La larga guerra contra la corrupción

Ben W. Heineman Jr. y Fritz Heimann

Resumen: Es bien sabido que la corrupción deforma mercados, socava el imperio de la ley, perjudica la legitimidad de gobierno y hace daño al desarrollo económico. El movimiento de anticorrupción global ha ganado terreno desde mediados de la década de 1990, pero sus agentes clave -- países desarrollados y en vías de desarrollo, organizaciones internacionales y corporaciones multinacionales -- deben hacer más para prevenir y castigar en forma sistemática el mal comportamiento.

Ben W. Heineman Jr. es miembro del Belfer Center for Science and International Affairs en la Kennedy School of Government de Harvard, y ex vicepresidente jurídico y de relaciones públicas de General Electric. Fritz Heimann, cofundador de Transparencia Internacional, fue presidente de Transparencia Internacional, Estados Unidos, de 1993 a 2005.


UN CAMINO POR ANDAR

Desde mediados de la década de 1990, el problema de la corrupción ha ganado un lugar destacado en la agenda global. Algunas organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la ONU, han adoptado convenciones para solicitar a sus miembros que promulguen leyes que prohíban los sobornos y la extorsión. Los organismos financieros internacionales, sobre todo el Banco Mundial, anuncian programas dirigidos a asegurar una contratación justa y abierta para sus proyectos y evitar que funcionarios gubernamentales se apropien de ellos indebidamente. La mayoría de las naciones ha promulgado algún tipo de ley contra la corrupción. Los consorcios comerciales internacionales han establecido códigos de conducta, y las corporaciones multinacionales (CMN) afirman estar aplicando programas antisoborno. La organización no gubernamental (ONG) líder en esta área, Transparencia Internacional, ha llevado a cabo análisis y prestado asistencia legal en diversos sectores sociales en más de 90 naciones. Casi a diario (a menudo con grandes riesgos), la prensa internacional registra casos de corrupción en altos puestos.

En la base de estos cambios de reglas, retórica y conciencia está el reconocimiento cada vez mayor de que tanto el soborno como la extorsión tienen consecuencias nocivas comprobables. Lejos están los días cuando algunos expertos argumentaban con seriedad que la corrupción era un atenuante eficaz para economías demasiado reglamentadas, o que debía tolerársele como un subproducto inevitable de fuerzas difíciles de manejar. Ahora, el verdadero efecto de la corrupción es ampliamente reconocido: distorsiona los mercados y la competencia, fomenta el cinismo entre los ciudadanos, socava el imperio de la ley, daña la legitimidad de los gobiernos y corroe la integridad del sector privado. Es también un gran obstáculo para el desarrollo internacional: la sistémica apropiación indebida de parte de gobiernos cleptocráticos daña a los pobres.

Si bien es difícil cuantificar la corrupción global, casi no hay duda de que se trata de un problema enorme. Por ejemplo, en 2004 el Banco Mundial calculó que los funcionarios públicos en todo el mundo reciben más de un billón de dólares en sobornos al año (y esa cifra no incluye el peculado). Una encuesta del grupo de expertos ruso Indem de 2005 reveló que en Rusia se pagan más de 300000 millones de dólares anuales en sobornos (un incremento de 10 veces desde la encuesta anterior en 2001), y que más de la mitad de los rusos ha sido víctima de cohecho en algún momento. De acuerdo con el informe Volcker de 2005 (informe sobre el antiguo programa de la ONU de petróleo por alimentos, a cargo de un comité encabezado por el economista Paul Volcker), más de 2000 compañías que participaban en ese programa, casi la mitad del total, pudieron haber estado implicadas en esquemas de sobornos. Y el ritmo de escándalos continúa, con casos en China, Indonesia, Kenya, Rusia y Estados Unidos en los encabezados de las noticias durante el año pasado.

