País de privilegios

Denise Dresser

No logramos crecer a la velocidad que podríamos y deberíamos. No logramos avanzar al ritmo que deseamos y necesitamos. Y la culpa no es la cultura o la historia o el destino o la mala suerte. Tiene que ver con lo que hemos hecho y dejado de hacer. Con decisiones y omisiones y postergaciones internas. Como argumenta Carlos Elizondo en su nuevo libro Por eso estamos como estamos: la economía política de un crecimiento mediocre, el problema central se encuentra en nuestros persistentes "centros de veto"; en la capacidad reiterada de ciertos grupos para frenar políticas públicas en favor del interés público. Y ante ellos se erige una sociedad débil y un Estado capturado, incapaces de desmantelar la red de privilegios que ahora estrangula al país.

Muchos pensábamos que la transición democrática traería consigo una oleada reformista encaminada a ese fin: contener, regular, nivelar, competir, crecer. Pero la dispersión del poder que las urnas generó; el descrédito de las reformas modernizadoras que Carlos Salinas mal instrumentó; la poca claridad y capacidad con la cual el PAN hizo uso del poder que ganó; la permanencia del corporativismo cuyo margen de maniobra creció; la conversión del PRD y del PRI en herederos del "nacionalismo revolucionario" en lugar de sus sepultadores. Esa combinación tóxica explica la parálisis que nos define. Muchos tienen interés en mantener el status quo prevaleciente; nadie tiene la fuerza suficiente para cambiarlo. Muchos siguen siendo beneficiarios del país tal y como está, pocos tienen incentivos para construir una nueva coalición que cambie el estado de las cosas.

Allí están los sindicatos rapaces del sector público. Los empresarios atrincherados en sectores monopólicos. Las organizaciones campesinas aprovechándose de Procampo. La burocracia obesa e improductiva apoltronada en el sector público. Actores dominantes que se comportan conforme a la lógica corporativa del pasado y así sabotean el futuro. Acostumbrados a defender privilegios en lugar de acumular méritos; acostumbrados a extraer rentas -cobros excesivos por sus bienes y servicios- en lugar de competir para disminuirlas. Y todos ellos protegidos por los partidos políticos que defienden su propio feudo, su propio monopolio, su propia carretada de dinero público. Cómplices de la mediocridad, artífices del anquilosamiento, arquitectos del México de más de lo mismo.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a que esto sea así. La normalidad anormal. La disfuncionalidad aceptada. Pensamos que los privilegios desmedidos y las rentas extraídas son una parte incambiable de nuestra identidad nacional. No comprendemos que el arraigo de la lógica clientelar en México es mucho mayor que en otros países y razón definitoria de nuestro rezago. Importa más el derecho del sindicalizado que del ciudadano común y corriente. Importa más defender el arreglo político con Elba Esther Gordillo que educar mejor a los niños de México. Importa más seguir ordeñando a Pemex para financiar las clientelas de los gobernadores que obligarla a ser una empresa moderna, competitiva, productiva, eficiente. En vez de regular, el Estado claudica; en vez de promover la competencia, el Estado la inhibe; en vez de promover los intereses generales, el Estado acaba siendo rehén de los intereses particulares.

Y ésta es una situación inaceptable. Deja a México fuera de la pertenencia al BRIC -Brasil, Rusia, India, China- y al margen de los países en desarrollo con gran tamaño y enorme potencial. Condena a los mexicanos a vivir en un país pobre, rezagado, inseguro. Nos vuelve incapaces de promover la inversión, la competencia, la igualdad de oportunidades y el mérito como forma de ir ascendiendo el escalafón social. Lleva a salidas falsas y a propuestas contraproducentes como la idea -apoyada por Enrique Peña Nieto- de fomentar la sobrerrepresentación del partido mayoritario, para, ahora sí, aprobar "las reformas que el país necesita". Pero como argumenta Carlos Elizondo, el poder unificado tampoco es la panacea. En el pasado el PRI lo tuvo; manejó la economía de forma centralizada, sin contrapesos y desde Los Pinos. Basta con recordar las crisis sucesivas y las devaluaciones destructivas para entender las implicaciones de esa forma fatídica de administrar la política pública. Como dijera famosamente Gabriel Zaid: "Así fue y así nos fue".

