Manlio Fabio Beltrones continúa su campaña para congraciarse con los empresarios de la radio y la televisión muy probablemente para que el PRI tenga un buen trato informativo en las campañas de 2009, pero también para gozar él mismo de ese buen trato si, como parece que ocurrirá, busca la precandidatura a la Presidencia de la República en disputa con su correligionario Enrique Peña Nieto.
El camino que Beltrones ha elegido para “quedar bien” con los concesionarios es presentar en el Congreso iniciativas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) para satisfacer demandas que los empresarios de medios electrónicos han hecho públicas. En junio de 2008, Beltrones llevó al Congreso una iniciativa para otorgar frecuencias de FM a las estaciones de AM, la cual constituyó un rotundo fracaso porque el gobierno de Felipe Calderón, que también quiere estar en buenos términos con los concesionarios, publicó en septiembre, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un acuerdo relativo también a las combos; ese acuerdo empezó a aplicarse en octubre, por lo que la iniciativa priista quedó en el olvido.
Pero el senador sonorense insiste, y ahora ha presentado ante el Congreso una iniciativa más, en este caso para que los empresarios de radio y TV puedan renovar sin problemas sus concesiones hasta por 20 años. Justamente la duración que los industriales del gremio pedían en la Ley Televisa.
La iniciativa, avalada por toda la fracción del PRI en la Cámara Alta, fue presentada el 2 de diciembre y propone reformar el artículo 16 de la LFRT para introducir en ella una nueva figura jurídica: la “prórroga de las concesiones”, que sustituiría al refrendo, vigente en la ley. Es decir, las concesiones ya no serían refrendadas, sino prorrogadas.
Según Beltrones y sus compañeros, en todos los ámbitos donde el Estado mexicano otorga concesiones –minería, telecomunicaciones, aguas, puertos y todo aquello que implica la explotación por particulares de un bien del dominio de la nación– no existe la figura de refrendo, sino la de prórroga; por lo tanto, afirman, hay que trasladarla a la radio y la TV. Para ello proponen un nuevo texto para el artículo 16 de la LFRT: “Las concesiones se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas, en una o más ocasiones por plazos de hasta la misma duración”. O sea que los actuales industriales de la radiodifusión, y más adelante sus descendientes, podrían prorrogar las concesiones, de 20 años en 20 años, hasta plazos ilimitados.
Contra la Suprema Corte
La propuesta contraviene lo establecido por la Suprema Corte que determinó que al finalizar el plazo de una concesión, ésta no se refrendaría automáticamente, sino se sometería a licitación pública en donde el anterior titular participaría junto con otros aspirantes para obtenerla, aunque tendría preferencia sobre terceros en caso de empate.
La iniciativa presentada por el PRI plantea que a quienes se prorrogue una concesión paguen una contraprestación cuyo monto será determinado por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, propone mecanismos para que ese pago salga barato a los empresarios. El documento indica que al momento de determinar el monto de la contraprestación, Hacienda restaría los “pagos en especie” que realicen los concesionarios, es decir, que la SHCP deberá calcular cuánto costaría, por ejemplo, la transmisión de spots para partidos políticos o para campañas gubernamentales –es decir, todo lo que conocemos como “tiempos oficiales”– y ese dinero tendría que restarse al monto de la contraprestación.
Finalmente, otro beneficio para los concesionarios es que aquellas solicitudes de refrendo que actualmente estén en curso, deberán resolverse conforme a los criterios que establece la nueva iniciativa Beltrones, lo cual constituiría una peculiar y muy discutible retroactividad de la ley.
La respuesta de Calderón
Llama la atención la manera en que tanto el gobierno federal como el PRI están actuando al servicio de los concesionarios para restituir en el texto de la LFRT canonjías que estos empresarios perdieron luego de las modificaciones hechas por la SCJN a la Ley Televisa en 2007. Sólo falta que dentro de algunos meses el PRI o el gobierno intenten revivir el texto del polémico artículo 28 de dicha ley con el fin de que los concesionarios de TV puedan operar sus frecuencias en la modalidad de “redes públicas de telecomunicaciones”, es decir prestando servicios adicionales.
Veremos la suerte que corre en el Congreso la nueva iniciativa Beltrones, pero, sobre todo, será interesante observar si Felipe Calderón se deja ganar por el PRI o hace una mejor oferta en materia de refrendo de concesiones, como ya ocurrió en el caso de las combos AM-FM.
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