25 de enero de 2010

Clinton, ¿candidato a zar de Haití?

Mary Anastasia O'Grady

En las noticias sobre Haití de las dos últimas semanas, las imágenes de un afligido Bill Clinton han sido casi tan constantes como las de las propias víctimas del terremoto. El ex presidente estadounidense parece aparecer donde quiera que uno mire y expresar su dolor y prometer que transformará a su fundación en la piedra angular de un amplio esfuerzo de reconstrucción.

Cuando Clinton recorrió la devastación la semana pasada, el diario Miami Herald describió que estaba "con los ojos llenos de lágrimas". Se trata de una descripción más apropiada de cómo podrían terminar los haitianos si Clinton se hace cargo de la recuperación del país, como aparentemente pretendería.

Según fuentes al tanto, ya corre el rumor de que Clinton ha sido designado extraoficialmente por la comunidad de ayuda multilateral como el conducto por el cual deberá pasar cualquiera que desee participar en la reconstrucción del país. "Eso significa", me dijo una persona, "que si no se tiene conexiones con Clinton, no se podrá ser parte del juego".

Una persona a la cual se le confía tanto poder debería tener antecedentes impecables y los de Clinton no están ni cerca de serlo. De hecho, la última vez que ofreció "ayudar" a Haití apoyó a un déspota corrupto que hizo negocios con demócratas clave y dejó al país más empobrecido, desprovisto desde el punto de vista institucional y plagado de violencia política.

En 1991, sólo ocho meses después de asumir la presidencia, Jean Bertrand Aristide fue alejado del poder mediante un golpe militar. La acción fue precipitada por el desacato de Aristide por el frágil estado de derecho en Haití, incluido el uso de violencia matonesca para intimidar y asesinar a sus opositores políticos.

Luego de su salida, Aristide necesitaba dinero. Lo consiguió cuando el ex presidente estadounidense George H.W. Bush le liberó los activos haitianos guardados en EE.UU. con el argumento de que él era el gobierno en el exilio.

La principal fuente de esos fondos eran los pagos que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses realizaban al monopolio telefónico estatal, Teleco, para terminar las llamadas a Haití. Desde su exilio en Georgetown, Aristide retiró esos fondos gubernamentales, que según algunas estimaciones llegaron a los US$50 millones para hacer lobby por su regreso al poder. Entre sus contactos más influyentes se encontraba Michael Barnes, un ex congresista demócrata cuya firma de abogados llegó a recibir US$55.000 mensuales de su cliente haitiano.

Un par de años de repartir el dinero haitiano en Washington consiguió el efecto deseado. En 1994, Clinton llamó a los militares de EE.UU. para reponer a Aristide en la presidencia. Cuando su mandato terminó en 1996 y René Préval asumió como presidente, Aristide siguió siendo el poder detrás del trono.

Los haitiano se quejaron amargamente durante años sobre sus abusos de los derechos humanos y la corrupción, y muchos de sus seguidores educados se alejaron de él a medida que sus tácticas se volvieron más claras. Pero la administración Clinton nunca hizo nada para que rectificara el rumbo.

En febrero de 2001, Aristide afirmó haber sido reelecto en un proceso que los observadores internacionales calificaron como un fraude y que la Organización de los Estados Americanos se negó a certificar. Los haitianos estaban enojados, pero tuvieron que pasar otros tres años hasta que ese descontento estallara. Finalmente, en febrero de 2004, Aristide fue expulsado del país.

Con la esperanza de recuperar activos robados, el gobierno interino que se hizo cargo presentó una demanda civil contra Aristide en 2005 en una corte federal del estado de Florida del sur. El documento acusaba a Aristide que haber saqueado las arcas fiscales y establecer planes con "ciertas" telefónicas estadounidenses a las que les había "concedido tarifas significativamente reducidas por servicios brindados por Teleco a cambio de comisiones, que redujeron esas tarifas aún más". Alegaba que una de las empresas que hizo pagos a "ciertas empresas en el extranjero" era Fusion Telecommunications.

El contrato de Fusion debería haber sido público, pero la empresa trató de bloquear su divulgación cuando le pedí una copia a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de EE.UU. Con razón. Reveló que la empresa tenía un acuerdo especial con Teleco de 12 centavos el minuto cuando la tarifa oficial era de 50 centavos.

El pacto con Fusion es interesante porque la empresa era dirigida por Marvin Rosen, el ex director de finanzas del Partido Demócrata. Entre los miembros de la junta directiva estaban Joseph p. Kennedy II y el ex jefe de gabinete de Clinton, Mack McLarty.

La ruta de telecomunicaciones entre EE.UU. y Haití es una de las más congestionadas del Hemisferio Occidental y este contrato que perjudicó la competencia era llamativamente lucrativo. También despojaba al gobierno haitiano de importantes recursos. Como establece la demanda judicial: "Los ingresos de Teleco eran la principal fuente de las urgentemente necesitadas divisas extranjeras de Haití".

El resultado final aquí es que la actividad clintonista en Haití no era el trabajo de extranjeros profundamente comprometidos con el bienestar de un país que sufría desde hacía tiempo. En cambio, capitalizaron la posibilidad de ganar dinero al usar el poder del gobierno.

Ahora es el momento de romper con ese hábito. Como me dijo un haitiano, si el país alguna vez va a desarrollarse necesita "depender menos de amiguismo y más de la transparencia y los vastos recursos de la comunidad de haitianos que viven en otros países". Eso descalificaría a Bill Clinton.

22 de enero de 2010

Piñera: ¿nuestro Berlusconi?

Andrés Oppenheimer

La opinión generalizada en los medios periodísticos es que el presidente electo chileno, Sebastián Piñera, será una versión latinoamericana del polémico primer ministro italiano Silvio Berlusconi: ambos son magnates convertidos en políticos centroderechistas, que ganaron elecciones en parte gracias a sus imperios mediáticos y sus equipos de fútbol.

¿Pero se convertirá Piñera en "nuestro Berlusconi'', como ya lo llaman algunos?

De hecho, existen cinco poderosas razones por las que es improbable que Piñera termine como el líder italiano --un blanco constante de escándalos políticos, comerciales y sexuales-- y una razón menos plausible por la que podría terminar siendo igualmente polémico.

Empecemos por las diferencias.

En primer lugar, Piñera tiene una base académica mucho más sólida que el primer ministro italiano, y --de hecho-- que la mayoría de los líderes mundiales. Piñera se graduó en el primer puesto de su promoción de Ingeniería Comercial en la prestigiosa Universidad Católica de Chile, y luego obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Se trata de una formación académica difícilmente superable, y mucho más profunda que los cursos de un año de duración que muchos políticos latinoamericanos hacen en Harvard para poder poner el nombre de esa universidad en sus hojas de vida.

Tras lograr su doctorado con una tesis sobre la economía de la educación en los países en desarrollo, Piñera enseñó economía en Harvard y luego en cuatro universidades chilenas durante dieciséis años, mientras construía su imperio empresarial. En comparación, Berlusconi se graduó de abogado, escribió su tesis sobre los aspectos legales de la publicidad, y nunca más volvió al ámbito académico.

En segundo lugar, Piñera tiene mucha más experiencia política de la que tenía Berlusconi en el momento en que se convirtió en primer ministro. El presidente electo chileno fue senador desde 1990 hasta 1998, iniciando su carrera política dos décadas antes de ganar la presidencia. En comparación, Berlusconi se presentó como candidato a primer ministro ``antipolítico'' en 1994, prácticamente sin antecedentes en cargos públicos, y ganó.

En tercer lugar, la carrera empresarial de Piñera ha sido mucho menos polémica que la de Berlusconi. Mientras el primer ministro italiano ha enfrentado acusaciones de estar vinculado con la mafia, de fraude impositivo y de corrupción --el 5 de julio del 2008 admitió: "Soy la persona que ha batido todos los récords de juicios en su contra en toda la historia de la humanidad''-- la carrera empresarial de Piñera ha sido mucho más tranquila.

El presidente electo chileno tiene el mérito, entre otros, de haber convertido a LAN Chile en una de las más grandes y tal vez mejores líneas aéreas del continente americano.

En cuarto lugar, Piñera ha estado casado durante 36 años, tiene cuatro hijos y es conocido como un hombre de familia. En comparación, Berlusconi se divorció dos veces y ha estado en el centro de una seguidilla de escándalos sexuales, el más reciente de los cuales involucró a jovencitas de un servicio de acompañantes que el año pasado fueron invitadas a sus fiestas privadas en su mansión de vacaciones en Cerdeña.

En quinto lugar, Piñera posiblemente sea menos derechista, y más respetuoso de las instituciones políticas, que Berlusconi. A diferencia de algunos de sus partidarios, Piñera se opuso al dictador Augusto Pinochet en la década de 1980 y ha sido más bien liberal en lo referido a los temas sociales. Durante la campaña, Piñera se manifestó a favor de la unión civil de los homosexuales, lo que provocó la ira de los sectores más conservadores.

¿Qué podría convertir a Piñera en un Berlusconi latinoamericano? Sus críticos dicen que Piñera, como la mayoría de los empresarios que empezaron desde abajo, es un hombre hiperactivo con una personalidad muy fuerte, que a veces bordea con la arrogancia. Si no la controla, es posible que sus estallidos verbales generen más titulares que sus logros en el gobierno, aseguran.

Mi opinión
: Siempre he sido un gran admirador de los gobiernos de la coalición izquierdista chilena, que ahora dejarán el poder. No sólo han demostrado que puede existir una izquierda responsable y globalizada en Latinoamérica, sino que --lo que es más importante-- lograron reducir el índice de pobreza del 43 al 13 por ciento de la población en los últimos veinte años. Eso es un logro que no tiene parangón en la región.

Si Piñera hubiera apoyado la dictadura de Pinochet, o prometido eliminar algunos de los logros de los gobiernos chilenos recientes, o tuviera propensión a los escándalos personales, me costaría augurarle una buena gestión. Pero es probable que Piñera encabece un gobierno centrista que buscará acelerar la marcha de Chile hacia el primer mundo. Por ahora, parece ser mucho más promisorio que un Berlusconi latinoamericano.

19 de enero de 2010

Chile: Nación 31 de la OCDE

Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es Doctorando en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte en México y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

Desde finales del año pasado ya se conocía de la intención que Chile tenía de integrarse a la selecta lista de naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hoy es una realidad, ésta es la primera nación sudamericana que forma parte de la organización y la segunda de América Latina.

Su incorporación representa un reconocimiento a la importante labor realizada en materia de política económica y social por parte de los diversos actores chilenos. Con la formal participación en la OCDE se da un paso importante para garantizar la prosperidad de sus ciudadanos.

