29 de julio de 2009

La transformación del Ejército chileno: un caso de análisis para América Latina

Por Juan Emilio Cheyre

Resumen: Este texto describe la experiencia de la transformación que inició el Ejército de Chile a partir de 2002, como una referencia para el análisis de procesos similares en la región. Se exponen los principales aspectos específicos, tales como la génesis del proceso, la visión que lo inspiró, la planificación, los objetivos, las etapas y los resultados.

JUAN EMILIO CHEYRE es el fundador y Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es, también, el ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Es Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército y Magíster en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile.

AMÉRICA LATINA ha visto, durante la última década, diferentes iniciativas de modernización o de transformación de las fuerzas armadas y, en particular, de los ejércitos. En estos procesos, nuestros países se han encontrado frente a una redefinición de la función de la defensa y del concepto de seguridad, así como del marco en el que éstos se integran. El cambio también ha influido en el concepto de conflicto: si antes se entendía como una guerra tradicional, hoy la noción de conflicto es distinta, ya que se han ampliado sus causas y sus formas. Esto ha provocado que las fuerzas armadas asumieran el imperativo de adaptar su organización, su doctrina, los procesos de educación y los medios que los conforman, así como sus formas de operar y su cultura organizacional. También debido a este proceso, se han desarrollado nuevas formas de relación con la sociedad civil y nuevos vínculos con el poder político.


EL ENTORNO DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
LA MODERNIZACIÓN y transformación militar que se inició en Europa a partir de la década de los ochenta, paralelamente al fin de la Guerra Fría, se postergó en nuestra región hasta el decenio siguiente. En esto influyeron dos cuestiones: por un lado, el que sólo se pueda hablar del fin de los gobiernos militares en América Latina a partir de los años noventa y, por otro, que la mayoría de los países latinoamericanos está viviendo un proceso de recuperación de la democracia, tras etapas de graves violaciones a los derechos humanos que impactaron enormemente las relaciones cívico-militares y el papel de las fuerzas armadas en la sociedad.

También inciden en esta postergación los cambios que sufrió el sistema internacional. El escenario esperado después de la caída del Muro de Berlín, uno plagado de certezas y de seguridad en el que Estados Unidos ejercería su hegemonía en solitario y demostraría tener una mayor preocupación por la región, no se materializó. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre y la seguridad son precarias. La hiperpotencia mundial ha debido centrar sus esfuerzos en enfrentarse a las nuevas amenazas, como el terrorismo internacional, y sus prioridades están muy lejos de América Latina. Así, quizá sin quererlo, se mantuvo el marco conceptual de la Guerra Fría, por lo que nuestros países debieron asumir sus procesos, independientemente del apoyo estadounidense, para generar un sistema de seguridad propio. Asimismo, han influido en los procesos el cambio tecnológico y el avance de la ciencia. Especial mención merece el desarrollo de las telecomunicaciones y la informática, a través de Internet y de otras redes, en las que los militares han sido pioneros.

Otra parte vital de los cambios es que la mayoría de las fuerzas armadas latinoamericanas ha asumido los procesos sociales y culturales vinculados, entre otros temas, a la valoración de los derechos humanos y del medio ambiente. Asimismo, han respondido a las demandas de la sociedad para incorporar la transparencia y la calidad del servicio, la responsabilidad social y la rendición de cuentas, variables que, hasta hace poco, eran exclusivas de las instituciones y de los organismos vinculados al sector privado.

Las fuerzas armadas, por lo tanto, incorporan en sus matrices de análisis las variables detalladas. Por un lado, deben enfrentarse a las amenazas emergentes, como el terrorismo internacional, el narcotráfico —cuando sus organizaciones actúan solas o junto con la guerrilla—, los grupos paramilitares y el crimen organizado, así como la expresión violenta de pueblos desesperanzados. Además, las fuerzas armadas son requeridas por los organismos multilaterales para conformar cuerpos de paz que, a su vez, acuden al llamado de aquellos gobiernos que no han podido superar un conflicto interno grave.

También son convocadas por la comunidad internacional frente a una situación de crisis que pudiera, potencialmente, convertirse en un conflicto mayor. Incluso el papa Benedicto XVI, en su visita a Estados Unidos, habló de la labor fundamental de los ejércitos en este sentido; así, hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que prevengan y controlen los conflictos, cuando sea necesario proteger a los ciudadanos y sus derechos, dado que los Estados en muchas ocasiones se ven sobrepasados y, en tal cometido, los ejércitos desempeñan un papel importante.

La hipótesis que guía este artículo es que este conjunto de cambios llevó a las fuerzas armadas de cada país a iniciar procesos de transformación que les permitieran enfrentarse a las nuevas amenazas, adaptarse al escenario internacional actual, atender las demandas de la sociedad y adoptar los avances tecnológicos. Estas iniciativas son más profundas que los procesos de modernización. Por otra parte, cabe aclarar que estos proyectos no son replicables, aunque hayan sido exitosos en otro país, ya que sus características obedecen a las particularidades de cada Estado. No obstante, sí sirven de referencia para aquellos países que están por dar inicio a estas transformaciones fundamentales.

Así, en este artículo se busca, en lo general, situar y definir el concepto de transformación y su aplicación al caso militar. Luego, se describe la génesis del proceso de transformación del Ejército chileno, con un interés particular en explicar la visión que orientó dicho proceso, con el objetivo de aportar mayor claridad sobre su carácter.

Finalmente, se presenta una síntesis del proceso de esta transformación, desde la planificación y la definición de objetivos, pasando por la forma de conducirlo, sus etapas y sus resultados. Se comentan las principales dificultades y se exponen aquellos aspectos que requieren mayor detalle para entender la razón de algunos de los cambios.

LA TRANSFORMACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS
EN LA ACTUALIDAD, los procesos de transformación alcanzan a la mayoría de las organizaciones. Y dado que existe una extensa bibliografía sobre estos temas, para efectos de este trabajo se pone énfasis en los motivos que los provocan y en el carácter particular del caso militar. En primer lugar, me parece pertinente hacer una breve reflexión con respecto a la mirada teórica sistémica que se trasunta en consideraciones implícitas y explícitas en este artículo, como la referencia al entorno, a la conceptualización de la transformación como proceso y a la importancia del producto final de la transformación o output del proceso, entre otras.

