Sindicalismo y transparencia

Javier Corral Jurado

Entre los sectores con mayor retraso de nuestra transición política a la democracia, tanto porque resisten rendir cuentas, como porque pretenden ser excepción jurídica en el cumplimiento de su responsabilidad social, sin duda se coloca un amplio sector del sindicalismo mexicano, y una buena parte de los medios de comunicación electrónica, particularmente, la televisión. El mismo sistema de partidos presenta rezagos en cuanto a transparencia, racionalidad y austeridad en el uso de recursos públicos. Pero son los dos primeros sectores los que luchan con mayor denuedo por el dudoso honor de ser los últimos en formar parte del cambio democrático de estructuras y someterse al imperio de la ley.

No es casual que ambos sectores opongan a reformas democratizadoras, pretextos privatizadores. Con demasiada frecuencia cualquier esfuerzo por la transparencia en los gremios de trabajadores es ubicado dentro de una dinámica anti-sindical, o como en el caso de los medios, la más mínima propuesta de responsabilidad ante sus auditorios es marcada como intento de censura o atentado a la libertad de expresión. Por ello no resulta sorpresivo atestiguar la manera en que algunos sindicatos se funden en convenios o pactos políticos con algunos medios, y las transferencias multimillonarias de dinero público que realizan entre sí, como el celebrado recientemente entre el SNTE y Televisa.

A la democracia mexicana le urge completar su transición para que la institucionalidad de sus autoridades y reglas, el estado de derecho, no tenga excepciones jurídicas, no permita la operación de poderes ilimitados, para que desaparezcan las zonas de opacidad e impunidad. La transición debe atravesar, ineludiblemente, a medios y sindicatos; no para desaparecerlos o erradicarlos, sino para que en la responsabilidad social encuentren su modernidad y contrapeso.

El sindicalismo no estorba a la democracia, ni se opone al desarrollo económico, estoy convencido de ello. Lo que sí se contrapone con el sistema democrático y vulnera la economía nacional, son las ventajas indebidas, los privilegios a costa de los impuestos, la corrupción, la improductividad generada por absurdos mecanismos de contratación laboral, basada en esquemas de control político y no de eficiencia en la prestación de un servicio público tan estratégico como lo es la energía eléctrica. De ahí que esté de acuerdo con el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro.

En LyFC, el 98% de las contrataciones está en manos del SME; en el IMSS, el 90% y en PEMEX, el 63%. El control de la contratación por el SME crea un mecanismo que opera como herencia de puestos de trabajo, lo que impide la posibilidad de que cuente con un proceso de contratación de personal eficiente.

El mecanismo para otorgar preferencia a los familiares de los trabajadores se establece en el contrato. Primero, el contrato indica que LyFC debe contar con cierta cantidad de puestos de formación técnica en diversas áreas de la empresa; segundo, los candidatos para estos puestos son propuestos por el SME, y tienen preferencia los hijos de trabajadores activos, jubilados o ya fallecidos. Finalmente, para ocupar puestos vacantes se prefiere a los ocupantes de los puestos de formación técnica.

Al liquidar el ejecutivo federal a la CLyFC, se ha hecho hincapié de la onerosa transferencia de recursos presupuestales a una empresa estatal que no recupera ni la mitad de lo que se le asigna (42 mil millones de pesos), se ha documentado el deterioro financiero y tecnológico de la compañía, de la fuga de casi una tercera parte de la energía que se le entrega para distribuir , del pasivo laboral de casi 250 mil millones de pesos, de la diferencia entre su planta laboral de 50,000 empleados que atiende al 20 % de los usuarios, sobre los 67,000 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que atienden al 80 % restante; y se ha dicho que el Contrato Colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido el factor determinante de esa descomposición financiera, y por ende, de la pésima e inocultable prestación del servicio.

Sin embargo pocos detalles se han dado de las clausulas que regulan ese contrato colectivo, por el cual el SME, no sólo regula las actividades que LyFC debe realizar, también las actividades que se deben realizar en cada puesto, además de su adscripción geográfica. Un ejemplo: los trabajadores de LFC no pueden atender emergencias en zonas distintas a la de su zona de trabajo, y estas zonas están detalladas en el contrato colectivo.

Esta regulación sobre la organización del trabajo obedeció a las necesidades de la empresa en los años treinta, su establecimiento en el contrato colectivo (1936-37) fue el mecanismo por el cual el sindicato se integró al proceso de modernización. A setenta años, esta característica del contrato colectivo es uno de los principales obstáculos para elevar la productividad de LyFC.

Evidencias anecdóticas sobran en ese desfasamiento contractual: La introducción de equipos de fax originó que el SME se negara a que las secretarias operaran los equipos y que se crearan nuevos puestos que incluyeran en su definición la operación de éstos. En ocasiones las cuadrillas de reparación de fallas técnicas no pueden salir de la empresa por la falta del chofer que conduce el vehículo.

No podemos postular los cambios profundos en ciertos sectores y áreas estratégicas de la economía y para la democracia, y en otras hacernos de la vista gorda si nos son afines. O lo que es lo mismo: no se vale reclamar la democratización y modernización del sindicalismo, según la orientación ideológica o partidista que tengan, y lanzarnos contra ellos sólo si nos son contrarios políticamente. Pero esto vale para todos, y debiera ser el inicio de una acción correctiva de la vida sindical en general.

Así como señalo mi coincidencia con la extinción de la empresa, también señalo que, tan importante como cumplir con lo ofrecido en la indemnización a los trabajadores, será el respeto a la existencia misma del SME, y a la decisión de los trabajadores de continuar en esa organización gremial si son recontratados por Comisión Federal de Electricidad o por una nueva empresa de carácter estatal que substituya la operación. También creo que la operación del servicio público de energía eléctrica debe seguir siendo una esfera exclusiva del Estado.

Calderón va en serio

Leo Zuckermann

Se tardó 38 días, pero el Presidente pasó de las palabras a los hechos. Va en serio en aquello que anunció el 2 de septiembre de que piensa hacer los cambios de fondo que el país necesita. Ya comenzó con uno en el que no necesitaba la aprobación del Congreso: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Esta decisión se encontraba en el ámbito exclusivo del Ejecutivo federal. Evidentemente la fue preparando. Primero, presentó en su iniciativa de presupuesto de 2010 una partida menor a la que necesitaba la empresa para cubrir su déficit. Y como dicho déficit se debe en gran parte a las prebendas que reciben los trabajadores sindicalizados que operan la compañía, pues esto irritó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Su líder, Martín Esparza, prometió movilizaciones para evitar la reducción presupuestal.

Pero el gremio sindical se encontraba dividido. Esparza se había enfrentado a Alejandro Muñoz, el tesorero del SME, en la elección para dirigir al sindicato. Todo indica que hubo irregularidades. Se dice que hubo más votos que electores y que votaron agremiados fallecidos. Esparza ganó por un margen de 352 votos, una diferencia de menos de uno por ciento. Muñoz se inconformó. La Secretaría del Trabajo decidió no entregar la toma de nota a Esparza al aducir irregularidades. Ello incrementó la ira de Esparza quien tuvo una postura dubitativa. Por un lado, se resistía a caer en la provocación del gobierno a radicalizarse pero, por el otro, hablaba de emplazar a la empresa a huelga.

El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato. Un servicio eléctrico malísimo con precios altísimos que ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos. De esta forma, los contribuyentes de todo el país tenían que pagar 40 mil millones de pesos al año para subsidiar las prebendas de un sindicato con un contrato leonino. En medio de este debate, Esparza cometió un error. Inauguró un nuevo gimnasio del SME que había costado más de cien millones de pesos. La cancha era de la calidad de las que usan los equipos profesionales de basquetbol en Estados Unidos. Mientras el país padece una profunda crisis económica, el SME enseñaba sus excesos con cargo a los contribuyentes de todo México.

Pocos fueron los que salieron a la defensa del SME. Los usuarios, las verdaderas víctimas de la ineficiencia de Luz y Fuerza, por supuesto que no. A los medios llegaron montones de quejas que daban cuenta del mal servicio y la corrupción. Sólo los partidos de izquierda, sobre todo sus miembros más radicales, defendieron al SME debido a la alianza política que tenían. También otros sindicatos se solidarizaron, quizá por aquello de que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar”.

El gobierno se encargó de poner en la agenda el tema de Luz y Fuerza. El ambiente era inmejorable para liquidar a la empresa. Pero muchos nos preguntábamos si se atreverían. Y es que, en el pasado, el gobierno calderonista prometía mucho pero luego se echaba para atrás y entregaba resultados magros. No obstante, el 2 de septiembre el Presidente había ofrecido cambios de fondo. Más allá del discurso, tenía que demostrarlo. El sábado lo hizo. Se atrevió a lo que ningún otro Presidente se había atrevido desde los años ochenta: enfrentarse a uno de los sindicatos más poderosos y radicales de México liquidando la empresa pública más ineficaz de todas.

Ahora el servicio que daba Luz y Fuerza lo proveerá la que quizá sea la empresa pública más eficaz del país: la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una excelente noticia para todos los usuarios del centro de la República.

Imagino, también, que todos los beneficiarios del statu quo en México han de estar preocupados. El Presidente que prometió cambios de fondo está cumpliendo. Enhorabuena. Ya era tiempo.

El conflicto sindical sirvió para poner el tema de Luz y Fuerza como el principal asunto en los noticieros. Gracias a ello, la opinión pública conoció de la ineficiencia y la corrupción de una empresa controlada por su sindicato.

Corto circuito sindical

José A. Crespo

Al referirnos a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, y su sindicato, solemos hablar —no sin justificación— de mala administración, números rojos, despilfarro, aviadores, ineficiencia administrativa, subsidios injustificables y privilegios sindicales. Y, por lo mismo, muchos piden y esperan que en la actual coyuntura el gobierno de Felipe Calderón se vaya al fondo para remediar dicha situación (algo que el PAN debió hacer desde su arribo al poder, en éste y otros campos). Y que imprima a la electricidad mayor racionalidad productiva, administrativa y laboral. Lo cual exige una confrontación político-laboral con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La razón formal del actual conflicto es que el gobierno ha negado la “toma de nota” al ganador formal de la elección en que se renovó el liderazgo del SME. Eso, porque prevalece la incertidumbre sobre quién ganó en dicho ejercicio de democracia sindical: Martín Esparza (que se asume como líder reelecto) o su contrincante Alejandro Muñoz.

Dentro del viejo orden corporativo mexicano —aún vigente en virtud de la lánguida democratización del país—, el gobierno cuenta con la facultad de reconocer o no al liderazgo sindical, a partir de si éste ha sido elegido en apego a los estatutos del sindicato en cuestión. En otras palabras, la “toma de nota” no se concibe sólo como un trámite obligatorio por parte del gobierno (a través de la Secretaría del Trabajo), sino como un aval y la consecuente legitimación de los comicios internos. Javier Lozano decidió no extender dicho reconocimiento a partir de irregularidades denunciadas dentro del mismo sindicato. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) podría declarar nulos esos comicios, a solicitud de Muñoz. Y es que se presume incertidumbre sobre quién fue el favorito de los trabajadores, derivado de anomalías que opacan el resultado.