Como lo mencioné en mi participación anterior (Desarrollo y libertad en Chile), la nación andina lleva más de dos décadas aplicando un conjunto de políticas a favor de la democracia y el robustecimiento de su economía. El crecimiento de las libertades políticas y económicas ha permitido mantener una tasa de crecimiento económico que supera el 5,5% promedio anual durante los últimos veinte años.

Los diferentes gobiernos en Chile han aplicado políticas macroeconómicas adecuadas al contexto, promovido un conjunto de reformas estructurales que pone énfasis en el mercado y diseñado programas para reducir la pobreza y la desigualdad.

En el plano político Chile se ha comprometido con la participación ciudadana en las diversas actividades públicas, y a diferencia de la mayoría de naciones latinoamericanas ha dejado atrás su pasado dictatorial y de gobiernos totalitarios. La victoria de Sebastián Piñera como presidente cerrará un ciclo y será un ejemplo del avance obtenido en materia política.

Con su victoria se terminan 20 años de la Concertación de Partidos por la Democracia y estoy seguro que esto ayudará a consolidar su sistema democrático. La tarea para el nuevo presidente no será fácil, existen suficientes problemas internos y externos que resolver.

En lo económico se espera que Sebastián Piñera mantenga un entorno adecuado para los negocios, que continúe fomentando la conexión de Chile con el mundo, que se mantengan políticas fiscales y monetarias prudentes y que el Estado haga un uso eficiente de los recursos públicos y mantenga sanas sus finanzas.

Al ser parte de la OCDE, Chile se compromete a observar los objetivos de la organización, los cuales son: 1) generar políticas para un crecimiento económico sustentable; 2) incrementar el empleo; 3) mejorar los niveles de vida; 4) mantener la estabilidad financiera; 5) asistir a otros países en su desarrollo económico y 6) contribuir al crecimiento del comercio mundial.

De acuerdo con la revisión realizada al acuerdo firmado por Chile ante la OCDE, existen compromisos firmados en las siguientes materias: agricultura, químicos, políticas de consumo, impacto ambiental, mercados financieros, asuntos fiscales, pesca, política en materia de tecnologías de la información, seguros y pensiones privadas, inversión y empresas multinacionales, transporte marítimo, política científico-tecnológica y turismo.

Pertenecer a la OCDE significa que Chile podrá participar de la experiencia de otros países para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Identificar buenas prácticas y coordinar las políticas nacionales con las internacionales para sacar provecho de la globalización.

La membrecía de Chile a la OCDE no implica de facto el salto al desarrollo, significa que se tendrán a disposición mayores elementos para lograrlo y que se implementarán políticas económicas adecuadas.

Chile en cifras:

Primero: la población era de 16,10 millones de personas en 2004, se estima una población de 17,30 millones en 2010 y 17,90 en 2013.

Segundo: el PIB per cápita era de 5.939 dólares en 2004, se pronostica un valor de 10.379 en 2010 y 13.599 en 2013.

Tercero: la tasas de crecimiento del PIB real para los años que van del 2004 al 2013 son: 6,0; 5,6; 4,6; 4,7; 3,2; -1,1 (2009); 1,5; 3,2; 3.5; 3.6.

Cuarto: las tasas de desempleo como porcentaje de la fuerza de trabajo para los años que van del 2004 al 2013 son: 7,8; 6,9; 6,0; 7,2; 7,5; 9,8 (2009); 7,0; 6,8; 6,6; 6,6.

Quinto: las variaciones en el índice de precios al consumidor para los años que van del 2004 al 2013 son: 1,1; 3,1; 3,4; 4,4; 8,7; 3,2 (2009); 2,1; 3,0; 2,9; 2,9.

Sexto: el balance presupuestario como proporción del PIB para 2004 era de 2,1, -3,3 en 2009 y se pronostica que será de 3,7 en 2013.

Séptimo: las reservas internacionales eran de 15.990 millones de dólares en 2004, se pronostica que fueron de 25.300 millones en 2009 y de 22.400 millones en 2013.

Octavo: el saldo de la balanza comercial para 2004 fue de 9.590 millones de dólares, los pronósticos para 2009 son de 9.000 millones y de 6.000 millones en el 2013 (Fuente: Business Monitor International).

Chile ante la crisis…

En 2009, al igual que todas las naciones del mundo, Chile se enfrentó a la crisis financiera internacional que se inició en EE.UU. Pero las medidas tomadas con anterioridad, que se reflejan en las cifras presentadas arriba, permitieron superar favorablemente las condiciones adversas. La aplicación de políticas contracíclicas permitió superar las crisis y sentar las bases para el retorno del crecimiento en 2010.

La política fiscal se utilizó para contrarrestar la crisis, lo que ocasionó un desbalance presupuestario, a lo que se sumó la caída en los ingresos tributarios consecuencia de la crisis y la reducción del precio del cobre. Para 2010 se espera que el equilibrio en las finanzas públicas se restablezca.

Las medidas implementadas incluyeron subsidios a los programas de empleo y de inversión pública y apoyo crediticio para las pequeñas y medianas empresas por una cantidad aproximada de 4.000 millones de dólares o 2,8% del PIB (Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2009).

La política monetaria se abocó a controlar la inflación. Desde los primeros días del mes de enero del 2009 el Banco Central aplicó una serie de reducciones de la tasa de política monetaria con el afán de recuperar la liquidez y fomentar la demanda. Dichas medidas fueron abandonadas progresivamente una vez que las autoridades observaron la poca respuesta de los mercados y en el ánimo de cumplir la meta de inflación.

No está de más decir que el ingreso de Chile a la OCDE garantizará la aplicación de un conjunto de políticas económicas de mercado orientadas a favorecer el crecimiento, el empleo y mejorar la distribución del ingreso. Esto junto al favorable panorama político pone las bases para que ésta nación del sur del continente supere la trampa del subdesarrollo.

Los desafíos económicos del nuevo presidente de Chile

Matt Moffett

SANTIAGO, Chile—Sebastián Piñera, el presidente electo de Chile ha prometido aplicar la capacidad de emprendimiento que lo transformó en un multimillonario para vigorizar la economía chilena. Piñera asegura que al reducir la burocracia, fortalecer los incentivos de inversión y administrar de manera más eficiente el sector público, Chile podrá alcanzar un crecimiento promedio de 6% anual durante su mandato, casi el doble de la tasa de la última década.

Economistas independientes, sin embargo, señalan que con un Congreso dividido, junto a las limitaciones estructurales inherentes a una economía pequeña y dependiente de las materias primas, dificultan la obtención de esa meta.

Piñera ganó las elecciones el domingo con 51,6% de los votos, frente al 48,4% de su contrincante Eduardo Frei, un expresidente que representaba a la Concertación, la coalición de centro izquierda que ha gobernado a Chile desde 1990. Piñera será el primer presidente conservador del país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Con participaciones en la mayor aerolínea del país, una estación de televisión y el club de fútbol más popular del país, Piñera podría ser el hombre más acaudalado en ser elegido presidente de un país latinoamericano.

Piñera, de 60 años, dijo que será un presidente emprendedor que se concentrará en dinamizar la economía, que bajo el régimen de Pinochet se convirtió en un laboratorio para las políticas de libre mercado, como la privatización de empresas. Los gobiernos de la Concertación preservaron el marco de estas políticas y reforzaron la red de asistencia social. Piñera, sin embargo, culpa a la complacencia al interior de la Concertación por el declive en la tasa de crecimiento de Chile en la última década, la cual ha caído a cerca de la mitad de la de la década anterior.

Sebastian Piñera y Michelle Bachelet

El presidente electo ha prometido elevar la tasa de inversión a 28% del PIB para finales de su mandato, en 2014, frente al actual 23%. También propone una reforma de los mercados de capital para facilitar que las empresas obtengan financiamiento.

Piñera, que prometió la formación de una Oficina Nacional de Innovación y Emprendimiento para reducir la burocracia, ha aludido a un estudio del Banco Mundial que indica que fundar un negocio en Chile demora 27 días y cuesta US$1.100 mientras que en Nueva Zelanda toma un día y cuesta una fracción de lo que cuesta en Chile.

Piñera, asimismo, ha prometido darle una mayor eficiencia a la administración pública. El mandatario electo dice que debido a la mala gestión de las entidades estatales que manejan el transporte, la energía y la explotación del cobre, Chile ha desperdiciado US$4.000 millones, suficiente dinero para construir 160.000 viviendas.

No obstante, algunos de los remedios propuestos por Piñera podrían toparse con obstáculos políticos debido a las divisiones en el Congreso, lo que podría hacer que el mandatario dependa de al menos algunos de los legisladores de la Concertación. El presidente electo ha dicho que le gustaría desprenderse de hasta 20% de la cuprífera estatal Codelco, ya sea al abrir su capital en bolsa o venderle una participación a los fondos de pensiones. Tanto la Concertación como los sindicatos mineros se han resistido a este plan. Igualmente, la izquierda ha sido poco receptiva de su idea de hacer una reforma laboral para reducir el costo de despedir trabajadores. Piñera insiste que la actual legislación desincentiva la contratación de empleados.

Algunos especialistas en temas de desarrollo señalan que Chile afronta desafíos más amplios que no tienen una solución rápida. Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, sostiene que Chile se ha demorado en desarrollar nuevas industrias exportadoras que complementen a las ligadas a recursos naturales que impulsaron su crecimiento en los años 80 y 90, como el salmón, la fruta y el cobre. "Chile es como California sin Silicon Valley y sin Hollywood", señala. Hausmann indica que ello se debe, en parte, a las limitaciones de la clase empresarial chilena, que tiende a ser cerrada y conservadora.

Por todas estas razones, algunos analistas tratan de mantener sus expectativas bajo control. "A fin de cuentas, creemos que el crecimiento anual bajo el gobierno de Piñera probablemente promediará 4%, que aunque no deja de ser llamativo dado el desfavorable contexto internacional, decepcionaría a los pronósticos más optimistas del nuevo presidente", indicó en un informe Capital Economics Ltd. de Londres.

18 de enero de 2010

¿Quiénes son los verdaderos pecadores?

Denise Dresser

Para: Cardenal Norberto Rivera; Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis; Esteban Arce, César Nava, Mariana Gómez del Campo, los arzobispos y ministros griegos y evangélicos, y muchos mexicanos más.

Asunto: Preguntas sobre su oposición al matrimonio homosexual y la postura que han asumido ante su legalización.



