Juan E. Pardinas
Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.
Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.
Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.
Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.
A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.
Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.
Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.
Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.
Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.
A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.
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