José A. Crespo
Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen.
Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”, pues están empeñadas en desacreditar los organismos que encabezan. Para lo cual las patadas internas son mucho más eficaces que las declaraciones externas. Dichos embates internos podrían no responder (o no exclusivamente) a la falta de preparación o al despiste de consejeros y magistrados electorales, sino a algún interés político o incluso partidario de estos privilegiados funcionarios. Ni modo, en este país el sospechosismo no puede tomarse solamente como una ocurrente expresión. Además, no sería la primera vez que así sucediera, si se considera que, tanto en el IFE como en el TEPJF, los partidos designan a consejeros y magistrados que les son afines, por medio del reparto de cuotas.
Dos decisiones recientes, una en el TEPJF y otra en el IFE, así lo sugieren. La primera tiene que ver con la violación que el siempre honorable Partido Verde cometió, al comprar espacios mediáticos para que sus diputados salientes “rindan su informe” de actividades (pagaron, dicen, con sus propios recursos, un promedio de tres millones por diputado, a los que por lo visto les sobra el dinero). En tales mensajes, se incluyó el logotipo del partido y se habló de uno de los temas eje de su propaganda. Una clara violación a la ley electoral. Más allá de que se esté de acuerdo con esa norma, en tanto sea vigente, debe ser cumplida. Por lo mismo, el Consejo General del IFE decidió multar al Verde con casi 20 millones, en una votación de cinco contra cuatro. Los cuatro consejeros que no consideraron esa como una violación a la ley son, quizá por casualidad, los tres propuestos por el PRI y el “consejero verde”, Marco Antonio Gómez Alcántar, que ha mostrado ser el más ferviente defensor de las grandes televisoras dentro del IFE (al igual que su partido, el Verde).
El Partido Verde impugnó la decisión ante el Tribunal y ahí vino la sorpresa: por unanimidad, los magistrados validaron la acción de ese partido, lo cual implica que en el periodo de “entre campañas” (entre la precampaña y la campaña misma), todos los legisladores —senadores, diputados federales y locales— podrían comprar espacios mediáticos, incluso con fondos privados (no fiscalizables por el IFE), para dar su “informe” a lo largo de dos semanas (cada uno). En otras palabras, el sentido, el espíritu, y la razón del modelo de comunicación adoptado en 2008, fueron conculcados en los hechos por el Tribunal Electoral, encargado de cumplir y hacer cumplir la legislación respectiva. Lo que nos deja en el peor de los dos mundos: un modelo de publicidad pública que otorga millones de inútiles spots a los partidos y exige un costoso aparato de monitoreo del IFE, con otro modelo de compra de espacios con dinero privado —o del que sea— por los legisladores. ¿Quién gana con ello? Los grandes consorcios mediáticos, en primer lugar, pues podrán recibir grandes cantidades de recursos propagandísticos de manera legal (en forma ilegal, probablemente ya lo hacen, como lo sugieren las “noticias” diarias acerca de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard). Pero la decisión del Tribunal permitirá también, por ejemplo, al senador Manlio Fabio Beltrones, aspirante presidencial, salir en los medios durante 15 días al año para informar lo que ha hecho o no como legislador, cosa que le vendrá muy bien de aquí a 2012. Y ahí surge otra pregunta: todos en el ámbito electoral saben de la cercanía política de la presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, con Beltrones. ¿Se trata de una casualidad? Ojalá sí. El caso es que el TEPJF declaró que la reforma está incapacitada para procesar sus estipulaciones, lo que la pone en senilidad prematura (por la golpiza que le han propinado los diversos actores políticos, incluidas las autoridades electorales).
El segundo asunto es el retiro ordenado por la Comisión de Quejas del IFE, de un mensaje de internet que agravia a Fidel Herrera, pero sin que hubiera manera de probar si fue levantado por un partido, lo que es requisito legal. Por fortuna, el Consejo General echó atrás tan absurda determinación, justamente por no demostrar que el PAN estaba detrás del mensaje. Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen, sin que se pruebe la mano de su respectivo partido. Es consecuencia de prohibir las campañas negativas, aun cuando —como también lo determinó el Tribunal— las críticas estén sustentadas histórica o científicamente.
La desafortunada decisión de la Comisión de Quejas del IFE dio nuevos y convincentes argumentos a quienes (por convicción o interés) quieren echar abajo la reforma electoral en su modelo comercial. Pero, ¿será casualidad que, tratándose de un spot que afecta al PRI, a través de la crítica contra Herrera, quienes tomaron la decisión, en la Comisión de Radio y Televisión del Instituto, sean dos consejeros priistas y, nuevamente, el “consejero verde”? ¿Por qué la insistencia de Gómez Alcántar de censurar internet, aun sin pruebas de que el PAN fuera el responsable del spot? ¿No hay un propósito deliberado de seguir minando la reforma, en atención a las televisoras cuyos intereses parece representar ese consejero? De lograrse el propósito de hundir la reforma electoral después de los comicios, las televisoras tendrán mucho que agradecer a su consejero estrella, el “verde”, y también a los magistrados del Tribunal Electoral y, quizá, de manera indirecta, al senador Beltrones. Suena a un compló, es cierto, pero ésos, luego resultan ser verídicos. Ojalá se trate de meras casualidades. Mientras tanto, la credibilidad de las autoridades electorales sigue a la baja.
Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”.
Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen.
Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”, pues están empeñadas en desacreditar los organismos que encabezan. Para lo cual las patadas internas son mucho más eficaces que las declaraciones externas. Dichos embates internos podrían no responder (o no exclusivamente) a la falta de preparación o al despiste de consejeros y magistrados electorales, sino a algún interés político o incluso partidario de estos privilegiados funcionarios. Ni modo, en este país el sospechosismo no puede tomarse solamente como una ocurrente expresión. Además, no sería la primera vez que así sucediera, si se considera que, tanto en el IFE como en el TEPJF, los partidos designan a consejeros y magistrados que les son afines, por medio del reparto de cuotas.
Dos decisiones recientes, una en el TEPJF y otra en el IFE, así lo sugieren. La primera tiene que ver con la violación que el siempre honorable Partido Verde cometió, al comprar espacios mediáticos para que sus diputados salientes “rindan su informe” de actividades (pagaron, dicen, con sus propios recursos, un promedio de tres millones por diputado, a los que por lo visto les sobra el dinero). En tales mensajes, se incluyó el logotipo del partido y se habló de uno de los temas eje de su propaganda. Una clara violación a la ley electoral. Más allá de que se esté de acuerdo con esa norma, en tanto sea vigente, debe ser cumplida. Por lo mismo, el Consejo General del IFE decidió multar al Verde con casi 20 millones, en una votación de cinco contra cuatro. Los cuatro consejeros que no consideraron esa como una violación a la ley son, quizá por casualidad, los tres propuestos por el PRI y el “consejero verde”, Marco Antonio Gómez Alcántar, que ha mostrado ser el más ferviente defensor de las grandes televisoras dentro del IFE (al igual que su partido, el Verde).
El Partido Verde impugnó la decisión ante el Tribunal y ahí vino la sorpresa: por unanimidad, los magistrados validaron la acción de ese partido, lo cual implica que en el periodo de “entre campañas” (entre la precampaña y la campaña misma), todos los legisladores —senadores, diputados federales y locales— podrían comprar espacios mediáticos, incluso con fondos privados (no fiscalizables por el IFE), para dar su “informe” a lo largo de dos semanas (cada uno). En otras palabras, el sentido, el espíritu, y la razón del modelo de comunicación adoptado en 2008, fueron conculcados en los hechos por el Tribunal Electoral, encargado de cumplir y hacer cumplir la legislación respectiva. Lo que nos deja en el peor de los dos mundos: un modelo de publicidad pública que otorga millones de inútiles spots a los partidos y exige un costoso aparato de monitoreo del IFE, con otro modelo de compra de espacios con dinero privado —o del que sea— por los legisladores. ¿Quién gana con ello? Los grandes consorcios mediáticos, en primer lugar, pues podrán recibir grandes cantidades de recursos propagandísticos de manera legal (en forma ilegal, probablemente ya lo hacen, como lo sugieren las “noticias” diarias acerca de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard). Pero la decisión del Tribunal permitirá también, por ejemplo, al senador Manlio Fabio Beltrones, aspirante presidencial, salir en los medios durante 15 días al año para informar lo que ha hecho o no como legislador, cosa que le vendrá muy bien de aquí a 2012. Y ahí surge otra pregunta: todos en el ámbito electoral saben de la cercanía política de la presidenta del Tribunal Electoral, Mari Carmen Alanís, con Beltrones. ¿Se trata de una casualidad? Ojalá sí. El caso es que el TEPJF declaró que la reforma está incapacitada para procesar sus estipulaciones, lo que la pone en senilidad prematura (por la golpiza que le han propinado los diversos actores políticos, incluidas las autoridades electorales).
El segundo asunto es el retiro ordenado por la Comisión de Quejas del IFE, de un mensaje de internet que agravia a Fidel Herrera, pero sin que hubiera manera de probar si fue levantado por un partido, lo que es requisito legal. Por fortuna, el Consejo General echó atrás tan absurda determinación, justamente por no demostrar que el PAN estaba detrás del mensaje. Los simpatizantes de los partidos podrán de cualquier modo confeccionar y difundir por internet toda la campaña negativa que deseen, sin que se pruebe la mano de su respectivo partido. Es consecuencia de prohibir las campañas negativas, aun cuando —como también lo determinó el Tribunal— las críticas estén sustentadas histórica o científicamente.
La desafortunada decisión de la Comisión de Quejas del IFE dio nuevos y convincentes argumentos a quienes (por convicción o interés) quieren echar abajo la reforma electoral en su modelo comercial. Pero, ¿será casualidad que, tratándose de un spot que afecta al PRI, a través de la crítica contra Herrera, quienes tomaron la decisión, en la Comisión de Radio y Televisión del Instituto, sean dos consejeros priistas y, nuevamente, el “consejero verde”? ¿Por qué la insistencia de Gómez Alcántar de censurar internet, aun sin pruebas de que el PAN fuera el responsable del spot? ¿No hay un propósito deliberado de seguir minando la reforma, en atención a las televisoras cuyos intereses parece representar ese consejero? De lograrse el propósito de hundir la reforma electoral después de los comicios, las televisoras tendrán mucho que agradecer a su consejero estrella, el “verde”, y también a los magistrados del Tribunal Electoral y, quizá, de manera indirecta, al senador Beltrones. Suena a un compló, es cierto, pero ésos, luego resultan ser verídicos. Ojalá se trate de meras casualidades. Mientras tanto, la credibilidad de las autoridades electorales sigue a la baja.
Las autoridades electorales parecen haber tomado como una línea a seguir aquella frase obradorista de “al diablo con las instituciones”.
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