Miguel Ángel Granados Chapa
A partir de la firma de un extraño acuerdo de colaboración que sirvió de excusa para exonerar a los infractores, el órgano electoral se rindió y fue capturado por los sujetos regulados
Atribúyala usted a ingenua buena fe de la mayoría de los consejeros, o a la capacidad de las televisoras para intimidarlos, avasallarlos y ganarlos por cualquier medio para su causa (que es contraria a los intereses que en este caso el IFE debe gestionar). Lo cierto es que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral es una grave lesión a sí mismo -autoinferida, suicida casi, en consecuencia- y una victoria de la insolencia telecrática. Se sabe ya, a partir del viernes 13, quién manda en México si se trata de aplicar la Constitución y la ley en materia electoral. Como en otros terrenos, el verdadero poder rector de la sociedad radica en avenida Chapultepec y en el Ajusco, no en otra parte.
El sábado 31 de enero y el domingo 1o. de febrero Televisa y TV Azteca iniciaron el desafío que ganaron el viernes pasado. Interrumpieron programas deportivos y de entretenimiento con la presentación irregular de mensajes de los partidos y los órganos electorales. Los agruparon indebidamente, les antepusieron una cortinilla con cuyo texto se hacían las víctimas de una imposición y trasladaban al IFE la supresión de la imagen que el público quería ver y consiguieron con ello que la irritación del público -al que esas mismas televisoras agravian cotidianamente con publicidad comercial igualmente estorbosa del espectáculo- debilitara la frágil disposición ciudadana a la participación electoral.
El IFE reaccionó, o pareció reaccionar como si fuera una autoridad verdadera. Pidió informes a las concesionarias infractoras, anunció que iniciaría en su contra un procedimiento sancionador y su Secretaría Ejecutiva preparó sendos proyectos en que se examinaron las peculiaridades de las conductas atípicas de las televisoras y se previó multarlas, con 7 millones a TV Azteca y con 4 a Televisa. Conocidos los proyectos, la noche del jueves 12 parecía inexorable la aplicación de esas penas, pues habían ganado el asentimiento mayoritario.
Pero el miércoles 11 había comenzado a fraguarse la decisión que debilitó al IFE y fortaleció al duopolio; es decir, comenzó la captura del órgano regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez, junto con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron a parlamentar con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Si bien el grupo representativo de los concesionarios fue encabezado por Arturo Laris Rodríguez, presidente de su consejo consultivo, la presencia realmente importante era la de los vicepresidentes de la cámara, Javier Dondé y Ernesto Vidal, representantes de Televisa y TV Azteca. Con ellos, en rigor estricto, fueron a hablar los consejeros del IFE.
El resultado del encuentro fue un documento tan atípico como las conductas atribuidas a las televisoras. Haga usted de cuenta que en una operación contra la piratería, es decir contra la violación masiva del derecho de autor, los fabricantes de discos compactos o devedés ilegales firman con la Procuraduría General de la República un acuerdo de colaboración en que los presuntos delincuentes o infractores se comprometen a no seguir ya su práctica lesiva para la propiedad intelectual a cambio de que no se les aplique la ley. Sin duda a usted le parecería una aberración, porque el interés público resulta lesionado y porque dejaría sin contenido la afirmación con que se llena la boca a representantes del Estado mexicano, particularmente al gobierno federal panista, de que "la ley no se negocia".
Pues bien, consejeros del IFE y su secretario ejecutivo firmaron con los infractores un "acuerdo de colaboración", en cuyo cuerpo se relaja la estricta obligatoriedad de los textos legales. La cámara -es decir, para efectos prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió a "respaldar, apoyar y acompañar al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio instituto a los tiempos de radio y televisión", condiciones que están ya en la Constitución, el código electoral y el reglamento de radio y televisión y que no es, por lo tanto, necesario "propiciar". Por añadidura, los concesionarios deslizaron una frase que los exime de cumplir en adelante las normas pues "procurarán" no agrupar los promocionales "en un solo bloque". En el informe del secretario ejecutivo al consejero general, rendido el viernes, ese compromiso se refiere a que los concesionarios harán "todo lo posible" para no agrupar los mensajes. Y como a lo imposible nadie está obligado...
Con la firma de ese extravagante, seudolegal acuerdo se estableció la base para eximir de penas a las infractoras. El consejero Marco Antonio Baños presentó un proyecto contrario al de la Junta, para sobreseer el caso, lo que implicaba dejar de lado las sanciones previstas, porque tras la firma de ese acuerdo, surgido de "la acción del IFE y la sensibilidad de los concesionarios", y "al haberse corregido la transmisión de los spots", el asunto queda sin materia. La falacia del argumento de Baños, referido a hechos supervinientes a la infracción, contó con el apoyo de los consejeros Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez, alineados con la entusiasta posición de los representantes del Partido Verde, que nunca se recatan para ostentarse defensores de la telecracia, endurecida e impune.
