José A. Crespo
Los delatores de la corrupción en el GDF no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para ser reconocidos.
Me parece justificado ahondar sobre la mucha información que contiene el libro de Carlos Ahumada, por la importancia del episodio de los videoescándalos en el fuerte deterioro de nuestra democratización, quizá todavía no desahuciada, pero sí herida de gravedad.
A) Llama la atención que Ahumada no comprenda la relevancia política de la participación de diversos personajes en la divulgación de los videos que grabó, y debido a eso se dice extrañado por la importancia que la opinión pública concedió al tema, al reducir el impacto sobre los actos mismos de corrupción capitalina: “Todos los días se discutía si había sido un complot, si había participado Carlos Salinas, si en él estaban el presidente Vicente Fox, Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos... Sí, sí estuvieron todos ellos, hoy lo puedo decir. Pero, insisto, eso no fue lo relevante”. En su visión, los delatores de la innegable corrupción en el gobierno capitalino no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para recibir el reconocimiento público. Ahumada no es experto en teoría democrática ni constitucional, y por eso no estaba obligado a entender la gravedad política de la participación de personajes e instituciones del gobierno federal en la difusión de los videos, pues implica violentar una importante regla de la democracia. La negación de Creel (y el silencio de Eduardo Medina-Mora) sobre su participación en el ardid, responde a que ellos sí saben que con eso violentaban la regla democrática que reza: “No se permite usar los recursos del Estado para propósitos político-electorales, pues ello termina con la equidad” (conducta incluso tipificada como delito electoral en el artículo 407 del Código Penal). El Cisen, en lugar de abocarse a la seguridad nacional, se puso al servicio político del nuevo partido oficial, como en los peores tiempos del PRI. Un Cisen en aquel entonces a cargo de quien hoy encabeza la PGR (con razón, la seguridad está como está). Con tales antecedentes, ¿qué garantiza que la Procuraduría no se ponga al servicio del partido oficial, según ocurrió en el foxismo? Una regla por cuya violación justamente cayó Richard Nixon. Ahumada buscó ayuda externa en lugar de simplemente entregar los videos a Televisa, precisamente porque él mismo estaba implicado en el escándalo y requería inmunidad, la cual sólo podría ofrecérsela el gobierno federal.
B) Ahumada también comprende la importancia política de la negociación de Salinas con Fox (hoy doctor en democracia): los videos a cambio de la libertad de su hermano Raúl y la devolución de los fondos que la PGR le había retenido. Nuevo uso político de la justicia (amén de implicar graves delitos). La versión coincide con lo que alguna vez me comentó Adolfo Aguilar Zinser, a poco de haber dejado la embajada ante la ONU, en una conversación no sujeta al “fuera de micrófonos”. Al preguntarle sobre la relación de Fox con Salinas, me dijo que éste ofreció mover sus hilos para favorecer la reforma fiscal foxista (y de cuya participación en ello después dio noticia Elba Esther Gordillo) y, a cambio, Salinas podría regresar tranquilamente de su exilio y Fox intentaría promover la liberación de su hermano. Eso fue meses antes de ser liberado Raúl Salinas.
C) Debiera investigarse y, en su caso, penalizarse, la gran cantidad de delitos e ilícitos que Ahumada narra: el soborno que involucra al gobierno capitalino, con eventual conocimiento de López Obrador; el tráfico de influencias (aun en torno a la integración de la Suprema Corte); la extorsión en contra de Ahumada (como la relatada por Claudia Sheinbaum a través de Carlos Imaz); la violación de sus derechos humanos en la prisión, y las amenazas a él y su familia. Pero no vivimos en un Estado de derecho, y de ello se queja, con razón, Ahumada. Irónicamente, eso le favoreció también a él, pues incurrió en la grabación de varios personajes sin su consentimiento, y la divulgación de esas grabaciones, lo cual está penalizado por el artículo 211-bis del Código Penal hasta con 12 años de cárcel (por cada persona que se graba). Ahumada narra con detalle cómo incurrió en ese delito, pues dice haber hecho las grabaciones “independientemente de si ese acto… fue o no ético”. No, no era cuestión sólo de ética, sino de legalidad. En lugar de tres años, Ahumada pudo haber pasado muchos más en prisión, de haber en México Estado de derecho. Por lo cual, para qué tanto desgarre cada vez que aparecen grabaciones ilícitas, si aun sabiendo quién las hizo —y siendo confeso el infractor, con lujo de detalles— no se aplica la ley (¿quién espió a Luis Téllez? Seguimos y seguiremos esperando).
D) Y en cuanto al episodio del pacto con el equipo de campaña de Felipe Calderón en la elección de 2006 a través de Juan Molinar, para divulgar nuevos videos e intensificar la campaña negativa contra López Obrador, debiera investigarse el tiroteo contra la camioneta de la familia de Ahumada (seguramente para disuadirla de dar a conocer los nuevos videos y que, absurda e inverosímilmente, el gobierno capitalino explicó como un “autoatentado”). Pero, también, el posible delito electoral (o su tentativa), al gestionar Molinar favores del gobierno federal con fines electorales (ilícito tipificado en el artículo 412 del Código Penal). Claro, todo ello si viviéramos en una democracia más o menos digna de ese nombre, y no en un régimen de cuya pudrición hasta la médula da cuenta la narración de Ahumada. Calderón, jefe de este Estado, si no fallido, sí pestilente, ¿hará algo al respecto? Por supuesto. Hará como que la Virgen le habla, según corresponde a quien dirige el país de la impunidad y la simulación. ¿Y con este espantajo institucional se pretende ganar la guerra contra el narcotráfico? Sí, cómo no.