-El cardenal Norberto Rivera ha dicho: “México es un país que ama a la familia; es su célula fundamental y el centro de cohesión social. Es por ello que vemos con profunda preocupación cómo se ataca el matrimonio, cómo se burlan los valores cristianos”. Sorprende su posición por la contradicción inherente que entraña. ¿Qué no al aspirar al matrimonio las parejas gay están promoviendo los valores que usted celebra? Si el matrimonio es tan preciado –ya que crea un vínculo estable entre individuos que forman un hogar y una asociación económica y social–, ¿no debería usted aplaudir a quienes quieren formar parte de esta institución social vital? ¿Qué no al buscar el matrimonio las parejas gay están contribuyendo a fortalecer esa célula que usted valora? Entonces, ¿no debería ello ser motivo de celebración en vez de causa para la condena?

-El cardenal también ha argumentado que “la ley suprema perenne es la de Dios; toda ley que se le contraponga será inmoral y perversa”. ¿Pero no recuerda usted que la Constitución es la ley suprema en el Estado laico mexicano, que asienta el respeto a las opiniones de todas las creencias religiosas pero prohíbe la imposición que usted sugiere?

-César Nava ha dicho que buscará echar abajo la aprobación de los matrimonios gay con argumentos “estrictamente jurídicos”. ¿Pero qué no la ley a la que piensa apelar debe ofrecer protección y equidad tanto a hombres como a mujeres, al margen de su orientación sexual? ¿Qué no la igualdad ante la ley debe extenderse a las personas de todas las razas, religiones, lugares de origen y también preferencia sexual? ¿Puede ofrecer usted una sola razón para continuar discriminando contra miembros decentes y trabajadores de la sociedad, apelando a un argumento jurídico? Al negar el matrimonio entre homosexuales, ¿no está usted negando también el reconocimiento a la igualdad en nuestra sociedad –algo injusto e inconstitucional?

-Gran parte de los argumentos en contra del matrimonio gay están enraizados en que la tradición ha contemplado el matrimonio como una relación exclusiva entre hombres y mujeres. ¿Pero acaso los derechos y libertades que el matrimonio abarca están confinados exclusivamente a heterosexuales? El hecho de que las cosas siempre han sido de cierta manera, ¿implica que deben permanecer así? ¿Cómo explicarían ustedes el rechazo a tradiciones como la esclavitud, la segregación racial, la negación del voto a las mujeres? ¿Qué no el rompimiento con la tradición en esos casos ha sido señal de evolución y reconocimiento de la universalidad de los derechos?

-Mariana Gómez del Campo, lideresa del PAN en el DF, ha manifestado su oposición a los matrimonios gay porque “lo natural es una relación entre hombre y mujer”. ¿Acaso esa afirmación no ignora que la ciencia nos ha enseñado que muchas veces ser homosexual no es algo que se elige? ¿No ha leído y estudiado lo suficiente como para saber que la preferencia sexual puede ser tan inmutable como ser zurdo? ¿Y qué no sabe –además– que la Constitución prohíbe imponer nuestros prejuicios sobre otras personas? ¿Acaso olvida que el Estado laico existe precisamente para promover la libertad y asegurar las garantías civiles?

-Los panistas han argumentado que los matrimonios gay equivalen a un atropello a los derechos de los niños. Esa posición parte de la premisa de que los padres homosexuales serán un peligro para los niños que adopten o conciban. ¿No están al tanto de la amplia literatura académica que contradice los estereotipos comunes y descalificadores sobre los padres homosexuales? ¿Sabían ustedes que las parejas de homosexuales son tan felices o infelices como las parejas de heterosexuales? ¿Sabían que su capacidad de ser padres no es diferente a la de matrimonios heterosexuales? ¿Sabían que –según los estudios– los hijos de parejas homosexuales no tienen ni más ni menos posibilidades de ser homosexuales cuando crezcan? ¿Sabían que los hijos de parejas gay crecen de la misma manera, hacen actividades similares, practican los mismos deportes, ven los mismos videos que los hijos de parejas heterosexuales?

- Como ha argumentado el jurista conservador Theodore Olson, independientemente de lo que ustedes piensen sobre la homosexualidad, es un hecho que los gays y las lesbianas son miembros de nuestra sociedad. Forman parte de nuestras familias, de nuestras escuelas, de nuestros lugares de trabajo. Son nuestros doctores, nuestros maestros, nuestros colegas, nuestros amigos. Anhelan la aceptación, aspiran a relaciones estables, desean contribuir a la sociedad, como tantos mexicanos más. Al negarles el derecho al matrimonio, ¿no están ustedes contradiciendo los valores que tanto dicen fomentar: familias fuertes, relaciones perdurables, comunidades pobladas por personas con lazos legales y reconocidos? ¿Qué no la discriminación y el trato desigual corren en sentido contrario a todo aquello que la Iglesia y el conservadurismo promueven?

-Ustedes dicen estar en favor de la familia, en favor de la tolerancia, en favor del amor. Pero al disuadir a los homosexuales de formar relaciones –como el matrimonio– que ustedes alientan en otros, ¿no les están diciendo que son personas menos valiosas, menos legítimas, menos iguales, menos apreciadas, menos queridas? Al negarles el derecho a relaciones equitativas, ¿no los están degradando como individuos? Al referirse a sus relaciones como una “aberración” y como una “perversión”, ¿no están contribuyendo ustedes al prejuicio, a la intolerancia y a la discriminación? ¿Y qué ello no contradice el espíritu fundacional del cristianismo? ¿Y qué no todo ser humano tiene derecho a la igualdad y a la dignidad?

15 de enero de 2010

Espadas en conflicto

José Antonio Crespo

Es evidente que la participación de la Iglesia católica en el debate sobre las nuevas reformas aprobadas en el Distrito Federal, relativas a libertades de conciencia, no sólo tiene que ver con esas libertades y otros derechos fundamentales, de mujeres, de homosexuales y de enfermos terminales. No porque el clero no tenga derecho a expresar sus convicciones al respecto —que lo tiene y qué bueno—, sino porque sus doctrinas sirven de base al PAN —y cada vez con más frecuencia al PRI— para resistir esas reformas o fundamentar contrarreformas en numerosos estados de la República. No son argumentos científicos o sociológicos —es decir, seculares—, sino religiosos.

Ha dicho César Nava al respecto: “Nuestra argumentación es estrictamente jurídica y política. No recurriremos ni hemos recurrido a argumentos de índole moral o religiosa” (11/I/10). Bueno, ojalá así sea en lo futuro, pues en estos temas desde luego que ese partido ha recurrido a argumentos religiosos, como sostener que la vida humana empieza el día de la concepción, pues en ese mismo momento se origina el alma. O que la única sexualidad aceptable por naturaleza es la heterónoma, en virtud de que sólo así puede lograrse la procreación, cuando la ciencia ha logrado demostrar la amplitud cultural y temporal de la homosexualidad (que abarca incluso al reino animal) y que la procreación no es la única función —sicológica, biológica y social— que cumple la sexualidad.

El golpeteo al Estado laico viene también de las rebeliones verbales que surgen de los prelados católicos, como Norberto Rivera, cuando afirma: “Hay que obedecer la ley de Dios antes que la de los hombres” (10/I/10). ¿Y quién define la ley suprema de Dios? ¿Sólo los católicos? Porque para judíos, protestantes, budistas, musulmanes o hindúes, muchas leyes de Dios son diferentes a las postuladas por El Vaticano. ¿Deberíamos también plasmar en la ley la prohibición de ingerir cerdo, como lo ordena el judaísmo, y practicar obligatoriamente la circuncisión? ¿O evitar todo alcohol y utilizar la burka, según lo exigen los musulmanes fundamentalistas, o no comer carne de res como hacen los hindúes, o no matar siquiera un insecto, una prédica de los los jainistas? Bueno, pues que cada quien siga sus convicciones, pero en un Estado laico las leyes no pueden partir de tales creencias. Ese es un fundamento de la modernidad, a la que por lo visto todavía muchos se oponen.

La pretensión de la Iglesia de anteponer la ley divina (interpretada por ella misma) por encima de las leyes del Estado no es nueva. Deriva de la tesis de las dos espadas sostenida por el papa y santo Gelasio I en el siglo V: la espada espiritual debe prevalecer sobre la temporal, lo que implica que la Iglesia y sus prelados debían ser obedecidos por reyes y príncipes, y no a la inversa. En el siglo II, el obispo Ireneo ya declaraba: “Nosotros no tenemos necesidad alguna de la ley, puesto que ya estamos muy encima de ella con nuestro comportamiento divino”. Reminiscencias de aquello son las declaraciones del cardenal Rivera: “Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios”. Tales actitudes dieron lugar también a un derecho religioso a la revolución: cuando los gobernantes temporales se desvían de la ley de Dios, pueden ser derrocados. En dicha idea se apoyaron Miguel Hidalgo y José María Morelos en su guerra insurgente, pues el Itinerario para párrocos de Indios otorgaba el derecho a empuñar las armas “cuando hay alguna grave necesidad y utilidad grande de la República”, necesidad y utilidad definida por los propios clérigos, desde luego. El inofensivo matrimonio de los homosexuales es visto por la Iglesia como algo sumamente grave, que terminará por llevar a la sociedad “a la degradación moral y su ruina”, según don Norberto. Sin embargo, tiene razón el arzobispo primado cuando afirma que “(los clérigos) podemos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo pero no evadiremos el tribunal supremo de Dios”. No sé si puedan escapar a los tribunales de Dios, pero desde luego que sí a los de “los enemigos de Cristo” (el Estado laico y sus defensores, supongo). Al menos en México, donde es posible practicar la pederastia sacerdotal y su encubrimiento por parte de la jerarquía, sin que pase nada, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o Irlanda. Toca, pues, a los partidarios del Estado laico —cualquiera que sea su religión— resistir, con argumentos y con la Constitución, este nuevo embate contra el laicismo.

La pretensión de la Iglesia de anteponer la ley divina (interpretada por ella misma) por encima de las del Estado no es nueva.

14 de enero de 2010

El argumento moral y constitucional a favor del matrimonio gay

Robert Levy

Robert A. Levy es Presidente de Estudios Constitucionales del Cato Institute.

Luego de amargas derrotas en California, Maine y Nueva York, la comunidad gay y lesbiana tiene una victoria qué celebrar este año. New Hampshire se ha unido a otros cuatro estados —Connecticut, Iowa, Massachussets y Vermont— en legalizar el matrimonio gay. Y la capital de la nación también está pronta a hacerlo. El alcalde de Washington DC, Adrian Fenty, lo puso de esta manera: “La desigualdad en el matrimonio es una cuestión de derechos civiles, política, social, moral y religiosa”. Cubrió todas las bases menos una: También es una cuestión constitucional.

