TELEVISORAS MANIOBRERAS

Miguel Angel Granados Chapa

Apenas el jueves 29 la doctora Denise Dresser preguntó a los senadores si gobernaban ellos o Ricardo Salinas Pliego, y dos días después tuvimos una respuesta que ya conocíamos: quedó confirmado que el poder radica en TV Azteca, y en Televisa. El sábado y el domingo las integrantes del duopolio de la televisión abierta manipularon mensajes electorales con la intención no declarada, pero transparente de defender sus intereses y malquistar a su público con el IFE y los partidos políticos.

En vez de presentarlos en los minutos previos a los partidos de futbol, o en los intermedios, o al concluir cada juego, las televisoras acumularon spots o promocionales (¡vaya dilema: ni cuál escoger entre esas palabrejas!) y, precedidos por comentarios de los locutores y la leyenda que atribuía la interrupción a “órdenes” del IFE, y asestaron mensajes políticos durante varios minutos a públicos ganosos de ver futbol, soccer o americano, que muy probablemente los recibieron en el mejor de los casos resignadamente si no es que irritados por la intromisión.

Al actuar de ese modo, las televisoras confirmaron su renuencia a la legislación electoral que estableció un régimen nuevo para la radio y la televisión en ese campo y prohibió la propaganda pagada en esos medios, en que los partidos derrochaban hasta ahora cerca de dos tercios de las abultadas sumas que reciben del erario, es decir de los contribuyentes. Las televisoras han juzgado esa decisión del poder revisor de la Constitución y del Congreso como una ofensa y la han combatido por medios legales y estorbos ilícitos. Tienen derecho a lo primero, a acudir a los tribunales para impugnar normas que lastimen a sus intereses. No lo tienen, en cambio, para desacatar las normas y generar con su incumplimiento, desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos, que ya hacen bastante para distanciarse de los ciudadanos.

En marzo del año pasado, TV Azteca rehusó de plano transmitir los primeros mensajes partidarios, al comenzar la vigencia de esa porción del Código electoral. Ni siquiera recibió la documentación que disponía las transmisiones. Solicitó amparo contra su obligación legal de hacerlo y al serle negada la suspensión demandada se vio en el caso de pasar al aire en mayo lo que había dejado de transmitir en marzo y también en abril. El IFE sancionó su infracción con una multa de cinco millones y medio que el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación atenuó apenas en diciembre pasado, considerando que no merecía la pena máxima porque no era reincidente. Ahora, en cierto modo, ya lo es. Ciertamente, no se negó a transmitir los mensajes que mercaban el comienzo de una temporada electoral, las precampañas.

Pero lo hizo a contrapelo del numeral cinco del Artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en material electoral aprobado por el Consejo general del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Ese texto establece a las claras que “los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto”. El IFE reaccionó en lo inmediato desmintiendo a las televisoras que le achacaron el modo y el momento de la transmisión de los mensajes. Ahora tiene que ir más allá de esta explicación al público (que ameritaría haber sido mejor redactada):

“1.-Desde hace varios años el Estado dispone en la radio y la televisión de 48 minutos diarios para emitir propaganda gubernamental y de otros poderes (sic).

2.- Dichos promocionales (¿?) son transmitidos a lo largo del día dentro de las barras comerciales…Por esa razón, la propaganda gubernamental se alterna con la publicidad comercial y el público está acostumbrado a ella.

3.- Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el Gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales.

“4, Por lo tanto, no se han incrementado los tiempos del Estado y los concesionarios no necesitan sacrificar sus programas o ceder su tiempo comercial para transmitir los promocionales de partidos y el IFE. Son el Gobierno y otros poderes los que, por disposición constitucional, han cedido el tiempo para partidos y autoridades electorales.

5 Los promocionales que se transmiten a partir del inicio de las precampañas por todos los medios de comunicación electrónica del país utilizan solamente el tiempo que le pertenece al Estado y fueron pautados para ser transmitidos, a lo largo del día, de manera similar a la propaganda gubernamental.

“6.- Con base en lo anterior es necesario informar que la decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en un solo bloque comercial (¿?) así como la de interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de dichos promocionales dentro de los mismos programas y no en los bloques comerciales normales, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el Instituto Federal Electoral”.

Pertinente y necesaria la aclaración, debe ser sólo parte de la actitud que asuma el IFE, que no puede quedar a merced –y con él los partidos—de la inquina de TV Azteca y Televisa. Debe evitar que la maniobra se reedite.

El miedo a gobernar

La provocación y los porqués

Javier Corral Jurado

La decisión conjunta de Televisa y TV Azteca de incumplir las normas electorales para la transmisión de los anuncios propagandísticos de los partidos, al presentar en bloque todos los spots e interrumpir la programación continua, no sólo es parte del operativo de desinformación, mentiras y desprestigio que han hecho de la reforma que les afectó el multimillonario negocio de la publicidad política, sino un auténtico acto de provocación del porrismo mediático en que han convertido su oposición a la legislación.

El duopolio televisivo atenta contra el Estado y la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado está débil frente a ellos y nuestra democracia es precaria. Porque lo hacen bajo un cálculo de poder desbordado, con conocimiento pleno de que sus excesos no tendrán sanción mayor, porque el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para someterlos al imperio de la ley.

No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.

Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.

El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.

Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.

Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.

Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.

Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

Oligopilandia, o el capitalismo de los cuates

Denisse Dresser

Discurso de Denisse Dresser en el frente a diputados, senadores, empresarios y funcionarios

México es un país privilegiado. Tiene una ubicación geográfica extraordinaria y cuenta con grandes riquezas naturales. Está poblado por millones de personas talentosas y trabajadoras.

Pero a pesar de ello, la pregunta perenne sigue siendo: ¿por qué no crece a la velocidad que podría y debería? ¿Por qué seguimos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro?

Aventuro algunas respuestas, y les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca llamado "La vida en México", escrito en el siglo XVII, en el cual intenta describir las principales características del país.

Si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a "Oligopolilandia". Porque desde el primer momento en el que pisara el país, se enfrentaría a los síntomas de una economía política disfuncional, con problemas que la crisis tan solo agrava.

Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo; se vería asediada por maleteros que controlan el servicio; tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un aumento de 30 por ciento en las tarifas, y si tuviera que cargar gasolina, lo haría sólo en Pemex.

En el hotel habría 75 por ciento de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor, y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas allí cuestan más que en otros lugares que ha visitado.

Si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse de esta situación, pagaría una de las tarifas más elevadas de la OCDE. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que sólo existen dos cadenas.

Para entender la situación en la que se encuentra, tendría que recordar lo que dijo Guillermo Ortiz hace unos días: no hemos creado las condiciones para que los recursos se usen de manera eficiente; o tendría que ller el libro "Good Capitalism/Bad Capitalism", que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan; por qué algunos países promueven la equidad y otros no logran asegurarla.

La respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito -o el fracaso- se halla en el modelo económico: en la decisión de promover el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas o el capitalismo democrático.

Hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Nobel de Economía Joseph Stiglitz denomina crony capitalism: el capitalismo de cuates, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia sino en su obstaculización.

Ese andamiaje de privilegios y "posiciones dominantes" y nudos sindicales en sectores cruciales -telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía- que aprisiona a la economía y la vuelve ineficiente. Una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico.

Hoy, México -inmerso en la crisis- está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico donde el Estado no protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican.

Al capitalismo en el cual las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores. Para los ciudadanos.

Hoy, México carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar su economía durante los últimos 20 años.

Las reformas de los 80 y 90 entrañaron la privatización, la liberalización comercial.

Pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica debido a la ausencia de una regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales, competitivos.

En vez de transparencia y reglas claras, prevaleción la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos.

Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado, en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía, son bienvenidas.

Lamentablemente, se dan 18 años tarde. Y allí están los resultados de reformas quizás bien intencionadas, pero mal instrumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.

Hoy, México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes en el mercado que inhiben un terreno nivelado de juego.

Una red descrita en el famoso artículo de la economista Anne Kruege: "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" ("La Economía Política de la Sociedad Rentista").

Una red que opera a base de favores, concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y miembros de la cúpula empresarial exigen como condición para invertir.

¿Quién? Alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carrera privada o el comprador de un banco rescatado con el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore.

Estos actores capturan rentas a través de la explotación o manipulación del entorno económico en lugar de generar ganancias legítimas a través de la innovación o la creación de riqueza.

Y los consumidores de México contribuyen a la fortuna de los rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica. La conexión a Internet. La cuota en la carretera. La tortilla con un precio fijo. La comisión de las Afores. La comisión por la tarjeta de crétido. Ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de mercado.

Y el rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad, aumenta los costos de transacción en una economía que -ante el imperativo de la competitividad- necesita disminuirlos.

Para extraer rentas, los "jugadores dominantes" han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y, por ende, el aumento de la productividad. Estos cuellos de boetella inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte dle Banco Mundial sobre México titulado: "Más allá de la polarización social y la captura del Estado".

La concentración de la riqueza y del poder económico entre esos "jugadores dominantes" con frecuencia se traduce en ventajas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favorecen intereses particulares.

Peor aún, convierte a representantes del interés público -muchos de los diputados y senadores sentados aquí- en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país.

Y lleva a las siguientes preguntas: ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Unefon? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿ La Secretaría de Eduación Pública o Elba Esther Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero Deschamps? ¿Ustedes o una serie de intereses que no logran contener?

Porque ante los vacíos de autoridad, la captura regulatoria y las decisiones de política pública que favorecen a una minoría, la respuesta parece obvia.

México hoy padece lo que algunos llaman "Estados dentro del Estado", o lo que otros denominan "una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz". Eso -y no la caída de la producción petrolera- es lo que condena a mëxico al subdesempeño crónico.

Una y otra vez, el debate sobre cómo promover el crecimiento, cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco.

El gobierno cree que para lograr estos objetivos, basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que la panacea es que se le permita participar en el sector petrolero, por dar un ejemplo.

Pero ésa es sólo una solución parcial a un problema más profundo. El meollo detrás de la mediocridad de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego que la apuntalan.