Debido a la amplitud y continuidad de estos problemas, el movimiento anticorrupción mantendrá su credibilidad e impulso sólo si logra traducir su retórica en acción, e impedir y castigar las conductas ilegales de manera más encauzada y sistemática. En el corto plazo, la aplicación de medidas anticorrupción debe provenir en gran parte de las organizaciones internacionales, naciones desarrolladas y CMN. Las naciones desarrolladas también tienen que desempeñar un papel fundamental. Pero sus sistemas legales, políticos y económicos varían considerablemente -- son defectuosos o se están debilitando, son frágiles o están en ciernes -- , por lo cual las iniciativas contra la corrupción en el mundo desarrollado deberán formar parte, y depender, del proceso de consolidación, amplio, complejo y, a menudo, prolongado de cada Estado.

POLIMÓRFICAMENTE CORRUPTA

La corrupción adopta muchas formas. Tiene un lado de oferta (sobornadores privados) y otro de demanda (funcionarios públicos). Existe la gran corrupción, que envuelve a funcionarios en altos puestos y autoridad discrecional sobre la política gubernamental, y la pequeña corrupción, que envuelve a funcionarios de menor nivel y acceso al control de los servicios básicos, como la educación y la energía eléctrica. Hay una dinámica entre las naciones desarrolladas que opera como fuente principal de fondos y las naciones en desarrollo donde se encuentra la mayoría de los funcionarios que extorsiona y comete peculado. En última instancia, es vital abordar todos los aspectos del tema, porque se retroalimentan.

Enfrentar este problema multifacético, y entender la forma en que las prioridades de mediano plazo encajan en las propuestas de largo plazo, requiere ejercer cuatro tipos de medidas. La primera es aplicarlas, con lo que se busca disuadir las futuras conductas indeseables al investigar y condenar la corrupción existente. La segunda es prevenirlas: promulgar e instrumentar una legislación y una normatividad administrativa que ponga fin a las prácticas corruptas (tales medidas deben incluir sistemas de ombudsman, leyes de protección a testigos, reglas transparentes de administración y contabilidad, leyes de libertad de información, requisitos de control interno y de auditoría para entidades públicas y privadas, y regímenes que combatan el lavado de dinero). La tercera es el proceso, mucho más complejo, de consolidación del Estado, que consiste en reformas institucionales diseñadas para crear una sociedad de leyes, no de individuos, y para crear un fundamento legal, económico y político transparente, responsable y duradero. Por último, está la dimensión cultural de la anticorrupción, lo cual implica transmitir valores y normas positivos que refuercen la aplicación de medidas de prevención y consolidación del Estado.

Un programa amplio contra la corrupción debe abarcar las cuatro propuestas anteriores. Pero, por el momento, es básico contar con una orientación más aguda y más específica. Las fuerzas que perpetúan el problema son poderosas: dinero, avaricia, poder y debilidad institucional. Las organizaciones internacionales las principales naciones desarrolladas y las CMN tienen los medios para contrarrestarlas si acaban con la hipocresía de adoptar una retórica altisonante sin participar verdaderamente. Para hacerlo, necesitan dirigentes que enfrenten la inercia y la complicidad institucionales, y que puedan movilizar a quienes ya forman parte de los aparatos gubernamentales y que son firmes defensores de la integridad. Un área de presión de mediano plazo debe ser la puesta en marcha de medidas de aplicación y prevención por parte de las naciones desarrolladas, donde el soborno de funcionarios extranjeros se exponga y se condene con mayor rapidez. La aplicación de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, de Estados Unidos, por ejemplo, ha ejercido un efecto importante en el comportamiento y cultura de muchas corporaciones estadounidenses y extranjeras cubiertas por esa ley. Una segunda medida importante para el mediano plazo es introducir prácticas contra la corrupción en entidades financieras internacionales y reducir los sobornos y peculados en sus programas de desarrollo más visibles.

APALANCAR EL FINANCIAMIENTO

Ahora se reconoce ampliamente que la corrupción socava los programas internacionales de desarrollo. En The Fate of Africa [El destino de África], Martin Meredith señala que de los más de 50 países que hoy existen en el continente, sólo Sudáfrica y Botswana están mejor que los países africanos que se liberaron del colonialismo hace cuatro décadas, a pesar de los miles de millones de dólares de ayuda internacional. La malversación y extorsión masivas por parte de los funcionarios de los países receptores, una administración financiera débil y la falta de supervisión han limitado el efecto de la asistencia internacional. También ha sido dañina la corrupción de los funcionarios de las instituciones financieras internacionales. Los países desarrollados pueden estar recelosos para financiar nuevos programas, como el de la siguiente ronda de los Objetivos de la Cuenta del Desafío del Milenio, de la ONU, o el programa de 50 000 millones de dólares para ayudar a África que propuso el grupo de los ocho Estados más industrializados (G-8), a menos que se les asegure de manera creíble que hay controles eficaces contra la corrupción.