Thomas Jefferson estableció en la Declaración de Independencia: “[P]ara asegurar estos Derechos se instituyen Gobiernos entre los Hombres”. El principal propósito del Estado es proteger los derechos individuales y prevenir que unas personas les hagan daño a otras. Los heterosexuales no deberían ser tratados de manera preferencial cuando el Estado juega ese papel. Y nadie es perjudicado por la unión de dos personas que voluntariamente son homosexuales.

Durante gran parte de la historia Occidental, el matrimonio era una cuestión de contratos privados entre los individuos que se casaban y quizá sus familias. Siguiendo esa tradición, el matrimonio hoy en día debería ser un acuerdo privado, requiriendo una intervención mínima, o nula, del Estado. Algunas instituciones religiosas o seculares reconocerían el matrimonio homosexual; otras no; otros lo catalogarían como “sociedad doméstica” o le asignarían otra etiqueta. Únase al grupo que le parezca. Los derechos y responsabilidades de los socios serían gobernados por contratos personales —negociaciones consensuadas como aquellas que controlan casi todas las demás interacciones en una sociedad libre.

Lamentablemente, el Estado ha intervenido, estableciendo más de 1.000 leyes federales que tratan principalmente con los impuestos o las transferencias de pagos, y una innumerable cantidad de leyes a nivel estatal que tratan con asuntos tales como la custodia de un niño, y derechos de herencia y propiedad. Cada vez que el Estado impone obligaciones o dispensa beneficios, no puede “negar a otra persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes”. Esa provisión está explícita en la catorceava enmienda de la Constitución de EE.UU., es aplicable a todos los estados, y está implícita en la quinta enmienda, aplicable al gobierno federal.

Por supuesto, el Estado discrimina a ciudadanos todo el tiempo. En los años veinte, 38 estados prohibían que los blancos se casaran con negros y ciertos asiáticos. Hasta 1954, a todos los estados se les permitía tener escuelas segregadas. Afortunadamente, la Corte Suprema invalidó las restricciones al matrimonio interracial y la segregación de escuelas. La Corte aplicó el texto sencillo de la Cláusula de Protección Igualitaria a pesar de prácticas contrarias por parte de los estados durante muchos años incluso después de que la catorceava enmienda fuese aprobada en 1868.

Para superar el filtro constitucional, la discriminación racial debía sobrevivir el “escrutinio estricto” de las cortes. El Estado tenía que demostrar una necesidad convincente de esas regulaciones, mostrar que serían efectivas y que tenían que diseñar las reglas de manera que tuvieran el menor impacto posible. Ese mismo régimen debería ser aplicado cuando el Estado discrimina en base a la preferencia sexual.

Ninguna razón convincente ha sido ofrecida para sancionar el matrimonio heterosexual pero no el homosexual. Tampoco es la prohibición del matrimonio homosexual una medida para lograr los objetivos citados por los que proponen tales prohibiciones. Si el objetivo, por ejemplo, es fortalecer la institución del matrimonio, una medida más efectiva sería la de prohibir los divorcios sin responsabilidades y la co-habitación prematrimonial. Si el objetivo es asegurar la procreación, entonces a las parejas infértiles y mayores de edad no se les debería permitir casarse.

En cambio, muchos estados han implementado un sistema irracional e injusto que provee considerables beneficios a los heterosexuales recién casados mientras que les niegan esos beneficios a las parejas de hombres o de mujeres que han disfrutado de una relación amorosa, comprometida, leal y mutuamente fortalecedora a lo largo de varias décadas. No debería ser así. Los beneficios gubernamentales producto de un matrimonio pudieron haberse alcanzado de la misma manera mediante otros criterios objetivos, dejando la definición del matrimonio en las manos de instituciones privadas.

Por ejemplo, el Comité del Senado para Seguridad Interna y Asuntos del Gobierno recientemente votó a favor de extender los beneficios laborales a las parejas homosexuales de los empleados federales. El criterio que los hace aptos para recibir los beneficios, el cual también se podría aplicar a las parejas heterosexuales, es una declaración identificando al socio doméstico y certificando que se pretende que la sociedad sea exclusiva y permanente, que vivan en la misma residencia, con responsabilidades compartidas.

De igual manera, algunos estados dispensan beneficios para parejas homosexuales unidas en uniones civiles predefinidas. Incluso los empleadores del sector privado están cada vez más ofreciendo beneficios “maritales” para parejas homosexuales. De acuerdo a la Oficina Federal de Administración de Personal, alrededor del 60% de las 500 empresas en la lista de la revista Fortune confieren beneficios para los compañeros domésticos.

Aún así, nuestros políticos, no dispuestos a privatizar el matrimonio, parecen estar imposibilitados genéticamente para apartarse de nuestras relaciones más íntimas. Uno esperaría que en los próximos meses o años, legisladores federales y a nivel de estado más sabios tengan el coraje y la decencia de oponerse a restricciones basadas en la orientación sexual moralmente detestables y constitucionalmente sospechosas. Las parejas homosexuales tienen derecho a los mismos derechos legales y el mismo respeto y dignidad que tienen todos los estadounidenses.

11 de enero de 2010

Cuando el gobierno pone los precios

Leo Zuckermann

Imagínese usted al responsable de definir el precio de la gasolina en México. ¿Cómo le hace? ¿Qué criterios usa? Se trata de un insumo importantísimo para la economía. Si pone el precio muy alto, desencadenará un aumento en cascada de muchos artículos. La inflación subirá. Si pone el precio muy bajo, venderá el producto por debajo de su costo. Tendrá que utilizar los impuestos del contribuyente para cubrir este subsidio a la gasolina. ¿Cómo define un burócrata, desde su escritorio, el precio de un producto?

En otros países, el mercado es el que define el precio de la gasolina. Como sucede con el precio de los jitomates en la Central de Abasto del Distrito Federal. En la madrugada llegan los camiones con el producto. Si viene mucho y hay poca demanda, el precio resulta bajo. Si, en cambio, llega poco jitomate y existe mucha demanda, el precio es alto. El objetivo del precio es que, a final del día, los vendedores de jitomate se queden sin inventario. De nada les sirve quedarse con el fruto que, de no venderse, se echa a perder. La existencia del producto y el apetito de consumirlo son lo que fijan el precio.

Los mercados funcionan eficientemente cuando hay muchos vendedores, muchos compradores y ningún tipo de restricciones en la información. Todo esto cambia cuando un burócrata es el que decide el precio del producto.

En el caso de la gasolina, son las autoridades hacendarias quienes tienen incentivos encontrados. Digamos que el costo de un litro de gasolina magna es de cinco pesos. Por un lado, a la Secretaría de Hacienda le conviene vender la gasolina arriba de este precio a fin de tener muchas utilidades y así contar con más dinero que gastar. Resulta más fácil recaudar recursos públicos a través de un precio alto de la gasolina que con engorrosos impuestos al ingreso o al consumo. Sin embargo, por otro lado, a Hacienda la presionan sus jefes políticos para que el precio de la gasolina sea bajo, de tal suerte que no haya inflación, la gente esté contenta y así se incremente la votación por el partido gobernante en las elecciones.

Para complicar más este panorama, si el precio de la gasolina es bajo comparado con el de Estados Unidos, pues los automovilistas y los transportistas de ese país vienen a México a cargar sus tanques e incluso llevarse pipas completas de combustible. De esta forma, los mexicanos acaban subsidiando a los estadunidenses.

El año pasado, el gobierno mexicano decidió congelar el precio de la gasolina. Todo el mundo aplaudió la medida porque a todo el mundo le encanta que los precios no suban. Sin embargo, a lo largo de 2009, el precio de la gasolina mexicana fue rezagándose frente a los de este producto en todo el mundo. Y cuando se congela un precio llega el momento en que hay que ajustarlo ya que es insostenible, desde el punto de vista económico, el rezago.

Pues bien, ese momento llegó. El gobierno ya comenzó a subir el precio de la gasolina. Un manjar, como era previsible, para la oposición. Las críticas al gobierno han sido implacables. Aquí no hay sorpresas.

Lo que sí resultó interesante fue la propuesta de algunos legisladores opositores de cambiar la ley para que sea el Congreso el que establezca el precio de los combustibles en lugar del Ejecutivo federal. ¿Con qué parámetros definirían este precio los 500 diputados y los 128 senadores?, preguntó un conductor a una aguerrida diputada. “Todavía no lo sabemos”, contestó. Pero imagine usted la negociación política en el Congreso de un precio que debería ser definido como se fija el precio del jitomate en la Central de Abasto.

Por más que los consumidores lo deseemos, por más que los políticos aseguren que ellos pueden controlar los precios, la realidad económica es implacable. Si la gasolina está más cara es porque así lo dictan la oferta y la demanda mundial de este producto. Resulta mejor entenderlo que creer en promesas utópicas.

Las críticas al régimen han sido implacables. Aquí no hay sorpresas.

Enfrentamiento constitucional en Argentina

Mary Anastasia O'Grady

Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

El despido por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente del banco central el miércoles pasado ha provocado una crisis constitucional parecida a la que sacudió Honduras a mediados de 2009. Tal como ocurrió con el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, Kirchner ha tratado de pisotear las leyes de su país. La presidente ignoró por completo las protecciones legales que protegían la independencia del banco.

No es de extrañar, entonces, que el presidente del banco central, Martín Redrado, se negara a dejar su cargo y cuestionara el motivo aducido para justificar su salida: entregar a Kirchner US$6.600 millones en reservas bancarias.

A modo de respuesta, Kirchner emitió un decreto para enmendar el estatuto del banco central para despedir "legalmente" a Redrado. Una jueza federal luego emitió una orden judicial a favor de Redrado y este regresó al cargo el viernes. La misma jueza congeló las reservas del banco para que Kirchner no las pudiera retirar. La batalla constitucional había comenzado.

La insistencia de Kirchner de que los activos del banco central estén a su disposición es notable. Refleja una visión primitiva, que no es desconocida incluso en EE.UU., de que el rol del banco central es imprimir dinero para uso del gobierno. De todas maneras, no deja de sorprender que incluso después de que el país haya padecido tal grado de agonía inflacionaria, todavía sea posible que un político argentino recurra a este tipo de razonamiento sin arriesgarse a ser blanco de la ira general.

Lo más interesante es la crisis constitucional que Kirchner ha provocado. Hace ya algún tiempo que los republicanos de Argentina han estado luchando para preservar los pesos y contrapesos institucionales contra una presidenta que parece convencida que tales limites no aplican en su caso. La mandataria, que ya es impopular debido a su estilo autoritario, estaría caminando en la cuerda floja. Vale la pena explorar las razones.

