No sólo la reforma bancaria destinada a abrir la competencia y beneficiar a usuarios de estos servicios fue frenada en la parte final del periodo de sesiones que acaba de concluir en el Congreso federal, sino otras importantes reformas legales que pretendían posibilitar el cumplimiento de la ley electoral en materia de radio y televisión por un lado, así como garantizar el derecho de réplica, por el otro, fueron atoradas cuando prácticamente todo estaba listo para tener dictámenes que pasaran al pleno para su aprobación.
La información desplegada en varios medios apuntó a presiones ejercidas por Hacienda, bancos y organismos financieros en cuanto a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, y de las otras reformas se habló de insuficiente consenso, desacuerdos entre bancadas, y entre cámaras. Pero quizá lo más importante es desvelar que en los tres casos, la acción directa de personeros del duopolio televisivo produjo esos efectos, mediante el cabildeo disuasivo y a través de la pantalla con su manejo amenazador.
Como siempre que está en riesgo alguno de sus intereses comerciales - y en éste caso lo está su Banco Azteca de enfrentar una mayor competencia por virtud de la reforma al artículo 46 bis 1 de la citada ley -, Ricardo Salinas Pliego echó mano de la televisión que el Estado le ha concesionado para lanzar una campaña de intimidación y persecución a los legisladores que se opusieron a sus pretensiones legislativas. Sí, convirtiendo su red nacional de televisión en una auténtica bayoneta con la que resguarda sus negocios frente al gobierno, y con la que apunta a cualquier competencia futura.
No es insólito que los concesionarios de las dos principales cadenas de televisión actúen de esa manera; en la escalada de su poder han cometido todo tipo de excesos sin conocer la acción del Estado, por eso han dictado acuerdos, circulares y lineamientos al poder Ejecutivo e intentado imponer sus leyes y reformas en el poder legislativo. Detener las que no les gustan es su acción hasta ahora más efectiva. Lo asombroso es que cuenten con una mayoría de legisladores que permite tales abusos.
Por las presiones que el duopolio televisivo ha ejercido de distintas maneras entre senadores - a quienes conoce en sus ambiciones y a otros en sus miedos -, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión prácticamente quedó sepultada para esta legislatura; de hecho ya no les permitieron ni culminar con la reforma electoral que tanto publicitaron como parte del valor y dignidad políticas recobradas. Dos día antes de concluir el periodo de sesiones, derribaron en el Senado, el dictamen de reforma a la ley de radio y tv que buscaba complementar las nuevas disposiciones del Cofipe, en materia de propaganda política, a efecto de obligar con verdaderas sanciones, y no con las ridículas multas de ahora, el cumplimiento que de la ley deben hacer los concesionarios.
Moviéndose en ambas cámaras del Congreso, el último día de sesiones, impidieron que pasara al pleno de la Cámara de Diputados mediante las tradicionales maniobras de último momento del PRI, el dictamen que creaba una nueva ley: la del derecho de réplica. Sobre la que hay cuatro iniciativas, aun cuando el eje principal de la propuesta final es la que presentaron los diputados panistas Rocío Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero; entre otros méritos, por ser la mejor estructurada y la más expedita.
Insertado el año pasado dentro del artículo sexto de la Constitución General de la República, después de cuarenta años de que México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que lo definió como consubstancial al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas para responder informaciones que les causen agravio, parece que tendrá que esperar hasta el siguiente periodo, o quizá nueva legislatura, para verse reglamentado y por lo tanto se pueda ejercer plenamente. Durante todo el año, los representantes de las televisoras hicieron de su puño y letra varias modificaciones a ese anteproyecto, y aunque aparentemente ya les había dado el visto bueno a los legisladores para legislar, Televisión Azteca no quedó convencida del todo con la redacción.
Culminó el periodo legislativo en el que aún se podían intentar reformas importantes y no quisieron hacerse, y es probable que este sea su desenlace final como legislatura: la omisión como símbolo del intento que no fue. Porque en el balance sobresalen más los vetos de los grupos de interés a reformas necesarias.