La diferencia entre la modernización y la transformación no es meramente semántica, sino que tiene que ver con el objetivo que se persigue y el impacto que tiene en las personas y en las organizaciones. Por un lado, la primera se refiere a un proceso permanente de mejoramiento, que puede estar dirigido a alcanzar metas específicas o a conseguir determinados niveles de eficiencia, pero, en todo caso, se trata de una acción de carácter permanente. En general, se mantienen la doctrina, la organización y el despliegue, características generales de los medios, de las conductas y de los sistemas. Para una institución u organización dinámica, la modernización es un proceso continuo y normal que, en el fondo, modifica aquello que es necesario para no volverse obsoleta. Mediante la modernización, se busca adecuar a la organización a nuevas tendencias, optimizar los procesos de gestión, incorporar nuevas tecnologías, mejorar la infraestructura e introducir modelos de gestión, entre otros aspectos. Sus efectos pueden ser importantes, pero la institución sigue siendo la misma.

La transformación, por su parte, es un proceso de cambio que se origina al comprobar que el nuevo entorno o las circunstancias del sistema que emerge provocarían que —de mantenerse la estructura de la fuerza, la doctrina y la forma de actuar vigentes— esa institución dejara de cumplir con el fin para el cual existe o el mandato que la constitución y las leyes le imponen. Esa situación exige que se inicie un proceso orientado a producir cambios profundos y amplios que se expresen en una nueva forma de emplear la fuerza en el campo de batalla. Es decir: toda transformación implica un cambio en la doctrina operacional y afecta radicalmente a la institución como globalidad, ya que cambia el paradigma que sostenía la lógica de su actuación. Este proceso exige un cambio cultural que permita a las personas adaptarse a una nueva organización. En este aspecto clave reside el éxito o el fracaso de una transformación. Asimismo, todos los miembros de la organización deben adaptarse a una filosofía nueva que guíe su actuar y a códigos de conducta, a doctrinas y a normas a los cuales no estaban acostumbrados. De hecho, la adopción de una nueva mentalidad y de una nueva forma de trabajo es, quizá, lo más difícil de lograr y, a la vez, es la prueba de que la transformación realmente se realizó.

Según el analista de políticas de defensa y director del Center for Strategic and Budgetary Assessments, Andrew F. Krepinevich, la transformación no se basa solamente en introducir nuevas tecnologías en la fuerza. También se requieren modificaciones en la forma como se emplea la fuerza, a través de cambios profundos en su doctrina y en su estructura. No se trata de mejorar la eficiencia de los conceptos operacionales de warfighting, sino de desarrollar nuevos conceptos. (Esta idea la expresó Krepinevich ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el 9 de abril de 2002).

En el caso chileno, transitamos desde un proceso de simple modernización hasta uno de transformación. El Ejército de Chile tuvo éxito en el cumplimento de su misión; de hecho, aunque se encontraba involucrado en el gobierno militar, logró mantener la paz y la soberanía en las dos crisis vecinales más profundas del país en el siglo XX: la crisis de Perú, en 1973, en la que se vivió una tensa situación, y la más grave, con Argentina, en 1978, que estuvo a pocos minutos de desembocar en una guerra, debido a que el gobierno trasandino declaró unilateralmente nulo el fallo de la Reina de Inglaterra sobre un tema fronterizo. La conducción de ambas crisis y su solución pacífica encontraron, en unas fuerzas armadas profesionales y eficientes, la base para defender sus derechos y tener éxito en la disuasión. Por lo tanto, fue este nuevo entorno el que dio origen a la transformación: un mal resultado del Ejército habría hecho imposible su aplicación.

En el caso de las fuerzas armadas y de los ejércitos, por lo general, existen tres modelos en la génesis del proceso de transformación. El primero se basa en la imposición de la transformación desde el poder político, pues el origen de la iniciativa está en las autoridades políticas que definen las exigencias y el objetivo que se pretende lograr. Entonces, las fuerzas armadas inician un proceso fundado en un análisis previo y en criterios definidos desde el mundo civil. Si bien es un modelo que puede aumentar la resistencia al cambio, tiene la ventaja de que ocurre, normalmente, desde una perspectiva y una iniciativa amplias de transformación de todas las instituciones estatales. Eso permite que la función de defensa se alinee con el resto de las políticas de Estado; asimismo, facilita la coordinación con otros organismos gubernamentales y responde mejor a las expectativas del poder político. Todo esto ocurre si, en la realidad, hay una transformación del Estado con una visión global.

En el segundo caso, el análisis del entorno que definirá los lineamientos del proceso lo hacen las fuerzas armadas de forma autónoma, y el poder político no tiene injerencia en las definiciones iniciales y básicas del proceso. Las autoridades civiles se encuentran frente a una redefinición de la defensa que se convierte en un pie forzado para las políticas y para la legislación que se debe emprender.

Por último, está el modelo compartido. En éste, el Estado, la institución y la sociedad discuten previamente sobre las condiciones del proceso y logran un consenso, en el cual todas las partes han podido aportar las definiciones básicas, sus expectativas y los objetivos esperados. De esta forma, se legitima desde el origen una transformación que requiere gran apoyo, puesto que, a pesar de ser positiva para las fuerzas armadas y para los Estados, inevitablemente se enfrentará con dificultades, retrocesos y fallas que podrían constituirse en argumentos en contra del proceso. Éste es el modelo que se aplicó en el caso chileno, cuando las fuerzas armadas percibieron la necesidad de cambio y lo impulsaron: pronto comprendieron que su transformación exigiría consensos, acuerdos y dirección por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que sería preciso tomar en consideración la opinión de la sociedad.

