13 de mayo de 2009

Conjuras y putrefacción institucional

José A. Crespo


Los delatores de la corrupción en el GDF no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para ser reconocidos.

Me parece justificado ahondar sobre la mucha información que contiene el libro de Carlos Ahumada, por la importancia del episodio de los videoescándalos en el fuerte deterioro de nuestra democratización, quizá todavía no desahuciada, pero sí herida de gravedad.

A) Llama la atención que Ahumada no comprenda la relevancia política de la participación de diversos personajes en la divulgación de los videos que grabó, y debido a eso se dice extrañado por la importancia que la opinión pública concedió al tema, al reducir el impacto sobre los actos mismos de corrupción capitalina: “Todos los días se discutía si había sido un complot, si había participado Carlos Salinas, si en él estaban el presidente Vicente Fox, Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos... Sí, sí estuvieron todos ellos, hoy lo puedo decir. Pero, insisto, eso no fue lo relevante”. En su visión, los delatores de la innegable corrupción en el gobierno capitalino no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para recibir el reconocimiento público. Ahumada no es experto en teoría democrática ni constitucional, y por eso no estaba obligado a entender la gravedad política de la participación de personajes e instituciones del gobierno federal en la difusión de los videos, pues implica violentar una importante regla de la democracia. La negación de Creel (y el silencio de Eduardo Medina-Mora) sobre su participación en el ardid, responde a que ellos sí saben que con eso violentaban la regla democrática que reza: “No se permite usar los recursos del Estado para propósitos político-electorales, pues ello termina con la equidad” (conducta incluso tipificada como delito electoral en el artículo 407 del Código Penal). El Cisen, en lugar de abocarse a la seguridad nacional, se puso al servicio político del nuevo partido oficial, como en los peores tiempos del PRI. Un Cisen en aquel entonces a cargo de quien hoy encabeza la PGR (con razón, la seguridad está como está). Con tales antecedentes, ¿qué garantiza que la Procuraduría no se ponga al servicio del partido oficial, según ocurrió en el foxismo? Una regla por cuya violación justamente cayó Richard Nixon. Ahumada buscó ayuda externa en lugar de simplemente entregar los videos a Televisa, precisamente porque él mismo estaba implicado en el escándalo y requería inmunidad, la cual sólo podría ofrecérsela el gobierno federal.

B) Ahumada también comprende la importancia política de la negociación de Salinas con Fox (hoy doctor en democracia): los videos a cambio de la libertad de su hermano Raúl y la devolución de los fondos que la PGR le había retenido. Nuevo uso político de la justicia (amén de implicar graves delitos). La versión coincide con lo que alguna vez me comentó Adolfo Aguilar Zinser, a poco de haber dejado la embajada ante la ONU, en una conversación no sujeta al “fuera de micrófonos”. Al preguntarle sobre la relación de Fox con Salinas, me dijo que éste ofreció mover sus hilos para favorecer la reforma fiscal foxista (y de cuya participación en ello después dio noticia Elba Esther Gordillo) y, a cambio, Salinas podría regresar tranquilamente de su exilio y Fox intentaría promover la liberación de su hermano. Eso fue meses antes de ser liberado Raúl Salinas.

C) Debiera investigarse y, en su caso, penalizarse, la gran cantidad de delitos e ilícitos que Ahumada narra: el soborno que involucra al gobierno capitalino, con eventual conocimiento de López Obrador; el tráfico de influencias (aun en torno a la integración de la Suprema Corte); la extorsión en contra de Ahumada (como la relatada por Claudia Sheinbaum a través de Carlos Imaz); la violación de sus derechos humanos en la prisión, y las amenazas a él y su familia. Pero no vivimos en un Estado de derecho, y de ello se queja, con razón, Ahumada. Irónicamente, eso le favoreció también a él, pues incurrió en la grabación de varios personajes sin su consentimiento, y la divulgación de esas grabaciones, lo cual está penalizado por el artículo 211-bis del Código Penal hasta con 12 años de cárcel (por cada persona que se graba). Ahumada narra con detalle cómo incurrió en ese delito, pues dice haber hecho las grabaciones “independientemente de si ese acto… fue o no ético”. No, no era cuestión sólo de ética, sino de legalidad. En lugar de tres años, Ahumada pudo haber pasado muchos más en prisión, de haber en México Estado de derecho. Por lo cual, para qué tanto desgarre cada vez que aparecen grabaciones ilícitas, si aun sabiendo quién las hizo —y siendo confeso el infractor, con lujo de detalles— no se aplica la ley (¿quién espió a Luis Téllez? Seguimos y seguiremos esperando).

D) Y en cuanto al episodio del pacto con el equipo de campaña de Felipe Calderón en la elección de 2006 a través de Juan Molinar, para divulgar nuevos videos e intensificar la campaña negativa contra López Obrador, debiera investigarse el tiroteo contra la camioneta de la familia de Ahumada (seguramente para disuadirla de dar a conocer los nuevos videos y que, absurda e inverosímilmente, el gobierno capitalino explicó como un “autoatentado”). Pero, también, el posible delito electoral (o su tentativa), al gestionar Molinar favores del gobierno federal con fines electorales (ilícito tipificado en el artículo 412 del Código Penal). Claro, todo ello si viviéramos en una democracia más o menos digna de ese nombre, y no en un régimen de cuya pudrición hasta la médula da cuenta la narración de Ahumada. Calderón, jefe de este Estado, si no fallido, sí pestilente, ¿hará algo al respecto? Por supuesto. Hará como que la Virgen le habla, según corresponde a quien dirige el país de la impunidad y la simulación. ¿Y con este espantajo institucional se pretende ganar la guerra contra el narcotráfico? Sí, cómo no.

12 de mayo de 2009

Nueva fechoría de TV Azteca

Javier Corral Jurado

Acaba de aparecer en algunos medios, como si en efecto se tratara de una novedad, otra más de las escandalosas violaciones que TV Azteca lleva acabo al régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México - sin añadir que es muy probable que pueda obtener el primer lugar en la única competencia real que tiene con Televisa: desafiar a la autoridad y a la legislación electorales -.

Se da cuenta en la información periodística, que la empresa de Ricardo Salinas Pliego comercializa ilegalmente canales adicionales de TV restringida, aprovechando el canal espejo que el Ejecutivo Federal les asignó mediante acuerdo, desde julio 2 de 2004, a todos los concesionarios y permisionarios de televisión para llevar acabo la transición de las señales del sistema análogico al digital. En sus tiendas de venta de enseres eléctricos oferta un aparato decodificador de señales digitales con el que el comprador puede recibir el paquete de televisión digital “Hi TV” que consta de 21 canales.

Siendo que el acuerdo de aquel entonces otorgó un canal adicional por cada frecuencia analógica concesionada para ir haciendo las pruebas necesarias de la mutación al nuevo sistema, quedó debidamente establecido que en el canal espejo sólo podían retransmitirse íntegra y simultáneamente los contenidos del canal analógico, que una vez consolidada la transición prevista para el 2021 devolverían el canal adicional, y conforme el estándar tecnológico que se adoptó en dicho acuerdo, la transición digital en México tendría como exclusivo propósito transmitir TV de alta definición, por cierto sólo obligada en el 20% del tiempo total de la programación. Se copió el modelo gringo, que otorgó el mismo ancho de banda del actual sistema para el nuevo digital. La medida tuvo el propósito de acaparar el espectro en las mismas manos por largo tiempo y no multiplicarlo, como en efecto, mediante nuevas licitaciones han hecho otros países para ensanchar la oferta comunicacional, mediante los llamados multiplex (caso Español).

El acuerdo no determinó que los concesionarios pudieran dar otros canales adicionales de TV restringida utilizando el mismo espectro asignado para TV abierta. Eso lo buscaron dos años después, cuando pretendieron abusivamente, mediante la llamada Ley Televisa, agandallarse a perpetuidad el espectro radio-electrico del país mediante el refrendo automático, no devolver ninguna de las dos frecuencias, y dar todo tipo de servicios adicionales de telecomunicaciones sin que les fueran aplicables los requisitos legales para una nueva concesión, como el de la licitación misma, y como lo señala el propio acuerdo en el que TV Azteca basa su nuevo intento de agandalle.

En el texto de ese acuerdo, que se trasladó prácticamente en los mismos términos a los títulos de concesión, la prestación de servicios de telecomunicaciones en el canal adicional está condicionada: “cuando sea factible y sin que esto implique interrupción total o parcial de la TDT, ni impida permanentemente la transmisión de programas de alta definición, el concesionario podrá solicitar a la SCT la prestación de los mismos, solicitud que se resolverá sujetándose a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a las disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario estará obligado a cubrir la misma a favor del gobierno...”.

La ley Televisa, de la que TV Azteca fue su cola y su instrumento para calumniar a quienes la resistimos, buscó eliminar la necesidad de una nueva concesión, incluso el permiso de la autoridad, pues mediante una simple solicitud se hacían de un nuevo título como operadores de Redes Públicas de Telecomunicaciones.

Para la historia de México, recuperemos el dato de que esa pretensión abusiva, ese desafío al Estado de Derecho, que contó con la anuencia del Congreso federal y la promulgación del Presidente de la República, fue revertido mediante sentencia de inconstitucionalidad por la SCJN, que invalidó parcialmente varias de las porciones normativas de aquella reforma y de manera absoluta los artículos 28 y 28ª de la Ley Federal de Radio y TV que precisamente contenían los supuestos en los que incurre hoy Televisión Azteca.

Sí, siempre lo dijimos, aunque suene mal, querían dar otros canales de Televisión asaltando el espectro radio-eléctrico de la Nación. Y aquí está la prueba superviniente por si hiciera falta, y para que no quede duda alguna en ningún ministro de nuestro Tribunal Constitucional: el propósito más burdo, el más descarado, el más ilegal, es nada para los varones del duopolio televisivo.

Esa apuesta permanente de poder tiene en la inacción de los órganos del Estado su principal aliciente. Si el Gobierno Federal burla los efectos contenidos en la sentencia de la SCJN, y el Congreso la desdeña y se olvida por más de dos años de rellenar por lo menos las normas invalidadas, ¿Porqué habría de respetarla un particular que en la trampa a la ley ha logrado engullirse desde el Canal 40, pasando por el indebido cobro de 550 millones de pesos a la SCT en el caso UNEFON, hasta utilizar el canal espejo durante todo el año pasado para transmitir contenidos totalmente diferentes a su señal abierta?. Esto último no mereció la más mínima sanción por parte de la Secretaría de Gobernación.

¿Qué se brincaron las trancas de nuevo?. Por favor, no sumemos a la afrenta el engaño. Lo hacen hoy como lo hicieron hace tres años, aprovechando la coyuntura electoral; lanzándose primero una de las televisoras para, si pega, se suma la otra. Tienen el mismo beneplácito de los mismos actores de hace tres años, de los que promovieron la Ley Televisa y de los que la desatoraron en el Senado. Y todos saben que se trata de un abuso y un atraco. Pero el Estado de Derecho que se impulsa tiene sus límites y en materia de radiodifusión se llaman Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

10 de mayo de 2009

México: Los militares deben responder por sus abusos

El deficiente sistema de justicia militar atenta contra las políticas de seguridad y contra el narcotráfico


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(México, D.F.) - Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 85 páginas, titulado "Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública", describe 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008. Los abusos incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles.

