Se presumió como la reforma de la década, se dijo que la noche de su aprobación era histórica. Nacía el nuevo valor de los representantes populares frente al poder fáctico de las televisoras. A Manlio Fabio Beltrones se le llenaba la boca de valor civil: “Nos hemos quitado la pistola de la sien”. La reforma electoral era “un acto de liberación política”. Así se interpretaba su significado. Así lo reconocíamos varios.
Absolutamente recordable la lección de valor de los senadores al acto intimidatorio de los concesionarios y sus operadores informativos. Magistrales, las intervenciones de Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez Álvarez en esa “audiencia”.
El principal asunto de esa reforma, prohibir la contratación comercial de propaganda electoral en radio y tv, abría una perspectiva histórica para la garantía del derecho a la información. Ventana de esperanza en la idea de que una reforma del Estado atravesara realmente el sistema comunicacional del país.
Así, la reforma electoral debía ser completada con una nueva ley de medios si en realidad se quería emparejar el terreno de la competencia electoral. De lo contrario, al mantenerse intactos el modelo duopólico de la tv y la ley de 1960, se dejaría intacto el manejo de conveniencia política con que actúan las dos empresas que acaparan 95% de los canales comerciales, al decidir quién aparece o muere en la pantalla, quién existe o no en las contiendas electorales.
Inició el trabajo, se formó el grupo plural, se convocó una nueva consulta, se presentaron cientos de propuestas y los legisladores presentaron una docena de iniciativas. Abierta como nunca la posibilidad, empujada por la sentencia de la SCJN contra la ley Televisa, se anunciaron propósitos y temas: reglas de competencia, límites a la concentración, reforzamiento del sistema de medios públicos, refrendos por licitación, otorgamiento claro de concesiones, derecho de réplica.
Las televisoras no los dejaron hacer nada. Ni siquiera ajustar las reformas electorales a la legislación de radio y tv para que al menos la sanción de la revocación de sus concesiones los hiciera cumplir con la Constitución. Se fueron el valor y el compromiso; permanecen el cálculo y la indefinición. Durante ese proceso fársico, quien dijo haberse quitado la pistola de la sien negoció con los concesionarios la no reforma de los medios; les devolvió los cartuchos hasta entregarles la misma pistola la semana pasada. No importa que le agujeren su candidatura dentro de dos años, si así conviene a los intereses económicos. De mercaderes, ingenuos y temerosos está hecho el poder de la tv.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
Absolutamente recordable la lección de valor de los senadores al acto intimidatorio de los concesionarios y sus operadores informativos. Magistrales, las intervenciones de Ricardo García Cervantes y Pablo Gómez Álvarez en esa “audiencia”.
El principal asunto de esa reforma, prohibir la contratación comercial de propaganda electoral en radio y tv, abría una perspectiva histórica para la garantía del derecho a la información. Ventana de esperanza en la idea de que una reforma del Estado atravesara realmente el sistema comunicacional del país.
Así, la reforma electoral debía ser completada con una nueva ley de medios si en realidad se quería emparejar el terreno de la competencia electoral. De lo contrario, al mantenerse intactos el modelo duopólico de la tv y la ley de 1960, se dejaría intacto el manejo de conveniencia política con que actúan las dos empresas que acaparan 95% de los canales comerciales, al decidir quién aparece o muere en la pantalla, quién existe o no en las contiendas electorales.
Inició el trabajo, se formó el grupo plural, se convocó una nueva consulta, se presentaron cientos de propuestas y los legisladores presentaron una docena de iniciativas. Abierta como nunca la posibilidad, empujada por la sentencia de la SCJN contra la ley Televisa, se anunciaron propósitos y temas: reglas de competencia, límites a la concentración, reforzamiento del sistema de medios públicos, refrendos por licitación, otorgamiento claro de concesiones, derecho de réplica.
Las televisoras no los dejaron hacer nada. Ni siquiera ajustar las reformas electorales a la legislación de radio y tv para que al menos la sanción de la revocación de sus concesiones los hiciera cumplir con la Constitución. Se fueron el valor y el compromiso; permanecen el cálculo y la indefinición. Durante ese proceso fársico, quien dijo haberse quitado la pistola de la sien negoció con los concesionarios la no reforma de los medios; les devolvió los cartuchos hasta entregarles la misma pistola la semana pasada. No importa que le agujeren su candidatura dentro de dos años, si así conviene a los intereses económicos. De mercaderes, ingenuos y temerosos está hecho el poder de la tv.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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