30 de mayo de 2011

No, no es 'normal'

Denise Dresser

Según el PRI, la entrega de autos y puestos públicos a promotores del voto es "normal". "Es legítimo". "Es legal". Sin la menor vergüenza, Eruviel Ávila incluso reconoce que él mismo es producto de esa práctica tradicional de su partido: "Si otras opciones políticas no lo hacen aquí, nosotros sí lo hacemos. De hecho yo soy producto de que en su momento fui apoyado, fui estimulado". Estimulado por regalos, favores, prebendas y puestos públicos como los que ahora ofrece. Estimulado por lo que el PRI considera legal y aceptable, pero no lo es ni debería serlo. Lo que él y sus subalternos defienden con tanto entusiasmo se llama clientelismo. Se llama patrimonialismo. Se llama patronazgo. Se llama corrupción.

Se nutre de una red compleja de lazos personales entre "patrones" y sus "clientes". Entre Arturo Montiel y quienes lo llevaron a la gubernatura. Entre Enrique Peña Nieto y las mujeres a las cuales les regala despensas. Entre Eruviel Ávila y los promotores del voto a los cuales les ofrece participar en las planillas de los municipios y en el gobierno del estado. Lazos fundados sobre las ventajas materiales mutuas: el patrón provee recursos -dinero y empleos- a los cómplices que dependen de él. Y ellos, a cambio, le dan apoyo, cooperación, asistencia a mítines y votos. El patrón posee un poder desproporcionado y una amplia latitud sobre la forma en la cual distribuye los recursos bajo su control. Y los pobres y los marginalizados y los manipulados aceptan esta relación transaccional porque resuelve los problemas inmediatos de su vida económicamente precaria. El voto a cambio del saco de cemento. El voto a cambio de la oferta de trabajo. El voto a cambio del premio prometido.

Eso que al PRI le parece tan "normal" es absolutamente antitético a las reglas, a las instituciones, a los procedimientos de la democracia. El clientelismo no está construido sobre la "transparencia" -de la que se jacta Eruviel Ávila- sino sobre fuentes veladas de poder e influencia. Sobre la lealtad comprada. Sobre formas de comportamiento que inhiben la participación popular autónoma, subvierten la legalidad, fomentan la corrupción y distorsionan la entrega de servicios públicos. Sobre dinero en efectivo, cachuchas, camisetas, lápices, desayunos, lavadoras, machetes, fertilizantes, pollos, vacas y borregos. Y como el clientelismo corre en contra de los incentivos para el buen gobierno, el Estado de México no puede presumir que lo tiene. Allí está, entre los primeros lugares de feminicidios y entre los últimos en transparencia.

Aún así, no deja de sorprender el desparpajo priista. La ausencia de recato. El cinismo explícito. La defensa de prácticas criticables que presenta como apropiadas. La frescura con la cual Eruviel Ávila responde cuando se le pregunta cuál es la base jurídica sobre la que va a regalar puestos: "los estatutos y normatividades del partido". O las declaraciones de Luis Videgaray: "Nos parece absolutamente legítimo y normal ofrecer premios a quienes logren las mejores metas de promoción del voto". El PRI no entiende o no le importa que el clientelismo se encuentre en el polo opuesto del espectro democrático. Que es antitético a procedimientos legales e institucionales. Que la toma de decisiones en una democracia se centra en la producción y transferencia abierta de bienes públicos. Que el poder político lo ocupan quienes rinden cuentas y no quienes regalan autos. El clientelismo no se basa en la transparencia sino en la opacidad; no funciona con reglas legales sino a base de decisiones discrecionales; no se aplica de manera neutral y equitativa sino de forma parcial y preferencial; no recompensa la honestidad o la competencia sino la disciplina y el sometimiento.

Y es por ello que el Estado de México cuenta con un gobernante popular pero con un mal gobierno. Con un superávit de segundos pisos pero un déficit de democracia. Con políticos que dan regalos pero no rinden cuentas. Con funcionarios que se aprovechan de sus puestos para promover intereses particulares. Una entidad repleta de abusos como sobornos y extorsión y nepotismo y favoritismo y criminalidad a la alza. Realidades que el PRI tolera. Realidades que el PRI acepta. Realidades que el PRI justifica. Realidades que el PRI fomenta al prometer 3 autos y 27 cargos públicos, estatales y municipales, repartidos entre 6 mil 634 presidentes de comités seccionales y 4 mil comisionados de ruta. Basándose en argumentos como el de Eruviel Ávila que constituyen una racionalización del crimen y la explotación. Fomentando el "dilema del prisionero" entre votantes que preferirían una alternativa distinta al clientelismo pero votan por el PRI ante el temor de ser excluidos de sus beneficios. La "normalidad" priista que es la anormalidad condenable en países verdaderamente democráticos o países que aspiran a serlo. La normalidad de "una comunidad de pillos que se decían personas comunes y corrientes", en palabras de Kafka. O sea, la normalidad kafkiana en la que prometer puestos a cambio de votos es conocido como un "estímulo".