De acuerdo a la lógica electoral, cuando hay un número de votos irregulares (es decir, que sobran o faltan respecto del número de electores) que supere la diferencia entre primero y segundo lugar, no es posible saber con certeza qué candidato fue más votado. En nuestra legislación electoral, cuando se da esa circunstancia en alguna casilla, se estipula su anulación. Por cierto, en la misma circunstancia se encontraron, tanto la elección presidencial de 2006 como la interna del PRD, para elegir dirigente nacional en 2008. Pero en ambos asuntos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo caso omiso de la incertidumbre imperante y declaró un ganador (incurriendo así en una decisión política, más que jurídica). Lo cual, desde luego, no justificaría que ahora la Secretaría del Trabajo (y la JFCA) cayeran en la misma irresponsable omisión (aunque el gobierno del que forma parte haya emanado de una circunstancia parecida).

Dice Esparza que la toma de nota por el gobierno es un mero trámite administrativo (lo mismo argüía César Nava respecto del fallo del Tribunal Electoral, en 2006), y que no extenderlo (en automático, se entiende) implica vulnerar la autonomía sindical. Quizá (sólo quizá) eso sería así si hubiera consenso de los agremiados sobre el ganador legítimo, aun con algunas irregularidades no determinantes en el resultado. Pero dicho consenso no existe. Si los votos irregulares superan la diferencia que hay entre los contendientes, no es posible saber con certidumbre quién ganó, pues no se pueden adjudicar esos votos a ningún candidato, ni lógica ni jurídicamente.

Dice Esparza, en defensa de su triunfo (lo grado por 352 votos, menos de 1% respecto de los oficialmente emitidos), que no hay incertidumbre, porque el número de sufragios no supera al de electores: maneja 55 mil 520 emitidos de un padrón de 66 mil. Por lo cual, insiste, no pudo haber la inconsistencia que esgrimen sus adversarios internos y retomada por el secretario del Trabajo. Lozano responde que, de la documentación proporcionada por Esparza, hay al menos cerca de tres mil votos de más (diez veces más que la diferencia entre los contendientes). Habrá que esperar el dictamen de la JFCA sobre la validez o nulidad de ese ejercicio de presunta democracia sindical, y su argumentación respectiva.

Cinismo verde

SERGIO AGUAYO QUEZADA

Si existiera un concurso internacional de simuladores, el Partido Verde mexicano sería un fuerte candidato al oro. En su haber estarían los revolcones a la ética pública y la entronización del cinismo político.

Para la legislación electoral los partidos son entidades de “interés público”, que deben “ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático” y que sus declaraciones de principios son el marco que norma sus actividades y sus plataformas electorales. ¿Será?

Las propuestas electorales más exitosas de 2009 fueron la movilización para anular el voto y la estruendosa promoción de la pena de muerte hecha por el Verde. La hizo sin cambiar la letra de sus documentos básicos donde, enfáticos, aseguran que los derechos humanos tendrán “especial importancia”, y que entre ellos destaca el “derecho a la vida”.

Está además la equidad de género. La legislación mexicana impone a los partidos tener un 30% de mujeres en “las candidaturas a cargos de elección popular”. La exigencia tiene entusiasta acogida en los textos fundacionales del Verde. Cuando les estorbó la cuota de género, la botaron a un basurero sin separación de desechos: primero registran a mujeres como candidatos propietarios; cuando son elegidas piden licencia para ceder así la curul a los suplentes varones. En 2006 lo hicieron seis diputadas y dos senadoras; en el 2009 seis diputadas. Este año la maniobra provocó tanta indignación que el Verde reculó pero luego hizo que las damitas faltaran 10 veces consecutivas con lo cual esta semana deberán ser llamados los caballeros que esperan educadamente en la sombra.

Con otra simulación completa el trío. De acuerdo con la Constitución, los diputados representan a la ciudadanía que votó por ellos. En el caso del Verde, quienes cruzaron su emblema soñando con horcas, paredones o sillas eléctricas recibirán a cambio una telebancada integrada por personajes decididos a defender los intereses de las televisoras privadas.

Sigue entonces que el Verde ha edificado un sólido patrón de simulaciones que prefiguran “fraudes a la ley”. El término significa que se buscan las vulnerabilidades de la legalidad para violar la letra y el espíritu de la misma. En las irregularidades del Verde también hay manejos poco claros del dinero.

Poco antes de la elección de julio, Roberto Zamarripa, del Reforma (3 de julio del 2009), obtiene un video en el cual aparece un senador del Verde, Arturo Escobar, llegando con una bolsa Louis Vuitton a un aeropuerto de Chiapas poco antes de la elección federal del pasado julio. Cuando la Policía Federal le abre la afrancesada talega, le encuentran un millón 100 mil pesos en efectivo. El político y los policías salen de escena y cuando reaparecen, se observa al senador alejarse mientras se quedan atendiendo a la Policía “su particular” (del senador) y al dirigente del Verde chiapaneco, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien declara que el dinero es para “gastarlo ese domingo durante operativos del partido en Chiapas”. Es menester aclarar que los partidos tienen severas restricciones para el manejo de dinero en efectivo y que el PAN y el PRD presentaron una queja ante el IFE sin que sucediera nada.

El Verde no es el único simulador, pero si el más consistente y el que pone más empeño en difundir su credo corruptor. Pongo como ejemplo al flamante diputado del Verde, Pablo Escudero, quien hasta abril fue alto funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para luego brincar, sin rubor alguno, al partido promotor de la pena de muerte. Está tan desembocado el cinismo político que una de las primeras acciones del diputado Escudero fue proponer una reforma a la ley para impedir que el Congreso redujera el presupuesto de la CNDH.

Entiendo la imposibilidad de que el Instituto Federal Electoral atienda todos los posibles casos de simulación y/o fraude a la ley. Son muchos y muy variados. Sin embargo, el Verde es un caso tan paradigmático que sus contrapartes en Europa ya nos pusieron el ejemplo y dejaron de considerarlo, en febrero de 2009, “miembro de la familia política verde”.

Si el Verde ha recibido, entre 1997 y 2009, 2,717 millones de pesos sólo de financiamiento federal, ¿no valdría la pena que el IFE nos ofreciera una visión integral sobre la manera en que los ha empleado? En tanto eso no suceda, el Verde debería recatalogarse porque, más que un partido, es un grupo de interés, una sanguijuela que sangra las finanzas públicas aprovechándose de la indolencia de los árbitros y de la sociedad.

En tiempos tan críticos, la clase política tendría que corregir las simulaciones, sobre todo las más extremas y costosas. Prefieren deleitarse viendo al Verde ejecutar de manera ininterrumpida el vals de los simuladores.

Colaboró para este texto: José Stalin Muñoz.

Chile lidera en la región Índice de Desarrollo Humano

Colombia, Perú y Venezuela registraron los mayores avances en América Latina producto de mejoras en ingresos y en educación, según el PNUD. A nivel global, el indicador lo encabeza Noruega.

Bangkok. Noruega retuvo su posición como el país más conveniente donde vivir, de acuerdo a datos de la ONU divulgados este lunes, que ubican a los estados del África sub-sahariania asolados por la guerra y el sida como los sitios menos atractivos para residir. A nivel regional, Chile es el país mejor ubicado, mientras que Haití cierra la lista.

Datos recolectados antes de la crisis económica global muestran que la gente en Noruega, Australia e Islandia cuenta con los mejores estándares de vida, mientras que Níger, Afganistán y Sierra Leona tuvieron las peores calificaciones en términos de desarrollo humano.

El índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue elaborado usando datos del 2007 sobre producto interno bruto (PIB) per cápita, educación y expectativa de vida, y mostró marcadas diferencias entre el mundo desarrollado y en desarrollo.

"Pese a mejorías significativas a lo largo del tiempo, el progreso ha sido desigual", señaló el PNUD en una declaración. "Muchos países han experimentado reveses durante las décadas recientes, ante el empeoramiento de las condiciones económicas, crisis relacionadas con los conflictos y la epidemia de sida, y esto fue incluso antes de que se sintiera el impacto de la crisis económica global", agregó la agencia.

El PNUD, que publica anualmente el índice desde 1990, dijo que el desarrollo humano ha mejorado globalmente en 15% desde 1980.

Chile al frente. Entre los países latinoamericanos, Chile es el mejor ubicado en el ranking, en el puesto 44, y aunque tuvo una leve mejora en el índice, retrocedió un puesto respecto a la versión anterior.

Más atrás figuran Argentina, Uruguay y Cuba, en los lugares 49, 50 y 51 respectivamente. México aparece en el lugar 53, Venezuela en el 58, y Brasil en el 75.

Colombia quedó en el 77 y Perú en el 78, aunque ambos fueron los países de la región que registraron los mayores avances, con cinco puestos cada uno, mientras que Venezuela mejoró cuatro lugares. El incremento en estos países se explica por mejores ingresos y mayores expectativas de vida.

Ecuador, que experimentó el mayor retroceso de la región con tres lugares, figura en el puesto 80. Más atrás aparecen Paraguay (101), El Salvador (106), Honduras (112), Bolivia, (113), Guatemala (122), Nicaragua (124) y Haití (149).

Contrapuntos. De acuerdo al índice, la expectativa de vida en Níger es de 50 años, unos 30 años menos que en Noruega. Por cada dólar recibido por habitante en Níger, cada persona gana 85 en Noruega.

La mitad de la población en los 24 países más pobres era analfabeta, comparada con el 20 por ciento de las naciones ubicadas en los niveles medios de desarrollo humano, según el índice.

Los japoneses son los que más viven, con un promedio de 82,7 años, mientras que Afganistán tiene una expectativa de vida de 43,6 años.

Liechtenstein tiene el mayor PIB per capita, con 85.383 dólares por habitante en el pequeño principado que alberga a 35.000 personas, 15 bancos y más de 100 firmas de administración de riquezas.

La gente de la República Democrática del Congo es la más pobre, con un ingreso promedio por habitante de 298 dólares al año.

Lea completo el Informe de Desarrollo Humano.

¿China es comunista?

Santos Mercado

Tenía que verlo con mis propios ojos. Así que acepté la oferta de “viaje hoy y pague en doce meses sin intereses” y me fui a la República Popular de China. 18 días viajando de un lugar a otro, en avión, en tren, en barco o autobús a las ciudades, pueblos, centros comerciales, fábricas y museos.

La primera sorpresa que me llevé es que vi la fotografía de Mao Tse Tung, fundador del Partido Comunista, únicamente en dos instituciones públicas: en la Plaza de Tiananmen, en la capital de China, y en los billetes de todas las denominaciones. En ambas no aparece completo, sino solo la cara. No vi estatuas, ni aquellas pinturas famosas donde Mao aparecía rodeado del pueblo, han dejado de creer que los políticos son dioses, han enterrado el culto a la personalidad. Pero, qué ironía, la cara de Mao está en todos los billetes del Yuan Renminbi. Como sabemos, el dinero es el símbolo capitalista por excelencia pues representa la libertad del individuo, cosa que Mao trató de eliminar con su sistema socialista. Pues allí estaba, como recordándole a Mao, en su propia cara, que el capitalismo es el futuro de la humanidad y no el socialismo.

En Beijing, Xian, Chonqing, Shanghai, Suzhou y, por supuesto, en Hong Kong se puede palpar y constatar lo que es crecer a dos dígitos. Rascacielos que nada le piden a New York, con arquitectura moderna, de 60 pisos o más, y uno tras otro. Astilleros incontables a la orilla del río Yangtsé haciendo barcos de alto calado. No vi basura en las calles, ni graffitis en las paredes, barcos o trailers. Los chinos, muy amables con los turistas, así estuviera atiborrado el autobús o el metro, nos cedían los asientos, no lo podía creer. Podíamos andar a las dos o tres de la mañana en las calles, restaurantes, bares o teatros sin el temor de asaltos. Y no porque hubiera un policía en cada esquina, es más, sólo los vi guardianes y pocos en los museos o dirigiendo el tráfico. Nunca vi que detuvieran a un automovilista para infraccionarlo o algo parecido.

