Javier Corral Jurado
La decisión conjunta de Televisa y TV Azteca de incumplir las normas electorales para la transmisión de los anuncios propagandísticos de los partidos, al presentar en bloque todos los spots e interrumpir la programación continua, no sólo es parte del operativo de desinformación, mentiras y desprestigio que han hecho de la reforma que les afectó el multimillonario negocio de la publicidad política, sino un auténtico acto de provocación del porrismo mediático en que han convertido su oposición a la legislación.
El duopolio televisivo atenta contra el Estado y la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado está débil frente a ellos y nuestra democracia es precaria. Porque lo hacen bajo un cálculo de poder desbordado, con conocimiento pleno de que sus excesos no tendrán sanción mayor, porque el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para someterlos al imperio de la ley.
No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.
Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.
El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.
Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.
Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.
Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.
Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
La decisión conjunta de Televisa y TV Azteca de incumplir las normas electorales para la transmisión de los anuncios propagandísticos de los partidos, al presentar en bloque todos los spots e interrumpir la programación continua, no sólo es parte del operativo de desinformación, mentiras y desprestigio que han hecho de la reforma que les afectó el multimillonario negocio de la publicidad política, sino un auténtico acto de provocación del porrismo mediático en que han convertido su oposición a la legislación.
El duopolio televisivo atenta contra el Estado y la democracia. ¿Por qué? Porque el Estado está débil frente a ellos y nuestra democracia es precaria. Porque lo hacen bajo un cálculo de poder desbordado, con conocimiento pleno de que sus excesos no tendrán sanción mayor, porque el gobierno no tiene capacidad ni voluntad para someterlos al imperio de la ley.
No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.
Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.
El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.
Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.
Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.
Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.
Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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