Sergio Aguayo Quezada
Quienes gobiernan este país siguen luciéndose y engalanan, todavía más, el firmamento de nuestras impunidades.
Luis Téllez asegura que Carlos Salinas "se robó la mitad" de los 857 millones de dólares que recibió de la "partida secreta", pero lo dice cuando ya prescribió cualquier posible responsabilidad... cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (Marco Baños, Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez, Benito Nacif y Arturo Sánchez) se lucen con dinero ajeno y se someten, vasallos, ante las televisoras a las cuales ahorran una multa millonaria... la Suprema Corte hilvana un razonamiento jurídico impecable, para dejar sin castigo las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco... Podría continuar enumerando los atropellos a los derechos de víctimas y ciudadanos pero es tan desgastante hacerlo que reoriento la reflexión a lo que podríamos hacer para frenar la rampante degradación de la política.
En el venerable Colegio de México soplan vientos de renovación. El miércoles 11 de febrero su presidente, Javier Garcíadiego, inauguró un evento internacional que dedicó la mayor parte de su tiempo a esclarecer por qué no se han castigado, en México, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Volvió a revisarse la tragedia de los desaparecidos, se hizo una disección de la amnistía de facto concedida en los hechos por el gobierno de Vicente Fox, y se revisó la indiferencia de Felipe Calderón hacia el tema.
En el evento de un día se fue más allá de la denuncia y la protesta; se incursionó en la propuesta. Reconocimos, de entrada, la ingenuidad de quienes creímos que bastaba con la alternancia y el federalismo para que la justicia deslumbrara. Sigue sin notarse el arribo de los exopositores al poder. También se aceptó la incapacidad de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y víctimas para acordar una agenda mínima contra la impunidad. Influyó la renuencia a asumir a plenitud una de las reglas centrales de la democracia: es inevitable dialogar, interactuar, negociar con la autoridad para empujar una agenda con principios. Y en ello no basta con tener la razón; para tener éxito debe combinarse la determinación con la eficacia y la imaginación. En realidad se trata de construir una verdadera oposición a la corrupción y la impunidad. Y eso requiere avanzar, cuando menos, en cinco frentes.
Primero. Individuos, grupos e instituciones necesitan de una agenda mínima que parte del reconocimiento de que nadie tiene la fórmula mágica, o la capacidad para imponerla a quienes toman decisiones. Cualquier consenso requiere de la unidad construida sobre el respeto a las diferencias.
Segundo. Huir del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas. Es indudable que existe una línea de continuidad entre pasado y presente, pero sería un error concluir, por ejemplo, que la Suprema Corte no ha evolucionado; basta recordar cómo rechazó, en el 2007, la Ley Televisa. En el caso del IFE cuatro consejeros mantuvieron la dignidad y estuvieron dispuestos a enfrentarse a Televisa y TV Azteca: Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés.
Tercero. Generar conocimiento de excelencia. Hace falta entender mejor los patrones de la continuidad entre la impunidad del pasado y el presente, y las diferencias que hay en las posturas de los actores porque el cambio se construye sobre la identificación de aquellos funcionarios dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Es también prioritario combatir las nuevas formas de opacidad. Es grotesco que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), depositados en el Archivo General de la Nación, tengan como cancerbero a un exintegrante de la DFS. Es ofensivo que cuando se pregunte a la Procuraduría General de la República sobre el destino de los expedientes de la fiscalía especial contra delitos del pasado, se haga la desentendida.
Cuarto. Faltan nuevos métodos. Por ejemplo, tiene que ampliarse la utilización del litigio estratégico, una herramienta indispensable para defender víctimas y presionar autoridades. Otra innovación supone mejorar la forma en que se acompaña a las ciudadanas y ciudadanos que desean representar la nueva agenda social compitiendo por un cargo de elección popular o por la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos (me anticipo a las críticas haciendo dos precisiones: es legítimo buscar cargos públicos pero expresarlo no significa, en mi caso, que los procure o los acepte).
Y quinto. La nueva agenda es tan variada que podría extenderse y quedar diluida en la irrelevancia. El hilo conductor que daría coherencia a los múltiples asuntos es seleccionar un ramillete de casos paradigmáticos que confirmen la inexistencia, en México, de un Estado de derecho para dar a conocer, en el exterior, la indefensión en que nos encontramos. Un síntoma de lo que está sucediendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene, según algunas fuentes, alrededor de 400 casos de quienes buscan fuera lo que se les niega dentro.
Aunque es imposible hacer pronósticos, se están dando las condiciones, en este país y su entorno exterior, para la formulación de una agenda mínima que aliente a un frente amplio contra la impunidad y la corrupción. Hay hartazgo de los gobernantes, y cansancio por el marasmo ciudadano. Esta rebelión cívica está surgiendo en torno a una idea elemental pero profunda: la verdad y la justicia pertenecen a quienes las conquistan.
