Javier Corral Jurado
Este día se ha conseguido una nueva victoria moral y jurídica frente al abuso que constituyó la Ley Televisa y la conformación amañada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, integrada en cuatro de sus cinco nombramientos por personeros del duopolio televisivo, declaró el presidente de la AMEDI, Javier Corral Jurado.
Sin embargo, acotó, la resolución de la SCJN que ampara a Rafael Del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous y les restituye su nombramiento como comisionados de la Cofetel, sólo resarce en parte el daño que se infringió a la autonomía e independencia de ese órgano regulador estratégico para las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país.
Expuso que “si el titular del Poder Ejecutivo Federal es consecuente con el postulado de hacer de nuestro país un Estado Democrático de Derecho, no puede seguir eludiendo los efectos de la sentencia contra la Ley Televisa publicada el 20 de agosto de 2007 y, conforme a ella, hacer la remoción de los nombramientos de Héctor Osuna Jaime y Ernesto Gil Elourdy, también polichinelas de las empresas televisoras en ese organismo desconcentrado.
“En la sesión del pleno de la SCJN se han ratificado los criterios de inconstitucionalidad de esos nombramientos, y el Presidente de la República no puede eludir esa discusión, debe dar cumplimiento cabal al mandato judicial, un supuesto distinto lo colocaría en una seria contradicción sobre el Estado de Derecho que se postula”.
Desde el año pasado hemos insistido en que éstos, y no otros, eran los efectos derivados de la inconstitucionalidad de la ley televisa, en particular de la invalidación del segundo párrafo del artículo 9-C, pero el Ejecutivo federal ha preferido condescender con las televisoras antes que recuperar para el gobierno un órgano que le pertenece al estado y no a los particulares, agregó.
Y subrayó que “Hoy no existe ninguna duda sobre la posibilidad que el Presidente tiene para en uso de sus facultades, remover a los comisionados que carecen de constitucionalidad en su nombramiento”.
Reiteramos que la sentencia publicada hace poco menos de un año, y lo resuelto el día de hoy, coinciden con el criterio de la SCJN que se expresa en la Jurisprudencia 32/2006 que indica que al declarar la invalidez de una norma general: “...deberán extender sus efectos a todas aquéllas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aún cuando no hayan sido impugnadas...” .
Por ello, el 22 de agosto de 2007, sostuvimos que, “los efectos de la declaratoria de invalidez constitucional se extienden hacia los actos que deriven directamente del artículo inválido, tal y como lo ha señalado la Corte en la jurisprudencia anteriormente citada y en el voto particular del Ministro Góngora, por lo que si se decretó la invalidez del artículo 9-C, la misma suerte siguen los nombramientos de los comisionados en funciones”, señaló Corral Jurado.
“Exigimos la remoción de todos, no sólo de los que hoy existe sentencia de amparo por parte de la SCJN”, remarcó.
Nos queda claro que, conforme la sentencia del día de hoy, lo actuado por los comisionados en funciones hasta la publicación de la Resolución en el DOF, sigue teniendo plena validez jurídica, dijo el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Informacion.
Comentó que por otra parte quedó en evidencia la penosa actuación que la Procuraduría General de la República tuvo en el juicio de garantías que promovieron Del Villar y Martínez Pous, y queda al descubierto con toda claridad los intereses a los que sirve Eduardo Medina Mora, quien se colocó abiertamente a favor de las empresas televisoras y promoviendo desde su representación actos en contra del legítimo interés de los quejosos.
Y lanzó el reto: “La pregunta es obligada, ¿Lo hizo con autorización del Presidente de la República?. Quizá los medios de comunicación puedan conseguir esa respuesta”.
“Lo que cierto es que se vuelve a imponer el valor civil y el sentido de responsabilidad de quienes optan por luchar y hacer uso de las vías judiciales en contra de los abusos y las complicidades del poder político y del poder económico en nuestro país”, concluyó.
