Miguel Ángel Granados Chapa
La Suprema Corte hizo perder muchos millones de pesos a Cemex, que pretendía la devolución de impuestos que gravan utilidades trasladadas a lugares de privilegio para causantes con capacidad para eludir al fisco. Hoy lo hará con Televisa
Con sarcasmo, no sé si voluntario o involuntario, anteayer el ministro José Ramón Cossío Díaz dijo en el debate sobre tributación y paraísos fiscales que a su juicio los quejosos que acuden a los tribunales no lo hacen por "no querer pagar un impuesto, porque no hay un derecho constitucional a no pagar los impuestos", sino que buscan "claridad en la determinación de los elementos del tributo". Insistiendo en el sarcasmo dijo no creer "que el amparo mexicano haya llegado a un nivel en el cual los particulares estén buscando de plano omitir sus obligaciones tributarias".
Digo que su expresión es sarcástica porque a todas luces los grandes consorcios buscan, en los tribunales, no pagar impuestos o que les sean devueltos los que ad cautelam enteran al erario. La planeación fiscal, la ingeniería tributaria que practican incluye un capítulo judicial: saben los grandes empresarios que es posible encontrar en las leyes impositivas resquicios para eludir gravámenes. O persuadir a los tribunales de que la suya y no la del fisco es la forma adecuada de interpretar una norma. Por eso acuden en abundancia al juicio de amparo: en 2006, por ejemplo, se iniciaron 137 mil procesos de esa naturaleza, se resolvieron 32 mil y ello significó para los quejosos una recuperación de 21 mil 600 millones de pesos.
Los grandes consorcios suelen dar dos pasos para proteger sus utilidades. El primero es ponerlas fuera del alcance del erario mexicano, colocándolas en paraísos fiscales donde se tributa poco o nada en ese rubro, y luego defendiendo ante la justicia esa decisión, con el propósito de consumar la ventaja de invertir o depositar en lugares como las Bahamas o las Islas Caimán donde su dinero está a salvo de cualquier acechanza. Eso hicieron, entre otros, grandes contribuyentes como Cemex y Televisa, y empresas satélites de ambos, al impugnar porciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005 que se proponían recuperar para el fisco mexicano lo que los contribuyentes deseaban no pagarle llevando su dinero a esos paraísos. En primera instancia ganaron el amparo solicitado, pero en la revisión de los casos, asumida por el tribunal constitucional y consumada el martes y hoy, fueron y serán revocadas las sentencias que les habían resultado favorables.
La sentencia de anteayer se refiere a Cemex Net, Centro Distribuidor de Cemento, Cedice Caribe y Petromex, filiales de Cemex. La que hoy se emita afectará a Visión Integral Mexicana y Distribuidora Intermex, que lo son de Televisa. Su derrota judicial significa para esos consorcios miles de millones de pesos, que Hacienda no les devolverá si es que fueron pagados, o que deberán ser cubiertos si se aplazó su pago en espera de esta resolución.
Para Cemex el litigio fiscal es parte de la operación cotidiana. Según Lorea Canales, que el año pasado escribió el capítulo denominado "Lorenzo Zambrano, el regiomontano discreto", en Los amos de México, coordinado por Jorge Zepeda Patterson, actualmente "Cemex se beneficia de un régimen fiscal que lo favorece, aunque está en medio de varios procesos contra Hacienda que podrían llegar a costarle hasta 335 millones de dólares". Y añade que "los métodos que Cemex ha utilizado dentro de los márgenes legales para pagar menos impuestos se (han) hecho del dominio público y tema de debate nacional".
A nadie le gusta pagar impuestos, se dice con una obviedad surgida de la bobería. Y todos tienen el derecho a una justa aplicación de la ley fiscal, y a impugnarla cuando lesiona sus intereses. En el caso de las grandes empresas mexicanas, sin embargo, cuestionar los montos a pagar, conseguir su devolución u obtener dispensa para no cubrirlos alcanza niveles que pueden significar la diferencia entre operaciones rentables y las que no lo son. Bien trabajadas, las devoluciones pueden equivaler a una exención fiscal, como lo enseñan las cifras repetidas por el auditor superior de la Federación respecto del ejercicio fiscal de 2005. Se devolvieron entonces 150 mil millones de pesos a grandes contribuyentes cuyo éxito judicial o administrativo los dejó en la gloria tributaria: 50 de esos consorcios, beneficiarios de la devolución, resultaron pagando en promedio 74 pesos en el Impuesto Sobre la Renta y 69 en el gravamen al valor agregado.
La planeación fiscal de Cemex, practicada también en Venezuela, con cuyo gobierno está en litigio la expropiación decretada en abril pasado, resultó en evasión tributaria según el gobierno de Caracas. En agosto pasado, ya en curso la negociación para compensar a Cemex, le fue fijado a la empresa mexicana un adeudo fiscal por 37.5 millones de dólares. Aunque es razonable suponer que se trataba de abaratar las acciones que el gobierno de Hugo Chávez estaba dispuesto a adquirir para ser socio mayoritario en Cemex (como lo consiguió con las empresas europeas Holcim y Lafargue), también es imaginable que la rentabilidad del emporio de Lorenzo Zambrano en aquellas tierras contara entre sus factores con planeación tributaria como la que el martes sufrió aquí un grave revés.
Al resolver los amparos de Cemex y Televisa la Corte establecerá jurisprudencia, cuyo criterio será obligatorio para los tribunales de circuito y los jueces de distrito. Será verdad legal que la legislación que grava las utilidades trasladadas a paraísos fiscales no lesiona los derechos de los quejosos, que ya no lo serán más, obturada que quede la vía para eludir el cumplimiento de sus obligaciones.