Quienes gobiernan este país siguen luciéndose y engalanan, todavía más, el firmamento de nuestras impunidades.
Luis Téllez asegura que Carlos Salinas "se robó la mitad" de los 857 millones de dólares que recibió de la "partida secreta", pero lo dice cuando ya prescribió cualquier posible responsabilidad... cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (Marco Baños, Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez, Benito Nacif y Arturo Sánchez) se lucen con dinero ajeno y se someten, vasallos, ante las televisoras a las cuales ahorran una multa millonaria... la Suprema Corte hilvana un razonamiento jurídico impecable, para dejar sin castigo las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco... Podría continuar enumerando los atropellos a los derechos de víctimas y ciudadanos pero es tan desgastante hacerlo que reoriento la reflexión a lo que podríamos hacer para frenar la rampante degradación de la política.
En el venerable Colegio de México soplan vientos de renovación. El miércoles 11 de febrero su presidente, Javier Garcíadiego, inauguró un evento internacional que dedicó la mayor parte de su tiempo a esclarecer por qué no se han castigado, en México, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Volvió a revisarse la tragedia de los desaparecidos, se hizo una disección de la amnistía de facto concedida en los hechos por el gobierno de Vicente Fox, y se revisó la indiferencia de Felipe Calderón hacia el tema.
En el evento de un día se fue más allá de la denuncia y la protesta; se incursionó en la propuesta. Reconocimos, de entrada, la ingenuidad de quienes creímos que bastaba con la alternancia y el federalismo para que la justicia deslumbrara. Sigue sin notarse el arribo de los exopositores al poder. También se aceptó la incapacidad de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y víctimas para acordar una agenda mínima contra la impunidad. Influyó la renuencia a asumir a plenitud una de las reglas centrales de la democracia: es inevitable dialogar, interactuar, negociar con la autoridad para empujar una agenda con principios. Y en ello no basta con tener la razón; para tener éxito debe combinarse la determinación con la eficacia y la imaginación. En realidad se trata de construir una verdadera oposición a la corrupción y la impunidad. Y eso requiere avanzar, cuando menos, en cinco frentes.
Primero. Individuos, grupos e instituciones necesitan de una agenda mínima que parte del reconocimiento de que nadie tiene la fórmula mágica, o la capacidad para imponerla a quienes toman decisiones. Cualquier consenso requiere de la unidad construida sobre el respeto a las diferencias.
Segundo. Huir del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas. Es indudable que existe una línea de continuidad entre pasado y presente, pero sería un error concluir, por ejemplo, que la Suprema Corte no ha evolucionado; basta recordar cómo rechazó, en el 2007, la Ley Televisa. En el caso del IFE cuatro consejeros mantuvieron la dignidad y estuvieron dispuestos a enfrentarse a Televisa y TV Azteca: Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés.
Tercero. Generar conocimiento de excelencia. Hace falta entender mejor los patrones de la continuidad entre la impunidad del pasado y el presente, y las diferencias que hay en las posturas de los actores porque el cambio se construye sobre la identificación de aquellos funcionarios dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Es también prioritario combatir las nuevas formas de opacidad. Es grotesco que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), depositados en el Archivo General de la Nación, tengan como cancerbero a un exintegrante de la DFS. Es ofensivo que cuando se pregunte a la Procuraduría General de la República sobre el destino de los expedientes de la fiscalía especial contra delitos del pasado, se haga la desentendida.
Cuarto. Faltan nuevos métodos. Por ejemplo, tiene que ampliarse la utilización del litigio estratégico, una herramienta indispensable para defender víctimas y presionar autoridades. Otra innovación supone mejorar la forma en que se acompaña a las ciudadanas y ciudadanos que desean representar la nueva agenda social compitiendo por un cargo de elección popular o por la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos (me anticipo a las críticas haciendo dos precisiones: es legítimo buscar cargos públicos pero expresarlo no significa, en mi caso, que los procure o los acepte).
Y quinto. La nueva agenda es tan variada que podría extenderse y quedar diluida en la irrelevancia. El hilo conductor que daría coherencia a los múltiples asuntos es seleccionar un ramillete de casos paradigmáticos que confirmen la inexistencia, en México, de un Estado de derecho para dar a conocer, en el exterior, la indefensión en que nos encontramos. Un síntoma de lo que está sucediendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene, según algunas fuentes, alrededor de 400 casos de quienes buscan fuera lo que se les niega dentro.
Aunque es imposible hacer pronósticos, se están dando las condiciones, en este país y su entorno exterior, para la formulación de una agenda mínima que aliente a un frente amplio contra la impunidad y la corrupción. Hay hartazgo de los gobernantes, y cansancio por el marasmo ciudadano. Esta rebelión cívica está surgiendo en torno a una idea elemental pero profunda: la verdad y la justicia pertenecen a quienes las conquistan.
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