El ex presidente del Banco Mundial James Wolfensohn puso fin a décadas de silencio premeditado sobre el tema al hacer de la corrupción la pieza central de su discurso en la reunión anual del Banco Mundial en 1996. Desde entonces, el Banco ha hecho un excelente trabajo al analizar las dimensiones y la dinámica del problema. Ahora, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en el nivel operativo. Esto requerirá vencer varios obstáculos. El poder del presidente del Banco Mundial se ve entorpecido por la administración descentralizada de la organización y con muchos cotos de poder arraigados. Algunos miembros del personal consideran que su función principal es prestar y donar dinero, así que, para ellos, retener fondos debido a problemas de corrupción va contra su naturaleza. Los gobiernos receptores pueden rehusarse a cooperar con la reforma o decir que luchan contra las nuevas políticas mientras continúan con las prácticas ilícitas.

Con el fin de lograr un cambio real, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, incluidos los bancos de desarrollo regionales, el Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) y organismos de ayuda bilateral, deberán establecer controles eficaces, tanto dentro de sus propias organizaciones como en los proyectos que financian. Como parte de su rutina, el Banco Mundial debe identificar los riesgos de corrupción de un proyecto antes de comprometerse a financiarlo. Debe exigirse a los licitadores de los proyectos del Banco Mundial que tengan programas eficaces de observancia antisobornos, y la adjudicación debe llevarse a cabo mediante procedimientos transparentes. Debe publicarse todo acerca del apoyo financiero a un proyecto y de los actores designados por las partes que intervengan en los países receptores y en los donantes. Todas las instituciones financieras internacionales deben desarrollar y ejercer drásticas auditorías, poderes de investigación y de sanción, así como desarrollar procedimientos para suspender proyectos y poner en la lista negra a las partes cuando ello se justifique.

Si bien la aplicación de reglas anticorrupción en programas específicos es cada vez más necesaria para mantener el apoyo del financiamiento internacional, también existe el problema más complejo y contencioso de qué hacer con gobiernos tan corruptos que no ofrecen ninguna garantía de que la corrupción no se implantará en ellos. En el caso de las crisis humanitarias producto de un tsunami, terremoto o epidemia, la ayuda puede fluir mediante terceras partes ajenas a las estructuras gubernamentales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o Médicos sin Fronteras. Pero debido a que cuentan con fondos limitados y enfrentan una demanda ilimitada, las instituciones financieras internacionales tendrían que instaurar una forma de selección de prioridades económicas para desembolsar fondos sólo a las naciones necesitadas donde sea menos probable que se los roben. Hacer esto podría ser sensato y necesario para la ayuda externa, pero crea un problema: se ignora a los Estados corruptos fallidos o sin gobernabilidad, porque éstos son incubadores de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y otros delitos globales; problemas que trascienden la corrupción.

SABIDURÍA POPULAR

Un gran logro de la década pasada fue la adopción de varios tratados internacionales diseñados para llenar agujeros en las leyes nacionales en vigor contra la corrupción, incluida una convención de la OCDE que se aplica a los países industrializados; tres convenciones regionales que cubren Europa, el continente americano y África, y, en fechas más recientes, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). Es fundamental garantizar el cumplimiento de estos documentos. Debido a que los cuerpos que los supervisan no tienen facultades para aplicar la ley, los programas de seguimiento y monitoreo son esenciales para determinar si los gobiernos promulgan e instrumentan por completo las provisiones de las convenciones. Este monitoreo, que incluiría dar a conocer las fallas de los gobiernos haciendo necesaria una acción correctiva, creando publicidad y propiciando presión de sus pares, es la única herramienta disponible para hacer que los Estados miembros cumplan sus compromisos. Además sería posible llevarlo a cabo con poco personal y presupuestos modestos.

