29 de noviembre de 2010

País maleducado

Denise Dresser

Brechas que dividen. Brechas que separan. Brechas que el sistema educativo no logra remediar. Condenando al país a la mediocridad permanente porque de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, sólo 68 completan la educación básica y sólo 35 terminan la secundaria. Sólo 8.5 por ciento de la población cuenta con una licenciatura. Sólo 3 por ciento de la población indígena completa al menos un año de universidad. Sólo una de cada cinco mujeres indígenas entre la edad de 15 y 24 años sigue estudiando. La educación pública en México es un desastre, ni más ni menos. Y el problema fundamental está en un modelo político y económico que privilegia el mantenimiento del corporativismo por encima del crecimiento económico; que premia clientelas en lugar de construir ciudadanos; que usa a los maestros para ganar elecciones en vez de educar niños. Un sistema de cotos reservados y sindicatos apapachados y acuerdos políticos arraigados.

El sistema educativo ha sido parte central de ese modelo disfuncional, con los resultados que el reporte "Brechas" de Mexicanos Primero ilumina dolorosa pero necesariamente. Las desigualdades mayúsculas, las brechas que separan los estratos educativos, las brechas que dividen a México del mundo. La escuela mexicana de nivel básico que funciona como espejo de las divisiones sociales pero no como propulsor para trascenderlas. El hecho de que la inequidad en la distribución del aprendizaje está relacionada con las desigualdades socioeconómicas. Y ante ello la complacencia de tantos. La costumbre de ver las brechas como algo normal e imbatible.

Brechas que explican por qué en México tantos viven con la mano extendida. Con la palma abierta. Esperando la próxima dádiva del próximo político. Esperando la próxima entrega de lo que Octavio Paz llamó "el ogro filantrópico". El cheque o el contrato o la camiseta o el vale o la torta o la licuadora o la pensión o el puesto. La generosidad del Estado clientelar que produce personas acostumbradas a recibir en vez de participar. Personas acostumbradas a callar en vez de exigir. Clientes apáticos y conformistas en vez de ciudadanos competitivos y exigentes. Educados tres, cuatro, o cinco años menos que los habitantes de países con los cuales México tiene que competir.

Porque el sistema educativo no está pensado para garantizar la movilidad social. En México, nacer en la pobreza significa -en la mayor parte de los casos- morir en ella. Y eso se debe a nuestros pobres resultados educativos. Se debe a nuestra apuesta histórica a la plata, al oro, al cobre, al petróleo, al gas, a las playas, a los bosques. México le apuesta a los recursos naturales y a la población mal pagada que los procesa. Le apuesta a la extracción de materias primas y a la mano de obra barata que se aboca a ello. Construye un país de hombres ricos y empleados pobres; de líderes sindicales privilegiados y miles de maestros mal pagados. Lo que no hemos logrado entender aún es que la única apuesta que verdaderamente cuenta es la apuesta a la gente, al capital humano, a aquello que es genuinamente renovable y multiplicador.

Al contrario, hemos creado un sistema de clientelas en todos los ámbitos. Un sistema de élites políticas y económicas acaudaladas, amuralladas, asustadas ante los pobres a quienes no han querido -en realidad- educar. Porque no quieren franquear la brecha que tanto los beneficia. Porque no tienen los incentivos para hacerlo. Allí están los choferes y los obreros y los maestros y las empleadas domésticas y los jardineros mal pagados. Los que asisten a la escuela por turnos y dejan de hacerlo porque no parece importante. Sin primaria terminada, sin secundaria acabada, sin una carrera profesional para hacerlos productivos, competitivos, ciudadanos de México y del mundo.

La razón del rezago se encuentra en el binomio SEP / SNTE. En un modelo magisterial que ya ofrece poco margen para seguir siendo viable. En la creciente subordinación de Alonso Lujambio a los dictados de "La Maestra", porque quiere llevar la fiesta en paz y asegurar su candidatura presidencial. En la persistencia de prácticas claramente ilegales como los cobros de maestros en dos entidades federativas, las secretarias con plazas de maestros, los "prestanombres" que eluden los concursos nacionales, el manejo discrecional de plazas, y la colonización de dependencias por "comisionados" que obstaculizan cualquier cambio de fondo.

El estado de la educación en un país avisora cómo será en 30 años. Ante lo que ello implica ya no podemos seguir perdiendo el tiempo. Seguir pensando que no es necesario replantear los fundamentos de nuestro sistema educativo. Seguir pensando que un maestro no es un profesional digno, sino un peón de apoyos políticos. Seguir resignándonos a escuelas pobres para pobres, canalizadoras de ciudadanos de segunda. Seguir ignorando que la brecha en educación se traduce en brechas de desarrollo, en brechas de derechos, en brechas que condenan a una niña indígena a la marginación, cuando se merece lo mismo que queremos para nuestras propias hijas.

18 de octubre de 2010

¿Somos idiotas?

Denise Dresser

El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad "yo no me meto en la política". Así describe Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y protecciones por parte del Estado -incluyendo espectáculos y diversión- pero no participan o exigen eficacia. Y el Estado mexicano, sólo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como "feligreses" en vez de ciudadanos. A quienes ofrece los beneficios de pertenencia a una iglesia o a un club, donde se antepone la devoción a una secta y se sacrifican de manera rutinaria los derechos democráticos. A quienes mediante segundos pisos y dádivas diarias y piscinas instaladas sobre el Paseo de la Reforma vuelven a los mexicanos adictos al populismo.

Adictos a pensar que el mejor político es el que más obra política construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a la simplificación de la complejidad mediante la cual un partido ofrece "vales para medicinas", la eliminación de la tenencia unos días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, la disminución del IVA, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo siempre nos ha acompañado, pero hoy en día parece aún más en boga. El PRI tiene a Enrique Peña Nieto, el PRD/PT/Convergencia a Andrés Manuel Obrador y a Marcelo Ebrard, el PAN a Felipe Calderón quien suele caer en la tentación populista en cada Informe de Gobierno o antes de cualquier contienda electoral.

Y no es difícil entender por qué recurren al populismo como instrumento para gobernar. El populismo hace que todo sea tan simple, tan claro, "haiga sido como haiga sido". Divide al mundo en "fanáticos" o "gente decente que trabaja y lleva a sus hijos a la escuela". Clasifica a los mexicanos en los puros y los que generan "asquito". Separa a México en el "pueblo bueno" y "la mafia que se ha adueñado del país". Algo tan complejo como la crisis post-electoral del 2006 se atribuye al odio y al rencor generado por López Obrador. Algo tan complicado como las razones detrás de nuestro crónico subdesempeño económico se atribuye a "el pillaje neoliberal". Cada bando busca organizar sus odios, generar sus propios adictos, dividir conforme a sus principios impolutos. Peor aún, el populismo absuelve a los ciudadanos de la responsabilidad para encarar los problemas del país.

Como señala Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del populismo va acompañado del vicio del paternalismo. El vicio de los gobiernos y las autoridades públicas de empeñarse en salvar a los ciudadanos del peligro que representan para sí mismos. Los políticos mexicanos de todas las estirpes se ofrecen solícitamente para dispensar a los ciudadanos de la pesada carga de su autonomía. Su lema es "Yo te guiaré: confía en mí y te daré lo que quieres". Un desfile multimillonario para festejar el Bicentenario: allí está. Una pista de hielo en el Zócalo: allí viene. Pena de muerte para los secuestradores; el Partido Verde apoya la iniciativa. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios aunque sea de forma autoritaria: allí está Carlos Salinas, otra vez. Una popular novia actriz de telenovelas: aparece en cada "spot" de Peña Nieto. México carga con uno de los mayores peligros de las democracias: una casta de "especialistas en mandar" que se convierten en eternos candidatos. En cada elección asistimos -y contribuimos- al reciclaje de pillos.

Y el problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés del resto de los ciudadanos, que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque logran erigirse en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. El populismo ya sea de derecha o de izquierda sobrevive porque no hemos alcanzado la educación que premie la disidencia individual sobre la unanimidad colectiva. Que recompense el mérito en lugar del compadrazgo. Que nutra nuestra capacidad de luchar contra lo peor para que venga lo mejor. Que construya ciudadanos autónomos, libres, de carne y hueso. Que institucionalice la desconfianza en los líderes y la vigilancia sobre ellos por diferentes medios.

Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 66 por ciento de los mexicanos piensa que "personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el gobierno hace". Si eso no cambia, México seguirá siendo un terreno fértil para quienes quieren mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, ajenos a la política y residentes permanentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por proto-populistas y ciudadanos idiotizados que los celebran.

6 de septiembre de 2010

200 años de paradoja fiscal

El gobierno mexicano tiene recursos abundantes, pero su recaudación es muy escasa

Gabriel Farfán

A lo largo de 200 años México ha construido una paradoja fiscal excepcional: recauda poco pero gasta mucho y no siempre lo hace productivamente. Difícilmente podríamos imaginar el comparar a nuestro gobierno con el de Haití en infraestructura y salarios. Sorprendentemente, ambos recaudan lo mismo (9.5 contra 9.4 por ciento de México, de acuerdo con el tamaño del PIB), pero mientras que Haití recauda poco y gasta poco, México recauda poco y gasta casi el triple (27 por ciento) de lo que recauda. En el marco de la celebración del Bicentenario y del próximo envío por el Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto para 2011 a la Cámara de Diputados, este pequeño dato oculta uno de los hilos conductores más relevantes para entender la dimensión económica, pero sobre todo política y social que tienen las finanzas públicas.

Desde las postrimerías del siglo XVIII hasta los albores del siglo XXI, los recursos económicos que ha tenido el gobierno mexicano no han sido ni son escasos. La Nueva España fue capaz de sostenerse a sí misma, cubrir los déficits españoles y a las colonias americanas (sostuvo casi el 100 por ciento del remanente del gobierno de España –la Junta de Cádiz– cuando había sido invadida por los franceses). Hoy, al dimensionar el tamaño y costo de la burocracia, comparar los salarios de los altos funcionarios con los de otros países y el gasto en educación, es decir, al hacer una revisión rápida de cuánto y cómo gasta nuestro gobierno, se podría concluir que el gobierno tiene recursos abundantes.

La paradoja mexicana se explica por el enorme contraste que hay entre ingresos y gastos. Por un lado la hacienda pública ha estado en quiebra técnica a lo largo de 200 años y por el otro el gobierno nunca ha dejado de funcionar. Más aún, refleja abundancia.

La caricatura de México como un "cuerno de la abundancia" es útil para entender el origen de esta paradoja. El territorio que hoy constituye México tuvo la fortuna de tener una dotación inicial de recursos muy apreciados. Ya fuere por la abundancia de plata en los inicios de su historia, el fuerte endeudamiento durante el Porfiriato, o los ingresos por la exportación de diversas materias primas (henequén, petróleo), las fuentes de recursos bajo control directo o indirecto del gobierno han sido generosas. Esta disponibilidad le ha ahorrado al gobierno el costo de extraer impuestos de los más pobres y los más ricos, evitando que los primeros atenten contra la estabilidad política y social y que los segundos debiliten la economía o intenten tomar directamente el control del Estado.

Si el gobierno mexicano no tuviera fuentes alternas a la contribución de ciudadanos y dependiera de un crecimiento económico robusto, le sería imposible –simultáneamente– hacerse de la vista gorda en el cobro de impuestos, construir redes clientelares y otorgar subsidios y transferencias engañando a la gente con un bienestar falso que prolonga el atraso y desatiende la promoción de una economía y administración virtuosas. El gobierno gasta un 60 por ciento de nuestro dinero en el "tema social" y es pobre la promoción económica y administrativa.