GÉNESIS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL EJÉRCITO CHILENO
LA TRANSFORMACIÓN en el Ejército de Chile se inició originalmente como un proceso de modernizaciones ante el diagnóstico de la necesidad de cambio en los últimos años de la década de los noventa. Siendo Comandante en Jefe del Ejército, el general Pinochet concibió, desde 1993, la necesidad de un cambio y, aunque no se llegaron a concretar proyectos específicos, sí tuvo el gran mérito de mostrar las tendencias emergentes que el Ejército necesitaba asumir y afrontar. En 1998, el primer esfuerzo serio fue la modernización del sistema educativo del Ejército. En esa misma época, también se produjeron mejoras estructurales, orientadas a racionalizar las unidades existentes en el Ejército para contar con unidades completas.

Como manifiesta el general de división Javier Urbina, en un artículo publicado en el Memorial del Ejército de Chile, “la nueva estructura de las fuerzas, terminada en su mayor parte a fines del 2001, consistió en lo básico, en contar con unidades completas, esto es más que nada a nivel de unidades de combate (Batallones) y fundamentales independientes (Compañías), que estuviesen lo más completas posibles en personal, equipamiento y en infraestructura. De esa forma, se produjo automáticamente una mejora en los procesos de instrucción, entrenamiento, mantenimiento, administración y funcionamiento general de las unidades y de la gestión superior del Ejército”.

El momento de la decisión
En un momento crucial de este proceso gradual, el miércoles 19 de diciembre de 2001, el presidente Ricardo Lagos comunicó oficialmente mi nombramiento como Comandante en Jefe del Ejército (CJE) para el período de mando de marzo de 2002 a marzo de 2006. Aunque había sido testigo y actor de los esfuerzos que llevaron a la planificación y a la puesta en marcha de esta etapa de modernización, sin duda la nueva responsabilidad asignada me daba otra perspectiva del proceso. Tuve la oportunidad de emprender un análisis profundo y enriquecedor con mi equipo de colaboradores; además, tuve un intercambio de ideas y de experiencias con otros comandantes en jefe y con altos oficiales de instituciones armadas extranjeras (de Alemania, Francia, Reino Unido y de algunos países de Asia), donde ya se habían efectuado procesos de transformación.

Fue así como, en marzo de 2002, a una semana de ocupar el cargo, llamé a Consejo de Generales para entregarles un documento denominado “Concepto de Mando del Comandante en Jefe del Ejército. Período 2002-2006”, un documento estratégico que definía la misión, la visión y los objetivos del período de mando que iniciaba. Este documento, redactado en febrero, contenía una propuesta sobre los fundamentos de un cambio, la visión que debía iluminarlo, los objetivos que se pretendían alcanzar y una orientación general de las acciones que asegurarían su logro.

El “Concepto de Mando” definía el lineamiento de una transformación que significaba un verdadero cambio de paradigma y, por lo tanto, necesitaba contar con el apoyo de todo el alto mando. Por ello, decidí que lo discutiéramos y lo debatiéramos todo el tiempo necesario para asegurarnos de que reflejaría una visión compartida que daría sentido al proceso, y no sólo un concepto al cual se adherirían unos pocos y, quizá, sin mayor convicción.

Así, iniciamos un intenso trabajo a través de reuniones sucesivas, que culminaron el 7 y 8 de agosto de 2002, en un Consejo Militar; a partir de ese momento, se oficializó la que sería la verdadera carta de navegación que nos guiaría en los años siguientes para llevar adelante la transformación. No es normal hacerlo así en una institución jerarquizada, pero lo radical del cambio exigía el compromiso absoluto de todos los involucrados. De lo contrario, habría sido una visión unilateral del mando en ejercicio, sin permanencia en el tiempo. En cambio, el debate y el acuerdo dieron al proceso el carácter de un sueño compartido.

Los objetivos del proceso de transformación del Ejército de Chile
Los grandes objetivos que surgían de la visión que orientó la transformación delineada en el Concepto de Mando pueden resumirse en lo siguientes puntos. El primer objetivo era desarrollar un proceso que le asegurara a Chile contar con un Ejército que, desde el nuevo paradigma, le permitiera responder a los requerimientos de un escenario de guerra futuro. Había que hacer del Ejército una institución con una doctrina operacional distinta, que cumpliera con su misión de dar seguridad y paz, manteniendo la soberanía del país y cooperando con la política exterior chilena en el desarrollo de operaciones de paz.

Asimismo, el Ejército tenía que asumir como un imperativo la necesidad de contar con el apoyo ciudadano, como un elemento clave para el éxito del proceso de transformación integral. Era preciso fortalecer el sentimiento de adhesión al Ejército de todos los chilenos y no sólo de aquellos que se hubiesen sentido más cerca del gobierno militar. En otras palabras, se requería salir de aquel período de excepcionalidad y de participación en política, a fin de acercarse a quienes, habiendo sido opositores del gobierno militar —concluido desde hacía 12 años—, todavía sintieran distancia de las instituciones armadas. Dado el contenido político-jurídico de esta iniciativa, decidí que sólo al CJE le correspondía asumir el papel público en este proceso, permitiendo así que los mandos subalternos y la institución en su totalidad dedicaran todo su esfuerzo para materializar el proceso de transformación profesional.

Esta iniciativa estaba asociada también, en su dimensión doctrinaria, con la necesidad de garantizar que todo el personal, incluidos los soldados conscriptos, gozara del respeto pleno de sus derechos y que se erradicara totalmente el maltrato físico, moral o de cualquier naturaleza. Se buscó con especial énfasis que el Ejército fuera percibido como una institución fundamental y propia de todos los chilenos, alejada de las contingencias que pudieran desvirtuar su naturaleza esencialmente obediente, no deliberante, disciplinada y apartidista.

Acciones y decisiones concretas
Con el fin de recuperar la cercanía con todos los chilenos, el Ejército definió una clara posición en los siguientes aspectos fundamentales para alcanzar los objetivos reseñados. Había que establecer la prescindencia política del Ejército, que, pese a estar tratada en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, no limita al militar la opción al pensamiento político y el reconocimiento de que existe una función política elevada que debe ser canalizada por los cauces reglamentarios y oficiales. Desde este punto de vista, el Ejército no es ni debe ser contraparte de ningún partido político o sector de la sociedad, sino que pertenece a todos los chilenos, a quienes está llamado a servir por igual.