Todas las marcas de automóviles y especialmente las de mayor prestigio allí estaban rodando por las calles chinas. Los barcos en el Yangtsé parecían desfilar uno tras otro con una cantidad enorme de contenedores rumbo a los puertos de Shanghai o Hong Kong para embarcarse y llegar hasta el último rincón del mundo.

¡Que los chinos ganan poco! ¡ Que tienen sueldos de miseria? Pues yo no lo vi. Comparando las vestimentas, los turistas parecíamos pordioseros, bueno no tanto, pero visten buenas marcas y sobre todo los jóvenes visten bien y otros muy bien.

Contaban los guías que este desarrollo es reciente, no más de treinta años. En 1949 Mao Dze Dong encabezando el Partido Comunista toma el poder. Eliminó a los capitalistas del campo y la ciudad y estableció el poder central del Partido. Todo lo que se hacía o deshacía en China debía ser obra o iniciativa del gobierno y especialmente de Mao. Quien no obedecía, no tenía derecho a comer. Socialismo puro.

A pico y pala construyeron grandes canales y presas, cultivaron arroz hasta en los cerros más abruptos, todo mundo tuvo vestido (verde oliva o azul mezclilla) y todos tuvieron su ración de arroz, una hazaña para esos tiempos. Pero la gente se cansó, las críticas al socialismo chino emergieron, los jóvenes querían mejor futuro y Mao lanzó la Revolución Cultural para “erradicar las ideas burguesas” y los resultados fueron peores. En 1976 muere Mao, el pueblo le echa una lagrimita, nunca se supo si de tristeza o felicidad, y lo colocan en un sarcófago transparente, bien cerrado, para que no fuera a salir de nuevo. Millones de chinos lo fueron a ver para asegurarse de que ya no estuviera vivo aquél que les quitó la libertad de elegir.

Le pregunté a los jóvenes chinos su opinión de su viejo presidente comunista y todos me decían “Mao, hombre malo”, “Mao es historia”. Uno de ellos me dijo “Mao fue el último emperador de China”. Entonces quién es el bueno, les pregunté. Y la opinión fue invariable: El bueno es Deng Tsiao Ping, “el hombre que nos abrió el mundo”.

En efecto, en 1982 Deng, quien fuera enemigo de Mao dentro del Partido Comunista de China, pronunció una frase célebre: “ser rico no es malo”. Y fue la señal que detonó la revolución capitalista. Los chinos pudieron emprender negocios propios, se abrieron las fronteras al capital extranjero viniera de donde viniera (“no importa el color del gato, sino que cace ratones”, decía Deng), el gobierno se hizo a un lado para permitir el funcionamiento del mercado. Por cierto, no encontré estatuas ni fotos de Deng.

El Ejército Popular del Pueblo, que era el más grande del mundo, se redujo al 10% pues les dieron preferencia a los soldados para ir a trabajar a las fábricas capitalistas. A los campesinos se les permitió sembrar lo que quisieran, vender donde mejor les pagaran y usar las ganancias como mejor dispusieran, sin supervisión ni control del gobierno y el campo floreció y las ciudades dejaron atrás la escasez.

En 2004 se introdujo una inaudita reforma constitucional para garantizar el derecho a la propiedad privada. Ni el Estado, ni el Partido pueden violar el principio de propiedad privada. Es decir, no hay confiscaciones, nacionalizaciones, estatizaciones o algo parecido. Inaudito pues la propiedad privada es la base del sistema capitalista.

Según los chinos, en el año 2030 todos los chinos deben saber Inglés o español, aparte de su lengua nativa. No van a imponer su idioma al mundo y a los niños ahora se les enseña a escribir con las letras del castellano, y sólo hasta la secundaria aprenden los ideogramas del mandarín, pero sólo como cosa cultural. Es más, ya hay escuelas, desde primarias hasta universidades, donde todo se imparte en español o en inglés.

Mención especial merece saber que ya no hay “educación gratuita” en las universidades públicas. Si son universidades del gobierno los estudiantes pagan la mitad de lo que cobra una universidad privada. A los estudiantes sin recursos el gobierno les proporciona crédito que tendrán que pagar cuando salgan de las universidades. Es el primer país que entiende la maldad de la “educación gratuita”.

Por supuesto, a China le falta mucho para construir la mejor economía de mercado para que sirva de ejemplo al mundo: le falta privatizar todas las escuelas básicas y muchas empresas estatales; reducir los impuestos a las personas físicas al tres por ciento de su ingreso personal: eliminar los impuestos a las empresas; reducir el aparato de Estado para tener tres funcionarios por cada millón de de habitantes, pues en una verdadera economía liberal no hacen falta los parásitos estatales, pero sí hacen falta filósofos y economistas que defiendan el sistema de mercado y no permitan que lleguen los izquierdistas “redentores” a asaltar el poder para volver a esclavizar al pueblo. También tienen que avanzar en la reforma financiera y monetaria para que el gobierno deje al sector privado la administración del dinero y se evite la tentación insana del señoreaje; finalmente les falta quitar todas las barreras para que China se convierta en un país cosmopolita abierto a todo ciudadano del mundo que quiera vivir en paz. Pero no dudo que lo logrará y más pronto de lo que imaginamos. “Aquí no queremos política, sólo economía” me decían en Hong Kong. Por eso no se ven letreros de diputados, senadores, legisladores o gobernantes. ¿Quieres prosperar? allí está el mercado, ¡hazte millonario y todo el pueblo te tratará como un héroe de la nación!

Si México o cualquier país latinoamericano que todavía anda soñando con Marx y Keynes quiere descubrir el secreto de los chinos todo lo que tiene que saber es que allá sí se están esforzando por aplicar liberalismo puro, es decir, economía de mercado o capitalismo, como guste llamarle. Ya se están publicando los libros de Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises y Jesús Huerta de Soto.

Si usted sigue pensando que China es comunista, tome un vuelo y vea con sus propios ojos.

Las vacas flacas

Héctor Aguilar Camín


Siempre es mal momento para elevar los impuestos, pero no hay duda de que el peor momento es una recesión. Lo sugiere con plasticidad única el sueño del faraón que descifra José en el Antiguo Testamento.

Sueña el faraón años de vacas gordas y campos arados, y luego años de vacas flacas. José le advierte que vienen años buenos y luego, malos. Debe llenar los graneros en las vacas gordas para gastarlos en las flacas.

Es lo que deben hacer las haciendas públicas inteligentes y los gobiernos responsables. No es lo que ha hecho México con sus épocas de vacas gordas petroleras: la de José López Portillo en los años 80 y la de Vicente Fox en la primera década del siglo XXI.

En un dramático artículo sobre la declinación vertiginosa del campo Cantarell, luego de su explotación máxima en los años del gobierno de Fox, el ex director de Pemex Adrián Lajous recuerda y subraya dos hechos dramáticos:

1. En los últimos 30 años el petróleo ha dado a México la alucinante cantidad de 480 mil millones de dólares de dinero extra, dinero relativamente independiente, añado yo, de la productividad general de la economía mexicana. (“El ocaso de Cantarell”, Nexos, octubre 2009).

2. Dado el ocaso de Cantarell, y dada la absoluta falta de nuevos yacimientos de los que puedan esperarse rentas parecidas en el futuro previsible, la bonanza petrolera no sólo no volverá, sino que se aleja a pasos rápidos, en trancos de miles de millones de dólares por año, de nuestra economía.

La economía mexicana ha dejado de depender mayormente de la producción petrolera, que representa hoy sólo unos puntos del producto interno bruto nacional.

Los excedentes de Pemex, en cambio, representan 35 por ciento del presupuesto federal. El ocaso de Cantarell es en buena medida el ocaso de Pemex, y el ocaso de Pemex es el de la hacienda pública mexicana tal como la conocemos.

Podemos discutir si es el buen o el mal año para empezar a arreglar eso, pero no que estamos llegando al final de un ciclo histórico de vacas gordas y entrando en uno de vacas flacas.

Para los mexicanos esto quiere decir que en los siguientes años o pagan 35 por ciento más de impuestos o le quitan 35 por ciento de presupuesto a su gobierno. Ese 35 por ciento son como unos 65 mil millones de dólares cada año.

La opción de endeudarse para llenar el agujero, dado el tamaño del agujero, no puede sino conducir a un agujero mayor. En el supuesto de que alguien nos preste.

Los diputados que discuten los criterios del presupuesto del año 2010, en realidad empiezan a discutir sobre las vacas flacas del presupuesto federal de la siguiente década.

Extorsión

FEDERICO REYES HEROLES

El conflicto entre la Secretaría del Trabajo y el Sindicato Mexicano de Electricistas no es lo que aparenta. Una lectura superficial nos diría que de un lado están los trabajadores divididos y del otro la autoridad encargada de velar porque los procesos internos de las organizaciones sean limpios. Pero Luz y Fuerza vive, o quizá mejor, sobrevive gracias a los cuantiosos recursos del erario. Si fuera una empresa privada más, estarían en juego los recursos de los socios. Muy su asunto, pero al tratarse de una entidad sostenida por los causantes todos somos socios. Esos dineros son nuestros y como cualquiera que recibe dineros públicos, la empresa y su sindicato, nos tienen que rendir cuentas, tienen que explicar.

Tienen que explicar cómo le hacen para que una empresa que debiera ser rentable esté quebrada. Tan quebrada que deben más de 20 veces el valor de su empresa. (Ver Héctor Aguilar Camín, “Algo sobre el SME”, Milenio, oct 5). Tendrían que explicarnos por qué cada trabajador produce alrededor de un tercio de la energía de la que produce un trabajador de CFE. Por cierto un trabajador de CFE produce la mitad que un trabajador de Iberdrola o Enersis. Si un empresario privado firmara condiciones laborales onerosas para su empresa al grado de atentar contra el patrimonio, les deberá explicaciones a sus socios y deudores. Pero en este caso el patrimonio es de los mexicanos por eso están obligados a explicar por qué su régimen de jubilaciones hace inviable a la empresa. Son 63 mil personas (40 mil trabajadores y 23 mil jubilados) que afectan un servicio imprescindible para alrededor de 25 millones de mexicanos. Es una minoría privilegiada. Se calcula que la empresa podría funcionar con una cuarta parte del personal. Por eso no salen las cuentas.

Nos deben muchas explicaciones entre ellas la del cinismo de exigir el subsidio de 40 mil millones de pesos al año. ¡Y todavía se llaman a ofensa! Eso sí es perder el piso. Esa empresa le cuesta a cada mexicano anualmente 400 pesos, bebés, niños y ancianos incluidos. Con ese subsidio se podría construir otra refinería en tres años. Se podría duplicar las asignaciones a las familias más pobres del programa Oportunidades. Eso sí ayudaría a paliar la pobreza. Eso sí sería redistributivo y justiciero. Se niegan privilegios a un puñado y se entregan los recursos a los más pobres. Parte de nuestra debilidad para atender lo urgente se debe a los dineros que grupúsculos de privilegiados le sacan al erario, a los ciudadanos. Entre sus privilegios está recibir 350 K.W.H. Por solidaridad deberían de pasarle esos recursos a los hogares de niños o a los asilos. Esa sí sería una acción humanitaria.

