Miguel Ángel Granados Chapa.
La Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada Ley Televisa, pero los gestores del duopolio lograron aplazar "sine die" el abordamiento de la cuestión. El senador panista García Cervantes propuso revocar las concesiones a los emisores que violan las normas electorales pero su bancada y la del PRI maniobraron para evitarlo
Televisa y TV Azteca dominan no sólo el espacio radioeléctrico para la transmisión de imágenes sino que influyen decisivamente en la vida pública de México. Su poder es suficiente para frenar o torcer iniciativas legales que, en pos de promover el interés general, limitan los márgenes de acción de las televisoras. Logran su objetivo de distintos modos.
El Congreso está obligado, judicialmente, a emitir nuevas leyes de telecomunicaciones y de radio y de televisión. Y políticamente el Senado se comprometió a emprender una reforma de mayor alcance del que implica ajustar esas dos piezas legislativas. Además, el Poder Legislativo tiene pendiente reglamentar la prohibición constitucional de vender tiempo para la propaganda política, quienquiera que busque comprarlo. En noviembre de 2007 entró en vigor esa norma y en febrero siguiente el código electoral derivado de aquélla, y no ha sido posible establecer términos para la cabal aplicación de esas medidas. En junio pasado, el senador panista Ricardo García Cervantes propuso revocar las concesiones respectivas a los emisores reincidentes en la violación a las normas electorales relacionadas con la materia de su concesión. Su propia bancada y la del PRI maniobraron entonces para que la comisión dictaminadora no sesionara y no avanzara la moción del panista. Aunque después se atenuó el rigor propuesto por García Cervantes, concluyó el viernes pasado el penúltimo periodo de sesiones ordinarias sin que se llevara al pleno el dictamen ya edulcorado tras conversaciones con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y que, por supuesto, no incluye la sanción capital de privar de sus concesiones a los infractores contumaces.
Por lo que toca a la obligación de legislar, nacida de la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada Ley Televisa, los gestores del interés del duopolio (investidos algunos de ellos de ropaje legislativo) tuvieron éxito en aplazar sine die el abordamiento de la cuestión. Después de la sentencia se realizaron ya tres periodos de sesiones ordinarias sin que hubiera siquiera una aproximación a la materia. Ese vacío, creado deliberadamente, ha sido aprovechado por el senador Manlio Fabio Beltrones para presentar dos iniciativas sobre el tema, destinada una a otorgar concesiones de fm a los radiodifusores que utilizan am, y otra a restablecer el refrendo automático para las concesiones de radio y televisión en general, que se prolongarían indefinidamente sin que sus titulares tengan que contender con nuevos participantes, la calidad de cuyas ofertas pudieran permitirles entrar en el mercado. Es verdad que a este respecto la iniciativa propone que el Estado obtenga en ese caso una contraprestación económica. Pero el diseño de la propuesta podría resultar no beneficioso sino lesivo para el interés fiscal. Así lo ha advertido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amedi, que reúne al mayor talento interesado en la materia que su nombre indica, y especialmente en lo que hace a la legislación en materia de medios.
Preside la Amedi el ex senador Javier Corral, que pretendió frenar la aprobación de la Ley Televisa y encabezó después la acción de inconstitu- cionalidad a partir de la cual la Suprema Corte limó algunas de sus rebabas más groseras. Por eso la Amedi sometió a examen la propuesta presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones para establecer el refrendo automático y a perpetuidad de las concesiones y lo calificó de "nuevo y desfachatado intento para infringir" resoluciones de la Suprema Corte de justicia de la nación. El tribunal constitucional, recuerda la Amedi, estableció que la renovación de concesiones tiene que estar supeditada a "un concurso en que sean evaluados tanto el desempeño del concesionario como las propuestas de otros interesados en operar tales frecuencias".
La organización encabezada por Corral, de que forman parte algunos de los más competentes expertos en la legislación sobre la materia, objeta la pretensión de Beltrones (de tinte electorero, digo yo) de que "las concesiones puedan prorrogarse simplemente a partir de una evaluación administrativa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa actitud contradice la postura de la Corte, que ha señalado que el titular de una concesión podría tener preferencia al momento del refrendo, únicamente ’cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión’".
La propuesta de una contraprestación puede resultar tramposa. Para la Amedi que eso "no es más que una simulación" ya que se propone que "para integrar el pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos, cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año.
"Así que, de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la televisión y la radio no solamente no pagarían por la renovación de sus concesiones sino que existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos para la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos políticos".
La Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada Ley Televisa, pero los gestores del duopolio lograron aplazar "sine die" el abordamiento de la cuestión. El senador panista García Cervantes propuso revocar las concesiones a los emisores que violan las normas electorales pero su bancada y la del PRI maniobraron para evitarlo
Televisa y TV Azteca dominan no sólo el espacio radioeléctrico para la transmisión de imágenes sino que influyen decisivamente en la vida pública de México. Su poder es suficiente para frenar o torcer iniciativas legales que, en pos de promover el interés general, limitan los márgenes de acción de las televisoras. Logran su objetivo de distintos modos.
El Congreso está obligado, judicialmente, a emitir nuevas leyes de telecomunicaciones y de radio y de televisión. Y políticamente el Senado se comprometió a emprender una reforma de mayor alcance del que implica ajustar esas dos piezas legislativas. Además, el Poder Legislativo tiene pendiente reglamentar la prohibición constitucional de vender tiempo para la propaganda política, quienquiera que busque comprarlo. En noviembre de 2007 entró en vigor esa norma y en febrero siguiente el código electoral derivado de aquélla, y no ha sido posible establecer términos para la cabal aplicación de esas medidas. En junio pasado, el senador panista Ricardo García Cervantes propuso revocar las concesiones respectivas a los emisores reincidentes en la violación a las normas electorales relacionadas con la materia de su concesión. Su propia bancada y la del PRI maniobraron entonces para que la comisión dictaminadora no sesionara y no avanzara la moción del panista. Aunque después se atenuó el rigor propuesto por García Cervantes, concluyó el viernes pasado el penúltimo periodo de sesiones ordinarias sin que se llevara al pleno el dictamen ya edulcorado tras conversaciones con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y que, por supuesto, no incluye la sanción capital de privar de sus concesiones a los infractores contumaces.
Por lo que toca a la obligación de legislar, nacida de la sentencia de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales varios artículos de la llamada Ley Televisa, los gestores del interés del duopolio (investidos algunos de ellos de ropaje legislativo) tuvieron éxito en aplazar sine die el abordamiento de la cuestión. Después de la sentencia se realizaron ya tres periodos de sesiones ordinarias sin que hubiera siquiera una aproximación a la materia. Ese vacío, creado deliberadamente, ha sido aprovechado por el senador Manlio Fabio Beltrones para presentar dos iniciativas sobre el tema, destinada una a otorgar concesiones de fm a los radiodifusores que utilizan am, y otra a restablecer el refrendo automático para las concesiones de radio y televisión en general, que se prolongarían indefinidamente sin que sus titulares tengan que contender con nuevos participantes, la calidad de cuyas ofertas pudieran permitirles entrar en el mercado. Es verdad que a este respecto la iniciativa propone que el Estado obtenga en ese caso una contraprestación económica. Pero el diseño de la propuesta podría resultar no beneficioso sino lesivo para el interés fiscal. Así lo ha advertido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Amedi, que reúne al mayor talento interesado en la materia que su nombre indica, y especialmente en lo que hace a la legislación en materia de medios.
Preside la Amedi el ex senador Javier Corral, que pretendió frenar la aprobación de la Ley Televisa y encabezó después la acción de inconstitu- cionalidad a partir de la cual la Suprema Corte limó algunas de sus rebabas más groseras. Por eso la Amedi sometió a examen la propuesta presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones para establecer el refrendo automático y a perpetuidad de las concesiones y lo calificó de "nuevo y desfachatado intento para infringir" resoluciones de la Suprema Corte de justicia de la nación. El tribunal constitucional, recuerda la Amedi, estableció que la renovación de concesiones tiene que estar supeditada a "un concurso en que sean evaluados tanto el desempeño del concesionario como las propuestas de otros interesados en operar tales frecuencias".
La organización encabezada por Corral, de que forman parte algunos de los más competentes expertos en la legislación sobre la materia, objeta la pretensión de Beltrones (de tinte electorero, digo yo) de que "las concesiones puedan prorrogarse simplemente a partir de una evaluación administrativa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa actitud contradice la postura de la Corte, que ha señalado que el titular de una concesión podría tener preferencia al momento del refrendo, únicamente ’cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión’".
La propuesta de una contraprestación puede resultar tramposa. Para la Amedi que eso "no es más que una simulación" ya que se propone que "para integrar el pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos, cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año.
"Así que, de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la televisión y la radio no solamente no pagarían por la renovación de sus concesiones sino que existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos para la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos políticos".
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