Asimismo, hubo que adoptar una posición con respecto a la relación del Ejército del año 2002 con el gobierno militar y con el ex presidente Augusto Pinochet. En ese sentido, se especificó y se aplicó con claridad la idea de que al Ejército, en su papel de institución permanente del Estado, no le cabía ser “heredera de un determinado régimen de gobierno, puesto que en un Estado de derecho la institución está sometida a las autoridades políticas y normativas que regulan su accionar y el claro sentido de que la institución se debe a toda la sociedad” (Cfr. “Un desafío de futuro”, artículo publicado en el diario La Tercera, el 5 de enero de 2003). Eso no implicaba negar el pasado, pero sí admitir que esa etapa había terminado.

Fue fundamental, también, aceptar la situación de derechos humanos y las causas pendientes. Encarar este tema constituía otro de los imperativos ineludibles. El gobierno de Chile, por medio de diversas instancias —entre ellas, la Mesa de Diálogo en la que participó el Ejército, que concluyó con el reconocimiento explícito de los excesos cometidos en contra de conciudadanos—, determinó que el camino más adecuado para lograr la reconciliación era la búsqueda de la verdad por parte de los tribunales de justicia.

En ese sentido, hube de hacer un llamado público, como Comandante en Jefe del Ejército, a que las causas y hechos que habían dividido a Chile en el pasado no debían, “nunca más”, volver a repetirse (Cfr. Declaraciones del CJE durante la visita al Regimiento Reforzado Topater, Calama, 13 de junio de 2003). A ello se agregó el reconocimiento de la responsabilidad institucional en las violaciones de los derechos humanos, que planteara en el documento “Ejército de Chile: el fin de una visión” (publicado en el diario La Tercera, durante el mes de noviembre de 2005), así como los reiterados llamados para que, quienes tuvieran información que ayudara a ubicar a detenidos desaparecidos, la proporcionaran a la justicia. Finalmente, la contribución institucional en la satisfacción veraz, rápida y lo más detallada posible de los requerimientos de los tribunales, se sumó a los pasos trascendentales para avanzar hacia la reconciliación nacional.

Para garantizar el adecuado comportamiento del Ejército chileno, de acuerdo con las normas del siglo XXI de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, se reforzó y se actualizó su formación en ética y en derechos humanos. Esto implicó un nuevo proceso educativo acucioso, prolongado y de excelencia, que permitiera a toda la institución tener un desempeño profesional ético. Se buscó lograr que la administración racional de la fuerza legítima del Estado se hiciera con responsabilidad social, integrada a la comunidad, de manera participativa y colaborativa con el desarrollo del país, y comprometida con los altos intereses del Estado.

En cuanto a la percepción del Ejército como una institución de todos los chilenos, se puso énfasis en que fuera apreciado y valorado por nuestros conciudadanos —especialmente por aquellos que más nos necesitan o que pudieran haber estado más alejados de nosotros— al vernos junto a ellos, sin hacer distingos, atentos a sus necesidades, apoyándolos en sus carencias, dignos, austeros e irreprochables en nuestras vidas: en suma, un Ejército en el que cada uno de sus integrantes se sintiera partícipe de un proyecto nacional, de una genuina comunidad. Con todo, se trataba de forjar a una institución que fuera respetada, no por la fuerza de su poder, sino por la legitimidad de su aporte a la construcción del Chile que todos anhelamos.

Finalmente, se dio especial valor al concepto de la verdad y la transparencia. Eso implicó reconocer los hechos del ahora y del pasado —por duros que éstos fueran—, poniendo siempre por delante la verdad y el bien superior de Chile, desterrando todo signo de corporativismo en las respuestas que se nos exigían y asumiendo de cara a la sociedad, con absoluta claridad, las debilidades y yerros que, como toda organización humana, pudiésemos tener.

LA TRANSFORMACIÓN MILITAR: EL TRÁNSITO HACIA UNA FUERZA MILITAR DEL SIGLO XXI
LA TRANSFORMACIÓN del Ejército chileno no fue solamente conceptual. En este sentido, la vertiente principal, y tal vez la menos vistosa, estuvo orientada a configurar una arquitectura, una doctrina, un equipamiento y un entrenamiento que fortalecieran los cimientos de una institución fundamental y permanente de la República, de carácter vocacional y profesional, basada en virtudes, principios y valores que la hacen obediente, disciplinada, no deliberante, apolítica y contribuyente —junto a la Armada y a la Fuerza Aérea— al cometido propio de la función militar. El Ejército, que por años había sido visto por una importante parte de la sociedad como distante e incluso antagónico, debía transitar desde una fase de aceptación o tolerancia social hacia otra de comprensión de su acción profesional, para llegar, finalmente, a ser percibido como una institución volcada al servicio de toda la sociedad chilena, sin distinción, y que le brindara, con eficiencia, el bien de la seguridad y de la defensa nacionales.

El proceso requirió una planificación que comenzó por definir conceptualmente el campo de batalla, ya que este escenario sería el elemento integrador de la visión institucional, en la cual convergen dos rutas: la estrategia de desarrollo y de gestión, y las capacidades y la doctrina, como elementos esenciales. Por otra parte, esta definición sería fundamental en el momento de tomar decisiones sobre el uso de recursos financieros asociados a la adquisición de tecnologías en sistemas de armas y equipos, que requerirían las fuerzas, con visión en el campo de batalla futuro.

Objetivos y proyectos
El proceso de transformación se llevó adelante con base en cuatro grandes proyectos: a) la planificación de la gestión estratégica institucional, b) la actualización y el desarrollo de su doctrina operacional, c) la actualización del sistema educacional y d) la adquisición de tecnologías a través de sistemas de armas y equipos. A partir de estas iniciativas, el Ejército transitó desde la tradicional estructura jerárquica hacia una organización horizontal funcional, interrelacionada mediante actividades clave con capacidad de gestión. De una organización cuya funcionalidad radicaba en la autoridad, se cambió a una basada en procesos (Figura 1).

