Javier Corral Jurado
Caen hachazos sobre la reforma electoral. No sólo los principales consorcios mediáticos del país trabajan duro para derribarla en lo que fue su principal medida, la prohibición de la contratación comercial de publicidad en radio y televisión por parte de candidatos y partidos políticos.
Una serie de acciones y omisiones llevadas a cabo por los propios partidos y las autoridades electorales han venido restándole el valor y méritos que hasta hace muy poco se presumían en el marco de una de las decisiones legislativas de honda reivindicación para la política y de recuperación de soberanía para el Estado.
Fueron largos los discursos de los tres principales líderes parlamentarios en el Senado, y ninguno para el aburrimiento; tocaron el fondo de la cuestión y anunciaron la liberación de la política a manos de los consorcios comunicacionales del país. Se ponía fin al tonel sin fondo que representaba en gasto para las campañas, la inversión publicitaria en medios.
Fue amplia la reacción social a favor, con la excepción del reducido grupo de mexicanos que maneja la radio y la televisión comercial, del Consejo Coordinador Empresarial, más un puñado de intelectuales que dieron marco conceptual a la resistencia mercantil de los concesionarios y empresarios.
Sobre la sistemática desconfianza se colocó por mucha gente la esperanza. Esperanza fundada pues, varios advirtieron que sería suicida un supuesto contrario, esto es, el que los reformadores devinieran en burladores de su propia reforma.
Y aunque resulte penoso reconocerlo, conforme fueron avanzando las precampañas y luego la campaña, la “nueva época” está quedando sólo como un respiro en la ya prolongada historia de sometimiento de la política a los intereses mediáticos.
Empezó el descenso cuando los reformadores no quisieron completar su tarea, modificando el andamiaje jurídico correlativo y complementario para darle fuerza a la reforma.
Ya no digamos a través de una nueva legislación de medios electrónicos que ampliara la oferta comunicacional en el país y les despojará a unos cuantos de la gracia y el poder de decidir quién existe en política y quién no; tampoco concretaron las sanciones necesarias para obligar el cumplimiento. Y ese titubeo que quedó en omisión hechó abajo la valiente escaramuza legislativa.
De ahí parte todo lo que ha venido después.
Los tres principales partidos abandonaron su obra y no alzaron su voz para defenderla ante los juicios de amparo atraídos por la SCJN.
Luego cuando el IFE tuvo la enorme oportunidad de reconquistar prestigio y confianza para su credibilidad, el momento en el que pudo sancionar ejemplarmente a las televisoras por empaquetar los spots e interrumpir malévolamente la programación deportiva con seis minutos seguidos de anuncios, partidos y televisoras presionaron para dejar impune el hecho.
Las actuales campañas asestan también duros golpes a la reforma, porque lamentablemente candidatos de todos los partidos han buscado cómo hacerse de espacios y coberturas informativas por la vía de la compra en efectivo, cierto es, ante dos hechos que se han producido de manera evidente: la centralización de la producción de los spots por parte de los comités nacionales de los partidos, y la manera en que los medios han venido cerrándose de nueva cuenta a la información de las campañas electorales en protesta por la reforma electoral.
La estrategia ha sido clara y ha dado resultados: los concesionarios han buscado desacreditar y volver odiosa la reforma ante los ciudadanos, y los partidos coadyuvan a hacerla inútil, ineficaz desde el punto de vista de la competencia mediática.
El caso más grotesco son los spots del Partido Verde que con el pretexto de informar sobre el desempeño de sus legisladores, contrató en la televisión la transmisión de cientos de éstos como publicidad institucional y no como lo que son y está prohibido: propaganda política.
Y frente a ello, la decisión hasta ahora más deplorable de una autoridad frente a la reforma constitucional de 2007 y el nuevo cofipe de abril de 2008: el hachazo artero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convalidando la compra de ese tipo de espacios.
Sí, ninguno tan demoledor como el que le infringió la semana antepasada la Sala Superior del TRIFE, porque esa raja, sí lastimó el tronco.
En una sentencia absurda que concitó la voluntad de los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava Gomar , Pedro Esteban Penagos y de la Presidenta María del Carmen Alanís - quien presentó el proyecto de resolución -, se convalidó esa forma de defraudación a la legislación electoral pues para ninguno de ellos resultó propaganda política electoral, lo que para el conjunto de los partidos lo fue, incluída la mayoría del Consejo General del IFE que por esa conducta había acordado dos multas al partido de la pena de muerte, con un monto total de 20 millones de pesos.
Además de la exoneración inadmisible a ese partido, el TRIFE se coloca hoy a la cabeza de ese largo proceso de simulación en el que se ha convertido la reforma electoral.