La lista de explicaciones es muy larga. Imaginemos lo que se podría hacer con esos dineros en salud o educación o infraestructura. Que desfilen con sus argumentos, harían el ridículo. Por cierto hablan de sí mismos como si fueran una especie rara “los trabajadores”. ¿Y el taxista, la enfermera, el burócrata, quien atiende en una farmacia o en supermercado, qué son sino trabajadores? Es a esos trabajadores a los que este club de privilegiados les quita dinero. Es a ellos a los que perjudican con su mal servicio. El conflicto de Luz y Fuerza es un caso emblemático de la confusión de intereses del corporativismo degradado, de las corruptelas gremiales, de la extorsión a las autoridades y a los ciudadanos. Esa es la discusión de fondo. Es un asunto de estado.

Con una elección interior vergonzosa e indefendible, el SME se colocó en la mira. El Secretario del Trabajo simplemente cumple con el mandato de ley. Pero es tal la soberbia del SME, tal su lejanía del País (síndrome típico de los privilegiados) que pensaron que con un plantón -que por cierto afectó a cientos de miles de personas sin que les importara- lo iban a doblegar. Se equivocaron. Que hagan más bloqueos para que la opinión pública se entere de su desfachatez. Deberían estar metidos en un rincón y taparse la cara de vergüenza. Luz y Fuerza y el SME son casos emblemáticos de lo que debe desaparecer. Si algún partido o autoridad los apoya, pagará una factura muy cara. Allá ellos.

Todo indica que el presidente Calderón ha decidido enfrentar una de las peores lacras de nuestro País. Bien. Puede haber molestias y conflictos, pero el asunto vale la pena. Parte del carácter imperfecto de nuestra transición se explica por haber dejado intactos los poderes corporativos. El caso es indefendible y sería ejemplo de cómo los intereses de los más, de los ciudadanos, están siendo pisoteados por un grupo que ejerce la extorsión y que no conoce límites a sus privilegios. En ocasiones los avances suponen enfrentamientos. Se lo hemos reclamado a Calderón. Lozano ha tomado riesgos y eso destaca en un País en que pocos están dispuestos a asumir deberes incómodos. Ahora nos toca a los ciudadanos no amilanarnos, exigir cuentas de lo nuestro y encarar la extorsión que hiere nuestra libertad. Es un asunto de estado.

La sombra de Maquío

José A. Crespo

El pasado jueves se cumplieron 20 años de que Manuel Clouthier, Maquío, perdiera la vida en un accidente automovilístico. Evidentemente, cuando un personaje político de primer nivel fallece en condiciones anómalas, surge de inmediato la sospecha de que esa muerte haya podido ser inducida. Desde luego, las figuras públicas pueden y suelen ser víctimas de accidentes genuinos, pero tampoco es descabellado suponer que, en ciertas condiciones, puedan ser objeto de atentados disfrazados de contingencia. En el caso de Clouthier, en un primer momento no había motivos para suponer que el régimen vigente quisiera deshacerse de él; el peligroso, el latoso, el radical, era, en todo caso, Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo abrió un boquete en el PRI —que jamás habría de cerrarse— sino que escatimó verosímilmente el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Clouthier, es cierto, también cuestionó la legitimidad del triunfo de Salinas, pero no se adjudicó la victoria, sino que pedía la anulación por no ser posible saber con certeza cómo habían votado los electores.

Pero resulta que Clouthier también representaba una piedra en el zapato del gobierno, y de una parte del PAN que deseaba establecer una alianza político-económica con Salinas (Diego Fernández de Cevallos y Carlos Castillo Peraza), pues el ex candidato presidencial deseaba cerrar filas con el PRD, no ideológicamente, sino estratégicamente, para presionar al PRI a un cambio profundo en materia democrática. Clouthier propuso, por ejemplo, un magno acto bipartidista PAN-PRD en el Zócalo, un día antes de los comicios de 1989 en Baja California y Michoacán. La dirigencia panista lo impidió. Salinas requería para legitimarse en los hechos una reforma electoral, discutida en 1989, que debería contar con aval del PAN, pero que al mismo tiempo preservara la hegemonía priista en el Congreso. Por lo cual, la reforma daba pasos atrás en lo que tocaba a la representación legislativa: el PRI podría obtener más diputados con menos votos, fórmula inaceptable para el PRD. El PAN había hecho un acuerdo con el PRD para no avalar tal regresión. Sin embargo, se divulgó que el PAN sí aceptaría esa fórmula. Dos semanas después, murió Clouthier. Y dos semanas después de ese hecho, el PAN confirmó su pacto con el PRI. La explicación del viraje la dio Juan Miguel Alcántara, entonces negociador del PAN en el Congreso: “La advertencia del PRI al PAN fue clara y tajante: hay acuerdo o continúan los ‘huizaches’… Uno debe entender que hay momentos en los que se debe negociar con los hampones” (19/X/89).

A Clouthier no le convenció ese argumento (que, en efecto, era absurdo). Allegados y parientes señalaban, tras su muerte, que Maquío no avalaría la reforma electoral y que amenazaba con desacreditarla públicamente. Laura Clouthier, hija del líder panista, declaró, sobre la reforma de 1989: “Definitivamente, esto no es lo que hubiera querido mi padre, porque no se trata de una reforma democrática” (16/X/89).

El día del accidente, me llamó la atención que la dirigencia del PAN descartó la tesis del atentado, cuando el peritaje oficial se dio a conocer hasta tres días después. ¿No era más sensato esperar los resultados del peritaje antes de pronunciarse? Pero la familia Clouthier no quedó conforme con esa versión y encargó otro peritaje a un despacho estadunidense, que le aseguró que no, que no había sido accidente. Por eso mismo Vicente Fox, pupilo político del Maquío —“mi padrino y el mejor ejemplo a seguir”— no quedó convencido de la muerte accidental de su mentor: “Estos cabrones lo mataron… Creo que nunca me quitaré la duda de que se trató de un crimen” (A Los Pinos, 1999). Pero la duda se esfumó durante su paso por el poder, pues al referirse a ese episodio en 2007, ya sólo escribió: “Los técnicos no encontraron prueba que confirme la teoría del asesinato; el análisis de la escena del crimen indicó que el camionero simplemente se había desviado hacia el tráfico que venía en sentido contrario” (La revolución de la esperanza, 2007). En su momento, Fox respaldó la posición de Clouthier: una alianza estratégica con el PRD para empujar la democracia. En cambio, condenaba la de Fernández de Cevallos: aliarse al PRI para respaldar el modelo económico vigente, relegando por ende la democratización. Ya en el poder, Fox cambió de chaqueta.

Allegados y parientes señalaban, tras su muerte, que no avalaría la reforma electoral.

Futurismo

FEDERICO REYES HEROLES

Será acaso que la falta de democracia durante décadas elevó indebidamente nuestro margen de tolerancia. Pudiera ser también la poca exigencia de los mexicanos hacia sus políticos provocada por los bajos niveles de escolaridad o la escasa participación ciudadana o el presidencialismo. Explicaciones hay, pero el hecho concreto es que la política nos está costando demasiado.

Nos cuesta no sólo por los muchos dineros institucionales que se tienen que canalizar a los 32 institutos electorales estatales más el federal; a ello hay que sumar el presupuesto de los 32 tribunales locales más el federal con sus salas regionales. El gasto de las decenas de millones de spots que se transmiten en tiempos de estado y que, para todo fin práctico, tienen un valor económico, que no ha sido contabilizado. El dinero que se destina a los partidos políticos es muchísimo y en ocasiones no sabemos a dónde va a dar. Lo peor es el resultado: una percepción ciudadana de una terrible falta de eficacia de los legisladores en particular. Pero no todos los costos los registra el presupuesto. Hay otros costos aun mayores. Quizá el más grave sea el costo de la politiquería que alude a situaciones futuras sin ningún sustento, el perverso futurismo.

En el 2009 la prensa está ya repleta de cálculos simplones sobre el 2012. Que si el PRI se encuentra demasiado bien posicionado como para correr el riesgo de aprobar una reforma fiscal que sea impopular. Que si el PAN no cuenta con figuras fuertes. Que si el PRD podría resurgir de sus cenizas y un largo etcétera.

El hecho concreto es que ese futurismo pretende justificar que no se tomen las decisiones necesarias para impulsar al País a una nueva etapa del crecimiento. Las decisiones importantes se posponen y se posponen argumentando un “costo político” que nadie quiere pagar. Pero ¿de verdad existe tal “costo político”? Cualquier reforma importante, por ejemplo una modificación constitucional, tendría que ser aprobada por los dos partidos mayoritarios, el PRI y el PAN, en ese orden. ¿Cómo cobraría el ciudadano ese “costo político”? ¿Acaso votando por el PRD? La tesis es insostenible. La mayoría de los panistas, allí están las cifras, nunca votaría por el PRD y sólo un grupo pequeño de los priístas lo haría. Las mayorías en este País se conforman ya por ciudadanos de centro que no militan en los partidos y que están dispuestos a cambiar su voto. Todo depende entonces de lo que ese ciudadano, que no responde a los gremios, sienta como efecto de una medida.

Si un ciudadano está enojado con un gravamen aprobado por el PRI y el PAN y decidiera votar por una tercera opción, el PRD, tendría que estar dispuesto a sacrificar su voto por la Presidencia. Con el 80% de la votación todo indica que sólo el PRI y el PAN están hoy en posibilidades de ganar la Presidencia. Todo lo demás es especulación pura. Un PRD en el sótano, dividido y sin un candidato fuerte, no parece una opción viable. Ese es el costo de los cacicazgos y las payasadas sin fin. El ciudadano ya habló al respecto el 5 de julio. Entre los dos partidos más fuertes hoy es imposible hacer pronósticos serios, de ahí lo absurdo de posponer decisiones.

En el 2000 Ernesto Zedillo gozaba de una amplia aprobación y la economía crecía al 7%. En enero de ese año el candidato del PRI llevaba una ventaja de más de 10 puntos porcentuales. ¡Y ganó el PAN con Vicente Fox a quien tres años antes casi nadie conocía! Hace seis años todo mundo hablaba de Creel, de López Obrador y de Montiel. A Felipe Calderón lo conocía algo así como el 6% de la población ¿quién es el Presidente hoy? Ese desconocido de entonces. En el 2009 es imposible hacer cálculos fundados sobre el 2012. Mucha agua habrá de correr todavía. Por eso quienes invocan ese futuro para no tomar decisiones son, en primer lugar unos ignorantes, en segundo unos comodines y miedosos que quizá tampoco tomarían una decisión así tuvieran la victoria en la mano.

El futurismo está paralizando a México. La decisión sobre quien gobernará este País a partir de 2012 se tomará en ese año. Tenemos dos años muy buenos para tomar las medidas, dolorosas algunas, que el País requiere. Demos a la política el espacio que merece pero no más. En el 2010 y en el 2011 los señores legisladores se deberían abocar a solucionar los problemas nodales: fiscal, laboral, seguridad, energía. Llegue quien llegue en el 12 más vale que las finanzas públicas sean solventes y que México esté creciendo. Que el País esté mejor en el 12 no imposibilita que la oposición pueda conquistar la Presidencia, de nuevo la buena herencia de Zedillo y el triunfo de Fox. Si las medidas se posponen quien llegue encontrará los actuales problemas pero agravados.

Qué tanto se puede avanzar en dos años. Mucho sería mi respuesta. El crédito se lo llevaría la política mexicana, crédito que buena falta le hace. Mucho, sobre todo si condenamos el inútil futurismo y primero se piensa en México. A trabajar.

Respuesta a Carlos Salinas

Javier Corral Jurado

El 27 de septiembre, el ex presidente Carlos Salinas declaró que se sentía sorprendido por las críticas que le hice durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, “porque Corral solía ir a mi domicilio a pedirme apoyo”. Rechazo de manera absoluta haberle pedido favor alguno. Nunca he tratado asuntos personales con él, ni con ningún otro ex presidente o presidente en turno. Esta respuesta de Salinas es una treta con la que pretende salir al paso de las delicadas acusaciones que hizo en su contra el ex presidente Miguel De la Madrid y que he referido en el debate parlamentario.

