Javier Corral Jurado
Acaba de aparecer en algunos medios, como si en efecto se tratara de una novedad, otra más de las escandalosas violaciones que TV Azteca lleva acabo al régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México - sin añadir que es muy probable que pueda obtener el primer lugar en la única competencia real que tiene con Televisa: desafiar a la autoridad y a la legislación electorales -.
Se da cuenta en la información periodística, que la empresa de Ricardo Salinas Pliego comercializa ilegalmente canales adicionales de TV restringida, aprovechando el canal espejo que el Ejecutivo Federal les asignó mediante acuerdo, desde julio 2 de 2004, a todos los concesionarios y permisionarios de televisión para llevar acabo la transición de las señales del sistema análogico al digital. En sus tiendas de venta de enseres eléctricos oferta un aparato decodificador de señales digitales con el que el comprador puede recibir el paquete de televisión digital “Hi TV” que consta de 21 canales.
Siendo que el acuerdo de aquel entonces otorgó un canal adicional por cada frecuencia analógica concesionada para ir haciendo las pruebas necesarias de la mutación al nuevo sistema, quedó debidamente establecido que en el canal espejo sólo podían retransmitirse íntegra y simultáneamente los contenidos del canal analógico, que una vez consolidada la transición prevista para el 2021 devolverían el canal adicional, y conforme el estándar tecnológico que se adoptó en dicho acuerdo, la transición digital en México tendría como exclusivo propósito transmitir TV de alta definición, por cierto sólo obligada en el 20% del tiempo total de la programación. Se copió el modelo gringo, que otorgó el mismo ancho de banda del actual sistema para el nuevo digital. La medida tuvo el propósito de acaparar el espectro en las mismas manos por largo tiempo y no multiplicarlo, como en efecto, mediante nuevas licitaciones han hecho otros países para ensanchar la oferta comunicacional, mediante los llamados multiplex (caso Español).
El acuerdo no determinó que los concesionarios pudieran dar otros canales adicionales de TV restringida utilizando el mismo espectro asignado para TV abierta. Eso lo buscaron dos años después, cuando pretendieron abusivamente, mediante la llamada Ley Televisa, agandallarse a perpetuidad el espectro radio-electrico del país mediante el refrendo automático, no devolver ninguna de las dos frecuencias, y dar todo tipo de servicios adicionales de telecomunicaciones sin que les fueran aplicables los requisitos legales para una nueva concesión, como el de la licitación misma, y como lo señala el propio acuerdo en el que TV Azteca basa su nuevo intento de agandalle.
En el texto de ese acuerdo, que se trasladó prácticamente en los mismos términos a los títulos de concesión, la prestación de servicios de telecomunicaciones en el canal adicional está condicionada: “cuando sea factible y sin que esto implique interrupción total o parcial de la TDT, ni impida permanentemente la transmisión de programas de alta definición, el concesionario podrá solicitar a la SCT la prestación de los mismos, solicitud que se resolverá sujetándose a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a las disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario estará obligado a cubrir la misma a favor del gobierno...”.
La ley Televisa, de la que TV Azteca fue su cola y su instrumento para calumniar a quienes la resistimos, buscó eliminar la necesidad de una nueva concesión, incluso el permiso de la autoridad, pues mediante una simple solicitud se hacían de un nuevo título como operadores de Redes Públicas de Telecomunicaciones.
Para la historia de México, recuperemos el dato de que esa pretensión abusiva, ese desafío al Estado de Derecho, que contó con la anuencia del Congreso federal y la promulgación del Presidente de la República, fue revertido mediante sentencia de inconstitucionalidad por la SCJN, que invalidó parcialmente varias de las porciones normativas de aquella reforma y de manera absoluta los artículos 28 y 28ª de la Ley Federal de Radio y TV que precisamente contenían los supuestos en los que incurre hoy Televisión Azteca.
Sí, siempre lo dijimos, aunque suene mal, querían dar otros canales de Televisión asaltando el espectro radio-eléctrico de la Nación. Y aquí está la prueba superviniente por si hiciera falta, y para que no quede duda alguna en ningún ministro de nuestro Tribunal Constitucional: el propósito más burdo, el más descarado, el más ilegal, es nada para los varones del duopolio televisivo.
Esa apuesta permanente de poder tiene en la inacción de los órganos del Estado su principal aliciente. Si el Gobierno Federal burla los efectos contenidos en la sentencia de la SCJN, y el Congreso la desdeña y se olvida por más de dos años de rellenar por lo menos las normas invalidadas, ¿Porqué habría de respetarla un particular que en la trampa a la ley ha logrado engullirse desde el Canal 40, pasando por el indebido cobro de 550 millones de pesos a la SCT en el caso UNEFON, hasta utilizar el canal espejo durante todo el año pasado para transmitir contenidos totalmente diferentes a su señal abierta?. Esto último no mereció la más mínima sanción por parte de la Secretaría de Gobernación.
¿Qué se brincaron las trancas de nuevo?. Por favor, no sumemos a la afrenta el engaño. Lo hacen hoy como lo hicieron hace tres años, aprovechando la coyuntura electoral; lanzándose primero una de las televisoras para, si pega, se suma la otra. Tienen el mismo beneplácito de los mismos actores de hace tres años, de los que promovieron la Ley Televisa y de los que la desatoraron en el Senado. Y todos saben que se trata de un abuso y un atraco. Pero el Estado de Derecho que se impulsa tiene sus límites y en materia de radiodifusión se llaman Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
Acaba de aparecer en algunos medios, como si en efecto se tratara de una novedad, otra más de las escandalosas violaciones que TV Azteca lleva acabo al régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México - sin añadir que es muy probable que pueda obtener el primer lugar en la única competencia real que tiene con Televisa: desafiar a la autoridad y a la legislación electorales -.