Una estructura demasiado top heavy o pesada en la punta de la pirámide; una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas; una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y de la cual también se beneficia.

Claro, muchos de los miembros del gobierno de Felipe Calderón, y muchos de los presentes en este foro, hablarán de crecimiento como una prioridad central.

Pero más bien lo perciben como una variable residual. Más bien parecería que buscan -y duele como ciudadana reconocerlo- asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existente. Sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental.

Y el problema surge cuando ese modelo comienza a generar monstruos; cuando ese apoyo gubernamental a ciertas produce monopolios, duopolios y oligopolios que ya no pueden ser controlados; cuando las "criaturas del Estado" -como las llamal Moisés Naim- amenazan con devorarlo.

Sólo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego, por intereses supuestamente mal cobrados, un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox.

Sólo así se entiende el comunicado lamentable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revela una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena.

Sólo así se comprende que nadie levante und edo para sancionar a TV Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro dle Chiquihuite.

Sólo así se entiende la aprobación de la llamada "Ley Televisa" por la Cámara de Diputados y la de Senadores en 2006.

Sólo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector.

Sólo así se comprende que la reforma de Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato.

Sólo así se entiende la posibilidad de dar entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original.

Síntomas de un gobierno ineficaz. Señales de un gobierno doblegado. Muestras de un gobierno coludido.

Con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios que la crisis pone en evidencia, porque no logramos reformarnos a tiempo.

Mucha riqueza, pocos beneficiarios. Crecimiento estancado, país aletargado. Intereses atrincherados, reformas diluidas. Poca competencia, baja competitividad. Poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las critaturas que ha concebido, ahora vive aterrorizado por ellas.

¿Cuáles son las consecuencias del mal capitalismo mexicano? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a ser minimalistas.

En México, el incrementalismo de la política pública puede ser atribuido a élites tradicionales que usan su poder para bloquear reformas que afectan sus intereses, o asegurar iniciativas que protejan su situación privilegiada.

Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público.

Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos "centros de veto" que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática: Los monopolistas abusivos, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno.

Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a construir mercados, que promuevan la competencia y, gracias a ello, aumenten la competitividad.

En pocas palabras, usar la capacidad del Estado para contener a aquellos con más poder en el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público.

¿Qué hacer? Los conmino a leer textos tan influyentes como "The Growth Report" y "The Power of Productivity".

A estar conscientes de lo que todo país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo.

A saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicio de tal manera que los trabajaodres puedan ganar más y más. A entender que ello se basa en la expansión ráída del conocimiento y la innovación; en nuevas formas de hacer las cosas y mejorarlas; en técnicas que aumentan la productividad de manera constante.

A reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado.

A entender que esa tarea del gobierno -a través de lar egulación adecuada- crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios, y pasar esos beneficios a los consumidores.

A comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores de crecimiento, las empresas protegidas y/o monopólicas terminan estrangulándolo.

En pocas palabras, la competitividad -factor indispensable para atraer la inversión y con ella remontar la crisis, como sugería Sanguinetti- Está vinculada a la competencia.

El crecimiento económico está ligado a la competencia. La innovación y, por ende, el dinamismo y la creacion de empleos se desperenden de la competencia.

La inversión que se canaliza hacia nuevos mercados y nuevas oportunidades es producto de la cometencia. No es una condición suficiente pero sí es una condición necesaria. No bastará por sí misma para desatar el crecimiento, pero sin ella jamás ocurrirá, por más dinero público que se inyecte a la economía mediante políticas contracíclicas.

Y, ¿cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión; con el fomento de la competencia en banda ancha a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad; con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con la sanción a quienes violen los términos de su concesión; con la reación de mercados funcionales, como ya se logró con las aerolíneas de bajo costo; con medidas que se empiecen a desmantelar cuellos de botella y a domesticar a esas "criaturas del Estado".

Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Porque si la clase política de este país no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico. Lo condenará a seguir siendo un terreno fértil para los movimientos populares contra las instituciones; un país que cojea permanentemente debido a las instituciones políticas que no logra remodelar; los monopolios públicos y privados que no logra desmantelar; las estructuras corporativas que no logra democratizar.

Será lo que Felipe Calderón llama "un país de ganadores" donde siempre ganan los mismos.

Un lugar donde muchas de las grandes fortunas empresariales se construyen a partir de la protección política, y no de la innovación empresarial.

Un lugar donde el crecimiento de los últimos años ha sido menor que en el resto de América Latina debido a los cuellos de botella que los oligopolios han diseñado, y que sus amigos en el gobierno les ayudan a defender.

Un lugar donde las penurias que Madame Calderón de la Barca enfrentó con los aeropuertos, los maleteros, los taxis, las gasolineras, la telefonía y la televisión son las mismas que padecen millones de mexicanos más.

Ese consumidor sin voz, sin alternativa, sin protección. Ese hombre invisible. Esa mujer sin rostro.

Esa persona que paga -mes tras mes- tarifas telefónicas más altas que en casi cualquier parte del mundo.

Esa compañía que paga -mes con mes- servicios de telecomunicaciones que elevan sus gastos de operación y reducen sus ganancias.

Miles de personas con comisiones por servicios financieros que no logran entender, con cobros inusitados que nadie puede explicar, parados en la cola de los bancos. Allí varados. Allí desprotegidos. Allí sin opciones. Allí afuera.

Víctimas de un sistema económico disfuncional, institucuionalizado por una clase política que aplaude la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema.

Presidentes, secretarios de Estado, diputados, senadores y empresarios que celebran el consenso para no cambiar.

Aunque se agradece que este foro finalmente acepte la magnitud de la crisis, si de aquí no surgen medidas concretas para mirar más allá de la coyuntura, revelará nuevamente nuestra incapacidad para encarar honestamente los problemas que México viene arrastrando desde hace décadas.

Revelará la propensión de los sentados aquí a proponer reformas aisladas, a anunciar medidas cortoplacistas, a eludir las distorsiones del sistema económico, a instrumentar políticas públicas a pedacitos, para llegar a acuerdos que sólo perpetuan el statu quo.

Mientras tanto, la realidad acecha a golpes de 327 mil despedicos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el ïndice Global de Competitivdad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo. México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder. Ni más ni menos.

Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a la república mafiosa, a la economía "de cuates".

Por la superviviencia de las estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando.

Por un modelo económico que canaliza las rentas del petróleo a demasiadas clientelas.

Por un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos. Un sistema de W"extracción sin representación".

Creando así un país poblado por personas obligadas a diluir la esperanza; a encoger las expectativas; a cruzar la frontera al paso de 400 mil personas al año en busca de la movilidad social que no encuentran aquí; a vivir con la palma extendida esperando la próxima dádiva del próximo político; a marchar en las calles porque piensan que nadie en el gobierno los escucha; a desconfiar de las instituciones; a presenciar la muerte común de los sueños porque México no avanza a la velocidad que podría y debería.

En busca de una democracia funcional

José A. Crespo

Con la elección de Barack Obama y su ascenso al poder, hemos quedado nuevamente embelesados con la democracia estadunidense. Lo hemos estado desde la Independencia. Lo cual entorpece la reflexión seria sobre si ese modelo es el adecuado para nosotros. Lo que hemos tenido en cambio son, ora regímenes autoritarios disfrazados de democracia, ora democracias disfuncionales y efímeras. No es que la democracia en sí misma sea disfuncional. Las hay de diversa calidad, lo cual se refiere a su grado de eficacia para alcanzar, en medida satisfactoria, sus objetivos esenciales. Pero la baja calidad democrática se topa, en algún momento, con la frontera del despotismo, por un lado, y de la anarquía, por el otro. La actual democracia mexicana, suponiendo que lo siga siendo pese a su baja calidad, no ha demostrado ser funcional. Con lo cual se quiere sugerir que todo ensayo democrático está destinado a fracasar en nuestro país. Eso lo han pensado muchos en el pasado, y probablemente también lo crean algunos de un tiempo a esta parte. En cambio, me parece que el fracaso de nuestros diversos intentos democráticos se debe a que el modelo de democracia que hemos ensayado no responde al desarrollo político e histórico de nuestro país: los esquemas que hemos elegido han pretendido ser introducidos a la fuerza, ajenos a nuestra trayectoria y costumbres políticas, por lo que rápidamente han quedado desvirtuados.

Los conservadores del siglo XIX (Agustín de Iturbide el primero) insistían en que las formas democráticas no podrían arraigar en nuestro suelo, al pretender pasar por alto nuestras tradiciones y valores políticos. Una idea no del todo errada, aunque excesiva. Pero, en el otro polo, los liberales pensaban que podría modelarse el país a voluntad, importando acrítica y extralógicamente el modelo democrático más acabado en su época, es decir el de Estados Unidos. La tosca realidad se encargó, una y otra vez, de contravenir tales aspiraciones. Pretender que nuestra colonización no nos moldeó cultural y políticamente o que no fue radicalmente distinta de la estadunidense, nos ha provocado retraso político, la incapacidad de discutir y explorar una fórmula democrática que nos sea funcional. En ese sentido, tenían probablemente más razón los conservadores que los liberales —no por completo, desde luego— al pensar que la monarquía y el centralismo político nos eran menos ajenos que el presidencialismo federalista de Estados Unidos. Ese modelo surgió en ese país como desenlace natural de su origen y trayectoria políticos, más que por el genio arquitectónico de sus padres fundadores.

En México, el presidencialismo federal copiado de Estados Unidos rápidamente derivó, o bien en un presidencialismo centralista y autoritario (bajo Benito Juárez, Porfirio Díaz o el régimen priista), o bien en un fraccionalismo político regional, con más aires de feudalismo que de federalismo. Cada vez que es desmontada o debilitada la pirámide centralizadora (el virreinato, el porfiriato o el régimen priísta), se ha dado paso a una dispersión de feudos y cacicazgos locales, donde los liderazgos regionales se imponen con la impunidad y la desfachatez de quien gobierna con horca y cuchillo, sin rendir cuentas a nadie, sino, si acaso, a la historia (lo que les preocupa muy poco). No es casual que estos poderes locales hayan sido históricamente los más fervientes defensores del “federalismo”. Lo hemos visto en el pasado y lo seguimos viendo en el presente. Al combinar la rigidez del presidencialismo con la flexibilidad del federalismo (combinación que sí ha funcionado en Estados Unidos), nos hemos autocondenado, bien al autoritarismo presidencial, bien a la fragmentación caciquil. Ninguna de estas dos expresiones es, por definición, compatible con la gobernabilidad democrática que buscamos.

