Javier Corral Jurado
La reforma constitucional en materia electoral que votaron los principales partidos en noviembre de 2007 en el Congreso, y que generó la nueva legislación secundaria en marzo de 2008, tiene en este año su prueba de fuego; no son pocos los gatillos que le apuntan para dispararle y hacerla fracasar.
La apuesta a la “ineficacia práctica” de la reforma no tiene sólo en las televisoras a sus principales inversionistas; desde el interior de los partidos se agita un ánimo descalificador, y no ha faltado quien ya diga que las nuevas disposiciones complejizan el escenario y que por ellas los resultados electorales no serán los esperados.
Hay que advertir que los propios legisladores que impulsaron trascendentales cambios dejaron inconclusa su obra y varios aspectos quedaron sin definición o correspondencia en otros cuerpos normativos. Arrepentidos por la represalia mediática o en regreso a la dinámica del chantaje e intercambio de favores legislativos por pantalla televisiva, dejaron en el limbo reformas complementarias en la ley federal de radio y tv, sin garantía de derecho de réplica ni las adiciones necesarias al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso algunos gobernadores y el jefe del GDF se pueden mofar en público del orden jurídico en esta materia.
Y a nadie le quepa duda de que son Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard -en ese orden- los que emprendieron ese embate contra la reforma, al burlar la Constitución y la ley. El artículo 134 constitucional señala: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico”. La única excepción está prevista en el artículo 228 del Cofipe, al establecer que siete días antes y cinco después de su informe anual de labores, los funcionarios pueden incluir su imagen en la propaganda.
Sin embargo, como no hay disposición jurídica reglamentaria del 134 constitucional en el concepto general de la prohibición, pues se despachan con la cuchara grande y además quieren verle la cara a la gente. Como pretendió hacerlo la semana pasada Ebrard. El jefe del GDF pretende engañarnos primero con los montos de gasto público que destina a la difusión de su gobierno y a la promoción de su imagen personal, y luego con las negociaciones que realiza con las televisoras para que le brinden la gracia de hornear galletitas en el programa Hoy de Canal 2.
En el segundo día de su regreso a la radio, el 13 de enero, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a Ebrard sobre su plan anticrisis y aprovechó para preguntarle cuál sería la rebaja en el gasto de comunicación. El gobernante, arrinconado, prefirió mentir y soltó valoraciones insólitas en un político de su formación, como la de traducir su exposición personal en los programas de la farándula “como la presencia que debe tener la ciudad en la televisión”.
Dijo que el DF tiene uno de los gastos más bajos en el rubro en todo el país, lo cual no ha sido así. Dijo que no llega a 100 millones de pesos la inversión, lo que es falso. En el primer caso, en efecto, el GDF, bajo la ley de austeridad de López Obrador, determinó que el gasto para difusión no podía ser superior a 0.33% del presupuesto, lo que constituye una de las normas más estrictas en el país, sólo que empezando por el mismo que la promulgó no se cumplió, y en el caso de Ebrard anda tres tantos arriba de eso. De hecho, propuso a la ALDF gastar 56% más en 2009 que en 2008, en el que erogó 122 millones de pesos.
De esta última cifra sólo 71.7 millones de pesos fueron para Televisa, 31.4 para TV Azteca y 2.1 para Proyecto 40. Lo cual explica la transmisión en vivo por Canal 5 -una hora completa- de la clausura de la pista de patinaje del Zócalo y la semana de coconducción con Andrea Legarreta de Hoy en Canal 2, del 24 al 28 de noviembre, que culminó con el programa “Un ángel con estrella” en ese mismo canal el 30 de noviembre.
Cuando Marcelo Ebrard le da la vuelta a la reforma constitucional de esta manera, no compite con Peña Nieto; se asemeja a él, se vuelve tan parecido que la conclusión se hace fatal tanto para ellos como para otros burladores de la reforma: son tan raquíticos en sus planteamientos que sólo televisión tienen.