La presidenta podría tener razón en arremeter contra Redrado si su justificación fuera la inflación del 17% del año pasado. Pero su gobierno ha estado aumentando rápidamente su gasto al tomar prestado de los bancos estatales. También ha recurrido a los derechos especiales de giro de US$2.700 millones del Fondo Monetario Internacional. Ambas acciones son inflacionarias.

Es cierto que el banco central podría haber usado la política monetaria para contener los efectos inflacionarios de la generosidad fiscal, pero es bien sabido que Kirchner requería ese dinero fácil. A la presidente le resultaría difícil atribuir la responsabilidad de la devaluación de la moneda sólo a Redrado. En su lugar, dice que este tiene que ser relegado de sus funciones porque se ha negado a entregar las reservas bancarias.

Las ambiciones políticas de Redrado son bien conocidas y esa reputación resulta confirmada por su desempeño en el banco. Con demasiada frecuencia, Redrado ha cedido a las demandas de la mandataria. Pero es lo suficientemente inteligente para saber que seguir financiando el gobierno desde el banco disparará la inflación. También está claro que si entrega los fondos deberá responder por ello ante el Congreso.

Kirchner llevó su caso a la Corte de Apelaciones, que se suele considerar bajo su control. Pero si el asunto llega más adelante a la Corte Suprema, una decisión en su favor dista de estar garantizada.

Por otra parte, aunque el Congreso esté en receso vacacional, los miembros de la oposición han decidido organizar una reunión especial el 20 de enero. Según la ley, antes del decreto enmendado de Kirchner, se requiere la opinión del Congreso antes de que pueda despedir a Redrado. Por su parte, un senador de la oposición ha dicho por cuenta propia que si Kirchner no retira la enmienda, empezará trámites de impugnación.

Este llamado a la impugnación puede ser nuevo, pero Kirchner ya estaba navegando por un mar político agitado y la tormenta crecía día a día. Esto explica por qué está dispuesta a correr un riesgo tan grande.

La presidenta dice que quiere el dinero para pagar a los acreedores extranjeros. Podría pagarles con fondos que ya están en el Departamento del Tesoro, pero tiene otros planes para ese dinero.

Esos planes no sólo tienen que ver con aceitar la maquinaria peronista para las elecciones presidenciales de 2011. La mandataria está en problemas y apuesta a que podrá obligar al Congreso a reemplazar a Redrado con un presidente del banco central más dócil a sus designios. La oposición estará molesta pero con más dinero disponible Kirchner podría comprar el apoyo de los gobernadores que necesite para ponerle coto a las amenazas legales de poner fin a su mandato.

La salida de Zelaya de la presidencia de Honduras en junio, acusado por el Congreso por violar la Constitución, es un antecedente que debería preocupar a Kirchner. Honduras demostró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos de 2001 no protege a un presidente "democráticamente electo" de ser retirado de su cargo por violaciones a la ley. También demostró que EE.UU. y la OEA son gigantes con pies de barro frente a una decisión soberana. Lo que se podría estar desarrollando en el escenario más amplio que representa Argentina constituirá una prueba más para los valores republicanos en la región.

8 de enero de 2010

Y, sin embargo, se mueven

José Antonio Crespo

En memoria de Carlos Rico, académico, diplomático y viejo amigo.

Si revisamos la evolución de las ideas y los valores de la modernidad y la sociedad abierta, veremos que, pese a grandes resistencias, han logrado imponerse gradualmente. Seguramente lo mismo ocurrirá con muchas de las libertades de conciencia que ahora buscan abrirse camino pese a la oposición de diversas iglesias y los grupos conservadores de la sociedad: entre ellas están la despenalización del aborto, la diversidad sexual —con sus derechos inherentes— y la muerte asistida como una decisión personal. La mayor fuente ideológica de resistencia del pensamiento y los valores modernos ha sido probablemente la tradición judeo-cristiana, cristalizada —no exclusiva, pero sí particularmente— en la poderosa Iglesia católica. En su momento, ésta se opuso con toda su fuerza al desarrollo científico y la investigación empírica, porque sus hallazgos contravenían la interpretación literal y estrecha que el catolicismo hacía de la Biblia (la escolástica). Por ejemplo, la Iglesia afirmaba que no podía haber más de tres continentes (que eran reflejo de la Trinidad) o animales distintos a los conocidos en esos tres continentes (como resultaron ser los canguros), pues ponían en duda la narración del arca de Noé. Y calculaba la edad del universo en cuatro mil años (a partir de Adán), algo cuestionado por la geología científica, que descubría fósiles con millones de años. Y, por supuesto, rechazaba la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, dado que la Biblia habla de una épica batalla en la que Yahavé detuvo al Sol para dar tiempo a la victoria de los hebreos. También condenó el evolucionismo darwiniano, por contradecir la literalidad del Génesis. Al final del siglo XIX, la Iglesia tuvo que reconocer pública y oficialmente que en todo ello se había equivocado, que su interpretación de las escrituras (respecto del conocimiento y la explicación de la naturaleza) había sido errónea.

La reforma luterana, pese a ser un movimiento netamente religioso y teológico, dio paso a una mayor libertad de pensamiento y permitió por tanto la investigación científica, con el consecuente progreso técnico y social (mientras papas, cardenales y obispos se daban vuelo con prostitutas, concubinas y concubinos). No es casual que la Europa protestante se desarrollase más temprana y claramente que la católica (y no es casual la distinta suerte que tuvieron las colonias americanas de una y otra Europa: los prósperos EU y Canadá, frente a la rezagada América Latina).

La historia sugiere que, en algún momento futuro, las libertades de conciencia que hoy se debaten terminarán por abrirse paso. Veamos lo que ocurrió con ideas conservadoras de origen religioso, vigentes apenas hace algunas décadas, como la virginidad hasta el matrimonio (a la que hoy incluso se le ve como una práctica poco racional). O la idea de que había que tener los hijos “que Dios mande” o la imposibilidad de divorciarse, algo ya plenamente aceptado en las sociedades modernas. En un pasado más remoto, eran desechadas incluso medicinas, tratamientos y analgésicos, por razones religiosas, pues si se sufría de algún mal era porque así lo había querido Dios. Lo mismo puede suceder con la condena a la homosexualidad que hace la Iglesia, enviando incluso al infierno a quienes tienen tales preferencias (mientras esconde y encubre a los sacerdotes pederastas). No se conoce con precisión la causa de la homosexualidad, que algunos atribuyen a condiciones biológicas y otros a elementos estrictamente sicoculturales. Lo único cierto es que en todo tiempo y cultura ha existido,y que también se manifiesta en el reino animal (por lo cual difícilmente puede ser atribuible a la cultura, de la que no participan los animales).

La Iglesia puede, si así lo desea, continuar instalada en el siglo XI. Lo que no es aceptable en un Estado laico es que sus doctrinas sean el fundamento para reglamentar las libertades de conciencia y la convivencia social. Los liberales de hoy tendrán, pues, que dar esa batalla legal contra el todavía poderoso conservadurismo mexicano —y su homofobia e intolerancia inherentes—, que parece vivir aún en la Colonia. Algo para lo cual, desde luego, no se contará con el PAN ni, por lo visto, con “el PRI del siglo XXI” (que está resultando ser del siglo XIX). Todas las encuestas sobre estos temas sugieren que los jóvenes muestran un criterio más amplio: el cambio generacional permitirá superar los valores atávicos. Frente a los grandes obstáculos, las libertades de conciencia, sin embargo,se mueven.

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Los liberales de hoy tendrán que dar esa batalla legal contra el todavía poderoso conservadurismo mexicano que parece vivir aún en la Colonia.

7 de enero de 2010

Desarrollo y libertad en Chile

Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es Doctorando en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte en México y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.

Hace poco más de un año estuve viviendo durante algunos meses en este extraordinario país del sur del continente, el grado de progreso alcanzado por esta economía me dejó sorprendido y no me queda duda de las predicciones lanzadas por Ricardo Lagos, quien considera que la economía chilena se convertirá en los próximos treinta o cuarenta años en la primera nación desarrollada de Latinoamérica.

Las bases para el crecimiento económico y la competitividad chilena fueron creadas tempranamente. En los setentas se dio inicio a un conjunto de reformas estructurales que permitieron a este país superar exitosamente los trastornos experimentados en los ochentas, crecer en los noventas y consolidarse en la primera década del siglo XXI.

Las reformas realizadas incluyeron áreas como la política fiscal, política comercial, privatización, sistema bancario y leyes de bancarrota. Chile también fue pionero en la reforma al sistema de pensiones, las reformas para descentralizar y permitir el acceso del sector privado a la provisión de servicios de salud, educación y concesión de infraestructura.

Todo el programa de reformas se realizó para modificar la participación de los sectores público y privado en el suministro de bienes y servicios, en el modo de asignar los recursos y obviamente en el marco institucional.

La lógica consistía en utilizar el sistema de precios para asignar los recursos y mantener una regulación eficiente, con un Estado que otorgara facilidades para la inversión privada y la operación de los mercados.

En suma, Chile escogió y se comprometió con la libertad como estrategia para el desarrollo, los resultados están a la vista. Chile fue en el 2009 la nación latinoamericana con la mayor libertad económica y la número cinco del mundo, según el índice construido por el Fraser Institute.

El valor del índice de libertad económica para 2009 fue de 8,14 y obedece a la siguiente combinación (10 es el máximo): el tamaño de gobierno presentó un valor de 7,95; la protección de los derechos de propiedad 6,62; la libertad para comerciar a través de las fronteras 8,52; la política monetaria 9,15; y, la regulación del crédito, del mercado laboral y de las empresas 8,02.

Chile se encuentra a un paso de consolidar la libertad económica y de darse no existen razones para dudar que escape de la trampa del subdesarrollo. El virtual triunfo de Sebastián Piñera (inversionista y economista) como sucesor de Michelle Bachelet garantizará la aplicación de una política económica pertinente y abonará el camino para una mayor libertad.

La libertad económica ha ido en aumento y ésta es una de las causas del crecimiento económico. De 1980 a 1985 Chile creció a una tasa promedio anual del 2,1%, cuando la mayoría de economías de la región experimentaba francos procesos de estancamiento. Entre 1986 y 1990 creció por encima del 6% promedio anual; de 1991 a 1995 arriba del 8%; de 1996 al 2001 creció un 3,35% y del 2002 al 2008 un 4,6% (Fuente: Banco Central de Chile).

El rápido crecimiento, particularmente en los noventa, según el economista en jefe de la OCDE Klaus Schmidt-Hebbel, obedece a la calidad de las políticas (estabilidad macroeconómica, reformas estructurales y calidad de las instituciones) y a su complementariedad. La mayor libertad económica se ha traducido en un mayor crecimiento por la vía del incremento en la productividad total de los factores.