Los obstáculos que nuestro más reciente intento democrático enfrenta, y que podrían provocar nuevamente su fracaso, en parte se deben a nuestra incapacidad de reconocer que no hemos elegido el modelo más adecuado para alcanzar la democracia. El centralismo político, aun republicano, fue identificado con el pensamiento conservador (lo que no ocurrió en otros países), por lo que hoy resulta difícil legitimarlo. Pero probablemente ese modelo sería más compatible con la gobernabilidad democrática en nuestro país. Y en cuanto al régimen presidencialista, tampoco hemos podido darle un cauce democrático: o cae en el esquema del poder concentrado (que da gobernabilidad, pero impide la rendición de cuentas) o se va al otro extremo, el de la dispersión que genera contrapesos, pero entorpece la gobernabilidad (y, al final, tampoco ha propiciado la rendición de cuentas). No sabemos bien a bien si un modelo parlamentario nos permitiría acceder con menos dificultad a la gobernabilidad democrática, dado que su diseño propicia gobiernos mayoritarios y también rendición de cuentas. No lo hemos intentado históricamente (aunque algunos ven en el imperio de Iturbide un tosco ensayo de ello), pero sabemos que las sociedades europeas, donde en general dicho sistema ha podido aclimatarse exitosamente, tuvieron un desarrollo político más parecido —que no idéntico— al latinoamericano, en comparación con el estadunidense. Pero nuestra reticencia a considerar que el presidencialismo y el federalismo podrían no ser los modelos de democracia adecuados a nuestra realidad, explica nuestra inerte insistencia en preservarlos. Y quizás ahí radique buena parte de la explicación de por qué históricamente no hemos logrado instaurar una democracia que sea funcional en sus propósitos esenciales y cuyos fracasos han dado pie a dictaduras, cuartelazos y levantamientos, expresiones por definición antagónicas a la democracia.

Burladores de reformas

Javier Corral Jurado

La reforma constitucional en materia electoral que votaron los principales partidos en noviembre de 2007 en el Congreso, y que generó la nueva legislación secundaria en marzo de 2008, tiene en este año su prueba de fuego; no son pocos los gatillos que le apuntan para dispararle y hacerla fracasar.

La apuesta a la “ineficacia práctica” de la reforma no tiene sólo en las televisoras a sus principales inversionistas; desde el interior de los partidos se agita un ánimo descalificador, y no ha faltado quien ya diga que las nuevas disposiciones complejizan el escenario y que por ellas los resultados electorales no serán los esperados.

Hay que advertir que los propios legisladores que impulsaron trascendentales cambios dejaron inconclusa su obra y varios aspectos quedaron sin definición o correspondencia en otros cuerpos normativos. Arrepentidos por la represalia mediática o en regreso a la dinámica del chantaje e intercambio de favores legislativos por pantalla televisiva, dejaron en el limbo reformas complementarias en la ley federal de radio y tv, sin garantía de derecho de réplica ni las adiciones necesarias al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso algunos gobernadores y el jefe del GDF se pueden mofar en público del orden jurídico en esta materia.

Y a nadie le quepa duda de que son Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard -en ese orden- los que emprendieron ese embate contra la reforma, al burlar la Constitución y la ley. El artículo 134 constitucional señala: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico”. La única excepción está prevista en el artículo 228 del Cofipe, al establecer que siete días antes y cinco después de su informe anual de labores, los funcionarios pueden incluir su imagen en la propaganda.

Sin embargo, como no hay disposición jurídica reglamentaria del 134 constitucional en el concepto general de la prohibición, pues se despachan con la cuchara grande y además quieren verle la cara a la gente. Como pretendió hacerlo la semana pasada Ebrard. El jefe del GDF pretende engañarnos primero con los montos de gasto público que destina a la difusión de su gobierno y a la promoción de su imagen personal, y luego con las negociaciones que realiza con las televisoras para que le brinden la gracia de hornear galletitas en el programa Hoy de Canal 2.

En el segundo día de su regreso a la radio, el 13 de enero, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a Ebrard sobre su plan anticrisis y aprovechó para preguntarle cuál sería la rebaja en el gasto de comunicación. El gobernante, arrinconado, prefirió mentir y soltó valoraciones insólitas en un político de su formación, como la de traducir su exposición personal en los programas de la farándula “como la presencia que debe tener la ciudad en la televisión”.

Dijo que el DF tiene uno de los gastos más bajos en el rubro en todo el país, lo cual no ha sido así. Dijo que no llega a 100 millones de pesos la inversión, lo que es falso. En el primer caso, en efecto, el GDF, bajo la ley de austeridad de López Obrador, determinó que el gasto para difusión no podía ser superior a 0.33% del presupuesto, lo que constituye una de las normas más estrictas en el país, sólo que empezando por el mismo que la promulgó no se cumplió, y en el caso de Ebrard anda tres tantos arriba de eso. De hecho, propuso a la ALDF gastar 56% más en 2009 que en 2008, en el que erogó 122 millones de pesos.

De esta última cifra sólo 71.7 millones de pesos fueron para Televisa, 31.4 para TV Azteca y 2.1 para Proyecto 40. Lo cual explica la transmisión en vivo por Canal 5 -una hora completa- de la clausura de la pista de patinaje del Zócalo y la semana de coconducción con Andrea Legarreta de Hoy en Canal 2, del 24 al 28 de noviembre, que culminó con el programa “Un ángel con estrella” en ese mismo canal el 30 de noviembre.

Cuando Marcelo Ebrard le da la vuelta a la reforma constitucional de esta manera, no compite con Peña Nieto; se asemeja a él, se vuelve tan parecido que la conclusión se hace fatal tanto para ellos como para otros burladores de la reforma: son tan raquíticos en sus planteamientos que sólo televisión tienen.

Numeralia

1 Monto previsto en el Presupuesto de Egresos en materia de comunicación social del gobierno federal para 2009: cerca de seis mil millones de pesos (de los cuales, sólo 5% será destinado a medios impresos)

2 Centros de Verificación y Monitoreo que instalará el IFE en las juntas ejecutivas del país de cara a las elecciones de 2009: 150

3 Spots a los que se calcula que darán seguimiento dichos centros: 23 millones

4 Aumento que registrará la partida destinada a difusión e imagen en el presupuesto para 2009 del gobierno de Enrique Peña Nieto: 20%, al pasar de 125 a 150 millones de pesos

5 Monto de la demanda interpuesta por el PAN del DF contra Marcelo Ebrard por un posible desvío de recursos para su promoción en el programa Hoy: 104.1 mdp

6 Monto invertido por el diputado de la ALDF Alfredo Vinlay en la promoción –renta de espectaculares, diseño de playeras, reparto de volantes, etcétera– de su segundo informe
de actividades: entre 250 y 350 mil pesos (todo, según dijo, de su propia bolsa)

7 Presupuesto del instituto de transparencia de Jalisco para 2009: 15 mdp (en 2008 se le asignaron 20 y, según su presidente, para este año deberían asignársele 22 o se verá obligado a cerrar)

8 Diputados que aprobaron las últimas reformas a la Ley de Acceso a la Información Gubernamental en Querétaro, contrarias al ejercicio de la transparencia: 19 de 25

9 Puntos de venta de diarios y revistas en el DF, según el registro de la Unión de Expendedores y Voceadores: siete mil 500 (se estima que más de 14 mil familias viven de este negocio)

10 Baja registrada en la ventas de periódicos y revistas durante 2008: 30%

11 Tiraje anunciado del semanario gratuito El Periódico, que comenzará a circular a partir de febrero de 2009: un millón de ejemplares

12 Circulación del Miami Herald al momento de ser puesto en venta por el grupo de comunicación McClatchy: 210 mil ejemplares diarios

13 Pérdidas registradas por Tribune Company, editora de Chicago Tribune y Los Angeles Times, en el tercer trimestre de 2008: 124 mdd (en comparación con las ganancias de 84 mdd registradas el año anterior)

14 Circulación en día laborable de los diarios Chicago Tribune y Los Angeles Times: 542 mil y 739 mil ejemplares, respectivamente

15 Monto en el que The New York Times hipotecó su edificio sede, para afrontar la falta de liquidez en esta crisis: 225 millones de dólares

16 Monto de la deuda que arrastra Tribune Company: 12 mil mdd

17 Reducción de tiraje contemplada por Newsweek: entre 500 mil y un millón de ejemplares (de los dos millones 600 mil que circulan actualmente)

18 Caída en la venta bruta de publicidad registrada en los medios impresos españoles respecto de 2007: 16.2% (de mil 564 millones de euros han pasado a facturar mil 300)

19 Ejemplares de periódicos que se editan al día en España: 4.18 millones

20 Porcentaje que utiliza el celular principalmente para enviar mensajes: 83%

21 Porcentaje de jóvenes latinoamericanos que se conectan a Internet: 95%

22 Porcentaje de jóvenes mexicanos que se conectan a Internet desde un cibercafé: 52%

23 Porcentaje estimado en que crecerá Sky en 2009, según Televisa: 5.5%

1, La Jornada (13 de noviembre); 2 y 3, El Universal (31 de octubre); 4, La Jornada (22 de noviembre); 5, La Jornada (11 de diciembre); 6, El Universal (1 de diciembre); 7, La Jornada (4 de diciembre); 8, El Universal (10 de diciembre); 9, La Jornada (5 de diciembre); 10, El Universal (5 de diciembre); 11, emeequis, (8 de diciembre); 12, El Universal (7 de diciembre); 13 y 14, La Jornada (8 de diciembre); 15, Reforma (9 de diciembre); 16, La Jornada (9 de diciembre); 17–19, La Jornada (12 de diciembre); 20-22, Reforma (8 de diciembre); 23, El Financiero (8 de diciembre)

Rediviva Ley Televisa

Fernando Mejía Barquera

Manlio Fabio Beltrones continúa su campaña para congraciarse con los empresarios de la radio y la televisión muy probablemente para que el PRI tenga un buen trato informativo en las campañas de 2009, pero también para gozar él mismo de ese buen trato si, como parece que ocurrirá, busca la precandidatura a la Presidencia de la República en disputa con su correligionario Enrique Peña Nieto.