A partir de la firma de un extraño acuerdo de colaboración que sirvió de excusa para exonerar a los infractores, el órgano electoral se rindió y fue capturado por los sujetos regulados
Atribúyala usted a ingenua buena fe de la mayoría de los consejeros, o a la capacidad de las televisoras para intimidarlos, avasallarlos y ganarlos por cualquier medio para su causa (que es contraria a los intereses que en este caso el IFE debe gestionar). Lo cierto es que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral es una grave lesión a sí mismo -autoinferida, suicida casi, en consecuencia- y una victoria de la insolencia telecrática. Se sabe ya, a partir del viernes 13, quién manda en México si se trata de aplicar la Constitución y la ley en materia electoral. Como en otros terrenos, el verdadero poder rector de la sociedad radica en avenida Chapultepec y en el Ajusco, no en otra parte.
El sábado 31 de enero y el domingo 1o. de febrero Televisa y TV Azteca iniciaron el desafío que ganaron el viernes pasado. Interrumpieron programas deportivos y de entretenimiento con la presentación irregular de mensajes de los partidos y los órganos electorales. Los agruparon indebidamente, les antepusieron una cortinilla con cuyo texto se hacían las víctimas de una imposición y trasladaban al IFE la supresión de la imagen que el público quería ver y consiguieron con ello que la irritación del público -al que esas mismas televisoras agravian cotidianamente con publicidad comercial igualmente estorbosa del espectáculo- debilitara la frágil disposición ciudadana a la participación electoral.
El IFE reaccionó, o pareció reaccionar como si fuera una autoridad verdadera. Pidió informes a las concesionarias infractoras, anunció que iniciaría en su contra un procedimiento sancionador y su Secretaría Ejecutiva preparó sendos proyectos en que se examinaron las peculiaridades de las conductas atípicas de las televisoras y se previó multarlas, con 7 millones a TV Azteca y con 4 a Televisa. Conocidos los proyectos, la noche del jueves 12 parecía inexorable la aplicación de esas penas, pues habían ganado el asentimiento mayoritario.
Pero el miércoles 11 había comenzado a fraguarse la decisión que debilitó al IFE y fortaleció al duopolio; es decir, comenzó la captura del órgano regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez, junto con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron a parlamentar con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Si bien el grupo representativo de los concesionarios fue encabezado por Arturo Laris Rodríguez, presidente de su consejo consultivo, la presencia realmente importante era la de los vicepresidentes de la cámara, Javier Dondé y Ernesto Vidal, representantes de Televisa y TV Azteca. Con ellos, en rigor estricto, fueron a hablar los consejeros del IFE.
El resultado del encuentro fue un documento tan atípico como las conductas atribuidas a las televisoras. Haga usted de cuenta que en una operación contra la piratería, es decir contra la violación masiva del derecho de autor, los fabricantes de discos compactos o devedés ilegales firman con la Procuraduría General de la República un acuerdo de colaboración en que los presuntos delincuentes o infractores se comprometen a no seguir ya su práctica lesiva para la propiedad intelectual a cambio de que no se les aplique la ley. Sin duda a usted le parecería una aberración, porque el interés público resulta lesionado y porque dejaría sin contenido la afirmación con que se llena la boca a representantes del Estado mexicano, particularmente al gobierno federal panista, de que "la ley no se negocia".
Pues bien, consejeros del IFE y su secretario ejecutivo firmaron con los infractores un "acuerdo de colaboración", en cuyo cuerpo se relaja la estricta obligatoriedad de los textos legales. La cámara -es decir, para efectos prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió a "respaldar, apoyar y acompañar al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio instituto a los tiempos de radio y televisión", condiciones que están ya en la Constitución, el código electoral y el reglamento de radio y televisión y que no es, por lo tanto, necesario "propiciar". Por añadidura, los concesionarios deslizaron una frase que los exime de cumplir en adelante las normas pues "procurarán" no agrupar los promocionales "en un solo bloque". En el informe del secretario ejecutivo al consejero general, rendido el viernes, ese compromiso se refiere a que los concesionarios harán "todo lo posible" para no agrupar los mensajes. Y como a lo imposible nadie está obligado...
Con la firma de ese extravagante, seudolegal acuerdo se estableció la base para eximir de penas a las infractoras. El consejero Marco Antonio Baños presentó un proyecto contrario al de la Junta, para sobreseer el caso, lo que implicaba dejar de lado las sanciones previstas, porque tras la firma de ese acuerdo, surgido de "la acción del IFE y la sensibilidad de los concesionarios", y "al haberse corregido la transmisión de los spots", el asunto queda sin materia. La falacia del argumento de Baños, referido a hechos supervinientes a la infracción, contó con el apoyo de los consejeros Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez, alineados con la entusiasta posición de los representantes del Partido Verde, que nunca se recatan para ostentarse defensores de la telecracia, endurecida e impune.
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