La economía chilena ha hecho del fomento a la libertad económica una de sus principales fortalezas. Específicamente se ha enfocado a garantizar la estabilidad macroeconómica, la calidad de sus instituciones (estabilidad política, cumplimiento de la ley, calidad de la regulación y efectividad del gobierno), el desarrollo del mercado de capitales, la apertura comercial y la cobertura en materia educativa.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, existen amenazas al desarrollo de la economía chilena, que no se deben ignorar. La primera tiene que ver con la distribución del ingreso, la brecha entre ricos y pobres continúa ampliándose, de no cerrarse podrían estallar conflictos sociales.

Junto a esto, a nivel político, se encuentra el problema mapuche, la tremenda división histórica que existe entre la clase indígena chilena y los “huincas”. El desarrollo tiene que ser inclusivo y respetar la libertad que tiene el territorio mapuche de escoger el camino más apropiado para su desenvolvimiento.

La tercera amenaza tiene que ver con la baja calidad relativa de la educación. Lo cual no es un problema exclusivo de Chile, es un asunto de interés mundial, debido a que el sistema de escuelas “fabrica”, diseñado para operar en un mundo de producción en masa ya no resulta funcional en un mundo de producción flexible basado enteramente en el conocimiento y la innovación.

Precisamente la cuarta amenaza es el bajo nivel de inversión en innovación tecnológica. Si Chile quiera dar el gran salto, necesita convertirse en un país de vanguardia tecnológica, y para ello empresas y gobierno deben dedicar mayores recursos, en el 2005 el gasto era de apenas el 0,65% del PIB.

Pero no todo es gasto, se requiere alentar una cultura de la innovación, un reto que Chile comparte con todas las naciones de Latinoamérica, las cuales se han mantenido a la zaga en la materia.

En resumen, Chile es una economía exitosa, ya que eligió como camino la libertad económica; es cierto que tiene retos que enfrentar, pero seguramente los superara sí todos los actores se dedican a maximizar su función de utilidad o beneficio individual y el nuevo gobierno de Sebastián Piñera continúa alentando la libertad y competencia económica.

5 de enero de 2010

Ideas muertas

Denise Dresser

Atrapados. Rezagados. Atorados. Palabras del 2009 que capturan el sentir colectivo y el ánimo nacional. Palabras que revelan un país incapaz de responder a los retos que tiene enfrente desde hace años. Un entorno global cada vez más competitivo y una revolución tecnológica de la cual México se niega a formar parte. Una vasta transformación económica más allá de nuestras fronteras, que está creando nuevos ganadores y nuevos perdedores. Una lista de líderes políticos y empresariales que han hecho poco por prepararnos para la nueva década. Y finalmente, la razón principal detrás de la inacción enraizada en nuestra cultura política y en nuestra estructura económica: la pleitesía permanente de tantos mexicanos a las “ideas muertas”.

Ideas acumuladas que se han vuelto razón del rezago y explicación de la parálisis. Sentimientos de la nación que han contribuido a frenar su avance, como argumentan Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín en el ensayo Un futuro para México, publicado en la revista Nexos. Los acuerdos tácitos, compartidos por empresarios y funcionarios, estudiantes y comerciantes, periodistas y analistas, sindicatos y sus líderes, dirigentes de partidos políticos y quienes votan por ellos. La predisposición instintiva a pensar que ciertos preceptos rigen la vida pública del país y deben seguir haciéndolo. Y aunque esa visión compartida no es del todo monolítica, los individuos que ocupan las principales posiciones de poder en México suscriben sus premisas centrales:

• El petróleo sólo puede ser extraído, distribuido y administrado por el Estado.

• La inversión extranjera debe ser vista y tratada con enorme suspicacia.

• Los monopolios públicos son necesarios para preservar los bienes de la nación, y los monopolios privados son necesarios para crear “campeones nacionales”.

• La extracción de rentas a los ciudadanos/consumidores es una práctica normal y aceptable.

• El reto de la educación en México es ampliar la cobertura.

• La ley existe para ser negociada y el estado de derecho es siempre negociable.

• México no está preparado culturalmente para la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas y otros instrumentos de las democracias funcionales.

• Las decisiones importantes sobre el destino del país deben quedar en manos de las élites corporativas.



Estos axiomas han formado parte de nuestra conciencia colectiva y de nuestro debate público durante decenios; son como una segunda piel. Determinan cuáles son las rutas aceptables, las políticas públicas necesarias, las posibilidades que nos permitimos imaginar. Y de allí la paradoja: Las ideas que guían el futuro de México fueron creadas para una realidad que ya no existe; las ideas que contribuyeron a forjar la patria hoy son responsables de su deterioro. Desde los pasillos del Congreso hasta la torre de Pemex; desde las oficinas de Telmex hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; desde la sede del PRD hasta dentro de la cabeza de Enrique Peña Nieto, los mexicanos son presa de ideas no sólo cuestionables o equivocadas. Más grave aún: son ideas que corren en una ruta de colisión en contra de tendencias económicas y sociales irreversibles a nivel global. Son ideas muertas que están lastimando al país que las concibió.

Son ideas atávicas que motivan el comportamiento contraproducente de sus principales portadores, como los líderes priistas que defienden el monopolio de Pemex aunque sea ineficiente y rapaz. O los líderes perredistas que defienden el monopolio de Telmex, porque por lo menos está en manos de un mexicano. O los líderes panistas que defienden la posición privilegiada del SNTE por la alianza electoral/política que han establecido con la mujer a su mando. O los líderes empresariales que resisten la competencia en su sector aunque la posición predominante que tienen allí merme la competitividad. O los líderes partidistas que rechazan la reelección legislativa aunque es un instrumento indispensable para obligar a la rendición de cuentas. O los intelectuales que cuestionan las candidaturas ciudadanas aunque contribuyan a abrir un juego político controlado por partidos escleróticos. O los analistas que achacan el retraso de México a un problema de cultura, cuando el éxito de los mexicanos en otras latitudes – como el de los inmigrantes en Estados Unidos– claramente evidencia un problema institucional.

La prevalencia de tantas ideas muertas o moribundas se debe a una combinación de factores. El cinismo. La indiferencia. La protección de intereses, negocios, concesiones y franquicias multimillonarias. Pero junto con estas explicaciones yace un problema más pernicioso: la gran inercia intelectual que caracteriza al país en la actualidad. Nos hemos acostumbrado a que “así es México”: así de atrasado, así de polarizado, así de corrupto, así de pasivo, así de incambiable. Nuestra incapacidad para pensar de maneras creativas y audaces nos vuelve víctimas de lo que el escritor Matt Miller llama “la tiranía de las ideas muertas”. Nos obliga a vivir en la dictadura de los paradigmas pasados. Nos convierte en un país de masoquistas, como sugiriera recientemente Mario Vargas Llosa.

Puesto que México no logra pensar distinto, no logra adaptarse a las nuevas circunstancias. No logra responder adecuadamente a las siguientes preguntas: ¿Cómo promover el crecimiento económico acelerado? ¿Cómo construir un país de clases medias? ¿Cómo arreglar una democracia descompuesta para que represente ciudadanos en vez de proteger intereses? Contestar estas preguntas de mejor manera requerirá sacrificar algunas vacas sagradas, desechar muchas ortodoxias, reconocer nuestras ideas muertas y enterrarlas de una buena vez, antes de que hagan más daño. Porque, como dice el proverbio, la muerte cancela todo, menos la verdad, y México necesita –en el 2010– desarrollar nuevas ideas para el país que puede ser.

4 de enero de 2010

Perro verde

Denise Dresser

¿Logró México transitar de un régimen autoritario, vigente durante más de siete décadas, a una verdadera democracia? ¿El régimen político que hoy impera representa cabalmente el sentir de las mayorías y se ejerce el poder desde la perspectiva del interés general? ¿La transición mexicana culminó? ¿Estamos aún en ella o, a la luz de lo que hoy vivimos y la perspectiva que se vislumbra, tendríamos que decir abiertamente que la transición fracasó? Preguntas necesarias que formula Carmen Aristegui en su nuevo libro Transición. Preguntas imprescindibles que debería hacerse todo ciudadano preocupado por el destino de su país. Preguntas definitorias para poder asumir una posición ante las iniciativas de reforma política planteadas por Felipe Calderón.

Porque las palabras usadas para describir al sistema político mexicano son métrica del desencanto y termómetro de la desilusión. Palabras como democracia incompleta. Transición truncada. Representación fallida. Impunidad institucionalizada. Simulación. Regresión. En vez de responder a los intereses públicos, la política promueve los intereses particulares. En lugar de resolver problemas, el andamiaje institucional los patea para delante. En vez de generar incentivos para la representación, las reglas actuales impiden que ocurra. En lugar de empoderar ciudadanos, la transición termina encumbrando oligarcas.

Como sugiere Juan Pardinas, la democracia mexicana es un “perro verde”. Es demasiado exótica. Es la única en el mundo –aparte de Costa Rica– en la cual no existe la reelección de legisladores o presidentes municipales. Es de las pocas en donde no se permiten las candidaturas ciudadanas. Es excepcional en cuanto a la ausencia del referéndum. Es inusual por la prohibición de la “iniciativa ciudadana”. Es extraordinaria por la ausencia de mecanismos para permitir la construcción de mayorías legislativas estables. Es mexicanísima por la forma en la cual encumbra a los partidos pero ignora a los ciudadanos. El perro mexicano se empeña en ser excepcional y para mal. Por eso su pelambre tiene un color tan distinto al de otros caninos. Por eso cojea en vez de correr. Por eso produce pleitos callejeros con tanta frecuencia. Por eso es una especie tan disfuncional.

Sobre su lomo están montados los sindicatos abusivos y las televisoras chantajistas y los partidos irresponsables y los gobernadores impunes y los oligarcas privilegiados. Todos ellos, progenitores del perro verde y beneficiarios de su excepcionalidad. Sin reelección no hay rendición de cuentas ni representación política completa ni profesionalización de la clase política ni manera de ir debilitando a los cacicazgos locales. Sin candidaturas ciudadanas no hay forma de romper el monopolio de los partidos y de los líderes sindicales sobre la vida política. Sin referéndum no hay manera de involucrar directamente a la población en la definición de los grandes temas nacionales. Sin la iniciativa ciudadana no hay forma de promover políticas públicas que la clase política no quiere tocar, incluyendo el combate a los monopolios. Sin elevar el nivel de votación para el mantenimiento del registro, seguiremos financiando a partidos pequeños –como el Verde o el PT– que se venden al mejor postor o promueven farsas como la de Juanito. Sin iniciativas preferentes no es posible obligar al Congreso a legislar sobre temas que rehúye, incluyendo la promoción de la competencia. Sin medidas como las que ahora se someten a debate nacional, los ciudadanos seguirán siendo poco más que pulgas de un perro rabioso.