El camino que Beltrones ha elegido para “quedar bien” con los concesionarios es presentar en el Congreso iniciativas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) para satisfacer demandas que los empresarios de medios electrónicos han hecho públicas. En junio de 2008, Beltrones llevó al Congreso una iniciativa para otorgar frecuencias de FM a las estaciones de AM, la cual constituyó un rotundo fracaso porque el gobierno de Felipe Calderón, que también quiere estar en buenos términos con los concesionarios, publicó en septiembre, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un acuerdo relativo también a las combos; ese acuerdo empezó a aplicarse en octubre, por lo que la iniciativa priista quedó en el olvido.

Pero el senador sonorense insiste, y ahora ha presentado ante el Congreso una iniciativa más, en este caso para que los empresarios de radio y TV puedan renovar sin problemas sus concesiones hasta por 20 años. Justamente la duración que los industriales del gremio pedían en la Ley Televisa.

La iniciativa, avalada por toda la fracción del PRI en la Cámara Alta, fue presentada el 2 de diciembre y propone reformar el artículo 16 de la LFRT para introducir en ella una nueva figura jurídica: la “prórroga de las concesiones”, que sustituiría al refrendo, vigente en la ley. Es decir, las concesiones ya no serían refrendadas, sino prorrogadas.

Según Beltrones y sus compañeros, en todos los ámbitos donde el Estado mexicano otorga concesiones –minería, telecomunicaciones, aguas, puertos y todo aquello que implica la explotación por particulares de un bien del dominio de la nación– no existe la figura de refrendo, sino la de prórroga; por lo tanto, afirman, hay que trasladarla a la radio y la TV. Para ello proponen un nuevo texto para el artículo 16 de la LFRT: “Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas, en una o más ocasiones por plazos de hasta la misma duración”. O sea que los actuales industriales de la radiodifusión, y más adelante sus descendientes, podrían prorrogar las concesiones, de 20 años en 20 años, hasta plazos ilimitados.

Contra la Suprema Corte
La propuesta contraviene lo establecido por la Suprema Corte que determinó que al finalizar el plazo de una concesión, ésta no se refrendaría automáticamente, sino se sometería a licitación pública en donde el anterior titular participaría junto con otros aspirantes para obtenerla, aunque tendría preferencia sobre terceros en caso de empate.
La iniciativa presentada por el PRI plantea que a quienes se prorrogue una concesión paguen una contraprestación cuyo monto será determinado por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, propone mecanismos para que ese pago salga barato a los empresarios. El documento indica que al momento de determinar el monto de la contraprestación, Hacienda restaría los “pagos en especie” que realicen los concesionarios, es decir, que la SHCP deberá calcular cuánto costaría, por ejemplo, la transmisión de spots para partidos políticos o para campañas gubernamentales –es decir, todo lo que conocemos como “tiempos oficiales”– y ese dinero tendría que restarse al monto de la contraprestación.

Finalmente, otro beneficio para los concesionarios es que aquellas solicitudes de refrendo que actualmente estén en curso, deberán resolverse conforme a los criterios que establece la nueva iniciativa Beltrones, lo cual constituiría una peculiar y muy discutible retroactividad de la ley.

La respuesta de Calderón
Llama la atención la manera en que tanto el gobierno federal como el PRI están actuando al servicio de los concesionarios para restituir en el texto de la LFRT canonjías que estos empresarios perdieron luego de las modificaciones hechas por la SCJN a la Ley Televisa en 2007. Sólo falta que dentro de algunos meses el PRI o el gobierno intenten revivir el texto del polémico artículo 28 de dicha ley con el fin de que los concesionarios de TV puedan operar sus frecuencias en la modalidad de “redes públicas de telecomunicaciones”, es decir prestando servicios adicionales.

Veremos la suerte que corre en el Congreso la nueva iniciativa Beltrones, pero, sobre todo, será interesante observar si Felipe Calderón se deja ganar por el PRI o hace una mejor oferta en materia de refrendo de concesiones, como ya ocurrió en el caso de las combos AM-FM.

Soberanes, coincidencias y diferencias

Javier Corral Jurado

José Luis Soberanes Fernández se lanzó fuerte. Decidió, por insospechados motivos, hacerlo en el tramo final de su responsabilidad como Presidente de la CNDH por casi diez años -los cumplirá en Octubre próximo -, ya sin posibilidad de reelegirse como lo hizo hace cuatro años, siendo el único ombudsman en conseguirlo.

Escogió a La Jornada para lanzar un duro cuestionamiento sobre la actitud de los dos gobiernos del PAN en la Presidencia de la República frente al tema de los derechos humanos. Dijo a Victor Ballinas que, “al Presidente Felipe Calderón Hinojosa no le preocupa el tema de los derechos humanos. No son su prioridad”.

Sustenta su descalificación en que los problemas políticos y los cuestionamientos “impidieron que el Ejecutivo pudiera entrar con el empuje que normalmente llegan los gobernantes de este país. Ello motivó que no hubiera un planteamient presidencial para avanzar en el rumbo”; “desde el comienzo del gobierno de Calderón se ha visto enfrascado en los temas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Está metido en otros problemas y no le preocupa el de los derechos humanos”.

Hay quienes se sorprenden por estas declaraciones. Desconfían sobre los propósitos justicieros con que decide sus pronunciamientos y declaraciones. No pocos le niegan ya, o ponen por lo menos en tela de juicio la calidad moral con que el Dr. Soberanes critica. Y una maledicencia - lo que abiertamente no se sostiene con pruebas, lo es - dice que por él habla el resentimiento de su exclusión como candidato en las propuestas que el Presidente de la República hace para substituir a ministros que se han jubilado en la Corte y los que están por jubilarse.

Y en efecto, se podría desconfiar del ánimo con que salta a la palestra pública, y diferir del enfoque con que pretende minimizar el combate a l crimen organizado, pero en la puya esencial Soberanes saca sangrita, porque tiene razón. Hay omisiones indefendibles.

No han sido los gobiernos del PAN represores de los derechos humanos, ni los presidentes colocados bajo las sospechas de magnicidios, ni se les puede acusar de la desaparición de personas como normalmente hacían los presidentes de este país, pero sí ha faltado sensibilidad para ahondar en una agenda de cambios que en el marco de la Reforma del Estado y por virtud de la esperanza que abrió la alternancia, debieron por lo menos haberse propuesto al Congreso, para garantizar una democracia de calidad.

De ahí por ejemplo que en ocho años las dos administraciones de Acción Nacional sean omisas en la garantía plena del derecho a la información. Esto lo sabe Soberanes perfectamente, pues le han tocado los ds sexenios, sabe que muy pocos en el gobierno federal podrían salir a la opinión pública a contrariarlo y darle un pasmo en las narices; ojalá que así fuera. Pero tiene claro que ni los responsables de este tema en la Procuraduría General de la República podrían refutarlo, pues ni más ni menos ahí, a una activista social, Aleida Calleja, se le declaró enemiga del Estado porque contradijo al Subprocurador del ramo.

Eso da cuenta del desdén, sobre todo porque el mismo Presidente de la República fue informado de ello, sin que hasta la fecha hubiera una rectificación, con todo y que la exigieron organismos internacionales de derechos humanos, y varias asociaciones nacionales.

Donde el Ombudsman pierde la perspectiva del conjunto de los derechos humanos y de su indiscutible liga con los derechos sociales es cuando dice que Calderón se ha enfrascado en la lucha contra el narcotráfico.

En ese tema no se enfrascó, tomó el toro por los cuernos como no lo había hecho Presidente alguno, y lo hizo desde el punto de vista de la seguridad pública como misión esencial del Estado para proteger vida y patrimonio de las personas. ¿Qué delito más traumático y aberrante de la vida y la libertad que el del secuestro?, por ejemplo.

Sin embargo con todo y ese desliz, más allá de sus humores de turno, coloca un tema ineludible en la reflexión y análisis que Acción Nacional debe realizar en relación con una de sus banderas históricas: la promoción en el país y en el ámbito internacional de los derechos humanos. Sobre todo ahora que estamos a punto de entrar a una campaña electoral compleja, que se ve difícil, y en la que estamos obligados a presentar una plataforma legislativa que retome la agenda de cambio de nuestras demandas históricas.

Una mínima dosis de autocrítica y de evaluación sincera le daría una fuerza a la palabra que empeñen los próximos candidatos.

Acusan al Presidente de meter las manos

Alejandro Sánchez

El consejero del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, dijo que más allá de ponerse a debatir internamente las diferencias entre corrientes panistas, los militantes deben llevar a la mesa lo que considera una intromisión indebida en la vida de Acción Nacional por parte del presidente de ese partido, Germán Martínez Cázares, a quien señala de actuar con el respaldo del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón.

El ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del albiazul aseguró que la cúpula que actualmente está en poder de Acción Nacional rompió el derecho democrático en la historia del partido, al adjudicarse la designación directa de 195 puestos a diputados federales, de los 300 a elegir mediante el voto, y en al menos 50 por ciento de los estados para las listas plurinominales.

“No nos hagamos, el CEN desafía a los militantes al quitar derechos mediante la modificación de normas de carácter general. Por eso, yo no me meto entre las patas de Manuel Espino y de Rodolfo Elizondo”, quienes han sostenido una discusión pública de sus diferencias políticas.

Corral aseveró que la dirigencia de Martínez Cázares traicionó a la asamblea nacional de abril de 2008, la cual aprobó la reforma estatutaria para que los ciudadanos pudieran participar en su partido.