Insistimos tercamente en ser un país excepcional y único en tantas cosas. Excepcional en cuanto a la permanencia de tantos privilegios en tan pocas manos. Único en cuanto a la anuencia social ante ello. De allí que la verdadera solución no se halla tan sólo en la instrumentación de reformas institucionales desde arriba. Tiene que ver también con la creación de un contexto de exigencia desde abajo. Con el surgimiento de ciudadanos que asumen derechos exigibles y no simples concesiones o dádivas del gobierno. Con partidos políticos que -de cara al 2012- contesten la siguiente pregunta: ¿Quieren continuar con un país basado en privilegios o transformarlo para que dejemos de estar como estamos?

¿Quién es un ciudadano?

Juan E. Pardinas

La respuesta más antigua a la pregunta del título sería: el habitante de una ciudad. Sin embargo, una respuesta más moderna afirmaría que ser ciudadano no implica una procedencia geográfica, sino el ejercicio de un conjunto de capacidades y herramientas que la ley define como derechos. La ciudadanía nació como un privilegio. Sólo un grupo reducido de individuos podía portar su caja de herramientas jurídicas que los protegía de los abusos de la autoridad y les permitía participar en la toma de decisiones colectivas.

En la Inglaterra del siglo XVII, sólo los propietarios de tierra, del sexo masculino, de piel blanca se podían plantar frente a la urna y emitir su voto para elegir a un miembro del parlamento. Al paso de las generaciones y los siglos, la noción de igualdad republicana empezó a democratizar el paquete de utensilios jurídicos que define a la ciudadanía. En la norma, los varones sin tierra ganaron derechos equivalentes a sus pares latifundistas. La religión, la pigmentación de la piel, el analfabetismo o el sexo dejaron de ser una barrera para determinar la respuesta de quién es un ciudadano. Es curioso que los mexicanos utilizamos con frecuencia la frase "no estamos en Suiza" para ilustrar que nuestro país tiene mucho camino por recorrer para acceder a niveles superiores de modernidad y civilización. Las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto en 1947, mientras que las suizas no pudieron sufragar en elecciones federales hasta 1971.

La noción de ciudadanía que tenemos hoy es muy distinta a la que tenían nuestros antepasados. Es probable que en unas décadas el concepto también sea distinto. Esa evolución dependerá de que las personas accedamos a herramientas y derechos que hoy no podemos concebir o ejercer a plenitud. En 20 siglos el martillo evolucionó muy poco, pero el taladro es una invención que apantalló a nuestros abuelos.

¿Cuáles serán los derechos que determinarán el concepto de ciudadanía en el siglo XXI? Sospecho y anhelo que la rendición de cuentas y la transparencia de información que tendremos mañana será mucho más vasta que la que tenemos hoy. En el futuro, la rendición de cuentas no sólo aplicará para el presidente de la República y los secretarios de Estado sino también para el médico que te operó de las anginas y el carnicero que te vendió un filete con clembuterol.

El martes pasado, la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, anunció el lanzamiento de una iniciativa internacional para promover gobiernos más transparentes y ciudadanos mejor informados (http://www.opengovpartnership.org). El Comité Directivo de esta iniciativa está formado por representantes de ocho países y nueve organizaciones sociales, entre las que participa el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Con la interacción de la sociedad civil y el gobierno, cada país buscará mejorar la rendición de cuentas no sólo de los presupuestos, sino también del impacto y la calidad de los servicios públicos.

Gracias al trabajo del IFAI, México es considerado un campeón internacional en temas de transparencia. Sin embargo, esos laureles se marchitarán pronto si no nos ponemos las pilas. Brasil trae un programa para divulgar los pagos con tarjeta de crédito realizados por servidores públicos. Indonesia tiene un sistema para detallar los costos y tiempos de construcción
de cada una de las decenas de miles de casas que fueron edificadas después del tsunami del 2004. Gran Bretaña difundirá el desempeño de los servicios públicos, desde la puntualidad de un tren hasta la tasa de mortalidad de un hospital.