El alcance de la convención de la OCDE -- que criminaliza el soborno de funcionarios públicos extranjeros -- es insuficiente, pero no obstante, el documento es importante porque los 36 Estados que lo suscribieron son sede de la mayoría de las principales CMN. El Grupo de Trabajo de la OCDE para combatir el Soborno lleva a cabo un sólido programa de monitoreo que requiere visitas a los países por parte de expertos de gobiernos equivalentes, y reuniones con fiscales locales y representantes del sector privado y de la sociedad civil. Revisa sondeos a los Estados miembros de la OCDE para determinar si sus gobiernos tienen lagunas legales (como estatutos limitados de prescripción), si otorgan los recursos suficientes a la aplicación de la ley y si las corporaciones locales tienen programas adecuados de acatamiento. Se ha revisado a más de dos tercios de los miembros de la OCDE, incluso al grupo de las siete naciones más industrializadas (G-7), y el grupo de trabajo demostró su credibilidad al criticar la inadecuada instrumentación de la convención en países importantes, como Francia, Japón, Italia e Inglaterra. Es esencial que la supervisión de la OCDE continúe después de 2007, cuando está previsto que se acaben los fondos programados. El presupuesto para monitoreo del grupo de trabajo también debe incrementarse para permitirle realizar de forma expedita visitas de seguimiento a los Estados incumplidos y se mantenga el impulso para una aplicación más estricta de la ley.

La OCDE también debe aumentar su cobertura hacia las sucursales extranjeras de las CMN, necesidad que dejó en claro el informe Volcker, que planteó problemas en muchas sucursales extranjeras de compañías constituidas en países de la OCDE. También debe ampliar su cobertura más allá del soborno a funcionarios públicos para incluir el soborno a dirigentes de partidos políticos extranjeros. Ambos cambios son posibles sin enmendar la convención; el grupo de trabajo de la OCDE sólo necesita publicar un "comentario interpretativo", técnica que ha usado para otros problemas.

En contraste con la convención de la OCDE, la UNCAC puede crear un marco verdaderamente global para combatir la corrupción, pues sus 140 signatarios incluyen naciones tanto desarrolladas como en vías de desarrollo. También cubre un horizonte mucho más amplio de cuestiones: extorsión además del soborno, pagos al sector privado además de a funcionarios públicos, y corrupción tanto doméstica como extranjera. La UNCAC también incluye una amplia variedad de medidas preventivas, como el establecimiento de organismos contra la corrupción, reglas contra el lavado de dinero, leyes de conflicto de intereses, asistencia legal entre Estados para la extradición de sospechosos y para obtener información en el extranjero, y medios para recuperar fondos depositados por funcionarios corruptos en bancos extranjeros.

Pero la UNCAC aún se encuentra en una fase temprana de su evolución: entró en vigor en diciembre de 2005 y hasta ahora solamente ha sido ratificada por poco más de un tercio de sus signatarios. Es prioritario presionar la ratificación por más Estados, en particular de las naciones industrializadas. La Casa Blanca sometió el tratado al Senado para su ratificación. Aunque no hay una oposición organizada a la ratificación en Estados Unidos, algunos legisladores de ese país dudan de la eficacia en general de las Naciones Unidas, en especial ahora que la credibilidad de la organización se deterioró por el informe Volcker. Aun así, los legisladores deben reconocer que la responsabilidad a la UNCAC se asignó mediante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que cuenta con buena reputación por su profesionalismo.

