José A. Crespo
La semana pasada, el asambleísta Víctor Hugo Círigo, del PRD, presentó una iniciativa con vistas a despenalizar nacionalmente la producción, el comercio y el consumo de la mariguana, de la que México es el principal productor. No parecen haber condiciones políticas para que avance esa iniciativa. Probablemente por cálculo electoral, el propio PRD capitalino se deslindó de la propuesta, pese a haber sido aprobada en el último Consejo Nacional de ese partido. Pero la propuesta del diputado Círigo al menos dará lugar a un debate de fondo sobre los resultados de la prohibición legal de las drogas en general, y la conveniencia de mantenerla.
1) Jamás he entendido la racionalidad de convertir un problema grave, pero manejable, de salud pública, en otro inmanejable de seguridad pública, primero, y de seguridad nacional, después, que provocan violencia incontrolada, corrupción de los cuerpos de seguridad, infiltración de las instituciones por los capos y una amenaza a la viabilidad misma del Estado. Eso se debe en buena parte a la enorme rentabilidad económica del mercado negro de narcóticos, calculada en dos mil 500 por ciento.
2) Con semejantes ganancias, existe un incentivo permanente para entrar a ese mercado negro, aun a riesgo de perder la libertad o la vida (eso de “toda la fuerza del Estado” no parece intimidar a los narcos en absoluto). Además, ello explica la gran capacidad corruptora y la respuesta armada de los cárteles (capaces de adquirir sofisticados arsenales, vehículos blindados, aviones y hasta submarinos).
3) Que la mariguana es droga puente a otras más perniciosas no se cuestiona, pero eso también ocurre con el tabaco y el alcohol y no por ello tan perniciosas drogas se vuelven a prohibir.
4) Se argumenta que por razones morales el Estado no debe dejar sin protección a las víctimas del narcotráfico, tal como lo ha expresado el encargado del tema en las Naciones Unidas, Antonio María Costa: “¿Deberíamos legalizar la esclavitud moderna a la luz de la intrínseca dificultad de plantarle la cara?” (9/oct/08). Pero en el consumo de drogas no hay víctimas involuntarias, sino “víctimas cooperativas”: los consumidores deciden ingerir las drogas, por lo que lo más eficaz en esos casos es la publicidad, la información y la rehabilitación, nada de lo cual genera poderosos cárteles ni la violencia y la corrupción derivadas de su combate. El consumo de estupefacientes no puede compararse con los delitos en donde las víctimas son involuntarias, como el secuestro, la prostitución infantil, el tráfico de órganos o la esclavitud. Más aún, es absolutamente irracional que algunos estados (como el mexicano) dediquen tanto tiempo y recursos a combatir los delitos con “víctimas cooperativas” y descuidan así la prevención y persecución de crímenes con víctimas involuntarias. Resulta desalentador que ni siquiera el encargado de drogas de la ONU pueda hacer tan elemental distinción entre esos dos tipos de delito.
5) Es verdad que la despenalización resulta políticamente poco viable en tanto Washington se oponga a ello, pues eso impide que dicha medida se tome a nivel al menos hemisférico (hacerlo de manera aislada y unilateral reduciría fuertemente la eficacia de dicha reforma, además del costo político de contravenir a Estados Unidos en tema tan sensible). Desde luego, hay una gran hipocresía y doble rasero del gobierno estadunidense, pues al menos 12 entidades en su país han despenalizado la producción y el consumo de la mariguana. Se replica que sólo para fines terapéuticos, pero esa es la coartada de una mayor liberalidad. Por ejemplo, en California se puede obtener una receta para comprar diversos tipos de mariguana en tiendas legales, con sólo reportar al médico una cierta pérdida del apetito o sufrir insomnio o dolores de cabeza. No sería racional, como suele afirmarse, que estadunidenses vinieran a México exclusivamente a fumar mariguana. Lo pueden hacer en condiciones de absoluta legalidad en su país, donde se produce 60% de la mariguana que consume.