En efecto, me he reunido con Salinas, siempre a petición de él, a través de otras personas, amigos en común. Debo abundar en algunos detalles sobre cómo se produjo nuestro primer encuentro, en La Habana, Cuba, en 2001.

Tras uno de mis encuentros con el comandante Fidel Castro, éste me transmitió la petición del ex presidente Salinas de verse conmigo al término de nuestra reunión. “No sé cómo se ha enterado él de que tú estás acá”, me dijo. El comandante apuntaló esa petición con comentarios que fueron suficientes para mí para entender que también a él le gustaría que se produjera la entrevista. Acepté.

Nos vimos en su casa de La Habana. Comimos él y yo solos, aunque pude saludar a su esposa. Platicamos de la difícil situación de Cuba, pero también de sus logros, sus avances sociales, y surgió entre nosotros el tema de los medios de comunicación. Se interesó por mi trabajo sobre una nueva legislación para los medios electrónicos. Él se sentía particularmente maltratado por los medios, me comentó algunas cosas sobre la persecución de Zedillo en su contra: lo desprestigiaba por envidia y para sacudirse del error de diciembre.

Se quejó de Liébano Sáenz. Me dijo Salinas que durante su desempeño como secretario de Zedillo, Liébano estaba más interesado en mandarle las cámaras de Televisa afuera de su casa cada que regresaba a México. Yo le platiqué de un encuentro que había tenido con Bernardo Gómez y Emilio Azacárraga Jean, en una comida a la que me invitaron a Televisa. La reunión fue cordial y me quedé con la idea de que quería abrir una relación personal conmigo y que buscaba aliados contra Televisa y Zedillo. Ante tal intención no hice ningún compromiso ni tácito ni expreso con él.

Los siguientes dos encuentros se dieron ya instalado el ex presidente en México, y en efecto, en su casa. Concertó las citas un amigo mutuo, Pepe Carreño Carlón. Cuando el comandante Castro me propuso el encuentro, no tenía idea de qué quería tratar el ex presidente conmigo pero tenía curiosidad no sólo como el político que soy, sino como el alma periodística en vilo que llevo dentro de mí.

Después de esas reuniones no he vuelto a ver a Salinas; recientemente he leído de él. Supongo que persiste en su afán de “limpiar” su imagen y quiere “ensuciar” a quienes lo criticamos. Intenta sembrar dudas sobre la honorabilidad de sus “enemigos”; por eso sugiere que le pedí dinero. Falso. Cree que invitar a alguien a platicar con él basta para que éste caiga a sus pies.

Tengo debilidades, pero el dinero no es una de ellas. No me encandila el oropel. Hablo y escribo en lo que creo y no lo hago para extorsionar a nadie. Me adhiero a causas en las que creo que la razón y la justicia las asisten. No chantajeo a nadie; me parece mezquino. Converso y discuto con hombres o mujeres interesantes o inteligentes de todos los credos políticos, a varios los estimo, pero nuestras conversaciones no pretenden que cambiemos de opinión ni de posición política.

El motivo del malestar del ex presidente surge por mi posición crítica cuando le pregunté al Presidente por qué no se abrió una investigación por las declaraciones de Miguel de la Madrid de que Salinas y su familia habían favorecido a narcotraficantes durante su administración. Después la opinión pública supo de la presión ejercida por Salinas contra de la Madrid, que terminó cuando éste este se declaro mentalmente incapaz. Retractación que nadie creyó que fuese cierta. Sigo pensando que el gobierno debe investigar y hacer públicas las investigaciones sobre esta acusación.

Diputado federal por el PAN

¿Qué va a pasar en Honduras?

Andrés Oppenheimer

En medios diplomáticos internacionales se están manejando tres desenlaces posibles de la peculiar crisis política de Honduras, un país con dos presidentes --uno de ellos de facto, y el otro sin poder pero con reconocimiento externo-- desde el retorno al país del destituido presidente Manuel Zelaya.

El resultado final dependerá en última instancia de que Zelaya, quien se refugió en la embajada brasilera de la capital hondureña, consigue suficiente apoyo en las calles como para que el país se vuelva ingobernable, y provoque una intervención de las Naciones Unidas que logre reinstalarlo en el poder.

``Finalmente, todo va a depender de cuál de los dos presidentes tenga más peones'', dijo un bien situado embajador latinoamericano, empleando una metáfora ajedrecística. ``Si hay grandes tumultos callejeros y muertes, es más probable que Estados Unidos y los países latinoamericanos aumenten la presión para que Zelaya sea repuesto en el cargo''.

Estos son los principales escenarios que se vislumbran en Honduras:

• Escenario 1: ``Caos, seguido de intervención de la ONU''. Los partidarios de Zelaya se lanzan a las calles, provocando una represión aún mayor por parte del gobierno de facto del presidente Roberto Micheletti. Hay muertos y heridos. El presidente venezolano Hugo Chávez alega que se está cometiendo un ``genocidio'' del pueblo hondureño.

El gobierno Micheletti decide sacar a Zelaya por la fuerza de la embajada brasilera y arrestarlo, invocando un fallo de la Suprema Corte que ordena el arresto de Zelaya desde antes de que este fuera destituido el 28 de junio, por la violación de leyes constitucionales que le impedían presentarse para una reelección.

Además de cortar el suministro de agua y electricidad a la embajada brasilera, el gobierno de Micheletti fuerza a Zelaya a abandonar el edificio bombardeándolo con música de rock heavy metal, como lo hizo Estados Unidos cuando el ex dictador panameño Manuel A. Noriega se refugió en la embajada del Vaticano en Panamá en 1990.

Brasil pide al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga en la crisis hondureña. A diferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU puede enviar tropas de paz a un país cuando el Consejo de Seguridad determina que existe riesgo de violencia regional. Tal como ocurrió en el caso de Haití en 1994, cuando el Consejo de Seguridad envió una fuerza multinacional para restablecer en el poder al destituido presidente Jean-Bertrand Aristide, las tropas de paz de la ONU aterrizan en Honduras para restablecer a Zelaya en el poder y supervisar el proceso electoral.

• Escenario 2: ``Caos pasajero, seguido de elecciones''. Zelaya permanece refugiado en la embajada brasilera y el gobierno de Micheletti logra restablecer el orden. Después de algunos días agitados, las cosas vuelven a la normalidad, y la crisis hondureña empieza a esfumarse de los titulares.

Washington y los países latinoamericanos empiezan a evaluar la posibilidad de aceptar los resultados de las elecciones del 29 de noviembre convocadas por el gobierno de Micheletti.

Varios países empiezan a argumentar que la mayoría de las actuales democracias latinoamericanas nacieron de elecciones convocadas por dictaduras. Además, alegan que el golpe de Honduras no fue un golpe militar tradicional, porque sus líderes en ningún momento pretendieron quedarse en el poder.

``Puede consolidarse la idea de que estamos frente a un nuevo tipo de golpe, un golpe correctivo, que no pretende una permanencia en el poder por años sino bloquear una acción presidencial [ilegal] y relanzar el juego democrático a los pocos meses'', me dijo Dante Caputo, ex canciller y actual asesor especial del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.

• Escenario 3: ``Un gobierno de unidad nacional''. Micheletti y Zelaya empiezan a negociar un gobierno de coalición con alguna representación de Zelaya en el poder, para darle a todo el mundo una salida elegante, sin perder imagen. El nuevo gobierno, basado en los acuerdos de San José propuestos por el presidente costarricense Oscar Arias, supervisa las elecciones de noviembre.

Mi opinión: Como soy un optimista por naturaleza, creo que veremos algo cercano al tercer escenario. Tal vez urgido por la amenaza de una intervención de la ONU, el gobierno de Micheletti probablemente se vea forzado a aceptar un diálogo tendiente a garantizar el reconocimiento internacional de las elecciones de noviembre. Y si eso no ocurre, lo más probable es que el nuevo gobierno electo convoque a nuevas elecciones --bajo supervisión internacional-- para lograr que se levanten las sanciones económicas contra Honduras.

En cualquiera de ambos casos, como suele ocurrir, lo más probable es que se llegue a una solución negociada, y que los protagonistas de esta crisis pasen al olvido. Ninguno de los dos presidentes brilla por su sabiduría, ni por su carisma. Me sorprendería mucho que dentro de algunos años podamos recordar los nombres de Zelaya y Micheletti, y eso es lo mejor que puede ocurrir.

El ogro exigido

Denise Dresser.

Quizás lo odien y quizás lo amen, pero muchos mexicanos no quieren vivir sin su apoyo. El Estado patrimonialista y a la vez protector. El Estado rapaz y también dadivoso. El Estado que construye el capitalismo mexicano y asimismo crea sus enormes ineficiencias. El “ogro filantrópico” cuyo origen y funcionamiento describió tan bien Octavio Paz. Grande. Monstruoso. Con un apetito voraz. Acostumbrado a extraer y a gastar, a succionar y a despilfarrar, a financiar clientelas vendiendo petróleo y a vivir de su producción. Hoy obligado por la crisis a cazar cuerpos entre los contribuyentes cautivos. Pero la paradoja es que pocos quieren aprovechar la oportunidad para domesticar al ogro u obligarlo a comer menos y mejor. Prefieren alargar la vida del monstruo antes que combatirlo. Y no hay mejor ejemplo de la relación ambigua, contradictoria, de amor-odio con nuestro ogro mexicano que el paquete económico, junto con las reacciones que ha provocado.

Para el Gobierno de Felipe Calderón, parecería que el problema más preocupante es que el ogro se está quedando sin su alimento habitual. Por eso el paquete propuesto pone tanto énfasis en la recaudación. Por eso le da una prioridad menor a la racionalización del gasto y no plantea una vinculación mayor entre la política fiscal y la promoción del crecimiento. De lo que se trata es de nutrir al ogro para que pueda seguir siendo filantrópico; para que pueda seguir paliando la pobreza a través de iniciativas dispersas; para que pueda seguir siendo un Estado dadivoso y redistributivo. Y como el ogro posrevolucionario fue concebido con una política de privilegios, exenciones, prebendas y prestaciones que aseguran el apoyo político, la propuesta calderonista opta por no tocarlas. Busca ampliar la base fiscal del Estado, pero sin afectar los intereses (sindicales, empresariales y partidistas) que lleva décadas protegiendo. Su idea es parchar el traje del ogro filantrópico, pero no cambiar los términos de su actuación.

Para el PRI el imperativo es nuevamente colocar al ogro a su servicio. Apoyar, de ser necesario, el aumento en la recaudación para ponerlo a disposición de los gobernadores. Condicionar el incremento a los impuestos a cambio del control priísta a nivel de los estados del programa Oportunidades. Concederle quizás una “victoria” al Gobierno a cambio de obtener recursos con los cuales construir clientelas y ganar la elección de 2012. Aceptar quizás ciertos elementos de la propuesta fiscal, pero sin tocar los regímenes especiales y las exenciones que benefician a los miembros tradicionales de su base electoral. El PRI parió al ogro filantrópico y logró mantenerse en el poder gracias a las redes que ese monstruo tejió en el sindicato de Pemex y en el SME y el SNTE y entre la cúpula empresarial adiestrada en el arte de la evasión fiscal. Al PRI no le quita el sueño que la situación existente promueva el rentismo permanente y el crecimiento ausente, la concentración de la riqueza y la persistencia de la inequidad. Lo que busca es regresar al poder, montarse sobre el ogro y después verá si necesita adelgazarlo o encontrar fuentes alternativas para su alimentación. Por lo pronto, quiere que el ogro distribuya más dádivas a su base.