Aún es temprano para juzgar el nivel de compromiso y voluntad política que cada país pondrá detrás de la iniciativa a favor de gobiernos abiertos. Sin embargo, el proyecto está basado en una premisa de optimismo con fundamento histórico: la idea de ciudadanía no es un concepto estático. A tu caja de herramientas todavía le queda espacio para un desarmador de opacidades y una cinta métrica de resultados.

¿Regresión?

María Amparo Casar

Las elecciones del Estado de México con su impresionante volumen de votación para el PRI (65%) han provocado una corriente de opinión y un discurso político de parte de sus adversarios que no tiene ni sustento político ni eficacia práctica. A algunos puede disgustar la idea de que el PRI vuelva a la Presidencia en el 2012, a otros nos gusta más la pluralidad, pero hablar de regresión, restauración o incluso de involución política es simplemente un absurdo. Si el PRI regresa a Los Pinos, será porque el electorado así lo decida en las urnas. Si el PRI gana la Presidencia, no habrá restauración, pues no podrá gobernar en las condiciones en las que lo hizo durante 70 años. Además, si lo que se quiere es impedir su retorno, el discurso de la regresión, está visto, no tiene el potencial para movilizar a los electores.

Desde que en 2006 sufrió su peor descalabro electoral (22% de la votación) el PRI ha tenido más triunfos que derrotas. Explicar el éxito electoral por la operación de las maquinarias de los gobernadores o por pura corrupción electoral, principalmente por el mal uso de recursos públicos, no alcanza. Apelar al expediente de la "elección de Estado" cada vez que gana el PRI es un recurso desesperado e ineficaz.

Sin ser el partido en el gobierno, en las elecciones intermedias pasó de ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados a ser la primera minoría. Elevó su votación de 27% en 2006 a 37% en 2009 y su número de legisladores de 104 a 238. ¿Hubo aquí una elección de Estado? Lo dudo. Durante este sexenio en las elecciones locales a pesar de sus tres grandes derrotas (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) ha tenido más triunfos que fracasos: Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. A ellas se unen ahora: Nayarit, Coahuila y el Estado de México.

Esta última entidad fue una de las pocas entidades tripartidistas del país. Sus principales municipios fueron gobernados por el PAN y el PRD y al correr del tiempo los perdieron por un mal desempeño. El PAN pasó de gobernar 23 municipios en 2003 a 12 en el 2009 y el PRD de 22 a 9. Algo habrán hecho mal. En cambio el PRI pasó de 67 a 97. La cámara de diputados local que en 2003 se dividía a tercios hoy es mayoritariamente priista con 40 de 75 diputados. Algo habrán hecho bien.

Hoy la preferencia electoral del PRI alcanza a nivel nacional un 36% y si le ponemos candidato -Peña Nieto- un 47%. Hoy el partido menos rechazado es el PRI. Algo hizo bien el PRI cuando en el 2006 era rechazado por el 36% de los electores y en la última medición es el partido mejor evaluado: 38% expresa una buena opinión (Consulta Mitofsky, junio 2011). ¿Hay aquí una elección de Estado? ¿No cabe la posibilidad de que los electores se hayan decepcionado de los gobiernos del PAN y PRD; no cabe la posibilidad de que el PRI con todos sus defectos haya hecho mejor las cosas?