El resultado final de 200 años del uso de paliativos para cubrir el faltante es obvio: ha sido imposible convencer de las virtudes que traería una reforma fiscal a los "ciudadanos imaginarios" del siglo XIX, a los "ciudadanos simulados" del siglo XX y a los "ciudadanos anulados" del XXI.

La experiencia acumulada por gobiernos que presentan condiciones similares a las de México no debe seguir pasándose por alto, en particular por nuestros irresponsables gobernantes. Aquellos que dependen del usufructo de un recurso natural y que cierran o dificultan la posibilidad de que los ciudadanos y empresas contribuyan financieramente al funcionamiento y objetivos que persigue el gobierno jamás tendrán finanzas sanas y la calidad de su sector público será mediocre, ¿suena familiar?

Sustituyendo impuestos con distintas fuentes no sólo se desmoraliza a aquellos funcionarios que hacen lo posible por recaudar más y gastar mejor. En realidad, ocurre algo mucho más grave: se depreda el patrimonio público (ahí está el agotamiento de nuestras reservas petroleras) y se debilita sistemáticamente el vínculo de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía fomentando un "valemadrismo" generalizado. El gobierno federal, estatal y municipal no se siente obligado a rendir cuentas y aplicar productivamente el gasto porque no depende de las contribuciones de la ciudadanía y al mismo tiempo ésta se "desentiende" una y otra vez de los asuntos públicos. Es el trueque perverso de la excepcionalidad fiscal mexicana: "paguen lo que puedan o quieran de impuestos que mientras yo gobierno tenga maneras de suplir el faltante no me sentiré obligado a usar el dinero como se debe y ustedes ciudadanos tampoco tendrán la autoridad moral ni las energías para exigírmelo".

Esto sólo cesará cuando las finanzas públicas entren, por fin, en una crisis sin precedentes.

El autor es doctor en gobierno y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

24 de junio de 2010

Del tamaño de su ineptitud

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un Gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos

Enrique Gómez Orozco

Crear un destino turístico de la nada lleva años, ya sea en la playa o en los más desarrollados centros urbanos. Crear en cuatro meses un destino turístico para enseñar historia es casi imposible.

Si además de ello se hace por capricho religioso, el fracaso está garantizado. A menos que se invente una aparición milagrosa de algún santo o virgen, el destino de la Expo Bicentenario de Silao fue pronosticado con mucho tiempo.

En la extrema ignorancia de los funcionarios públicos que gobiernan el estado, se imaginó posible crear una exposición que atrajera la friolera de 12 millones de visitantes en 2010. Así lo anunció pomposamente y con voz engolada el secretario de Gobierno, hace más de dos años. El tipo no sabía que Epcot Center de Disney, en Orlando, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, logra 11 millones con una infraestructura de miles de hectáreas y cientos de hoteles para darle servicio, carreteras de acceso y aeropuertos en Miami, Palm Beach y el propio Orlando, además de Tampa.

Las estupideces se pagan y hoy los guanajuatenses estamos a punto de presenciar cómo un gobierno de ignorantes tira a la basura mil 600 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos.

Ignoraba Juan Manuel Oliva y su mandante en la Secretaría de Gobierno, Gerardo Mosqueda, que el asunto era una desproporción. Se los dijimos una y otra vez, se los dijeron los empresarios muchas veces, se los volvemos a repetir. El festejo al pie del Cubilete es una jalada.

¿Para qué enseñar la historia de los lugares sacros de la patria y de Guanajuato en bodegas con aire acondicionado cuando los originales están a 20 kilómetros en la Alhóndiga de Granaditas, o un poco más de camino, en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende?

¿Para qué tirar tanto dinero en cuatro meses cuando se pudo transformar esas entidades con esa suma escandalosa?

Con tal de atraer a visitantes que no vendrían por su propio pie, se contrató a una empresa de espectáculos. Tan metida estaba la susodicha empresa en los aspectos históricos que decidieron traer a Chayanne para la inauguración. Paradoja invitar a un boricua a la primera fiesta, alguien que viene de la última colonia latinoamericana. Después se supo que lo traerán por casualidad, porque tenía otros compromisos en México en las mismas fechas. Todo por atraer despistados fanáticos de la música pop y no ciudadanos interesados en asuntos patrios.

Fanfarronería de ignorantes fanáticos religiosos que incluso llegan a la estulticia de decir que "ahí todo comenzó" cuando la verdad es otra. La cuna es Dolores, ningún otro lugar.

La desfachatez con la que tiran nuestros recursos resulta vergonzosa. ¿Cómo gastarse 47 millones de pesos en una escultura por encargo, asignada entre cuates sin el menor pudor ni sentido de austeridad que debe guardar todo gobierno en medio de la crisis?

Su chabacanería política no tiene medida y aun si la obra pública y la prosperidad económica de la entidad fueran viento en popa, seguiría siendo un despropósito tirar mil 600 millones en cuatro meses en pura fiesta sin sentido.

Sin embargo, las carreteras están detenidas, los municipios no arrancan obras ni mejoran su operación; la competitividad de Guanajuato se desploma y la eficiencia gubernamental está en los últimos lugares del país.

Les vale gorro. Creyeron que el llegar al gobierno les daría la oportunidad de hacer cualquier cantidad de barbaridades sin que nos diéramos cuenta. Y a menos que inventen una aparición como la de Juan Diego, el atractivo de la feria estará en los espectáculos subsidiados de artistas pop, en los fuegos de artificio y, al final de cuentas, en el testimonio mismo de la ineptitud de Juan Manuel Oliva, Gerardo Mosqueda y todos los cortesanos que se llenaron las bolsas de millones con el despilfarro, aplaudiendo la obra y construyendo sin concurso.

El autor es director general del periódico a.m. de León, Guanajuato.

10 de junio de 2010

Para tener una gran UNAM

Carlos Elizondo Mayer-Serra

El rector de la UNAM critica sin piedad, desde el modelo de desarrollo, producto de "las lacras de una modernidad mal entendida", hasta la estrategia de combate contra el crimen organizado. Sin embargo, a la UNAM no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.

Hace una semana, en la reunión de rectores de América Latina, pidió más dinero. Hubo quienes no le aplaudieron. El senador Madero declaró: "Es muy importante siempre procurar el mayor número de recursos a la educación en general y a la educación superior en particular, pero también es importante reconocer que se requiere dar resultados, que se requiere rendir cuentas...".

Es una crítica blandita comparada con las del rector. Sin embargo, la respuesta de la UNAM no se hizo esperar: "Con el mayor respeto, se le pide al senador Gustavo Madero que modere sus comentarios o que aporte la información que los sustente. De otra forma, lastima a una comunidad y no contribuye a generar el ambiente de civilidad que se requiere...".

El presupuesto de la UNAM ha crecido de forma vertiginosa. En 2000 tenía 10.5 miles de millones de pesos, este año cuenta con 27 mil millones. En términos reales creció más del 90%. En ese periodo el personal académico creció 19.3% y la población escolar 23.2%. Tuvieron mucho más dinero, pero sólo hicieron un poco más.

La educación superior financiada con recursos públicos es crucial en el desarrollo de un país. Permite ampliar los horizontes de cientos de miles de jóvenes. Un país requiere investigación de largo aliento y espacios culturales públicos. La UNAM contribuye en este objetivo. La pregunta es cómo podemos lograrlo de la mejor forma. Gastar más en la UNAM es dejar de gastar en otra cosa.

No es lo mismo rendición de cuentas que ser auditado. En la página de la UNAM se encuentra el informe de la auditoría, pero éste nada informa. El reporte del auditor interno son dos páginas. El del auditor externo una. Estas auditorías sólo dicen que la UNAM cumplió con la norma. No dicen cómo se gastó el dinero.

¿Cómo puede saber un legislador si es mejor darles recursos adicionales a la UNAM, al IPN o la UANL? ¿Cuántos estudiantes se gradúan por año como proporción de los que entraron en su generación y con qué promedios? ¿Cómo se comparan en el mercado laboral los egresados de las distintas universidades? ¿Cuántas clases dan sus profesores y con qué calidad? ¿Hay que construir más edificios o usar mejor los existentes, incluido desalojar auditorios que, se dice, albergan delincuentes? El mismo tipo de preguntas se pueden hacer para los recursos destinados a investigación o difusión. Tampoco está claro si le sobra o no gente, ni existen rubros precisos como el costo de viajes de los funcionarios.

Sin rendición de cuentas la propia UNAM no puede explicarnos por qué, por ejemplo, no se amplió la oferta de estudiantes en ingeniería civil, donde el país tiene un déficit, y prefirió hacer un museo de arte contemporáneo o por qué en lugar de mejorar las instalaciones de sus preparatorias optó por pagar tanta publicidad.

Si la UNAM quiere realmente rendir cuentas, se requiere una mayor precisión de cómo se gastan los recursos. Su página de internet da información poco útil para ese propósito.

El gobierno en todos sus niveles suele gastar mal. La UNAM está lejos de ser la peor portada. Sin embargo, es una de esas instituciones que debiera ser modelo de una verdadera rendición de cuentas.

La UNAM siempre va a tener un gran peso, un amplio presupuesto y una gran influencia. Lo puede lograr por la calidad de sus estudiantes y la relevancia de su investigación o por su capacidad para operar como un grupo de poder, con aliados políticos, medios de comunicación amigos y un espíritu corporativo defensivo ante la crítica.

Yo prefiero una UNAM anclada, fundamentalmente, en sus resultados. Para ello, debería saber aprovechar la crítica como oportunidad para construir una mejor universidad, no vivirla como una supuesta ofensa política. Una UNAM que rinda cuentas no como un ejercicio burocrático formal, sino como muestra de la claridad del proyecto educativo y cultural que encarna, nos acercaría al objetivo de tener una gran UNAM, no sólo una UNAM grandota. Una gran UNAM basada en una mejora constante y medible puede llegar a ser una de las "nuevas hazañas nacionales" propuestas por el rector Narro en la presentación de la Iniciativa México.

26 de mayo de 2010

Ecos yucatecos

Sergio Aguayo Quezada


A la memoria de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.


En Yucatán finalizó el ciclo utópico de la transición política. Si interpretamos correctamente los ecos del Mayab, tal vez podamos reacomodar la pedacería y proceder a la refundación de la democracia.

La etapa heroica de la transición terminó en uno de los lugares donde inició. En noviembre de 1967, el PAN le ganó, por poco tiempo, el ayuntamiento de Mérida al México de Gustavo Díaz Ordaz. En 1969 el carismático líder panista Víctor Manuel Correa Rachó perdió la gubernatura en una elección fraudulenta. El panismo abnegado de aquellos años interpretó el "cinismo y el fraude gigantesco" como una "victoria política del pueblo y de Acción Nacional", porque habían quedado al desnudo la "corrupción de un supuesto gobierno democrático" (Diario de Yucatán, 26 de noviembre de 1969).

Eran los tiempos de una creencia ingenua: con elecciones limpias brotarían la honestidad y el buen gobierno. No fue así, pero la limpieza electoral fue el estandarte que unificó a los diversos y permitió la revancha en Mérida. En 1990 Ana Rosa Payán recuperó para el PAN aquella alcaldía. Dos décadas después, el pasado 16 de mayo, el PAN perdió la presidencia municipal frente a una coalición PRI-Verde Ecologista.