La tarea legislativa de haberse reposicionado en esta última década, por la creciente influencia del Congreso, dentro de un nuevo equilibrio de poder, está rápidamente cayendo en un desprestigio por la eficacia con la que favorece intereses particulares y la lentitud, o nulidad, con la que atiende el interés público.
La información desplegada en varios medios apuntó a presiones ejercidas por Hacienda, bancos y organismos financieros en cuanto a la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, y de las otras reformas se habló de insuficiente consenso, desacuerdos entre bancadas, y entre cámaras. Pero quizá lo más importante es desvelar que en los tres casos, la acción directa de personeros del duopolio televisivo produjo esos efectos, mediante el cabildeo disuasivo y a través de la pantalla con su manejo amenazador.
Como siempre que está en riesgo alguno de sus intereses comerciales - y en éste caso lo está su Banco Azteca de enfrentar una mayor competencia por virtud de la reforma al artículo 46 bis 1 de la citada ley -, Ricardo Salinas Pliego echó mano de la televisión que el Estado le ha concesionado para lanzar una campaña de intimidación y persecución a los legisladores que se opusieron a sus pretensiones legislativas. Sí, convirtiendo su red nacional de televisión en una auténtica bayoneta con la que resguarda sus negocios frente al gobierno, y con la que apunta a cualquier competencia futura.
No es insólito que los concesionarios de las dos principales cadenas de televisión actúen de esa manera; en la escalada de su poder han cometido todo tipo de excesos sin conocer la acción del Estado, por eso han dictado acuerdos, circulares y lineamientos al poder Ejecutivo e intentado imponer sus leyes y reformas en el poder legislativo. Detener las que no les gustan es su acción hasta ahora más efectiva. Lo asombroso es que cuenten con una mayoría de legisladores que permite tales abusos.
Por las presiones que el duopolio televisivo ha ejercido de distintas maneras entre senadores - a quienes conoce en sus ambiciones y a otros en sus miedos -, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión prácticamente quedó sepultada para esta legislatura; de hecho ya no les permitieron ni culminar con la reforma electoral que tanto publicitaron como parte del valor y dignidad políticas recobradas. Dos día antes de concluir el periodo de sesiones, derribaron en el Senado, el dictamen de reforma a la ley de radio y tv que buscaba complementar las nuevas disposiciones del Cofipe, en materia de propaganda política, a efecto de obligar con verdaderas sanciones, y no con las ridículas multas de ahora, el cumplimiento que de la ley deben hacer los concesionarios.
Moviéndose en ambas cámaras del Congreso, el último día de sesiones, impidieron que pasara al pleno de la Cámara de Diputados mediante las tradicionales maniobras de último momento del PRI, el dictamen que creaba una nueva ley: la del derecho de réplica. Sobre la que hay cuatro iniciativas, aun cuando el eje principal de la propuesta final es la que presentaron los diputados panistas Rocío Morgan Franco, José Antonio Díaz García y Dora Alicia Martínez Valero; entre otros méritos, por ser la mejor estructurada y la más expedita.
Insertado el año pasado dentro del artículo sexto de la Constitución General de la República, después de cuarenta años de que México suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos que lo definió como consubstancial al ejercicio de la libertad de expresión, el derecho que tienen las personas para responder informaciones que les causen agravio, parece que tendrá que esperar hasta el siguiente periodo, o quizá nueva legislatura, para verse reglamentado y por lo tanto se pueda ejercer plenamente. Durante todo el año, los representantes de las televisoras hicieron de su puño y letra varias modificaciones a ese anteproyecto, y aunque aparentemente ya les había dado el visto bueno a los legisladores para legislar, Televisión Azteca no quedó convencida del todo con la redacción.
Culminó el periodo legislativo en el que aún se podían intentar reformas importantes y no quisieron hacerse, y es probable que este sea su desenlace final como legislatura: la omisión como símbolo del intento que no fue. Porque en el balance sobresalen más los vetos de los grupos de interés a reformas necesarias.
La tarea legislativa de haberse reposicionado en esta última década, por la creciente influencia del Congreso, dentro de un nuevo equilibrio de poder, está rápidamente cayendo en un desprestigio por la eficacia con la que favorece intereses particulares y la lentitud, o nulidad, con la que atiende el interés público.
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