Para los partidos y la burocracia y la casta política del País, pocas cosas peores que adelgazar al ogro o cuestionar el costo de su comportamiento. Bajo la sombra de su gran cabeza han florecido los sueldos de magistrados, los bonos de consejeros, los seguros médicos de diputados, los aviones de gobernadores, los automóviles de funcionarios, las acciones en clubs de golf para directores generales, las prestaciones desorbitadas de funcionarios públicos a todo nivel. Como bien lo señala Octavio Paz, el Estado mexicano hizo algo más que crecer y enriquecerse; hizo crecer y enriquecerse a quienes acompañaron y aplaudieron su gestión. Esa gran “familia política” ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo y paisanaje. Esa red que aplaude las propuestas de austeridad, siempre y cuando no afecten su sector. Esa visión patrimonialista del sector público que lleva a numerosas dependencias a solicitar incrementos en su presupuesto, aún a pesar de la crisis.

Pero quizás el comportamiento más contraproducente en esta coyuntura es el de los ciudadanos. Los que denuncian al ogro pero perpetúan su existencia. Los que rechazan de tajo cualquier aumento en los impuestos, sin pensar en cómo podrían cambiar al País si comenzaran a pagarlos. La única manera de encoger al humanoide horripilante que ha asolado a los mexicanos es empujándolo a alimentarse de otra manera. Obligándolo a ponerse a dieta. Forzándolo a depender de los contribuyentes y no del petróleo. Obligándolo por ello a rendir cuentas por cada peso más que se le da. Forzándolo a mejorar la representación democrática de aquellos que lo financian. Porque de otra manera, el Estado mexicano jamás logrará modernizarse; continuará siendo un ogro filantrópico que los ciudadanos dicen odiar, pero cuya supervivencia exigen.

¿Fue la desregulación la causante de la crisis financiera?

Mark Calabria

El relato popular en Washington es que una década de desregulaciones permitió y alentó los excesos de Wall Street, lo cual desembocó en la crisis financiera actual. Sin ningún cuestionamiento, esta novela probablemente servirá de base para cualquier reforma financiera. Implementar medidas de este tipo basadas en fundamentos así de defectuosos solamente asegurará que las próximas crisis financieras sean más frecuentes y más severas.

¿Desmantelando el Estado regulador?

Aunque es la calidad y el fundamento de la regulación lo que tiene que estar en el centro de cualquier debate respecto al papel de las regulaciones en la crisis financiera, una manera directa de cuantificar las regulaciones es calculando los dólares del presupuesto y la cantidad de personas que trabajan en las agencias de regulación financiera. En un estudio para el Mercatus Center, Veronique de Rugy y Melinda Warren descubrieron que lo asignado para gastos por regulación bancaria y financiera aumentó de únicamente $190 millones en 1960 a $1.900 millones en 2000 y a más de $2.300 millones en 2008 (en dólares constantes de 2000).

Enfocándose específicamente en la Comisión de Valores e Intercambios (SEC, por su sigla en inglés) —el ente encargado de regular a Wall Street—las asignaciones presupuestarias bajo el presidente George W. Bush aumentaron en términos reales en más del 76 por ciento, de $357 millones a $629 millones (en dólares constantes de 2000).

No obstante, los dólares en presupuestos no siempre se traducen en más agentes supervisores—todos esos dólares extras pudieron haberse gastado en el nuevo y lujoso edificio de la SEC. En realidad, gran parte del abultado presupuesto de la SEC fue destinado a la contratación de más personal, del equivalente de 2.841 empleados a tiempo completo en 2000 a 3.568 en 2008, un aumento del 26 por ciento. El tamaño del personal de la SEC es más de ocho veces aquel de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC, por su sigla en inglés), por ejemplo, la cual supervisa miles de productos de consumo al año.

Cifras comparables para agencias reguladoras de la banca muestran un pequeño declive en funcionarios de 13.310 en 2000 a 12.910 en 2008, aunque esto se debe completamente a reducciones de personal en los bancos regionales de la Reserva Federal producto de cambios en sus actividades para efectivizar cheques (las cuales se hacen ahora en gran medida de manera electrónica), y en la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés), conforme fue reduciéndose su personal de resolución que trataba de sanear los quiebras bancarias de los noventa. Otras agencias de regulación bancaria, tales como la Oficina del Controlador de la Moneda—la cual supervisa bancos nacionales como Citibank—aumentaron considerablemente el tamaño de su personal entre 2000 y 2008.

Otra forma de cuantificar las regulaciones es mediante el número absoluto de normas emitidas por un departamento o agencia. El principal regulador financiero, el Departamento del Tesoro, el cual incluye tanto a la Oficina del Controlador de la Moneda como a la Oficina de Control de las Cajas de Ahorro, vio el promedio anual de nuevas regulaciones propuestas aumentar de alrededor de 400 en los noventa a más de 500 en esta década. Durante los noventa y los 2000, la SEC emitió aproximadamente 74 regulaciones al año.

Dejando a un lado la interrogante de si los reguladores de la banca y los valores estaban haciendo su trabajo de manera agresiva o no, una cosa queda clara: en años recientes hemos experimentado un número creciente de reguladores en acción y un número creciente de regulaciones.

Gramm-Leach-Bliley

Un punto central para cualquier aseveración de que la desregulación causó la crisis es la ley Gramm-Leach-Bliley. La esencia de Gramm-Leach-Bliley es la derogación de la ley Glass-Steagall de la época del Nuevo Trato, la cual prohibía mezclar la banca comercial con la banca de inversión. Los bancos de inversión asisten a las corporaciones y a los gobiernos al financiar, mercadear y asesorar sobre deuda y patrimonio emitido. En muchas ocasiones también realizan grandes operaciones comerciales en las que compran y venden valores financieros tanto a nombre de sus clientes como a nombre propio. Los bancos comerciales aceptan depósitos asegurados y hacen préstamos a hogares y negocios. La crítica sobre la desregulación establece que una vez que el Congreso abrió el camino para que se fusionaran los bancos comerciales con los de inversión, los bancos de inversión se vieron incentivados a tomar mayores riesgos, al tiempo que se reducía la cantidad de patrimonio que se les requería tener contra los activos denominados en dólares.

Sin embargo, hay preguntas acerca de cuánto impacto tuvo la ley en los mercados financieros y si esta tuvo influencia alguna en la crisis actual. Incluso antes de su aprobación, los bancos de inversión ya tenían permiso de comerciar y tener los mismos activos financieros que se encuentran en el centro de la crisis: valores respaldados por hipotecas, derivados, garantía contra incumplimiento de obligaciones, obligaciones de deuda colateral (CDO, por su sigla en inglés). El cambio en las actividades de los bancos de inversión hacia portafolios comerciales importantes se debió al aumento en su base capital, lo cual fue el resultado de que muchos de los bancos de inversión se habían convertido en empresas transadas en bolsa, una estructura permitida bajo la ley Glass-Steagall.

Segundo, muy pocas empresas con intereses financieros decidieron combinar actividades de banca de inversión con aquellas de banca comercial. Los dos bancos de inversión cuyos fracasos han llegado a simbolizar la crisis financiera, Bear Stearns y Lehman Brothers, no estaban afiliados a ninguna institución que captara depósitos. En cambio, si Bear o Lehman hubieran contado con una fuente grande de depósitos asegurados, probablemente habrían sobrevivido sus problemas de liquidez a corto plazo. Como el ex presidente Bill Clinton le dijera a Business Week en 2008, “No creo que firmar esa ley tuviera algo que ver con la crisis actual. De hecho, una de las cosas que ha ayudado a estabilizar la situación actual es la compra de Merrill Lynch por parte de Bank of America, lo cual fue mucho más fácil de lo que hubiera sido si yo no hubiese firmado esa ley”.

Gramm-Leach-Bliley ha sido presentada tanto por sus defensores como por sus detractores como una revolución en cuanto a servicios financieros. Sin embargo, la ley en sí tuvo poco impacto sobre las actividades comerciales de los bancos de inversión. Las actividades fuera del balance general de Bear y Lehman eran permitidas antes de que esa ley se aprobara. Ni tampoco estas actividades comerciales socavaron a algún banco comercial afiliado ya que Bear y Lehman no tenían bancos comerciales afiliados. Adicionalmente, esos grandes bancos que sí combinaron la banca de inversión con la comercial han sobrevivido a la crisis de mejor forma que aquellos que no lo hicieron.

¿La SEC desreguló a la banca de inversión?

Una de las supuestas “desregulaciones” producto de la mezcla de la banca de inversión con la comercial fue el aumento en el apalancamiento de los bancos de inversión permitido por la SEC. Luego de que muchos bancos de inversión se volvieron empresas con participación financiera, los reguladores europeos procedieron a someter a las sucursales europeas de estas empresas a las regulaciones de capitales dictadas por Basilea II, una serie de recomendaciones para la regulación de capitales bancarios desarrollada por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, una organización de reguladores de banca internacional. Con el fin de proteger su territorio frente a los reguladores europeos, la SEC implementó un plan similar en 2004.

No obstante, la reducción en las proporciones de capital para los bancos de inversión realizada por la SEC no fue simplemente un cambio en las reglas existentes. La SEC vio la norma como un paso más allá de su mandato tradicional de proteger al inversionista hacia uno de supervisar todas las operaciones de un banco de inversión. El uso voluntario de las regulaciones de Basilea sobre los capitales fue visto como solo una pequeña parte de un sistema de regulaciones significativamente ampliado, como lo expresó el vocero de la SEC, John Heine: “La norma de 2004 emitida por la Comisión fortaleció la supervisión de los mercados de valores, porque antes de su adopción no había supervisión formal, requisitos de liquidez, y tampoco habían requisitos de capital para las compañías propietarias de banca de inversión”.

Los requisitos más estrictos le dieron a la SEC responsabilidades más amplias en términos de supervisión prudencial de los bancos de inversión y las compañías propietarias de éstos.

Los derivados como una trampa financiera

Luego de Gramm-Leach-Bliley, la aseveración más común que se hace cuando se culpa a la desregulación es que tanto el Congreso como los reguladores ignoraron las múltiples advertencias acerca de los riesgos involucrados en los instrumentos derivados, particularmente las garantías en contra de incumplimientos de obligaciones (CDOs), y eligieron no imponer la regulación requerida. En 2003, Warren Buffet llamó a los derivados “armas de destrucción financiera masiva”, y advirtió que la concentración de riesgo de los derivados en unos cuantos actores constituía “serios problemas sistémicos”. Buffet no estaba solo en clamar por una regulación a los derivados.

Pero, ¿habría prevenido la crisis financiera un poco más de regulación sobre los instrumentos derivados?

Durante la presidencia de Brooksley Born al frente de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC, por su sigla en inglés), ella publicó un estudio conceptual delineando cómo la CFTC debería abordar la regulación de los derivados. Sus sugerencias fueron severamente criticadas tanto por miembros de la administración Clinton, incluyendo a Robert Rubin y a Larry Summers, y por los principales miembros de los comités de supervisión de la CFTC en el Congreso.