"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".

Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, señala el informe, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.

Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.

Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.

En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.

El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.

Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del ministerio público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.

Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente "para los delitos y faltas contra la disciplina militar". Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió "servicio" militar como la "realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña". Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados "funciones inherentes" de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.

"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", manifestó Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".

Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Calderón a asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea federal o local.

7 de mayo de 2009

Las drogas: ¿legalizarlas o no?

Un argumento a favor asegura que al legalizar la posesión y el consumo de marihuana se podrían recaudar miles de millones de dólares en impuestos y eliminar una tajada importante de las ganancias que alimentan la violencia entre los narcotraficantes en México.

Por Steven B. Duke

Los crímenes relacionados al tráfico de drogas y el caos en México recuerdan a los asesinatos que se registraron de Chicago durante la época de la prohibición del alcohol en los años 20. Aunque la violencia en México es mucho peor que el derramamiento de sangre que dejaron en Estados Unidos los contrabandistas de entonces, ambos episodios tienen en común la motivación: las ganancias. Estas son guerras territoriales, libradas entre bandas rivales que tratan de ampliar su control sobre el mercado de las drogas ilegales. Hace 75 años, Estados Unidos logró acallar la violencia de los traficantes con el levantamiento de la prohibición a la venta de alcohol. La única solución a largo plazo para los crímenes ligados a los carteles de México es legalizar las otras drogas ilegales que fueron pasadas por alto cuando se abolió la Prohibición en 1933.

En 2000, el gobierno mexicano alborotó el avispero cuando empezó a arrestar y procesar a los grandes distribuidores de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. Hasta entonces, los carteles dependían de los sobornos y la corrupción para mantener una coexistencia pacífica con las autoridades. Cuando esta pax Mexicana se acabó, no sólo empezaron a luchar contra el gobierno sino también entre sí. Esta violencia ya se ha cobrado más de 10.000 víctimas en México desde 2005, y la carnicería ha cruzado fronteras a Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur.

Algunos creen que esta ola de muertes (actualmente unos 400 asesinatos al mes) amenaza la supervivencia del gobierno de México. Más allá de si esto es una exageración, como insiste el presidente Felipe Calderón, es cierto que México atraviesa una crisis. Los mexicanos le han pedido ayuda al gobierno de Barack Obama y éste ha accedido, ofreciendo apoyo material y elogiando la integridad y coraje del gobierno mexicano por enfrentarse a los carteles.

Control de armas

Ante la pregunta de qué es lo que EE.UU. podría hacer para contribuir, la primera cuestión que surge es si el control de armas sería la solución. Calderón asegura que podrían prácticamente desarmar a los carteles dificultándoles la compra de armas en EE.UU. y frenando su paso ilegal a México. Obama ha estado de acuerdo con esta posición y ya ha dado muestras de estar dispuesto a reducir la disponibilidad de armas. Sin embargo, aunque la Casa Blanca sea capaz de sortear todos los impedimentos políticos y constitucionales para restringir el acceso de los estadounidenses a las armas de fuego, el impacto sobre la violencia relacionada al tráfico de drogas en México sería insignificante. Los carteles están bien armados ahora, y las armas sufren un desgaste muy lento.

Incluso si los capos mexicanos llegaran a perder su flujo de aprovisionamiento en EE.UU., tardarían años en notar las consecuencias. Y entonces, simplemente recurrirían a otros proveedores. Existe un gran mercado negro de armas militares en todo el mundo.

También es ilusa la idea de que es posible evitar que las drogas entren a EE.UU., cerrando así el acceso al mayor mercado de los narcotraficantes. Aunque fuera posible interceptar el contrabando en los más de 300 puestos en la frontera y si realmente se llegara a levantar ese muro a lo largo de toda la frontera con México (unos 3.110 kilómetros), la experiencia sugiere que los traficantes lograrán pasar igual, ya sea por encima o por debajo.

Propuestas de legalización

El Congreso Mexicano ya ha estudiado varias propuestas para legalizar las drogas. Una incluso fue aprobada en 2006, pero luego, bajo presión de EE.UU., el presidente Vicente Fox se negó a firmarla. Estos proyectos se basan en la idea de que al eliminar las ganancias de la distribución ilegal de drogas, los carteles desaparecerán porque no ganarán suficiente dinero. Sin embargo, un punto débil de estas propuestas es que en realidad la fuente principal de estas ganancias no es México sino EE.UU. El consumo mexicano de drogas es mínimo comparado con el río que fluye hacia el norte. Todo sugiere que cualquier propuesta para despenalizar las drogas en México apenas tendría un impacto sobre la guerra actual del narcotráfico.

Una vez conscientes de esta realidad, las opciones son pocas. Una sería tratar de eliminar la demanda, otra sería atacar a los proveedores y una tercera consistiría en una combinación de las dos anteriores. Hasta ahora, el gobierno de Obama parece decidido a combatir a los narcotraficantes por la fuerza militar. Esperemos que se dé cuenta de que este enfoque no funcionará.

Supongamos que EE.UU. saliera al rescate de México con decenas de miles de millones de dólares, incluyendo una provisión de personal militar, expertos y equipos, y coordinara un ataque generalizado contra los narcotraficantes. Tras un auge inicial, el nivel de la violencia relacionada al tráfico de drogas acabaría por decaer. En el proceso, se perderían miles de vidas, aunque México se volvería menos atractivo para los delincuentes, tal como pasó en otras áreas, como Colombia, Perú y Panamá. Al fin y al cabo, eso fue lo que le confirió a México su estatus actual en este oscuro negocio. Después, el tráfico simplemente se trasladaría a otro país de América Latina o el Caribe y el proceso volvería a empezar.

Un gobierno realmente abierto al "cambio" consideraría una solución a largo plazo, que pasaría por eliminar el mercado de las drogas ilegales mediante su legalización. No podemos destruir el atractivo de las drogas psicotrópicas. Lo que podemos y deberíamos hacer es eliminar el mercado negro de estas sustancias y regularlo y gravarlo al igual que hacemos con nuestras drogas recreativas más perjudiciales: el tabaco y el alcohol.

La marihuana presenta el argumento más fuerte para defender este enfoque. Según algunas estimaciones, la marihuana representa en torno al 70% de las drogas ilegales distribuidas por los carteles mexicanos. Si se gravara en EE.UU. a la misma tasa que el alcohol y el tabaco, se recaudarían unos US$10.000 millones en impuestos al año y ahorraría otros US$10.000 millones que ahora se dedican a la lucha contra los distribuidores y consumidores de marihuana.

Un paso intermedio pasaría por despenalizar la posesión y uso de marihuana y ser más transigentes con los cultivadores estadounidenses de la hierba. Eso reduciría las importaciones de México y otras partes y eliminaría una parte substancial de las ganancias que alimentan las olas de violencia en México.

Después de la marihuana, avanzaríamos con las drogas más duras. Esto enfrentará una gran resistencia. La marihuana es una sustancia relativamente segura. Nunca nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana y nadie ha sufrido un brote súbito de violencia por culpa de su consumo. La cocaína, heroína y las anfetaminas, en cambio, son muy adictivas y perjudiciales, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, su ilegalidad hace que esos peligros sean mucho mayores, inundando el mercado de químicos de contenido y potencia dudosa y desalentando a los adictos a buscar la ayuda necesaria para deshacerse de su dependencia.

Podemos intentar luchar contra los narcotraficantes como lo hicieron con Al Capone, o podemos aplicar las lecciones que hemos aprendido de la prohibición del alcohol y desmantelar el destructivo experimento de la ilegalización.

—Steven B. Duke es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.

Las drogas: ¿legalizarlas o no?

El progreso en Colombia en su lucha contra el tráfico ilegal y los carteles aporta claras evidencias de que la guerra contra las drogas se puede ganar. Mientras, la historia ha demostrado repetidamente que una reducción en las prohibiciones conduce a mayor abuso y adicción.

Por John P. Walters

La alarma sobre la violencia ligada al narcotráfico en la frontera mexicana ha desembocado en la esperada retahíla de propuestas a favor de la legalización de las drogas. La más prominente fue un llamado hecho por tres ex presidentes latinoamericanos (de Brasil, México y Colombia) para acabar con la guerra de la droga. Pese a que abundan los planes para terminar con esta guerra, todos resultan en un mayor uso y adicción, tal como admiten sus propios defensores. ¿Su respuesta? Deberíamos cortar por lo sano en la prevención y persecución legal y simplemente gastar más en tratamientos.

¿Cómo se vería Estados Unidos con dos o tres veces más de drogadictos? Como respuesta, consideremos cómo estaba el país hace unos años, durante la aterradora epidemia de las metanfetaminas, tan similar al brote del crack en los años 80. Ambas fueron una pesadilla, alimentadas por la disponibilidad de las drogas.

En 2004, 1,4 millones de personas reconocieron haber usado metanfetamina ese año, según la Encuesta Nacional de Salud y Drogas de Estados Unidos. Este potente estimulante empezó a crecer rápidamente como una droga que se podía preparar en casa, utilizando como base un medicamento contra resfriados. Luego fue producida en grandes cantidades por narcotraficantes mexicanos que la introducían ilegalmente a EE.UU. Las drogas ya no eran un problema exclusivo de las grandes ciudades.

Epidemia de la adicción

La adicción, violencia y veneno de la droga golpearon la clase media del país. La epidemia destruyó familias y despertó olas de abusos domésticos. Leyes efectivas consiguieron forzar a los adictos a recibir tratamiento a través de fallos judiciales, lo que ayudó a salvar vidas. Paralelamente, implementamos medidas preventivas específicas y, lo más importante, recurrimos a la penalización y la regulación para reducir drásticamente la producción de metanfetaminas. Como resultado, el consumo (medido según los resultados de las pruebas obligatorias en el trabajo y las encuestas entre jóvenes) y el suministro (medido por la DEA) han declinado más de 60% entre 2002 y 2008.

La cocaína y el crack presentan casos de estudio similares. Los expertos en políticas públicas tanto de derecha como de izquierda concuerdan, como en pocas otras cosas, sobre los daños que estas drogas infligieron sobre los áreas urbanas pobres estadounidenses. Luchar contra el crack hizo que la vida de todos los estadounidenses mejorara.

La violencia inherente al tráfico ilegal de drogas tiene el propósito de horrorizar a los ciudadanos decentes y autoridades para que guarden silencio.