6) La despenalización favorecería una mejor atención al consumo y la adicción a diversas drogas. La prohibición estimula que los productos sean adulterados y provoquen mayor daño a la salud que si fueran legales (durante la prohibición del alcohol, en Estados Unidos, algunos consumidores llegaban a quedar ciegos por la mala calidad de lo que bebían, cosa que difícilmente ocurre ahora que es legal y sujeto a control de calidad). Además, la gran cantidad de recursos dedicados a combatir inútilmente la oferta de drogas podría canalizarse a reducir su demanda, mediante información, prevención y rehabilitación. Debe dejarse a los ciudadanos decidir sobre su respectiva salud, como sucede con el alcohol, tabaco y alimentos dañinos a su organismo. Pues además el paternalismo estatal resulta inútil para abatir el consumo. Y, en el caso de los menores de edad, las campañas preventivas han mostrado ser muy eficaces, como en el tema concreto del tabaco.
7) Se ha dicho que la legalización implicaría rendirse ante los cárteles de la droga y que promoverla es hacerle el juego a los capos. Me parece que es a la inversa: los más perjudicados por la legalización serían los cárteles (y otros sectores que se benefician de la prohibición, como los financieros que lavan dinero), pues perderían el negocio de su vida. Los que hacen el juego a los narcotraficantes son justamente quienes defienden la prohibición. Por eso, el día que se considere seriamente despenalizar alguna droga, los capos invertirán parte de sus desorbitadas ganancias en financiar intensas campañas contra esa opción.
La semana pasada, el asambleísta Víctor Hugo Círigo, del PRD, presentó una iniciativa con vistas a despenalizar nacionalmente la producción, el comercio y el consumo de la mariguana, de la que México es el principal productor. No parecen haber condiciones políticas para que avance esa iniciativa. Probablemente por cálculo electoral, el propio PRD capitalino se deslindó de la propuesta, pese a haber sido aprobada en el último Consejo Nacional de ese partido. Pero la propuesta del diputado Círigo al menos dará lugar a un debate de fondo sobre los resultados de la prohibición legal de las drogas en general, y la conveniencia de mantenerla.
1) Jamás he entendido la racionalidad de convertir un problema grave, pero manejable, de salud pública, en otro inmanejable de seguridad pública, primero, y de seguridad nacional, después, que provocan violencia incontrolada, corrupción de los cuerpos de seguridad, infiltración de las instituciones por los capos y una amenaza a la viabilidad misma del Estado. Eso se debe en buena parte a la enorme rentabilidad económica del mercado negro de narcóticos, calculada en dos mil 500 por ciento.
2) Con semejantes ganancias, existe un incentivo permanente para entrar a ese mercado negro, aun a riesgo de perder la libertad o la vida (eso de “toda la fuerza del Estado” no parece intimidar a los narcos en absoluto). Además, ello explica la gran capacidad corruptora y la respuesta armada de los cárteles (capaces de adquirir sofisticados arsenales, vehículos blindados, aviones y hasta submarinos).
3) Que la mariguana es droga puente a otras más perniciosas no se cuestiona, pero eso también ocurre con el tabaco y el alcohol y no por ello tan perniciosas drogas se vuelven a prohibir.
4) Se argumenta que por razones morales el Estado no debe dejar sin protección a las víctimas del narcotráfico, tal como lo ha expresado el encargado del tema en las Naciones Unidas, Antonio María Costa: “¿Deberíamos legalizar la esclavitud moderna a la luz de la intrínseca dificultad de plantarle la cara?” (9/oct/08). Pero en el consumo de drogas no hay víctimas involuntarias, sino “víctimas cooperativas”: los consumidores deciden ingerir las drogas, por lo que lo más eficaz en esos casos es la publicidad, la información y la rehabilitación, nada de lo cual genera poderosos cárteles ni la violencia y la corrupción derivadas de su combate. El consumo de estupefacientes no puede compararse con los delitos en donde las víctimas son involuntarias, como el secuestro, la prostitución infantil, el tráfico de órganos o la esclavitud. Más aún, es absolutamente irracional que algunos estados (como el mexicano) dediquen tanto tiempo y recursos a combatir los delitos con “víctimas cooperativas” y descuidan así la prevención y persecución de crímenes con víctimas involuntarias. Resulta desalentador que ni siquiera el encargado de drogas de la ONU pueda hacer tan elemental distinción entre esos dos tipos de delito.