La principal sugerencia de Born era requerir que los instrumentos derivados fueran negociados a través de un intercambio regulado por una contraparte central, una propuesta actualmente promovida por el secretario del Tesoro. Timothy Geithner. Actualmente la mayoría de los derivados son negociados como contratos individuales entre dos partes, cada una siendo una contraparte del otro, con cada parte asumiendo el riesgo de que el otro puede que no sea capaz de cumplir sus obligaciones contractuales. Una contraparte central se colocaría entre los dos lados de un contrato de derivados, garantizando el desempeño del uno con el otro. Los que proponen este método dicen que una contraparte central habría prevenido la concentración de riesgo de derivados en unas pocas entidades, tales como AIG, y hubiera prevenido el riesgo sistémico que surgió de los lazos entre AIG y sus diversas contrapartes.

El defecto más básico de tener una contraparte centralizada es que no reduce en nada el riesgo, simplemente lo concentra. También aumenta las probabilidades de un salvataje con dinero del contribuyente, ya que es más probable que el Estado intervenga y salga al rescate de una caja de compensación centralizada que al de empresas privadas. En el caso de AIG, el vicepresidente de la Reserva Federal, Donald Kohn, le afirmó al Comité de Banca del Senado que el riesgo para las contrapartes con derivados de AIG no tuvo nada que ver con la decisión de la FED de rescatar a la aseguradora, y que todas sus contrapartes habrían sobrevivido una mora de pagos por parte de AIG. El propósito de una caja de compensación centralizada es permitirles a los usuarios de los derivados separar el riesgo del contrato de un derivado del riesgo de una mora por parte del emisor de dicho contrato en los casos en que el emisor no esté en capacidad de cumplir con sus obligaciones. Dicho arreglo podría de hecho aumentar la demanda y el uso de los derivados.

Los que proponen una mayor regulación de los derivados también ignoran el hecho de que gran parte del uso de éstos por parte de los bancos es el resultado directo de la regulación, en lugar de la ausencia de ésta. Hasta el tanto los derivados tales como las garantías contra incumplimiento de obligaciones (CDOs) reduzcan el riesgo de los préstamos o valores que tienen los bancos, las regulaciones de Basilea permiten que los bancos reduzcan el capital que tienen como respaldo a dichos préstamos.

Una de las propuestas de Born era imponer requisitos de capital a los usuarios de los derivados. Eso ignora la realidad de que a las contrapartes ya se les requiere que declaren su colateral cuando utilizan derivados. De hecho, no fue el fracaso de su posición en derivados lo que resultó en el colapso de AIG sino más bien un aumento en los pedidos de más colateral que hicieron sus contrapartes.

Los derivados no crean pérdidas, simplemente las transfieren; por cada pérdida en una posición de derivados hay una ganancia correspondiente del otro lado; las pérdidas y ganancias siempre suman cero. El valor de los derivados es que permiten la separación de varios riesgos y la transferencia de esos riesgos a partes que son más aptas para asumirlos. Transferir ese riesgo a una contraparte central con requisitos de capital probablemente hubiera sido igual de efectivo que lo que fue agregar el total del riesgo en los mercados hipotecarios al balance de Fannie Mae y Freddie Mac. La regulación nunca substituirá uno de los principios básicos de las finanzas: la diversificación.

Las agencias calificadoras de crédito

Cuando no se pueden encontrar los supuestos ejemplos de desregulación, los defensores de más regulación muchas veces caen en el argumento de que el fracaso de un regulador de imponer nuevas regulaciones es muestra del fracaso de la desregulación. El estatus de las agencias calificadoras de crédito en los mercados financieros muchas veces es presentada como un ejemplo de esto.

Las agencias calificadoras de crédito pueden servir potencialmente como un monitor independiente del comportamiento corporativo. Que estas muchas veces han fracasado en dicho papel es generalmente reconocido; por qué han fracasado es el verdadero debate. Los defensores de mayor regulación dicen que como las agencias calificadoras de crédito son pagadas por los emisores de los valores, su interés real está en hacer felices a sus clientes al proveer las calificaciones más altas posibles. Además, dicen que las agencias calificadoras han utilizado sus protecciones de “libertad de expresión” para evitar cualquier responsabilidad legal o escrutinio de los reguladores por el contenido de sus calificaciones.

La regulación moderna de las agencias calificadoras de crédito empezó con la revisión de la SEC de sus regulaciones en cuanto a capitales para corredores de bolsa/agentes en 1973. Bajo las reglas para capitales de la SEC, un corredor de bolsa o agente debe escribir el valor de los activos riesgosos o especulativos en su balance con la finalidad de reflejar el nivel de riesgo. Al definir el riesgo de los valores, la SEC ligó la medida del riesgo a la calificación de crédito del valor en cuestión, poniendo a los valores no calificados como los de más alto riesgo. Los reguladores bancarios luego extendieron esta práctica de delegar la supervisión del riesgo en la banca comercial a las agencias calificadoras de crédito bajo las implementación de los estándares para capitales de Basilea.

La SEC, al diseñar sus regulaciones para capitales, estaba preocupada de que si permitía que agencias calificadoras de crédito externas definieran el riesgo, algunas de estas se verían tentadas a simplemente vender calificaciones favorables sin importar el verdadero riesgo. Para resolver este riesgo percibido, la SEC decidió que solamente las Organizaciones Estadísticas Nacionalmente Reconocidas (NRSROs, por su sigla en inglés) podrían tener sus calificaciones con reconocimiento por parte de la SEC y solamente estas podían ser utilizadas para cumplir con los requisitos establecidos en las regulaciones para capitales. Al definir las capacidades de una NRSRO, la SEC deliberadamente excluyó a nuevos entrantes y consolidó a las empresas existentes, tales como Moody’s y Standard and Poor’s.

Al tratar de resolver un problema imaginario, una supuesta carrera hacia el fondo en la calidad de las calificaciones, la SEC logró crear un verdadero problema, un oligopolio en la industria de la calificación del crédito. Una consecuencia de este oligopolio fue que desde principios de los setenta, las agencias calificadoras se apartaron de su práctica histórica de mercadear y vender calificaciones principalmente a los inversionistas, y a cambio vendían cada vez más a los emisores de deuda. Ahora que contaban con una clientela cautiva, los emisores de deuda, las agencias calificadoras rápidamente adaptaron su modelo de negocios a esta nueva realidad.

El daño habría sido lo suficientemente grande si la SEC se hubiera detenido ahí. Sin embargo, durante los ochenta y los noventa la SEC afianzó aún más el poder de mercado de las agencias calificadoras en cuestión. Por ejemplo, en los ochenta la SEC limitó los fondos de mercado monetario a los valores que tenían grado de inversión, como lo definían las NRSROs. Ese requisito luego fue extendido a las empresas dueñas de fondos de mercado monetario. Los reguladores bancarios y los inspectores estatales de seguros siguieron el ejemplo de basar sus regulaciones de seguridad y solidez en el uso de valores aprobados por las NRSROs.

El conflicto de intereses entre las calificadoras y los emisores no es el resultado de la ausencia de regulación, sino más bien el resultado directo y predecible de la regulación. La solución a este problema es eliminar los privilegios monopólicos de las NRSROs y hacer que ellas compitan en el mercado.

¿Prestamistas rapaces o prestatarios rapaces?

Por mucho que las pérdidas de la crisis financiera hayan estado concentradas en el mercado hipotecario y particularmente en valores respaldados por hipotecas subprime, los defensores de más regulaciones han argumentado que la crisis financiera podría haberse evitado si los reguladores federales hubieran eliminado las prácticas rapaces en el mercado hipotecario. Tal aseveración ignora que la gran mayoría de las hipotecas en mora estaban en manos de especuladores o eran la consecuencia de las mismas razones que siempre resultan en una mora sobre una hipoteca: pérdida de trabajo, gastos en atención médica, y divorcio.

La característica hipotecaria más estrechamente asociada con una mora es la cantidad de patrimonio del prestatario. En lugar de ayudar a fortalecer los estándares de financiamiento, el gobierno federal lideró el movimiento para reducirlos. A través de los años, la Administración Federal para la Vivienda (FHA, por su sigla en inglés) redujo sus requisitos para pago inicial, desde un 20 por ciento en los años treinta al punto que hoy uno puede conseguir un préstamo de la FHA con un pago inicial de solamente 3,5 por ciento.

El argumento del crédito rapaz establece que los prestatarios fueron atraídos hacia préstamos insostenibles—muchas veces debido a tentadoras bajas tasas de intereses—los prestatarios luego entraron masivamente en mora, causando declives en los precios de las viviendas, lo cual derivó en una caída general en el mercado hipotecario. Para que este argumento tenga alguna validez, el aumento en la tasa de mora hipotecaria tuvo que preceder la caída en los precios de las casas. De hecho, lo opuesto ocurrió, con la tasa nacional de apreciación del precio de las viviendas llegando a su pico en el segundo cuarto de 2005 y el nivel de precios absoluto llegando a su tope en el segundo cuarto de 2007; el aumento dramático en las nuevas moras hipotecarias no tuvo lugar hasta el segundo cuarto de año de 2007. Si bien es de esperarse que haya cierta retroalimentación entre los precios y la cantidad de hipotecas en ejecución, la evidencia respalda la teoría de que las caídas iniciales en la apreciación de los precios y luego las caídas absolutas de los mismos condujeron a aumentos en la ejecución de hipotecas en lugar de que préstamos insostenibles hayan conducido a caídas en los precios.

Normalmente uno esperaría que los inversionistas en valores relacionados a hipotecas impongan la disciplina de mercado sobre los prestamistas, asegurándose de que las pérdidas se mantengan dentro de las expectativas. La disciplina de mercado empezó a erosionarse en 2005 conforme Fannie Mae y Freddie Mac se convirtieron en los principales compradores de valores respaldados por hipotecas subprime. Cuando el mercado estaba en su punto más alto, Fannie y Freddie compraron más del 40 por ciento de los valores respaldados por hipotecas subprime. Esta también fue la cosecha de préstamos que ha tenido el peor de los desempeños; los préstamos subprime que aparecieron antes de 2005 se han desempeñado en gran medida dentro de las expectativas. Al entrar a este mercado con tanta fuerza, Fannie y Freddie aumentaron considerablemente la demanda de valores subprime, y como en última instancia podían transferir sus pérdidas al fisco, tenían pocos incentivos para monitorear efectivamente la calidad del crédito que financiaban.

Conclusión

Las últimas décadas han presenciado una expansión significativa en el número de regulaciones y reguladores financieros, a diferencia de lo que se asevera frecuentemente de que nuestras regulaciones financieras habían sido “desmanteladas”. Si bien es posible que muchos reguladores hayan sido cortoplacistas o que confiaron demasiado en su habilidad de salvar del colapso a nuestros mercados financieros, dichos defectos son atribuibles a la regulación, y no a la desregulación. Cuando uno escarba la superficie del argumento de la “desregulación”, se vuelve evidente que los supuestos culpables, como la Ley Gramm-Leach-Bliley, no causaron la actual crisis y que la supuesta negativa de los reguladores de confrontar los derivados y las hipotecas “rapaces” habría tenido poco impacto en la manera en que se desarrollaron las cosas, ya que estos asuntos no se encontraban en el centro de la crisis. Para explicar la crisis financiera, y evitar la siguiente, debemos analizar el fracaso de la regulación, no el de una mítica desregulación.

La señora presidenta

Javier Corral Jurado

Un gran paso ha dado Argentina: la Cámara de Diputados aprobó el jueves el dictamen de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, con base en el proyecto que presentó la presidenta Cristina Fernández. El proceso legislativo ha sido aleccionador en cuanto a la firmeza de la voluntad política con la que ella decidió poner fin a una vergonzosa ley de radiodifusión de la dictadura militar, con la que desde 1983 la democracia argentina coexistió tan inexplicamente como nosotros con la ley de radio y tv de 1960. Se trata de una legislación que, de ser confirmada por el Senado, se convertirá en un acto político referencial y una esperanza para América Latina.