La violencia de los narcotraficantes, que ha afectado a decenas de miles de personas, es poca si se compara con las víctimas de otra violencia, aquella que se ve a diario en las comunidades estadounidenses bajo la influencia de las drogas. Aproximadamente 80% del abuso contra menores y casos de abandono en EE.UU., están ligados al uso o abuso de drogas. Tampoco es que el abuso de drogas cause todo el crimen y la violencia del mundo, pero sí los empeora al incapacitar el uso de la razón, debilitar el control de los impulsos e incluso causar paranoia y psicosis. Más del 50% de los arrestados hoy en día por delitos de violencia y robo dan positivo en las pruebas de drogas ilegales. El acceso legal a las drogas incrementaría esta clase de sufrimiento alarmantemente.

Los orígenes de las leyes federales están en las reacciones a desastrosas y violentas epidemias de drogas cuando prácticamente cualquier familia tenía acceso a los remedios basados en el opio y la cocaína a finales del siglo XIX. Las drogas estaban disponibles sin penalización. Los niveles de adicción eran escalofriantes, con aproximadamente unos 250.000 adictos a los opiáceos en una población de 76 millones de estadounidenses.

Si uno se deja llevar por el argumento de que la ilegalidad causa el problema, basta con recordar que la China antigua acabó arrodillada por culpa del fácil acceso al opio. Hoy, sociedades muy tradicionales y estrictamente reguladas como Tailandia, Malasia, Irán y Afganistán sufren un problema terrible de adicción debido a que la heroína es muy fácil de conseguir.

El uso ilegal de drogas sigue siendo un problema, pero mire se cómo se mire, es más pequeño. Comparado con hace 30 años, menos de la mitad de adolescentes está utilizando drogas, según Monitoring the Future, un estudio continuo llevado a cabo por la Universidad de Michigan. El consumo de cocaína y metanfetamina es menos de la mitad de lo que solía ser en su época de auge. Incluso los delincuentes drogadictos configuran un porcentaje menor de la población carcelaria que hace 15 o 7 años.

¿Cuáles son las lecciones ineludibles? En el proceso de aliviar el problema de las drogas, hemos aprendido cuán importante es la educación: no sólo enseñando a los más jóvenes sobre los peligros de las drogas, sino también instruyendo tanto a jóvenes como adultos sobre la enfermedad de la adicción. Sabemos que el mal empieza con el uso de drogas adictivas y que éstas modifican el cerebro.

Cuando me nombraron director de políticas sobre drogas en 2001, en EE.UU. sufríamos una debilidad inherente en los programas de prevención para jóvenes. Los adolescentes nos contaban que les habían informado sobre los peligros de las drogas, pero que si sus amigos las usaban no querían ser críticos, así que se mostraban predispuestos a participar. Entonces, procedimos a reunir especialistas en tratamientos antidrogas con los mejores creativos publicitarios para configurar mensajes preventivos que presentaran el abuso de las drogas como una enfermedad que obliga a los amigos a combatirla. Nos valimos del idealismo y la solidaridad de los jóvenes para darle la vuelta a la sensación de presión de grupo.

También hemos aprendido a implementar herramientas de salud pública que han tenido buenos resultados contra otras enfermedades. Hemos aprendido que la adicción es una enfermedad tratable. Por eso, estamos incrementando las vías al tratamiento, en las que se destaca el papel de los tribunales como un lugar central para que los adictos consigan la ayuda que necesitan. La legalización de las drogas nos quitaría esta herramienta.

También hemos aprendido a combinar la fuerza de las autoridades con los recursos de seguridad nacional para combatir a los carteles de narcotraficantes. Uno de los ejemplos internacionales más importantes en los últimos diez años es la transformación de Colombia desde un Estado dominado por el narcoterrorismo, la violencia y la corrupción a una próspera democracia liberal.

El ejemplo de Colombia

Entre 2001 y 2007, el cálculo aproximado del gobierno de EE.UU. del máximo potencial de producción de cocaína en Colombia cayó 24%. No hay un método exacto para traducir esto en ganancias perdidas, pero incluso las estimaciones más conservadores apuntan que una caída de 24% equivaldría a millones de dólares. Ahora, hay pruebas de que el efecto combinado de la menor producción y las mayores redadas redujeron el suministro de cocaína colombiana a EE.UU. entre esos mismos años.

Colombia es el antecedente perfecto para entender la amenaza en México. Las bandas criminales en México se remontan décadas atrás. Se han enriquecido y están mejor armadas, pero las áreas fronterizas cuyo control se disputan son un viejo campo de batalla. La corrupción de la que se valen para protegerse tiene raíces profundas. A medida que han ido perdiendo ganancias, se han vuelto más peligrosas.

Al igual que la prohibición del alcohol en EE.UU. en los años 20 no destruyó el crimen organizado en el país, legalizar las drogas no acabará con los grupos criminales en México. De hecho, el patrón real de violencia dentro de las familias de la mafia en EE.UU. y en los carteles de Colombia sugiere que es cuando se sienten amenazados y su control se desestabiliza que la violencia se dispara.

Legalizar las drogas es lo peor que podríamos hacer para el presidente de México, Felipe Calderón, y sus aliados. Eso debilitaría la autoridad moral de esta lucha y los mexicanos se darían cuenta inmediatamente de que no tenemos intención de reducir nuestro consumo.

—John P. Walters fue director del Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas de EE.UU. de 2001 a 2009.

¡Nos vemos en la Corte! El arreglo judicial de disputas en América Latina y sus implicaciones para el sistema interamericano

Arturo C. Sotomayor Velázquez

Resumen: A primera vista, América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo. Sin embargo, las disputas fronterizas siguen presentes en la región y los Estados latinoamericanos tienden a no utilizar las instituciones existentes para dirimir estas diferencias. ¿Qué implica esto para el sistema interamericano?

ARTURO C. SOTOMAYOR VELÁZQUEZ es investigador afiliado posdoctoral del Center for Interamerican Policy and Research (CIPR) de la Tulane University, en Nueva Orleans, y profesor de tiempo completo, con licencia, en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México. Actualmente es el coordinador (con Mónica Serrano) del Grupo de Estudios de Seguridad, una iniciativa conjunta de El Colegio de México y el CIDE.

SI POR CONFLICTO ARMADO se entiende el uso violento de la fuerza militar entre dos o más actores y cuyo resultado genera más de 1 000 muertes durante su transcurso, entonces no cabe duda de que América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo. Según cifras del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 1990 y 2000, la región latinoamericana fue testigo de 4 conflictos armados, cifra mucho menor a los que hubo en África (16), Asia (9), Medio Oriente (9) y Europa (8). Sin embargo, entre los países latinoamericanos existen todavía disputas fronterizas y, si bien pocas veces están dispuestos a enfrentarse en una guerra para dirimir sus diferendos territoriales, lo cierto es que esos conflictos no resueltos provocan serias tensiones diplomáticas y crisis militares. En los últimos años, se han hecho múltiples esfuerzos para evitar una espiral de conflictos regionales. Los países que forman parte de la disputa tienen una variedad de opciones disponibles, incluidas la negociación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y el recurso a organismos regionales. A pesar de la disponibilidad de todos estos instrumentos, en Latinoamérica se tiende a ignorar a los organismos regionales, a preferir los acuerdos ad hoc y a solicitar arreglos judiciales ante instancias extrarregionales. Tal como sucede con la mayor parte de los matrimonios fracasados en materia de Derecho Civil, los latinoamericanos difícilmente pueden resolver por sí mismos sus conflictos y, en cambio, acuden al juez y a la corte para que decidan su futuro.
Un caso ilustrativo de esta paradoja latinoamericana se dio a principios de 2008, cuando las relaciones entre Ecuador y Colombia se tensaron luego de que las fuerzas militares colombianas bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicado 1 800 metros dentro del territorio ecuatoriano, en la región selvática de la provincia de Sucumbíos. La Organización de los Estados Americanos (OEA) intentó mediar entre ambos países e incluso se instauró una comisión revisora que investigó los hechos y reconoció que el operativo militar colombiano había violado la soberanía de Ecuador. Sin embargo, a pesar de la violación flagrante del Derecho Internacional Público y de la soberanía de un país miembro, la OEA no condenó explícitamente a Colombia y, en cambio, dejó en manos de los cancilleres las recomendaciones para solucionar la crisis. Frente a la falta de una declaración más dura, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró que, sin condena, entonces “habr[ía] que botar a la OEA al tacho de la basura, ya que no servirá para nada”. El incidente no terminó ahí: inmediatamente después de la resolución de la OEA, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta vez, Ecuador acusó a Colombia de causar daños a la salud de los ecuatorianos y al medio ambiente regional por las fumigaciones que el gobierno colombiano realiza desde hace 7 años en la zona fronteriza. Éste es un ejemplo de cómo los países andinos no sólo no pueden resolver las disputas entre sí, sino que, además, han llevado sus casos a instancias judiciales fuera de la región.
Ecuador y Colombia no están solos en esta dinámica. En la última década, un número considerable de países latinoamericanos ha acudido a la Corte para dirimir sus respectivas disputas territoriales, incluidos los países centroamericanos involucrados en diferendos fronterizos, tales como los de El Salvador-Honduras, Nicaragua-Honduras, Nicaragua-Colombia y El Salvador-Honduras-Nicaragua. La Corte no sólo atiende disputas territoriales entre los Estados relativamente pequeños, sino que también ha asumido la jurisdicción sobre los conflictos no territoriales entre países grandes, como la disputa ambiental argentino-uruguaya por la instalación de papeleras europeas en Fray Bentos, en la costa del río Uruguay, frente a la ciudad de Gualeguaychú, en Argentina. Asimismo, en 2003, México demandó a Estados Unidos frente a la Corte de la ONU por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, según la cual los extranjeros arrestados en cualquier país tienen derecho a obtener ayuda de los consulados de sus respectivos Estados, en tanto que las autoridades están obligadas a informar a los reos de ese derecho.
La lista de posibles clientes para la ya muy atareada Corte se incrementa día a día; ahora, Guatemala y Belice están a punto de acudir a ella, luego de un fallido intento de mediación de la OEA. De proseguir esta dinámica, quedarían entonces por resolver varios conflictos, incluidas seis disputas territoriales importantes entre Guyana y Surinam, Guyana y Venezuela, Guayana Francesa y Surinam, Chile y Perú, Chile y Bolivia, y Colombia y Venezuela. Aun con los casos no resueltos, cabe preguntarse por qué los latinoamericanos han mostrado ese renovado interés por la Corte y su arreglo judicial. ¿Qué factores explican que se prefiera a la Corte sobre los demás mecanismos regionales? ¿Por qué la Corte y no otros foros? Para esclarecer esta aparente paradoja, hay una diversidad de perspectivas que se pueden agrupar en legados normativos, desencantos regionales y expectativas globales.

