Javier Corral Jurado
El lunes, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable publicó un desplegado en los principales diarios capitalinos, acusando las presiones que Telmex ejerce sobre el gobierno del presidente Felipe Calderón para que le sea modificado su título de concesión y se le elimine la prohibición que desde hace 18 años tiene para ofrecer por su red el servicio de tv.
Aquella prohibición fue plasmada como una condición sine qua non para llevar a cabo el proceso de privatización de Telmex, y tuvo como principal propósito evitar que la nueva empresa privada que nació como dominante en el sector telecomunicaciones —puesto que heredó el antiguo monopolio estatal en la telefonía— lo fuera también en la radiodifusión y, con ello, se generara un fenómeno de alta concentración de recursos y posibilidades comunicacionales en manos de una sola compañía. No faltó entonces la presión de la empresa dominante en el mercado de la tv, Televisa. Y en dato paradójico, los mismos asesores jurídicos que entonces recomendaron la redacción para ese texto hoy aconsejan suprimirlo.
No estuvo mal la prohibición ni ahora les faltan argumentos para eliminarla. De su lado está el desarrollo tecnológico que fincado en la digitalización permite el fenómeno de la convergencia de múltiples servicios en una misma red, eso que Raúl Trejo Delarbre ha llamado la “imbricación con la teledifusión de las comunicaciones, y que abre perspectivas históricas para el desarrollo cultural y la promoción del conocimiento en la sociedad mexicana”.
No hay obstáculo tecnológico para aprovechar esa oportunidad; así lo plantea también la opinión de la Comisión Federal de Competencia que, en 2006, recomendó impulsar la convergencia (o triple play) en su sentido más amplio, en el que todos puedan dar de todo, y así también lo propuso el 7 de noviembre de 2007 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, cuando concurrió al Senado a presentar su propuesta integral para una nueva legislación de telecomunicaciones, radio y tv: “La convergencia digital ha de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir de políticas que establezca la autoridad regulatoria y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público”.
Y creo que el problema denunciado por los cableros tampoco está en el concepto ni en enfrentar una realidad tecnológica como la convergencia. El asunto está en la operación de esas medidas por parte del gobierno, y en la impunidad con que el antiguo monopolio estatal y hoy privado se ha comportado en el cumplimiento de sus obligaciones asimétricas. Las diversas formas como elude y resiste ser declarado lo que es: un agente con poder sustancial de mercado, dominante en el sector de las telecomunicaciones.
Ahí es donde se localiza el mayor problema: hay una ausencia del Estado para reordenar a este y otros grupos de interés. No han existido políticas públicas amplias y capaces de proporcionar a la mayoría acceso a tecnologías interactivas como internet y telefonía y a medios de difusión como tv y radio. El interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor.
Telmex ha sido hasta ahora el regulador de sí mismo y del mercado; no conoce la acción del Estado para exigirle cumplir su título de concesión; por la vía de proveer recursos financieros se asoció sin disimulo con el dominante de la tv, y en la transversalidad de su poder económico y político ha sofocado leyes, impuesto funcionarios y vetado a otros posibles, repele y persigue cualquier intento de competencia con la fuerza de su inversión publicitaria, impone las tarifas, mantiene cerrada la interconexión de su red a quien gusta o delimita los alcances de ella, y cobra al consumidor varios de los precios más altos en el mundo.
Sólo desde la ignorancia sobre el sector de las telecomunicaciones o desde la premeditada acción de desinformar se puede afirmar que hoy México cuenta con la telefonía más barata que hace 18 años. ¿Comparado con qué, con quiénes? Cuando a nivel internacional ¡y por virtud de ese fenómeno tecnológico! las tarifas se han venido reduciendo; entre el mismísimo club de los países ricos (OCDE), México ocupa —además del glorioso primer lugar en la lista de multimillonarios de Forbes— el tercer lugar en las tarifas más altas de la telefonía residencial fija de bajo consumo, el segundo en la móvil de bajo consumo, el primero en llamadas internacionales para negocios, y el segundo en llamadas internacionales de uso residencial.
No es concebible que un gobierno con el talante como el del presidente Calderón le abra a Telmex su título para expandirse a otros negocios sin abrir primero la competencia en las telecomunicaciones. No imagino el triple play sin la posibilidad de un Estado que acabe con el asalto en despoblado que significan la tarifa y el redondeo en la telefonía celular. Estoy seguro de que quienes lo asesoran en estos asuntos actuarán con responsabilidad con el Presidente y con el país.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
El lunes, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable publicó un desplegado en los principales diarios capitalinos, acusando las presiones que Telmex ejerce sobre el gobierno del presidente Felipe Calderón para que le sea modificado su título de concesión y se le elimine la prohibición que desde hace 18 años tiene para ofrecer por su red el servicio de tv.
