Leo Zuckermann
Los panistas habían prometido un desempeño gubernamental diferente al de los priistas. Para ellos, la democracia, a diferencia del autoritarismo, implicaba abrir las cortinas de palacio para que la gente viera cómo operaba el gobierno y cómo se gastaba el dinero de los contribuyentes.
Una vez electo presidente, Fox cumplió. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue, sin duda, uno de los logros del foxismo. Gracias a esta ley, se descubrieron escándalos como la adquisición de unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos que habían costado alrededor de 400 dólares. El Toallagate le costó el puesto a uno de los funcionarios más cercanos del Presidente.
Cuando se discutía la nueva ley de transparencia se abogó por que el acceso a la información gubernamental fuera rápido, barato y anónimo para la ciudadanía. A fin de garantizar este objetivo, se creó un nuevo organismo burocrático, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que desarrolló el Sistema Infomex para que los ciudadanos requirieran la información gubernamental. Hoy el trámite se puede hacer en las oficinas del gobierno o en línea. El acopio de la información es razonablemente expedito, barato e, incluso, el usuario puede registrarse con un nombre falso para mantener el anonimato.
Desde su creación en 2003, el IFAI le ha costado unos mil 700 millones de pesos al contribuyente. El año pasado, el IFAI procesó unas 115 mil solicitudes y las entidades y dependencias federales con mayor número de pedidos de información fueron el IMSS, la SEP, la SHCP, la Semarnat y el ISSSTE.
La ley de transparencia es muy clara: las resoluciones del IFAI “son definitivas para las dependencias y entidades gubernamentales”. Si el Instituto resuelve que un organismo tiene que darle cierta información a un ciudadano, se encuentra obligado a proveerla. En cambio, si el IFAI falla en contra de un ciudadano porque la información es considerada como reservada (por ejemplo por motivos de seguridad nacional), el ciudadano puede impugnar dicha resolución con un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
La ley de transparencia ha sido prácticamente replicada en todos los estados de la República. Sin embargo, el Congreso de Campeche creó un tribunal para revisar los fallos del órgano estatal de acceso a la información, es decir, una segunda instancia donde el gobierno estatal puede defenderse. El asunto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia que analizará su constitucionalidad.
Ahora, de acuerdo a una nota de Georgina Olson en Excélsior, el gobierno federal quiere hacer lo mismo que el de Campeche. Pretende modificar la ley federal para que un juez de Distrito pueda revisar los fallos que emite el IFAI. Ciertamente esta reforma le da al gobierno el mismo derecho que tiene la ciudadanía de apelar una resolución. Sin embargo, es un golpe mortal a la idea de que el acceso a la información tiene que ser rápido y barato.
Con este nuevo sistema, el ciudadano requeriría la información. El gobierno la podría negar. El IFAI tendría que intervenir para ordenar que se entregaran los datos. Las dependencias gubernamentales tendrían cinco días para apelar esta orden frente al juez y el IFAI otros cinco días para formular argumentos y demostrar la legalidad de su decisión. Luego habría diez días para presentar las pruebas de ambas partes. Vendrían tres días más de alegatos y, luego, el juez tendría cinco días hábiles para dictar sentencia. Esos son los tiempos. A eso hay que sumarle los costos del juicio. ¿Quién los absorbería? ¿El contribuyente con el presupuesto del IFAI o el ciudadano que demandó la información?
Con esta iniciativa, el gobierno panista, ahora encabezado por Felipe Calderón, demuestra que ya no le gustó mucho la idea de que los ciudadanos tengan un mecanismo rápido y barato de conocer la información gubernamental. Qué poco duró la promesa de cambio.
Al régimen panista ya no le gustó mucho dar a los ciudadanos información gubernamental.
Los panistas habían prometido un desempeño gubernamental diferente al de los priistas. Para ellos, la democracia, a diferencia del autoritarismo, implicaba abrir las cortinas de palacio para que la gente viera cómo operaba el gobierno y cómo se gastaba el dinero de los contribuyentes.
Una vez electo presidente, Fox cumplió. En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Fue, sin duda, uno de los logros del foxismo. Gracias a esta ley, se descubrieron escándalos como la adquisición de unas toallas para la residencia oficial de Los Pinos que habían costado alrededor de 400 dólares. El Toallagate le costó el puesto a uno de los funcionarios más cercanos del Presidente.
Cuando se discutía la nueva ley de transparencia se abogó por que el acceso a la información gubernamental fuera rápido, barato y anónimo para la ciudadanía. A fin de garantizar este objetivo, se creó un nuevo organismo burocrático, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que desarrolló el Sistema Infomex para que los ciudadanos requirieran la información gubernamental. Hoy el trámite se puede hacer en las oficinas del gobierno o en línea. El acopio de la información es razonablemente expedito, barato e, incluso, el usuario puede registrarse con un nombre falso para mantener el anonimato.
Desde su creación en 2003, el IFAI le ha costado unos mil 700 millones de pesos al contribuyente. El año pasado, el IFAI procesó unas 115 mil solicitudes y las entidades y dependencias federales con mayor número de pedidos de información fueron el IMSS, la SEP, la SHCP, la Semarnat y el ISSSTE.
La ley de transparencia es muy clara: las resoluciones del IFAI “son definitivas para las dependencias y entidades gubernamentales”. Si el Instituto resuelve que un organismo tiene que darle cierta información a un ciudadano, se encuentra obligado a proveerla. En cambio, si el IFAI falla en contra de un ciudadano porque la información es considerada como reservada (por ejemplo por motivos de seguridad nacional), el ciudadano puede impugnar dicha resolución con un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
La ley de transparencia ha sido prácticamente replicada en todos los estados de la República. Sin embargo, el Congreso de Campeche creó un tribunal para revisar los fallos del órgano estatal de acceso a la información, es decir, una segunda instancia donde el gobierno estatal puede defenderse. El asunto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia que analizará su constitucionalidad.
Ahora, de acuerdo a una nota de Georgina Olson en Excélsior, el gobierno federal quiere hacer lo mismo que el de Campeche. Pretende modificar la ley federal para que un juez de Distrito pueda revisar los fallos que emite el IFAI. Ciertamente esta reforma le da al gobierno el mismo derecho que tiene la ciudadanía de apelar una resolución. Sin embargo, es un golpe mortal a la idea de que el acceso a la información tiene que ser rápido y barato.
Con este nuevo sistema, el ciudadano requeriría la información. El gobierno la podría negar. El IFAI tendría que intervenir para ordenar que se entregaran los datos. Las dependencias gubernamentales tendrían cinco días para apelar esta orden frente al juez y el IFAI otros cinco días para formular argumentos y demostrar la legalidad de su decisión. Luego habría diez días para presentar las pruebas de ambas partes. Vendrían tres días más de alegatos y, luego, el juez tendría cinco días hábiles para dictar sentencia. Esos son los tiempos. A eso hay que sumarle los costos del juicio. ¿Quién los absorbería? ¿El contribuyente con el presupuesto del IFAI o el ciudadano que demandó la información?
Con esta iniciativa, el gobierno panista, ahora encabezado por Felipe Calderón, demuestra que ya no le gustó mucho la idea de que los ciudadanos tengan un mecanismo rápido y barato de conocer la información gubernamental. Qué poco duró la promesa de cambio.
Al régimen panista ya no le gustó mucho dar a los ciudadanos información gubernamental.
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