27 de febrero de 2010

26 de febrero de 2010

La “doctrina Calderón”

José Antonio Crespo

De concretarse la propuesta de formar un nuevo organismo regional de América Latina y el Caribe, lo que quizá llegue a conocerse como la “Doctrina Calderón” podría rezar: “Latinoamérica para los latinoamericanos”. Pero, como suele suceder en estos casos, la paternidad de la idea es disputada por distintos países, y se remonta en el tiempo cada vez más atrás. Hugo Chávez defiende el fuero histórico de su país y afirma, con razón, que la propuesta original viene de Simón Bolívar (por cierto, asesor personal del presidente venezolano, a “larga distancia”). El organismo latinoamericano y del Caribe podría interpretarse como un acto de autonomía política respecto del gran tutor e interventor de la región, Estados Unidos, para discutir los intereses comunes y dirimir las diferencias regionales sin la presencia y la supervisión estadunidenses, a diferencia de lo que ocurre con la OEA.

Y es que, aun antes de la independencia de nuestros países, EU ya se perfilaba como el fulcro de la balanza en la política latinoamericana, y con mucho más razón en el caso de México, su traspatio inmediato. Por ejemplo, los insurgentes enviaron diversos emisarios para intentar conseguir armas modernas que permitieran inclinar la balanza a favor de su movimiento. El entonces secretario de Estado, James Monroe (el mismo de la doctrina antieuropea), propuso al enviado insurgente, Bernardo Gutiérrez de Lara, que una vez alcanzada nuestra autonomía nos incorporásemos a la Unión Americana. De ocurrir eso, dijo Monroe, lograríamos formar “la potencia más formidable del mundo”. Muchos pensarán hoy que ahí se perdió una gran oportunidad para los mexicanos y que hemos pagado caro el no haberla aprovechado. Si bien desde entonces algunos veían, incluso en el acto de pedir cualquier cosa, algo indigno: el doctor José María Cos acusó en 1815 a sus correligionarios insurgentes “de comprometer la honra nacional enviando a los Estados Unidos de América un plenipotenciario en demanda de auxilio...” Sin embargo, poco antes, José María Morelos, que también consideraba esencial contar con esas armas, hasta pensó en ceder Texas —según lo comunicó por escrito en 1813—, por recomendación de uno de sus lugartenientes, David Faro, de nacionalidad estadunidense. El hecho es que los insurgentes no lograron obtener del vecino del norte las armas que requerían, y en buena parte por ello perdieron la guerra frente a los realistas (que son quienes hicieron la Independencia por razones distintas a las que inspiraron a los insurgentes). Por su parte, un tenaz independentista, como fray Servando Teresa de Mier, fue más allá, y propuso a los estadunidenses la integración de ambos países, a cambio de su ayuda: “Declárese Estados Unidos por la independencia de México, y yo les aseguro que no sólo será República, sino confederada con Estados Unidos”.

Una vez lograda la Independencia, nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en parte ante el temor de una invasión española (que en efecto sucedió en 1829), pensó conveniente formar una federación americana, que debiera ser encabezada por quien había impulsado ese ideal: Simón Bolívar. ¿Quién mejor para dirigir una liga de esas características que uno de sus más entusiastas promotores, desde su Carta de Jamaica de 1815? ¿Quién mejor que aquel que había expresado que “la unión bajo un solo gobierno supremo nos hará formidables a todos”?

Y el Libertador pensaba que la metrópoli de esa confederación debía ser México, “la única (ciudad) que puede serlo por su poder intrínseco”. Bolívar rechazó la oferta de Victoria “aunque mucho me lisonjea”. Pero había una pequeña diferencia entre los proyectos de Bolívar y de Victoria: el primero había pensado en una “soberbia federación” sin los estadunidenses, puesto que éstos “parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad” (un bosquejo de la posterior doctrina del Destino Manifiesto). En cambio, don Gudadalupe consideraba que Estados Unidos, “como potencia grande y marítima, debe tener una gran parte en esta necesaria federación”. Y como resultado... nada.

Veremos, pues, qué sucede con este nuevo esfuerzo de organización de Iberoamérica y el Caribe. A ver si, como quería Bolívar, “nos hará formidables a todos”.

17 de febrero de 2010

32 reflexiones para liberar las drogas

Alberto Benegas Lynch (h)

Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

Estas líneas constituyen el resumen de un trabajo que presenté en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y que, ampliado y desarrollado, se convirtió en un libro sobre este tema tan espinoso y delicado. Ahora presento el referido resumen en treinta y dos puntos para mi columna semanal en este diario.

1. La tesis o columna vertebral en torno a la cual gira esta presentación estriba en que moralmente no corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. En este sentido, no debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a si misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades.

2 . La drogadicción es una tragedia. Habitualmente produce lesiones cerebrales irreversibles, masacre psíquica, distorsión de los sentidos y de la capacidad perceptual. La abstinencia suele estar acompañada de dolores musculares intensos, calambres extendidos por todo el cuerpo, expulsión de abundantes fluidos, escalofríos, notoria disminución de la actividad cerebral, debilitamiento extremo, aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las pupilas, todo lo cual ocurre en un contexto de tremenda zozobra.