Se da cuenta en la información periodística, que la empresa de Ricardo Salinas Pliego comercializa ilegalmente canales adicionales de TV restringida, aprovechando el canal espejo que el Ejecutivo Federal les asignó mediante acuerdo, desde julio 2 de 2004, a todos los concesionarios y permisionarios de televisión para llevar acabo la transición de las señales del sistema análogico al digital. En sus tiendas de venta de enseres eléctricos oferta un aparato decodificador de señales digitales con el que el comprador puede recibir el paquete de televisión digital “Hi TV” que consta de 21 canales.
Siendo que el acuerdo de aquel entonces otorgó un canal adicional por cada frecuencia analógica concesionada para ir haciendo las pruebas necesarias de la mutación al nuevo sistema, quedó debidamente establecido que en el canal espejo sólo podían retransmitirse íntegra y simultáneamente los contenidos del canal analógico, que una vez consolidada la transición prevista para el 2021 devolverían el canal adicional, y conforme el estándar tecnológico que se adoptó en dicho acuerdo, la transición digital en México tendría como exclusivo propósito transmitir TV de alta definición, por cierto sólo obligada en el 20% del tiempo total de la programación. Se copió el modelo gringo, que otorgó el mismo ancho de banda del actual sistema para el nuevo digital. La medida tuvo el propósito de acaparar el espectro en las mismas manos por largo tiempo y no multiplicarlo, como en efecto, mediante nuevas licitaciones han hecho otros países para ensanchar la oferta comunicacional, mediante los llamados multiplex (caso Español).
El acuerdo no determinó que los concesionarios pudieran dar otros canales adicionales de TV restringida utilizando el mismo espectro asignado para TV abierta. Eso lo buscaron dos años después, cuando pretendieron abusivamente, mediante la llamada Ley Televisa, agandallarse a perpetuidad el espectro radio-electrico del país mediante el refrendo automático, no devolver ninguna de las dos frecuencias, y dar todo tipo de servicios adicionales de telecomunicaciones sin que les fueran aplicables los requisitos legales para una nueva concesión, como el de la licitación misma, y como lo señala el propio acuerdo en el que TV Azteca basa su nuevo intento de agandalle.
En el texto de ese acuerdo, que se trasladó prácticamente en los mismos términos a los títulos de concesión, la prestación de servicios de telecomunicaciones en el canal adicional está condicionada: “cuando sea factible y sin que esto implique interrupción total o parcial de la TDT, ni impida permanentemente la transmisión de programas de alta definición, el concesionario podrá solicitar a la SCT la prestación de los mismos, solicitud que se resolverá sujetándose a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a las disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario estará obligado a cubrir la misma a favor del gobierno...”.
La ley Televisa, de la que TV Azteca fue su cola y su instrumento para calumniar a quienes la resistimos, buscó eliminar la necesidad de una nueva concesión, incluso el permiso de la autoridad, pues mediante una simple solicitud se hacían de un nuevo título como operadores de Redes Públicas de Telecomunicaciones.
Para la historia de México, recuperemos el dato de que esa pretensión abusiva, ese desafío al Estado de Derecho, que contó con la anuencia del Congreso federal y la promulgación del Presidente de la República, fue revertido mediante sentencia de inconstitucionalidad por la SCJN, que invalidó parcialmente varias de las porciones normativas de aquella reforma y de manera absoluta los artículos 28 y 28ª de la Ley Federal de Radio y TV que precisamente contenían los supuestos en los que incurre hoy Televisión Azteca.
Sí, siempre lo dijimos, aunque suene mal, querían dar otros canales de Televisión asaltando el espectro radio-eléctrico de la Nación. Y aquí está la prueba superviniente por si hiciera falta, y para que no quede duda alguna en ningún ministro de nuestro Tribunal Constitucional: el propósito más burdo, el más descarado, el más ilegal, es nada para los varones del duopolio televisivo.
Esa apuesta permanente de poder tiene en la inacción de los órganos del Estado su principal aliciente. Si el Gobierno Federal burla los efectos contenidos en la sentencia de la SCJN, y el Congreso la desdeña y se olvida por más de dos años de rellenar por lo menos las normas invalidadas, ¿Porqué habría de respetarla un particular que en la trampa a la ley ha logrado engullirse desde el Canal 40, pasando por el indebido cobro de 550 millones de pesos a la SCT en el caso UNEFON, hasta utilizar el canal espejo durante todo el año pasado para transmitir contenidos totalmente diferentes a su señal abierta?. Esto último no mereció la más mínima sanción por parte de la Secretaría de Gobernación.
¿Qué se brincaron las trancas de nuevo?. Por favor, no sumemos a la afrenta el engaño. Lo hacen hoy como lo hicieron hace tres años, aprovechando la coyuntura electoral; lanzándose primero una de las televisoras para, si pega, se suma la otra. Tienen el mismo beneplácito de los mismos actores de hace tres años, de los que promovieron la Ley Televisa y de los que la desatoraron en el Senado. Y todos saben que se trata de un abuso y un atraco. Pero el Estado de Derecho que se impulsa tiene sus límites y en materia de radiodifusión se llaman Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
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