Otro gran desafío para la UNCAC será establecer un programa eficaz de monitoreo. La amplitud del tratado y la gran cantidad de participantes en él hacen que el monitoreo de la UNCAC sea más importante y difícil que el de la convención de la OCDE. Además, el monitoreo es más polémico entre los actores de la UNCAC que entre los de la convención de la OCDE. Existen en especial dos obstáculos que deberá vencer la Conferencia de Estados de la UNCAC prevista para diciembre de 2006. El primero es que a muchos gobiernos de países en vías de desarrollo les preocupa que el monitoreo exponga deficiencias que no puedan corregir. En atención a estas preocupaciones, el PNUD, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales deberán prometer asistencia técnica a las naciones dispuestas a promulgar y aplicar las disposiciones del tratado. Segundo, a algunas naciones industrializadas les preocupa que el monitoreo de la UNCAC duplique medidas semejantes bajo la convención de la OCDE y de otras convenciones regionales contra la corrupción. Para asegurarles que esto no ocurrirá, la cooperación y coordinación entre los distintos programas deberá ser una prioridad al inicio de 2007. Le tomará años de trabajo duro a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, gobiernos comprometidos y a todos los jugadores lograr que la UNCAC funcione de manera eficaz. Pero la importancia de crear un marco de alcance mundial contra la corrupción justifica el esfuerzo.

El Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Africana también han adoptado amplios convenios contra la corrupción. El Banco de Desarrollo Asiático, en cooperación con el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, lanzó una iniciativa contra la corrupción en Asia. El G-8 promueve un esfuerzo similar para Medio Oriente y África del Norte. El Consejo de Europa, en concreto, ha hecho un excelente trabajo al ayudar a mejorar las políticas anticorrupción en Europa Central y Oriental, lo cual demuestra el valor de los convenios regionales. Pero los programas regionales también necesitan fondos y monitoreo adecuados. Y conforme avance la instrumentación de la UNCAC, se eliminará el traslape con los programas regionales mediante una clara división de responsabilidades.

POR LA CASA EMPIEZA

La manera más eficaz e inmediata de combatir la corrupción en el mundo es acelerar la aplicación de las leyes nacionales en los 36 Estados signatarios de la convención de la OCDE. Tal como lo demuestra la aplicación de las leyes contra la corrupción en Estados Unidos, las compañías responden a la amenaza de ser procesadas cambiando sus programas y su cultura. Aún queda mucho por hacer. Un estudio de marzo de 2005 de Transparencia Internacional -- que abarca a 24 países de la OCDE a partir de su ratificación de su convención -- revela que sólo 15 países han comenzado a aplicar medidas contra el soborno; que no se ha llevado a cabo aplicación alguna en nueve países; que sólo siete tienen dos o más investigaciones serias en curso, y que Francia, Corea del Sur, España y Estados Unidos son los únicos cuatro Estados que han entablado más de un proceso.

Mejorar la aplicación de la ley dentro de las fronteras nacionales requiere vencer algunas "políticas industriales" mal dirigidas. Cuando los gobiernos libran batallas de comercio internacional a nombre de sus campeones nacionales, a menudo son renuentes a aplicar medidas enérgicas contra el soborno a funcionarios extranjeros que pueden ayudar a sus compañías a asegurar buenos negocios. Pero la promoción del comercio y la anticorrupción no son necesariamente antitéticos; los gobiernos deben insistir en el cumplimiento de las normas contra la corrupción antes de apoyar la promoción del comercio. No hacerlo quizá sea redituable políticamente, pero resulta indefendible desde una perspectiva de políticas públicas. Es también contrario a los valores aceptados y a las acciones respecto de otras actividades delictivas transnacionales, como tráfico de drogas, robo de propiedad intelectual, lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo.

La aplicación eficaz de medidas contra la corrupción también requiere organización y recursos. Investigar y entablar procesos puede resultar costoso y requerir tiempo, porque a menudo es necesario personal especializado, por ejemplo, en contabilidad y lavado de dinero. Para lograr lo anterior resulta básico contar con una dependencia nacional centralizada -- o al menos alguna clase de coordinadora nacional -- . Si bien en 13 de las 24 naciones examinadas en el reporte de 2005 de Transparencia Internacional se aplicaba la ley en forma centralizada, algunos pesos pesados, como Alemania, Italia, Japón e Inglaterra, no lo hacían.