Los delatores de la corrupción en el GDF no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para ser reconocidos.
Me parece justificado ahondar sobre la mucha información que contiene el libro de Carlos Ahumada, por la importancia del episodio de los videoescándalos en el fuerte deterioro de nuestra democratización, quizá todavía no desahuciada, pero sí herida de gravedad.
A) Llama la atención que Ahumada no comprenda la relevancia política de la participación de diversos personajes en la divulgación de los videos que grabó, y debido a eso se dice extrañado por la importancia que la opinión pública concedió al tema, al reducir el impacto sobre los actos mismos de corrupción capitalina: “Todos los días se discutía si había sido un complot, si había participado Carlos Salinas, si en él estaban el presidente Vicente Fox, Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos... Sí, sí estuvieron todos ellos, hoy lo puedo decir. Pero, insisto, eso no fue lo relevante”. En su visión, los delatores de la innegable corrupción en el gobierno capitalino no sólo no tenían razón para esconder su mano, sino incluso debían hacerlo a la luz para recibir el reconocimiento público. Ahumada no es experto en teoría democrática ni constitucional, y por eso no estaba obligado a entender la gravedad política de la participación de personajes e instituciones del gobierno federal en la difusión de los videos, pues implica violentar una importante regla de la democracia. La negación de Creel (y el silencio de Eduardo Medina-Mora) sobre su participación en el ardid, responde a que ellos sí saben que con eso violentaban la regla democrática que reza: “No se permite usar los recursos del Estado para propósitos político-electorales, pues ello termina con la equidad” (conducta incluso tipificada como delito electoral en el artículo 407 del Código Penal). El Cisen, en lugar de abocarse a la seguridad nacional, se puso al servicio político del nuevo partido oficial, como en los peores tiempos del PRI. Un Cisen en aquel entonces a cargo de quien hoy encabeza la PGR (con razón, la seguridad está como está). Con tales antecedentes, ¿qué garantiza que la Procuraduría no se ponga al servicio del partido oficial, según ocurrió en el foxismo? Una regla por cuya violación justamente cayó Richard Nixon. Ahumada buscó ayuda externa en lugar de simplemente entregar los videos a Televisa, precisamente porque él mismo estaba implicado en el escándalo y requería inmunidad, la cual sólo podría ofrecérsela el gobierno federal.
B) Ahumada también comprende la importancia política de la negociación de Salinas con Fox (hoy doctor en democracia): los videos a cambio de la libertad de su hermano Raúl y la devolución de los fondos que la PGR le había retenido. Nuevo uso político de la justicia (amén de implicar graves delitos). La versión coincide con lo que alguna vez me comentó Adolfo Aguilar Zinser, a poco de haber dejado la embajada ante la ONU, en una conversación no sujeta al “fuera de micrófonos”. Al preguntarle sobre la relación de Fox con Salinas, me dijo que éste ofreció mover sus hilos para favorecer la reforma fiscal foxista (y de cuya participación en ello después dio noticia Elba Esther Gordillo) y, a cambio, Salinas podría regresar tranquilamente de su exilio y Fox intentaría promover la liberación de su hermano. Eso fue meses antes de ser liberado Raúl Salinas.
C) Debiera investigarse y, en su caso, penalizarse, la gran cantidad de delitos e ilícitos que Ahumada narra: el soborno que involucra al gobierno capitalino, con eventual conocimiento de López Obrador; el tráfico de influencias (aun en torno a la integración de la Suprema Corte); la extorsión en contra de Ahumada (como la relatada por Claudia Sheinbaum a través de Carlos Imaz); la violación de sus derechos humanos en la prisión, y las amenazas a él y su familia. Pero no vivimos en un Estado de derecho, y de ello se queja, con razón, Ahumada. Irónicamente, eso le favoreció también a él, pues incurrió en la grabación de varios personajes sin su consentimiento, y la divulgación de esas grabaciones, lo cual está penalizado por el artículo 211-bis del Código Penal hasta con 12 años de cárcel (por cada persona que se graba). Ahumada narra con detalle cómo incurrió en ese delito, pues dice haber hecho las grabaciones “independientemente de si ese acto… fue o no ético”. No, no era cuestión sólo de ética, sino de legalidad. En lugar de tres años, Ahumada pudo haber pasado muchos más en prisión, de haber en México Estado de derecho. Por lo cual, para qué tanto desgarre cada vez que aparecen grabaciones ilícitas, si aun sabiendo quién las hizo —y siendo confeso el infractor, con lujo de detalles— no se aplica la ley (¿quién espió a Luis Téllez? Seguimos y seguiremos esperando).
D) Y en cuanto al episodio del pacto con el equipo de campaña de Felipe Calderón en la elección de 2006 a través de Juan Molinar, para divulgar nuevos videos e intensificar la campaña negativa contra López Obrador, debiera investigarse el tiroteo contra la camioneta de la familia de Ahumada (seguramente para disuadirla de dar a conocer los nuevos videos y que, absurda e inverosímilmente, el gobierno capitalino explicó como un “autoatentado”). Pero, también, el posible delito electoral (o su tentativa), al gestionar Molinar favores del gobierno federal con fines electorales (ilícito tipificado en el artículo 412 del Código Penal). Claro, todo ello si viviéramos en una democracia más o menos digna de ese nombre, y no en un régimen de cuya pudrición hasta la médula da cuenta la narración de Ahumada. Calderón, jefe de este Estado, si no fallido, sí pestilente, ¿hará algo al respecto? Por supuesto. Hará como que la Virgen le habla, según corresponde a quien dirige el país de la impunidad y la simulación. ¿Y con este espantajo institucional se pretende ganar la guerra contra el narcotráfico? Sí, cómo no.
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