Proliferan los balances que revisan el caso desde la óptica de la lucha por el poder entre partidos y personas. Es correcto decir que subió el PRI y la gobernadora Ivonne Ortega y que bajó el PAN, César Nava y Patricio Patrón. Hay otra forma de ver la historia. Tras la victoria de Ana Rosa Payán (1990), los medios independientes y la acción ciudadana organizada también tuvieron un papel relevante.

La transición avanzó primero en los centros urbanos donde había un medio de comunicación dispuesto a reflejar las luchas políticas y sociales. Si la oposición al autoritarismo enraizó en la península fue por la presencia cotidiana del Diario de Yucatán. Estaría luego el Frente Cívico Familiar creado en 1988 y cuya participación, en 1990, fue clave para la integración de la Alianza para la Defensa del Voto, que integró al Frente Cívico con el PAN, PARM y PRD.

Esto me lleva a una de las causas de la democracia fallida. Después de cada gran movilización social ha venido una reforma electoral que beneficia a los partidos e ignora a los ciudadanos. La justificación ha sido siempre que los partidos representan a la ciudadanía. Es una falsedad; los partidos han preferido aliarse con los poderes fácticos en detrimento de una democracia de calidad.

El Diario de Yucatán y el Frente Cívico Familiar preservaron su integridad y no entraron al juego de las cuotas de presupuesto y cargos (las exigen las corrientes de los partidos, los maestros, un buen número de medios y hasta el crimen organizado), siguen ejerciendo su independencia ética mientras las elecciones se han convertido en paradigma del "todo se vale".

¿Qué sigue? ¿Qué hacer? Arnaldo Córdova da una respuesta en La Jornada: "para qué sirve ir a votar si el voto, de nuevo, no se respeta o se pervierte mediante el poder del dinero y de las instituciones del Estado" ("Una normalidad política contraria a la democracia", 23 de mayo de 2010). Su fatalismo es comprensible porque ofende observar la manera en cómo los partidos han malbaratado la alternancia que también le ha costado a la sociedad.

Bajar la cortina y dar la espalda es imposible porque el retroceso está convirtiendo a México en un país peligroso e inhóspito, salvo para quienes predican rodeados de escoltas. Poco antes de la elección estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue una experiencia gratísima que aproveché para conversar largamente con directivos del Diario y del Frente Cívico. Encontré la determinación de seguir buscando formas para frenar el deterioro.

Pese al hartazgo, el Frente Cívico Familiar volvió a observar la elección del 16 de mayo pasado en coordinación con Alianza Cívica. Además de confirmar la victoria del PRI, hizo una estimación de los gastos de campaña. Encontró que el PRI superó los "topes de campaña" en Mérida y que la autoridad electoral no tuvo la capacidad para vigilarlo e impedirlo (www.frentecivicofamiliar.org). Partidos desbocados y árbitros debilitados es un patrón del México de ahora.

Eso ya es insuficiente. Lo nuevo consiste en vigilar de forma permanente la gestión pública aprovechándose de los espacios creados por la alternancia. Son también tiempos de renovación generacional y de actualización temática. En la península, el Frente Cívico y otros organismos ya cuentan con el principal periódico dispuesto a difundir las acciones de una sociedad organizada y consciente. Se acabó la heroicidad y terminó la época romántica de la transición. Es tiempo de exigir a partidos y gobiernos honestidad y eficiencia. Ése es el mensaje yucateco. Hagámosle eco.

25 de mayo de 2010

"Libre" es lo importante del libre comercio

Sallie James

Sallie James es analista de política comercial del Cato Institute.

El Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por su sigla en inglés) Ron Kirk, hablando recientemente al Comité de Lácteos del Congreso, descartó el libreto sobre cómo negociar tratados cuando aseguró a los productores de lácteos que el USTR los protegería.

Su señal hacia un grupo poderoso de que la Sociedad Trans-Pacífica (TPP, por su sigla en inglés) podría ser una oportunidad para aumentar las barreras comerciales dará más aliento al escepticismo con el cual los partidarios del libre comercio recibieron el anuncio de la administración de Obama a fines del año pasado, de que esta tomaría parte en negociaciones para unirse a un nuevo bloque comercial Asia-Pacífico, incluso mientras otros tratados, más significativos económicamente, se demorasen algo más.

El Sr. Kirk correctamente rechazó sacar completamente de la mesa de negociación a las barreras estadounidenses a los lácteos, tal como el lobby de los productores lo quiso e indicó la necesidad de que la industria láctea sea más competitiva. En un momento, no obstante, justificó mantener las barreras comerciales como parte de las negociaciones de una manera que no muchas veces es asociada con las negociaciones de “libre comercio”. El supuestamente dijo que veía una oportunidad de utilizar las negociaciones para “racionalizar las cosas” e introducir nuevas cuotas a una determinada clase de productos lácteos que ha estado progresando considerablemente en el mercado doméstico durante los últimos años.

Los productos en cuestión son los “concentrados de proteínas de leche” (MPCs, por su sigla en inglés). Los MPCs, utilizados en el queso y otros alimentos lácteos procesados, se hacen cuando la leche es ultra filtrada, quitándole a esta la lactosa y dejando la proteína y otras moléculas grandes como polvo (el concentrado de proteínas de leche también puede hacerse mezclando leche descremada seca con proteínas concentradas, aunque esta tecnología es cada vez más obsoleta).

El lobby estadounidense de lácteos está preocupado porque mientras que las “cuotas arancelarias” altas los protegen de la competencia con gran parte de los productos lácteos comerciales, tales como la leche sin grasa seca, los concentrados de proteínas de leche no están sujetos a las cuotas. El lobby estadounidense de lácteos se ha preocupado cada vez más de que los MPCs hechos con leche seca estén permitiendo que los vendedores extranjeros ingresen al país furtivamente, en efecto evadiendo las barreras comerciales.

Los agricultores estadounidenses de lácteos, especialmente aquellos en el noreste, tienen miedo de los competitivos agricultores de lácteos de Nueva Zelanda, un potencial miembro de la TPP. El gobierno estadounidense mantiene los precios de lácteos altos mediante un sistema complejo de barreras comerciales y soportes de precio que transfiere dinero de los consumidores, las industrias que utilizan lácteos como insumos y los contribuyentes hacia los agricultores de lácteos para asegurar que los precios de los productos lácteos nunca caigan por debajo de cierto nivel. Mientras que a los productores les gusta el ingreso garantizado, este significa que están produciendo para el programa en lugar de producir lo que el mercado demanda. Reducir las barreras a las importaciones de productos lácteos, ya sea a través de una muy necesitada reforma doméstica o como parte de compromisos dentro de un acuerdo comercial, los obligaría a ser competitivos y conducidos por el mercado, y eso tiene al lobby doméstico de lácteos en la defensiva.

El punto de las negociaciones comerciales usualmente es reducir las barreras al comercio internacional. Los consumidores ganan así como también las empresas estadounidenses que se benefician de importaciones más baratas. Los beneficios del libre comercio para una economía en general se conocen desde hace más 200 años. Lo que también se sabe es que poderosos intereses especiales que ganan manteniendo afuera la competencia extranjera pelearán ferozmente para prevenir que los consumidores tengan acceso a productos nuevos y más baratos.

La liberalización comercial negociada —en vez de la unilateral— históricamente ha sido una forma para que los gobiernos hagan lo que saben que está bien para una economía bajo la pretensión de dar acceso al mercado doméstico como una “concesión” para poder ganar acceso a otros mercados. Las negociaciones comerciales tienen detractores de libre mercado, pero estas han logrado algo de bueno al darles cubierta política a políticos que tratan de hacer lo correcto respecto del comercio.

Aquello requiere, no obstante, que los negociadores —en este caso liderados por el Sr. Kirk— entiendan que un comercio más libre es el objetivo final. El miedo es que esta administración, más que otras en los últimos años, ve la política comercial como una manera de promover causas ambientales y objetivos sociales no estrictamente relacionados con el movimiento de bienes y servicio a través de las fronteras. El USTR promovió la TPP a un congresista escéptico del libre comercio como una manera de “actualizar la estrategia estadounidense para asuntos tradicionales, tratar nuevos asuntos, incorporar elementos nuevos que reflejen nuestros valores y prioridades actuales y que respondan a los retos del siglo veintiuno”.

Ahora, como si acumular en los acuerdos comerciales estándares sociales y otras todavía no reveladas actualizaciones no fuese suficiente, él le está dando oxígeno a una causa proteccionista y a la nueva y peligrosa idea de que el “acuerdo de libre comercio” podría incluir nuevas barreras comerciales. Ese es un paso claramente en la dirección equivocada.

Autoridad

Federico Reyes Heroles

Apostaron todo a las alianzas en un acto de vana especulación. Pero la realidad es terca. Llegan las elecciones de Yucatán y el presidente del PAN hace su pueril pataleta. No reconocen la victoria priista y por lo tanto su derrota, impugnan sembrando dudas, convocan al conteo voto por voto con toda la carga histórica que eso supone para el presidente Calderón, su Presidente, y en fin denuestan a las instituciones. Qué podemos esperar del panismo en la decena y media de elecciones que vienen. Ahora resulta que tampoco son una "oposición leal", que el país está gobernado por un partido con una dirigencia sin principios democráticos mínimos, aceptar las derrotas, que son unos arribistas capaces de sacrificar lo más, las instituciones, por lo menos, la capital de un estado. Lo hubiéramos esperado del PRD no del PAN. No es anécdota, el daño está hecho. Dañaron a la autoridad.

Durante semanas la especulación gobernó al país. Que si el padre, que si la madre, que si las nanas, que si la tía. A la tragedia del caso se sumó una opinión pública muy entretenida, alimentada por los medios en el terrible negocio que viene de la mano del morbo. La nota policial en la primera plana, como ocurre desde hace algunos años. Ahora resulta que fue un accidente. Pero cómo vender ese capítulo final de la tragedia a una opinión pública envenenada de especulación. Mejor seguir especulando: todo es una gran mentira. Tampoco es anécdota, hay daño muy concreto, la autoridad, una vez más, quedó por los suelos. Con el caso Paulette, algunos ganaron dinero pero todos perdimos. Que no se llamen a sorpresa cuando en alguna página interior lean que lincharon a unos policías o a un presunto violador en un poblado. Por qué creerles si todo es un gran circo.

Cuál será el desenlace del trágico caso Fernández de Cevallos. Difícil saberlo, pero lo que resulta terrible para la pedagogía popular es que la familia clame, lo cual es entendible, que las autoridades no participen. Pareciera que lo peor que puede suceder es eso. La paradoja no podría ser mayor: si la llamada "ley antisecuestros" ya estuviera vigente, familia y autoridades estarían en falta. Más vale revisar la iniciativa. Tampoco es anécdota, si la propia clase gobernante desconfía de las autoridades, qué puede pensar el ciudadano de a pie.

Nos amanecemos con el amago por parte de la Iglesia Católica de boicotear el censo general de población que está por arrancar. En su interpretación el cuestionario elaborado por una de las instituciones del Estado mexicano más acreditadas, el INEGI, lleva una perversa intención de subdimensionar a los creyentes de esa denominación. El arzobispado no imputa un error técnico sino "un ejercicio que a todas luces responde a intereses perversos e inconfesables". En la lectura de la cúpula de esa Iglesia la máxima autoridad censal y estadística del Estado mexicano sería capaz de una maniobra de ese calibre en contra de decenas de millones de ciudadanos. De ser así, ¿qué podemos esperar del manejo transparente de la información? En su furia la Iglesia Católica, que tampoco vive una primavera de credibilidad, también confunde a la opinión pública y arremete en contra del Estado y de su autoridad. Eso sí es perverso.