“Ha ocurrido una deslealtad que se ha ocultado con la discusión de temas irrelevantes, porque el apartado ‘b’ del artículo 43 de la reforma plantea la designación en casos de excepcionalidad, esto es, fue una regla que se discutió como una norma de excepción y hoy se convierte en una norma de aplicación general”, dijo Corral.

“Yo me pregunto qué hubiera opinado la asamblea si Germán Martínez hubiera llegado con una propuesta a la asamblea nacional de abril y hubiera propuesto modificar el artículo 43 para que el CEN pudiera hacer las designaciones directas. ¿La mayoría hubiera votado a favor?”, agregó.

—¿Ve la intromisión directa del presidente Calderón?

—Hay que ver lo que hace el Presidente de la República; cómo es eso de que le pide a un candidato de Nuevo León que retire sus intenciones (electorales) para hacerse a un lado de la contienda interna y a cambio le ofrece la sede diplomática en Roma. Nos estamos pareciendo a nuestros adversarios.

Corral Jurado aseguró que la maniobra del CEN de su partido será fácil de impugnar ante los tribunales electorales.

El consejero del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral Jurado, dijo que más allá de ponerse a debatir internamente las diferencias entre corrientes panistas, los militantes deben llevar a la mesa lo que considera una intromisión indebida en la vida de Acción Nacional por parte del presidente de ese partido, Germán Martínez Cázares, a quien señala de actuar con el respaldo del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón.

El ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del albiazul aseguró que la cúpula que actualmente está en poder de Acción Nacional rompió el derecho democrático en la historia del partido, al adjudicarse la designación directa de 195 puestos a diputados federales, de los 300 a elegir mediante el voto, y en al menos 50 por ciento de los estados para las listas plurinominales.

“No nos hagamos, el CEN desafía a los militantes al quitar derechos mediante la modificación de normas de carácter general. Por eso, yo no me meto entre las patas de Manuel Espino y de Rodolfo Elizondo”, quienes han sostenido una discusión pública de sus diferencias políticas.

Corral aseveró que la dirigencia de Martínez Cázares traicionó a la asamblea nacional de abril de 2008, la cual aprobó la reforma estatutaria para que los ciudadanos pudieran participar en su partido.

“Ha ocurrido una deslealtad que se ha ocultado con la discusión de temas irrelevantes, porque el apartado ‘b’ del artículo 43 de la reforma plantea la designación en casos de excepcionalidad, esto es, fue una regla que se discutió como una norma de excepción y hoy se convierte en una norma de aplicación general”, dijo Corral.

“Yo me pregunto qué hubiera opinado la asamblea si Germán Martínez hubiera llegado con una propuesta a la asamblea nacional de abril y hubiera propuesto modificar el artículo 43 para que el CEN pudiera hacer las designaciones directas. ¿La mayoría hubiera votado a favor?”, agregó.

—¿Ve la intromisión directa del presidente Calderón?

—Hay que ver lo que hace el Presidente de la República; cómo es eso de que le pide a un candidato de Nuevo León que retire sus intenciones (electorales) para hacerse a un lado de la contienda interna y a cambio le ofrece la sede diplomática en Roma. Nos estamos pareciendo a nuestros adversarios.

Corral Jurado aseguró que la maniobra del CEN de su partido será fácil de impugnar ante los tribunales electorales.

La Iglesia política: La hoz, el martillo y el crucifijo

Con la Unión de Demócratas Cristianos fuera del Parlamento y un centro-izquierda debilitado, es el Vaticano quien tiene que hacer de oposición del gobierno italiano. ¿Esconde la Iglesia un lado “cripto-comunista”?

Digamos que ya había algunas sospechas que presagiaban un pulso entre Iglesia y Estado. Lo que pasa es que ahora -en esta Italia de la decimosexta legislatura- ya no es solo una cuestión de las competencias de Dios y las competencias del César: hoy, en plena crisis económica, social, de valores- la antigua institución espiritual se ha convertido en ‘oposición’. Y a la falta de política de los gobernantes, responde políticamente. Todo esto se debe también al hecho de que el partido UDC (Unión de los Democristianos y Demócratas de Centro) ya no esté en el Parlamento: en las últimas elecciones políticas no han superado el umbral del 3% de votos. La representación (incluso política) de los católicos italianos ha pasado, por consiguiente, casi de forma natural al Vaticano.

Cuando el Papa se mete en política

La Iglesia ha dejado de hacerse cargo simplemente de los últimos, de los más débiles. "Hago un llamamiento a los gobiernos para que den dinero a la banca y evitar su bancarrota, y a la banca para que ayude a los pobres de la sociedad", no es el sermón convencional que uno esperaría de Benedicto XVI. Otro ejemplo: "La reforma universitaria debe garantizar la libertad de enseñanza, de investigación, y la independencia de los poderes económicos y políticos". Y lo que es más, entra también el terreno de la crueldad feroz contra la que nuestro tiempo debe enfrentarse: "La violencia se debe a la desigualdad, a la mala distribución de la riqueza, a la falta de empeño por parte de los gobernantes". Añade incluso comentarios sobre el trato que se le da a los extracomunitarios y a los gitanos, o sobre los muchos militares empleados en las ciudades italianas por una cuestión de ‘seguridad’ y muertos en acto de servicio.

Junto con el Vaticano, también la revista católica Famiglia Cristiana ha sido tachada de proto-comunista: "¡No somos 'proto’ sino cripto-comunistas! Así nos han definido en muchas ocasiones; nosotros -como periódico- observamos la política considerando las decisiones y los hechos. Este gobierno no ayuda a la familia, nos limitamos a señalarlo. Un elemento, entre otros, sostenido y avalado por datos comprobables e investigaciones", explica el redactor jefe Alberto Bobbio. "¿Es mucho pedir al Gobierno que disipe las sospechas de que cuando gobierna la derecha la tijera se alarga, de manera que los ricos se enriquecen y las familias se empobrecen?" La pregunta, que tanto ha molestado a Berlusconi, le ha valido a Famiglia Cristiana la etiqueta de "cripto-comunista". "Un periódico evidencia que la política no está haciendo su trabajo", añade Bobbio, "siguen de cerca los movimientos del poder: es así como debe ser, ¿no?".

La Iglesia, única oposición

En cambio, este no es el caso de los partidos y de los diarios de centro-izquierda, atrincherados por la segunda 'Tangentopolis' -numerosos dirigentes y administradores del Partido Demócrata arrestados o investigados por corrupción-, por la cuestión nunca resuelta de la elegibilidad de los parlamentarios condenados o acusados por Magistratura y por una endémica ausencia de unidad. Probablemente lo que asombra no es el hecho en sí de que la Iglesia y los órganos de información católica –la portada de la revista mensual Tracce, del grupo católico Comunione e Liberazione, del pasado mes de noviembre llevaba como titular: "Recuperemos el trabajo"- mantengan ciertas posiciones políticas, sino que sean los únicos que hacen oposición y que ejercen la posibilidad de una protesta constructiva, ocupándose de los últimos de la fila y pensando en el bien común.

En resumen, todo aquello que durante la Primera República italiana hacían los comunistas. Habrá sido este ‘reconocimiento’ tardío lo que ha empujado al Vaticano a hacer notar la conversión cristiana -desmentida por muchos- en su lecho de muerte, del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Hoz, martillo y crucifijo.

Los nuevos cristeros

"¡Viva Cristo Rey!", proclamaba la multitud en la marcha antiaborto de Celaya. Y este mismo grito, que distinguió a los cristeros de los años 20, resonó también en las manifestaciones de León, Guadalajara, Tampico, Toluca, Veracruz... Es la voz creciente de los nuevos cristeros.

Tras la despenalización del aborto en el Distrito Federal (abril 2007) los militantes de los grupos de católicos radicales han ido saliendo a las calles de las principales ciudades del país para empujar el súmmum de la agenda del conservadurismo mexicano: no a las uniones gay, no al condón, no a los anticonceptivos, no a la píldora del día siguiente, no al divorcio exprés, no a la eutanasia y, por supuesto, no al aborto.

Muchos de estos activistas son jóvenes. "En México hay un millón de católicos practicantes menores de 25 años", dice el padre Pedro Agustín Rivera Díaz, comandante en jefe de Alianza Mexicana por la Vida, una asociación civil integrada por más de 100 grupos vinculados a la Iglesia católica.

Quieren incidir en las legislaciones de los estados luego de que se dieron cuenta de que en la capital del país les será difícil revertir las leyes de corte progresista.
Estos "nuevos cristeros", como les llama Édgar González Ruiz, estudioso de los movimientos derechistas, "quieren incidir en las legislaciones de los estados luego de que se dieron cuenta de que en la capital del país les será difícil revertir las leyes de corte progresista".

Sucede que los líderes religiosos están reclutando jóvenes en las escuelas católicas. Primero los convencen de integrarse a grupos parroquiales o civiles donde los proveen de formación acorde a la doctrina social cristiana; luego los invitan a campamentos; más tarde a misiones evangelizadoras, y posteriormente los llaman a participar en marchas "a favor de la vida" o a manifestaciones "contra los matrimonios entre homosexuales".

Al cabo, muchos de ellos son enrolados por grupos extremistas de carácter reservado, como el Yunque o los Tecos, o invitados a participar en asociaciones semipúblicas, como los Escuderos de Colón.

UN SOLDADO DE DIOS

Cierta noche de otoño de 2007, Juan Pablo Reyes, entonces de 18 años, acudió a la Antigua Basílica de Guadalupe, a una misa en honor de Agustín de Iturbide, emperador de México entre 1821 y 1823.

Su papá le había dicho que los sinarquistas, el movimiento católico contrarrevolucionario de finales de los años 30, convocaron a la celebración.

Al terminar la misa, Juan Pablo se acercó al padre Pedro Agustín Rivera, rector del templo guadalupano al que acudió Iturbide para refrendar su fe católica una vez consumada la Independencia; le dijo que estudiaba periodismo y el sacerdote lo invitó a integrarse a Comunicación con Criterio, grupo juvenil que edita Criterio, revista con tiraje de 5 mil ejemplares que se distribuyen en parroquias de la ciudad de México.