No me hago la ilusión de que las elecciones en México son un ejemplo de equidad y legalidad. Pero la triste realidad es que en materia de ilegalidad, particularmente del uso de recursos públicos, la cancha ha sido pareja. Cada partido ha sido acusado, con pruebas, de movilizar recursos de manera ilegal en los procesos electorales locales. Otra cosa es que, como con los delitos del orden común, los electorales también queden impunes en un 98%. Si los gobernadores priistas han movilizado una cantidad nada despreciable de recursos públicos a favor de sus candidatos, si sus autoridades electas y funcionarios públicos han hecho proselitismo fuera de la ley, si han adelantado los tiempos de campaña y han contravenido las normas en materia de compra de espacios en los medios electrónicos, lo mismo han hecho los gobiernos del PAN y del PRD. Ahí estuvo el gobierno del DF ayudando al candidato perredista en Guerrero. Ahí Peña Nieto en todos los estados en los que ha habido elecciones. Ahí el gobierno federal en las elecciones de Oaxaca, Sinaloa y Puebla. El cochinero es parejo. Quizá la diferencia es de grado: a mayores recursos, mayor cochinero. En ocasiones ese uso ilegal de recursos ha sido remontado y la oposición ha derrotado al partido en el gobierno. En otras, las maquinarias de los estados han resultado invencibles.

Al final, dadas las prácticas ilegales que caracterizan a todos los partidos, Peña Nieto tiene razón aunque en su explicación se le haya olvidado la ayudadita que le dio a Eruviel: el triunfo en el Estado de México lo explica el trinomio buen gobierno, organización del partido y buen candidato.

Al final y aunque es cierto que nada está escrito de cara al 2012, el PRI está escribiendo un mejor script o al menos un script más convincente ante el electorado que el resto de los partidos. Más les vale reconocerlo y diseñar, a partir de ese reconocimiento, una estrategia competitiva.

¿Y el vaso?

Denise Dresser

El vaso está medio lleno, asegura Ernesto Cordero. El vaso está medio vacío, le responden sus críticos. México dejó de ser un país pobre, argumenta el secretario de Hacienda y precandidato presidencial. México todavía lo es, le contestan quienes quieren sabotearlo. Cifras van, cifras vienen y no queda claro cuál es la descripción correcta, el diagnóstico adecuado, el posicionamiento que mejor refleja la realidad. ¿Debe el país celebrar su condición clasemediera o lamentar que 50 millones de pobres no la comparten? ¿Debe México congratularse por los pasos que ha dado -durante la última década- en favor de las clases medias y su consolidación o denunciar que han sido demasiado pequeños? El problema con el debate reciente es que desvía la discusión de donde debería estar. Centra la disputa en la cantidad de líquido que contiene el vaso mexicano, en vez de cómo convertirlo en jaibol, en copa. En cómo hacerlo crecer.

De manera torpe, de forma insensible, de modo cuestionable, Ernesto Cordero ha tratado de articular algo importante: la sociedad mexicana está cambiando y las clases medias están avanzando. Una persona es de clase media cuando tiene una mínima independencia económica, aunque sea precaria. El término incluye a profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, académicos, todos los cuales cuentan con un ingreso familiar suficiente para no preocuparse por su sobrevivencia. Es probable que el porcentaje de la población total que alcance ese nivel hoy llegue a casi 60%.

En su libro Clasemediero, Luis de La Calle y Luis Rubio argumentan que, más allá del ingreso, ser de clase media entraña una actitud, y un número creciente de mexicanos la comparte. En los últimos años los clasemedieros lograron comprar una casa; tienen tarjetas de crédito aunque cercanas al tope; entienden que el futuro de sus hijos depende de saber usar una computadora y hablar inglés; cuentan con automóvil y aspiran a elevar su nivel de consumo de manera sistemática. En México -gracias a la estabilidad macroeconómica- hay un segmento creciente de la población que ya no es pobre, va al cine, sale de vacaciones, compra diversos bienes. Se siente de clase media y quiere proteger ese status. Ya no insiste en la redistribución de la riqueza sino en su acumulación. Según Ernesto Cordero, estas son señales de que el país está cambiando en la dirección deseable. Luego entonces, la población debe mantener al PAN en Los Pinos, dado el impacto positivo de 10 años de estabilidad panista vs. décadas de inestabilidad priista.