México vive momentos delicados. Por un lado está el acecho del narco, por el otro la incomprensión de Estados Unidos. En la "guerra" contra el narco no hay fecha de terminación. En la relación con nuestro vecino del norte y a pesar de los evidentes esfuerzos diplomáticos mexicanos, tampoco hay demasiados buenos augurios. Como nación estamos solos. El presidente Calderón pronunció ante el Congreso de ese país un discurso valiente y delicado. Salió entre ovaciones pero en los hechos y a pesar de la apertura y muestras de simpatía de Obama, queda claro que ni siquiera el Presidente de la primera potencia del mundo puede modificar el curso de los grandes intereses. La nueva ley migratoria no tiene futuro en el corto plazo. Además ya están inmersos en la contienda electoral y el "asunto mexicano" es una vez más carne de cañón. El control sobre las armas, en particular las de asalto, tampoco se ve viable. El deterioro de la imagen de México en el mundo es muy grave y eso perjudica la inversión, el crecimiento, el empleo de los mexicanos.

Es en ese escenario muy complejo que resultan ofensivos e irresponsables los múltiples ataques en contra de la autoridad. No de un servidor o de otro, de la autoridad en general, autoridad como elemento esencial de gobierno. Esa autoridad que es el principio de todo Estado, autoridad imprescindible para mantener la convivencia cotidiana de casi 110 millones de habitantes, autoridad para poder gobernar a México. Dirigentes de partidos, arzobispado, legisladores, comunicadores, medios, todos estamos obligados a cuidar nuestras palabras y sus consecuencias, a cuidar el principio de la autoridad. Estamos en el mismo barco y en medio de una tormenta. Sin ella naufragaremos.

19 de mayo de 2010

Las invisibles

Sergio Aguayo Quezada

Relacionaré unas frases del Papa con la problemática de nuestras trabajadoras domésticas porque tocan el tema de la justicia y los valores.

La semana pasada Benedicto XVI soltó frases memorables. Aseguró que "la mayor persecución a la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia", y luego agregó que es insuficiente con pedir perdón porque la Iglesia debe ofrecer justicia: "el perdón no sustituye a la justicia". Las frases son latigazos a tanto fariseo enquistado en la Iglesia y tienen relación directa con nuestro atormentado país.

México es un país injusto, profundamente injusto y en lugar de la denuncia y el lamento llevo mi análisis hacia los remedios. Saldremos de los miasmas en que chapoteamos cuando un número suficiente de mexicanas y mexicanos defendamos nuestros derechos y los de los demás. Para que el cambio en los valores tenga consistencia debe encaminarse a la corrección de injusticias inmediatas, concretas y palpables.

Uno de los grupos sociales más marginados y maltratados de México es el de las trabajadoras domésticas. El 26 de marzo pasado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un documento sobre el tema. Aunque hay patronas y patrones que tratan con respeto a sus trabajadoras, los abusos encontrados por el Conapred son impresionantes. Se estiman en un millón y medio las empleadas a las que se niegan servicios de salud, mientras que 80% carece de prestaciones laborales. Las condiciones en que viven están sujetas a la voluntad de quien las emplea, pero las colaboradoras domésticas son frecuentemente el punto más débil de la estructura familiar, son, con frecuencia, las depositarias de los abusos y las frustraciones.

La situación de estas trabajadoras es una prisión construida con rejas culturales, institucionales y jurídicas. La parte más reforzada es la de los valores que subsisten en la sociedad. Es en el ámbito de lo privado donde brillan con mayor esplendor el machismo, el clasismo y el racismo de nuestra cultura. Las "sirvientas", las "gatas" o las "chachas" son algunos de los términos con los cuales se pregonan las diferencias de raza y clase. Sobre todo cuando son indígenas.

Una de ellas, citada en el informe del Conapred, explica que "la diferencia con nosotras las indígenas o que venimos de pueblo y que hablamos dialecto, [es que] ellas [las empleadoras] piensan que somos como de piedra, que aguantamos todo, nos cargan más el trabajo y nos tratan más mal, nos discriminan. [...] la señora nos decía 'ustedes como son indias pueden comer hasta la hierba que hay en el jardín'".

Deshumanizar o considerar como inferiores a los dominados son algunos de los mecanismos que siempre han sido utilizados para justificar los maltratos o la explotación. Son mecanismos impropios para una sociedad que aspira a ser democrática. Por eso mismo sorprende que las leyes mexicanas refuercen la injusticia. Las trabajadoras domésticas no tienen, en la práctica, ¡derechos laborales!, y es el único grupo de trabajadores al cual se impone en la ley la obligación de tratar con "consideración y respeto" al "patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar".

Aunque con frecuencia sirve de poco estar protegidos por una ley, es mejor estarlo. Incluirlo en la argumentación me sirve para demostrar la extrema vulnerabilidad de este grupo social. El Conapred está cumpliendo su trabajo al llamar la atención sobre una población discriminada; ahora debería hacer una encuesta para averiguar cuántos de nuestros gobernantes pagan salarios justos y hacen un esfuerzo por dar las prestaciones de ley a sus trabajadoras domésticas. El perdón sin justicia es insuficiente.

Daré dos razones por la cuales debe importarnos la situación de las "sirvientas". Si la cultura de la injusticia es integral, la forma de combatirla es apegándose de manera igualmente integral a un marco valorativo diferente. El enunciado aplica sobre todo a quienes tienen conciencia social. El segundo motivo está en el nexo entre pobreza e inseguridad. Hay suficientes estudios que permiten asegurar que la falta de un salario justo es una condición ideal para el auge del crimen organizado. Mejorar la distribución del ingreso es uno de los pasos concretos que pueden darse para modificar el galopante deterioro de los salarios y de la seguridad.

Hablar de justicia podrá parecer anticuado, pero incorporarla en la medida de lo posible alimenta la esperanza de que no todo esté perdido. Ser justos en el trato a las empleadas domésticas es una forma de mejorar el entorno inmediato y a nosotros mismos.

18 de mayo de 2010

Consenso excepcional

María Amparo Casar

Lo invito a resolver la siguiente adivinanza. ¿Quién cree usted que es el emisor de los siguientes mensajes?

"Es tiempo de convertir rezagos en oportunidades, de superar la barrera del subdesarrollo, es tiempo de generar los empleos que hacen falta, es tiempo de insertarnos en la sociedad de la tecnología y la información, es tiempo de ser actores y factores de desarrollo, es tiempo de trabajar unidos".

"... tenemos que resolver los retos de largo plazo que enfrenta México, ... es momento de seguir transformando nuestras instituciones, de generar nuevas leyes y nuevas reglas que permitan elevar la productividad y la competitividad de la economía ... una agenda de cambios ... para modernizar la estructura económica de México ... fortalecer la competencia económica ... incrementar la productividad de las empresas ... una reforma para facilitar y acelerar la inversión en infraestructura ... una reforma regulatoria para eliminar todo lo que no sirve en la normatividad ... una reforma en el sector de telecomunicaciones que, preservando los derechos de cada quien, propicie verdaderamente la convergencia a la competencia y la cobertura..."

"Tan importante como el resultado de las elecciones es la agenda que adopte la LXI Legislatura para transformar a México y ponerlo de pie, con la urgencia, sentido y determinación que se requiere" ... son tres los "ejes fundamentales: la reforma del régimen político, que le devuelva poder al ciudadano; la reforma económica, que recupere el crecimiento con justicia y equidad; la reforma social, que compense la desigualdad lacerante e injusta".

"Necesitamos mejorar la calidad en la educación ... abatir con celeridad los altos niveles de pobreza ... modernizar el andamiaje institucional, simplificar la adopción de acuerdos y alinear los incentivos a las demandas ciudadanas. Los desafíos en materia de impulso de competitividad, son fundamentales para atraer y retener inversión ... mejorar la seguridad física y patrimonial de los mexicanos ... No podemos seguir aplazando las reformas que requiere el país. ... asumamos todos, los costos que implican los cambios. No concentremos nuestros esfuerzos en resguardar falsas conquistas o tratos de privilegio."

"... hacer del crecimiento con equidad la prioridad nacional en las siguientes décadas. Crecer a tasas de 6 o 7 por ciento anual no ocurre por accidente, sino por decisión y acción sostenida" Se deben "eliminar los subejercicios presupuestales y fomentar la inversión privada en la provisión de infraestructura ... se requiere reformar la seguridad social, reducir la informalidad y aumentar la productividad; pero sobre todo reforzar el estado de derecho ...".

"...es necesario tener una reforma fiscal de fondo y que sea de largo plazo, con objeto de convenir equidad para todos los sectores del país... No se puede postergar más, era necesario construir un pacto que nos obligue a hacerle frente a los problemas coyunturales que enfrenta el país y ofrezca una reforma fiscal de fondo, que dé equidad para todos los sectores y seguridad jurídica".

El primer mensaje es de Slim en el Encuentro de Empresarios Latinoamericanos, el segundo de Calderón en el CCE, el tercero de Beltrones, el cuarto de Armando Paredes, presidente saliente del CCE, el quinto de Peña Nieto en el foro Compromisos con México y el sexto del senador Navarrete en la 7º edición de la Cumbre de Negocios. Prácticamente lo mismo decían quienes ocupaban esos cargos hace una década. Mismos retos, mismos diagnósticos, mismos exhortos, mismos compromisos, mismas promesas.

A juzgar por las declaraciones no hay lo que Luis Rubio llama acertadamente el choque dentro de cada civilización: "visiones contradictorias, intereses irreconciliables e incapacidad para asir soluciones comunes". Tenemos la fortuna de contar con un consenso excepcional.

Todas estas voces expresan un mismo sentir. Y no son voces cualesquiera. Son quienes tienen en sus manos el poder para legislar y ejecutar; quienes tienen las llaves para abrir la cerradura de las decisiones. Son la minoría que importa y constituyen la mayoría que puede resolver. Son los que concentran el poder político y el poder económico. Los que rigen el destino del país.

La siguiente adivinanza es por qué ante un consenso tan excepcional no pasa nada, por qué no se resuelven a actuar. No se me ocurren más que dos respuestas: o son adictos a los diagnósticos y promesas y creen que a fuerza de repetir las cosas, ellas ocurrirán, o son unos simuladores que en realidad se benefician del estado de cosas actual y les parece simpático seguirnos darnos atole con el dedo.

El caos monetario de Venezuela

Mary Anastasia O'Grady

Grecia está en bancarrota. Sin embargo, debido a que es un miembro de la zona euro y no puede imprimir dinero, sus vecinos europeos más acaudalados han acordado salir al rescate. A cambio, se espera que Grecia sanee sus arcas y adopte nuevas medidas regulatorias. Por esto es que los sindicatos del sector público han estado protestando en las calles e incluso atacaron un banco con bombas.

Cuidado con los griegos que incendian bancos. No son diferentes a los militantes que protestaron en Argentina en 2001 cuando su gobierno se quedó sin salida fiscal. Argentina también tenía una economía hiperregulada, un gobierno adicto al gasto y un régimen monetario que le impedía el simple hecho de imprimir dinero para pagar sus cuentas. En el fondo, las muchedumbres que protestaban en Argentina deseaban lo mismo que sus contrapartes griegas quieren ahora: un retorno a una moneda nacional que puedan imprimir cuando quieran.

Los detractores del euro parecen pensar que la tragedia griega justifica su postura de que cada país debería tener su propia divisa y política monetaria. Pero eso no resolvería nada. Seamos realistas: si Grecia no fuera la Argentina de la actualidad, sería Venezuela. En ese país, que posee una moneda soberana, el bolívar, y ninguna norma monetaria prohíbe que el banco central financie al gobierno, la inflación ahora se encuentra fuera de control.