Meses más tarde, luego de una llamada telefónica del prelado, Juan Pablo se decidió a formar parte de ese grupo, cuya encomienda es difundir entre los jóvenes la doctrina social cristiana.

Su obstinada oposición al aborto lo movió a integrarse de lleno al activismo católico y ahora dedica una parte de su tiempo a distribuir volantes, pegar calcomanías, participar en marchas, acudir a conferencias y a escribir en Criterio.

También conduce un programa de radio en Internet y se siente parte de una cruzada "a favor de la vida", que intenta convencer a "los otros" de que "el aborto es un crimen".

Juan Pablo, al igual que cientos de jóvenes de su edad, participará del 14 al 18 de enero en el VI Encuentro Mundial de las Familias, organizado por el Vaticano y donde se difunde el pensamiento social de la Iglesia católica.

GRITO CRISTERO A LAS CALLES

Consumada la despenalización del aborto en el DF, hace menos de dos años, mediante una reforma legal, los jerarcas católicos lanzaron una intensa campaña para evitar que otros estados siguieran este ejemplo; concentran sus esfuerzos en promover leyes locales que protejan "el derecho del concebido".

"El tema de la defensa de la vida ha creado una conciencia en el creyente. En una democracia no se puede discriminar a nadie, ni por su religión ni por nada, y los católicos, al ser parte mayoritaria de la sociedad mexicana, tenemos derecho a que nuestras creencias estén contempladas en las leyes", afirma el padre Rivera Díaz, quien además es capellán-consejero de los Caballeros de Colón, que tiene 50 mil miembros en México.

Este renovado esfuerzo para combatir legislaciones progresistas en materia de aborto ha rendido frutos. Entre abril de 2007 y diciembre de 2008, el grito cristero de "Viva Cristo Rey" se ha escuchado fuerte en las calles de al menos 20 ciudades.

Ha habido manifestaciones "a favor de la vida" en Querétaro, Tampico, Nuevo Laredo, Xalapa, Veracruz, Guadalajara, León, Celaya, Guanajuato, Acapulco, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Tlapa, Durango, Morelia, Hermosillo, Toluca y DF.

Los sacerdotes y obispos de esas regiones convocan a dichas manifestaciones desde el púlpito y a través de las asociaciones civiles de católicos radicales. Así, grupos como los Caballeros de Colón, Caballeros de Malta, Provida, Ancifem y la Unión Nacional de Padres de Familia han acudido a tales concentraciones que, según la prensa, han reunido desde decenas, como en Taxco, hasta 5 mil personas, en Celaya.

En muchos casos se entonó el himno a Cristo Rey de los cristeros.

LEYES DIVINAS EN CONSTITUCIONES TERRENAS

Los activistas católicos se sienten lastimados por la legislación capitalina que permite interrumpir el embarazo antes de la doceava semana de gestación, lo cual explica que se haya incrementado el número de manifestaciones públicas, afirma Édgar González Ruiz, autor de La última cruzada: de los cristeros a Fox; añade que "los cristeros son la raíz histórica del conservadurismo en México.

De ellos brota el sinarquismo y luego el activismo de grupos como El Yunque, los Tecos, la UNPF, Provida, Caballeros de Colón".

Y no les ha ido mal en su cruzada. Las legislaciones de Sonora y Baja California fueron reformadas a finales de 2007 para garantizar "el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural".

En Chihuahua ya contaban con una ley similar desde los años 80. En los congresos de Morelos, Veracruz y Guanajuato hay iniciativas semejantes.

Manuel Ignacio Acosta es el diputado priista que impulsó la ley anti-aborto en el congreso sonorense. Es cristiano evangélico pero se alió con grupos católicos locales, dice, para "proteger los derechos de los concebidos".

También cuenta que está en conversaciones con diputados locales de Sinaloa, Nayarit y Durango, interesados en promover en sus estados leyes del mismo corte.

En Sonora hubo un intenso cabildeo entre asociaciones de católicos radicales, los jerarcas de la Iglesia y los legisladores locales. "Nosotros comenzamos a reunirnos cuando vimos que la PGR y la CNDH habían interpuesto un amparo en la Suprema Corte por lo de la despenalización del aborto en el DF.

Desde abril de 2007 empezamos a reunirnos con mayor frecuencia las agrupaciones en Sonora, para recolectar firmas y hacer una red a través de Internet que abarcara el estado.

También hablamos con el arzobispo José Ulises Macías Salcedo y con los diputados de PRI y PAN", refiere Nancy Burrel, presidenta de Familia por Familia, grupo ligado a Red Familia, una de las asociaciones de católicos con más apoyo del alto clero mexicano.

RECLUTAMIENTO DE LOS SOLDADOS DE DIOS

El estudiante Juan Pablo Reyes, el padre Rivera Díaz, el diputado sonorense Acosta y la activista Nancy Burrel son sólo algunos de los cristianos que consideran que sus ideas conservadoras deben estar plasmadas en las leyes del Estado laico.

Pero otras decenas de miles —quizá un millón, como dice Rivera Díaz— de militantes de la causa de Dios se despliegan por el país para hacer avanzar la agenda social y política del conservadurismo; ésta incluye una negativa rotunda al aborto, eutanasia, uniones gay, y el uso del condón y otros anticonceptivos, así como la promoción de la instrucción religiosa en escuelas públicas.

A diferencia de los cristeros de los años 20, que empuñaron fusiles para resistirse a las restricciones en materia religiosa que impuso Plutarco Elías Calles, sus armas son la persuasión, la movilización popular y el cabildeo con gobernantes y legisladores.

Despliegan una estrategia de reclutamiento de jóvenes en grupos parroquiales y colegios vinculados a órdenes religiosas. Así van conformando el ejército de creyentes que lucha por establecer "el reinado de Dios en la Tierra".

A Juan Pablo, por ejemplo, le echaron el ojo los lasallistas del Mier y Pesado, colegio donde estudió bachillerato. Lo invitaron a ir de misiones a pueblos paupérrimos de Veracruz, donde difundió la doctrina social cristiana, y le inculcaron las ideas que ahora defiende con vehemencia.

El modus operandi es casi siempre el mismo: en los colegios y parroquias reciben instrucción religiosa; luego son invitados a campamentos, retiros espirituales o peregrinaciones; más tarde asisten a misiones para difundir el Evangelio y, con el tiempo, participan en marchas anti-aborto, contra las uniones gay o en manifestaciones contra exposiciones artísticas que, a su juicio, ofenden la moral católica.

Después o paralelamente son invitados por curas o líderes civiles a formar parte de grupos que difunden las creencias del catolicismo.

Estos grupos son semillero de asociaciones de carácter reservado, como El Yunque o los Tecos, donde les ofrecen formación que rechaza los principios del Estado laico.

Los más aguerridos y fieles a la causa suelen ser quienes llegan a estas sociedades secretas. Otros participan en asociaciones públicas o semi-públicas, como los Caballeros de Colón, en donde los militantes van avanzando de acuerdo con su nivel de compromiso con la causa.

Los jóvenes, por ejemplo, participan en los Escuderos de Colón; ahí, para avanzar tienen que reclutar a otros miembros, convencer a sus papás de que vivan el estilo de vida cristiano o bien acudir a marchas o manifestaciones para ir acumulando puntos que les permitan mejorar su escalafón dentro del grupo.

Se ampara sindicato petrolero vs transparencia

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de nueva cuenta se amparó para impedir la entrega de información que transparente el uso de recursos que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero esta vez no lo hizo en contra de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), sino contra la misma paraestatal.

De esta forma el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps pretende evitar que Pemex saque a la luz pública informes sobre los recursos públicos que ha entregado al STPRM de 2005 y 2008, así como lo que podría corresponder a 2009, con sus respectivas actualizaciones en montos, de acuerdo con lo pactado entre las partes en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

En respuesta a una petición que la presidenta del Instituto de Transparencia de Tabasco, Ana Lilia Ceballos Trujeque, hizo a la paraestatal para la entrega de la información referida y de los recursos de Pemex transferidos hacia esa entidad, la paraestatal se dijo “impedida legalmente para dar acceso” a esos datos, debido a las demandas que el sindicato promovió en su contra.

La funcionaria había requerido también información detallada del Convenio Administrativo-Sindical, el cual involucra a las secciones 44, 48, 40, 42, 24 y 47, correspondientes al estado de Tabasco; el uso y destino final de los recursos públicos que la paraestatal entregó a la organización, así como de “arreglos u otros documentos” firmados entre las partes.

Asimismo, pidió los índices de expedientes que han sido clasificados por la paraestatal desde el 2000 al 2012, con la inclusión de datos que contengan el rubro temático, la unidad administrativa que generó, transformó o conserva la información, así como las partes de los expedientes o documentos que fueron reservados, entre otros datos.

“Debido a que el sindicato de petroleros promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Unidad de Enlace de Petróleos Mexicanos; del Comité de Información y contra el propio organismo descentralizado (…), la entidad se encuentra impedida legalmente para dar acceso a la información requerida”, respondió Pemex en el oficio CI-706/08, emitido el año pasado.

Cabe destacar que Tabasco es una de las entidades que mayores recursos recibe por parte de Pemex sólo en donaciones y donativos, los cuales de 1995 a 2006 ascendieron a 2 mil 126 millones 138 mil 330 pesos, según datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, asociación que monitorea diversos renglones del ejercicio de recursos públicos.

El amparo presentado por el STPRM está radicado bajo el número de expediente 1669/2008, en el Juzgado 12 de Distrito en Materia Administrativa del DF.

Según Pemex, se concedió al sindicato la “suspensión definitiva para el efecto de que no se entregue” a la funcionaria del IFAI Tabasco dicha información.

