. El perdón sin justicia es insuficiente.

Daré dos razones por la cuales debe importarnos la situación de las "sirvientas". Si la cultura de la injusticia es integral, la forma de combatirla es apegándose de manera igualmente integral a un marco valorativo diferente. El enunciado aplica sobre todo a quienes tienen conciencia social. El segundo motivo está en el nexo entre pobreza e inseguridad. Hay suficientes estudios que permiten asegurar que la falta de un salario justo es una condición ideal para el auge del crimen organizado. Mejorar la distribución del ingreso es uno de los pasos concretos que pueden darse para modificar el galopante deterioro de los salarios y de la seguridad.

Hablar de justicia podrá parecer anticuado, pero incorporarla en la medida de lo posible alimenta la esperanza de que no todo esté perdido. Ser justos en el trato a las empleadas domésticas es una forma de mejorar el entorno inmediato y a nosotros mismos.

Consenso excepcional

María Amparo Casar

Lo invito a resolver la siguiente adivinanza. ¿Quién cree usted que es el emisor de los siguientes mensajes?

"Es tiempo de convertir rezagos en oportunidades, de superar la barrera del subdesarrollo, es tiempo de generar los empleos que hacen falta, es tiempo de insertarnos en la sociedad de la tecnología y la información, es tiempo de ser actores y factores de desarrollo, es tiempo de trabajar unidos".

"... tenemos que resolver los retos de largo plazo que enfrenta México, ... es momento de seguir transformando nuestras instituciones, de generar nuevas leyes y nuevas reglas que permitan elevar la productividad y la competitividad de la economía ... una agenda de cambios ... para modernizar la estructura económica de México ... fortalecer la competencia económica ... incrementar la productividad de las empresas ... una reforma para facilitar y acelerar la inversión en infraestructura ... una reforma regulatoria para eliminar todo lo que no sirve en la normatividad ... una reforma en el sector de telecomunicaciones que, preservando los derechos de cada quien, propicie verdaderamente la convergencia a la competencia y la cobertura..."

"Tan importante como el resultado de las elecciones es la agenda que adopte la LXI Legislatura para transformar a México y ponerlo de pie, con la urgencia, sentido y determinación que se requiere" ... son tres los "ejes fundamentales: la reforma del régimen político, que le devuelva poder al ciudadano; la reforma económica, que recupere el crecimiento con justicia y equidad; la reforma social, que compense la desigualdad lacerante e injusta".

"Necesitamos mejorar la calidad en la educación ... abatir con celeridad los altos niveles de pobreza ... modernizar el andamiaje institucional, simplificar la adopción de acuerdos y alinear los incentivos a las demandas ciudadanas. Los desafíos en materia de impulso de competitividad, son fundamentales para atraer y retener inversión ... mejorar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos ... No podemos seguir aplazando las reformas que requiere el país. ... asumamos todos, los costos que implican los cambios. No concentremos nuestros esfuerzos en resguardar falsas conquistas o tratos de privilegio."

"... hacer del crecimiento con equidad la prioridad nacional en las siguientes décadas. Crecer a tasas de 6 o 7 por ciento anual no ocurre por accidente, sino por decisión y acción sostenida" Se deben "eliminar los subejercicios presupuestales y fomentar la inversión privada en la provisión de infraestructura ... se requiere reformar la seguridad social, reducir la informalidad y aumentar la productividad; pero sobre todo reforzar el estado de derecho ...".

"...es necesario tener una reforma fiscal de fondo y que sea de largo plazo, con objeto de convenir equidad para todos los sectores del país... No se puede postergar más, era necesario construir un pacto que nos obligue a hacerle frente a los problemas coyunturales que enfrenta el país y ofrezca una reforma fiscal de fondo, que dé equidad para todos los sectores y seguridad jurídica".

El primer mensaje es de Slim en el Encuentro de Empresarios Latinoamericanos, el segundo de Calderón en el CCE, el tercero de Beltrones, el cuarto de Armando Paredes, presidente saliente del CCE, el quinto de Peña Nieto en el foro Compromisos con México y el sexto del senador Navarrete en la 7º edición de la Cumbre de Negocios. Prácticamente lo mismo decían quienes ocupaban esos cargos hace una década. Mismos retos, mismos diagnósticos, mismos exhortos, mismos compromisos, mismas promesas.

A juzgar por las declaraciones no hay lo que Luis Rubio llama acertadamente el choque dentro de cada civilización: "visiones contradictorias, intereses irreconciliables e incapacidad para asir soluciones comunes". Tenemos la fortuna de contar con un consenso excepcional.