LEGADOS NORMATIVOS: LA TRADICIÓN JURÍDICA LATINOAMERICANA
HISTÓRICAMENTE, los países latinoamericanos han mostrado una tendencia a resolver sus conflictos por medios diferentes a la guerra. Incluso, se ha llegado a afirmar que América Latina es excepcional por su renuencia legal a resolver los conflictos a través del combate militar. La preferencia latinoamericana por los enfoques jurídico y legal parece tener una justificación enraizada en una cultura diplomática profundamente normativa y principista. Desde su independencia, los países latinoamericanos han preferido guiarse por normas basadas en el Derecho Internacional Público e incluso han adoptado principios que regulan su comportamiento. Entre los más importantes, se puede citar el de uti possidetis, que equivale a “como [poseías] de acuerdo con el derecho, poseerás”. Derivado del Derecho Romano, este principio autorizaba a la parte beligerante a reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra. En el ámbito latinoamericano, el principio fue aplicado durante el siglo XIX para demarcar los territorios emancipados de los imperios español y portugués, tomando como base el año 1810. Así, la frontera entre Brasil y el resto de los países hispanoparlantes fue demarcada por aquello que los portugueses y españoles dejaron después de la era colonial.
Sin embargo, el principio de uti possidetis no resolvió todos los problemas provocados por la emancipación territorial y los procesos de independencia. De tal forma, los latinoamericanos se adhirieron a un cuerpo legal de normas y principios, sofisticados y profundamente formales, cuyo reconocimiento permitió una relativa coexistencia pacífica. La convivencia, la concertación pacífica, la mediación, el arbitraje y los buenos oficios fueron aceptados e internalizados por el sistema interamericano. Entre 1851 y 1922, hubo al menos 14 secesiones e intercambios de territorio pacíficos en Sudamérica; 8 de estos casos fueron resueltos por algún tipo de mediación, negociación o buenos oficios.
La preeminencia de este enfoque en América Latina es resultado, en gran medida, de la difícil historia internacional de la región que, desde su nacimiento, fue disputada por las potencias europeas y, más adelante, por Estados Unidos. Siendo incapaces de defenderse con instrumentos militares, los latinoamericanos utilizaron lo que, en la jerga coloquial, se conoce como el “arma de los débiles”, es decir, el Derecho Internacional Público. Su peso e importancia no radican en la capacidad de castigar a un posible enemigo, sino en el recurso que ofrece para denunciar jurídica, pero también moralmente, a quien viola sus principios.
De tal forma, la política hacia el exterior, incluida aquélla dirigida hacia posibles enemigos, no fue delegada a los militares, sino a las diferentes cancillerías de América Latina, las cuales casualmente estaban repletas de abogados y juristas. Ese predominio del enfoque jurídico persiste hasta nuestros días, y cuando emerge un conflicto entre Estados, son los embajadores quienes intentan echar agua al fuego para evitar que los militares entren en acción. Así pues, en América Latina, la atención de los uniformados ha estado volcada esencialmente hacia lo interno, en tanto que lo externo ha sido materia casi exclusiva de los diplomáticos. Ésta es una situación inversa a lo que sucedió con la formación estatal europea, donde “la guerra hizo a los Estados y los Estados hicieron la guerra”, como decía el recién fallecido Charles Tilly.
En estos términos, la preferencia de América Latina por la Corte parece casi natural. Ningún otro organismo internacional encarna mejor el Derecho Internacional Público que la propia Corte de la ONU, no sólo porque está ahí para defenderlo, sino también porque de ella ha nacido aún más Derecho. Asimismo, los mejores juristas latinoamericanos han servido como jueces o miembros ad hoc. Por ejemplo, Isidro Fabela, Luis Padilla Nervo, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y, más recientemente, Bernardo Sepúlveda han sido algunos de los diplomáticos y juristas mexicanos que han servido en calidad de jueces y como miembros ad hoc de la Corte. Todos los países latinoamericanos también han reconocido su jurisdicción desde que ingresaron a la ONU.
Sin embargo, el enfoque principista sólo resuelve una parte del problema. Cierto: la tradición legal y profundamente jurídica puede explicar la predisposición latinoamericana por los arreglos judiciales en materia de disputas estatales, pero lo cierto es que los latinoamericanos cuentan con un conjunto de instituciones regionales y multilaterales a las cuales acudir para hacer valer el Derecho Internacional Público. Por ejemplo, los países en conflicto bien pueden asistir a la OEA y resolver ahí su diferendo sin tener que apelar a la Corte, haciendo uso de los mismos recursos jurídicos, como la mediación y los buenos oficios. A pesar de tener a su disposición foros regionales de resolución de disputas, los latinoamericanos prefieren la Corte por encima de otros mecanismos regionales. ¿Por qué habrán de preferir un foro por encima de otro? ¿Por qué la Corte y no la OEA?

DESENCANTOS REGIONALES: LA MEDIACIÓN DE DISPUTAS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
LA OPCIÓN REGIONAL es una de las varias alternativas disponibles para resolver controversias y disputas. De hecho, la propia Carta de la ONU, en su artículo 8, contempla la acción regional para asistir en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, siempre y cuando esos marcos regionales sean compatibles con los fines de las Naciones Unidas. La perspectiva regional ofrece diferentes ventajas. Primero, las organizaciones regionales pueden contribuir a dividir la paz (o a hacerla divisible), aislando los conflictos y previniendo la globalización de problemas que son de carácter estrictamente local. Segundo, los mecanismos regionales son más sensibles y, por tanto, están más atentos a las necesidades del área que sus contrapartes globales, pues conocen tanto la realidad como los problemas de la región mejor que cualquier otro actor externo. Tercero, su naturaleza local y la cercanía geográfica permiten que se intervenga más rápidamente cuando suceden crisis. Cuarto, su presencia facilita la intervención de vecinos dentro de la región, al ofrecer un foro local que incentiva no sólo los buenos oficios de terceros, sino también la asistencia y la presión diplomáticas para resolver conflictos entre países adyacentes.
Una mirada a la región confirma que América Latina tiene organismos regionales en abundancia y, por ende, está suficientemente institucionalizada, al menos formalmente. Sobre todas las instituciones regionales, destaca por su importancia el sistema interamericano, cuyo eje es la OEA. Fundada en 1948, es el organismo regional más antiguo del mundo y es heredera de una tradición longeva de pensamiento panamericano. El marco legal de la OEA está basado en tres tratados principales y un fondo, con diferentes atributos, que permiten la resolución de disputas entre sus miembros. El primero de ellos es la propia Carta de la OEA, denominada también Carta de Bogotá, la cual fija los principios que regulan a la organización, incluidos los de no intervención, la autodeterminación, el Derecho Internacional Público como norma de conducta y la resolución pacífica de controversias. Asimismo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR o Tratado de Río) también ofrece a su Consejo la posibilidad de tomar medidas para mantener la paz regional en caso de que surjan conflictos entre dos o más Estados de la región. El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, es otro instrumento legal que desempeña un papel fundamental dentro del sistema, pues en él se encuentran delineados, de manera muy específica, los mecanismos que habrán de operar para resolver las disputas, entre ellos los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitraje judicial. El Pacto cubre todas las posibles variantes de disputas con excepción de las internas, pues es fiel al principio de no intervención. Finalmente, la OEA posee el Fondo de Paz, creado en 2000 por una iniciativa canadiense e impulsado por el embajador Luigi Einaudi, Secretario General interino de la Organización. Su misión consiste en suministrar recursos y asistencia para ayudar a los países a resolver de manera pacífica sus disputas territoriales, e incluye los gastos de litigio y el pago de despachos de abogados.
Así, formalmente existe un marco de referencia interamericano para dirimir diferencias y solucionar querellas entre países. No obstante, la actividad de la OEA en materia de resolución de controversias ha sido inconstante y su éxito al resolver las disputas, sobre todo las territoriales, es cuestionable. Históricamente, son múltiples los casos que ha atendido la OEA. Su mayor auge se dio entre los años 1948 y 1965, cuando se llegaron a invocar los buenos oficios de la OEA en más de 30 instancias. Curiosamente, el organismo regional atendió casi exclusivamente conflictos estatales entre países centroamericanos y caribeños. Entre los casos más notables de esta época están las disputas entre Costa Rica y Nicaragua por agresión territorial, presentadas en dos ocasiones distintas, en 1948 y en 1955, así como la mediación entre Honduras y Nicaragua por un litigio territorial en 1957.
A partir de la década de los sesenta y hasta inicios de los noventa, la actividad de la OEA decreció sustancialmente en materia de resolución de disputas. Tres sucesos mermaron el desempeño de la organización regional: la suspensión de Cuba del seno de la OEA, la polarización ideológica del hemisferio provocada por la crisis de los misiles soviéticos en la isla y la intervención militar estadounidense en República Dominicana en 1965. Casi todos los análisis históricos disponibles parecen coincidir en que lo sucedido en 1965 fue lo que más afectó la percepción general del organismo y erosionó su legitimidad como actor regional. En concreto, la OEA respaldó la intervención militar que Estados Unidos encabezó para impedir que Juan Bosch, político progresista y afín al socialismo, reasumiera el poder en la República Dominicana. La intervención encabezada por Washington, pero con bandera de la OEA, fue apoyada por la mayor parte de las dictaduras de la región, incluidas las de Brasil, Honduras, Nicaragua y Paraguay.
A pesar de que han pasado más de 40 años desde aquel episodio, lo cierto es que la OEA no ha logrado deshacerse de una mal ganada reputación que cuestiona su legitimidad como organismo regional de resolución de disputas. En efecto, persiste en la Organización una crisis de legitimidad que no ha sido superada con el fin de la Guerra Fría. Concretamente, la OEA carece de tres requisitos fundamentales para ser reconocida como mediador legítimo. Primero, existe un serio déficit de imparcialidad, no sólo por la influencia que puede ejercer Estados Unidos en el organismo, sino por la injerencia que pueden tener otros países del área. De alguna forma, aquello que antes era considerado como su fortaleza —su conocimiento regional—, pronto devino en su mayor debilidad. Al ser local y del área, la Organización tiene demasiados intereses en la región y hace que sus miembros, sobre todo los más fuertes, sesguen su misión, haciéndola imparcial y poco objetiva. Por ejemplo, Bolivia y Perú jamás aceptarían la mediación de la OEA en sus respectivas disputas territoriales con Chile, no en tanto su Secretario General sea chileno.
Segundo, a pesar de la formalidad y rigidez de sus tratados y acuerdos, sus procedimientos son constantemente ignorados. Los países miembros pueden acudir en principio a la OEA, pero en el transcurso terminan utilizando procedimientos informales y mecanismos ad hoc que no están ni inspirados en la Carta ni en los tratados de la OEA. Por ejemplo, en 1994, Ecuador y Perú se enfrentaron por la posesión de un territorio de 348 kilómetros cuadrados, ubicado en la región fronteriza alrededor de la cuenca del río Cenepa, en la región amazónica sudamericana. Formalmente, el conflicto violaba la Carta de la OEA y debió haber llamado la atención del TIAR, en tanto que su resolución probablemente competía al Pacto de Bogotá. En su lugar, la mediación cayó en manos de un grupo ad hoc que antecede a la fundación de la OEA, denominado Grupo de Países Garantes del Protocolo de Río de Janeiro, formado por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Su gestión fue exitosa, ya que logró el cese de las hostilidades, la desmilitarización del área y la reconciliación diplomática. Pero el proceso no se guió de acuerdo con los mecanismos formales de resolución de disputas del sistema interamericano, a pesar de que, teóricamente, la OEA tenía jurisdicción sobre el caso. La informalidad con la que proceden los latinoamericanos revela que quizá aprecian más la flexibilidad de los mecanismos ad hoc que la rigidez de los procedimientos formales de la OEA.
Tercero, un requisito fundamental para que los Estados miembros perciban a un organismo internacional como legítimo es que éste genere beneficios tangibles. En concreto, los países que llevan sus querellas frente a un tercero esperan que éste no sólo medie, sino que, además, resuelva la disputa. El beneficio material y tangible, por lo tanto, depende de que el organismo solucione en buenos términos el conflicto entre las partes. Sin embargo, el expediente de la OEA indica que ésta presta sus oficios, media entre las partes, pero no logra resolver la disputa.
Por ejemplo, Belice y Guatemala sostienen un conflicto centenario, en el que Guatemala reclama más de 12 200 kilómetros cuadrados del territorio beliceño, que corresponde a más de la mitad de su extensión total. En septiembre de 2005, estos países firmaron en la OEA un acuerdo marco de negociación y medidas de fomento de confianza, con el fin de mantener buenas relaciones bilaterales mientras encontraban una resolución definitiva de su diferendo territorial. Por primera vez, la OEA apoyó a este proceso por medio de su Fondo de Paz, prestando no sólo asistencia técnica, sino también recursos monetarios para financiar el litigio. Casi 2 años después de la firma del acuerdo, la OEA sugirió que Guatemala debía renunciar a las reclamaciones y, a cambio, recibir una salida al mar. Sin embargo, el gobierno guatemalteco dijo que la propuesta era inaceptable y con ello puso fin a la intervención del organismo regional. Si bien Belice posee los argumentos jurídicos que le dan la razón en la disputa con su vecino, Guatemala no percibió los beneficios concretos que podían derivarse de la solución propuesta por la OEA. El país no obtenía concesión territorial alguna, no salía beneficiado por la delimitación fronteriza terrestre y se le confería un corredor limitado de acceso al mar con derechos de navegación restringidos. Este último se extendía por 2 millas a ambos lados de la línea de equidistancia que dividía los mares territoriales de Belice y Honduras, y se le asignaba una ambigua e indeterminada zona marítima, en la cual Belice y Honduras habrían tenido derecho a proporciones razonables de captura de peces y a la exploración y explotación de recursos naturales en el fondo o en el subsuelo marítimo. En concreto, los beneficios tangibles de la propuesta hecha por la OEA no fueron bien percibidos por una de las partes, con lo cual el intento de resolución regional fracasó, a pesar de los recursos y de la buena voluntad. A esto hay que agregar el hecho de que la OEA carece de autoridad para obligar a los países a acatar sus decisiones, en virtud de que es una institución que no tiene “dientes” para imponer sus resoluciones.
Paradójicamente, el fracaso de la instancia regional plantea la posibilidad de que las partes en conflicto lleven sus casos a una corte internacional o a un tribunal de arbitraje lejos de la región, como de hecho está por suceder en el caso Guatemala-Belice. Sin duda, un factor de peso que erosiona la labor de la OEA es la disponibilidad de otros foros adonde los países puedan llevar sus disputas. La posibilidad de acudir ante mecanismos ad hoc o globales, como la Corte de la ONU, disminuye los incentivos para que los Estados acaten las recomendaciones de la OEA. Si una sugerencia del organismo regional es percibida como injusta o inaceptable por un Estado, éste siempre tiene la posibilidad de acudir a otras instancias, pasando por alto los foros regionales apropiados. De tal forma, aunque uno de los mandatos clave de la OEA sea propiciar la resolución de conflictos entre sus miembros, su gestión es complicada por los legados históricos, por el hecho de estar influida por la misma dinámica regional que propicia las disputas, por su déficit de legitimidad y por la abundante disponibilidad de foros alternos.