Un derecho restituido

Miguel Angel Granados Chapa

A las seis de la mañana de hoy lunes comenzó a ser restituido el derecho de una importante porción de oyentes de noticias en la radio de escucharlas en voz de Carmen Aristegui, que a lo largo de tres lustros labró ya un sólido prestigio profesional y ganó la confianza de su auditorio. Éste –es decir un vasto conjunto de personas— resultó ofendido con la decisión empresarial (torpemente empresarial pues se prescindió de una presencia buscada por el público) de sustituirla por quién sabe quién en su emisión matinal de XEW. A partir de hoy, aunque sea con demora de un año, sus oyentes podrán seguir de nuevo su trabajo y satisfacer a través de esa labor el derecho a la información de que deben disfrutar. tienda virtual

En la estación que se sintoniza en el 102.5 del cuadrante de FM en el Distrito Federal y sus alrededores (y en las emisoras del grupo MVS en varias ciudades de la república) comenzó esta mañana un nuevo programa a cargo de Carmen Aristegui, donde se llamará a “las cosas por su nombre”, manera coloquial de afirmar que allí se buscará informar con veracidad, sin doblez y sin trabas contrarias a la ética.

Inmediatamente después de iniciado su forzado silencio, la reacción pública (que pasó de la indignación al reclamo de alternativas) empujó a la búsqueda de fórmulas que permitieran al público ofrecerse a sí mismo un modelo de información radial confiable en los términos vigentes en la radiodifusión comercial. Se planteó la idea de una empresa compuesta por infinidad de accionistas (siguiendo el mecanismo por el cual surgieron la editorial Siglo XXI, el semanario Proceso y el diario La Jornada. No había problema en reunir entre miles de inversionistas la base del capital necesario para operar una emisora donde campeara el estilo Aristegui de información. Pero a diferencia de los medios impresos, para establecer medios electrónicos se requiere una licencia otorgada por el Estado o tomar en arrendamiento alguna cuyo concesionario se contentara con tener una renta fija.

No se avanzó en la constitución de una empresa de propiedad social porque pareció que no era necesario. Sin el sentido de urgencia que experimentaron los oyentes ayunos de su emisión favorita, varios concesionarios radiales procuraron a la popular conductora, que se negó a considerarse una mártir de la libertad de expresión, pero encarnaba, aun contra su voluntad, la inadmisible cancelación del derecho ciudadano a recibir información que a una parte del público le mereciera crédito, prenda escasa en el mercado de la comunicación. En diálogos pocas veces sensatos y en algún caso rayano en la irracionalidad, la periodista escuchó propuestas, presentó las suyas, intentó conciliar sus intereses profesionales con los de las empresas que la buscaban. Finalmente con el grupo de la familia Vargas, con el que Carmen Aristegui había trabajado ya, fue posible una coincidencia de propósitos que hace posible el retorno a partir de hoy de la más avezada directora y conductora de emisiones informativas en la radio.

En ese prolongado periodo de búsqueda surgieron situaciones de toda índole. Me refiero ahora a dos, caracterizadas una por su patetismo y otra por un equívoco echado a rodar aviesamente. La primera fue protagonizada por Pablo Padilla y Jorge Mendoza (que por lo visto practica una doble jornada, como senador de la república y como personero de Ricardo Salinas Pliego), exploraron la posibilidad de que Carmen condujera una emisión matutina en los canales de TV Azteca, pero adelantaron tres condiciones que en su sola expresión hicieron inadmisible (y aun risible) el planteamiento: 1) no dañar a México; 2) no ofender al presidente; y 3) no atentar contra la casa misma, como hace un huésped educado ante su anfitrión.

Me refiero ahora al otro caso, el del equívoco que, entre otras circunstancias impidió que culminara la idea de lanzar al aire a través de Radio UNAM una emisión como la que desde hoy encabeza de nuevo la periodista. Aun antes de agotarse la búsqueda de fórmulas que hicieran posible tal emisión, dado el régimen financiero de la institución, tuvo éxito un ruido introducido con mala intención. Se dejó correr la especie, carente de base, de que las pretensiones de remuneración de la conductora rayaban en la codicia, algo que las finanzas universitarias no estaban en capacidad de satisfacer. La realidad es que en los escarceos para definir el programa y los términos de su difusión ni siquiera se llegó a hablar de la paga a Carmen misma y al equipo que con ella haría (como hace a partir de esta fecha) la emisión de que se trataba. Si bien la periodista es una profesional que reclama retribución justa a su trabajo, comprendió siempre que era imposible esperar de la Universidad Nacional una remuneración como las vigentes en la radio comercial y no se propuso en modo alguno obtenerla.

Con su auspicio al retorno de Carmen Aristegui, el grupo MVS se singulariza en el ámbito de la radiodifusión, en el que se ha mostrado contrario al quietismo. Por un lado tiene en curso juicios de amparo contra la decisión gubernamental de trocar indiscriminadamente emisoras de AM por FM, en perjuicio de esa cadena que fue pionera de la frecuencia modulada. Y por otra parte busca romper el monopolio de Sky en el mercado de la TV satelital mediante una nueva empresa aliada con Telmex en aspectos de comercialización que no implican participación de ese consorcio en la definición ni la operación de contenidos televisivos.

Sabines: fantoche como Godoy

Álvaro Delgado

Un acontecimiento que por su impacto es semejante al alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hace tres lustros, se produjo en Chiapas, en vísperas del Año Nuevo: El gobierno y el Congreso locales anunciaron como un imponente logro del pueblo convertirse en socio mayoritario del equipo de futbol Jaguares de la Primera División.

La situación era grave y requería de una operación urgente: El equipo de futbol padecía severos problemas económicos y la única manera de resolverlos era llevarse a Jaguares a otro estado, por lo que --en histórica y unánime convergencia-- las fuerzas políticas aprobaron en el Congreso la propuesta del gobernador perredista Juan Sabines para adquirir, a un costo de 67.1 millones de pesos, el 51 por ciento de las acciones del equipo.

Esta gloriosa gesta de los chiapanecos fue anunciada, el 30 de diciembre de 2008, por el empresario farmacéutico Antonio Leonardo Castañón, propietario del Club Jaguares de Chiapas, y el director del Instituto del Deporte (Indeporte) del estado, Jorge Cuesy Serrano, quienes aplacaron las impertinencias de los periodistas con una prohibición previa de preguntas.

Más allá del sarcasmo, se trata de una bofetada de las autoridades de Chiapas a sus gobernados, igual a la del gobernador Leonel Godoy en Michoacán, porque usan, de manera arbitraria, los recursos públicos para fines estrictamente facciosos, aunque los hacen aparecer como benéficos para la colectividad.

Como aquí se apuntó la semana pasada, Godoy cumplió el compromiso de su antecesor, Lázaro Cárdenas Batel, de regalarle 46 millones de pesos al equipo Monarcas de Morelia, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, y ahora Sabines, también gobernador perredista, transfiere 67.1 millones de pesos con el mismo fin.

La única diferencia entre una operación y otra es que Sabines contó con la complicidad del Congreso, a la manera en que lo hizo también otro gobernador, el veracruzano Fidel Herrera, para regalar 58 millones de pesos a equipos de futbol, entre ellos 34 millones de pesos para los Tiburones Rojos del puerto.

En la información de Chiapas, enviada a través de la agencia Apro por el corresponsal Isaín Mandujano, el gobierno de Sabines rescató de la bancarrota al Club Jaguares de Chiapas, al solventar una deuda de más de 66 millones de pesos y con ello evitar la amenaza del equipo de irse del estado. Ahora, conformes a este plan, los chiapanecos son accionistas mayoritarios del equipo que juega en el estado Víctor Manuel Reyna.

"Ver a las familias chiapanecas llegar al Víctor Manuel Reyna los fines de semana, vibrar con su equipo, las sonrisas de los niños y la construcción de un sueño, fue lo que me motivó a seguir adelante", expuso el empresario Castañón, al hacer un lacrimógeno relato de las dificultades económicas del equipo, aun con los apoyos que, desde hace cinco años, le da el gobierno del estado.

Narró que, tras la imposibilidad de cumplir con los compromisos contraídos para mantener a Jaguares en Chiapas, recurrió a Sabines: "La única vía para poder cubrir los adeudos era la venta del equipo o cambiar de plaza", le advirtió.

Sabines, recordó el también presidente estatal del Teleton, siempre ha sido "generoso" con todos los proyectos que le ha presentado:

"Él nos ha ayudado con el Teletón. Incluso, gracias a la aprobación del Congreso del estado, el gobierno realiza ya una aportación mensual de 2 millones de pesos al CRIT, que a partir de enero va a permitir que se duplique el número de niños atendidos. Por eso me daba pena hablarle al gobernador para volverlo a molestar, y más para darle esta mala noticia. Ya no era viable sostener al equipo en la misma plaza. Era casi inevitable nuestra partida de nuestra tierra, de nuestra casa."

Según las palabras del empresario, acusado de negocios poco claros y de lavar dinero de oscura procedencia, Sabines le dijo que "él lo que quería es que Jaguares se convirtiera en un equipo popular y que no se fuera de Chiapas; que si había un proyecto donde los chiapanecos participaran, el gobierno se involucraría, pero que él no quería en lo más mínimo que los Jaguares se fueran de Chiapas".

Y añadió: "Sin embargo, me topé con una respuesta que he de confesar no esperaba. El gobierno estaría dispuesto a convertir la deuda en acciones y asociarse a través del Fideicomiso de Fomento del Deporte con mi empresa para garantizar la estancia del equipo en Chiapas, siempre y cuando el Congreso del estado lo aprobara".

Y sí: El lunes 29 de diciembre, los diputados locales aprobaron el decreto por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Promoción y Ejecución de Programas y Proyectos Deportivos (Fideporte), y esto permitió comprar a Jaguares de Chiapas.

"Hoy, ese sueño, el de la afición, se ha concretado. Los diputados aprobaron un fideicomiso con el cual se ha convertido la deuda en acciones y, con ello, al pueblo de Chiapas es socio mayoritario con 51% de las acciones de la franquicia", dijo el empresario que, obviamente, está feliz.

Además de los 67.1 millones de pesos que se solventaron con recursos del erario para adquirir las acciones de Jaguares, se deben sumar otros 12 millones que el Congreso local autorizó donar al Teletón que en la entidad encabeza el propio Leonardo Castañón.

