El retroceso en ambas materias, vivido desde esta especie de restauración autoritaria que se registra de 2004 a la fecha, se enfrentará en 2009 a cuatro tendencias principales: a) la crisis financiera y económica; b) el repliegue en materia de reforma electoral; c) la indefinición jurídica que afectará, sobre todo, a los medios electrónicos concesionados; d) los riesgos ante el crimen organizado.
Veamos estas cuatro grandes tendencias:
La crisis financiera y económica.-Inevitable, el proceso de recesión mundial que se agudizará en 2009 afectará en tres áreas fundamentales a los medios de comunicación: la contracción del mercado publicitario (que algunos calculan entre 10 y 15 por ciento); el incremento de las deudas debido al proceso de devaluación y crisis financiera (en especial, de aquellos medios que le apostaron a proyectos de expansión apalancadas en créditos financieros); el incremento de los insumos, en especial, el papel, cuyo precio se incrementó en más de 20 por ciento en los últimos meses de 2008.
Los medios dependientes de grandes corporativos globales -como en el caso de Time Warner y las publicaciones del Grupo Expansión o el de NBC-Telemundo y el español Grupo Prisa—, tendrán un impacto inmediato en el panorama de los medios mexicanos. Por lo pronto, se espera un fuerte recorte de las inversiones de estos grandes conglomerados.
En el caso de Televisa, la principal empresa de comunicaciones del país, 2008 cerró con una contracción del 14 por ciento en sus utilidades netas, en comparación con el mismo periodo de 2007. La contracción del mercado publicitario afectará, sobre todo, a aquellos medios periféricos o impresos. La concentración se agravará en 2009.
Recordemos que, según los estudios recientes de agencias de publicidad, la televisión abierta acapara entre el 57 y 60 por ciento del mercado publicitario; la radio, entre el 8 y 10 por ciento; el internet, el 2 por ciento; la televisión restringida, el 4 a 5 por ciento, y los medios impresos, el 10 por ciento. Sin embargo, mientras en la televisión son sólo dos grandes empresas (Televisa y TV Azteca) que se reparten un pastel de 27 a 30 mil millones de pesos, en el caso de los medios impresos, existen más de 760 empresas, entre periódicos estatales y regionales, nacionales y revistas.
El Repliegue de la Reforma Electoral.-En 2007 el Congreso mexicano aprobó una ambiciosa reforma constitucional en materia electoral para evitar que "el dinero dominara las campañas", pero en 2009, año de contienda federal, este fenómeno volverá a hacerse presente, aun con las prohibiciones expresas para que terceros financien propaganda, para que los partidos inviertan en tiempo-aire o los gobernadores utilicen el erario para su promoción telegénica.
Entraremos al terreno del cinismo mediático-electoral. Las fórmulas para darle la vuelta a las prohibiciones de la legislación electoral están a la vista. La concentración publicitaria en la televisión abierta y el proceso desatado de precampañas para 2012 se agudizará en 2009. Ahí está la millonaria campaña de inversión de Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, y la mala copia, pero también dispendiosa que está aplicando el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, así como otros gobernadores que han encontrado en la pantalla un sustituto de las "bases reales". Los políticos competirán por la canalización de sus figuras, a costa de muchos millones de pesos del erario, maquillados como "programas de espectáculos" o "campañas filantrópicas".
Incertidumbre Jurídica.-El compromiso del Senado de una reforma integral para democratizar los medios electrónicos y las telecomunicaciones no se cumplió en 2008. En 2009 esto será prácticamente imposible. La tendencia es a restaurar las partes más polémicas de la Ley Televisa, a través de privilegios a modo para los concesionarios, tal como lo demostraron las dos iniciativas del senador priista Manlio Fabio Beltrones (para dotar de FM a las estaciones de AM y para garantizar el refrendo automático), así como el polémico acuerdo de las combos que el Ejecutivo federal publicó el 15 de septiembre y que ha resultado un auténtico fiasco.
El problema fundamental es que la ausencia de una reforma jurídica agravará la indefinición jurídica que existe en el sector, así como el grosero pleito que protagonizan los entes reguladores (Cofetel vs. SCT, principalmente).
Un dato da la idea de la indefinición jurídica que afecta a todo el sector: en 2008, la SCT sólo pudo refrendar 131 concesiones vencidas y en 2009 se vencerán 101, la mayoría de estaciones de radio. Para 2012, esta cantidad se elevará a 281. Prácticamente el 30 por ciento de la radiodifusión estará en un proceso de vulnerabilidad jurídica. Esto facilita la discrecionalidad y afecta la certidumbre y la libertad de expresión.
Por si fuera poco, los enroques entre Cofetel y SCT no han ayudado a un mejor entendimiento entre ambos entes reguladores. Al contrario, los intereses de los grandes grupos mediáticos y de telecomunicaciones compiten por "capturar" a estos organismos y presionar a favor de sus intereses.
Los Riesgos ante el Crimen Organizado.-El panorama profesional se agravará en 2009, sobre todo, por las amenazas, la autocensura, la corrupción, y los atentados contra periodistas que se han transformado en objetivos fundamentales de los cárteles de la droga y de los propios organismos ministeriales, militares y policiacos que supuestamente están a cargo de combatirlos.
El reciente y brutal recuento que la revista Zócalo y la organización Reporteros sin Fronteras ha realizado sobre la situación de indefensión y de crímenes en contra de los periodistas, sólo confirma la tendencia que se ha agravado desde 2004 a la fecha: la impunidad absoluta para matar a periodistas, silenciar medios, permitir abusos a cambio de mantener el estado de guerra y desinformación que priva en estos momentos. En 2008, asesinaron en México a cuatro periodistas por motivos profesionales. El crimen más reciente, el de Armando Rodríguez, en Ciudad Juárez, es un mensaje de intimidación para toda la comunidad periodística de esta ciudad fronteriza.
Los organismos gubernamentales encargados de investigar y prevenir los delitos contra periodistas se han transformado en agencias burocráticas para encubrir y favorecer la impunidad. El caso más grave es el elefante blanco en que se ha convertido la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, nombre abreviado de una mascarada que no ha logrado ni siquiera detener a uno solo de los asesinos materiales de periodistas mexicanos.
En 2009 esta tendencia se agravará porque la lucha por el reparto de territorios entre los cárteles se enlazará con la corrupción en las campañas electorales y la impunidad.
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