EXPECTATIVAS GLOBALES: LA OPCIÓN DE LA CORTE
AHORA BIEN, la opción de la Corte como foro de resolución de disputas merece ser aclarada y calificada. Al igual que la OEA, la Corte ha tenido períodos de relativa inactividad, sobre todo entre 1965 y 1985, después de la debacle de un caso controvertido no resuelto y vinculado con África Sudoccidental. Sin embargo, gradualmente, en los ochenta y noventa, comenzó a retomar varios casos, la mayoría de ellos relacionados con disputas territoriales y marítimas, aunque pronto asumió casos sobre temas diversos. Concretamente, el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, en 1986, renovó el interés latinoamericano por la Corte. Su fallo final favoreció la posición nicaragüense, la cual cuestionaba a Washington por apoyar actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua. El caso sentó un precedente, quizá no legal, aunque sí práctico, que modificó la percepción que hasta entonces se tenía de este órgano judicial de Naciones Unidas. Tres factores motivan el interés latinoamericano a favor de este foro.
Primero, la Corte es percibida como un actor imparcial que, al ser global, tiene pocos conflictos de interés en la región. En ella hay 15 jueces, todos provenientes de diferentes países y seleccionados con base en méritos profesionales, sin referencia a cuotas nacionales. La costumbre dicta, igualmente, que en caso de existir un conflicto de interés de parte de uno de los jueces o que sea nacional de una de las partes en conflicto, éste conserva su derecho de asiento, pero no puede participar en la resolución. Para subsanar este hueco, se permite el nombramiento de jueces ad hoc, si así lo desean los países en disputa. Segundo, sus procedimientos son igualmente percibidos como legítimos por la consistencia de sus fallos. Las decisiones son exclusivamente vinculantes para las partes que han sometido voluntariamente sus casos a la Corte. Esto no significa, sin embargo, la ausencia de precedentes legales. Si bien sus jueces no se guiarán por otros casos para resolver una disputa, usualmente sus decisiones son muy consistentes y rara vez se distancian de sentencias anteriores. Esta práctica contribuye a otorgarle certidumbre al proceso y disminuye el factor sorpresa que usualmente desincentiva a los Estados a resolver sus querellas mediante arreglos judiciales. Tercero, los fallos de la Corte suelen ser percibidos como ecuánimes. Recientemente, en 2007, un fallo de la Corte fijó la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras. Específicamente, se otorgó a Honduras la soberanía de cuatro islas en el Caribe sobre las que mantenía un litigio con Nicaragua, pero se rechazó su reclamación de que la frontera marítima entre los dos países está en el paralelo 15 y, en cambio, trazó una nueva línea divisoria. Con esa decisión, la Corte le dio parcialmente la razón tanto a Honduras como a Nicaragua, que reclamaba la frontera hasta el paralelo 17. De esta manera, ambos países quedaron satisfechos y compartieron los beneficios. De ahí que, al enterarse del dictamen, el presidente hondureño, Manuel Zelaya, declaró: “Se equivocaron nuestros adversarios: el fallo de La Haya ha unido a Centroamérica”. Finalmente, la Corte es una institución cuya legitimidad también está respaldada por un grado de autoridad. A diferencia de los organismos regionales, los fallos y las decisiones de la Corte son reconocidos como si representaran la perspectiva de toda la comunidad internacional. Sus acciones y pronunciamientos representan el sentimiento colectivo de todos los Estados miembros, y violarlos o ignorarlos tiene repercusiones, no sólo porque el no acatamiento de una decisión puede llamar la atención del Consejo de Seguridad de la ONU, sino porque, además, trae consigo consecuencias para el prestigio y buen nombre de cualquier Estado. En otras palabras, la Corte sí tiene “dientes”.
A estos factores asociados con la forma y la operación de la Corte, hay que añadir otras variables que han incidido en la preferencia latinoamericana por los arreglos judiciales. Uno de ellos es el efecto emulación que parece guiar el comportamiento de varios países. Ya sea por medio de socialización o por difusión de normas, los Estados siguen la tendencia y la práctica de otros. Una vez que dos partes en disputa llevan su caso a la Corte, los demás se sienten tentados a seguir el mismo patrón, y con ello desencadenan una tendencia que, con el tiempo, favorece a La Haya. En ese sentido, no es extraño que Belice y Guatemala opten por el camino de la Corte después de haberlo intentado con la OEA, pues la mayor parte de sus vecinos ha seguido el mismo patrón.
Finalmente, las motivaciones estatales inciden también en las preferencias. La Corte suele tardarse años en dictar fallos, sin tomar en cuenta que existe el recurso de revisión y apelación que puede retrasar aún más el tiempo de resolución. Esto significa que los países pueden estar dispuestos a ir a la Corte sin la intención de resolver su disputa y con el mero objetivo de ganar tiempo para aventajar posiciones. Con esta premisa, el arreglo judicial sería meramente una excusa para engañar e intimidar con la amenaza de ir a la Corte. Hasta ahora, no hay forma de demostrar si esta hipótesis es cierta, ya que la tendencia latinoamericana de acudir a la Corte es relativamente reciente, y gran parte de las sentencias serán resueltas en los próximos años. El caso de Nicaragua contra Honduras parece sugerir que los países buscan solucionar de buena fe sus disputas cuando apelan al órgano judicial de la ONU, aunque habrá que esperar para comprobar si el resto de los Estados se comportará de la misma forma.

CONCLUSIONES
DE ESTE ANÁLISIS se desprenden buenas y malas noticias. La buena noticia es que, como nunca antes, América Latina, en general, y Centroamérica, en particular, han mostrado un renovado interés por resolver sus disputas mediante arreglos judiciales en instituciones internacionales. El hecho de que muchos países latinoamericanos estén dispuestos a someterse a un arbitraje internacional frente a un tercero refleja un cambio de actitud digno de celebración. Esta tendencia tendrá implicaciones sobre la manera como, hasta ahora, se ha reflexionado sobre los límites, las fronteras y el conflicto estatal en general. Asimismo, el papel que hasta ahora ha desempeñado la Corte ofrece una salida jurídica a los múltiples problemas regionales, ya que permite la despolitización y la desmilitarización de varias disputas entre vecinos al convertirlas en materia legal para juristas, lejos de las manos de los caprichosos políticos y estrategas militares. Los hallazgos de este análisis también traen buenas nuevas para el sistema de Naciones Unidas, pues demuestran la utilidad de sus órganos y de sus procedimientos.
Sin embargo, esta tendencia implica que el uso de organismos regionales para la solución de disputas será menos frecuente y plantea un serio problema de mandato para instituciones como la OEA. Si bien el principio de complementariedad establece la coexistencia entre instituciones globales y regionales, en la práctica, la ONU y la OEA se complementan muy poco o nada. Cierto es que se amplía el abanico de foros que los países tienen a su disposición; más instituciones significa también mejores alternativas de cooperación. Pero la ganancia para una organización es la pérdida para otra, pues el éxito de la Corte sólo se logra a costa del uso relativo de las instituciones regionales y puede llevar a la atrofia institucional de éstas. Quizá la OEA esté condenada a servir exclusivamente en la consolidación de los procesos de democratización en América Latina, dejando así a foros como la Corte la resolución de disputas, pero eso significa que el propósito para el cual fue creada debe modificarse o, de lo contrario, como dice el presidente Correa, “habrá que botar a la OEA al tacho de la basura”.