Así, la nueva estructura se basa en los siguientes conceptos. Para empezar, se debe obtener un producto denominado “la fuerza” (el medio para cumplir con la misión). Este producto medible consiste en una capacidad operativa que otorga la certeza de dar seguridad y defensa a Chile. En segundo lugar, se debe tener un mando único representado por el Comandante en Jefe del Ejército, que pasó de estar al mando directo de quince órganos, para centrarse en cuatro funciones esenciales, a saber: la planificación, orientada a desarrollar los planes relativos a todas las tareas de tipo ejecutivo y que cuenta con la asesoría del Estado Mayor General del Ejército; la preparación de la fuerza, que busca materializar la capacitación, la educación y el entrenamiento del personal, así como proveer al Ejército de una doctrina adecuada; el apoyo de la fuerza, es decir, la tarea de dotar a la institución de todo tipo de recursos para que pueda cumplir con sus cometidos; y la acción de la fuerza que, bajo un mando de coordinación, reúne a todas las divisiones y brigadas que agrupan a las unidades operativas empleadas para cumplir las tareas y las misiones del Ejército de Chile.

Con el fin de echar a andar esta nueva organización —que significó modificar compartimentos estancos para pasar a una interrelación absoluta—, fue necesario instrumentar modernos sistemas de tecnología, de transmisión de información y de redes de mando, y, sobre todo, exigió un gran esfuerzo —que aún continúa— para transitar hacia una nueva cultura organizacional. Este cambio cultural se concretó en la actuación y, fundamentalmente, en el proceso de toma de decisiones de sus mandos. Se ha caracterizado por aceptar la existencia de la incertidumbre, de la inseguridad y de la ausencia de escenarios absolutamente predecibles para, desde esa perspectiva, generar una capacidad individual de definir, ejecutar y responsabilizarse por acciones de respuesta inmediata, orientadas a un objetivo común, pero de contenido necesariamente diverso.

Para poder enfrentarse a la incertidumbre, resultaba imperativo incorporar la creatividad y la iniciativa, dentro de un marco que otorgara la mayor libertad posible, limitada por las necesarias regulaciones, y que permitiera un proceso controlado que no desnaturalizara la función militar. Desde esta perspectiva, no resultan antagónicos los conceptos de disciplina y de libertad, valores con los que deben conducirse los miembros de la institución. En efecto, la disciplina constituye para un cuerpo armado el sustento sin el cual es inviable su existencia. Asimismo, la libertad, en su vertiente de independencia intelectual, hace posible la existencia de un Ejército dinámico y con iniciativa, gracias a la acción de los agentes promotores del cambio, líderes del proceso, que son los niveles de mando superior, pero también desde los niveles subalternos, orientados por los primeros.

La transformación de los vínculos del Ejército con la sociedad y con el mundo
Más allá de la transformación interna, el Ejército inició también una transformación de sus relaciones con el entorno. De este modo, en la interacción con las otras instituciones de las fuerzas armadas, hubo un cambio que se caracterizó por privilegiar una acción conjunta y coordinada a través de la Junta de Comandantes en Jefe, mediante una efectiva acción interoperativa e interinstitucional. Otro elemento significativo fue la evolución de su acción internacional: el Ejército chileno se propuso, como un gran objetivo de largo plazo, contribuir con los propósitos de la política de defensa y exterior del país, en su carácter de fuerza terrestre, en el marco del sistema internacional y político estratégico actual, para las tareas de disuasión y cooperación, en coordinación con la Armada y la Fuerza Aérea.

La acción internacional del Ejército ha estado orientada a satisfacer intereses institucionales, a contribuir a la estabilidad internacional, a cooperar con la política exterior, a coadyuvar en la disuasión y a participar activamente en los procesos de integración, cooperación y complementación regional, cuando la política exterior chilena lo defina, con la autorización de los poderes del Estado involucrados en estas decisiones. Como ejemplo, cito el caso de la creación de las fuerzas conjuntas “Cruz del Sur” con Argentina.

Esta nueva tarea institucional, coherente con las políticas nacionales, ha planteado cinco retos para el Ejército. El primero consistió en ocupar espacios centrales en el proceso de toma de decisiones de la seguridad internacional y en determinados niveles intermedios, para brindar asesoría sobre el empleo eficiente de las fuerzas. El segundo fue el posicionamiento y la ampliación, desde comienzos de este nuevo siglo, de la cobertura de los agregados militares en el extranjero, en sintonía con los actuales intereses nacionales, y potenciando el conocimiento tecnológico, la cooperación militar y una visión presencial de áreas en el mundo especialmente significativas por su posición geográfica, estratégica y geopolítica. El tercer reto consistió en el aumento explosivo de las demandas de Naciones Unidas para el desarrollo de las operaciones regidas por los capítulos VI y VII de operaciones de paz, las cuales han obligado a la institución a desarrollar nuevas destrezas y capacidades para colaborar en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en un marco de cooperación multilateral como política de Estado. El cuarto reto surgió de la necesidad de desempeñar un papel activo en el ámbito de las políticas de cooperación internacional, de orden mundial, regional y vecinal, a través de la materialización de medidas de confianza mutua y de fomento de la cooperación. El quinto reto se desprende de la necesidad de compartir conocimientos y experiencias. En esta materia, existen dos dimensiones diferentes: una que nos lleva a buscar los conocimientos en donde se puedan identificar capacidades no desarrolladas y otra dimensión que consiste en ofrecer, a quienes así lo requieran, formación en los temas en los que el Ejército de Chile posea experiencia o fortalezas.