Aquella prohibición fue plasmada como una condición sine qua non para llevar a cabo el proceso de privatización de Telmex, y tuvo como principal propósito evitar que la nueva empresa privada que nació como dominante en el sector telecomunicaciones —puesto que heredó el antiguo monopolio estatal en la telefonía— lo fuera también en la radiodifusión y, con ello, se generara un fenómeno de alta concentración de recursos y posibilidades comunicacionales en manos de una sola compañía. No faltó entonces la presión de la empresa dominante en el mercado de la tv, Televisa. Y en dato paradójico, los mismos asesores jurídicos que entonces recomendaron la redacción para ese texto hoy aconsejan suprimirlo.
No estuvo mal la prohibición ni ahora les faltan argumentos para eliminarla. De su lado está el desarrollo tecnológico que fincado en la digitalización permite el fenómeno de la convergencia de múltiples servicios en una misma red, eso que Raúl Trejo Delarbre ha llamado la “imbricación con la teledifusión de las comunicaciones, y que abre perspectivas históricas para el desarrollo cultural y la promoción del conocimiento en la sociedad mexicana”.
No hay obstáculo tecnológico para aprovechar esa oportunidad; así lo plantea también la opinión de la Comisión Federal de Competencia que, en 2006, recomendó impulsar la convergencia (o triple play) en su sentido más amplio, en el que todos puedan dar de todo, y así también lo propuso el 7 de noviembre de 2007 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, cuando concurrió al Senado a presentar su propuesta integral para una nueva legislación de telecomunicaciones, radio y tv: “La convergencia digital ha de ser estimulada de la manera más intensa y extensa posible, siempre a partir de políticas que establezca la autoridad regulatoria y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público”.
Y creo que el problema denunciado por los cableros tampoco está en el concepto ni en enfrentar una realidad tecnológica como la convergencia. El asunto está en la operación de esas medidas por parte del gobierno, y en la impunidad con que el antiguo monopolio estatal y hoy privado se ha comportado en el cumplimiento de sus obligaciones asimétricas. Las diversas formas como elude y resiste ser declarado lo que es: un agente con poder sustancial de mercado, dominante en el sector de las telecomunicaciones.
Ahí es donde se localiza el mayor problema: hay una ausencia del Estado para reordenar a este y otros grupos de interés. No han existido políticas públicas amplias y capaces de proporcionar a la mayoría acceso a tecnologías interactivas como internet y telefonía y a medios de difusión como tv y radio. El interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor.
Telmex ha sido hasta ahora el regulador de sí mismo y del mercado; no conoce la acción del Estado para exigirle cumplir su título de concesión; por la vía de proveer recursos financieros se asoció sin disimulo con el dominante de la tv, y en la transversalidad de su poder económico y político ha sofocado leyes, impuesto funcionarios y vetado a otros posibles, repele y persigue cualquier intento de competencia con la fuerza de su inversión publicitaria, impone las tarifas, mantiene cerrada la interconexión de su red a quien gusta o delimita los alcances de ella, y cobra al consumidor varios de los precios más altos en el mundo.
Sólo desde la ignorancia sobre el sector de las telecomunicaciones o desde la premeditada acción de desinformar se puede afirmar que hoy México cuenta con la telefonía más barata que hace 18 años. ¿Comparado con qué, con quiénes? Cuando a nivel internacional ¡y por virtud de ese fenómeno tecnológico! las tarifas se han venido reduciendo; entre el mismísimo club de los países ricos (OCDE), México ocupa —además del glorioso primer lugar en la lista de multimillonarios de Forbes— el tercer lugar en las tarifas más altas de la telefonía residencial fija de bajo consumo, el segundo en la móvil de bajo consumo, el primero en llamadas internacionales para negocios, y el segundo en llamadas internacionales de uso residencial.
No es concebible que un gobierno con el talante como el del presidente Calderón le abra a Telmex su título para expandirse a otros negocios sin abrir primero la competencia en las telecomunicaciones. No imagino el triple play sin la posibilidad de un Estado que acabe con el asalto en despoblado que significan la tarifa y el redondeo en la telefonía celular. Estoy seguro de que quienes lo asesoran en estos asuntos actuarán con responsabilidad con el Presidente y con el país.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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