Para complementar las medidas formales de aplicación de la ley, las naciones desarrolladas también deben emprender acciones preventivas, por ejemplo, instituir leyes de protección a testigos, teléfonos rojos gubernamentales y nuevos requisitos en prácticas contables y de auditoría. Otro cambio importante sería exhortar a las corporaciones para que de manera voluntaria den a conocer pruebas de sobornos descubiertas durante auditorías internas o como resultado de las actividades del ombudsman. A cambio de informar sobre actos de corrupción, tanto de oferta como de solicitud, las corporaciones en falta (no así los individuos culpables) deberán recibir sanciones más indulgentes si recurren a arreglos privados. Aunque sean más clementes, las sanciones requerirían que las corporaciones establezcan controles internos sujetos a la supervisión de la corte. Además, las naciones líderes deberán ponerse de acuerdo para emitir informes anuales estandarizados que revelen la cantidad de investigaciones anticorrupción y casos en proceso, así como el avance obtenido sobre medidas preventivas. Los Estados que no lo hagan así, quedarán expuestos al cuestionamiento y la crítica.

LA CARTA CORPORATIVA

El cumplimiento eficaz de programas dentro de las CMN, que a menudo son las fuentes de sobornos y blancos de las extorsiones, es un elemento fundamental del movimiento contra la corrupción, y podría ser un modelo para las compañías mundiales en surgimiento con sede en las naciones en vías de desarrollo.

Tales programas deben comenzar con una política anticorrupción que prohíba los sobornos y la extorsión públicos y privados en toda transacción (adquisiciones, transacciones, ventas) y en todas sus modalidades (contribuciones "políticas", gastos de viaje o viáticos inapropiados para socios comerciales). El cumplimiento efectivo también requiere sistemas sólidos para capacitar y educar al personal, detectar problemas mediante auditorías internas, y un sistema honesto de ombudsman que investigue acusaciones de corrupción de forma expedita y a fondo, que sancione a los culpables sin importar su posición en la escalera corporativa y arregle las prácticas causantes del problema. Más allá de estas medidas, los líderes corporativos deben crear una cultura de cumplimiento que no dé pie a subterfugios y al doble discurso, y que adopte el deseo de "hacer bien las cosas". Deben comunicar tres propuestas básicas a su personal: que el soborno corroe la cultura interna de una compañía; que la corrupción perjudica, en ocasiones de manera fatal, a la dirección, la compañía y a los que participan en ella, y que el soborno socava los procesos de globalización de los cuales depende el crecimiento.

Cada vez más, las corporaciones revelan sus políticas y procedimientos de cumplimiento en sitios web de "integridad" o en informes de "civismo", a disposición de accionistas y otros interesados. Para permitir la verificación de la información que ofrecen las corporaciones, debe establecerse una organización independiente que lleve a cabo encuestas detalladas acerca de los programas de cumplimiento en las principales 500 o 1000 CMN. Los informes formularían a estas corporaciones preguntas detalladas sobre sus normas anticorrupción y buscarían documentación de respaldo, práctica semejante a las ya familiares valoraciones que llevan a cabo los guardianes de autoridades corporativas. Los informes indicarían la extensión del programa contra la corrupción de cada compañía e identificarían a las que decidan no participar. Tal proyecto podría ser diseñado y suscrito por las CMN líderes actuales en cumplimiento de programas contra la corrupción; que tienen la credibilidad para explicar por qué estos programas se llevan a cabo para la conveniencia de las CMN y cómo pueden crear una ventaja competitiva en lugar de ser un lastre para las actividades comerciales.

Las compañías internacionales también deben participar en foros para analizar problemas de cumplimiento con los funcionarios y líderes comerciales de los países en vías de desarrollo, y en especial con los líderes de las empresas que pretenden convertirse en actores internacionales. Para promover las medidas anticorrupción, deben asimismo participar abierta y sinceramente en el proceso de elaboración de políticas públicas en países desarrollados como en vías de desarrollo. Estas medidas, si se conciben y aplican de manera adecuada, contribuirían a crear un campo de juego equilibrado para competidores tanto locales como extranjeros, objetivo básico de la globalización.