Periodista.
La Suprema Corte hizo perder muchos millones de pesos a Cemex, que pretendía la devolución de impuestos que gravan utilidades trasladadas a lugares de privilegio para causantes con capacidad para eludir al fisco. Hoy lo hará con Televisa
Con sarcasmo, no sé si voluntario o involuntario, anteayer el ministro José Ramón Cossío Díaz dijo en el debate sobre tributación y paraísos fiscales que a su juicio los quejosos que acuden a los tribunales no lo hacen por "no querer pagar un impuesto, porque no hay un derecho constitucional a no pagar los impuestos", sino que buscan "claridad en la determinación de los elementos del tributo". Insistiendo en el sarcasmo dijo no creer "que el amparo mexicano haya llegado a un nivel en el cual los particulares estén buscando de plano omitir sus obligaciones tributarias".
Digo que su expresión es sarcástica porque a todas luces los grandes consorcios buscan, en los tribunales, no pagar impuestos o que les sean devueltos los que ad cautelam enteran al erario. La planeación fiscal, la ingeniería tributaria que practican incluye un capítulo judicial: saben los grandes empresarios que es posible encontrar en las leyes impositivas resquicios para eludir gravámenes. O persuadir a los tribunales de que la suya y no la del fisco es la forma adecuada de interpretar una norma. Por eso acuden en abundancia al juicio de amparo: en 2006, por ejemplo, se iniciaron 137 mil procesos de esa naturaleza, se resolvieron 32 mil y ello significó para los quejosos una recuperación de 21 mil 600 millones de pesos.
Los grandes consorcios suelen dar dos pasos para proteger sus utilidades. El primero es ponerlas fuera del alcance del erario mexicano, colocándolas en paraísos fiscales donde se tributa poco o nada en ese rubro, y luego defendiendo ante la justicia esa decisión, con el propósito de consumar la ventaja de invertir o depositar en lugares como las Bahamas o las Islas Caimán donde su dinero está a salvo de cualquier acechanza. Eso hicieron, entre otros, grandes contribuyentes como Cemex y Televisa, y empresas satélites de ambos, al impugnar porciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2005 que se proponían recuperar para el fisco mexicano lo que los contribuyentes deseaban no pagarle llevando su dinero a esos paraísos. En primera instancia ganaron el amparo solicitado, pero en la revisión de los casos, asumida por el tribunal constitucional y consumada el martes y hoy, fueron y serán revocadas las sentencias que les habían resultado favorables.
La sentencia de anteayer se refiere a Cemex Net, Centro Distribuidor de Cemento, Cedice Caribe y Petromex, filiales de Cemex. La que hoy se emita afectará a Visión Integral Mexicana y Distribuidora Intermex, que lo son de Televisa. Su derrota judicial significa para esos consorcios miles de millones de pesos, que Hacienda no les devolverá si es que fueron pagados, o que deberán ser cubiertos si se aplazó su pago en espera de esta resolución.
Para Cemex el litigio fiscal es parte de la operación cotidiana. Según Lorea Canales, que el año pasado escribió el capítulo denominado "Lorenzo Zambrano, el regiomontano discreto", en Los amos de México, coordinado por Jorge Zepeda Patterson, actualmente "Cemex se beneficia de un régimen fiscal que lo favorece, aunque está en medio de varios procesos contra Hacienda que podrían llegar a costarle hasta 335 millones de dólares". Y añade que "los métodos que Cemex ha utilizado dentro de los márgenes legales para pagar menos impuestos se (han) hecho del dominio público y tema de debate nacional".
A nadie le gusta pagar impuestos, se dice con una obviedad surgida de la bobería. Y todos tienen el derecho a una justa aplicación de la ley fiscal, y a impugnarla cuando lesiona sus intereses. En el caso de las grandes empresas mexicanas, sin embargo, cuestionar los montos a pagar, conseguir su devolución u obtener dispensa para no cubrirlos alcanza niveles que pueden significar la diferencia entre operaciones rentables y las que no lo son. Bien trabajadas, las devoluciones pueden equivaler a una exención fiscal, como lo enseñan las cifras repetidas por el auditor superior de la Federación respecto del ejercicio fiscal de 2005. Se devolvieron entonces 150 mil millones de pesos a grandes contribuyentes cuyo éxito judicial o administrativo los dejó en la gloria tributaria: 50 de esos consorcios, beneficiarios de la devolución, resultaron pagando en promedio 74 pesos en el Impuesto Sobre la Renta y 69 en el gravamen al valor agregado.
La planeación fiscal de Cemex, practicada también en Venezuela, con cuyo gobierno está en litigio la expropiación decretada en abril pasado, resultó en evasión tributaria según el gobierno de Caracas. En agosto pasado, ya en curso la negociación para compensar a Cemex, le fue fijado a la empresa mexicana un adeudo fiscal por 37.5 millones de dólares. Aunque es razonable suponer que se trataba de abaratar las acciones que el gobierno de Hugo Chávez estaba dispuesto a adquirir para ser socio mayoritario en Cemex (como lo consiguió con las empresas europeas Holcim y Lafargue), también es imaginable que la rentabilidad del emporio de Lorenzo Zambrano en aquellas tierras contara entre sus factores con planeación tributaria como la que el martes sufrió aquí un grave revés.
Al resolver los amparos de Cemex y Televisa la Corte establecerá jurisprudencia, cuyo criterio será obligatorio para los tribunales de circuito y los jueces de distrito. Será verdad legal que la legislación que grava las utilidades trasladadas a paraísos fiscales no lesiona los derechos de los quejosos, que ya no lo serán más, obturada que quede la vía para eludir el cumplimiento de sus obligaciones.
Periodista.
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