Un argumento a favor asegura que al legalizar la posesión y el consumo de marihuana se podrían recaudar miles de millones de dólares en impuestos y eliminar una tajada importante de las ganancias que alimentan la violencia entre los narcotraficantes en México.
Por Steven B. Duke
Los crímenes relacionados al tráfico de drogas y el caos en México recuerdan a los asesinatos que se registraron de Chicago durante la época de la prohibición del alcohol en los años 20. Aunque la violencia en México es mucho peor que el derramamiento de sangre que dejaron en Estados Unidos los contrabandistas de entonces, ambos episodios tienen en común la motivación: las ganancias. Estas son guerras territoriales, libradas entre bandas rivales que tratan de ampliar su control sobre el mercado de las drogas ilegales. Hace 75 años, Estados Unidos logró acallar la violencia de los traficantes con el levantamiento de la prohibición a la venta de alcohol. La única solución a largo plazo para los crímenes ligados a los carteles de México es legalizar las otras drogas ilegales que fueron pasadas por alto cuando se abolió la Prohibición en 1933.
En 2000, el gobierno mexicano alborotó el avispero cuando empezó a arrestar y procesar a los grandes distribuidores de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. Hasta entonces, los carteles dependían de los sobornos y la corrupción para mantener una coexistencia pacífica con las autoridades. Cuando esta pax Mexicana se acabó, no sólo empezaron a luchar contra el gobierno sino también entre sí. Esta violencia ya se ha cobrado más de 10.000 víctimas en México desde 2005, y la carnicería ha cruzado fronteras a Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur.
Algunos creen que esta ola de muertes (actualmente unos 400 asesinatos al mes) amenaza la supervivencia del gobierno de México. Más allá de si esto es una exageración, como insiste el presidente Felipe Calderón, es cierto que México atraviesa una crisis. Los mexicanos le han pedido ayuda al gobierno de Barack Obama y éste ha accedido, ofreciendo apoyo material y elogiando la integridad y coraje del gobierno mexicano por enfrentarse a los carteles.
Control de armas
Ante la pregunta de qué es lo que EE.UU. podría hacer para contribuir, la primera cuestión que surge es si el control de armas sería la solución. Calderón asegura que podrían prácticamente desarmar a los carteles dificultándoles la compra de armas en EE.UU. y frenando su paso ilegal a México. Obama ha estado de acuerdo con esta posición y ya ha dado muestras de estar dispuesto a reducir la disponibilidad de armas. Sin embargo, aunque la Casa Blanca sea capaz de sortear todos los impedimentos políticos y constitucionales para restringir el acceso de los estadounidenses a las armas de fuego, el impacto sobre la violencia relacionada al tráfico de drogas en México sería insignificante. Los carteles están bien armados ahora, y las armas sufren un desgaste muy lento.
Incluso si los capos mexicanos llegaran a perder su flujo de aprovisionamiento en EE.UU., tardarían años en notar las consecuencias. Y entonces, simplemente recurrirían a otros proveedores. Existe un gran mercado negro de armas militares en todo el mundo.
También es ilusa la idea de que es posible evitar que las drogas entren a EE.UU., cerrando así el acceso al mayor mercado de los narcotraficantes. Aunque fuera posible interceptar el contrabando en los más de 300 puestos en la frontera y si realmente se llegara a levantar ese muro a lo largo de toda la frontera con México (unos 3.110 kilómetros), la experiencia sugiere que los traficantes lograrán pasar igual, ya sea por encima o por debajo.
Propuestas de legalización
El Congreso Mexicano ya ha estudiado varias propuestas para legalizar las drogas. Una incluso fue aprobada en 2006, pero luego, bajo presión de EE.UU., el presidente Vicente Fox se negó a firmarla. Estos proyectos se basan en la idea de que al eliminar las ganancias de la distribución ilegal de drogas, los carteles desaparecerán porque no ganarán suficiente dinero. Sin embargo, un punto débil de estas propuestas es que en realidad la fuente principal de estas ganancias no es México sino EE.UU. El consumo mexicano de drogas es mínimo comparado con el río que fluye hacia el norte. Todo sugiere que cualquier propuesta para despenalizar las drogas en México apenas tendría un impacto sobre la guerra actual del narcotráfico.
Una vez conscientes de esta realidad, las opciones son pocas. Una sería tratar de eliminar la demanda, otra sería atacar a los proveedores y una tercera consistiría en una combinación de las dos anteriores. Hasta ahora, el gobierno de Obama parece decidido a combatir a los narcotraficantes por la fuerza militar. Esperemos que se dé cuenta de que este enfoque no funcionará.