Godoy: otro gobernador fantoche

Álvaro Delgado

En una decisión que ofende no sólo a los ciudadanos de Michoacán, sino a todos los mexicanos, el gobernador perredista Leonel Godoy Rangel entregó 46 millones de pesos al equipo de futbol Monarcas de Morelia, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, entre cuyos negocios se cuenta también Televisión Azteca.

¿Cuáles son las la razones para regalar tamaña cantidad a un empresario que no lo necesita y cuya cifra representa el doble del presupuesto de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) del estado, la entidad responsable de fomentar las actividades que su nombre describe?
No hay razones, salvo una coartada de Godoy: La entrega de los 46 millones de pesos --que se mantuvo oculta desde febrero de 2008-- obedeció a un "compromiso" de su antecesor, el también perredista Lázaro Cárdenas Batel, con Salinas Pliego.

¿Y no podía Godoy, en tanto gobernador en funciones, cancelar tal "compromiso" por tratarse de una arbitrariedad que lastima el de suyo raquítico presupuesto estatal por el que al iniciar su gestión mendigó, literalmente, a Felipe Calderón?

Pues no, alegó Godoy: "Fue un compromiso que hizo el gobierno anterior, pero nosotros le expresamos al equipo Monarcas que era por única ocasión y que ya no iba a darse más."

Nada más faltaba que le fuera concedida una partida multianual al equipo propiedad de Salinas Pliego, el mismo personaje que usó la concesión de TV Azteca para descalificar las elecciones y exigir la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno del Distrito Federal tras la ejecución, en 1998, del cómico Francisco Stanley, alias "Paco", en uno de lo episodios de manipulación más memorables por su vileza.

Tal conducta de Godoy es perfectamente entendible por su naturaleza de gerente político de los Cárdenas en Michoacán, pero representa una bofetada a quienes, en Michoacán y en México, creían que una gestión de centroizquierda cortaría de tajo privilegios para una minoría corrupta e insaciable como en la que se inscribe Salinas Pliego.

Ya se ve que no: A la protección que Godoy da a los enjuagues del clan Cárdenas -que incluyen tratos ocultos con Calderón y con Carlos Ahumada, como en su momento con Carlos Salinas--, se suma su propia frivolidad, como la remodelación de la casa de gobierno.

A un costo de 4 millones de pesos, las adecuaciones a la casa de gobierno incluyen una alberca techada para su solaz, además de la que ya existía, en una contradicción --habitual en cualquier gobernante fantoche-- con sus propias proclamas de austeridad.

"Nos vamos a apretar el cinturón (va a haber), mucho ahorro y eficientización (sic) del gasto. Son tiempos del vocho (sic), del Bacardí y de la mujer, como se decía en otros tiempos", declaró apenas en noviembre.

Algo le ha aprendido Godoy a su vecino gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez, cuya diferencia no es mucha, ni siquiera en la claudicación ante la Iglesia.

Claro, regalar dinero de los contribuyentes a equipos de futbol no es patrimonio de Godoy: En Veracruz, el Congreso con mayoría priista aprobó la propuesta del gobernador Fidel Herrera de donar 58 millones de pesos a equipos de futbol profesional, 34 millones de los cuales serán para los Tiburones Rojos.

En Aguascalientes los gobernadores panistas Felipe González y Luis Armando Reynoso Femat han destinado multimillonarios presupuestos, superiores a los 50 millones de pesos, para equipos de beisbol y futbol, como el Necaxa, propiedad de Televisa.

Otros gobernantes han hecho lo mismo, entre ellos el tránsfuga priista Pablo Salazar con Jaguares de Chiapas, que sigue siendo apoyado por Juan Sabines, así como Manuel Angel Núñez Soto, con el Pachuca, quien siguió el ejemplo de su antecesor, Jesús Murillo Karam, actual secretario general del PRI.

Los medios y los miedos para 2009

Jenaro Villamil

El panorama para los medios de comunicación en 2009 no es nada alentador, pero tampoco para el ejercicio de las libertades de prensa y de derecho a la comunicación.

El retroceso en ambas materias, vivido desde esta especie de restauración autoritaria que se registra de 2004 a la fecha, se enfrentará en 2009 a cuatro tendencias principales: a) la crisis financiera y económica; b) el repliegue en materia de reforma electoral; c) la indefinición jurídica que afectará, sobre todo, a los medios electrónicos concesionados; d) los riesgos ante el crimen organizado.

Veamos estas cuatro grandes tendencias:

La crisis financiera y económica.-Inevitable, el proceso de recesión mundial que se agudizará en 2009 afectará en tres áreas fundamentales a los medios de comunicación: la contracción del mercado publicitario (que algunos calculan entre 10 y 15 por ciento); el incremento de las deudas debido al proceso de devaluación y crisis financiera (en especial, de aquellos medios que le apostaron a proyectos de expansión apalancadas en créditos financieros); el incremento de los insumos, en especial, el papel, cuyo precio se incrementó en más de 20 por ciento en los últimos meses de 2008.

Los medios dependientes de grandes corporativos globales -como en el caso de Time Warner y las publicaciones del Grupo Expansión o el de NBC-Telemundo y el español Grupo Prisa—, tendrán un impacto inmediato en el panorama de los medios mexicanos. Por lo pronto, se espera un fuerte recorte de las inversiones de estos grandes conglomerados.

En el caso de Televisa, la principal empresa de comunicaciones del país, 2008 cerró con una contracción del 14 por ciento en sus utilidades netas, en comparación con el mismo periodo de 2007. La contracción del mercado publicitario afectará, sobre todo, a aquellos medios periféricos o impresos. La concentración se agravará en 2009.

Recordemos que, según los estudios recientes de agencias de publicidad, la televisión abierta acapara entre el 57 y 60 por ciento del mercado publicitario; la radio, entre el 8 y 10 por ciento; el internet, el 2 por ciento; la televisión restringida, el 4 a 5 por ciento, y los medios impresos, el 10 por ciento. Sin embargo, mientras en la televisión son sólo dos grandes empresas (Televisa y TV Azteca) que se reparten un pastel de 27 a 30 mil millones de pesos, en el caso de los medios impresos, existen más de 760 empresas, entre periódicos estatales y regionales, nacionales y revistas.

El Repliegue de la Reforma Electoral.-En 2007 el Congreso mexicano aprobó una ambiciosa reforma constitucional en materia electoral para evitar que "el dinero dominara las campañas", pero en 2009, año de contienda federal, este fenómeno volverá a hacerse presente, aun con las prohibiciones expresas para que terceros financien propaganda, para que los partidos inviertan en tiempo-aire o los gobernadores utilicen el erario para su promoción telegénica.

Entraremos al terreno del cinismo mediático-electoral. Las fórmulas para darle la vuelta a las prohibiciones de la legislación electoral están a la vista. La concentración publicitaria en la televisión abierta y el proceso desatado de precampañas para 2012 se agudizará en 2009. Ahí está la millonaria campaña de inversión de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y la mala copia, pero también dispendiosa que está aplicando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, así como otros gobernadores que han encontrado en la pantalla un sustituto de las "bases reales". Los políticos competirán por la canalización de sus figuras, a costa de muchos millones de pesos del erario, maquillados como "programas de espectáculos" o "campañas filantrópicas".

Incertidumbre Jurídica.-El compromiso del Senado de una reforma integral para democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones no se cumplió en 2008. En 2009 esto será prácticamente imposible. La tendencia es a restaurar las partes más polémicas de la Ley Televisa, a través de privilegios a modo para los concesionarios, tal como lo demostraron las dos iniciativas del senador priista Manlio Fabio Beltrones (para dotar de FM a las estaciones de AM y para garantizar el refrendo automático), así como el polémico acuerdo de las combos que el Ejecutivo federal publicó el 15 de septiembre y que ha resultado un auténtico fiasco.

El problema fundamental es que la ausencia de una reforma jurídica agravará la indefinición jurídica que existe en el sector, así como el grosero pleito que protagonizan los entes reguladores (Cofetel vs. SCT, principalmente).

Un dato da la idea de la indefinición jurídica que afecta a todo el sector: en 2008, la SCT sólo pudo refrendar 131 concesiones vencidas y en 2009 se vencerán 101, la mayoría de estaciones de radio. Para 2012, esta cantidad se elevará a 281. Prácticamente el 30 por ciento de la radiodifusión estará en un proceso de vulnerabilidad jurídica. Esto facilita la discrecionalidad y afecta la certidumbre y la libertad de expresión.

Por si fuera poco, los enroques entre Cofetel y SCT no han ayudado a un mejor entendimiento entre ambos entes reguladores. Al contrario, los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones compiten por "capturar" a estos organismos y presionar a favor de sus intereses.

Los Riesgos ante el Crimen Organizado.-El panorama profesional se agravará en 2009, sobre todo, por las amenazas, la autocensura, la corrupción, y los atentados contra periodistas que se han transformado en objetivos fundamentales de los cárteles de la droga y de los propios organismos ministeriales, militares y policiacos que supuestamente están a cargo de combatirlos.

El reciente y brutal recuento que la revista Zócalo y la organización Reporteros sin Fronteras ha realizado sobre la situación de indefensión y de crímenes en contra de los periodistas, sólo confirma la tendencia que se ha agravado desde 2004 a la fecha: la impunidad absoluta para matar a periodistas, silenciar medios, permitir abusos a cambio de mantener el estado de guerra y desinformación que priva en estos momentos. En 2008, asesinaron en México a cuatro periodistas por motivos profesionales. El crimen más reciente, el de Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez, es un mensaje de intimidación para toda la comunidad periodística de esta ciudad fronteriza.

Los organismos gubernamentales encargados de investigar y prevenir los delitos contra periodistas se han transformado en agencias burocráticas para encubrir y favorecer la impunidad. El caso más grave es el elefante blanco en que se ha convertido la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, nombre abreviado de una mascarada que no ha logrado ni siquiera detener a uno solo de los asesinos materiales de periodistas mexicanos.

En 2009 esta tendencia se agravará porque la lucha por el reparto de territorios entre los cárteles se enlazará con la corrupción en las campañas electorales y la impunidad.