Para los que ven el vaso medio vacío, la defensa corderista de sus logros es mentirosa, electorera, deshonesta. Señalan que de todos los países latinoamericanos de ingreso medio alto -incluyendo Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica- México tiene el peor indicador de pobreza. Que 47% de los mexicanos, o sea 50 millones 290 mil personas, viven en pobreza y 21 millones 400 mil personas apenas subsisten. Que según cifras del Coneval, el número de pobres aumentó en casi 5.9 millones en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón. Durante el sexenio de Vicente Fox la pobreza alimentaria cayó casi 14 por ciento para dispararse después en 2007. La política social no combate la pobreza, la administra, dicen personajes priistas como Francisco Rojas. En México algunos caminan hacia adelante mientras muchos permanecen estancados, afirman prominentes líderes del PRI. "Debe haber un reparto equitativo de la riqueza", declara Enrique Peña Nieto, mientras se niega a debatir sobre el modelo económico prevaleciente y cómo lo cambiaría.

El PAN intenta aplaudir lo que ha logrado, mientras el PRI abuchea. El PRI rechaza la responsabilidad que tuvo en meter a México en un hoyo -durante los ochenta y noventa- mientras el PAN no ha hecho lo suficiente para sacar a millones de mexicanos de allí. El asunto es que entre acusaciones y descalificaciones el meollo del problema permanece archivado, guardado, ignorado. La falta de crecimiento económico sostenido. La ausencia de una marea que alce todos los barcos, incluyendo los de tantos que sobreviven con apenas 20 pesos al día. Aunque este año la economía se expanda, el Producto Interno Bruto ha crecido en un promedio anual de sólo 1.6 por ciento en los primeros cinco años del sexenio, y 1.5 por ciento promedio anual en la última década. Cifras que explican por qué la clase media crece pero muy lentamente. Cifras que revelan por qué los pobres no dejan de serlo.

La raíz del problema es que los planteamientos -tanto de un bando como del otro- no entienden lo que la ausencia de crecimiento significa para una sociedad. Como explica Benjamin Friedman en The Moral Consequences of Economic Growth, el crecimiento promueve más oportunidad, más movilidad, más compromiso con la equidad, más dedicación a la democracia. Sin crecimiento económico del tipo que están experimentando países como India y China, México construye "clasemedieros" pero no a la velocidad que podría y debería. Llena el vaso, gota a gota, pero sigue tolerando que sea de tamaño tequilero

No, no es 'normal'

Denise Dresser

Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.

Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.

Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.

Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.

Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priista que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".

Incentivos e informales

Juan E. Pardinas

Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.

Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.

Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.

Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.

A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.

La buena nueva

José Woldenberg

Oigo a varios políticos con mala conciencia, tartamudez lógica y aceitados resortes demagógicos hablar de lo que será una gran novedad entre nosotros: "tendremos, por fin, candidatos ciudadanos". Tres recomendaciones no solicitadas. 1) No tengan mala conciencia: ustedes también son ciudadanos. 2) Recuerden sus clases de lógica: "Todos los mexicanos somos humanos. No todos los humanos son mexicanos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Humanos. -Entre los humanos unos somos mexicanos y otros argentinos, franceses, chinos y sígale usted. Ahora bien: "Todos los políticos son ciudadanos. No todos los ciudadanos son políticos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Ciudadanos. -Entre los ciudadanos hay quienes son políticos, mientras otros manejan taxis, hacen tortas o se dedican al baile. 3) Si las recomendaciones anteriores tienen algún sentido, entonces, por favor, eviten la demagogia. Creo que no es mucho pedir.

Los legisladores, con buen tino, evitaron hablar de candidaturas ciudadanas porque sabían que todas lo son. Prefirieron acuñar el término candidaturas independientes. Un vocablo no sólo más parco, sino empatado con la lógica. ¿Independientes de quién o de qué? Con claridad respondieron: independientes de los partidos políticos existentes. Distintos, diferentes, separados de ellos.

De ahora en adelante (si la Cámara de Diputados así lo aprueba y la mitad más uno de los congresos locales también), tendremos candidatos independientes de los partidos a las presidencias municipales, a los congresos locales y federal, a las gubernaturas y a la Presidencia. Ojalá la medida sirva para incorporar a muchos ciudadanos a la lucha electoral, a la disputa por los cargos electivos, a los puestos de representación.

Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en qué se convertirán esos ciudadanos cuando puedan registrarse como candidatos?, es decir, ¿cuando aparezcan en la boleta para ocupar distintos cargos de elección popular? Y la respuesta es automática, clara, incontrovertible, si a uno no lo nubla la densa bruma de la retórica: en políticos. En ese momento el manto ciudadano -que con tan buenos oropeles irradia prestigio y que a todos nos arropa o debería arropar- deberá abrirse un poco para aceptar -espero- que nuevos ciudadanos han arribado a la política. Lo cual -insisto- no está nada mal.

Ahora bien, ¿ese o esos ciudadanos-políticos se presentarán a las elecciones solos, de uno en uno, sin base de apoyo, sin equipo de trabajo, serán una especie de predicadores solitarios anunciando una buena nueva? Imagino que no. Que en buena lid armarán su base de apoyo, su equipo de trabajo, su infraestructura material, se dotarán de algún discurso, postularán cierto diagnóstico de los males del país y sus posibles soluciones, etcétera. Y entonces ¿qué cree usted? Estaremos ante un nuevo partido político. No importa cómo se autodenomine: club, movimiento, grupo, asociación. Será, a querer o no, un partido. Pequeño (municipal o distrital), muy pequeño (distrital o municipal), mediano (estatal), grande o muy grande (nacional), pero partido al fin. Podrá ser efímero (bueno para una sola elección) o permanente, personalista (aglutinado en torno a algún líder) o colegiado, ilustrado o plebeyo, pero partido sin duda alguna.

Y vendrá su reglamentación. Podrá ser más o menos permisiva o restrictiva, pero resultará inescapable. No es casual que en el dictamen aprobado por la Cámara de senadores se diga con todas sus letras que la legislación secundaria debe contemplar temas como: "El respaldo de un número mínimo de ciudadanos... adecuada distribución territorial (de los mismos)... derechos y prerrogativas... financiamiento público... (Acceso a medios)... obligaciones... rendición de cuentas... acceso a la justicia electoral".

En suma, los ciudadanos con ganas de participar en política (cosa buena) podrán postular candidatos independientes de los partidos existentes (perfecto), formando nuevos partidos (muy bien), a los que seguramente se negarán a reconocer como tales por la mala fama de los mismos. Nada más imaginar una campaña clamando "vota por un ciudadano no por un político" (¿se acuerdan del Verde?) es para abatir a cualquiera.

Para decirlo en breve, ahí donde hay elecciones y funcionan los órganos colegiados y representativos (congresos) aparecen los partidos. No son una planta exótica y ni el mejor mago los puede desa- parecer. Son criaturas connaturales a los procesos electivos y a la democracia representativa. Aparecen y se fortalecen al mismo tiempo y no se conocen democracias sólidas, implantadas, durables, sin partidos. Tienen mala fama, causan tirria, generan enojos, pero resultan insustituibles; y los que reniegan de ellos, cuando quieren convertirse en representantes, acaban creando sus propios partidos. No es un asunto que se pueda resolver por la vía nominalista, es decir, cambiándole el nombre a la "cosa". Porque esa "cosa", ya sabemos, es una organización que busca que sus miembros ocupen cargos de gobierno o legislativos.

Bajo la sombra de Maciel

Carmen Aristegui F.