Todas estas voces expresan un mismo sentir. Y no son voces cualesquiera. Son quienes tienen en sus manos el poder para legislar y ejecutar; quienes tienen las llaves para abrir la cerradura de las decisiones. Son la minoría que importa y constituyen la mayoría que puede resolver. Son los que concentran el poder político y el poder económico. Los que rigen el destino del país.

La siguiente adivinanza es por qué ante un consenso tan excepcional no pasa nada, por qué no se resuelven a actuar. No se me ocurren más que dos respuestas: o son adictos a los diagnósticos y promesas y creen que a fuerza de repetir las cosas, ellas ocurrirán, o son unos simuladores que en realidad se benefician del estado de cosas actual y les parece simpático seguirnos darnos atole con el dedo.

El caos monetario de Venezuela

Mary Anastasia O'Grady

Grecia está en bancarrota. Sin embargo, debido a que es un miembro de la zona euro y no puede imprimir dinero, sus vecinos europeos más acaudalados han acordado salir al rescate. A cambio, se espera que Grecia sanee sus arcas y adopte nuevas medidas regulatorias. Por esto es que los sindicatos del sector público han estado protestando en las calles e incluso atacaron un banco con bombas.

Cuidado con los griegos que incendian bancos. No son diferentes a los militantes que protestaron en Argentina en 2001 cuando su gobierno se quedó sin salida fiscal. Argentina también tenía una economía hiperregulada, un gobierno adicto al gasto y un régimen monetario que le impedía el simple hecho de imprimir dinero para pagar sus cuentas. En el fondo, las muchedumbres que protestaban en Argentina deseaban lo mismo que sus contrapartes griegas quieren ahora: un retorno a una moneda nacional que puedan imprimir cuando quieran.

Los detractores del euro parecen pensar que la tragedia griega justifica su postura de que cada país debería tener su propia divisa y política monetaria. Pero eso no resolvería nada. Seamos realistas: si Grecia no fuera la Argentina de la actualidad, sería Venezuela. En ese país, que posee una moneda soberana, el bolívar, y ninguna norma monetaria prohíbe que el banco central financie al gobierno, la inflación ahora se encuentra fuera de control.

En su defensa del liberalismo económico titulada Money, Markets and Sovereignty (Dinero, mercados y soberanía), Ben Steil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y Manuel Hinds, ex ministro de Hacienda de El Salvador, ofrecen una breve historia del auge de las monedas fiduciarias. "La mente moderna", explican, está acostumbrada a "ver el dinero como una creación de los estados". No obstante, los poderosos no lanzaron la idea hace unos 2.500 años "para promover la actividad económica, sino para beneficiarse de ella", recalcan. "Y hoy en día la imposición de las monedas nacionales sigue siendo una de las herramientas más potentes de la que disponen los gobiernos para extraer riqueza de sus poblaciones y ejercer control político sobre ellas".

Argentina diseñó su "ley de convertibilidad", que requería que los pesos estuvieran respaldados por reservas de dólares, precisamente para enfrentarse a este problema. Los políticos, sin embargo, no pretendían hacer reducciones, en el gasto o en la regulación, y con el tiempo una deuda demasiado grande provocó la bancarrota. En 2002, el gobierno descontinuó la convertibilidad del peso. Ocho años después, el peso argentino supuesto flotante es un desastre. El país permanece sumido en la mediocridad económica y una inflación de dos dígitos, y es rehén de un gobierno no liberal.

Anclar la moneda al dólar y, por ende, tercerizar la política monetaria a la Reserva Federal de EE.UU. había sido un éxito, pero los grupos de presión y los políticos no soportaron que esto les quitara poder. Venezuela es otro lugar donde los políticos no ven ninguna razón para restringir el apetito del Estado por hacerse con la riqueza del sector privado. Mantener la estabilidad de los precios debería ser algo obvio porque el gobierno tiene ingresos ganados en dólares para respaldar la divisa nacional. El bolívar, sin embargo, ahora está en caída libre.

En enero, el presidente Hugo Chávez anunció que devaluaría el bolívar de 2,50 por dólar a 4,30 (a excepción de los productos básicos). Les aseguró a los venezolanos que el gobierno sería capaz de proveer todos los dólares necesarios para dirigir la economía al nivel de un bolívar más débil y que la tasa de cambio del mercado negro, que era de seis a uno, convergiría con la tasa cambiaria oficial.

Sin embargo, el sector privado no pareció muy convencido y la tasa cambiaria en el mercado negro subió aún más, lo que encareció las importaciones de forma pronunciada. Hace nueve días, el costo del dólar se disparó por encima de ocho bolívares, lo que indica una feroz espiral inflacionaria.