Supongamos que EE.UU. saliera al rescate de México con decenas de miles de millones de dólares, incluyendo una provisión de personal militar, expertos y equipos, y coordinara un ataque generalizado contra los narcotraficantes. Tras un auge inicial, el nivel de la violencia relacionada al tráfico de drogas acabaría por decaer. En el proceso, se perderían miles de vidas, aunque México se volvería menos atractivo para los delincuentes, tal como pasó en otras áreas, como Colombia, Perú y Panamá. Al fin y al cabo, eso fue lo que le confirió a México su estatus actual en este oscuro negocio. Después, el tráfico simplemente se trasladaría a otro país de América Latina o el Caribe y el proceso volvería a empezar.
Un gobierno realmente abierto al "cambio" consideraría una solución a largo plazo, que pasaría por eliminar el mercado de las drogas ilegales mediante su legalización. No podemos destruir el atractivo de las drogas psicotrópicas. Lo que podemos y deberíamos hacer es eliminar el mercado negro de estas sustancias y regularlo y gravarlo al igual que hacemos con nuestras drogas recreativas más perjudiciales: el tabaco y el alcohol.
La marihuana presenta el argumento más fuerte para defender este enfoque. Según algunas estimaciones, la marihuana representa en torno al 70% de las drogas ilegales distribuidas por los carteles mexicanos. Si se gravara en EE.UU. a la misma tasa que el alcohol y el tabaco, se recaudarían unos US$10.000 millones en impuestos al año y ahorraría otros US$10.000 millones que ahora se dedican a la lucha contra los distribuidores y consumidores de marihuana.
Un paso intermedio pasaría por despenalizar la posesión y uso de marihuana y ser más transigentes con los cultivadores estadounidenses de la hierba. Eso reduciría las importaciones de México y otras partes y eliminaría una parte substancial de las ganancias que alimentan las olas de violencia en México.
Después de la marihuana, avanzaríamos con las drogas más duras. Esto enfrentará una gran resistencia. La marihuana es una sustancia relativamente segura. Nunca nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana y nadie ha sufrido un brote súbito de violencia por culpa de su consumo. La cocaína, heroína y las anfetaminas, en cambio, son muy adictivas y perjudiciales, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, su ilegalidad hace que esos peligros sean mucho mayores, inundando el mercado de químicos de contenido y potencia dudosa y desalentando a los adictos a buscar la ayuda necesaria para deshacerse de su dependencia.
Podemos intentar luchar contra los narcotraficantes como lo hicieron con Al Capone, o podemos aplicar las lecciones que hemos aprendido de la prohibición del alcohol y desmantelar el destructivo experimento de la ilegalización.
—Steven B. Duke es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.
Por Steven B. Duke
Los crímenes relacionados al tráfico de drogas y el caos en México recuerdan a los asesinatos que se registraron de Chicago durante la época de la prohibición del alcohol en los años 20. Aunque la violencia en México es mucho peor que el derramamiento de sangre que dejaron en Estados Unidos los contrabandistas de entonces, ambos episodios tienen en común la motivación: las ganancias. Estas son guerras territoriales, libradas entre bandas rivales que tratan de ampliar su control sobre el mercado de las drogas ilegales. Hace 75 años, Estados Unidos logró acallar la violencia de los traficantes con el levantamiento de la prohibición a la venta de alcohol. La única solución a largo plazo para los crímenes ligados a los carteles de México es legalizar las otras drogas ilegales que fueron pasadas por alto cuando se abolió la Prohibición en 1933.
En 2000, el gobierno mexicano alborotó el avispero cuando empezó a arrestar y procesar a los grandes distribuidores de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas. Hasta entonces, los carteles dependían de los sobornos y la corrupción para mantener una coexistencia pacífica con las autoridades. Cuando esta pax Mexicana se acabó, no sólo empezaron a luchar contra el gobierno sino también entre sí. Esta violencia ya se ha cobrado más de 10.000 víctimas en México desde 2005, y la carnicería ha cruzado fronteras a Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur.
Algunos creen que esta ola de muertes (actualmente unos 400 asesinatos al mes) amenaza la supervivencia del gobierno de México. Más allá de si esto es una exageración, como insiste el presidente Felipe Calderón, es cierto que México atraviesa una crisis. Los mexicanos le han pedido ayuda al gobierno de Barack Obama y éste ha accedido, ofreciendo apoyo material y elogiando la integridad y coraje del gobierno mexicano por enfrentarse a los carteles.
Control de armas
Ante la pregunta de qué es lo que EE.UU. podría hacer para contribuir, la primera cuestión que surge es si el control de armas sería la solución. Calderón asegura que podrían prácticamente desarmar a los carteles dificultándoles la compra de armas en EE.UU. y frenando su paso ilegal a México. Obama ha estado de acuerdo con esta posición y ya ha dado muestras de estar dispuesto a reducir la disponibilidad de armas. Sin embargo, aunque la Casa Blanca sea capaz de sortear todos los impedimentos políticos y constitucionales para restringir el acceso de los estadounidenses a las armas de fuego, el impacto sobre la violencia relacionada al tráfico de drogas en México sería insignificante. Los carteles están bien armados ahora, y las armas sufren un desgaste muy lento.