La Iglesia Católica se encuentra sumida en una de las más graves crisis de confianza y credibilidad por las que ha atravesado a lo largo de sus más de 2 mil años de historia. La agobian los escándalos mundiales sobre pederastia clerical, abusos y encubrimientos masivos que han sido exhibidos en los últimos años, a través de denuncias, investigaciones y trabajos periodísticos. La crisis es grave y profunda. El mundo ha conocido de los abusos que, masivamente, se han cometido en contra de menores y seminaristas y ha sabido, también, de las prácticas institucionales de ocultamiento y simulación. La respuesta frente a innumerables testimonios y casos documentados ha sido lenta, tardía e insuficiente. Desprovisto de un mea culpa elemental, el Vaticano arriba a Semana Santa con un as bajo la manga: la beatificación del Papa más mediático y con mayor carisma de los últimos tiempos pero, a la vez, el más polémico y cuestionado por su papel en esta historia. Juan Pablo II será recordado como uno de los grandes protagonistas, por su papel activo en el fin de la Guerra Fría, por su habilidad para convocar a multitudes -mismas que pretende recuperar el Vaticano, a través de la imagen beatificada- y también por combatir, dentro de su Iglesia, las expresiones de la teología de la liberación.

¿Qué tan grave será la crisis que el Vaticano se toma hoy de un clavo ardiente? Benedicto XVI ha dado un paso en falso y ha contravenido el sentido de urgencia, planteado por él mismo a raíz de los escándalos, para "...contrarrestar aquello que ha tenido consecuencias tan trágicas para la vida de las víctimas y sus familias y que ha oscurecido de tal manera la luz del evangelio, como no lo habían hecho siglos de persecución". ¿El camino para lograr su propósito de reconstituir a la Iglesia es beatificando a su antecesor? Ratzinger ha conocido, como pocos, las conductas escandalosas y criminales de Marcial Maciel. Él sabe cuánto sabía él y cuánto sabía su antecesor. Ambos formaron parte de ese "sistema de relaciones que a Maciel... le permitió ser inatacable durante mucho tiempo". Justo cuando el debate, las investigaciones y la justicia internacional se centran en despejar preguntas sobre quiénes y cuánto sabían acerca de las conductas criminales de sacerdotes, es que Ratzinger decide encaminar, precisamente, a Juan Pablo en la ruta de los altares. ¿Cuánto sabían Ratzinger y Wojtyla sobre lo que ahora son escándalos en serie, de los últimos años? ¿Qué informaciones recibieron sobre lo que ocurría en Malta, Irlanda, Wisconsin, Boston, Bélgica, México o Alemania? ¿Qué tipo de responsabilidad histórica es la que les corresponde?

De entre todos, el del mexicano Marcial Maciel es, tal vez, el que más sombra les hace. Aunque están otros casos documentados, como el del padre Hullerman en Bavaria o el del reverendo Murphy acusado de abusar de 200 niños sordos en Estados Unidos, las principales voces -aun dentro de la Iglesia Católica- utilizan el caso Maciel para manifestar su rechazo a esta beatificación. No hay manera de disociar la imagen de Juan Pablo y, por supuesto, la de Ratzinger de la del fundador y guía de los Legionarios de Cristo. Durante el pontificado de Juan Pablo II se rechazó abrir una investigación sobre las conductas execrables del legionario y sus secuaces, a pesar de las evidencias y acusaciones en su contra. Ratzinger cerró, primero, la puerta a la investigación que se le pedía. Después, en la víspera, y ya siendo Papa, desató un proceso, aún inacabado, en el que reconoció oficialmente la verdad de las acusaciones. Ahora juega, extrañamente, con los símbolos y derivados del caso Maciel. ¿Por qué el Vaticano decidió beatificar a Juan Pablo II exactamente un año después de emitir el histórico comunicado en el que reconocía, por primera vez y en voz alta, las conductas inescrupulosas y delictivas del sacerdote mexicano? ¿Por qué eligió, precisamente, el 1o. de mayo para realizar la ceremonia en la Plaza de San Pedro, cuando fue precisamente ese mismo día, un año antes, cuando decretó esa suerte de defenestración post mortem contra el fundador y guía de los Legionarios de Cristo? ¿Qué pretende el Vaticano con tan singular coincidencia en las fechas? ¿Acaso pretende tapar al demonio Maciel con la figura del beato Juan Pablo II? En cualquier caso, y a pesar de los intentos para liberarse de la figura, la biografía de los dos papas quedará, indefectiblemente, bajo el manto y la sombra de Marcial Maciel.