5) Es verdad que la despenalización resulta políticamente poco viable en tanto Washington se oponga a ello, pues eso impide que dicha medida se tome a nivel al menos hemisférico (hacerlo de manera aislada y unilateral reduciría fuertemente la eficacia de dicha reforma, además del costo político de contravenir a Estados Unidos en tema tan sensible). Desde luego, hay una gran hipocresía y doble rasero del gobierno estadunidense, pues al menos 12 entidades en su país han despenalizado la producción y el consumo de la mariguana. Se replica que sólo para fines terapéuticos, pero esa es la coartada de una mayor liberalidad. Por ejemplo, en California se puede obtener una receta para comprar diversos tipos de mariguana en tiendas legales, con sólo reportar al médico una cierta pérdida del apetito o sufrir insomnio o dolores de cabeza. No sería racional, como suele afirmarse, que estadunidenses vinieran a México exclusivamente a fumar mariguana. Lo pueden hacer en condiciones de absoluta legalidad en su país, donde se produce 60% de la mariguana que consume.
6) La despenalización favorecería una mejor atención al consumo y la adicción a diversas drogas. La prohibición estimula que los productos sean adulterados y provoquen mayor daño a la salud que si fueran legales (durante la prohibición del alcohol, en Estados Unidos, algunos consumidores llegaban a quedar ciegos por la mala calidad de lo que bebían, cosa que difícilmente ocurre ahora que es legal y sujeto a control de calidad). Además, la gran cantidad de recursos dedicados a combatir inútilmente la oferta de drogas podría canalizarse a reducir su demanda, mediante información, prevención y rehabilitación. Debe dejarse a los ciudadanos decidir sobre su respectiva salud, como sucede con el alcohol, tabaco y alimentos dañinos a su organismo. Pues además el paternalismo estatal resulta inútil para abatir el consumo. Y, en el caso de los menores de edad, las campañas preventivas han mostrado ser muy eficaces, como en el tema concreto del tabaco.
7) Se ha dicho que la legalización implicaría rendirse ante los cárteles de la droga y que promoverla es hacerle el juego a los capos. Me parece que es a la inversa: los más perjudicados por la legalización serían los cárteles (y otros sectores que se benefician de la prohibición, como los financieros que lavan dinero), pues perderían el negocio de su vida. Los que hacen el juego a los narcotraficantes son justamente quienes defienden la prohibición. Por eso, el día que se considere seriamente despenalizar alguna droga, los capos invertirán parte de sus desorbitadas ganancias en financiar intensas campañas contra esa opción.
1 comentario:
Pues en verdad la legalización de la marihuana, seria dejar en la ruina a los carteles locales de producción y distribución (que supongo que ahí esta el negocio), pues el consumo incluso podría seguir igual, pero al ser legal, tendría que ser mas “económico el viaje”, y así el resto de las drogas que por lo general son sintéticas y causan daños irreversibles, dejarían de cotizarse y bajarían su circulación, si no es que hasta los mismos consumidores dejarían de comprarlas.
Al ser la marihuana una droga natural y en algunos casos hasta curativa, podría ser su legalización y control (vimos con el Dr. House que el policía que sembraba hierba abonada con excremento de paloma se murió por un virus), una opción para bajar incluso la violencia en México.
Gracias por tu visita, suena grotesco siquiera imaginarse semejante cantidad de ameros, si en realidad existen, pero bueno solo fue una opinión y versión que a mi parecer podría pasar.
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