6 de mayo de 2009

Los días y los medios

Marzo

31 Sun Times Media Group solicita protección por bancarrota, dado el descenso de los ingresos publicitarios y de su deuda tributaria.



Abril

1 El IFE se deslinda de las regulaciones impuestas por los consejos estatales a las encuestadoras y ofrece interceder para evitar la huelga que éstas anunciaron.

9 Miguel Ángel Jiménez Godínez se separa del cargo de director de la Lotería Nacional debido a su presunta participación en un intento de pagar publicidad para favorecer a los candidatos del PAN en Campeche, según denuncia de los editores del Diario de Yucatán.

2 Revoca el TEPJF la resolución del IFE para sancionar con 2 millones de pesos a TV Azteca por no transmitir los spots político-electorales en marzo y abril de 2008.

3 Entra en vigor el registro con huella digital para los compradores de un teléfono celular.

A los 81 años fallece en Madrid la escritora Corín Tellado. Deja más de 4 mil títulos en su haber y 400 millones de ejemplares vendidos. (Revise nuestro perfil sobre la escritora en la página web)

12 El Representante Comercial de Estados Unidos urge a los órganos reguladores de México que impongan a Telmex y Telcel reglas para evitar prácticas anticompetitivas.

13 Los consejeros del IFAI eligen a Jacqueline Peschard Mariscal comisionada presidente de ese organismo en sustitución de Alonso Lujambio que, desde el 6 de abril, ocupa la titularidad de la SEP.

Por considerar que denigra la bandera nacional y utiliza una imagen estereotipada del mexicano –de baja estatura, enmascarado y con el lábaro patrio de sarape– la Embajada de México en España protesta ante Burger King por la publicidad de su hamburguesa Texican Whopper.

La Casa Blanca elimina diversas restricciones a los cubanos estadounidenses para viajar a la isla y, además, permite a empresas de telecomunicaciones hacer negocios con Cuba.

14 Jorge Volpi, director de Canal 22, anuncia la nueva programación, que entra al aire el día 19. Informa que ya se tiene la concesión del canal 23 para probar la digitalización de sus contenidos; el proceso terminará en 2010.

Burguer King anuncia que modificará la publicidad de su hamburguesa “por respeto a los mexicanos y a su cultura”.

15 Gannett Co., la cadena de diarios más importante de Estados Unidos, informa que sus ingresos por publicidad cayeron 30% este año, la baja más aguda desde la depresión.

Grupo Radio Centro comienza a operar la estación de Radio Éxitos 939 FM en Los Ángeles, con programación de música en español. Está dirigida al mercado de la radio más grande de Estados Unidos.

22 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que Televisa sí violó la legislación electoral al colocar cortinillas antes y después de los spots de los partidos políticos que trasmitió en bloque el 31 de enero y el 1 de febrero. El Tribunal también ordena al IFE reabrir el procedimiento sancionador que declaró improcedente contra el PAN y Germán Martínez, por difundir propaganda que denigra al PRI.

La Suprema Corte de Justicia atrae el juicio por daño moral interpuesta por Marta Sahagún contra Olga Wornatt y Proceso, por haber publicado un artículo sobre la anulación de su primer matrimonio. Sahagún busca revertir la sentencia dictada por El Tribunal Superior de Justicia del DF, en la que se absolvió a la revista de un pago de casi 2 millones de pesos.

Derechos colectivos acotados

José A. Crespo

Los partidos suelen quejarse cuando entre sí se aplican el famoso albazo. Ahora fueron ellos los que propinaron uno a los ciudadanos.

Tal vez de manera deliberada, cuando la atención ciudadana se concentra en la epidemia viral, los congresistas se apresuraron a aprobar un buen número de reformas e iniciativas y eludieron así el debido debate público y el escrutinio ciudadano sobre cada una de ellas. Los partidos suelen quejarse cuando entre ellos se aplican el famoso albazo y a veces lo evitan a través de tribunazos. Ahora fueron ellos los que aplicaron un albazo a los ciudadanos, por decirlo así. De las muchas reformas aprobadas en estos días está la iniciativa para la protección de los derechos colectivos, consistente en que un grupo de ciudadanos pueda interponer una queja jurídica por alguno de los múltiples abusos que cotidianamente cometen diversas empresas y corporaciones en contra de los consumidores. Es claro que para un particular al que se le ha esquilmado, por ejemplo, 200 pesos, no valdrá la pena interponer una queja contra la corporación que lo robó, ni en tiempo ni esfuerzo, pues la probabilidad de ganar de forma aislada es infinitesimal (si se considera, además, que el sistema mexicano de justicia cede más fácilmente al dinero que a la razón). La idea de los derechos colectivos es entonces reducir el costo a los afectados por un mismo abuso y elevar las probabilidades para que se les haga justicia, sistema que ya han adoptado diversos países avanzados o están en el serio empeño de serlo (como Brasil o Colombia).

Pero como México ni es avanzado ni al parecer quiere serlo (o al menos los legisladores no procuran que así suceda), entonces esa iniciativa fue modificada por los diputados y desvirtuaron ese derecho. El 23 de septiembre, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara baja publicó un proyecto en el que se adiciona un párrafo al artículo 17 constitucional en el que se aclara que los derechos colectivos “podrán ser ejercidos por los órganos federales del Estado competentes en estas materias, por sí o a petición de los interesados”, instituciones tan confiables y eficaces como la Profeco, la Condusef y la Profepa, siempre tan preocupadas por los ciudadanos. En otras palabras, que las cosas seguirán más o menos como hasta ahora. Además, al llevar la reforma a la Constitución, se elimina la posibilidad de que los estados aprueben legislaciones más avanzadas y realmente tutelares de los derechos colectivos de los ciudadanos, como una que se halla en la Asamblea del DF y sí permite la representación ciudadana directa. La reforma aprobada por los diputados contraviene igualmente acuerdos internacionales en la materia, signados por nuestro país pero, como siempre, desconocidos en la práctica.

Por lo cual la reforma puede considerarse como una enorme victoria de las grandes corporaciones privadas y la consecuente derrota de la ciudadanía, misma que debemos agradecer a nuestros “representantes” en el Congreso. Representantes a los cuales no podemos exigir eficazmente nada, al contrario de lo sostenido por la publicidad del IFE, pues ni siquiera tenemos con qué premiarlos o sancionarlos de manera personalizada, dada la ausencia de reelección parlamentaria consecutiva, una gran anomalía democrática. En efecto, es significativo que dicha iniciativa se haya aprobado de manera consensuada, es decir, los partidos optaron por subordinar —una vez más— nuestros intereses, el de sus presuntos representados, por los de los grandes poderes fácticos, a quienes en realidad representan y defienden en el Congreso (además de a sí mismos). Ahí no pudo notarse diferencia alguna de posición o resolución entre partidos tan formalmente antagónicos como el PAN y el PRD, pasando por el PRI. La importancia de esta reforma (que podría ser modificada en el Senado) exige que sea discutida a fondo, y no aprobada en fast track, como ocurrió en la Cámara baja. No ha transcurrido mucho tiempo desde que la colega Denise Dresser les echara en cara a los legisladores comportarse como “empleados de los intereses atrincherados” y, al gobierno, como “empleado de las personas más poderosas del país”. Legisladores y gobierno son parte —dijo, con razón— de “un sistema político que funciona muy bien para sus partidos pero muy mal para sus ciudadanos” (23/I/09). Discurso que fue efusivamente aplaudido por nuestros “representantes”, probablemente con el fin de ocultar la vergüenza que, a veces, les provoca escuchar verdades. Hoy, los partidos políticos nos han dado un nuevo palo, pero, eso sí, piden nuestro voto como respaldo y anuencia para seguir dándonos de palos sin que podamos siquiera meter las manos.

Muestrario. Generar una imagen de gran peligro y después controlar la epidemia con pocas bajas podría tener dos efectos políticos antagónicos: A) que los gobiernos respectivos sean aplaudidos debido a su gran eficiencia y a haber sacado al país de esa amenaza; B) que se les responsabilice por haber sobredramatizado tanto que la imagen proyectada fuera del país fue desproporcionada respecto a la situación en que nos hallábamos, con costos no sólo de discriminación, sino una grave caída del turismo por quién sabe cuánto tiempo. Habrá que ver cuál valoración prevalece en la opinión pública. Y aunque son deleznables los actos de discriminación por parte de gobiernos y ciudadanos de otros países, ejercidos contra mexicanos por el sólo hecho de serlo, ¿qué podemos esperar si entre nosotros mismos se registraron también casos de discriminación, y no sólo con malas miradas, sino a pedradas, y con llamados de autoridades locales a los chilangos para que “se guarden”? Finalmente, algunos especialistas dicen que determinar el origen del virus y comprender por qué pegó aquí antes que en otras partes y por qué aquí provocó muertes, no tiene mayor importancia desde el punto de vista epidemiológico. No estoy seguro, pero sí lo estoy de que esclarecer tales incógnitas tiene una gran importancia política.

La reforma puede considerarse como una enorme victoria de las grandes corporaciones privadas.

5 de mayo de 2009

Amedi y la influenza mediática

Javier Corral Jurado

El mismo día que el gobierno de la República decretó la alerta sanitaria para enfrentar la epidemia del virus de la influenza, 23 de abril, ocurría también un hecho importante para la vida del país. En el Club de Periodistas de México se desarrollaba la novena asamblea nacional de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que renovó sus cuadros directivos y analizó bajo la mirada especializada de varios de sus miembros el estado de la legislación en materia de medios de comunicación, particularmente los proyectos de reforma a la radio y la tv que duermen el sueño de los justos en ambas cámaras del Congreso.

La Amedi es importante para el país porque se trata del grupo plural más relevante que se ha conformado en torno de la lucha por la democratización de los medios, y se ha constituido en un referente indiscutible de esa lucha. Ahí se ha logrado reunir —poco tiempo después de las traumáticas elecciones de 2006— a los personajes de mayor prestigio político, jurídico, académico, comunicacional y de organización social.

A lo largo de estos dos últimos años ha consolidado su presencia en la vida pública de México, y con base en el rigor ético y profesional de sus estudios e investigaciones, en el celo de su independencia política, en la imparcialidad partidista que se ha impuesto y en la autonomía en su acción y pensamiento, es ya una voz sonora y una presencia visible en el debate de la nación.

Por más intentos que los intereses comerciales han realizado por sofocar el tema de la necesaria reforma de los medios, la Amedi ha mantenido encendida la llama de la esperanza, y animado bajo distintos enfoques y batallas ese debate como un asunto vital para la democracia.

En una renovación soberana y democrática, esperanzadora, ha tomado las riendas de la Amedi como nuevo presidente del Consejo Directivo, 2009-2011, el prestigiado investigador Raúl Trejo Delarbre, nuestro máximo teórico de la comunicación política en México, y como coordinador del Consejo Consultivo —en sustitución de Miguel Ángel Granados Chapa—, el doctor Néstor García Canclini, otro de los grandes no sólo en nuestro país, sino en América Latina.