Caen hachazos sobre la reforma electoral. No sólo los principales consorcios mediáticos del país trabajan duro para derribarla en lo que fue su principal medida, la prohibición de la contratación comercial de publicidad en radio y televisión por parte de candidatos y partidos políticos.
Una serie de acciones y omisiones llevadas a cabo por los propios partidos y las autoridades electorales han venido restándole el valor y méritos que hasta hace muy poco se presumían en el marco de una de las decisiones legislativas de honda reivindicación para la política y de recuperación de soberanía para el Estado.
Fueron largos los discursos de los tres principales líderes parlamentarios en el Senado, y ninguno para el aburrimiento; tocaron el fondo de la cuestión y anunciaron la liberación de la política a manos de los consorcios comunicacionales del país. Se ponía fin al tonel sin fondo que representaba en gasto para las campañas, la inversión publicitaria en medios.
Fue amplia la reacción social a favor, con la excepción del reducido grupo de mexicanos que maneja la radio y la televisión comercial, del Consejo Coordinador Empresarial, más un puñado de intelectuales que dieron marco conceptual a la resistencia mercantil de los concesionarios y empresarios.
Sobre la sistemática desconfianza se colocó por mucha gente la esperanza. Esperanza fundada pues, varios advirtieron que sería suicida un supuesto contrario, esto es, el que los reformadores devinieran en burladores de su propia reforma.
Y aunque resulte penoso reconocerlo, conforme fueron avanzando las precampañas y luego la campaña, la “nueva época” está quedando sólo como un respiro en la ya prolongada historia de sometimiento de la política a los intereses mediáticos.
Empezó el descenso cuando los reformadores no quisieron completar su tarea, modificando el andamiaje jurídico correlativo y complementario para darle fuerza a la reforma.
Ya no digamos a través de una nueva legislación de medios electrónicos que ampliara la oferta comunicacional en el país y les despojará a unos cuantos de la gracia y el poder de decidir quién existe en política y quién no; tampoco concretaron las sanciones necesarias para obligar el cumplimiento. Y ese titubeo que quedó en omisión hechó abajo la valiente escaramuza legislativa.
De ahí parte todo lo que ha venido después.
Los tres principales partidos abandonaron su obra y no alzaron su voz para defenderla ante los juicios de amparo atraídos por la SCJN.
Luego cuando el IFE tuvo la enorme oportunidad de reconquistar prestigio y confianza para su credibilidad, el momento en el que pudo sancionar ejemplarmente a las televisoras por empaquetar los spots e interrumpir malévolamente la programación deportiva con seis minutos seguidos de anuncios, partidos y televisoras presionaron para dejar impune el hecho.
Las actuales campañas asestan también duros golpes a la reforma, porque lamentablemente candidatos de todos los partidos han buscado cómo hacerse de espacios y coberturas informativas por la vía de la compra en efectivo, cierto es, ante dos hechos que se han producido de manera evidente: la centralización de la producción de los spots por parte de los comités nacionales de los partidos, y la manera en que los medios han venido cerrándose de nueva cuenta a la información de las campañas electorales en protesta por la reforma electoral.
La estrategia ha sido clara y ha dado resultados: los concesionarios han buscado desacreditar y volver odiosa la reforma ante los ciudadanos, y los partidos coadyuvan a hacerla inútil, ineficaz desde el punto de vista de la competencia mediática.
El caso más grotesco son los spots del Partido Verde que con el pretexto de informar sobre el desempeño de sus legisladores, contrató en la televisión la transmisión de cientos de éstos como publicidad institucional y no como lo que son y está prohibido: propaganda política.
Y frente a ello, la decisión hasta ahora más deplorable de una autoridad frente a la reforma constitucional de 2007 y el nuevo cofipe de abril de 2008: el hachazo artero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convalidando la compra de ese tipo de espacios.
Sí, ninguno tan demoledor como el que le infringió la semana antepasada la Sala Superior del TRIFE, porque esa raja, sí lastimó el tronco.
En una sentencia absurda que concitó la voluntad de los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Alejandro Luna Ramos, Salvador Nava Gomar , Pedro Esteban Penagos y de la Presidenta María del Carmen Alanís - quien presentó el proyecto de resolución -, se convalidó esa forma de defraudación a la legislación electoral pues para ninguno de ellos resultó propaganda política electoral, lo que para el conjunto de los partidos lo fue, incluída la mayoría del Consejo General del IFE que por esa conducta había acordado dos multas al partido de la pena de muerte, con un monto total de 20 millones de pesos.
Además de la exoneración inadmisible a ese partido, el TRIFE se coloca hoy a la cabeza de ese largo proceso de simulación en el que se ha convertido la reforma electoral.
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