Incluso si los capos mexicanos llegaran a perder su flujo de aprovisionamiento en EE.UU., tardarían años en notar las consecuencias. Y entonces, simplemente recurrirían a otros proveedores. Existe un gran mercado negro de armas militares en todo el mundo.
También es ilusa la idea de que es posible evitar que las drogas entren a EE.UU., cerrando así el acceso al mayor mercado de los narcotraficantes. Aunque fuera posible interceptar el contrabando en los más de 300 puestos en la frontera y si realmente se llegara a levantar ese muro a lo largo de toda la frontera con México (unos 3.110 kilómetros), la experiencia sugiere que los traficantes lograrán pasar igual, ya sea por encima o por debajo.
Propuestas de legalización
El Congreso Mexicano ya ha estudiado varias propuestas para legalizar las drogas. Una incluso fue aprobada en 2006, pero luego, bajo presión de EE.UU., el presidente Vicente Fox se negó a firmarla. Estos proyectos se basan en la idea de que al eliminar las ganancias de la distribución ilegal de drogas, los carteles desaparecerán porque no ganarán suficiente dinero. Sin embargo, un punto débil de estas propuestas es que en realidad la fuente principal de estas ganancias no es México sino EE.UU. El consumo mexicano de drogas es mínimo comparado con el río que fluye hacia el norte. Todo sugiere que cualquier propuesta para despenalizar las drogas en México apenas tendría un impacto sobre la guerra actual del narcotráfico.
Una vez conscientes de esta realidad, las opciones son pocas. Una sería tratar de eliminar la demanda, otra sería atacar a los proveedores y una tercera consistiría en una combinación de las dos anteriores. Hasta ahora, el gobierno de Obama parece decidido a combatir a los narcotraficantes por la fuerza militar. Esperemos que se dé cuenta de que este enfoque no funcionará.
Supongamos que EE.UU. saliera al rescate de México con decenas de miles de millones de dólares, incluyendo una provisión de personal militar, expertos y equipos, y coordinara un ataque generalizado contra los narcotraficantes. Tras un auge inicial, el nivel de la violencia relacionada al tráfico de drogas acabaría por decaer. En el proceso, se perderían miles de vidas, aunque México se volvería menos atractivo para los delincuentes, tal como pasó en otras áreas, como Colombia, Perú y Panamá. Al fin y al cabo, eso fue lo que le confirió a México su estatus actual en este oscuro negocio. Después, el tráfico simplemente se trasladaría a otro país de América Latina o el Caribe y el proceso volvería a empezar.
Un gobierno realmente abierto al "cambio" consideraría una solución a largo plazo, que pasaría por eliminar el mercado de las drogas ilegales mediante su legalización. No podemos destruir el atractivo de las drogas psicotrópicas. Lo que podemos y deberíamos hacer es eliminar el mercado negro de estas sustancias y regularlo y gravarlo al igual que hacemos con nuestras drogas recreativas más perjudiciales: el tabaco y el alcohol.
La marihuana presenta el argumento más fuerte para defender este enfoque. Según algunas estimaciones, la marihuana representa en torno al 70% de las drogas ilegales distribuidas por los carteles mexicanos. Si se gravara en EE.UU. a la misma tasa que el alcohol y el tabaco, se recaudarían unos US$10.000 millones en impuestos al año y ahorraría otros US$10.000 millones que ahora se dedican a la lucha contra los distribuidores y consumidores de marihuana.
Un paso intermedio pasaría por despenalizar la posesión y uso de marihuana y ser más transigentes con los cultivadores estadounidenses de la hierba. Eso reduciría las importaciones de México y otras partes y eliminaría una parte substancial de las ganancias que alimentan las olas de violencia en México.
Después de la marihuana, avanzaríamos con las drogas más duras. Esto enfrentará una gran resistencia. La marihuana es una sustancia relativamente segura. Nunca nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana y nadie ha sufrido un brote súbito de violencia por culpa de su consumo. La cocaína, heroína y las anfetaminas, en cambio, son muy adictivas y perjudiciales, tanto física como psicológicamente. Sin embargo, su ilegalidad hace que esos peligros sean mucho mayores, inundando el mercado de químicos de contenido y potencia dudosa y desalentando a los adictos a buscar la ayuda necesaria para deshacerse de su dependencia.
Podemos intentar luchar contra los narcotraficantes como lo hicieron con Al Capone, o podemos aplicar las lecciones que hemos aprendido de la prohibición del alcohol y desmantelar el destructivo experimento de la ilegalización.
—Steven B. Duke es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.
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