Y sí, las propuestas provienen de un presidente impopular, acorralado, debilitado, que llegó al poder en condiciones cuestionables. Y sí, la lista es incompleta porque no resuelve todos los problemas del sistema económico o del régimen político. Pero eso no debería ser suficiente para descalificarlas de entrada; el odio al mensajero no debería oscurecer la importancia del mensaje que envió. México tiene una democracia descompuesta que necesita arreglar. México tiene una democracia atorada que necesita echar a andar. México tiene una democracia elitista que necesita ampliar. Abriendo espacios a la ciudadanía para que su participación cuente; generando incentivos para que los legisladores y los presidentes municipales se vean obligados a rendir cuentas, cosa que no hacen hoy; dando poder a los votantes para que puedan generar contrapesos sociales a los poderes fácticos; creando vínculos de exigencia y representación entre los gobernados y los gobernantes. Reformas con la capacidad de airear, sacudir, relegitimar, disminuir la excepcionalidad de la democracia mexicana y normalizar su funcionamiento.

Ante ellas, el PRI y el PRD se equivocan al posicionarse como lo han hecho, afirmando que las reformas son “una faramalla” o “reviven el presidencialismo agotado” o “pretenden que nada cambie” o “perpetúan el clientelismo electoral” o son “una distracción” o lo más importante es que “se controle al Ejecutivo con la ratificación de los secretarios de Estado” o “tengo serias reservas sobre modelos de organización política probados en otras latitudes, pero que no tienen historia, condición o idiosincrasia igual a las que tiene México” o “la ciudadanía no está preparada”. Al responder así, Carlos Navarrete y Jesús Ortega y Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes demuestran dónde están parados: cerca del statu quo y lejos de la ciudadanía; cerca de la partidocracia que quieren preservar y lejos de lo que México debe hacer para desmantelarla; cerca de prácticas que desacreditan a los partidos y lejos de empujar su rehabilitación; cerca del argumento espurio del excepcionalismo y lejos de la normalidad democrática que el país exige.

Para entrenar al perro verde hará falta más de lo que se ha propuesto hasta el momento, pero las medidas contempladas ayudan a colocar una correa democrática alrededor de su cuello. Para obligar al can a obedecer a los ciudadanos, en lugar de morderlos, será imperativo discutir la apertura de los medios y el financiamiento a los partidos y la desaparición del fuero y las acciones colectivas y el fortalecimiento de los órganos autónomos y el combate a la corrupción y todo aquello que les permita a los mexicanos proteger sus derechos. Todo aquello que obligue a los partidos a ceder parte de su poder. Todo aquello que refresque la representación política. Todo aquello que logre sacar a México de la jauría de las democracias exóticas, para colocarla en la camada de las democracias más normalitas. Y así, domesticar al perro verde.

Sí, pero no

Macario Schettino

Reveladora la encuesta de Consulta Mitofsky para nexos. De manera espontánea, si le preguntamos a siete mexicanos a qué país quisieran parecerse, dos dirían que a Estados Unidos, y uno diría que a China, Canadá o Brasil. Del otro lado, uno diría que al país que no quiere parecerse es a Estados Unidos, y otro que no quiere ser como China o Cuba. Los dos restantes no quieren parecerse a nadie, o de plano no saben.

En los extremos, dos mexicanos quieren ser como Estados Unidos mientras uno dice que jamás aceptaría algo así. Los otros cuatro, en medio, danzan entre países que son temporalmente conocidos, el no querer parecerse a nadie, o la pura y franca ignorancia.

Las razones para querer ser como otro país son claras: más de la mitad por cuestiones económicas, incluyendo empleos, salarios, industria, tecnología y demás; el buen gobierno no llega al 10%, y las demás opciones (cultura, educación, tradiciones, etcétera) apenas pintan cada una por su lado.

Las razones para no querer parecerse a un país son más variadas: mal gobierno, pobreza, discriminación, malos hábitos, inseguridad (que suman casi 50%) resultan ser características de otros países que, me imagino, quienes respondieron la encuesta no perciben en igual magnitud en México. No queda claro por qué, pero todo indica que quienes respondieron la encuesta más bien dijeron qué es lo que no les gusta de su país.

No cambia mucho el panorama cuando se concentra la respuesta en una muestra de cinco países. Lo que atrae es la economía de Estados Unidos, la cultura de España, las fiestas de Brasil y Cuba, y la tecnología de China. Lo que se quiere evitar es la violencia de España, la pobreza de Brasil, a Fidel, la discriminación de Estados Unidos, y la sobrepoblación de China. Casi en todos los casos, estereotipos que no tienen fundamento alguno. Dice mucho la encuesta acerca de la ignorancia de los mexicanos con respecto al resto del mundo.

Pero centrémonos en la respuesta polarizante: Estados Unidos. Más de 30% de la población quisiera que México se pareciese a ese país, salvo en el centro, en donde la proporción cae a apenas una cuarta parte. Diferencia igualmente notoria encontramos entre campo (34%) y ciudad (30%). Y por partidos, para que se sorprenda, los priistas son los más interesados en parecerse al vecino país (34%) frente a los perredistas, que son los menos (24%).

Los que no quieren parecerse a ese país promedian 14% en el total, pero en el centro de México alcanzan 18%. Por orientación política, los más renuentes son los perredistas (23%); y por nivel educativo, los que tienen estudios universitarios (18%). A grandes rasgos: la posición antiestadunidense en México es un fenómeno de ciudades, particularmente de la ciudad de México, más importante en quienes tienen estudios profesionales y con orientación política hacia el PRD.

La encuesta mide a nivel nacional esta hipotética decisión de convertir a México en algún otro país. En la realidad, tenemos una medición mucho más clara: uno de cada diez mexicanos vive ya en Estados Unidos (12.5 millones, frente a 105 millones en México). Es perfectamente posible que muchos de ellos no quisieran que México se pareciese a Estados Unidos, pero es claro que sí prefieren vivir allá, al menos por un tiempo. Y si consideramos que cada uno de ellos debe tener cuatro familiares en México, entonces al menos la mitad de los mexicanos tiene ya una relación profunda con Estados Unidos, sea que queramos parecernos a ellos o no.

Un dato más interesante: de acuerdo con BBVA Bancomer, esos 12.5 millones de mexicanos en Estados Unidos aportaron el 3.8% del PIB de Estados Unidos durante 2008, que al sumar al PIB de nuestro país en ese mismo año nos coloca ya no como la decimotercera economía del mundo, sino como la novena. A lo mejor no queremos parecernos a ellos, pero sí estamos usándolos para transformar a México en una mejor economía. Nada sorprendente, puesto que es la economía lo que más nos mueve, según la encuesta.

Pero es una relación difícil, friccionante, que los mexicanos traducimos en esa molestia por la discriminación y el maltrato a los migrantes (dejemos de lado que el trato que propinamos nosotros a los centroamericanos es muchas veces peor). La pregunta obvia es por qué no hemos trabajado seriamente en reducir esas fricciones, si en verdad queremos aprovechar la economía vecina y, al menos uno de cada tres, parecernos a Estados Unidos.

La respuesta, creo, hay que buscarla en el Altiplano. Ahí es en donde no quieren parecerse a Estados Unidos, prefieren votar por el PRD, y defienden con más fuerza las viejas creencias del nacionalismo revolucionario. Un dato que tal vez ayude a entender: uno de cada nueve capitalinos está afiliado al ISSSTE, la mayor proporción en el país.

Como siempre, todo tiene una explicación.

Macario Schettino. Analista económico.

Transición: los protagonistas

José Antonio Crespo

En su más reciente libro, Transición (2009), Carmen Aristegui entrevista a algunos de los personajes clave del proceso de cambio político iniciado hace varias décadas. Más que hacer una reseña, destaco algunos puntos que me llamaron la atención. Luis H. Álvarez considera, sobre los comicios de 1988, que el PAN debió cobrarle un precio más alto a Salinas de Gortari por el reconocimiento de facto que le dio el PAN. Y considera la quema de las boletas como un grave error que el PAN no debió cometer. Pero Diego Fernández de Cevallos accedió a legitimar esa medida, contra la postura de don Luis. Cuenta éste que una vez que visitó a Salinas, vio salir de la oficina a Fernando Gutiérrez Barrios junto a Diego, y que éste le dijo: “Suba, tenemos confianza en usted”, a lo que el presidente panista le respondió: “Ojalá pudiera decir lo mismo de ustedes dos”. Y sobre el repliegue de Fernández de Cevallos, en 1994, comenta: “Es algo de lo que no tengo toda la explicación”. Está claro que don Luis fue rebasado por Diego durante su presidencia en el PAN. JorgeCastañeda afirma que Vicente Fox declinó hacer la reforma política del Estado que le daría los instrumentos para realizar otros cambios, pero pensaba que era innecesaria “porque con lo que había podíamos hacerlo perfectamente”, cosa que evidentemente demostró ser errónea: “Nunca le dio importancia ni le entendió… Estuvo tentado, pero tuvo miedo… Hoy dice que yo tenía razón”.

Santiago Creel habla más de su presente como senador que de su pasado como activista demócrata o secretario de Gobernación. Empuña su lánguida espada contra los poderes mediáticos, contra su virtual monopolio y el sesgado uso político que dan a su formidable poder. Una lucha que debió dar cuando más influencia tuvo: desde la Secretaría de Gobernación, algo que no niega ante la pregunta-reclamo de la periodista. Creel privilegió las reformas económicas por encima de las políticas, para lo cual se requería no importunar al PRI, a los sindicatos (como el SNTE) o a las televisoras. Ahora, ya en la oposición, lo plantea a la inversa: “Los intereses creados frenan el avance democrático en la vida sindical y el desarrollo de una economía justa”. Su combativa postura actual carece ya de credibilidad.

Andrés Manuel López Obrador niega que alguna vez haya dado su visto bueno a la Ley Televisa, ni siquiera cuando en la Cámara baja ésta fue aprobada por unanimidad y sin discusión, incluida la bancada del PRD. Insiste en que los diputados perredistas actuaron sin línea, “porque son libres, no como en el PAN ni el PRI”. Algo absolutamente inverosímil. Al menos para mí.

