Robert Bottome y Norka Parra
Robert Bottome es director de VenEconomía.
Norka Parra es analista de VenEconomía.
Desde el 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido lo que ya de hecho no existía en Venezuela: el derecho de propiedad y la libertad de empresa.
Se reformó esa ley bajo la excusa de controlar la inflación que, según el gobierno, se debe al acaparamiento y a la especulación de los empresarios, en lugar de al proyecto comunista que adelantan.
El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial, al determinar:
* Que son de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".
* Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social.
* Implanta "la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio".
* Otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para instrumentar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.
Esta reforma de la ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional para cubrir de "legalidad" la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia, en lo que respecta a toda actividad productiva privada.
En adelante se perpetuará la "Teoría de la Bóveda del Miedo" que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades "sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden", porque tales tácticas no son rentables políticamente. Por eso intentan "congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan".
Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes venezolanos tragarán duro y acatarán la exigencia del gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario, a pesar de la devaluación y de la inflación. Peor aún, es posible que mantengan el congelamiento de los precios cuando repongan sus inventarios, por temor a ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.
De imponerse eso, la consecuencia será la quiebra a granel de las empresas venezolanas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.
Robert Bottome es director de VenEconomía.
Norka Parra es analista de VenEconomía.
Desde el 1° de febrero, con la publicación en Gaceta Oficial de la reforma de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Ley de Depabis), quedó oficialmente suprimido lo que ya de hecho no existía en Venezuela: el derecho de propiedad y la libertad de empresa.
Se reformó esa ley bajo la excusa de controlar la inflación que, según el gobierno, se debe al acaparamiento y a la especulación de los empresarios, en lugar de al proyecto comunista que adelantan.
El reformado artículo 6 establece explícitamente el exterminio de toda actividad empresarial, al determinar:
* Que son de utilidad pública e interés social "todos los bienes necesarios para desarrollar actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios".
* Establece que el Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes sujetos a esta Ley, sin que la Asamblea Nacional haga la declaratoria previa de utilidad pública e interés social.
* Implanta "la medida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el procedimiento expropiatorio".
* Otorga total discrecionalidad a cualquier órgano o ente "competente" del Ejecutivo Nacional para instrumentar la expropiación mediante posesión y puesta en operatividad inmediata del bien o servicio sujeto a la Ley. Ese órgano o ente "competente" también asumirá la administración y aprovechamiento del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y servicios del bien expropiado.
Esta reforma de la ley es un traje hecho a la medida por la Asamblea Nacional para cubrir de "legalidad" la arbitrariedad y el robo continuado de empresas y propiedades que viene haciendo el gobierno de Hugo Chávez desde hace años. En el nuevo texto de la Ley de Depabis quedan excluidos el Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Estado de Justicia, en lo que respecta a toda actividad productiva privada.
En adelante se perpetuará la "Teoría de la Bóveda del Miedo" que planteó el analista Luis Vicente León, según la cual los gobiernos totalitarios modernos tratan de controlar a las sociedades "sin necesidad de matar, expropiar y apresar a todo el mundo porque no pueden", porque tales tácticas no son rentables políticamente. Por eso intentan "congelar a las sociedades que controlan a través del miedo que genera el ataque a los símbolos que la representan".
Ahora con el péndulo de esta draconiana Ley de Depabis sobre sus cabezas, la mayoría de los empresarios y comerciantes venezolanos tragarán duro y acatarán la exigencia del gobierno de no tocar los precios de los bienes y servicios en inventario, a pesar de la devaluación y de la inflación. Peor aún, es posible que mantengan el congelamiento de los precios cuando repongan sus inventarios, por temor a ser penalizados no sólo con la expropiación de sus bienes sino con multimillonarias multas e incluso con prisión.
De imponerse eso, la consecuencia será la quiebra a granel de las empresas venezolanas y la parálisis de la economía de un país que se sumirá en la escasez y la miseria.
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