De Trejo podemos decir que se trata del personaje que con mayor rigor ético, político y académico ha influido en la conciencia de miles sobre el estudio contemporáneo de la comunicación. Ya en el ejercicio de su responsabilidad en Amedi, convocó a un blog para discutir, intercambiar experiencias y expresar inquietudes y hallazgos sobre el desempeño de los medios ante la epidemia. Respondieron académicos e investigadores de la comunicación y se construyó un interesante diálogo con muy diversos enfoques (http://mediosantelainfluenza.wordpress.com/).

Según Trejo Delarbre, “En términos generales, sería mezquino regatearles a tv, radio y prensa el papel de comunicación que han cumplido con eficacia. Algunos han exagerado pero, en general, las descripciones altisonantes, la tentación del estruendo y las imágenes lastimeras quedaron en segundo plano. Las explicaciones a cargo de médicos especializados en epidemias han acaparado los segmentos. En noticiarios y espacios extraordinarios, televisoras y radiodifusoras han sido puentes entre expertos y sociedad”.

Este enfoque conforma una precisión de lucha política muy importante, que ante tanto abuso y exceso de algunos medios suele olvidarse para todos los demás. Trejo Delarbre lo ha formulado: “La Amedi no está en contra de los medios sino del abuso: queremos una apertura fincada en la investigación y el seguimiento escrupuloso de los asuntos públicos; queremos que se desenvuelvan en plena libertad para desarrollar ciudadanos y no consumidores”.

Es menester saludar ese enfoque y agradecer a Trejo Delarbre, a su nuevo comité directivo y a García Canclini el esfuerzo con el que deciden continuar una tarea indispensable para México: el cumplimiento de un deber cívico en horas difíciles para el país, y ampliamente retadoras para el derecho a la información.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

4 de mayo de 2009

LA UNICA BATALLA QUE NO DEBEMOS LIBRAR ES EN CONTRA DE NOSOTROS MISMOS

Javier Corral Jurado

MENSAJE E INFORME JAVIER CORRAL JURADO AL CONCLUIR SU PERIODO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE AMEDI 2007-2009

Club de Periodistas, Ciudad de México, 23 de abril de 2009 - Estamos orgullosos de llegar a este momento de renovación de nuestros cuadros directivos fortalecidos con la participación de personalidades tan vigorosas como todos ustedes y comprobando que cada día más mexicanos se suman a la lucha por la democratización de los medios de comunicación en nuestro país.

La AMEDI es hoy un referente indiscutible de esa lucha. A lo largo de estos dos últimos años hemos consolidado nuestra presencia en la vida pública de México y con base en el rigor ético y profesional de nuestros estudios e investigaciones. En el seno de nuestra independencia política, de la imparcialidad partidista que nos hemos impuesto y la autonomía en su acción y pensamiento, somos una voz sonora y una presencia visible en el debate de la Nación.

Por más intentos de sofocar nuestra causa, hemos mantenido el debate de la reforma de los medios como un asunto vital para la democracia. Hemos crecido en membrecía. Contamos con 168 miembros asociados, 150 de ellos tenían derecho a participar en esta Asamblea por virtud del proceso de regularización en el pago de sus cuotas. Y tenemos más de 200 afiliados a lo largo y ancho del país.

Tenemos conformados capítulos estatales en Jalisco, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Nuevo León. Y en proceso de formación, Guerrero, Morelos, Sonora, Estado de México. Hoy mismo participan en esta Asamblea delegados de Chihuahua, de Yucatán, de Jalisco, de Quintana Roo, de Puebla y del Estado de México. Y nos da mucho gusto que hayan hecho el esfuerzo por venir a la ciudad de México, también se los agradecemos.

Prácticamente todos los que están aquí saben lo que hemos hecho en estos dos años y lo que no hemos podido lograr. De lo que estoy seguro es que no hemos tenido retroceso alguno en la ruta de objetivos, de propósitos y de anhelos que nos hemos fijado en nuestras normas, en nuestros estatutos.

Hubiera querido haber hecho muchas cosas más y dotar a la organización de una mejor estructura administrativa y de un más robusto financiamiento; reconozco que en el tema de la recaudación de fondos no ha obrado a favor de AMEDI lo que algunos han considerado como mis exagerados escrúpulos y una tonta predisposición hacia el dinero, que varias veces, me explicaron, era fruto de una mala formación personal. Pero tenemos ya un patrimonio propio, que además de moral y político registra en este momento un equipamiento básico y una razonable suficiencia de fondos para operar los próximos meses.

De muchas batallas nos sentimos orgullosos:

- De la que hemos librado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley Televisa.

- De la propuesta de Reforma Integral a la Legislación de medios electrónicos que presentamos al Senado de la República el 4 de noviembre de 2007 y la argumentación que de ella hicimos en las Comisiones del Congreso.

- De la defensa que hemos hecho en la opinión pública y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Reforma Constitucional y legal en materia electoral cuando se quedó prácticamente huérfana, desconocida incluso, por sus propios promotores.

- De la defensa de la libertad de expresión que hicimos en el caso de la periodista Carmen Aristegui hasta su regreso a la radio.

- De la oportuna y completa denuncia que hicimos del Decreto del Presidente Felipe Calderón que pretende otorgar combos a las frecuencias de AM, reforzando la concentración existente.

- De la opinión pública que entregamos a la Cámara de Diputados sobre el Dictamen del nueva Ley de Derecho de Réplica.

- Particularmente nos sentimos orgullosos de la conformación del Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios, que demostró la posibilidad de incorporar el Derecho a la Información en la agenda política, económica y social de las más variadas organizaciones de la sociedad civil. Este hecho demostró que es posible la unidad en la diversidad cuando la causa se identifica plenamente con el interés público.

Lo cierto es que con pocos recursos hemos podido hacer muchas cosas, porque hemos contado, sí, con aportaciones económicas generosísimas de miembros de esta Asociación y de su Consejo Consultivo. Pero hemos tenido el apoyo insustituible: el de la voluntad generosa de decenas de personas que a cada llamado estuvieron ahí y presentaron su trabajo de manera desinteresada.

Quiero agradecer en esta ocasión a quienes en distintos momentos de nuestra gestión aceptaron generosamente encabezar responsabilidades y coordinar comités de trabajo.

Por supuesto a Beatriz Solís Lereé, a Raúl Trejo Delarbre, a Leoncio Acuña Herrera, a Agustín Ramírez, a Agustín Pineda, Jorge Fernando Negrete, Dolores Béistegui, Luis Miguel Carriedo, Primavera Téllez Girón, Aleida Calleja, Virgilio Caballero, Rosalía Binocourt, Daniel Jiménez Cacho, Daniel Contreras Henry, Gabriel Sosa Plata, Olga Carranco, Aimé Vega y Mónica Lozano.

Permítanme agradecer de manera especial a tres personajes sin los cuales mi gestión no hubiera sido posible.

En primerísimo lugar a Ismene Yanina Flores Guaderrama, que ha puesto al servicio de esta Asociación su inteligencia, su disciplina, su compromiso y generosidad para la causa. Ella ha sido en términos reales la que ha llevado la carga administrativa y de seguimiento de los acuerdos. No sabe cuanto le agradezco todo, pero sobre todo saberlo sobrellevar en tan difíciles circunstancias, muchas gracias…

No está ahora aquí porque estaba planteado que viniera pero ha tenido que regresar a su casa, Miguel Angel Granados Chapa que nos acompañó al inicio de esta sesión, de esta Asamblea y ya no pudo regresar. A veces Miguel Angel está bien y a veces se siente un poco mal, pero quiero agradecerle delante de todos ustedes por haberme aceptado acompañarme en este tramo y coordinar el Consejo Consultivo.

Yo quiero decirles un poco de la respuesta generosa de Miguel Angel, que en cuanto se lo propuse, desde ese momento, ser Coordinador, aceptó de inmediato, una respuesta generosísima, incluso conforme íbamos sabiendo de su estado de salud, ratificaba su compromiso de una manera muy importante.

Miguel Angel Granados Chapa fue en estos dos años, más que el Coordinador del Consejo Consultivo, una guía para mí, un consejero muy importante de nuestros momentos difíciles, yo diría que casi como una asistencia espiritual, porque abusé de la consulta hasta para mis cuitas personales y políticas. A Miguel Angel lo llevo en el alma porque en momentos de gran dificultad en términos de salud estuvo siempre con nosotros.

Y gracias a Raúl Trejo Delarbre por el apoyo que siempre me brindó en orientar mi criterio y en responder de inmediato a cualquier solicitud de apoyo que yo le formulara. Textos impecables los de sus propuestas para posicionar el punto de vista de la AMEDI en diversos temas, a la hora que fuera, incluso casi con la rapidez con que le solicitáramos la opinión a Raúl.

Pero fundamentalmente, gracias a Raúl, por haber aceptado como candidato a presidir la Asociación. La AMEDI es un reto permanente y en medio de los desafíos que tenemos como país aceptar tal responsabilidad se constituye en uno de los más elevados deberes cívicos y de los más generosos que una persona pueda resolver con tantas ocupaciones y con el rigor metodológico y de vida que lleva Raúl Trejo Delarbre.

Raúl Trejo ha sido, y estoy seguro seguirá siendo para muchos de nosotros, un referente académico, intelectual y moral en la discusión sobre los medios de comunicación y su necesario proceso de reforma. No saben cómo descansa uno cuando sabe que el que lo puede suceder y seguir es un Doctor Raúl Trejo Delarbre. Gracias Raúl, por haber aceptado.

Y gracias a todos por participar en AMEDI, por estar en esta asamblea, porque en las últimas semanas insistimos en que se regularizaran aquellos a los que habíamos invitado desde hace mucho tiempo y porque decidimos volver a invitar a quienes creemos que deben estar en una Asociación como esta. Gracias a todos por participar en AMEDI.

Por mi parte me despido satisfecho de la responsabilidad que asumí ante ustedes. Me toca emprender nuevos retos en una actividad a la que he considerado la mayor vocación de mi vida, que es la política. Y sé que vendrán nuevas y difíciles batallas, quizá más duras que nunca y en las mayores condiciones de adversidad. Pero ya me preparo para ello y me empiezo a armar completo para lo que advierto será una dura y seca jornada en el Congreso de la Unión. De hecho ya enfrento las vicisitudes y los valladares de quienes afuera y adentro de mi propio partido le prometieron al duopolio de la televisión impedir mi retorno a San Lázaro, subestimando brutalmente al noble, valiente y libre panismo de Chihuahua.

