Los demócratas y la empresa de telecomunicaciones de Haití

Mary Anastasia O'Grady

Joseph P. Kennedy II dejó de lado por un momento sus asuntos petroleros con Hugo Chávez el mes pasado para responder a una columna que escribí sobre otro de sus emprendimientos. Se trata de un contrato de 1999 entre Fusion Telecommunications, donde Kennedy formaba parte de la junta directiva, y el monopolio estatal de telecomunicaciones Haiti Teleco.

Las afirmaciones de Kennedy en una carta fechada el 11 de febrero al editor de The Wall Street Journal, así como la pregunta aún sin respuesta sobre por qué Fusion tenía acceso a la red de Teleco con un descuento de 75% sobre la tarifa oficial que aparece en los documentos enviados a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC)– llaman la atención. Esto es especialmente valedero ya que, el viernes 12 de marzo, un ex director de asuntos internacionales de Haiti Teleco se declaró culpable en una corte federal del estado de Florida de lavado de dinero en conexión con una conspiración de sobornos entre 2001 y 2003.

Llegar al fondo del acuerdo de Fusion, que un editorial de The Wall Street Journal de mayo de 2001 caracterizó como "sórdido", es importante para Haití. Su presidente cuando se firmó el contrato era René Préval, en ese momento un aliado cercano de Jean Bertrand Aristide. El presidente estadounidense era Bill Clinton, quien había restablecido al despótico Aristide en el poder en 1994. Numerosos amigotes de Clinton también eran parte de la junta directiva de Fusion.

Hoy, Préval es presidente otra vez, Clinton es el enviado oficial de la ONU a Haití y burócratas internacionales diseñan un plan de reconstrucción que, según el periódico Washington Post "sugiere ingeniería social en una amplia escala, que podría involucrar niveles de inversión privada y pública en Haití que realmente nunca se imaginaron antes". Si hay alguna esperanza de que este plan, con un costo estimado de entre US$1.000 millones y US$3.000 millones, no termine financiando pistas de esquí en Puerto Príncipe, hay que exigir que quienes estén el poder rindan cuentas.

Mi columna del 25 de enero describió acusaciones realizadas por el gobierno interino de Haití entre 2004 y 2005 en una demanda civil entablada en la corte federal del sur de Florida contra Aristide. La demanda señalaba que la investigación del gobierno sobre Teleco mostraba que Aristide hizo arreglos con "ciertos" proveedores de telecomunicaciones estadounidenses y "les otorgó tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones o sobornos...". La demanda indicó que una de las empresas que realizó ciertos pagos "a ciertas empresas en el extranjero" fue Fusion. Acusa que una de las compañías que hizo pagos a a ciertas "empresas off-shore" fue Fusion. Haití afirmó que podía probar los cargos, pero luego cuando Préval fue elegido presidente otra vez en 2006 retiró la demanda.

Kennedy sostiene que mi columna "establece mal los hechos en torno al acuerdo de Fusion con Teleco" y que él no estaba "al tanto de ninguna acción, práctica o política que fuera sospechosa moralmente de alguna forma o que violara ninguna ley internacional o interna".

Sólo Kennedy sabe si estaba al corriente de alguna violación de las normas de la FCC. Pero eso no altera los hechos: puesto que Teleco era un monopolio a fines de la década del 90 y comienzos de la de 2000, los operadores estadounidenses que hacían negocios con esa empresa estaban sujetos a la política de acuerdos de la FCC (ISP). Las reglas de la FCC indicaban que los prestadores estadounidenses con tráfico hacia países ISP debían presentar sus contratos ante la comisión y que esos contratos eran de dominio público. Las normas de la ISP también indicaban que un monopolio sólo podía ofrecer una tarifa a los operadores estadounidenses. Si le otorgaba una tarifa más baja a un prestador, esa empresa tenía que presentar el contrato ante la comisión y alertar a todos los competidores más importantes de la nueva tarifa. La tarifa oficial luego caería para todos los operadores.

A fines de los 90 algunos haitianos que trabajaban en Teleco me dijeron que "la empresa Fusion de los Kennedy" obtenía un descuento especial y que tenía una oficina dentro de Teleco. Llamé a Fusion para preguntar al respecto pero ni siquiera confirmaron si tenían negocios en Haití. Luego, la FCC me informó que su archivo que contenía los contratos de Haití, que son documentos públicos, se había extraviado. Cuando la FCC le pidió a los operadores que entregaran un duplicado, Fusion entregó una copia de 1999. Luego acudió a los tribunales para bloquear mi acceso al documento.

Fusion perdió y cuando el contrato se difundió mostró que la empresa tenía una tarifa de 12 centavos de dólar por minuto en circunstancias que la tarifa oficial era de 50 centavos por minuto. Como me dijo un haitiano, en una de las rutas más transitadas del hemisferio occidental, "era una mina de oro".

Una de las afirmaciones más graciosas de Kennedy es que el pacto especial de Fusion con Teleco era "un acuerdo innovador" y un ejemplo de "desregulación de monopolios estatales". La FCC sugirió algo distinto en otra situación similar. En 2008 le impuso una multa de US$400.000 a la firma de Nueva Jersey IDT por no presentar su acuerdo con Teleco de 2003, en el que obtuvo un precio de 8,75 centavos por minuto, un descuento del 66% frente a la tarifa oficial.

Un empresario independiente estadounidense que hace negocios en el Caribe hace poco me explicó el panorama haitiano de esta forma: "no nos molestamos con Haití ya que la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas prohíbe que entidades estadounidenses legítimas ingresen en el mercado haitiano. En Haití hay que pagar para jugar. El beneficio de contar con cables submarinos competitivos sería transformador para los haitianos. En cambio, se quedaron con los amigotes de Clinton que les imponían impuestos a los pobres."

Lo que es peor, como demuestra el más reciente esfuerzo de asistencia, por lo menos algunos de estos amigotes no se han ido.