En su defensa del liberalismo económico titulada Money, Markets and Sovereignty (Dinero, mercados y soberanía), Ben Steil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y Manuel Hinds, ex ministro de Hacienda de El Salvador, ofrecen una breve historia del auge de las monedas fiduciarias. "La mente moderna", explican, está acostumbrada a "ver el dinero como una creación de los estados". No obstante, los poderosos no lanzaron la idea hace unos 2.500 años "para promover la actividad económica, sino para beneficiarse de ella", recalcan. "Y hoy en día la imposición de las monedas nacionales sigue siendo una de las herramientas más potentes de la que disponen los gobiernos para extraer riqueza de sus poblaciones y ejercer control político sobre ellas".

Argentina diseñó su "ley de convertibilidad", que requería que los pesos estuvieran respaldados por reservas de dólares, precisamente para enfrentarse a este problema. Los políticos, sin embargo, no pretendían hacer reducciones, en el gasto o en la regulación, y con el tiempo una deuda demasiado grande provocó la bancarrota. En 2002, el gobierno descontinuó la convertibilidad del peso. Ocho años después, el peso argentino supuesto flotante es un desastre. El país permanece sumido en la mediocridad económica y una inflación de dos dígitos, y es rehén de un gobierno no liberal.

Anclar la moneda al dólar y, por ende, tercerizar la política monetaria a la Reserva Federal de EE.UU. había sido un éxito, pero los grupos de presión y los políticos no soportaron que esto les quitara poder. Venezuela es otro lugar donde los políticos no ven ninguna razón para restringir el apetito del Estado por hacerse con la riqueza del sector privado. Mantener la estabilidad de los precios debería ser algo obvio porque el gobierno tiene ingresos ganados en dólares para respaldar la divisa nacional. El bolívar, sin embargo, ahora está en caída libre.

En enero, el presidente Hugo Chávez anunció que devaluaría el bolívar de 2,50 por dólar a 4,30 (a excepción de los productos básicos). Les aseguró a los venezolanos que el gobierno sería capaz de proveer todos los dólares necesarios para dirigir la economía al nivel de un bolívar más débil y que la tasa de cambio del mercado negro, que era de seis a uno, convergiría con la tasa cambiaria oficial.

Sin embargo, el sector privado no pareció muy convencido y la tasa cambiaria en el mercado negro subió aún más, lo que encareció las importaciones de forma pronunciada. Hace nueve días, el costo del dólar se disparó por encima de ocho bolívares, lo que indica una feroz espiral inflacionaria.

El origen de este caos monetario es la sed de poder del Estado. Mientras que Fidel Castro hizo uso del terror para convertirse en dictador de Cuba, Chávez ha usado el control estatal de las ganancias petroleras y el banco central para comprar su dictadura. No es un secreto que su popularidad, a pesar del deterioro de los estándares de vida en Venezuela, proviene de la impresión y distribución de bolívares en los barrios de bajos ingresos así como entre las nuevas élites empresariales y las fuerzas armadas.

Con demasiados bolívares que persiguen muy pocos productos, Chávez ahora les echa la culpa a los "especuladores". Hace poco arrestó a 47 carniceros por evadir sus controles de precios. El Congreso, que él controla, también ha propuesto una legislación para penalizar las transacciones en el mercado paralelo de dólares. No obstante, más allá de aterrorizar al país, es poco probable que las severas medidas mejoren la situación porque el mercado necesita dólares para funcionar. "El colapso de la economía está muy cerca", me escribió un venezolano el sábado.

La lección aquí es que sin la voluntad política, el dinero fiduciario en cualquier forma —ya sea en una unión monetaria, anclado a una divisa de reserva o manejado soberanamente— es poco fiable. Como señalan Hinds y Steil, "el dinero no atado a una materia prima da lugar a la inflación cuando es administrado por mandatarios corruptos, irresponsables o incompetentes", lo que cubre a Grecia, Argentina y Venezuela en una pincelada.

Citando la sabiduría de un experto en derecho canónico español del siglo XV, los autores perciben el problema de la moneda fiduciaria: "El poder del gobernante para crear valor de algo sin valor al designarlo como 'dinero' estaba destinado a provocar inflación".

17 de mayo de 2010

'Va pa' tras'

Denise Dresser

Basta con ver la cara de los priistas en cualquier acto público. Basta con advertir las sonrisas compartidas, los rostros complacidos, los abrazos entusiastas. Están felices y se les nota; están rebosantes y no lo pueden ni lo quieren ocultar. Saben que vienen de vuelta, saben que están de regreso, saben que encuesta tras encuesta los coloca en el primer lugar de las preferencias en las elecciones estatales y cada vez más cerca de recuperar el control del gobierno federal. El PRI resurge, el PRI revive, el PRI resucita. Beneficiario del panismo incompetente y del perredismo auto-destructivo, el Revolucionario Institucional está a un paso de alcanzar el picaporte de Los Pinos tan sólo dos sexenios después de haber sido expulsado de allí.

Para muchos mexicanos esta posibilidad no es motivo de insomnio ni de preocupación. Hablan del retorno del PRI como si fuera un síntoma más de la normalidad democrática. Un indicio más de la alternancia aplaudible. Un indicador positivo de la modernización que México ha alcanzado y que ya sería imposible revertir. "El país ya no es el mismo que el de 1988", advierten quienes no se sienten alarmados por la resurrección priista. "El PRI no podría gobernar de manera autoritaria como lo hizo alguna vez", sugieren quienes celebran los logros de la consolidación democrática. "Los priistas se verían obligados a instrumentar las reformas que hasta ahora han rechazado", auguran los oráculos del optimismo. Y ojalá tuvieran razón las voces de aquellos a quienes no les quita el sueño la posibilidad de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría de Gobernación, Beatriz Paredes en cualquier puesto del gabinete, y Emilio Gamboa en la presidencia del PRI.

Ojalá fuera cierto que una nueva era de presidencias priistas sería señal de alternancia saludable y no de regresión lamentable. Ojalá fuera verdad que tanto el país como el PRI han cambiado lo suficiente como para prevenir el resurgimiento de las peores prácticas del pasado. Pero cualquier análisis del priismo actual contradice ese pronóstico, basado más en lo que sus proponentes quisieran ver que en la realidad circundante. Como lo escribe el columnista Tom Friedman en The New York Times, en México hoy coexisten tres grupos: "Los Narcos, los No's y los NAFTA's": los capos, los beneficiarios del statu quo y los grupos sociales que anhelan el progreso y la modernización. Y hoy el PRI es, por definición, "El Partido del No". El que se opone a las reformas necesarias por los intereses rentistas que protege; el que rechaza las candidaturas ciudadanas por la rotación de élites que defiende; el que rehúye la modernización sindical por los "derechos adquiridos" que consagró; el que no quiere tocar a los monopolios porque fue responsable de su construcción. El PRI y sus bases son los "No's" porque constituyen la principal oposición a cualquier cambio que entrañaría abrir, privatizar, sacudir, confrontar, airear o remodelar el sistema que los priistas concibieron y del cual viven.

A quien no crea que esto es así, le sugiero que lea los discursos atávicos de Beatriz Paredes, que examine la oposición pueril de Enrique Peña Nieto a la reelección, que reflexione sobre los intereses cuestionables de Manlio Fabio Beltrones, que estudie los negocios multimillonarios de Emilio Gamboa, nuevo dirigente de la CNOP y próximo presidente del partido. Allí está el PRI clientelar, el PRI corporativo, el PRI corrupto, el PRI que realmente no cree en la participación ciudadana o en los contrapesos o en la rendición de cuentas o en la apertura de la vida sindical al escrutinio público. Si la biografía es micro-historia, entonces se vuelve indispensable desmenuzar la de Emilio Gamboa ya que su selección reciente para una de las posiciones más importantes del priismo revela mucho sobre el ideario, los principios y el modus operandi de la organización. Emilio Gamboa, descrito en el libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, Los intocables, como el broker emblemático de la política mexicana; el intermediario entre el dinero y el poder político. Vinculado al Pemexgate, al quebranto patrimonial en Fonatur, al crimen organizado vía su relación con Marcela Bodenstedt y el Cártel del Golfo, a las redes de pederastia, al tráfico de influencias. De nuevo en la punta del poder dentro de su propio partido.

Ése es el PRI del 2010, y si no lo fuera, su dirigencia ya habría denunciado a Emilio Gamboa junto a tantos que se le parecen. Pero no es así. El PRI del nuevo milenio y el que se apresta a gobernar a la República sigue siendo un club transexenal de corruptos acusados y corruptos exonerados; de cotos construidos sobre la intersección de la política y los negocios; de redes tejidas sobre el constante intercambio de favores y posiciones, negociadas a oscuras. En una conversación telefónica grabada y ampliamente diseminada -que a pesar de ello no ha hecho mella en su carrera política- Emilio Gamboa le dice a Kamel Nacif: "va p'a tras". Y ése es el mismo mensaje que el PRI envía sobre el país bajo su mando.

7 de mayo de 2010

La Iglesia ante la justicia

Carmen Aristegui F.

La publicación del insólito comunicado del Vaticano sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, en donde -finalmente- califica al sacerdote como delincuente sin escrúpulos, carente de un auténtico sentimiento religioso y artífice de un sistema de relaciones que "le permitió ser inatacable durante mucho tiempo" marca, ya en definitiva, la ruta de extinción de la congregación creada por el "satán de Cotija" como se le ha llegado a llamar en algunas notas de prensa en los últimos días. El reconocimiento oficial del Vaticano de las monstruosas conductas de Maciel y de la existencia de redes de poder e influencia que impidieron que las denuncias en su contra prosperaran durante décadas representa una válvula de escape ante la actual presión internacional en torno al Vaticano. El caso Maciel es el putrefacto botón de muestra que exhibe no sólo la perversidad individual de Maciel y el funcionamiento de la organización que él mismo creó, sino es ahora el referente más claro dentro de esta crisis mundial. La condena abierta y pública de la Santa Sede en contra de Maciel, utilizando un lenguaje duro e inusual, se enmarca en medio del peor cuestionamiento y crisis de credibilidad por el que haya atravesado la Iglesia Católica en siglos. Tal vez sin un contexto de crisis profunda como éste, jamás hubiéramos visto un comunicado como el que se escribió sobre Maciel y sus legionarios. Se da en medio del fragor de una batalla vaticana por sortear, acusaciones y procesos judiciales que nadie sabe dónde van a parar. El cruce de fuego incluye disculpas públicas en el caso de Irlanda; reunión con víctimas en el caso Malta; renuncias forzadas de obispos implicados en casos de abusos de menores en Miami, Irlanda y Alemania; un nuevo proceso judicial en contra de los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony por encubrimiento y, por supuesto, la denuncia ante una Corte Federal de los Estados Unidos en contra de Benedicto XVI y otros jerarcas religiosos por un hombre de Illinois que afirma haber sufrido, cuando era niño, abusos de un sacerdote al interior de la escuela para niños sordos de St. John. La demanda pide la entrega de archivos confidenciales del Vaticano con denuncias de abusos por parte de clérigos y una compensación monetaria. La demanda afirma que Ratzinger -entonces cardenal-, Tarcisio Bertone y Angelo Sodano conocían las denuncias en contra del presunto depredador que violó a cerca de 200 niños sordos y "se asociaron para mantenerlas en secreto". Se deja entrever en la denuncia que el sacerdote señalado como responsable de abusos reiterados contra esos menores, Lawrence Murphy, era un "hábil recaudador de fondos", filón indudable que lo emparenta con el caso Maciel. El asunto ha colocado, por primera vez, a un Santo Padre ante la posibilidad de ser enjuiciado por una Corte Federal estadounidense. No será ésta la primera ocasión que en ese país se procese judicialmente una demanda de esta naturaleza. La novedad es que ahora quien está imputado es el máximo jerarca. En 2002 el mundo se cimbró por las denuncias en Boston por lo que el fiscal del caso, llamaba "el encubrimiento masivo" de la Iglesia para los más de mil sacerdotes que habían cometido actos criminales en contra de menores. El cardenal Bernard Law, por cierto, salió del país, rumbo a Roma -de donde no ha salido- horas antes de que la policía le entregara un citatorio para presentarse ante el Gran Jurado. En Los Ángeles la Iglesia tuvo que hacer fuertes erogaciones por procesos masivos en contra de sacerdotes por abusos a menores. Hay noticia reciente de que en Kentucky también se presentó otra demanda que exige que el Papa comparezca ante las cortes. En Alemania, la canciller Merkel ha dicho que la autoridad civil intervendrá ante las denuncias masivas que se han presentado en su país. Diferentes organizaciones hacen gestiones ante la Corte Europea de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional alegando que el Vaticano se autodefine como Estado Nación y debe también comparecer en la materia. Lo de Maciel no sólo puede ser un simple despresurizador para el Vaticano. Debe también abrirse con él la puerta para la justicia y la transparencia. Ya ni el Vaticano se atreve a hablar de una actuación en solitario del personaje. Habla ya, por primera vez, de "sistema de relaciones" y de "haber creado a su alrededor un mecanismo de defensa... que lo hizo inatacable". De esas conductas están llenas las demandas judiciales en otras partes del mundo. ¿Alguien levanta la mano para la justicia en México?