Este día se ha conseguido una nueva victoria moral y jurídica frente al abuso que constituyó la Ley Televisa y la conformación amañada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, integrada en cuatro de sus cinco nombramientos por personeros del duopolio televisivo, declaró el presidente de la AMEDI, Javier Corral Jurado.
Sin embargo, acotó, la resolución de la SCJN que ampara a Rafael Del Villar Aldrich y Gonzalo Martínez Pous y les restituye su nombramiento como comisionados de la Cofetel, sólo resarce en parte el daño que se infringió a la autonomía e independencia de ese órgano regulador estratégico para las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país.
Expuso que “si el titular del Poder Ejecutivo Federal es consecuente con el postulado de hacer de nuestro país un Estado Democrático de Derecho, no puede seguir eludiendo los efectos de la sentencia contra la Ley Televisa publicada el 20 de agosto de 2007 y, conforme a ella, hacer la remoción de los nombramientos de Héctor Osuna Jaime y Ernesto Gil Elourdy, también polichinelas de las empresas televisoras en ese organismo desconcentrado.
“En la sesión del pleno de la SCJN se han ratificado los criterios de inconstitucionalidad de esos nombramientos, y el Presidente de la República no puede eludir esa discusión, debe dar cumplimiento cabal al mandato judicial, un supuesto distinto lo colocaría en una seria contradicción sobre el Estado de Derecho que se postula”.
Desde el año pasado hemos insistido en que éstos, y no otros, eran los efectos derivados de la inconstitucionalidad de la ley televisa, en particular de la invalidación del segundo párrafo del artículo 9-C, pero el Ejecutivo federal ha preferido condescender con las televisoras antes que recuperar para el gobierno un órgano que le pertenece al estado y no a los particulares, agregó.
Y subrayó que “Hoy no existe ninguna duda sobre la posibilidad que el Presidente tiene para en uso de sus facultades, remover a los comisionados que carecen de constitucionalidad en su nombramiento”.
Reiteramos que la sentencia publicada hace poco menos de un año, y lo resuelto el día de hoy, coinciden con el criterio de la SCJN que se expresa en la Jurisprudencia 32/2006 que indica que al declarar la invalidez de una norma general: “...deberán extender sus efectos a todas aquéllas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, sean de igual o menor jerarquía que la combatida, si regulan o se relacionan directamente con algún aspecto previsto en ésta, aún cuando no hayan sido impugnadas...” .
Por ello, el 22 de agosto de 2007, sostuvimos que, “los efectos de la declaratoria de invalidez constitucional se extienden hacia los actos que deriven directamente del artículo inválido, tal y como lo ha señalado la Corte en la jurisprudencia anteriormente citada y en el voto particular del Ministro Góngora, por lo que si se decretó la invalidez del artículo 9-C, la misma suerte siguen los nombramientos de los comisionados en funciones”, señaló Corral Jurado.
“Exigimos la remoción de todos, no sólo de los que hoy existe sentencia de amparo por parte de la SCJN”, remarcó.
Nos queda claro que, conforme la sentencia del día de hoy, lo actuado por los comisionados en funciones hasta la publicación de la Resolución en el DOF, sigue teniendo plena validez jurídica, dijo el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Informacion.
Comentó que por otra parte quedó en evidencia la penosa actuación que la Procuraduría General de la República tuvo en el juicio de garantías que promovieron Del Villar y Martínez Pous, y queda al descubierto con toda claridad los intereses a los que sirve Eduardo Medina Mora, quien se colocó abiertamente a favor de las empresas televisoras y promoviendo desde su representación actos en contra del legítimo interés de los quejosos.
Y lanzó el reto: “La pregunta es obligada, ¿Lo hizo con autorización del Presidente de la República?. Quizá los medios de comunicación puedan conseguir esa respuesta”.
“Lo que cierto es que se vuelve a imponer el valor civil y el sentido de responsabilidad de quienes optan por luchar y hacer uso de las vías judiciales en contra de los abusos y las complicidades del poder político y del poder económico en nuestro país”, concluyó.
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