Luis Carlos Ugalde rechaza que el hecho de que en las actas electorales hubiera más irregularidades que la diferencia entre los dos punteros genere incertidumbre, pues ello supondría “que todos esos votos irregulares se pueden cargar de un lado o de otro, pero la evidencia muestra que la distribución es aleatoria”. En realidad, la ley electoral no reconoce forma para determinar si esos votos deban destinarse a un candidato, distribuirse por mitad o proporcionalmente, pero acepta que hipotéticamente pudieron haber favorecido, por lo que no puede saberse quién ganó cuando los votos irregulares sobrepasan la distancia entre punteros (y por eso determina la anulación de casillas que están en ese caso). Lo cual refleja que Ugalde no conocía lo que al respecto estipulaba la norma electoral. Quizá por eso mismo, el IFE no recontó los paquetes que registraban inconsistencias aritméticas, como lo obligaba la ley (según la interpretación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial en agosto de 2006, y que después modificó).

Manuel Espino acusa censura por parte de Calderón. Oscar Mario Beteta, habiéndolo invitado a colaborar en su espacio, le comentó que desde Gobernación le pidieron que mejor no. Y también —asegura— los calderonistas le impidieron colaborar en El Universal: “Son cosas que se usaban en el pasado y lamentablemente siguen ahí”. VicenteFox (quien envió un escrito en lugar de ser entrevistado) narra su gobierno brevemente, con ese tono triunfalista que hace dudar que esté conectado con la realidad. Presume su alianza en el año 2000 con el líder sindical Evaristo Pérez Arreola a cambio de 50 mil votos. Desde ahí el PAN aceptó el juego corporativo-electoral que por décadas había condenado. Y dedica buena parte de su escrito a hablar de las virtudes de su esposa (un “elemento nocivo”, según Luis H. Álvarez). Habla de su “olfato político, su visión, su pasión... su carisma, su profesionalismo, su fe”. Y concluye, “mientras más quiero a Marta, más la defiendo”. Lo cual da una clave para entender por qué quien gobernó desde 2001 fue Marta más que Fox.

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Vicente Fox narra su gobierno brevemente, con ese tono triunfalista que hace dudar que esté conectado con la realidad.

Dos visiones de país

Manuel F. Ayau

Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

Sinceramente creo que todos, tanto los de izquierda como los de derecha, queremos que nuestro país cambie y prospere, aunque algunos creen ser los únicos de buena voluntad. Hay pícaros en ambos campos, pero son relativamente pocos. Siempre he creído en “ama a tu prójimo como a ti mismo”, refrán que nos responsabiliza a no descuidar a los demás. La empatía es parte de nuestra naturaleza común y la discusión debe centrarse en cómo lograr mayor prosperidad.

Podemos seguir recordando los tiempos coloniales, cuando vino una pequeña población europea a un país latinoamericano prácticamente inhabitado, donde para que se cultivara la tierra había que regalarla, ya que los habitantes sólo tenían herramientas rudimentarias, no tenían capital, ni mercados para sus productos. Entonces privaba la autosuficiencia familiar y se prosperaba bajo condiciones especiales y privilegios otorgados por el gobierno (mercantilismo). No podemos corregir el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro.

Una frecuente propuesta es repartir el producto de la cooperación social en forma más pareja, redistribuyendo coercitivamente la riqueza a través de altos impuestos, para que no haya tantos pobres, en contraste con muy pocos ricos. Eso presenta dificultades que nadie ha logrado superar; sólo se habla y se supone lo justo que resultaría.

El problema es producir lo que se quiere repartir. Sin los mecanismos y los incentivos que fomentan esa producción, el progreso simplemente no se logra. El ser humano no es omnisciente, ni infalible. El proceso de producción es uno de prueba y error, sujeto a competencia en la satisfacción de diversas prioridades, de pérdidas y ganancias. La mayoría de las empresas que se establecen desaparecen antes de 10 años. Con poquísimas excepciones, la tenencia de riqueza en la clase privilegiada no ha sido conservada por generaciones. Fue creada con sacrificios y asumiendo riesgos, pero cambia de manos constantemente. Surgen nuevos ricos, derivados de productos y servicios que antes no existían, mientras que otros se empobrecen. La mayor parte de la riqueza está esparcida entre la mayoría menos afortunada, evidencia que hoy comprobamos al ver sus posesiones: refrigeradoras, televisores, autos, celulares, etc.

El ritmo de producción para alcanzar lo que anhelamos depende de una mezcla de sistemas sociales y económicos. Lo incontrovertible es que bajo el sistema de repartición equitativa de la producción que Marx quería imponer —“de cada uno según su capacidad y a cada quien según su necesidad”— no se logra.

Debemos ser realistas: el único sistema que jamás ha fracasado es el basado en la naturaleza del hombre y de su universo, por imperfecto que parezca.

No hay otra opción. Esa visión no se basa en la redistribución de riqueza sino en normas generales, recíprocas y consensuales: ser libre de producir lo que quieras, pero “no hagas a otros lo que no quieres te hagan a ti”. Esas reglas delimitan los derechos individuales. Sólo se permite lo que es pacífico y voluntario, de manera que progrese más quien más complace al público. Mucho más importante es disminuir la pobreza que las diferencias. Ese régimen de derecho debe ser nuestra meta.

1 de enero de 2010

¿Votará Chile por el cambio?

Por Mary Anastasia O'Grady

La coalición de centro-izquierda conocida como la Concertación ha ocupado La Moneda, el palacio presidencial de Chile, durante los últimos 20 años. Por ende, la fatiga es una de las razones que explica la victoria en primera vuelta del candidato presidencial de centro-derecha Sebastián Piñera en las elecciones del 13 de diciembre.

También podría explicar por qué el ex senador y magnate multimillonario es el favorito para imponerse en la segunda vuelta, fijada para el 17 de enero, contra el ex presidente y candidato de la Concertación, Eduardo Frei.

Pero justo por debajo de la superficie podría haber otros factores potentes, como el declive de la productividad de Chile bajo cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación y la creciente percepción de que, por primera vez en 20 años, la vida de los chilenos, al menos en un sentido económico, no está mejorando. Piñera, que obtuvo el 44% de los votos frente al 30% de Frei en la primera vuelta, ha prometido revertir estas tendencias.

Esto es importante para toda Latinoamérica. Chile es el estandarte en la región del éxito a través de la apertura económica, la libre competencia, una política económica sensata, los límites a la injerencia del Estado y la igualdad ante la ley. Si este modelo empieza a producir resultados mediocres, los enemigos de la libertad lo usarán para desacreditar la libertad.

La Concertación, que es principalmente una coalición de socialistas y demócrata cristianos (DC), llegó por primera vez a la presidencia en 1990. Esa elección puso punto final a 17 años de gobierno del general Augusto Pinochet, que asumió el poder en un golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende.

Allende había generado un desorden en casi todo orden de cosas, pero Pinochet no optó por regresar al status quo. En cambio, incorporó a un grupo de economistas jóvenes, partidarios del libre mercado, muchos de los cuales se formaron en Estados Unidos, para implementar profundas reformas estructurales. Se liberaron los precios, se abrieron los mercados y se restablecieron los derechos de propiedad. La mayoría de las nacionalizaciones se revirtieron y la responsabilidad fiscal en el gobierno se convirtió en prioridad.

Uno de los cambios más dramáticos fue la privatización del sistema de pensiones. Otra reforma clave le otorgó la independencia al banco central, con lo que se terminó la maldición de la hiperinflación.

Se dice a menudo que la modernización de la economía chilena durante la gestión de Pinochet fue tan exitosa que hasta la izquierda no tuvo el valor de cambiar de rumbo una vez que llegó al poder. Eso puede ser cierto en el caso de los gobiernos de Patricio Aylwin, de la DC, el primer presidente de la concertación en el Chile post-Pinochet, y el del propio Frei, otro DC que gobernó entre 1994 y 2000.

La aseveración, no obstante, es menos valedera en los casos de los socialistas Ricardo Lagos, que fue el candidato de la Concertación elegido en 2000 y su sucesora, Michelle Bachelet. Ambos mandatarios redujeron, por ejemplo, la flexibilidad del mercado laboral como un favor a los sindicatos que ayudaron a elegirlos.

Algunos sostienen que el segundo lugar distante conseguido por Frei en la primera vuelta se debe a su falta de carisma. En realidad, es improbable que se hubiera impuesto si se hubiera realizado una primaria en la Concertación.

Esto subraya los problemas al interior de la coalición gobernante, que se está deteriorando. El partido Demócrata Cristiano está dando un giro populista y los socialistas uno a la izquierda. El único propósito común de la coalición es el poder. En la primera ronda perdió un número significativo de votantes, que optaron por un tercer candidato. Entre tanto, los que están en el otro lado opuesto del espectro político han trabajado para unificarse en los últimos años.

De todos modos, la primera ronda también puede haber revelado un aumento de las preferencias por lo que la mayor libertad que la centro derecha ha ofrecido tradicionalmente. Chile es una economía abierta y eso parece haber cambiado la mentalidad de la gente.

En un sondeo realizado en agosto de 2009 por la Pontificia Universidad Católica y Adimark, un 73% de los encuestados dijo que la iniciativa personal y el trabajo duro son el camino para salir de la pobreza. Sólo el 26% dijo que el Estado es responsable. El mismo sondeo halló que el 77% de los entrevistados opina que las pequeñas empresas son perfectamente capaces de convertirse en negocios de éxito.

¿Qué ha hecho el gobierno de Bachelet para sacarle partido a este espíritu emprendedor? Lamentablemente, menos de nada: ha empeorado las cosas.

En el estudio "Haciendo Negocios" del Banco Mundial correspondiente a 2010, que evalúa el entorno tributario y regulatorio para las empresas en 183 países, Chile cayó 14 puestos respecto al año pasado en la categoría que mide la facilidad para fundar una empresa. Cayó cinco posiciones en "emplear a trabajadores" y tres puestos en la de "pagar impuestos". En la de "cerrar una empresa", mantuvo su puntuación en el lugar 114 del mundo. En general en el sondeo, Chile descendió nueve posiciones.

Esto se ve reflejado en la caída de la productividad. Durante el mandato de Lagos (que entonces era de seis años), la productividad creció un paupérrimo 0,12%. Las cosas empeoraron con Bachelet. En 2008, la productividad declinó 2,4% y se proyecta una caída de 2,7% en 2009, lo que significará un descenso de 1,57% durante sus cuatro años de gestión.

La victoria de Piñera en la segunda vuelta no está asegurada. Tampoco está claro que, una vez en la presidencia, tomará los necesarios riesgos políticos para impulsar una reactivación de las reformas de libre mercado al reducir la burocracia estatal y apartar a los muchos intermediarios que actualmente viven del proceso regulatorio. Lo que es seguro es que si Chile sigue enfatizando la política de la redistribución por sobre la capacidad de emprendimiento, perderá su ventaja.