29 de abril de 2010

Grecia debería seguir el ejemplo de Perú

Robert Kozak

Perú ofrece un buen ejemplo de cómo un deudor en problemas puede darle un giro a su situación, en momentos en que Grecia y sus acreedores enfrentan la posibilidad de una dolorosa reestructuración de su deuda.

Después de años de gobiernos intervencionistas y populistas, incluyendo una dictadura militar de izquierda en la década de los 70 y el primer mandato del actual presidente Alan García en los 80, Perú eventualmente quebró. García peleó con los prestamistas multilaterales, trató de nacionalizar bancos, se negó a pagarles a los tenedores de bonos lo que se les adeudaba, aumentó la oferta monetaria hasta causar una hiperinflación y causó estragos a las reservas de divisas extranjeras de país.

La recuperación comenzó a principios de los 90, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori, entre otras cosas, logró un pacto con el Fondo Monetario Internacional, como parte de un esfuerzo por poner bajo control la situación fiscal del país. El manejo sobrio de la gran resaca de deuda que tenía Perú continuó después que Fujimori huyera del país luego de una ola de escándalos de corrupción.

Los gobiernos posteriores trabajaron para crear un mercado local de bonos, tomando prestado en soles y reduciendo la dependencia de la deuda extranjera. El gobierno negoció el pago de la deuda al Club de París. Perú fue transparente en sus medidas respecto de la deuda y evitó tomar prestado más de lo que necesitaba. Pese a tener una serie de acuerdos de préstamo con el FMI, Perú nunca tocó ni un centavo de los fondos disponibles.

Nadie puede acusar a Perú de haber tenido una tarea sencilla, con su gigantesca economía informal y una cultura de evasión de impuestos. La pobreza es amplia y el atractivo de las políticas populistas, especialmente a través de incrementos en los sueldos del sector público, sigue siendo grande. En cambio, Perú tomó algunas decisiones difíciles, tales como reformar el plan de pensiones del gobierno para poner límites estrictos sobre quién podría obtener beneficios.

Al evitar tomar demasiado dinero prestado, la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto de Perú cayó pronunciadamente, a medida que los ingresos por impuestos crecieron a la par de un auge económico impulsado por los recursos. Eso ayudó a Perú a recibir una calificación de grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras. Se habla de que su calificación pronto podría volver a mejorar. Mientras tanto, Standard & Poor's rebajó esta semana la calificación de deuda de Grecia a "chatarra" y bajó las calificaciones de Portugal y España.

Mientras tanto, en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas continúa llevando a cabo reformas estructurales, recientemente atacando los subsidios al combustible. Continúa recomprando y canjeando bonos globales en circulación para postergar su vencimiento a décadas en el futuro. El país está enfatizando la colocación de deuda denominada en soles a tasas fijas.

García ha regresado para su segundo mandato con diferentes políticas económicas y su ministra de Economía, Mercedes Araoz, ha descartado cualquier gasto antes de las elecciones presidenciales de 2011. La funcionaria dijo que no se dejarán bombas de tiempo a los gobiernos futuros. Mientras tanto, las reservas internacionales regularmente ascienden a nuevos máximos y el riesgo país de Perú ha caído muy por debajo del promedio latinoamericano.

El déficit fiscal del gobierno central, incluso tomando en cuenta un paquete de gastos dirigido a frenar las consecuencias del declive económico global, se ha mantenido bajo control y se encuentra en un manejable 1,6% del PIB este año. El ministerio de Araoz tiene la financiación lista para este año y no debería tener problemas para prefinanciar el presupuesto del próximo año. El PIB de Perú se podría expandir en cerca de 6% este año. En su más reciente consulta de rutina, el FMI indicó que "las perspectivas de Perú a mediano plazo siguen siendo brillantes".

Tomó dos décadas y mucho trabajo llegar a este punto. Los países derrochadores podrían seguir el ejemplo de disciplina de Perú.

Robert Kozak, el jefe de la corresponsalía de Lima de Dow Jones Newswires, ha cubierto las noticias políticas y de negocios de Perú por una década. Antes, Cubrió noticias generales y económicas en México y Canadá para Reuters en los 90.

19 de abril de 2010

Pulpo mexicano

Denise Dresser

Lo primero que usted necesita saber sobre Televisa es que está en todas partes. La empresa de televisión más poderosa del país se asemeja a un enorme pulpo cuyos tentáculos envuelven la pantalla, los partidos, la elaboración de iniciativas legislativas, los deportes, las telenovelas, los juegos y sorteos y la construcción de candidaturas políticas. Así como en la revista Rolling Stone el periodista Matt Taibbi bautizó a la empresa Goldman Sachs -hoy bajo investigación por fraude- como un "giant vampire squid" por su tendencia a succionar y adueñarse de cualquier cosa que oliera a poder o a dinero, en México tenemos nuestro propio molusco. Omnipresente. Insaciable. Imparable. Un cefaloide chupador que se aprovecha de las flaquezas de un sistema político endeble, en el cual la codicia organizada suele derrotar a la democracia desorganizada.

Por ello no sorprende que en días recientes el senador Carlos Sotelo del PRD, junto con -¿quién más?- Manlio Fabio Beltrones del PRI, hayan intentando resucitar el espíritu de la Ley Televisa, así como algunas de sus propuestas más cuestionables. Hoy como ayer, de pronto apareció un dictamen que se distribuyó entre los senadores señalando a "Televisa S.A. de C.V." como el lugar desde donde surgió el documento. Hoy como en el 2006, Javier Tejado Dondé, el vicepresidente jurídico de la empresa, misteriosamente hizo acto de presencia en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la idea de obtener legislación a modo como lo logró en el 2006. Hoy como ayer, se busca disfrazar el refrendo automático de concesiones -que la Suprema Corte declaró inconstitucional- con la pantalla de la "prórroga administrativa". Hoy, como hace cuatro años, hay legisladores dispuestos a agachar la cabeza lo suficiente como para argumentar que la iniciativa concebida en Avenida Chapultepec constituye "un avance", cuando en realidad es la resurrección de algo incorrecto. Algo indebido. Algo abusivo.

Es cada vez más obvio. El alcance y el poder sin precedentes del pulpo le permiten ingresar y manipular amplias zonas del mar en el que se mueve. Allí está la descripción académica acuciosa en el nuevo libro La "Ley Televisa" y la lucha por el poder en México editado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. La lista de lo que Televisa hace y el gobierno de México le permite. Evitar la competencia abierta con diversos actores en el sector de las telecomunicaciones; negar condiciones de igualdad para sus rivales; obstaculizar el surgimiento de nuevas cadenas; presionar y subordinar a los poderes constitucionales como lo son el Senado y la Cámara de Diputados; vetar el surgimiento de una nueva ley de medios democrática que se acerque a las mejores prácticas globales; usar las pantallas para desprestigiar a sus críticos, ignorar temas que no convienen a sus intereses y construir "telebancadas", precisamente para asegurar su protección. Por eso el United States Trade Representative -el Representante de la Oficina del Comercio Estadounidense- no tiene el menor reparo en afirmar: "(las televisoras) continúan ejerciendo su influencia sobre la legislación mexicana, la política y los cuerpos regulatorios".

De manera similar al pulpo infernal y vampiresco -Vampyroteuthis infernalis- al que se parecería, todo indica que la empresa simplemente no puede controlar su voracidad ni sus peores instintos. Por una parte, a través de Foro TV comienza a reconocer la pluralidad necesaria y la rehabilitación reputacional que necesita empujar. Pero por la otra, permite que su director de Comercialización Artística vaya por el mundo amenazando, chantanjeando, y diciendo frases tan incriminatorias como: "No te queda claro que quienes mandamos sobre la autoridad y hasta sobre el propio Presidente de la República somos nosotros?". Televisa, el pulpo fáctico cuyos límites el gobierno no logra fijar; cuyo tamaño ha crecido con la colusión de los legisladores; cuya influencia ha aumentado gracias al contubernio de los reguladores; cuyos tentáculos afectan todo lo que tocan, retrasando la competencia, alterando la equidad electoral, vetando la acción pública. Los pulpos vampiro suelen vivir en zonas del mar sin luz conocidas como OMZ -mínimas de oxígeno- y vaya que el nuestro está oscureciendo la democracia mexicana y succionado el poco oxígeno con que cuenta.

De allí la importancia de exhortar a los legisladores a que tiendan una red para limitar a quienes -con sus tentáculos- los tienen agarrados de la nuca. De allí el imperativo de apoyar una iniciativa alternativa a la que Televisa elaboró y promueve con legisladores que temen enfrentar el poder del monstruo que han creado. De allí la urgencia de respaldar la nueva ley federal de telecomunicaciones presentada de manera conjunta por el PAN y el PRD que fortalece el interés público, la competencia, la pluralidad, el derecho a la información y la libertad de expresión. Habrá que obligar al pulpo a formar parte del coctel campechano que es la democracia, en lugar de ser un ingrediente impuesto que ya sabe mal.

18 de abril de 2010

13 razones por las que el Papa debe renunciar

Denise Dresser

1) No es posible eludir el tema de la responsabilidad individual del Papa, más allá de su responsabilidad institucional. La primera historia, como ha argumentado Christopher Hitchens en The Great Catholic Cover-Up, es fácil de contar y nadie la ha negado. En 1979, un joven alemán de 11 años fue llevado a las montañas por un sacerdote. Se le administró alcohol y se abusó sexualmente de él. Posteriormente el párroco fue transferido por el entonces arzobispo Ratzinger de Essen a Munich para ser sometido a “terapia”, pero poco después se le permitió regresar al trabajo pastoral, desde donde continuó abusando de niños.