Con precisión jurídica y técnica, la ley recupera de los grupos oligopólicos a la política, a la información y al futbol. Sólida en la explicación de los artículos y en la fundamentación constitucional, la ley va desarrollando notas al calce para identificar de dónde sacó la inspiración doña Cristina: convenios internacionales, tratados, parámetros de la Comunidad Europea, recomendaciones de la CIDH, directrices de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convenios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Ley antimonopolica, regula “el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías”. Crea órganos para la vigilancia y aplicación de la ley, establece normas que garantizan la diversidad de contenidos, cine y artes nacionales, protege a la niñez y genera el derecho de acceso a los contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos.

Las principales medidas están en las reglas para la propiedad cruzada y límites a la concentración de frecuencias. “La multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios”.

El proyecto obliga a los multimedia a desprenderse de empresas en un año, impide a los operadores de cable tener canales de tv abierta, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para uso comercial, otra para el Estado y otra para medios de uso social no lucrativos. Los principales consorcios mediáticos afectados serán el Grupo Clarín (argentino) y PRISA (español).

Ha sido interesante observar cómo también allá se reeditan las viejas cantaletas de “atentado a la libertad de expresión” o “ley mordaza”, y cómo los monopolios se refugian en embustes chantajes y amenazas. Ese formato es lo que avivó el debate e inusitado interés social. Es un paso que debe animar a los congresos nacionales a poner bajo supervisión del Estado una actividad esencial para la democracia como la radiodifusión.

El manejo informativo sobre este tema está siendo manipulador. La mayoría de las agencias internacionales de noticias han trasladado de manera distorsionada los contenidos de la ley y, de manera interesada, han destacado “la oposición” del diputado Miguel Bonasso.

Voz de prestigio, el autor de Recuerdo de la muerte no votó contra el dictamen, sino que se abstuvo. Reconoció las bondades de la ley, pero fue conducido a la abstención debido a que el órgano regulador no quedó en la integración y dependencia exclusiva de la Cámara de los Diputados. Tampoco coincido, pues ya hemos visto que no necesariamente los congresos son garantes per se del interés público (ley Televisa).

Ojalá que el ejemplo argentino cunda en América Latina y particularmente en México. Siempre he creído que una mujer puede aspirar a la primera magistratura de nuestro país, pero espero que ello no sea condición necesaria para que cambie la legislación en materia de radio, tv y telecomunicaciones. Esa aspiración adicionaría complejidades a la batalla contra los negociantes de la política, pues tendríamos que pelear también contra el machismo y la misoginia. Ojalá que las faldas de doña Cristina sean suficientes para instigar a sus colegas a dar el paso; que sirva su acción al anhelo latinoamericano de la UNESCO en el informe MaBride: el reconocimiento de un solo mundo, con voces múltiples.

Diputado federal por el PAN

La obsesión con Honduras de Hillary Clinton

Mary Anastasia O'Grady

La Corte Suprema de Honduras tiene la autoridad constitucional y estatutaria para escuchar casos contra el presidente de la república y muchos otros altos funcionarios del Estado, para adjudicar y velar por el cumplimiento de fallos, y de solicitar la asistencia de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones".
—Servicio de Investigación del Congreso, agosto de 2009

Desde que el 28 de junio Manuel Zelaya fue removido de la Presidencia por la Corte Suprema y el Congreso de Honduras, por violaciones a la Constitución, el gobierno del presidente estadounidense Barack Obama ha insistido, sin asidero legal, en que el incidente equivale a un "golpe de Estado" y que debe ser revertido. El presidente Obama ha tratado duramente a Honduras y a los estadounidenses se les ha pedido que confíen en las declaraciones de su mandatario.

Ahora, un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) registrado en la Biblioteca del Congreso de EE.UU. ofrece lo que el gobierno de Obama no ha provisto: una revisión legal seria de los hechos. "Fuentes disponibles indican que los poderes judicial y legislativo aplicaron el derecho constitucional y estatutario en el caso del presidente Zelaya de una manera que fue interpretada por las autoridades hondureñas de ambas ramas del gobierno como conforme con el sistema legal hondureño", escribió en su informe la especialista en derecho internacional del CRS Norma C. Gutiérrez.

¿Acaso esto ha marcado alguna diferencia? Ni soñarlo. La Casa Blanca sigue defendiendo su acusación de golpe y, hace diez días, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, incluso llegó a sancionar al poder judicial hondureño, que es independiente. EE.UU. no da las razones, pero resulta evidente que el pecado de la corte es rechazar un plan que cuenta con la venia de la Casa Blanca para restituir a Zelaya en el poder.

El resultado es que EE.UU. está tratando de obligar a Honduras a violar su propia Constitución y usando su peso en la política internacional para tratar de interferir con el sistema judicial independiente de ese país.

Los hondureños están preocupados por el impacto de esta presión en su país. La postura estadounidense envalentona a los partidarios violentos de Zelaya, que ahora se apropian de las calles del país, donde causan destrucción e intimidan a la población. Cada vez que la policía intenta detenerlos, empiezan a gritar acerca de sus "derechos humanos".

Tal vez los estadounidenses deberían estar más preocupados por el autoritarismo, sin justificación legal, que emana desde el poder ejecutivo en Washington. ¿Qué señal envía Obama acerca del respeto por la separación de poderes cuando le instruye a su secretaria de estado que castigue a un tribunal independiente porque no falló como él quería?

EE.UU. ha estado presionando a Honduras desde el 28 de junio para que Zelaya vuelva a la Presidencia. Pero ni los dudosos argumentos sobre el "imperio de la ley" esgrimidos por Hillary Clinton ni las herramientas que le ha dado Obama para usar contra este pequeño país han servido para convencer a la Justicia hondureña de que deje de lado su propia Constitución.

La Secretaria de Estado parece estar irritada con la Justicia hondureña porque determinó que el regreso de Zelaya al poder bajo el plan propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, es inconstitucional. Por ende, el Departamento de Estado decidió que, para defender el estado de derecho, castigaría a los miembros de la Corte Suprema por la interpretación de su propia Constitución. EE.UU. les retiró las visas a 14 magistrados hondureños. Puesto que el gobierno de Obama ya había hecho lo mismo con el décimo quinto miembro del tribunal, el que firmó la orden de arresto de Zelaya, esta iniciativa completó el asalto de Clinton a la independencia de la corte más alta de una democracia extranjera. La lección, supuestamente, es que los jueces de los países pequeños tienen la obligación de aceptar la interpretación estadounidense de sus propias leyes.

Miles de lectores me han escrito para preguntarme cómo algo de esta naturaleza puede pasar en EE.UU., un país donde los principios democráticos han sido reconocidos desde su fundación. Muchos lectores me han confesado estar "avergonzados" de EE.UU. y me han preguntado ¿cómo pueden ayudar a Honduras? Una pregunta más pertinente podría ser ¿cómo pueden ayudar al propio EE.UU.?

A través de sus acciones hacia Honduras, el gobierno de Obama demuestra su desprecio por los fundamentos de la democracia. Los expertos jurídicos son claros al respecto. "La independencia del poder Judicial es un componente central de cualquier democracia y es crucial para la separación de poderes, el estado de derecho y los derechos humanos" escribe en su libro The Judge in a Democracy (algo así como El juez en una democracia) Ahron Barak, el ex presidente de la Corte Suprema de Israel y un destacado experto jurídico.

"El propósito de la separación de poderes es fortalecer la libertad y prevenir la concentración del poder en las manos de un actor del gobierno de una manera que probablemente merme la libertad de un individuo", explica Barak, casi como si se estuviera refiriendo a Honduras.

Barak también advierte de un modo profético acerca de las democracias a la Chávez que han destruido a Venezuela y que los hondureños dicen que estaban tratando de impedir en su propio país. "La democracia tiene el derecho de defenderse contra quienes buscan utilizarla para destruir su propia existencia", escribe. Los estadounidenses tienen que preguntarse por qué su gobierno no parece estar de acuerdo.

Chile, No. 5 del mundo en libertad económica

José Piñera

José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile responsable de la reforma radical del sistema de pensiones en 1980 (www.josepinera.com), es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org).

En el Informe Mundial 2009 sobre Libertad Económica, Chile escaló al lugar número 5 de 141 países, uno por encima de los EE.UU. En 1975, de 72 países, Chile era el número 71. ¿Cómo se explica un cambio tan extraordinario? La explicación está en que entre 1975 y 1989 se realizó una verdadera revolución en Chile. Ella implicó un cambio radical, integral y sostenido hacia la libertad económica y política (desde un punto de partida donde no había ni la una ni la otra). Esta “Revolución Chilena” duplicó la tasa histórica de crecimiento económico de Chile (a un promedio de 7% anual, 84-98), redujo drásticamente la pobreza (del 45% al 15%), introdujo las reformas claves para llegar a ser un país desarrollado, restauró un gobierno limitado y el estado de derecho, y finalmente trajo una democracia estable.

La importancia de la Revolución Chilena para el mundo ha sido descrito de esta manera: "En cierto sentido, todo comenzó en Chile. En la década de 1970, Chile fue una de las primeras economías del mundo en desarrollo en poner a prueba conceptos tales como la desregulación de la economía, la privatización de empresas estatales, liberalización de los precios del control gubernamental, y la apertura del mercado interno a las importaciones. En 1981, Chile privatizó su sistema de seguridad social. Muchas de esas ideas se proyectaron hacia toda América Latina y al resto del mundo. Chile está detrás de la reforma de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética..., lo que demuestra, una vez más, el impresionante poder de las ideas" (James Flanigan, Los Angeles Times, 5 de agosto de 1998).

El papel crucial del equipo de economistas liberales clásicos (los llamados "Chicago Boys") en la transformación de la economía ha sido ampliamente reconocido y documentado. Menos conocido es el hecho de que estos economistas también fueron luchadores claves por un retorno gradual y constitucional a la democracia. El 8 de agosto de 1980, una nueva Constitución (la cual firmé como Ministro de Estado), y que contenía un itinerario concreto para la restauración plena de las libertades políticas, fue propuesta al país y aprobada en un referendum.

En el período 1981-1989 se crearon las "instituciones de la libertad" —un Banco Central independiente, un Tribunal Constitucional, canales de televisión y universidades privadas, leyes de registro electoral, partidos políticos, etc.— que sustentan y hacen posible una democracia al servicio de una sociedad libre.

La Junta Militar, que gobernaba Chile de manera transitoria y excepcional después de la cuasi guerra civil de 1973, entregó el 11 de marzo de 1990 voluntariamente el poder a un gobierno elegido democráticamente de acuerdo a la Constitución de 1980 (Aquí se puede leer una explicación de este original proceso).

Desde entonces, Chile ha tenido cuatro gobiernos de centro izquierda moderada y, a pesar de retrocesos puntuales en materias macroeconómicas que han disminuído el ritmo de crecimeineto y elevado el desempleo, la esencia de la las reformas de libre mercado ha sobrevivido intacta. Chile será un país desarrollado para el 2018. La Carta Fundamental de 1980 sigue siendo la ley suprema, y se le ha perfeccionado con ajustes consensuales entre todos los partidos representados en el Congreso.

Como es un hecho que esta Revolución Chilena ha sido extraordinariamente exitosa, Friedrich Hayek fue un visionario cuando afirmó en 1981: "Chile es ahora un gran éxito. El mundo considerará la recuperación de Chile como uno de los grandes milagros económicos de nuestro tiempo".