Miguel Angel Granados Chapa
Apenas el jueves 29 la doctora Denise Dresser preguntó a los senadores si gobernaban ellos o Ricardo Salinas Pliego, y dos días después tuvimos una respuesta que ya conocíamos: quedó confirmado que el poder radica en TV Azteca, y en Televisa. El sábado y el domingo las integrantes del duopolio de la televisión abierta manipularon mensajes electorales con la intención no declarada, pero transparente de defender sus intereses y malquistar a su público con el IFE y los partidos políticos.
En vez de presentarlos en los minutos previos a los partidos de futbol, o en los intermedios, o al concluir cada juego, las televisoras acumularon spots o promocionales (¡vaya dilema: ni cuál escoger entre esas palabrejas!) y, precedidos por comentarios de los locutores y la leyenda que atribuía la interrupción a “órdenes” del IFE, y asestaron mensajes políticos durante varios minutos a públicos ganosos de ver futbol, soccer o americano, que muy probablemente los recibieron en el mejor de los casos resignadamente si no es que irritados por la intromisión.
Al actuar de ese modo, las televisoras confirmaron su renuencia a la legislación electoral que estableció un régimen nuevo para la radio y la televisión en ese campo y prohibió la propaganda pagada en esos medios, en que los partidos derrochaban hasta ahora cerca de dos tercios de las abultadas sumas que reciben del erario, es decir de los contribuyentes. Las televisoras han juzgado esa decisión del poder revisor de la Constitución y del Congreso como una ofensa y la han combatido por medios legales y estorbos ilícitos. Tienen derecho a lo primero, a acudir a los tribunales para impugnar normas que lastimen a sus intereses. No lo tienen, en cambio, para desacatar las normas y generar con su incumplimiento, desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos, que ya hacen bastante para distanciarse de los ciudadanos.
En marzo del año pasado, TV Azteca rehusó de plano transmitir los primeros mensajes partidarios, al comenzar la vigencia de esa porción del Código electoral. Ni siquiera recibió la documentación que disponía las transmisiones. Solicitó amparo contra su obligación legal de hacerlo y al serle negada la suspensión demandada se vio en el caso de pasar al aire en mayo lo que había dejado de transmitir en marzo y también en abril. El IFE sancionó su infracción con una multa de cinco millones y medio que el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación atenuó apenas en diciembre pasado, considerando que no merecía la pena máxima porque no era reincidente. Ahora, en cierto modo, ya lo es. Ciertamente, no se negó a transmitir los mensajes que mercaban el comienzo de una temporada electoral, las precampañas.
Pero lo hizo a contrapelo del numeral cinco del Artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en material electoral aprobado por el Consejo general del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Ese texto establece a las claras que “los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto”. El IFE reaccionó en lo inmediato desmintiendo a las televisoras que le achacaron el modo y el momento de la transmisión de los mensajes. Ahora tiene que ir más allá de esta explicación al público (que ameritaría haber sido mejor redactada):
“1.-Desde hace varios años el Estado dispone en la radio y la televisión de 48 minutos diarios para emitir propaganda gubernamental y de otros poderes (sic).
2.- Dichos promocionales (¿?) son transmitidos a lo largo del día dentro de las barras comerciales…Por esa razón, la propaganda gubernamental se alterna con la publicidad comercial y el público está acostumbrado a ella.
3.- Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el Gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales.
“4, Por lo tanto, no se han incrementado los tiempos del Estado y los concesionarios no necesitan sacrificar sus programas o ceder su tiempo comercial para transmitir los promocionales de partidos y el IFE. Son el Gobierno y otros poderes los que, por disposición constitucional, han cedido el tiempo para partidos y autoridades electorales.
5 Los promocionales que se transmiten a partir del inicio de las precampañas por todos los medios de comunicación electrónica del país utilizan solamente el tiempo que le pertenece al Estado y fueron pautados para ser transmitidos, a lo largo del día, de manera similar a la propaganda gubernamental.
“6.- Con base en lo anterior es necesario informar que la decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en un solo bloque comercial (¿?) así como la de interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de dichos promocionales dentro de los mismos programas y no en los bloques comerciales normales, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el Instituto Federal Electoral”.
Pertinente y necesaria la aclaración, debe ser sólo parte de la actitud que asuma el IFE, que no puede quedar a merced –y con él los partidos—de la inquina de TV Azteca y Televisa. Debe evitar que la maniobra se reedite.
Apenas el jueves 29 la doctora Denise Dresser preguntó a los senadores si gobernaban ellos o Ricardo Salinas Pliego, y dos días después tuvimos una respuesta que ya conocíamos: quedó confirmado que el poder radica en TV Azteca, y en Televisa. El sábado y el domingo las integrantes del duopolio de la televisión abierta manipularon mensajes electorales con la intención no declarada, pero transparente de defender sus intereses y malquistar a su público con el IFE y los partidos políticos.