CONCLUSIONES
ESTE ARTÍCULO ha buscado mostrar la experiencia chilena de un Ejército que inició un proceso de transformación, proceso que aún está por concluir. Sólo con el paso del tiempo se podrá comprobar si esta transformación logró plenamente sus objetivos. Sin embargo, diversas investigaciones han recogido datos al respecto. Por ejemplo, en relación con la percepción de la ciudadanía sobre las fuerzas armadas, entre el 80% y el 85% de la población califica con nota de 6 ó 7 (en Chile la nota máxima es 7) al Ejército en la defensa de la soberanía, en la preservación de la paz y en la ayuda ante catástrofes: es decir, en sus tareas vitales. Asimismo, el 70% apoya su participación en misiones de paz.

Estimo que estos indicadores demuestran la plena coincidencia con la función que la Constitución le asigna al Ejército. Es decir, la sociedad ve que el Ejército está cumpliendo cabalmente con la tarea que tiene que cumplir y no con otra. De allí el apoyo que ha conseguido por la seguridad y la confianza que brinda a la población. Otro antecedente revelador es que el 72% de los padres apoyaría a un hijo que quisiera incorporarse al Ejército y sólo un 9% se opondría. Creo que es un indicador que habla por sí solo. En 2006, por primera vez, luego de un crecimiento progresivo, la cuota de soldados para el servicio militar se completó con un 100% de voluntarios. Ésta es una cifra que pocos países en el mundo pueden exhibir.

A mi juicio, esta información, que refleja la opinión de la ciudadanía, muestra una de las razones de la exitosa transformación del Ejército de Chile, así como la recuperación de su legitimidad y del papel que le corresponde dentro de nuestra democracia. Todo lo anterior está fundamentado en la necesidad de adecuarse, manteniendo sus valores y tradiciones, a las características del mundo del siglo XXI.

Finalmente, es necesario reiterar que, en general, en todo el mundo y desde luego en la región, las fuerzas armadas han tenido que enfrentar procesos de naturaleza parecida. Sin duda, no hay un modelo único. Las especificidades y los requerimientos de cada Estado marcan las características de la forma como ellos se transforman. De allí que lo expuesto sea un caso de análisis, con base en la experiencia que nos correspondió vivir en Chile, con su tradición, su cultura, su ordenamiento jurídico y su historia que, sin ser modelo, puede ser una buena referencia para otros, inmersos en procesos similares.

etcétera con Javier Corral

Marco Levario Turcott

Televisa y TV Azteca alistan su presencia en el Congreso. Pretenden evitar cualquier imponderable normativo que atente contra su interés empresarial y también buscan ensanchar sus privilegios. Con esas definiciones hacen aritmética legislativa, es decir, pasan lista de sus incondicionales; muy a su estilo, además, tejen alianzas y establecen interlocución para persuadir a otros actores de su estrategia política, en particular, para promover la contrarreforma electoral. En ese contexto buscan minar la presencia de quienes entienden que su poder fáctico atenta contra la democracia y eso es lo que intentan con Javier Corral Jurado, quien será diputado federal en la próxima legislatura.

Este proyecto editorial no regatea, más aún, al contrario, aplaude el aporte del político del PAN para que en México haya un entramado legal que acote el poder de los medios y, en especial, el del duopolio televisivo. Muchos hemos sido testigos del denuedo de Corral que se ha mostrado lo mismo en su capacidad de convocatoria que en su disposición para presentar propuestas que, por cierto, han sido distorsionadas por los detentadores del poder mediático y sus voceros.

Las televisoras saben que en Javier Corral encontrarán en el Congreso a uno de sus principales adversarios y por eso intentan lesionar uno de los más importantes capitales de ese próximo legislador chihuahuense como lo es su entereza ética. En particular, Televisa quiere hacerlo al desentrañar un expediente jurídico que la empresa misma desató hace un par de años para minar a su adversario recurriendo a una de las peores prácticas del intercambio público como lo es la calumnia. Y eso, para nosotros en esta revista, es inadmisible. Más allá de las diferencias que con Javier Corral hemos tenido, y que sostenemos aún, es muy claro para nosotros que él es uno de los principales puntos de referencia en la consecución de un sistema de medios acorde con la democracia en México. Sabemos bien que las acusaciones son una patraña más que muestran la estrechez argumental de quienes no pueden justificar con ética y solidez intelectual, la serie de privilegios que tienen y que van en desdoro de la pluralidad en la información que nuestro país necesita.

28 de julio de 2009

62 millones 844 mil pesos

Javier Corral Jurado

De las acciones de desafío y provocación con las cuales las televisoras enfrentan al Estado y violentan la legislación electoral, no hay mucha diferencia entre ellas, como no la hay en su programación, tan dominada por la frivolidad de contenidos como por el mercadeo de sus noticiarios.

La estrategia ha sido su ambición desmedida, su aspiración de impunidad. El método, hacerlas ostensibles, burdas, concertadas, para demostrar la fuerza de su poder y la debilidad de los órganos regulatorios. Estrategia y método han tenido éxito porque han contado —salvo contadas excepciones— con la complicidad del Tribunal Electoral federal, a estas alturas con muchas contradicciones en los criterios de sus sentencias.

Los casos más graves de violaciones a la legislación electoral hasta ahora han recibido el perdón de los magistrados. Así, la tv ha agregado a su presencia poderosa la cualidad de poder impune, intocable, que en medio de un México quebrado y un ambiente político corrompido lo alza en la cotización de las redes de complicidad.

En esta carrera de transgresiones e incumplimientos a la norma legal, finalmente TV Azteca parece llevarse el campeonato. De no volverse a posponer, este martes 28 de julio la televisora puede ser multada con una sanción económica ejemplar para inhibir el incumplimiento de la ley.

Bajo el denominado procedimiento especial sancionador, cuyo desahogo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, y ésta en la inteligencia de Edmundo Jacobo Molina, se ha propuesto una multa por la cantidad de 62 millones 844 mil pesos.

Bajo el monitoreo que llevó a cabo la autoridad electoral durante el desarrollo de la campaña federal, se logró documentar que la televisora dejó de transmitir 5 mil 734 promocionales de la autoridad y de los partidos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante mayo y junio, en los canales 7 y 13, que se retransmiten en los sistemas restringidos de televisión: Cablevisión y Sky.