La reforma constitucional en materia electoral que votaron los principales partidos en noviembre de 2007 en el Congreso, y que generó la nueva legislación secundaria en marzo de 2008, tiene en este año su prueba de fuego; no son pocos los gatillos que le apuntan para dispararle y hacerla fracasar.
La apuesta a la “ineficacia práctica” de la reforma no tiene sólo en las televisoras a sus principales inversionistas; desde el interior de los partidos se agita un ánimo descalificador, y no ha faltado quien ya diga que las nuevas disposiciones complejizan el escenario y que por ellas los resultados electorales no serán los esperados.
Hay que advertir que los propios legisladores que impulsaron trascendentales cambios dejaron inconclusa su obra y varios aspectos quedaron sin definición o correspondencia en otros cuerpos normativos. Arrepentidos por la represalia mediática o en regreso a la dinámica del chantaje e intercambio de favores legislativos por pantalla televisiva, dejaron en el limbo reformas complementarias en la ley federal de radio y tv, sin garantía de derecho de réplica ni las adiciones necesarias al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso algunos gobernadores y el jefe del GDF se pueden mofar en público del orden jurídico en esta materia.
Y a nadie le quepa duda de que son Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard -en ese orden- los que emprendieron ese embate contra la reforma, al burlar la Constitución y la ley. El artículo 134 constitucional señala: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor publico”. La única excepción está prevista en el artículo 228 del Cofipe, al establecer que siete días antes y cinco después de su informe anual de labores, los funcionarios pueden incluir su imagen en la propaganda.
Sin embargo, como no hay disposición jurídica reglamentaria del 134 constitucional en el concepto general de la prohibición, pues se despachan con la cuchara grande y además quieren verle la cara a la gente. Como pretendió hacerlo la semana pasada Ebrard. El jefe del GDF pretende engañarnos primero con los montos de gasto público que destina a la difusión de su gobierno y a la promoción de su imagen personal, y luego con las negociaciones que realiza con las televisoras para que le brinden la gracia de hornear galletitas en el programa Hoy de Canal 2.
En el segundo día de su regreso a la radio, el 13 de enero, la periodista Carmen Aristegui entrevistó a Ebrard sobre su plan anticrisis y aprovechó para preguntarle cuál sería la rebaja en el gasto de comunicación. El gobernante, arrinconado, prefirió mentir y soltó valoraciones insólitas en un político de su formación, como la de traducir su exposición personal en los programas de la farándula “como la presencia que debe tener la ciudad en la televisión”.
Dijo que el DF tiene uno de los gastos más bajos en el rubro en todo el país, lo cual no ha sido así. Dijo que no llega a 100 millones de pesos la inversión, lo que es falso. En el primer caso, en efecto, el GDF, bajo la ley de austeridad de López Obrador, determinó que el gasto para difusión no podía ser superior a 0.33% del presupuesto, lo que constituye una de las normas más estrictas en el país, sólo que empezando por el mismo que la promulgó no se cumplió, y en el caso de Ebrard anda tres tantos arriba de eso. De hecho, propuso a la ALDF gastar 56% más en 2009 que en 2008, en el que erogó 122 millones de pesos.
De esta última cifra sólo 71.7 millones de pesos fueron para Televisa, 31.4 para TV Azteca y 2.1 para Proyecto 40. Lo cual explica la transmisión en vivo por Canal 5 -una hora completa- de la clausura de la pista de patinaje del Zócalo y la semana de coconducción con Andrea Legarreta de Hoy en Canal 2, del 24 al 28 de noviembre, que culminó con el programa “Un ángel con estrella” en ese mismo canal el 30 de noviembre.
Cuando Marcelo Ebrard le da la vuelta a la reforma constitucional de esta manera, no compite con Peña Nieto; se asemeja a él, se vuelve tan parecido que la conclusión se hace fatal tanto para ellos como para otros burladores de la reforma: son tan raquíticos en sus planteamientos que sólo televisión tienen.
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