POLÍTICA Y POLÍTICAS

La pregunta más importante de cara al movimiento anticorrupción hoy en día es cómo lograr que las políticas de cumplimiento de la ley y de prevención sean eficaces y que cambien la forma de pensar de las instituciones internacionales, naciones desarrolladas y CMN. Cada actor institucional tendrá que sobreponerse a sus problemas culturales internos de muchos años. Para que la disciplina financiera sea operativa, las instituciones financieras internacionales deben cambiar la perspectiva de los miembros del personal que, ansiosos por distribuir el dinero, se oponen a condicionar préstamos o concesiones con compromisos de seguridad por parte de los beneficiarios para combatir la corrupción. El grupo de trabajo de la OCDE y otras entidades a cargo de instrumentar compromisos contra la corrupción, pero que carecen de facultades para aplicar la ley, deben valerse del monitoreo para acicatear a las naciones a cumplir mientras necesiten asegurar el presupuesto necesario de esos Estados. Las naciones desarrolladas deben mostrar la voluntad política de investigar y perseguir a sus corporaciones nacionales cuando estén involucradas en sobornos en el extranjero, aun frente a la intensa competencia global. Por último, las CMN deben dejar de lado las presiones económicas de corto plazo y las viejas formas de hacer negocios para crear y mantener una cultura anticorrupción y procedimientos corporativos de cumplimiento.

Todos estos cambios requerirán presión desde abajo y nuevo liderazgo desde arriba. Los medios y las ONG deben mantener como prioridad los mecanismos contra la corrupción en la agenda global. En esta era de comunicaciones instantáneas, es más difícil esconder las malas acciones: los funcionarios corruptos y los hombres de negocios quedan ahora expuestos gracias a testigos, fugas informativas desde los gobiernos, competidores agraviados y reporteros. La publicidad es un disuasivo importante, pues la corrupción puede poner fin a carreras personales. Tan sólo durante el año pasado, los escándalos terminaron con el régimen del primer ministro de Ucrania, el vicepresidente de Sudáfrica, el líder del partido gobernante de Brasil, ministros de gobierno claves en Kenya y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes estadounidense. Pero los cambios sistemáticos son necesarios para asegurar que los escándalos por corrupción terminen repitiéndose como un lascivo programa de televisión en reestreno.

Cuando se efectúan de manera eficiente, las acciones personales son mutuamente fortalecedoras: monitorear la ejecución de los convenios internacionales puede alentar la aplicación de la ley por parte de los procuradores nacionales. Más acciones judiciales pueden convencer a las CMN de establecer programas corporativos de cumplimiento más rigurosos. El freno a la corrupción entre las CMN puede fomentar el apoyo para el monitoreo internacional -- y para los programas de prevención necesarios -- , lo que conduciría a los gobiernos rezagados, y a sus empresas, a alinearse. Esta cadena de sucesos aceleraría el cambio en la cultura de corporaciones clave, dependencias gubernamentales e instituciones internacionales, y se convertiría en una medida básica para una más amplia consolidación del Estado en el mundo en desarrollo.

Pero es difícil echar a andar un círculo virtuoso. Parte del desafío es la magnitud y la complejidad de la agenda contra la corrupción. Los líderes deben establecer objetivos alcanzables con el fin de movilizar a sus organizaciones. Han ocurrido cambios de liderazgo, o están a punto de ocurrir, en entidades claves: el Banco Mundial, la OCDE, la ONU, Transparencia Internacional y la Cámara Internacional de Comercio. El grupo de nuevos líderes resultante de estos cambios debe sumarse a las ONG y a los líderes de otras organizaciones clave, como entidades de crédito a la exportación y organismos internacionales para la aplicación de la ley, para proyectar una amplia estrategia anticorrupción y armar un consenso de acciones de corto y mediano plazos. Los intentos para obtener un consenso de alto nivel pueden dar como resultado sólo lugares comunes o ambigüedades. Pero también es posible que el ejercicio sea el lanzamiento de nuevas políticas necesarias en esta encrucijada en la que se encuentra la evolución del movimiento contra la corrupción.

Por último, la fuerza más poderosa para el cambio es la idea de que la corrupción es moralmente repugnante y contraria a la competencia, la globalización, el imperio de la ley, el desarrollo internacional y el bienestar de ciudadanos de todo el mundo. Durante la pasada década, muchos actores de los sectores público y privado han fingido estar de acuerdo con la idea de que combatir la corrupción conviene tanto a sus propios intereses como a los del bien global. Ahora deben actuar.