En vez de presentarlos en los minutos previos a los partidos de futbol, o en los intermedios, o al concluir cada juego, las televisoras acumularon spots o promocionales (¡vaya dilema: ni cuál escoger entre esas palabrejas!) y, precedidos por comentarios de los locutores y la leyenda que atribuía la interrupción a “órdenes” del IFE, y asestaron mensajes políticos durante varios minutos a públicos ganosos de ver futbol, soccer o americano, que muy probablemente los recibieron en el mejor de los casos resignadamente si no es que irritados por la intromisión.
Al actuar de ese modo, las televisoras confirmaron su renuencia a la legislación electoral que estableció un régimen nuevo para la radio y la televisión en ese campo y prohibió la propaganda pagada en esos medios, en que los partidos derrochaban hasta ahora cerca de dos tercios de las abultadas sumas que reciben del erario, es decir de los contribuyentes. Las televisoras han juzgado esa decisión del poder revisor de la Constitución y del Congreso como una ofensa y la han combatido por medios legales y estorbos ilícitos. Tienen derecho a lo primero, a acudir a los tribunales para impugnar normas que lastimen a sus intereses. No lo tienen, en cambio, para desacatar las normas y generar con su incumplimiento, desprestigio a la autoridad electoral y a los partidos, que ya hacen bastante para distanciarse de los ciudadanos.
En marzo del año pasado, TV Azteca rehusó de plano transmitir los primeros mensajes partidarios, al comenzar la vigencia de esa porción del Código electoral. Ni siquiera recibió la documentación que disponía las transmisiones. Solicitó amparo contra su obligación legal de hacerlo y al serle negada la suspensión demandada se vio en el caso de pasar al aire en mayo lo que había dejado de transmitir en marzo y también en abril. El IFE sancionó su infracción con una multa de cinco millones y medio que el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación atenuó apenas en diciembre pasado, considerando que no merecía la pena máxima porque no era reincidente. Ahora, en cierto modo, ya lo es. Ciertamente, no se negó a transmitir los mensajes que mercaban el comienzo de una temporada electoral, las precampañas.
Pero lo hizo a contrapelo del numeral cinco del Artículo 36 del Reglamento de Radio y Televisión en material electoral aprobado por el Consejo general del IFE el 10 de julio pasado y aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto siguiente. Ese texto establece a las claras que “los concesionarios de radio y televisión no podrán alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto”. El IFE reaccionó en lo inmediato desmintiendo a las televisoras que le achacaron el modo y el momento de la transmisión de los mensajes. Ahora tiene que ir más allá de esta explicación al público (que ameritaría haber sido mejor redactada):
“1.-Desde hace varios años el Estado dispone en la radio y la televisión de 48 minutos diarios para emitir propaganda gubernamental y de otros poderes (sic).
2.- Dichos promocionales (¿?) son transmitidos a lo largo del día dentro de las barras comerciales…Por esa razón, la propaganda gubernamental se alterna con la publicidad comercial y el público está acostumbrado a ella.
3.- Con la reforma electoral de 2007 se dispuso que los tiempos del Estado no deben ser utilizados por el Gobierno durante las precampañas y campañas electorales, para no afectar la equidad en la competencia partidista. Por eso, a partir del 31 de enero esos tiempos son utilizados sólo por los partidos políticos y las autoridades electorales.
“4, Por lo tanto, no se han incrementado los tiempos del Estado y los concesionarios no necesitan sacrificar sus programas o ceder su tiempo comercial para transmitir los promocionales de partidos y el IFE. Son el Gobierno y otros poderes los que, por disposición constitucional, han cedido el tiempo para partidos y autoridades electorales.
5 Los promocionales que se transmiten a partir del inicio de las precampañas por todos los medios de comunicación electrónica del país utilizan solamente el tiempo que le pertenece al Estado y fueron pautados para ser transmitidos, a lo largo del día, de manera similar a la propaganda gubernamental.
“6.- Con base en lo anterior es necesario informar que la decisión de agrupar los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales en un solo bloque comercial (¿?) así como la de interrumpir programas deportivos o de entretenimiento para ofrecer al público la transmisión de dichos promocionales dentro de los mismos programas y no en los bloques comerciales normales, ha sido adoptada exclusivamente por las televisoras, pero no por el Instituto Federal Electoral”.
Pertinente y necesaria la aclaración, debe ser sólo parte de la actitud que asuma el IFE, que no puede quedar a merced –y con él los partidos—de la inquina de TV Azteca y Televisa. Debe evitar que la maniobra se reedite.
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