Un grupo de intelectuales ha presentado un amparo ante el Poder Judicial en contra del texto de la Constitución que prohíbe anuncios electorales o que ataquen a los partidos en radio y televisión. ¿Pueden los quejosos, con sus propios recursos, pagar un minuto en tarifa AAA en los canales del oligopolio televisivo? La respuesta sería que no se trata de que ellos paguen sino de la defensa de la libertad de cualquiera. Pero ese cualquiera no existe, es decir, es un puñado de mexicanos, los muy ricos. Nada más.
En otros países no hay derecho de meterse a la televisión para combatir a un partido o promover un candidato más que por parte de los contendientes. Pero, ¿tal cosa es una materia de la libertad de expresión o de la libertad de comercio? Desde el punto de vista de los dueños de los canales y estaciones es una cuestión de la libertad de comercio: poder vender todo el tiempo posible de transmisión. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la cuestión reside en la libertad de expresión sólo de quien puede pagar, es decir, una minoría insignificante. Y es, también, la intromisión directa del poder del dinero en los procesos político-electorales.
En nuestro mundo, la libertad de expresión se ha reducido a los dueños de los medios y a los empleados de éstos. Sólo el internet está rompiendo poco a poco ese monopolio. La tendencia ideológica de toda la televisión es la misma, de tal manera que las rendijas que abren canales y estaciones quedan estrechas frente al pluralismo realmente existente en la sociedad. No se trata sólo de la política sino de la cultura en general. Los mensajes predominantes agobian por su unilateralidad, mientras que la prensa –más abierta– sólo alcanza a fijar las noticias pero nunca los principales contenidos.
Las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante, decía con razón Antonio Gramsci. Pero en nuestro mundo ese dominio ha llevado a reservar la libertad de expresión a unos cuantos. Dicho de otra forma, se ha reducido la libertad de expresión de la inmensa mayoría. Los canales alternativos de comunicación social son hoy menores, aunque, como dije, se empiezan a abrir con el Internet.
¿Para qué defender el monopolio de esa libertad de expresión en aras de la libertad a secas? La respuesta no podría ser la repetición de la pregunta, es decir, afirmar que se trata de defender la libertad. La respuesta debe alojarse fuera de la pregunta, en el terreno de la libertad de comercio. Es éste el que se ha restringido con la reciente reforma constitucional, pero sólo en los medios concesionados, dejando fuera a la prensa y, naturalmente, al Internet. La radio y la televisión utilizan un medio del dominio de la nación, el espacio aéreo. Por tanto, se puede prohibir la comercialización de la propaganda política sin afectar la libertad de expresión de los concesionarios y sus empleados.
Mientras tanto, se podrá seguir usando la radio y la televisión para atacar con furia o sin ella a quien se quiera, especialmente, claro está, a los más atacados que son los odiosos izquierdistas. Nadie puede callar a un locutor ni a un invitado a un programa, excepto los dueños del canal o la estación. Son éstos quienes sí pueden ejercer la censura cuando quieran. ¡Qué bonita libertad!
La libertad de comercio se ha restringido sólo en la venta de spots. Bajo la actual Constitución, los dueños siguen siendo dueños y tienen el privilegio de llevar a todas partes su mensaje, pero no pueden cobrar por tal actividad más que en la programación normal pero no en anuncios. Es poco aún: en otros países están prohibidos los debates parciales. Son los países donde hay más democracia.
En otros países no hay derecho de meterse a la televisión para combatir a un partido o promover un candidato más que por parte de los contendientes. Pero, ¿tal cosa es una materia de la libertad de expresión o de la libertad de comercio? Desde el punto de vista de los dueños de los canales y estaciones es una cuestión de la libertad de comercio: poder vender todo el tiempo posible de transmisión. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la cuestión reside en la libertad de expresión sólo de quien puede pagar, es decir, una minoría insignificante. Y es, también, la intromisión directa del poder del dinero en los procesos político-electorales.
En nuestro mundo, la libertad de expresión se ha reducido a los dueños de los medios y a los empleados de éstos. Sólo el internet está rompiendo poco a poco ese monopolio. La tendencia ideológica de toda la televisión es la misma, de tal manera que las rendijas que abren canales y estaciones quedan estrechas frente al pluralismo realmente existente en la sociedad. No se trata sólo de la política sino de la cultura en general. Los mensajes predominantes agobian por su unilateralidad, mientras que la prensa –más abierta– sólo alcanza a fijar las noticias pero nunca los principales contenidos.
Las ideas dominantes en la sociedad son las de la clase dominante, decía con razón Antonio Gramsci. Pero en nuestro mundo ese dominio ha llevado a reservar la libertad de expresión a unos cuantos. Dicho de otra forma, se ha reducido la libertad de expresión de la inmensa mayoría. Los canales alternativos de comunicación social son hoy menores, aunque, como dije, se empiezan a abrir con el Internet.
¿Para qué defender el monopolio de esa libertad de expresión en aras de la libertad a secas? La respuesta no podría ser la repetición de la pregunta, es decir, afirmar que se trata de defender la libertad. La respuesta debe alojarse fuera de la pregunta, en el terreno de la libertad de comercio. Es éste el que se ha restringido con la reciente reforma constitucional, pero sólo en los medios concesionados, dejando fuera a la prensa y, naturalmente, al Internet. La radio y la televisión utilizan un medio del dominio de la nación, el espacio aéreo. Por tanto, se puede prohibir la comercialización de la propaganda política sin afectar la libertad de expresión de los concesionarios y sus empleados.
Mientras tanto, se podrá seguir usando la radio y la televisión para atacar con furia o sin ella a quien se quiera, especialmente, claro está, a los más atacados que son los odiosos izquierdistas. Nadie puede callar a un locutor ni a un invitado a un programa, excepto los dueños del canal o la estación. Son éstos quienes sí pueden ejercer la censura cuando quieran. ¡Qué bonita libertad!
La libertad de comercio se ha restringido sólo en la venta de spots. Bajo la actual Constitución, los dueños siguen siendo dueños y tienen el privilegio de llevar a todas partes su mensaje, pero no pueden cobrar por tal actividad más que en la programación normal pero no en anuncios. Es poco aún: en otros países están prohibidos los debates parciales. Son los países donde hay más democracia.
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