3. La tragedia se pone de manifiesto al observar seres que decimos humanos solo por algunos rasgos externos de quienes están tirados en las calles, desalineados al extremo de la roña, con piernas y brazos que se asemejan a palos de escoba, llenos de venas saltonas y agujereadas por todas partes, rostros desencajados, ojos inyectados en sangre sin expresión, bocas babeantes con labios púrpura resecos y rajados, pieles de un amarillo mortecino, tabiques nasales perforados y generalmente vestidos con colores fúnebres, estampados con calaveras de diversas dimensiones. Esta es la imagen viva de la tragedia, aunque debe puntualizarse claramente que una cosa es el uso y otra el abuso, de mismo modo que no todos los que beben alcohol están en estado de delirium tremens. El poeta que se cree mas inspirado o el operador de Wall Street que se cree mas eficiente consumiendo drogas, no necesariamente están incluidos en el cuadro que acabamos de dibujar.

4. Por las razones que a continuación expondremos, la prohibición de las drogas alucinógenas para usos no medicinales intensifica en grado exponencial la drogadicción y extiende de modo horripilante la tragedia a los que deciden no intoxicarse, del mismo modo que ocurrió con la Ley Seca en EE.UU. que hubo que abrogarla debido a la organización criminal que creó, al aumento colosal del alcoholismo, la muy extendida corrupción de autoridades que generó y los daños y muertes de inocentes que produjo, junto con los costos astronómicos que debieron afrontarse.

5. La prima por el riesgo de operar en ese mercado, hace que el precio de la droga se eleve sustancialmente, generando abultados márgenes de ganancias.

6. Ese precio elevado permite que irrumpan en el mercado las drogas sintéticas, de efectos mucho mas devastadores que las naturales.

7. También los altos precios permiten que aparezca la figura del "pusher" quien obtiene miles de dólares semanales y que se ubica generalmente a la entrada de los colegios y otros lugares para atraer clientela, especialmente de gente joven.

8. El costo de la escalada, solamente en EE.UU., se ha elevado en un 50.000% desde que empezó la llamada "guerra contra las drogas" en la década de los setenta, lo cual debe ser sufragado por todos, consumidores y no consumidores de drogas.

9. El comercio en el mercado negro no permite la contención por parte de médicos y de los tribunales en caso de fraude en la venta, a los efectos de evitar castigos.

10. El comercio en el mercado negro obliga a los consumidores a entrar en el circuito criminal, con todos los riesgos que de ello se deriva, lo cual, en algunas oportunidades también dificulta la utilización de drogas para fines terapéuticos.

11. El comercio en el mercado negro tiñe las actividades legítimas a través del “lavado” de dinero, lo cual oscurece las contabilidades y los registros de los negocios de una y otra característica.

12. Las documentaciones correspondientes atestiguan la monumental corrupción de autoridades policiales, de jueces, gobernantes, militares y agencias encargadas de controlar el mercado de drogas.

13. Cuanto mayor la persecución mas trabajo intensivo se hace el mercado de drogas ya que, por razones de seguridad, los contactos se hacen en forma de red donde cada uno tiene relación con un grupo y así sucesivamente, lo cual incluye a menores por considerárselos no imputables.

14. Cuanto mayor es la persecución en una zona, mayores son los estímulos e incentivos para la extensión del mercado a otras áreas.

15. Cuanto mayores son las dificultades para entrar la droga a un área, mas capital intensiva se vuelve la actividad montando laboratorios locales.

16. Cuanto mayor es la persecución mayor es el número de gente violenta que se contrata en la actividad de las drogas.

17. Cuanto mayor es la persecución, mayor es el número de víctimas inocentes heridas y muertas.

18. En forma creciente se observa la impunidad con que actúan y el interés por parte de los encargados de controlar el mercado de drogas para repartirse los activos de los barones de las drogas y de muchos otros que nada tienen que ver con la drogadicción.

19. Debido a que se trata de una relación contractual voluntaria, en el mercado de drogas no hay víctima ni victimario, por tanto debe recurrirse a la figura del “soplón” que necesariamente significa abuso de derechos y lesión de libertades, a través del entrometimiento en el secreto bancario, escuchas telefónicas, invasión de domicilio y detención sin juicio previo.

20. Existe una conexión entre los abultados márgenes operativos del negocio de la droga con el terrorismo, en cuanto a la financiación de sus actividades criminales.

21.En muchas ocasiones se presenta una anomalía estadística vía un error de inclusión en cuanto a la relación drogas-crimen. No es relevante tomar el universo de crímenes y constatar que existe una alta proporción de drogadictos. Lo relevante es tomar el universo de drogadictos y constatar que hay una proporción mínima de personas que cometen crímenes. Mas aun, en innumerables casos el nexo causal se invierte: el criminal se droga debido a que habitualmente un crimen cometido bajo los efecto de las drogas constituye un atenuante en lugar de un agravante.

22. Paradójicamente, se suele considerar al drogadicto como un enfermo y , sin embargo, se lo manda a la cárcel. Se dice que hay que protegerlo contra sus propias necedades y, sin embargo, se lo castiga. Existe el error de atribuir una enfermedad a toda conducta incivilizada, como si se tratara de difteria o cáncer. También se suele atribuir al drogadicto la condición de “enfermo mental” sin tener en cuenta que la patología define la enfermedad como una lesión orgánica y, por tanto, resulta una metáfora peligrosa el extrapolar la noción de enfermedad a la psique, el alma o la mente, allí donde no existen problemas químicos. No somos solo kilos de protoplasma, los estados mentales es lo que nos permite rechazar el determinismo físico y adherir a los propósitos deliberados que, a su vez, hacen posible la distinción entre proposiciones verdaderas y falsas, y, consecuentemente, la argumentación y las ideas autogeneradas que, a su turno, abren la posibilidad de revisar nuestros propios juicios. Se dice, sin embargo, que el drogadicto no es un sujeto libre, como si no hubiera decidido libre y voluntariamente afectar su estructura intelecto-volitiva. Esto último nos recuerda a la persona que asesinó a sus padres y luego, en el juicio, pedía misericordia porque era huérfano.

23. Son muy bienvenidas todas las campañas y acciones que se financien con recursos propios tendientes a la rehabilitación de drogadictos que optan por dejar el vicio, pero no debería utilizarse coactivamente el fruto del trabajo ajeno a través de esa contradicción en términos denominada “Estado benefactor” (ya que la caridad, la beneficencia y la solidaridad no se realizan por la fuerza) para atender a quienes deliberadamente se han puesto en esa situación.

24. En nuestra propuesta, el trato con menores sería de la misma forma en que hoy se trata el tema de la pornografía, la licencia de conducir y el alcohol. Por las mismas razones no se daría lugar a la publicidad de drogas y en los lugares públicos se castigaría a quienes ponen de manifiesto la imposibilidad de controlarse a si mismos ya sea por haber ingerido tranquilizantes, alcohol, drogas o lo que fuera, del mismo modo que ocurre cuando un vehículo transita sin frenos o , de noche, sin luces.

25. Cualquiera podría actuar como subrogante para defender el derecho de una criatura por nacer, si la madre ingiere drogas que provocan malformaciones habitualmente conocidas como “crack babies”. Descuento que en esta calificada audiencia se conoce que la microbiología moderna enseña que hay una persona en acto desde el momento de la fecundación del óvulo con toda la carga genética completa y que si bien hay distintos comportamientos posibles de la madre en el período de gestación, hay un juicio prudencial y de decencia que no autoriza a mutilar, malformar y mucho menos aniquilar a la persona por nacer.

26. Nuestro análisis está dirigido a las relaciones entre adultos. Hay infinidad de actividades que son riesgosas como el boxeo y el aladeltismo y hay infinidad de actividades que producen muchas mas muertes que la drogadicción como el alcoholismo, el tabaco y las dietas perversas. En nuestro caso se trata de subrayar que la contracara de la libertad es la responsabilidad individual. No resulta procedente “jugar a Dios”, o mejor dicho, tener la arrogancia y la soberbia de “ser mas que Dios” ya que incluso en todas las grandes religiones se acepta que Dios, a través del libre albedrío, permite que el hombre se condene o se salve según sea su respectiva conducta. Por otra parte, como se ha dicho, si le damos mas importancia al alma que al cuerpo, habría que prohibir cosas tales como la lectura de libros dañinos y obras teatrales perjudiciales para la mente.

27. Las causas de la drogadicción siempre radican en un problema de carácter. Suele comenzar con la idea de vencer la timidez de cantar en público, con la idea de combatir el temor frente a una audiencia para hacer uso de la palabra, con la idea de facilitar la socialización, como rebeldía, como curiosidad o para seguir lo que otros hacen. En cualquier caso, es siempre consecuencia de decisiones personales y de una mala administración del propio carácter. Lo que no es admisible es endosar la responsabilidad a factores como la pobreza, puesto que dado que todos provenimos de las cavernas, sería una falta de respeto a nuestros ancestros el sostener semejante tesis, sin perjuicio de constatar que en no pocos círculos de la “alta sociedad” la drogadicción está generalizada, con la diferencia de que muchas veces se los exceptúa del castigo por los contactos que mantienen con el poder de turno, con los que frecuentemente no cuentan aquellos de menores recursos.

28. Si se deja sin efecto esta llamada "guerra contra las drogas", la eliminación del elemento crucial del "fruto prohibido", la desaparición de los "pushers" y la no existencia de la publicidad, constituyen tres factores que cambiarían lo que en la economía convencional se denomina "la función de la demanda" produciéndose un corrimiento de la curva correspondiente hacia la izquierda. Pero debemos repetir que estas medidas de liberación del mercado de drogas no las propugnamos por razones primordialmente utilitarias sino por motivos morales, es decir, no criminalizar lo que no constituye un crimen. Podemos incluso suponer que simultáneamente a la liberación cambian las estructuras axiológicas de la gente y hay mas personas que deciden drogarse hasta perder el conocimiento o, a los efectos, deciden constiparse hasta morir o no ingerir alimentos nutritivos. Cada uno debe asumir la responsabilidad por lo que hace y, en una sociedad abierta, el aparato de la fuerza que denominamos gobierno debe utilizar la violencia solo a título defensivo, nunca ofensivo. Aunque no es lo que ocurre, admitimos también que la prohibición puede cambiar los valores de las personas reduciendo el consumo de drogas del mismo modo que es posible que hubieran mas cristianos convertidos durante la Inquisición o que se leyera menos sobre la libertad después de la quema de libros por Hitler, pero insistimos en que se trata de un asunto eminentemente ético.

29. Las drogas naturales a que aludimos vienen consumiéndose desde hace 2000 AC, comenzaron los problemas con la prohibición, que, dicho sea al pasar, fueron el resultado de estudios de mercado que realizó la mafia después de que los dejaron sin el negocio del alcohol. Los casos de la liberación de la marihuana en ocho estados en EE.UU. y el caso de la liberación parcial en Holanda no resultan concluyentes puesto que están rodeados de medidas contradictorias como el establecimiento de cuotas y, en este último país, con políticas contraproducentes como el reservar espacios públicos para drogadictos, el ofrecerles jeringas sin cargo etc. Por otra parte, en general, se ha criticado la posible liberación con el argumento que la disminución notable en los incentivos que tendrán lugar allí donde se liberan las drogas hará que los traficantes se trasladen a otros lares, lo cual es absolutamente cierto pero esto hará que se reconsideren las políticas en esos otros lados, del mismo modo que ocurre cuando en unos lugares se combate con mayor eficiencia la delincuencias y los delincuentes tienden a buscar espacios mas propicios para sus fechorías.

30. Sin duda que los intereses creados para que se mantenga el control son muchos y muy fuertes. Imaginemos las remuneraciones de los químicos, las tareas agrícolas, las fábricas de plaguicidas, los transportes, la actividad financiera y bancaria, los expertos en contabilidad y manejo de carteras, los gobernantes, policías, jueces, militares, agentes de organismos de control, los "traqueteros", las "mulas o camellos", los "topos" y tantas empresas y emprendimientos vinculados a las drogas horizontal o verticalmente.

31. Aquellos intereses creados se imponen frente a los resultados nefastos que produce la persecución en el mercado de las drogas : el aumento de la drogadicción, la lesión a los derechos de las personas, el costo de la "guerra" y la corrupción escandalosa. Thomas Sowell afirma que "Las políticas se juzgan por sus resultados, pero las cruzadas son juzgadas por lo bien que los hace sentir a los cruzados".

32. Debe subrayarse que cuando sugerimos no criminalizar lo que no es un crimen y, consecuentemente, liberar el mercado de drogas, no nos limitamos al consumo como se ha hecho en algunos lugares, legislación que parece fabricada por los comerciantes de narcóticos ya que se colocan en el mejor de los mundos: restringen la producción con lo que se les asegura márgenes de ganancias suculentos y se deja expedito el consumo. Milton Friedman, el premio Nobel en Economía y precursor contemporáneo de la liberación de las drogas, escribe que “ Las drogas son una tragedia para los adictos. Pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, tanto para los que la usan como para los que no la usan”. Quiero concluir este breve resumen con una cita de Thomas Jefferson que reza así: "No podemos renunciar y nunca renunciaremos al derecho a nuestra conciencia. Solo respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del gobierno se aplican sólo si hay lesión a otros".


¿Es posible legalizar las drogas?

Insulza debe abandonar la OEA

Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner es periodista cubano residenciado en Madrid.

José Miguel Insulza debe retirar su candidatura para dirigir la OEA durante otro periodo. No ha sido un buen funcionario. Los cinco años que ha pasado al frente de la institución están entre los peores de la historia de ese organismo. Se suponía que había sido electo para fortalecer el funcionamiento de la democracia de acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Democrática firmada en Lima por todos los Estados miembros, nada menos que el 11 de septiembre de 2001, y, por el contrario, ha contribuido a su debilitamiento.

Tal vez el pecado original de Insulza es que le debe su cargo al apoyo de Hugo Chávez, lo que ni siquiera impidió que, en su momento, el venezolano, molesto por alguna declaración suya, lo calificara de "pendejo". En todo caso, cuando Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega o Rafael Correa han violado las libertades fundamentales de sus pueblos, silenciando a la prensa, acosando a la oposición o destruyendo la independencia de los otros poderes —el judicial y el legislativo—, el señor Insulza ha mirado en otra dirección, ha ignorado a las víctimas y ha justificado su inacción amparándose en la coartada de que se trataba de los asuntos internos de esos países.

Poco antes de la elección de Insulza, en mayo de 2005, el otro candidato, respaldado por EE.UU. y por varias democracias, era el ex presidente salvadoreño Francisco Flores. "Paco Flores" es una persona conocida por su integridad y decencia, pero, ante un virtual empate, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, cedió a las sugerencias y presiones de Ricardo Lagos, entonces presidente de Chile, amigo y compañero socialista de Insulza, quien la convenció de la idoneidad de éste para el cargo y de sus convicciones democráticas. Fue un error de Rice, probablemente provocado por la escasa importancia que desde siempre les han dado en Washington a los asuntos latinoamericanos.

Para EE.UU., la América Latina es sólo una fuente de materias primas —petróleo, cobre y otras minucias— con la que, desde hace unos años, tiene una balanza comercial negativa, pero no es un territorio vital desde el punto de vista tecnológico o financiero. No obstante, en el geopolítico sí hay cuatro temas básicos que preocupan en Washington: el tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la complicidad con los terroristas islámicos y las relaciones con Irán que hoy tienen algunos países de la zona —especialmente Venezuela—, en lo que parece ser el desarrollo de armas nucleares que un día, tras ser producidas por los científicos iraníes, pudieran incorporarse al arsenal venezolano.

¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un ex canciller o ex presidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites. Lo que no resulta tolerable es que los enemigos de la democracia utilicen la OEA para fines contrarios a las razones que le dan forma y sentido a su existencia.

El Washington Post, en un artículo reciente, sugería que algunos congresistas estadounidenses congelaran los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza. Esa no es una buena idea. Es posible que Hugo Chávez llegue con sus petrodólares a comprar la institución a precio de saldo si EE.UU. le deja el camino libre. Sin embargo, de persistir la OEA en el camino actual, ciega y sorda ante las violaciones a las reglas democráticas y el clamor de las víctimas, tal vez lo sensato es crear un organismo paralelo junto a las naciones dispuestas a defender las libertades y el Estado de derecho. Lo que no tiene sentido es mantener en Washington un costoso aparato que, lejos de servir a los pueblos de América, contribuye a perjudicarlos.

10 de febrero de 2010

PAN-PRD: ¿suma aritmética?

José Antonio Crespo

Más allá de que se justifiquen o no las coaliciones electorales entre partidos ideológicamente antagónicos, la intención de los aliancistas es desde luego pragmática (aun si se aceptara su motivación democrática). El primer cálculo que se hace es, ante todo, aritmético: la suma de los votos de los partidos coaligados podría representar una mayoría capaz de derrotar al partido en el poder, contra el cual se edifica la coalición. Hagamos un ejercicio sumando los votos que los aliancistas (actuales o potenciales) captaron en la última elección federal, el año pasado (la información más reciente). Lo haremos en las entidades gobernadas en que se explora acordar una coalición electoral entre los partidos de izquierda (PRD, PT, PC) junto al PAN.

A) En Durango, la actual coalición congregó, entre todos sus componentes, 36% de la votación, muy lejano al 51% que conquistó el PRI (y el PVEM, aliado actual del PRI, consiguió 5% de votos). B) En Hidalgo, la que podría ser coalición opositora reunió 34% del sufragio, frente a 42% del PRI. Si el Panal se uniera a la coalición opositora, ésta hubiera obtenido 41%, posición ya amenazante al PRI, pero si el Verde se coaligara a su vez con éste, entonces su votación se volvería a disparar hasta 49 por ciento. C) En Oaxaca, los partidos a coaligarse (incluido el Panal) sumaron entre todos 43% del voto popular, frente al 44% del PRI. Una situación sumamente competida. Pero si a la votación del PRI se sumara la del PVEM, entonces el resultado sería de 49.5% de la votación (alejándose de nuevo de la alianza opositora por ocho puntos). D) En Puebla, los partidos de la eventual coalición opositora lograron congregar 39%, frente a 41.1% del PRI. Un escenario también competido.

Si el Panal formase parte de la alianza opositora, entonces ésta alcanzaría 42%, superando al tricolor por un margen estrecho. Pero si el PRI a su vez contara con el voto del Partido Verde, entonces la alianza oficialista ocuparía un holgado primer lugar, con 48 por ciento. Por cierto, en estas entidades, el PRI ganó todos los distritos legislativos (sólo uno de ellos en coalición con el PVEM).

Sin embargo, la lógica en los comicios federales puede ser muy distinta a la de los comicios locales. En ello radica la apuesta de los partidos aliancistas: lograr a través de la coalición una votación superior a la que resulta de sumar aritméticamente la que puedan congregar cada uno de sus componentes. Los elementos a considerar para ese desenlace son al menos los siguientes: 1) Un candidato atractivo por parte de la coalición opositora puede atraer nuevos votos para la oposición. 2) Los comicios intermedios son menos concurridos que aquellos en que se pone en juego la gubernatura de la entidad. Por lo cual, podría esperarse que aquellos que en 2009 se abstuvieron o anularon su voto, concurrieran a las urnas a sufragar por la coalición opositora.

Pese a todo, dicho análisis tiene también sus límites: A) se cree que el voto nulo estuvo alimentado por electores esencialmente antipriistas y por ello favoreció (presuntamente) al PRI. Eso no es exacto. También entre los anulistas hubo varios priistas; de acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica (ago/2009) de quienes se identifican con el PRI, 5% anuló su voto (porcentaje semejante al de los panistas y algo superior al de los perredistas que anularon su voto). Y de acuerdo con GEA-ISA (Jul/2009), entre los abstencionistas, 27% hubiera votado por el PRI, (frente a 22% por el PAN, 13% por el PRD y 25% de anulistas potenciales). B) No puede asumirse en automático que los partidarios del PAN y de la izquierda votarán por la coalición opositora. Sus sectores más duros (y por ende, más doctrinarios) pueden incluso aborrecer en mayor medida a su nuevo “aliado” que al PRI. Muchos de esos electores prefieren una derrota digna, pero manteniendo la pureza ideológica y doctrinaria de su partido, que un triunfo que implique transigir en sus principios (una claudicación, en su óptica). C) Finalmente, ante la amenaza opositora, el PRI puede buscar una coalición con el PVEM, con lo cual se haría más difícil su derrota. Y en tal caso, el beneficiado indirecto de las coaliciones sería ese partido-negocio, que sabe cobrar muy bien sus servicios como mercenario (como lo hace también el Panal). No basta, pues, con que estas coaliciones sumen para ganar: deben multiplicar. Pero incluso podrían restar. Habrá que ver.

Venezolanos sin derechos de propiedad

Robert Bottome y Norka Parra

Robert Bottome es director de VenEconomía.

Norka Parra es analista de VenEconomía.

Desde el 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido lo que ya de hecho no existía en Venezuela: el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

Se reformó esa ley bajo la excusa de controlar la inflación que, según el gobierno, se debe al acaparamiento y a la especulación de los empresarios, en lugar de al proyecto comunista que adelantan.

El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial, al determinar:

* Que son de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".
* Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social.
* Implanta "la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio".
* Otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para instrumentar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.

Esta reforma de la ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional para cubrir de "legalidad" la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia, en lo que respecta a toda actividad productiva privada.

En adelante se perpetuará la "Teoría de la Bóveda del Miedo" que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades "sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden", porque tales tácticas no son rentables políticamente. Por eso intentan "congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan".

Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes venezolanos tragarán duro y acatarán la exigencia del gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario, a pesar de la devaluación y de la inflación. Peor aún, es posible que mantengan el congelamiento de los precios cuando repongan sus inventarios, por temor a ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.

De imponerse eso, la consecuencia será la quiebra a granel de las empresas venezolanas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.

9 de febrero de 2010

¿Gobierno del cambio?

Leo Zuckermann

Los panistas habían prometido un desempeño gubernamental diferente al de los priistas. Para ellos, la democracia, a diferencia del autoritarismo, implicaba abrir las cortinas de palacio para que la gente viera cómo operaba el gobierno y cómo se gastaba el dinero de los contribuyentes.

Una vez electo presidente, Fox cumplió. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue, sin duda, uno de los logros del foxismo. Gracias a esta ley, se descubrieron escándalos como la adquisición de unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos que habían costado alrededor de 400 dólares. El Toallagate le costó el puesto a uno de los funcionarios más cercanos del Presidente.

Cuando se discutía la nueva ley de transparencia se abogó por que el acceso a la información gubernamental fuera rápido, barato y anónimo para la ciudadanía. A fin de garantizar este objetivo, se creó un nuevo organismo burocrático, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que desarrolló el Sistema Infomex para que los ciudadanos requirieran la información gubernamental. Hoy el trámite se puede hacer en las oficinas del gobierno o en línea. El acopio de la información es razonablemente expedito, barato e, incluso, el usuario puede registrarse con un nombre falso para mantener el anonimato.

Desde su creación en 2003, el IFAI le ha costado unos mil 700 millones de pesos al contribuyente. El año pasado, el IFAI procesó unas 115 mil solicitudes y las entidades y dependencias federales con mayor número de pedidos de información fueron el IMSS, la SEP, la SHCP, la Semarnat y el ISSSTE.

La ley de transparencia es muy clara: las resoluciones del IFAI “son definitivas para las dependencias y entidades gubernamentales”. Si el Instituto resuelve que un organismo tiene que darle cierta información a un ciudadano, se encuentra obligado a proveerla. En cambio, si el IFAI falla en contra de un ciudadano porque la información es considerada como reservada (por ejemplo por motivos de seguridad nacional), el ciudadano puede impugnar dicha resolución con un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

La ley de transparencia ha sido prácticamente replicada en todos los estados de la República. Sin embargo, el Congreso de Campeche creó un tribunal para revisar los fallos del órgano estatal de acceso a la información, es decir, una segunda instancia donde el gobierno estatal puede defenderse. El asunto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia que analizará su constitucionalidad.

Ahora, de acuerdo a una nota de Georgina Olson en Excélsior, el gobierno federal quiere hacer lo mismo que el de Campeche. Pretende modificar la ley federal para que un juez de Distrito pueda revisar los fallos que emite el IFAI. Ciertamente esta reforma le da al gobierno el mismo derecho que tiene la ciudadanía de apelar una resolución. Sin embargo, es un golpe mortal a la idea de que el acceso a la información tiene que ser rápido y barato.

Con este nuevo sistema, el ciudadano requeriría la información. El gobierno la podría negar. El IFAI tendría que intervenir para ordenar que se entregaran los datos. Las dependencias gubernamentales tendrían cinco días para apelar esta orden frente al juez y el IFAI otros cinco días para formular argumentos y demostrar la legalidad de su decisión. Luego habría diez días para presentar las pruebas de ambas partes. Vendrían tres días más de alegatos y, luego, el juez tendría cinco días hábiles para dictar sentencia. Esos son los tiempos. A eso hay que sumarle los costos del juicio. ¿Quién los absorbería? ¿El contribuyente con el presupuesto del IFAI o el ciudadano que demandó la información?

Con esta iniciativa, el gobierno panista, ahora encabezado por Felipe Calderón, demuestra que ya no le gustó mucho la idea de que los ciudadanos tengan un mecanismo rápido y barato de conocer la información gubernamental. Qué poco duró la promesa de cambio.

Al régimen panista ya no le gustó mucho dar a los ciudadanos información gubernamental.

8 de febrero de 2010

2010, ¿nuevo pacto nacional?

José Antonio Crespo

Durante el acto de conmemoración de la Constitución de 1917, diversos oradores coincidieron en que a México le hace falta un nuevo pacto nacional (algunos hablan de pacto social, otros de refundación de la República, otros de un acuerdo constitutivo), lo cual implicaría una nueva Constitución. El debate sobre la necesidad de una nueva Carta Magna como culminación de la transición democrática, se dio inmediatamente después de la alternancia. Se argüía, por ejemplo, que prácticamente todas las transiciones democráticas —que por definición implican el cambio de un régimen— se coronaron con una nueva Constitución (pues, por elemental silogismo, a un nuevo régimen corresponde una nueva Ley Suprema). El propio Vicente Fox lanzó esa posibilidad al celebrar por primera vez un aniversario de la Carta Magna (es decir, hace diez años), pero muy pronto retiró su oferta. El PRI surgió como el más aguerrido defensor de la Constitución, dándole no sólo carta del símbolo más visible de la Revolución de 1910, sino incluso como elemento de identidad nacional (somos un pueblo al que le gusta ponerse numerosas camisas de fuerza, que nos condenan a la inercia). Por lo cual, eso de diseñar una nueva Constitución se ha ido dejando de lado, para asumir que lo que procede es continuar parchándola ad infinitum, con lo cual puede uno suponer que seguirá siendo esencialmente disfuncional en las actuales condiciones (ahora se busca, con razón, hacer explícito en el texto constitucional que somos una República laica, algo logrado hace 150 años, dados los recientes embates contra la laicidad por parte del conservadurismo eclesial y político).

Evidentemente, con lo importante que hayan sido las reformas electorales de las últimas décadas para caminar hacia la democratización, no han resultado suficientes. Al hablarse de un nuevo pacto nacional, social o una refundación republicana, se propone un acuerdo mucho más profundo, como el que también hubo en la mayor parte de las democratizaciones exitosas. Lo que nosotros tuvimos como catapulta del cambio político no fue un gran pacto social, sino un miniacuerdo electoral entre los partidos. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y como consecuencia de lo vivido durante el sexenio anterior (en particular, en su último año, 1994), se accedió a abrir las puertas del poder, incluso a nivel nacional, a través de un nuevo código electoral más competitivo y de la autonomía del IFE respecto del gobierno (aunque no respecto de los partidos). Lo cual se tradujo en un nuevo reparto del poder, mismo que nos ha dado plena pluralidad y alternancia (aunque acompañada de no poca fragmentación política). Pero desde entonces hemos visto cómo el actual arreglo institucional, y la ausencia de un acuerdo más amplio y profundo, chocan con la nueva realidad política.

Así, cada vez que alguna fuerza política pretende llevar a cabo algún cambio en cierta materia —energética, fiscal, laboral, educativa—, saltan quienes consideran que se está invadiendo un terreno prohibido, intocable, inmutable, so pena de incurrir nada menos que en traición a la patria (cuando no en pecado mortal). Y es que no hemos celebrado un auténtico acuerdo de transición (el equivalente al Pacto de La Moncloa) que defina qué se puede y qué no se puede hacer desde el poder. Por lo cual, cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos o algún dogma político-ideológico choca de inmediato contra un muro de indignada oposición (acompañada por una parte de la sociedad y la opinión pública, donde también impera un elevado índice de disenso).

En esta democratización, prácticamente ninguno de los principales grandes actores sociales, económicos, políticos, sindicales o mediáticos acepta ceder ni un ápice en sus respectivos intereses. Algo que ayudó en la transición española fue la conciencia de esos actores sobre el riesgo de una nueva ruptura social y, con la memoria fresca, decidieron mejor ceder en alguna parte y delimitar claramente los intereses vitales de cada quien; es decir, las reglas, no sólo de cómo llegar al poder, sino también los límites y las posibilidades de su ejercicio. Aquí no hemos tenido algo parecido. Nadie cede, en parte por haber vivido décadas de estabilidad política (la pax priista) que nos llevan a ver como imposible, inimaginable, que ésta se pueda perder. Jalan la cuerda al máximo, sin aflojar un momento. La falsa convicción de la eterna estabilidad, más que una fuente de cambio, lo es de inercia.

Cualquier intento de reforma que implique tocar ciertos intereses poderosos choca de inmediato contra un muro de indignada oposición.

3 de febrero de 2010

El extraño caso de la Dra. Beatriz y la Sra. Paredes

Denise Dresser

Como en la famosa novela de Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, Beatriz Paredes parece ser víctima del desorden de personalidad múltiple. Un día pronuncia palabras progresistas, y al siguiente asume conductas conservadoras. Un día se presenta como mujer de avanzada, y al otro defiende las posturas más retrógradas. Debajo del huipil hay una mujer rota, desarticulada, contradictoria. Una Beatriz audaz que enarbola las mejores causas y otra Beatriz atávica que las sabotea. Alguien que, si se colocara sobre un diván psiquiátrico, sería diagnosticada con ese mal caracterizado por la coexistencia –en un solo cuerpo– de identidades distintas que se pelean entre sí. Es como si dentro de la lideresa del PRI hubiera dos o más personalidades en contienda perpetua. Y el pleito produce una persona incapaz de mantener posiciones coherentes, confiables o siquiera inteligibles.

Allí está la Beatriz Feminista que defiende el derecho de las mujeres a decidir, pero comparte el huipil con la Beatriz Claudicadora que está dispuesta a sacrificarlo en 17 estados donde el PRI apoya la penalización del aborto. Allí está la Beatriz Juarista que defiende la separación Estado-Iglesia, pero cohabita con la Beatriz Electorera que está dispuesta a minar esa línea divisoria si de conseguir votos de trata. Allí está la Beatriz Demócrata que dice apoyar la competencia, pero vive lado a lado con la Beatriz Autoritaria que quiere frenarla cuando entraña alianzas electorales contra el PRI. Allí está la Beatriz Progresista que se jacta de defender las mejores causas, pero tiene la trenza entrelazada con una Beatriz Acomodaticia encargada de archivarlas cuando implican costos políticos.

Durante el siglo XIX, se pensaba que las personas que exhibían síntomas de lo que hoy se llama “desorden de identidad disociativa” estaban poseídas. Se creía que algún demonio les susurraba en el oído, obligándolas a actuar en contra de su voluntad. Al escuchar a Beatriz Paredes, se antoja argumentar algo similar. Sólo así podrían explicarse la conducta errática, las fobias inexplicables, el enojo incontenible, la bipolaridad política, las contradicciones evidentes, las alucinaciones de las cuales se ha vuelto presa la presidenta del PRI. Va por la vida promoviendo posiciones de izquierda en unos temas y de derecha en otros. Defendiendo principios que luego no tiene el menor rubor en traicionar. Enarbolando el discurso del nacionalismo revolucionario mientras toma decisiones que llevarían a los ganadores de la Revolución a revolcarse en la tumba. Jactándose de su progresismo mientras asume posturas que los conservadores aplauden.

Beatriz Paredes habla de “nuestra realidad hiperpresidencialista”, cuando la presidencia imperial ha sido reemplazada por la presidencia acorralada. Habla de la necesidad de “controles y fiscalización” a nivel local, cuando en la última negociación presupuestal su partido los rechazó. Habla de la necesidad de fomentar “la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, cuando los estados controlados por el PRI son hoyos negros de opacidad. Habla de la “influencia creciente de los poderes fácticos”, cuando el precandidato presidencial del PRI ya se ha encamado con ellos. Habla de acrecentar los derechos ciudadanos, al mismo tiempo que se opone a las candidaturas independientes. Critica “la propaganda como subterfugio para la manipulación social”, cuando Enrique Peña Nieto la usa con ese objetivo. Argumenta que los estados democráticos “son laicos”, cuando ella misma ha contribuido a poner en jaque la laicidad en México.

Una sola mujer con tantas corrientes internas, con tantas subcontrataciones corporales, con tantas vidas variopintas percibiendo e interactuando con la realidad. Pero no es que a Beatriz la muevan fuerzas del más allá, o que siga las instrucciones de algún diablo guardián. El mal que padece es congénito; es parte de la herencia priista y afecta a todos sus miembros en mayor o menor medida. Los desórdenes mentales disociativos siempre están acompañados por la amnesia, la pérdida selectiva de memoria, la incapacidad para recordar lo dicho, lo hecho, lo prometido, lo incumplido. Y según los expertos, la personalidad múltiple es causada por antecedentes traumáticos. En el caso de Beatriz Paredes, es la historia misma del PRI en México y la marca que ha dejado tras de sí: 71 años de caciques y cotos y corrupción que ella es incapaz de reconocer, incapaz de procesar, incapaz de enfrentar; 71 años de gobierno como distribución del botín, que la transición no ha logrado cambiar.

No sorprende entonces que Beatriz Paredes parezca esquizofrénica; lo es. Tanto o más que su propio partido. Tiene que serlo para seguir formando parte de una camarilla que dice fomentar la modernización pero ha hecho todo lo posible para obstaculizarla. Tiene que mantener la dualidad para pertenecer a una organización que se vanagloria de las instituciones que creó, al mismo tiempo que se dedicó a prostituirlas. En el mismo partido cohabitan la retórica democrática y las pulsiones autoritarias, los gloriosos discursos celebrando a la ciudadanía y las medidas instituidas para negarle representación, la crítica a la corrupción y la protección a quienes se han enriquecido con ella.

Beatriz Paredes y el PRI que encabeza tratan de ocultar el lado oscuro de su naturaleza, pero no lo consiguen. Buscan disfrazar a la bestia que llevan dentro tanto como intentó hacerlo el Dr. Jekyll con el Sr. Hyde, pero sin éxito. Cuando Beatriz declara que “no se vale usar los programas sociales para el chantaje electoral” –una práctica que su partido instituyó–, no queda más remedio que declararla enferma. Cuando defiende la laicidad pero acepta que su partido busque congraciarse con la Iglesia, no queda más opción que llamarla esquizofrénica. Dividida. Desmemoriada. Una mujer cuya única definición es que cambia de carácter moral como alguien cambia de calcetines.