Mary Anastasia O'Grady
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
El despido por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente del banco central el miércoles pasado ha provocado una crisis constitucional parecida a la que sacudió Honduras a mediados de 2009. Tal como ocurrió con el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, Kirchner ha tratado de pisotear las leyes de su país. La presidente ignoró por completo las protecciones legales que protegían la independencia del banco.
No es de extrañar, entonces, que el presidente del banco central, Martín Redrado, se negara a dejar su cargo y cuestionara el motivo aducido para justificar su salida: entregar a Kirchner US$6.600 millones en reservas bancarias.
A modo de respuesta, Kirchner emitió un decreto para enmendar el estatuto del banco central para despedir "legalmente" a Redrado. Una jueza federal luego emitió una orden judicial a favor de Redrado y este regresó al cargo el viernes. La misma jueza congeló las reservas del banco para que Kirchner no las pudiera retirar. La batalla constitucional había comenzado.
La insistencia de Kirchner de que los activos del banco central estén a su disposición es notable. Refleja una visión primitiva, que no es desconocida incluso en EE.UU., de que el rol del banco central es imprimir dinero para uso del gobierno. De todas maneras, no deja de sorprender que incluso después de que el país haya padecido tal grado de agonía inflacionaria, todavía sea posible que un político argentino recurra a este tipo de razonamiento sin arriesgarse a ser blanco de la ira general.
Lo más interesante es la crisis constitucional que Kirchner ha provocado. Hace ya algún tiempo que los republicanos de Argentina han estado luchando para preservar los pesos y contrapesos institucionales contra una presidenta que parece convencida que tales limites no aplican en su caso. La mandataria, que ya es impopular debido a su estilo autoritario, estaría caminando en la cuerda floja. Vale la pena explorar las razones.
La presidenta podría tener razón en arremeter contra Redrado si su justificación fuera la inflación del 17% del año pasado. Pero su gobierno ha estado aumentando rápidamente su gasto al tomar prestado de los bancos estatales. También ha recurrido a los derechos especiales de giro de US$2.700 millones del Fondo Monetario Internacional. Ambas acciones son inflacionarias.
Es cierto que el banco central podría haber usado la política monetaria para contener los efectos inflacionarios de la generosidad fiscal, pero es bien sabido que Kirchner requería ese dinero fácil. A la presidente le resultaría difícil atribuir la responsabilidad de la devaluación de la moneda sólo a Redrado. En su lugar, dice que este tiene que ser relegado de sus funciones porque se ha negado a entregar las reservas bancarias.
Las ambiciones políticas de Redrado son bien conocidas y esa reputación resulta confirmada por su desempeño en el banco. Con demasiada frecuencia, Redrado ha cedido a las demandas de la mandataria. Pero es lo suficientemente inteligente para saber que seguir financiando el gobierno desde el banco disparará la inflación. También está claro que si entrega los fondos deberá responder por ello ante el Congreso.
Kirchner llevó su caso a la Corte de Apelaciones, que se suele considerar bajo su control. Pero si el asunto llega más adelante a la Corte Suprema, una decisión en su favor dista de estar garantizada.
Por otra parte, aunque el Congreso esté en receso vacacional, los miembros de la oposición han decidido organizar una reunión especial el 20 de enero. Según la ley, antes del decreto enmendado de Kirchner, se requiere la opinión del Congreso antes de que pueda despedir a Redrado. Por su parte, un senador de la oposición ha dicho por cuenta propia que si Kirchner no retira la enmienda, empezará trámites de impugnación.
Este llamado a la impugnación puede ser nuevo, pero Kirchner ya estaba navegando por un mar político agitado y la tormenta crecía día a día. Esto explica por qué está dispuesta a correr un riesgo tan grande.
La presidenta dice que quiere el dinero para pagar a los acreedores extranjeros. Podría pagarles con fondos que ya están en el Departamento del Tesoro, pero tiene otros planes para ese dinero.
Esos planes no sólo tienen que ver con aceitar la maquinaria peronista para las elecciones presidenciales de 2011. La mandataria está en problemas y apuesta a que podrá obligar al Congreso a reemplazar a Redrado con un presidente del banco central más dócil a sus designios. La oposición estará molesta pero con más dinero disponible Kirchner podría comprar el apoyo de los gobernadores que necesite para ponerle coto a las amenazas legales de poner fin a su mandato.
La salida de Zelaya de la presidencia de Honduras en junio, acusado por el Congreso por violar la Constitución, es un antecedente que debería preocupar a Kirchner. Honduras demostró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos de 2001 no protege a un presidente "democráticamente electo" de ser retirado de su cargo por violaciones a la ley. También demostró que EE.UU. y la OEA son gigantes con pies de barro frente a una decisión soberana. Lo que se podría estar desarrollando en el escenario más amplio que representa Argentina constituirá una prueba más para los valores republicanos en la región.
Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.
El despido por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente del banco central el miércoles pasado ha provocado una crisis constitucional parecida a la que sacudió Honduras a mediados de 2009. Tal como ocurrió con el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, Kirchner ha tratado de pisotear las leyes de su país. La presidente ignoró por completo las protecciones legales que protegían la independencia del banco.
No es de extrañar, entonces, que el presidente del banco central, Martín Redrado, se negara a dejar su cargo y cuestionara el motivo aducido para justificar su salida: entregar a Kirchner US$6.600 millones en reservas bancarias.
A modo de respuesta, Kirchner emitió un decreto para enmendar el estatuto del banco central para despedir "legalmente" a Redrado. Una jueza federal luego emitió una orden judicial a favor de Redrado y este regresó al cargo el viernes. La misma jueza congeló las reservas del banco para que Kirchner no las pudiera retirar. La batalla constitucional había comenzado.
La insistencia de Kirchner de que los activos del banco central estén a su disposición es notable. Refleja una visión primitiva, que no es desconocida incluso en EE.UU., de que el rol del banco central es imprimir dinero para uso del gobierno. De todas maneras, no deja de sorprender que incluso después de que el país haya padecido tal grado de agonía inflacionaria, todavía sea posible que un político argentino recurra a este tipo de razonamiento sin arriesgarse a ser blanco de la ira general.
Lo más interesante es la crisis constitucional que Kirchner ha provocado. Hace ya algún tiempo que los republicanos de Argentina han estado luchando para preservar los pesos y contrapesos institucionales contra una presidenta que parece convencida que tales limites no aplican en su caso. La mandataria, que ya es impopular debido a su estilo autoritario, estaría caminando en la cuerda floja. Vale la pena explorar las razones.
La presidenta podría tener razón en arremeter contra Redrado si su justificación fuera la inflación del 17% del año pasado. Pero su gobierno ha estado aumentando rápidamente su gasto al tomar prestado de los bancos estatales. También ha recurrido a los derechos especiales de giro de US$2.700 millones del Fondo Monetario Internacional. Ambas acciones son inflacionarias.
Es cierto que el banco central podría haber usado la política monetaria para contener los efectos inflacionarios de la generosidad fiscal, pero es bien sabido que Kirchner requería ese dinero fácil. A la presidente le resultaría difícil atribuir la responsabilidad de la devaluación de la moneda sólo a Redrado. En su lugar, dice que este tiene que ser relegado de sus funciones porque se ha negado a entregar las reservas bancarias.
Las ambiciones políticas de Redrado son bien conocidas y esa reputación resulta confirmada por su desempeño en el banco. Con demasiada frecuencia, Redrado ha cedido a las demandas de la mandataria. Pero es lo suficientemente inteligente para saber que seguir financiando el gobierno desde el banco disparará la inflación. También está claro que si entrega los fondos deberá responder por ello ante el Congreso.
Kirchner llevó su caso a la Corte de Apelaciones, que se suele considerar bajo su control. Pero si el asunto llega más adelante a la Corte Suprema, una decisión en su favor dista de estar garantizada.
Por otra parte, aunque el Congreso esté en receso vacacional, los miembros de la oposición han decidido organizar una reunión especial el 20 de enero. Según la ley, antes del decreto enmendado de Kirchner, se requiere la opinión del Congreso antes de que pueda despedir a Redrado. Por su parte, un senador de la oposición ha dicho por cuenta propia que si Kirchner no retira la enmienda, empezará trámites de impugnación.
Este llamado a la impugnación puede ser nuevo, pero Kirchner ya estaba navegando por un mar político agitado y la tormenta crecía día a día. Esto explica por qué está dispuesta a correr un riesgo tan grande.
La presidenta dice que quiere el dinero para pagar a los acreedores extranjeros. Podría pagarles con fondos que ya están en el Departamento del Tesoro, pero tiene otros planes para ese dinero.
Esos planes no sólo tienen que ver con aceitar la maquinaria peronista para las elecciones presidenciales de 2011. La mandataria está en problemas y apuesta a que podrá obligar al Congreso a reemplazar a Redrado con un presidente del banco central más dócil a sus designios. La oposición estará molesta pero con más dinero disponible Kirchner podría comprar el apoyo de los gobernadores que necesite para ponerle coto a las amenazas legales de poner fin a su mandato.
La salida de Zelaya de la presidencia de Honduras en junio, acusado por el Congreso por violar la Constitución, es un antecedente que debería preocupar a Kirchner. Honduras demostró que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos de 2001 no protege a un presidente "democráticamente electo" de ser retirado de su cargo por violaciones a la ley. También demostró que EE.UU. y la OEA son gigantes con pies de barro frente a una decisión soberana. Lo que se podría estar desarrollando en el escenario más amplio que representa Argentina constituirá una prueba más para los valores republicanos en la región.
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