2) Dado el estilo de administración de Ratzinger y su tendencia a involucrarse minuciosamente en las decisiones de sus subalternos, no es creíble pensar que desconociera el paradero y las actividades del pastor abusador. Los documentos del episodio llegaron hasta el escritorio del arzobispo, quien en el mejor de los casos fue negligente y, en el peor de ellos, permitió la perpetuación del abuso sexual.

3) Este caso es tan sólo un ejemplo del patrón de encubrimiento a nivel global en que el Papa participó; un patrón ampliamente conocido y padecido por los padres de niños violados en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia y Alemania, entre los casos documentados. Desde que Ratzinger asumió la dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue responsable de un proceso de obstrucción de la justicia a nivel global. Para Ratzinger, el verdadero crimen nunca ha sido el abuso sexual o la violación de menores, sino la posibilidad de que esos eventos fueran reportados a las autoridades civiles. Según el arzobispo, las acusaciones sólo podían ser atendidas dentro de la jurisdicción exclusiva de la Iglesia. Quien violara la secrecía exigida corría el riesgo de ser excomulgado.

4) Como señala Hitchens, no satisfecho con encubrir actividades criminales de sacerdotes pederastas, Ratzinger elaboró su propio estatuto de prescripción del delito, para limitar su vigencia en número de años, como si fuera posible hacerlo con respecto a un pecado.

5) El caso de Marcial Maciel es especialmente escandaloso, ya que exmiembros prominentes de Los Legionarios de Cristo fueron deliberadamente ignorados por Ratzinger a lo largo de los 90. La posición de Ratzinger siempre fue de protección a Maciel –siguiendo los pasos de Juan Pablo II–, incluso cuando se le pidió que pasara sus últimos años en retiro y no bajo una investigación seguida de sanción, como debió haber ocurrido.

6) Al caso de Maciel se añaden las recientes revelaciones sobre el padre Lawrence Murphy, quien abusó de 200 niños sordos en Wisconsin, hechos de los cuales fue informado Ratzinger en su momento. Los abogados estadunidenses que están demandando a la Iglesia han hecho públicos documentos demostrando que, en un inicio, oficiales del Vaticano propusieron un juicio canónigo secreto, pero lo suspendieron después de que el sacerdote apeló directamente al cardenal Ratzinger y obtuvo su clemencia. El padre murió sin haber sido sancionado.

7) Bajo su tutela, la añeja estructura burocrática del Vaticano simplemente no ha encontrado la manera adecuada de procesar y lidiar con la avalancha de denuncias de abuso sexual. En 2001, como cardenal, Ratzinger tomó control del tema; sin embargo, creó una pequeña oficina de 10 personas que ha revisado tan sólo 3 mil casos en 10 años.

8) El Vaticano no ha logrado adaptar su comportamiento insular ante las exigencias de una cultura global crecientemente democrática y exigente. Basta con recordar la torpe reacción de la jerarquía en sus discursos de las últimas semanas, equiparando la crítica a la Iglesia con el antisemitismo. O escuchar a jerarcas eclesiásticos que se han referido a la ola de escándalo mundial como “chismes baratos”. O leer que en ciertos círculos católicos se habla de la existencia de un “lobby judío” empeñado en desacreditar al Papa. Tiene razón Leon Wieseltier, editor de The New Republic, cuando reclama airadamente al Vaticano con la pregunta: “Por qué querría la Iglesia católica defenderse aludiendo a otras enormidades (como el antisemitismo) en las que estuvo implicada? Y además los judíos padecieron mucho más que las críticas de la prensa”.

9) Resulta sorprendente que hasta la fecha el Papa no haya encarado la crisis de manera frontal, personal y humana, atendiendo de mejor manera a las víctimas. Eso en sí revela una falla en su liderazgo como figura política, religiosa y espiritual. Hace falta más que pedir una disculpa de manera genérica. Se ha vuelto imprescindible investigar, sancionar y reparar el daño. La resistencia del Papa a hacerlo pone en tela de juicio el papel que debería desempeñar como Sumo Pontífice. Sus instintos conservadores y la insistencia en la lealtad institucional, la obediencia y la autoridad absoluta del clero han servido mal a los católicos de todas las latitudes.

10) Las fallas del liderazgo papal se vuelven más obvias en la medida en que el escándalo crece en lugar de disminuir. Cuando la Iglesia católica en Alemania inauguró recientemente una línea telefónica dedicada a las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes, hubo más de 4 mil llamadas el primer día.

11) No hay otra manera de decirlo: ha quedado expuesto, después de años, un periodo negro en el que la jerarquía de la Iglesia católica respondió ante el abuso sexual sistemático con silencio, complicidad, evasión y negligencia criminal. El Papa carga con una gran dosis de responsabilidad que no puede ser ignorada o negada. A pesar de que ahora el Vaticano comienza a salir de su mentalidad “búnker” y a promover acciones más vigorosas ante la realidad de la pederastia clerical, la crisis de autoridad está allí.

12) Aunque se han dado pasos hacia la rendición de cuentas de los abusadores, no ha ocurrido lo mismo con obispos que los protegieron durante tanto tiempo. El Papa no ha limpiado su propia casa de manera suficiente, ni ha demostrado el remordimiento necesario como para despejar la nube que cuelga sobre su liderazgo papal. En su carta abierta al pueblo irlandés, el Papa no pidió ni especificó acciones disciplinarias contra miembros de la Iglesia que participaron en el encubrimiento de abusos de alcances epidémicos.

13) Finalmente, como pregunta Maureen Dowd, católica y columnista de The New York Times: “¿Cómo mantener la fe cuando nuestros líderes no se la merecen?”.

12 de abril de 2010

Es tiempo de enfrentar el eje Teherán-Caracas

Roger Noriega

A medida que Washington se apura para delinear sanciones efectivas en contra de Irán, parece que se ha olvidado totalmente de la floreciente relación entre Mahmoud Ahmadinejad y Hugo Chávez. Esta alianza estratégica provee al régimen iraní de una fuente clandestina de uranio, le ayuda a evadir restricciones al comercio y el financiamiento y les da a los terroristas de Medio Oriente acceso a las armas del creciente arsenal de Chávez. Entonces, incluso si Occidente logra implementar sanciones efectivas, la sociedad de Teherán con Caracas podría aplastarlas.

Chávez es un enemigo confeso de Estados Unidos que ha apoyado a grupos terroristas y regímenes radicales por más de una década. Pero aunque su respaldo a Irán no debería sorprender a nadie, no es seguro que EE.UU. pueda responder al eje Caracas-Teherán.

El mandatario venezolano dejó entrever sus simpatías en septiembre de 2005 cuando Venezuela fue el único miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) en votar en contra de sancionar a Irán por su programa ilegal de enriquecimiento de uranio. Cuatro años después, durante la octava visita de Chávez a Irán, el presidente llamó a ese país un "aliado estratégico". El 11 de septiembre de 2009, en una entrevista con el periódico francés Le Figaro, Chávez agradeció a Irán por ayudar a Venezuela a desarrollar su propio programa nuclear. De hecho, los dos gobiernos formalizaron su colaboración "en el campo de la tecnología nuclear" con una acuerdo firmado en Caracas en noviembre de 2008. Y, en medio de una aplastante crisis fiscal en diciembre último, Chávez ordenó a su ministerio de Economía y Finanzas destinar otros US$50 millones a un programa nuclear secreto, según un documento que me entregó una fuente en Venezuela.

Aunque Chávez ha calificado los informes de explotación de uranio como "mentiras" y parte de un "plan imperialista", la compañía canadiense de exploración de uranio U308 Corp ha registrado una fuente sustancial de uranio en la Cuenca de Roraima, en la frontera entre Guyana y la provincia venezolana de Bolívar.

Iraníes y otras personas de Medio Oriente operan una fábrica de tractores, una planta de cemento y una mina de oro en esta región. Dos de estas instalaciones tienen puertos privados en el Río Orinoco, lo que les permite un acceso sin restricciones al Océano Atlántico. Una de estas operaciones, la fábrica de tractores VenIrán, era el destino de 22 contenedores interceptados por las autoridades aduaneras de Turquía en el puerto de Mersin en diciembre de 2008. Estos contenían un "laboratorio de explosivos" y nitratos y sulfitos que se usan para fabricar explosivos.

Estas operaciones industriales son apenas la punta del iceberg. Empresas conjuntas y otros proyectos que suman un total de al menos US$30.000 millones entre compañías venezolanas e iraníes que actúan como pantallas pueden ser usadas para ocultar transacciones multimillonarias en dólares. Además, Irán ha creado varias instituciones financieras importantes en Venezuela que trabajan a través de los bancos locales para acceder al sistema bancario global.

Debido a que Venezuela apenas puede satisfacer su demanda doméstica por productos petroleros refinados, algunos dudan de que Chávez pueda cumplir la promesa que le hizo al régimen de Ahmadinejad en 2009 de suplirle con 20.000 barriles de gasolina al día para suavizar el impacto de las sanciones que se avecinan. Sin embargo, si los organismos de inteligencia estadounidenses están prestando atención, sabrán lo que Chávez le dijo a su contraparte iraní en Caracas en noviembre: Venezuela ya está comprando combustible en los mercados internacionales con el fin de dárselo a Irán, según un relato secreto de la reunión que una de mis fuentes venezolanas me reveló.

La relación con Irán también ha impulsado el apoyo de Venezuela a los radicales de Medio Oriente. En noviembre, comandos de la marina israelí incautaron el barco de carga alemán Francop —que llevaba 36 contenedores que contenían 500 toneladas de cohetes Katyusha, morteros, granadas y medio millón de municiones para armas de bajo calibre— que se dirigía hacia Siria y cuyo destino final era Hezbolá en Líbano. La carga letal había salido del puerto venezolano de Guanta más o menos cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, visitaba Damasco para entregar un mensaje de Chávez a Bashar al-Assad.

Debido a que EE.UU. está decidido a pasar por alto lo que descarta como provocaciones insignificantes, Washington se ha negado a tomar medidas efectivas en contra del apoyo de Chávez a los terroristas colombianos y su complacencia con el tráfico de drogas. Quizás sus lazos con Irán cambien la situación.

Cualquier programa serio de sanciones de cerrar las brechas abiertas por las sustanciales relaciones bancarias y empresariales entre Irán y Venezuela. El apoyo de Teherán a las ambiciones nucleares de Chávez debe ser escudriñado por la IAEA. Los funcionarios venezolanos, la petrolera estatal (PDVSA) y otras instituciones financieras deben ser investigadas y sancionadas por permitir transacciones financieras ilegales. El respaldo de Chávez a grupos terroristas en el continente americano y más allá debería ser enfrentado como una amenaza a la paz y un acto de agresión bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Noriega fue embajador de EE.UU. ante la OEA entre 2001 y 2003 y subsecretario de Estado de 2003 a 2005. En la actualidad es un académico visitante del American Enterprise Institute y director gerente de la firma Vision Americas LLC.

El desafío chino

Andrés Oppenheimer

Cuando el presidente chino Hu Jintao visite Latinoamérica esta semana, habrá muchos discursos oficiales celebrando el explosivo crecimiento del comercio chino con la región. Sin embargo, hay señales de que este romance comercial se enfriará un poco en los próximos años.

Sin duda, las enormes compras de materias primas latinoamericanas de parte de China han sido un regalo del cielo para la región: el comercio bilateral aumentó desde $10,000 millones en el 2000 a más de $140,000 millones en el 2008, y ayudó a la región a sobrevivir a la crisis económica mundial.

Pero cada vez más economistas proyectan que aunque las relaciones comerciales entre China y Latinoamérica seguirán creciendo, lo harán a un ritmo más lento.