El origen de este caos monetario es la sed de poder del Estado. Mientras que Fidel Castro hizo uso del terror para convertirse en dictador de Cuba, Chávez ha usado el control estatal de las ganancias petroleras y el banco central para comprar su dictadura. No es un secreto que su popularidad, a pesar del deterioro de los estándares de vida en Venezuela, proviene de la impresión y distribución de bolívares en los barrios de bajos ingresos así como entre las nuevas élites empresariales y las fuerzas armadas.

Con demasiados bolívares que persiguen muy pocos productos, Chávez ahora les echa la culpa a los "especuladores". Hace poco arrestó a 47 carniceros por evadir sus controles de precios. El Congreso, que él controla, también ha propuesto una legislación para penalizar las transacciones en el mercado paralelo de dólares. No obstante, más allá de aterrorizar al país, es poco probable que las severas medidas mejoren la situación porque el mercado necesita dólares para funcionar. "El colapso de la economía está muy cerca", me escribió un venezolano el sábado.

La lección aquí es que sin la voluntad política, el dinero fiduciario en cualquier forma —ya sea en una unión monetaria, anclado a una divisa de reserva o manejado soberanamente— es poco fiable. Como señalan Hinds y Steil, "el dinero no atado a una materia prima da lugar a la inflación cuando es administrado por mandatarios corruptos, irresponsables o incompetentes", lo que cubre a Grecia, Argentina y Venezuela en una pincelada.

Citando la sabiduría de un experto en derecho canónico español del siglo XV, los autores perciben el problema de la moneda fiduciaria: "El poder del gobernante para crear valor de algo sin valor al designarlo como 'dinero' estaba destinado a provocar inflación".

'Va pa' tras'

Denise Dresser

Basta con ver la cara de los priistas en cualquier acto público. Basta con advertir las sonrisas compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están felices y se les nota; están rebosantes y no lo pueden ni lo quieren ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso, saben que encuesta tras encuesta los coloca en el primer lugar de las preferencias en las elecciones estatales y cada vez más cerca de recuperar el control del gobierno federal. El PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita. Beneficiario del panismo incompetente y del perredismo auto-destructivo, el Revolucionario Institucional está a un paso de alcanzar el picaporte de Los Pinos tan sólo dos sexenios después de haber sido expulsado de allí.

Para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un síntoma más de la normalidad democrática. Un indicio más de la alternancia aplaudible. Un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado y que ya sería imposible revertir. "El país ya no es el mismo que el de 1988", advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección priista. "El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo hizo alguna vez", sugieren quienes celebran los logros de la consolidación democrática. "Los priistas se verían obligados a instrumentar las reformas que hasta ahora han rechazado", auguran los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón las voces de aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría de Gobernación, Beatriz Paredes en cualquier puesto del gabinete, y Emilio Gamboa en la presidencia del PRI.

Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Ojalá fuera verdad que tanto el país como el PRI han cambiado lo suficiente como para prevenir el resurgimiento de las peores prácticas del pasado. Pero cualquier análisis del priismo actual contradice ese pronóstico, basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Tom Friedman en The New York Times, en México hoy coexisten tres grupos: "Los Narcos, los No's y los NAFTA's": los capos, los beneficiarios del statu quo y los grupos sociales que anhelan el progreso y la modernización. Y hoy el PRI es, por definición, "El Partido del No". El que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas que protege; el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites que defiende; el que rehúye la modernización sindical por los "derechos adquiridos" que consagró; el que no quiere tocar a los monopolios porque fue responsable de su construcción. El PRI y sus bases son los "No's" porque constituyen la principal oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, privatizar, sacudir, confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron y del cual viven.

A quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses cuestionables de Manlio Fabio Beltrones, que estudie los negocios multimillonarios de Emilio Gamboa, nuevo dirigente de la CNOP y próximo presidente del partido. Allí está el PRI clientelar, el PRI corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que su selección reciente para una de las posiciones más importantes del priismo revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de la organización. Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, Los intocables, como el broker emblemático de la política mexicana; el intermediario entre el dinero y el poder político. Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias. De nuevo en la punta del poder dentro de su propio partido.

Ése es el PRI del 2010, y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denunciado a Emilio Gamboa junto a tantos que se le parecen. Pero no es así. El PRI del nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue siendo un club transexenal de corruptos acusados y corruptos exonerados; de cotos construidos sobre la intersección de la política y los negocios; de redes tejidas sobre el constante intercambio de favores y posiciones, negociadas a oscuras. En una conversación telefónica grabada y ampliamente diseminada -que a pesar de ello no ha hecho mella en su carrera política- Emilio Gamboa le dice a Kamel Nacif: "va p'a tras". Y ése es el mismo mensaje que el PRI envía sobre el país bajo su mando.