La falta tiene, en el macizo proyecto que será discutido hoy, la consideración de una gravedad especial, pues tal omisión representa más de la mitad de los promocionales que por ley estaba obligada a transmitir. El artículo 75 del Cofipe establece: “En las señales de televisión restringida se deben incluir la totalidad de los promocionales en materia electoral, sin alteración alguna”.

Sin embargo, en el mejor estilo de la casa, la televisora bloqueó esos segmentos de la programación en las señales que envía a los sistemas restringidos y colocó en ellos publicidad comercial. No sólo dejó de transmitir los anuncios electorales, sino que lucró con tiempos del Estado, sacando un provecho adicional a su infracción.

No desconocía la empresa la obligación legal. Premeditadamente, de modo sistemático y reiterado, decidió embestir la legislación. No obstante que ya había sido sancionada en forma unánime por el IFE por la misma conducta, en sesiones del 24 y 29 de marzo y 20 de abril, imponiéndole en cada una de ellas 2 millones de pesos, ignoró la relevancia del asunto, quizá no sólo porque el usufructo de los tiempos del Estado para publicidad comercial le sería más rentable, sino porque supuso la protección del TEPJF.

Pero por más tiempo que pudo prolongar el tribunal su resolución, a finales de junio confirmó las sanciones impuestas por el IFE. Y bajo los mismos criterios la multa que se someterá al Consejo General será la más alta que se haya impuesto en el presente proceso electoral.

Para el volumen de los flujos financieros que maneja esa empresa, puede ser que le represente lo que un pelo a un gato. Pero en el contexto del momento de colusión de intereses que se vive entre medios de comunicación, partidos y autoridades, el antecedente servirá para documentar el expediente legal de la ya prolongada acción delictiva de esa televisora, que por supuesto debe contar a la hora en que el Ejecutivo federal vuelva a licitar esas frecuencias, como lo ordenó la Corte, al vencimiento del término de la concesión.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

22 de julio de 2009

Tras la debacle… un nuevo PAN

José A. Crespo

Aun en los partidos más democráticos, decía Robert Michels, se impone la “ley de hierro de la oligarquía”. En la pugna por la presidencia del PAN, los disidentes internos, excluidos bajo la dirección de Germán Martínez Cázares, han enfrentado un dilema parecido al que se hallaba ese partido frente al PRI en sus tiempos de hegemonía: participar en un proceso con los “dados cargados” o mejor no legitimar la farsa. En más de una ocasión, los blanquiazules se cuestionaron la racionalidad de participar en los comicios, pues, con ello, sin posibilidad alguna de ganar los cargos en disputa (al menos los más importantes), legitimaban un sistema no competitivo de concentración del poder. Si ante ese dilema el PAN continuaba participando, era en parte porque el régimen priista generaba nuevos incentivos para ello, abriendo gradualmente espacios de participación y mejorando las condiciones de competencia. Ese fue el origen de los “diputados de partido” de 1964, ante el fantasma del retiro electoral del PAN, promovido por su entonces presidente nacional Adolfo Christlieb Ibarrola. Si don Adolfo decidió que el partido continuara en la liza electoral, fue por la relativa apertura que ofreció el gobierno priista (misma que se profundizó en 1977, tras haber quedado José López Portillo como candidato único). Tal disyuntiva fue recordada hace poco por Javier Corral, a propósito del movimiento anulista para protestar contra el sistema de partidos. Corral concluía su reflexión afirmando que, para el PAN, siempre fue mejor participar que abstenerse (El Universal, 9/VII/09). Pero ahora la disidencia panista ha decidido no tomar parte en el proceso interno y fomentar un voto nulo entre los consejeros, para así impedir una imposición y forzar una contienda en condiciones más equitativas. Hace año y medio, Manuel Espino, que podía optar por la reelección, y el tabasqueño Gerardo Priego, igualmente se retiraron ante una contienda viciada de origen en la que Germán Martínez Cázares fungió como candidato oficial. Martínez se lamentó de que Espino no compitiera en ese proceso. Quien tiene el cargo asegurado antes de ocurrir la elección, evidentemente desea cualquier competidor que lo legitime.

Por lo visto, en el balance de Los Pinos sobre la reciente debacle electoral no se consideró la variable de la escasa legitimidad de Martínez como dirigente nacional. Ahora se pretende reeditar el proceso de imposición. “Vengo a solicitarles su voto, porque es el deseo del presidente Calderón”, dijo César Nava a algunos consejeros locales. El mismo Nava se retiró de la contienda frente a Martínez, hace año y medio, por instrucción presidencial, según documenta Álvaro Delgado (Proceso, 19/VII/09). Lo urgente para Felipe Calderón es preservar el control del partido, sin importar que en ello se le reste cohesión interna y legitimidad a la nueva dirigencia. “Nadie deberá espantarse si tenemos los mismos resultados en el futuro”, asegura Héctor Larios, uno de los inconformes.

La disidencia panista denuncia la falta de equidad en virtud de que la mayoría del Consejo Nacional son funcionarios del gobierno federal y a partir de ello son sujetos de presión para emitir su voto a favor del candidato oficial: “Es que ya me llamaron de más arriba”, dicen que dicen los consejeros. Al menos, un alto funcionario gubernamental ha expresado su inconformidad de manera abierta: se trata de Manuel Minjares, subsecretario de Gobernación, quien advierte: “Si se elige a un presidente (del PAN) sin discusión, sin competencia y sin debate, y no se ve como una elección… nos estamos pareciendo al PRI… donde hay una línea monolítica, donde todo el mundo acepta y todos o muchos tienen que obedecer a una disciplina sin mayor discusión, reflexión o análisis… La señal que estaríamos mandando a la sociedad y a los panistas es que sencillamente no hemos aprendido la lección” (16/VII/09).