22 de mayo de 2011

Incentivos e informales

Juan E. Pardinas

Hay un viento populista que sopla por toda la República. Esa corriente de aire se transforma en un soplo que murmulla un mensaje al oído de candidatos, gobernadores y del propio presidente de la República. El susurro populista dicta el mismo recado para todas las autoridades: "elimina la tenencia". Cancelar el impuesto a la propiedad de automóviles se ha convertido en una moda política para ganar un aplauso fácil, a costa de la salud de las finanzas públicas. La tenencia es un impuesto con muchas ventajas. Es fácil de cobrar, desincentiva el transporte individual y paga más dinero quién está dispuesto a comprar un automóvil más caro. Uno de sus atributos adicionales es que la tenencia se cobra por igual a un empresario formal que compra vehículos para su negocio, que a un comerciante informal que adquiere su pick up para llevar mercancía al tianguis. La tenencia es un impuesto neutral que pagan por igual formales e informales.
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Para cubrir el agujero fiscal que deja la cancelación de la tenencia, los congresos estatales se han dedicado a crear otro impuesto, fácil de cobrar, pero con un impacto perverso sobre la economía formal y la generación de empleos. Los estados cobran el Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los recursos que utilizan las empresas para pagar el salario de sus trabajadores. Mientras más empleos genera un negocio, más se eleva la factura por ISN. En Estados Unidos, uno de los rarísimos consensos entre la oposición republicana y el gobierno demócrata de Barack Obama es que el ISN es perjudicial para el crecimiento económico y la generación de empleos. Hoy en México todas las entidades aplican el ISN y sólo 15 estados y el Distrito Federal mantienen el cobro a la tenencia.

Los subsidios a la energía son otros incentivos formales a la economía informal. México gasta una bestialidad en disfrazar los precios de la luz y los combustibles fósiles. Esta semana la OCDE afirmó que durante 2011, México destinará más de 230 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, gas LP, diesel y electricidad. Este dinero equivale a la recaudación total del Impuesto Sobre la Renta por cuatro meses del año. De principios de enero hasta fines de abril, la economía formal paga impuestos para subsidiar la energía. ¿No sería mejor bajar los costos fiscales de los asalariados y las empresas para combatir el desempleo, la migración y la informalidad? Parece que no. Diputados del PRI y el PRD salieron presurosos a criticar a la OCDE, por denunciar el desperdicio que implica subsidiar los combustibles.

Los incentivos a la informalidad no se agotan en temas de impuestos y subsidios. El pasado mes de abril, la Asamblea Legislativa del DF aprobó la llamada Norma 29, que restringe el desarrollo de nuevas áreas para supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers. Este reglamento es un fardo monumental al crecimiento del comercio formal que sí contribuye al erario público. Los ganadores de esta medida son los tianguistas y comerciantes informales que le devolverán el favor al PRD con apoyos financieros y electorales. Ante la rentabilidad política y económica de frenar el desarrollo del comercio formal, nadie debería de sorprenderse que otros estados y municipios se muestren ávidos de copiar la Norma 29.

A nivel federal y estatal, las autoridades toman decisiones sin prestar demasiada atención a las consecuencias económicas de sus actos. La economía informal es un obstáculo para la competitividad y el desarrollo de México. Una manera de combatirla sería obligar a gobiernos y congresos a que acompañen sus iniciativas de reforma legislativa con un estudio de impacto económico sobre las repercusiones en la formalidad e informalidad. Si para construir una carretera se requiere un estudio de impacto ambiental, se debería pedir un análisis semejante sobre los efectos de cancelar la tenencia, elevar el impuesto a la nómina o impedir el crecimiento del comercio formal.