Estoy listo para retornar a San Lázaro y necesito que no dejen de mirarme y dejen de acompañarme porque los voy a necesitar más que nunca. Permítanme decir en este ambiente plural y sin propósito partidista, que deseo también volver a Batopilas, además de regresar a San Lázaro, porque volver allá es recordar que la principal estrategia de nuestra batalla en la vida debe ser la convicción, y que la única batalla que no debemos dar nunca en la vida es contra nosotros mismos. Y solo una certeza debemos tener y de elevar: la de que vamos a triunfar, la de que pronto vamos a ganar la batalla de la reforma de los medios, con las mejores armas, con las únicas, con las irresistibles, las ideas, los valores del alma, ni tenemos otras ni las hay mejores. No me despido compañeros, les digo hasta pronto, muchas gracias por todo.

Largo y sinuoso puente

José A. Crespo

Algo bueno tenía que salir de la epidemia, como lo es la reducción de la publicidad electoral, y no estaría mal que los partidos políticos siguieran la propuesta.

Este puente probablemente será conocido, no como el de 5 de mayo —suceso histórico que hoy a nadie importa un comino— sino como el de la “influenza humana”. Un puente que ha resultado mucho más largo que los habituales y que, contrariamente a nuestros usos y costumbres, todos queremos que termine ya, tanto debido al riesgo que lo propició como por las graves pérdidas económicas que está provocando a diversos sectores (y al país en su conjunto). Algunos de los afectados recibirán indemnizaciones gubernamentales, pero no todos. Además, el turismo extranjero ha caído espectacularmente, por razones obvias. Algunas naciones han decretado un aislamiento del país, al suspender vuelos y, otros, nada más lo hacen recomendando a sus ciudadanos no venir. Y, al intentar entrar a Estados Unidos, basta un inoportuno estornudo o una tosida, para ser puestos en cuarentena allá. Y en Hong Kong trasladaron, a mexicanos que no presentaban síntomas, de su hotel al hospital, mediante engaños. Y algunos países nos exigirán visa cuando antes no lo hacían.

Pero no contentos con eso, los capitalinos ya tampoco estamos muy seguros haciendo turismo interno, pues, al vérsenos como portadores probables del virus (según una interpretación estadística que toma en cuenta los números absolutos de contagios y muertes, pero no la proporción relativa con respecto al tamaño de la localidad), podríamos ser recibidos a pedradas por nuestros anfitriones, como ocurrió en Guerrero y en San Luis Potosí. Sólo falta que a la enfermedad se le empiece a llamar, no influenza “porcina” o “humana”, ni siquiera “mexicana”, sino de plano “chilanga”. Y no faltó quien pidiera un cerco sanitario a la capital, en el que los habitantes de aquí quedaríamos en una especie de “arresto domiciliario regional” hasta nuevo aviso. De poco sirve, y en mucho perjudica, pues, que este puente de mayo se haya abierto prematuramente y se prolongue quién sabe hasta cuándo.

Esta nueva epidemia nos recuerda que todos los adelantos tecnológicos e incluso médicos no nos eximen de enfrentar nuevas enfermedades, gracias a la naturaleza mutable de los virus (que, como los narcotraficantes, pueden adaptarse al infinito a la adversidad y los ataques del exterior, con la diferencia de que los virus son más fáciles de controlar que los cárteles de la droga). El carácter mortífero de los virus reside sobre todo en su novedad, pues nos pillan sin los debidos anticuerpos, que sólo las vacunas adecuadas pueden desarrollar —cuando se inventan, que no es al día siguiente— o por haber padecido la enfermedad y sobrevivido a ella. De ahí la enorme capacidad letal de, por ejemplo, la viruela, cuando los españoles la importaron a tierras hoy mexicanas (se cree que a través de un esclavo negro traído por Pánfilo de Narváez) y provocaron que la población nativa fuera diezmada, antes y después de la caída de Tenochtitlán (murieron infectados de viruelas Cuitláhuac, el rey michoacano Zuangua, así como la legendaria Malinche, entre muchísimos otros). La enfermedad casi acabó con los oriundos de La Española (Haití y República Dominicana) y Cuba (ambas islas, hoy casi sin población indígena ni mestiza). Que muy pocos españoles muriesen de esa dolencia (por haber padecido, como pueblo, varias pestes), frente a los miles de indios infectados, reforzó en éstos la creencia de la naturaleza sobrehumana de los teules (semidioses) extranjeros. La epidemia fue considerada por algunos conquistadores como una gracia divina, que reflejaba claramente en qué equipo jugaba Dios: por ejemplo, Bernardino Vázquez de Tapia se congratulaba: “Milagrosamente, Nuestro Señor los mató (a los indios) y nos los quitó de delante”.

Pero algo bueno tenía que salir de la epidemia, como lo es la reducción de la publicidad electoral, y no estaría mal que los partidos políticos siguieran la propuesta del PAN (así sea electorera) de ceder el tiempo publicitario a las autoridades sanitarias, como en buena medida ha hecho ya el IFE. Con todo, el bombardeo mediático sobre la epidemia es más brutal que el correspondiente al electoral, lo que ya es decir, con la enorme diferencia de que la gente sí le pone atención, sea para entender el problema, aclarar dudas, recibir directrices sobre las medidas preventivas o seguir la evolución del fenómeno. La campaña de divulgación ha sido exitosa, según encuestas recientes, pues la gran mayoría del público está enterado de la enfermedad (98%) y, pese a las hablillas de que se trata de un ardid político-electoral, la mayoría cree que es grave (85%). Es extraño, sin embargo, que sólo 56% considere que puede ser contagiado a ellos o sus familiares, pues eso significa que 29% aun cuando consideran grave la enfermedad, se sienten inmunes, lo mismo que sus familiares. En tal sentido, la publicidad gubernamental tendría que decir algo como: “El virus es grave no sólo porque, mal atendido, puede provocar la muerte, sino porque usted y su familia podrían ser contagiados”. Pero 88 % conoce las formas en que la enfermedad puede ser transmitida y un porcentaje semejante puede decir las maneras de prevención. Y la política de comunicación gubernamental es bien valorada por 84% (El Universal, telefónica, 1/V/09). Todo ello, afortunadamente, pese a las disparatadas teorías que circulan por medios informales —y la zona underground de la rumorología— sobre el origen y los aviesos propósitos de una epidemia deliberadamente provocada, desde por las farmacéuticas hasta por extraterrestres, tesis que han encontrado algunos oídos dispuestos a creer lo que sea. Mientras más fantasiosas, mejor (pues de otra forma no tendría chiste). Como sea, parece claro que, por primera vez —y esperemos que última— los mexicanos estamos de acuerdo en… que se acabe ya el puente.

La mejor respuesta a los populistas

Andrés Oppenheimer

Amedida que van saliendo a la luz los detalles de lo que ocurrió en las sesiones a puertas cerradas de la reciente Cumbre de las Américas en Trinidad, resulta evidente que la mejor intervención del encuentro fue la del presidente de Costa Rica y ganador del premio Nobel, Oscar Arias.

A diferencia de los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, Arias no dio una conferencia de prensa durante la cumbre del 17 y 18 de abril, ni envió a sus funcionarios a avisar a los periodistas internacionales cada vez que entraba o salía de la sala de reuniones.

Pero la respuesta de Arias al presidente populista de Ecuador, Rafael Correa --que circuló por internet en los últimos días y cuya veracidad me fue confirmada por Arias en una entrevista telefónica-- debería ser de lectura obligatoria para todos aquellos que siguen de cerca la política latinoamericana.

El discurso de Arias tuvo lugar durante la sesión cerrada de la cumbre del 18 de abril. Era la primera cumbre en que los presidentes latinoamericanos y caribeños se reunían en conjunto con el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Acababa de hablar el presidente ecuatoriano, quien --al igual que lo habían hecho los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina, con diferentes grados de intensidad-- culpó a Estados Unidos del atraso latinoamericano durante los últimos doscientos años.

En su discurso improvisado, cuya versión escrita lleva el titulo Algo hicimos mal, Arias comenzó diciendo: ``Tengo la impresión de que cada vez que los países caribeños y latinoamericanos se reúnen con el presidente de Estados Unidos de América, ... es para culpar a Estados Unidos de nuestros males pasados, presentes y futuros. No creo que eso sea del todo justo''.

Continuó: ``No podemos olvidar que América Latina tuvo universidades antes de que Estados Unidos creara Harvard y William & Mary, que son las primeras universidades de ese país. No podemos olvidar que en este continente, como en el mundo entero, por lo menos hasta 1,750 todos los americanos eran más o menos iguales: todos eran pobres''.

''Cuando aparece la Revolución Industrial en Inglaterra, otros países se montan en ese vagón: Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. La Revolución Industrial pasó por América Latina como un cometa, y no nos dimos cuenta. Ciertamente perdimos la oportunidad'', siguió diciendo Arias.

''Hace 50 años, México era más rico que Portugal. En 1950, un país como Brasil tenía un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur. Bueno, algo hicimos mal los latinoamericanos'', agregó.

''¿Qué hicimos mal?'', pregunto Arias acto seguido. Entre otras cosas, señaló que en América Latina el promedio de escolarización es de apenas siete años, que la región tiene uno de los índices de recaudación impositiva más bajos del mundo, y que gasta la absurda cifra de $50,000 millones al año en armas y otros gastos militares.


''Nosotros tenemos países donde la carga tributaria es de 12 por ciento del producto interno bruto, y eso no es responsabilidad de nadie, excepto la nuestra, que no le cobramos dinero a la gente más rica de nuestros países'', siguió diciendo Arias.

''¿Quién es el enemigo nuestro?'', preguntó a sus colegas el presidente costarricense. ``El enemigo nuestro, presidente Correa, de esa desigualdad que usted apunta con mucha razón, es la falta de educación; es el analfabetismo; es que no gastamos en la salud de nuestro pueblo; que no creamos la infraestructura''.

Reconociendo que el siglo XXI sea probablemente el siglo asiático --y no latinoamericano-- y que China ha sacado de la pobreza a 500 millones de personas desde que abrió su economía hace tres décadas, Arias concluyó: 'Mientras nosotros seguimos discutiendo sobre ideologías, seguimos discutiendo sobre todos los `ismos' [¿cuál es el mejor? capitalismo, socialismo, comunismo, liberalismo, neoliberalismo, socialcristianismo...], los asiáticos encontraron un 'ismo' muy realista para el siglo XXI y el final del siglo XX, que es el pragmatismo''.

Mi opinión: Arias está en lo cierto. Durante los últimos doscientos años, Estados Unidos ha hecho muchas cosas, buenas y malas, en Latinoamérica. Pero culpar de las falencias latinoamericanas a Estados Unidos --como lo hicieron los presidentes de Venezuela y sus seguidores-- es intelectualmente infantil, y políticamente peligroso.

Los líderes populistas están utilizando la retórica antinorteamericana para justificar sus ambiciones de eternizarse en el poder. No es casual que todos sigan el mismo guión: culpar a Washington, exigir una ''refundación'' de sus países, y luego reescribir la Constitución para lograr la supremacía absoluta y permanecer indefinidamente en el poder en nombre de la defensa de la soberanía nacional. Es hora de ponerlos en evidencia, y Arias lo hizo con magnífica elocuencia.