Me llamó especialmente la atención un estudio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), que se dio a conocer pocas horas antes de la visita del presidente Hu a Brasil, Chile y Venezuela, que se inicia el 14 de abril. Según la CEPAL, el comercio entre China y Latinoamérica, que creció a tasas del 30 por ciento anual en la última década, crecerá a la mitad de ese ritmo --alrededor del 15 por ciento-- entre ahora y el 2020.

Entre los nubarrones que se atisban en el horizonte se cuentan:

• Primero, las exportaciones latinoamericanas a China dependen demasiado de un pequeño número de materias primas. Ya se trate de la soja argentina o brasilera, del cobre de Chile y Perú o del petróleo de Venezuela, muchos países latinoamericanos dependen de un solo producto para la mayor parte de sus exportaciones a China, que en varios casos ya se ha convertido en su primer socio comercial.

¿Qué ocurrirá si una sequía, nuevos competidores extranjeros o unadisputa comercial frenan la exportación de uno de estos productos de la región?. La reciente decisión china de suspender las importaciones del aceite de soja argentino --por un valor de alrededor de $200 millones anuales-- es un recordatorio de la enorme vulnerabilidad de los países latinoamericanos si no diversifican sus exportaciones.

Osvaldo Rosales, el director de comercio internacional de la CEPAL, me dijo que ``nos estamos conectando con el motor de la economía mundial del siglo XXI [China] con exportaciones del siglo XIX. Eso es positivo a corto plazo, pero a mediano plazo crea una dependencia de unos pocos productos básicos con poco valor agregado, que generan menos empleos que las exportaciones de manufacturas o de servicios''.

• En segundo lugar, el reciente acuerdo de libre comercio entre China y los 10 países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), que entró en vigor el 1ro. de enero, perjudicará a las exportaciones latinoamericanas. A partir de ahora, naciones de la ASEAN como Vietnam, Filipinas, Malasia e Indonesia pueden exportar frutas, vegetales, hierro y casi todos los productos manufacturados a China sin pagar impuestos aduaneros, lo que les hará más difícil a los países latinoamericanos vender sus productos a China, me explicó Rosales.

8 de abril de 2010

Chile: ¿Es necesario subir los impuestos?

Hernán Büchi

Hernan Büchi fue Ministro de Hacienda de Chile.

Desgraciadamente, en general lo que es intuitivo y aceptable políticamente no es lo correcto. Esto explica la pobreza que aún es mayoritaria en el mundo, ya que ha impedido que las políticas públicas sean las adecuadas para aprovechar los conocimientos y avances tecnológicos levantando a la humanidad de la miseria. La incapacidad para superar esta dificultad es quizás la mayor tragedia que conocemos.

Estas semanas hemos visto un ejemplo en los planteamientos tributarios en relación al terremoto. Es atractivo proponer alza de impuestos, especialmente a un ente abstracto como las empresas. El argumento es simple: hubo una tragedia, que todos paguen. Se olvida que el desastre afectó a todos. Todos tienen que soportar algún costo: Fisco, empresas y personas. Las empresas no gastan con sus recursos, sólo producen, invierten, emplean o disminuyen deudas, lo que hace más accesible a terceros financiarse. Todo ello es lo que necesitamos para superar la pobreza, y hoy en la emergencia con más impuestos tendremos menos. El Fisco, más allá de las dudas sobre la certeza de sus cifras de ahorro en el pasado, tiene recursos y poca deuda. Una emergencia como esta es la oportunidad para usar esa holgura. Si no es ahora, ¿cuándo? Es tarea de los técnicos —hay muchos y buenos en el gobierno— hacerlo en la mejor forma para minimizar otros efectos macroeconómicos.

Se ha insinuado que el problema no es sólo la emergencia del sismo. El déficit estructural legado sería mayor, quizás el 2% del PIB, y ello requiere corrección. Si es así, no es el único legado a corregir. La productividad cayó al 1,6% anual durante el gobierno de Bachelet. Si queremos progresar, es imposible sin mejoras en ella. Quizás la tarea más crítica de este gobierno sea precisamente esa; es imprescindible para relanzar el crecimiento. Más impuestos y dificultades para invertir son el camino equivocado para lograrlo. Aun cuando la situación fiscal no haya sido tan positiva como se decía, existe un amplio espacio para ajustar las cuentas en un plazo que no tiene por qué limitarse al actual período presidencial.

En la discusión han rebrotado argumentos de otra índole. Que los impuestos a las empresas son bajos y que son injustos para las personas. Esos argumentos no son correctos. No debemos compararnos con países desarrollados que crecen poco para lo que necesitamos. Nuestros impuestos no son bajos si los comparamos con las etapas dinámicas de desarrollo que quisiéramos emular. Más aún, la recaudación efectiva del impuesto a las empresas como porcentaje del PIB es más alta en Chile que en muchos otros países, incluso los de tasas altas. Ello es porque probablemente se aplican con menos exenciones y se usan bases distintas. Respecto de las personas, no existe tal inequidad. Son impuestos de naturaleza distinta; Chile tiene un sistema integrado que cuando llega la riqueza a las personas tributa en forma equivalente. Ya vimos que las empresas no gastan, producen. El impuesto a ellas es un anticipo a las personas que en términos de impulso a la inversión y el empleo, fuente última de la eliminación de la pobreza, cabría pensar en bajarlo, no subirlo.

Pero lo más grave de esta polémica está en el plano político. Veinte años de gobierno de la Concertación deterioraron nuestra capacidad de superar la pobreza. El esfuerzo de muchos impidió que el proceso se acelerara más, siguiendo el camino políticamente fácil y acorde con su ideología. Sería un mal presagio que las primeras medidas de un gobierno que debía marcar un cambio en este aspecto se iniciaran por el mismo camino.

15 de marzo de 2010

Los demócratas y la empresa de telecomunicaciones de Haití

Mary Anastasia O'Grady

Joseph P. Kennedy II dejó de lado por un momento sus asuntos petroleros con Hugo Chávez el mes pasado para responder a una columna que escribí sobre otro de sus emprendimientos. Se trata de un contrato de 1999 entre Fusion Telecommunications, donde Kennedy formaba parte de la junta directiva, y el monopolio estatal de telecomunicaciones Haiti Teleco.

Las afirmaciones de Kennedy en una carta fechada el 11 de febrero al editor de The Wall Street Journal, así como la pregunta aún sin respuesta sobre por qué Fusion tenía acceso a la red de Teleco con un descuento de 75% sobre la tarifa oficial que aparece en los documentos enviados a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC)– llaman la atención. Esto es especialmente valedero ya que, el viernes 12 de marzo, un ex director de asuntos internacionales de Haiti Teleco se declaró culpable en una corte federal del estado de Florida de lavado de dinero en conexión con una conspiración de sobornos entre 2001 y 2003.

Llegar al fondo del acuerdo de Fusion, que un editorial de The Wall Street Journal de mayo de 2001 caracterizó como "sórdido", es importante para Haití. Su presidente cuando se firmó el contrato era René Préval, en ese momento un aliado cercano de Jean Bertrand Aristide. El presidente estadounidense era Bill Clinton, quien había restablecido al despótico Aristide en el poder en 1994. Numerosos amigotes de Clinton también eran parte de la junta directiva de Fusion.

Hoy, Préval es presidente otra vez, Clinton es el enviado oficial de la ONU a Haití y burócratas internacionales diseñan un plan de reconstrucción que, según el periódico Washington Post "sugiere ingeniería social en una amplia escala, que podría involucrar niveles de inversión privada y pública en Haití que realmente nunca se imaginaron antes". Si hay alguna esperanza de que este plan, con un costo estimado de entre US$1.000 millones y US$3.000 millones, no termine financiando pistas de esquí en Puerto Príncipe, hay que exigir que quienes estén el poder rindan cuentas.

Mi columna del 25 de enero describió acusaciones realizadas por el gobierno interino de Haití entre 2004 y 2005 en una demanda civil entablada en la corte federal del sur de Florida contra Aristide. La demanda señalaba que la investigación del gobierno sobre Teleco mostraba que Aristide hizo arreglos con "ciertos" proveedores de telecomunicaciones estadounidenses y "les otorgó tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones o sobornos...". La demanda indicó que una de las empresas que realizó ciertos pagos "a ciertas empresas en el extranjero" fue Fusion. Acusa que una de las compañías que hizo pagos a a ciertas "empresas off-shore" fue Fusion. Haití afirmó que podía probar los cargos, pero luego cuando Préval fue elegido presidente otra vez en 2006 retiró la demanda.

Kennedy sostiene que mi columna "establece mal los hechos en torno al acuerdo de Fusion con Teleco" y que él no estaba "al tanto de ninguna acción, práctica o política que fuera sospechosa moralmente de alguna forma o que violara ninguna ley internacional o interna".

Sólo Kennedy sabe si estaba al corriente de alguna violación de las normas de la FCC. Pero eso no altera los hechos: puesto que Teleco era un monopolio a fines de la década del 90 y comienzos de la de 2000, los operadores estadounidenses que hacían negocios con esa empresa estaban sujetos a la política de acuerdos de la FCC (ISP). Las reglas de la FCC indicaban que los prestadores estadounidenses con tráfico hacia países ISP debían presentar sus contratos ante la comisión y que esos contratos eran de dominio público. Las normas de la ISP también indicaban que un monopolio sólo podía ofrecer una tarifa a los operadores estadounidenses. Si le otorgaba una tarifa más baja a un prestador, esa empresa tenía que presentar el contrato ante la comisión y alertar a todos los competidores más importantes de la nueva tarifa. La tarifa oficial luego caería para todos los operadores.

A fines de los 90 algunos haitianos que trabajaban en Teleco me dijeron que "la empresa Fusion de los Kennedy" obtenía un descuento especial y que tenía una oficina dentro de Teleco. Llamé a Fusion para preguntar al respecto pero ni siquiera confirmaron si tenían negocios en Haití. Luego, la FCC me informó que su archivo que contenía los contratos de Haití, que son documentos públicos, se había extraviado. Cuando la FCC le pidió a los operadores que entregaran un duplicado, Fusion entregó una copia de 1999. Luego acudió a los tribunales para bloquear mi acceso al documento.

Fusion perdió y cuando el contrato se difundió mostró que la empresa tenía una tarifa de 12 centavos de dólar por minuto en circunstancias que la tarifa oficial era de 50 centavos por minuto. Como me dijo un haitiano, en una de las rutas más transitadas del hemisferio occidental, "era una mina de oro".

Una de las afirmaciones más graciosas de Kennedy es que el pacto especial de Fusion con Teleco era "un acuerdo innovador" y un ejemplo de "desregulación de monopolios estatales". La FCC sugirió algo distinto en otra situación similar. En 2008 le impuso una multa de US$400.000 a la firma de Nueva Jersey IDT por no presentar su acuerdo con Teleco de 2003, en el que obtuvo un precio de 8,75 centavos por minuto, un descuento del 66% frente a la tarifa oficial.

Un empresario independiente estadounidense que hace negocios en el Caribe hace poco me explicó el panorama haitiano de esta forma: "no nos molestamos con Haití ya que la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas prohíbe que entidades estadounidenses legítimas ingresen en el mercado haitiano. En Haití hay que pagar para jugar. El beneficio de contar con cables submarinos competitivos sería transformador para los haitianos. En cambio, se quedaron con los amigotes de Clinton que les imponían impuestos a los pobres."

Lo que es peor, como demuestra el más reciente esfuerzo de asistencia, por lo menos algunos de estos amigotes no se han ido.