5 de mayo de 2011

La buena nueva

José Woldenberg

Oigo a varios políticos con mala conciencia, tartamudez lógica y aceitados resortes demagógicos hablar de lo que será una gran novedad entre nosotros: "tendremos, por fin, candidatos ciudadanos". Tres recomendaciones no solicitadas. 1) No tengan mala conciencia: ustedes también son ciudadanos. 2) Recuerden sus clases de lógica: "Todos los mexicanos somos humanos. No todos los humanos son mexicanos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Humanos. -Entre los humanos unos somos mexicanos y otros argentinos, franceses, chinos y sígale usted. Ahora bien: "Todos los políticos son ciudadanos. No todos los ciudadanos son políticos". -¿Cuál es el conjunto mayor? -Ciudadanos. -Entre los ciudadanos hay quienes son políticos, mientras otros manejan taxis, hacen tortas o se dedican al baile. 3) Si las recomendaciones anteriores tienen algún sentido, entonces, por favor, eviten la demagogia. Creo que no es mucho pedir.

Los legisladores, con buen tino, evitaron hablar de candidaturas ciudadanas porque sabían que todas lo son. Prefirieron acuñar el término candidaturas independientes. Un vocablo no sólo más parco, sino empatado con la lógica. ¿Independientes de quién o de qué? Con claridad respondieron: independientes de los partidos políticos existentes. Distintos, diferentes, separados de ellos.

De ahora en adelante (si la Cámara de Diputados así lo aprueba y la mitad más uno de los congresos locales también), tendremos candidatos independientes de los partidos a las presidencias municipales, a los congresos locales y federal, a las gubernaturas y a la Presidencia. Ojalá la medida sirva para incorporar a muchos ciudadanos a la lucha electoral, a la disputa por los cargos electivos, a los puestos de representación.

Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en qué se convertirán esos ciudadanos cuando puedan registrarse como candidatos?, es decir, ¿cuando aparezcan en la boleta para ocupar distintos cargos de elección popular? Y la respuesta es automática, clara, incontrovertible, si a uno no lo nubla la densa bruma de la retórica: en políticos. En ese momento el manto ciudadano -que con tan buenos oropeles irradia prestigio y que a todos nos arropa o debería arropar- deberá abrirse un poco para aceptar -espero- que nuevos ciudadanos han arribado a la política. Lo cual -insisto- no está nada mal.

Ahora bien, ¿ese o esos ciudadanos-políticos se presentarán a las elecciones solos, de uno en uno, sin base de apoyo, sin equipo de trabajo, serán una especie de predicadores solitarios anunciando una buena nueva? Imagino que no. Que en buena lid armarán su base de apoyo, su equipo de trabajo, su infraestructura material, se dotarán de algún discurso, postularán cierto diagnóstico de los males del país y sus posibles soluciones, etcétera. Y entonces ¿qué cree usted? Estaremos ante un nuevo partido político. No importa cómo se autodenomine: club, movimiento, grupo, asociación. Será, a querer o no, un partido. Pequeño (municipal o distrital), muy pequeño (distrital o municipal), mediano (estatal), grande o muy grande (nacional), pero partido al fin. Podrá ser efímero (bueno para una sola elección) o permanente, personalista (aglutinado en torno a algún líder) o colegiado, ilustrado o plebeyo, pero partido sin duda alguna.

Y vendrá su reglamentación. Podrá ser más o menos permisiva o restrictiva, pero resultará inescapable. No es casual que en el dictamen aprobado por la Cámara de senadores se diga con todas sus letras que la legislación secundaria debe contemplar temas como: "El respaldo de un número mínimo de ciudadanos... adecuada distribución territorial (de los mismos)... derechos y prerrogativas... financiamiento público... (Acceso a medios)... obligaciones... rendición de cuentas... acceso a la justicia electoral".

En suma, los ciudadanos con ganas de participar en política (cosa buena) podrán postular candidatos independientes de los partidos existentes (perfecto), formando nuevos partidos (muy bien), a los que seguramente se negarán a reconocer como tales por la mala fama de los mismos. Nada más imaginar una campaña clamando "vota por un ciudadano no por un político" (¿se acuerdan del Verde?) es para abatir a cualquiera.

Para decirlo en breve, ahí donde hay elecciones y funcionan los órganos colegiados y representativos (congresos) aparecen los partidos. No son una planta exótica y ni el mejor mago los puede desa- parecer. Son criaturas connaturales a los procesos electivos y a la democracia representativa. Aparecen y se fortalecen al mismo tiempo y no se conocen democracias sólidas, implantadas, durables, sin partidos. Tienen mala fama, causan tirria, generan enojos, pero resultan insustituibles; y los que reniegan de ellos, cuando quieren convertirse en representantes, acaban creando sus propios partidos. No es un asunto que se pueda resolver por la vía nominalista, es decir, cambiándole el nombre a la "cosa". Porque esa "cosa", ya sabemos, es una organización que busca que sus miembros ocupen cargos de gobierno o legislativos.