Por cierto, el actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente nacional del PRI, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. El candidato oficial para ese cargo, José Antonio Fernández, enfrentó al disidente Rodolfo Echeverría, quien optó por retirarse antes de la elección misma debido a la evidencia de que los delegados habían sido coercionados desde Los Pinos. Irónicamente, ese formato, que representaba los estertores del PRI como partido oficial, es el que ha decidido adoptar el PAN bajo Calderón (no lo fue con Vicente Fox, cuyo candidato oficial, Carlos Medina Plascencia, perdió la contienda frente a Manuel Espino).

Los disidentes panistas insisten, no sin razón, que primero debe haber una discusión colectiva acerca de los errores y las omisiones del partido, sobre su rumbo, ante el descalabro que supuso el proceso electoral del 5 de julio, por lo que instan a los consejeros a anular su voto para provocar un nuevo proceso en el cual Nava, por dignidad, no se volvería a presentar. “Primero la reflexión y después la elección”, dicen estos panistas, lo que evoca aquello de “primero el programa, después el hombre”, que planteaban los priistas, pretensión que siempre fue fallida, pues siempre primero fue el hombre y sólo después su programa personal. Eso mismo ocurrirá en el PAN con gran probabilidad: primero irá el hombre (de Los Pinos) y luego el programa (también de Los Pinos). A menos, claro, que cristalice la estrategia anulista que obligue a la repetición del proceso bajo condiciones más plurales y equitativas. Me parece, con todo, que César Nava es sumamente representativo del PAN moderno: pragmatismo puro (pero ineficaz), olvido de su histórico compromiso democrático, alianza con el corporativismo tradicional, métodos impositivos y subordinación del partido al Ejecutivo. Las viejas recetas del PRI constituyen el modelo a seguir por el nuevo PAN, tras el descalabro del 5 de julio.

El actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente del PRI, durante la presidencia de Zedillo.

21 de julio de 2009

¿Liberales?

FEDERICO REYES HEROLES


Para Sergio Sarmiento y su selecto club

Monumentos por aquí y por allá; frases grandilocuentes en las salas de sesiones del Congreso de la Unión; párrafos repletos de una interminable lista de elogios a los mártires y segundos fundadores de la Patria; una larga y elegante avenida en la capital de la República e incontables calles en todo el País llamadas Reforma, en fin, homenajes hay por todas partes y sin embargo en México los liberales son escasos, muy escasos. A 150 años de la promulgación de las Leyes de Reforma, estamos obligados a admitir que el liberalismo es una referencia histórica pero no una práctica cotidiana. Somos una República sin liberales.

Un liberal comienza por respetar a sus conciudadanos. Eso no ocurre en México. Un liberal entiende y defiende que la ley es el mandato supremo para todos y que esa ley es la que protege nuestros propios derechos. Eso no impera en México. Un auténtico liberal pone al individuo al centro de cualquier discusión, ni las guildas, ni los sindicatos, ni las corporaciones, ni los partidos pueden situarse por encima de él. Estamos a varias galaxias de esa realidad. Un liberal obedece el principio central de la igualdad de cualquiera ante la ley: mujer o varón; sindicalista o no; indígena o no; miembro de un partido o independiente; de izquierda o de derecha; rico o pobre. Para un liberal no puede haber justicia diferenciada, digamos tribunales o fueros especiales; para un liberal nadie puede ser impedido de expresar sus ideas a los cuatro vientos y difundirlas por todos los medios que estén a su alcance; para un liberal no puede haber órdenes jurídicos diferentes. El liberalismo en eso es bastante sencillo y sigue la sentencia suprema de Juárez: “El respeto al derecho...”

Pero en el México de fanfarrias liberales, existen mexicanos de segunda, por ejemplo los ejidatarios y comuneros que ahorran y construyen casas en sus terrenos ejidales o comunales pero no pueden utilizar esos ahorros para pedir una hipoteca. Su decisión personalísima pasa por la comunidad. Alrededor del 50% del territorio nacional se encuentra en esa condición y es regulado por tribunales que no pertenecen al Poder Judicial. Pasamos de las manos muertas del Clero a las manos muertas del Estado. El sueño liberal de edificar una nación con fuertes clases medias rurales, propietarias y pilares de la democracia, en pleno Siglo XXI, no existe.

Un país liberal es aquél en el cual la libertad de pensamiento es guía intocable de la Nación. En México la intolerancia política y sobre todo religiosa, es asunto de todos los días. Basta con revisar la lista de descalificaciones que se lanzan los políticos o los actos de acoso popular a minorías religiosas. ¿Libertad para todos? Sólo en la ley. Las facultades otorgadas al IFE para descalificar propaganda política que “denigre” al contendiente son la antípoda de un estado liberal. En un país liberal los monopolios son el gran ogro que amenaza la convivencia y la prosperidad. Sin comentarios. En un país liberal la propiedad es un baluarte que debe ser custodiado por el estado no amenazado por él.

Héroes liberales tenemos para colmar a cualquiera, pero nuestra vida cotidiana habla de una sociedad profundamente antiliberal que ha tenido consecuencias nefastas. Debido al falso dilema de propiedad social versus propiedad rural, los pobres de los pobres en México viven en una condición de capitus diminutio en la cual sus ahorros son sacados del mercado como lo ha demostrado Hernando de Soto. Los pobres ahorran y mucho, proporcionalmente más que las clases de ingresos medios o los pudientes, pero en México nos damos el lujo de esterilizar sus ahorros por ley. Todo en nombre de una justicia social de la cual cada día estamos más lejanos.

El liberalismo no es sólo un postulado doctrinario, un ideario de vitrina. El liberalismo es una forma de entender la vida que amplía nuestras libertades pero que también nos fija límites. Una democracia sin liberales de corazón es como construir un edificio sin cimientos. La izquierda, el centro o la de derecha, todos caben en una democracia, de hecho la democracia liberal es la única que garantiza la pluralidad y cuida de las minorías. La cultura liberal es sólo el principio de la ruta. Sin ella cualquier democracia es débil. Ahora que andamos de festejos observemos con severidad nuestro liberalismo cotidiano. Es un horror.

Lizalde.- