Hernan Büchi fue Ministro de Hacienda de Chile.
Desgraciadamente, en general lo que es intuitivo y aceptable políticamente no es lo correcto. Esto explica la pobreza que aún es mayoritaria en el mundo, ya que ha impedido que las políticas públicas sean las adecuadas para aprovechar los conocimientos y avances tecnológicos levantando a la humanidad de la miseria. La incapacidad para superar esta dificultad es quizás la mayor tragedia que conocemos.
Estas semanas hemos visto un ejemplo en los planteamientos tributarios en relación al terremoto. Es atractivo proponer alza de impuestos, especialmente a un ente abstracto como las empresas. El argumento es simple: hubo una tragedia, que todos paguen. Se olvida que el desastre afectó a todos. Todos tienen que soportar algún costo: Fisco, empresas y personas. Las empresas no gastan con sus recursos, sólo producen, invierten, emplean o disminuyen deudas, lo que hace más accesible a terceros financiarse. Todo ello es lo que necesitamos para superar la pobreza, y hoy en la emergencia con más impuestos tendremos menos. El Fisco, más allá de las dudas sobre la certeza de sus cifras de ahorro en el pasado, tiene recursos y poca deuda. Una emergencia como esta es la oportunidad para usar esa holgura. Si no es ahora, ¿cuándo? Es tarea de los técnicos —hay muchos y buenos en el gobierno— hacerlo en la mejor forma para minimizar otros efectos macroeconómicos.
Se ha insinuado que el problema no es sólo la emergencia del sismo. El déficit estructural legado sería mayor, quizás el 2% del PIB, y ello requiere corrección. Si es así, no es el único legado a corregir. La productividad cayó al 1,6% anual durante el gobierno de Bachelet. Si queremos progresar, es imposible sin mejoras en ella. Quizás la tarea más crítica de este gobierno sea precisamente esa; es imprescindible para relanzar el crecimiento. Más impuestos y dificultades para invertir son el camino equivocado para lograrlo. Aun cuando la situación fiscal no haya sido tan positiva como se decía, existe un amplio espacio para ajustar las cuentas en un plazo que no tiene por qué limitarse al actual período presidencial.
En la discusión han rebrotado argumentos de otra índole. Que los impuestos a las empresas son bajos y que son injustos para las personas. Esos argumentos no son correctos. No debemos compararnos con países desarrollados que crecen poco para lo que necesitamos. Nuestros impuestos no son bajos si los comparamos con las etapas dinámicas de desarrollo que quisiéramos emular. Más aún, la recaudación efectiva del impuesto a las empresas como porcentaje del PIB es más alta en Chile que en muchos otros países, incluso los de tasas altas. Ello es porque probablemente se aplican con menos exenciones y se usan bases distintas. Respecto de las personas, no existe tal inequidad. Son impuestos de naturaleza distinta; Chile tiene un sistema integrado que cuando llega la riqueza a las personas tributa en forma equivalente. Ya vimos que las empresas no gastan, producen. El impuesto a ellas es un anticipo a las personas que en términos de impulso a la inversión y el empleo, fuente última de la eliminación de la pobreza, cabría pensar en bajarlo, no subirlo.
Pero lo más grave de esta polémica está en el plano político. Veinte años de gobierno de la Concertación deterioraron nuestra capacidad de superar la pobreza. El esfuerzo de muchos impidió que el proceso se acelerara más, siguiendo el camino políticamente fácil y acorde con su ideología. Sería un mal presagio que las primeras medidas de un gobierno que debía marcar un cambio en este aspecto se iniciaran por el mismo camino.
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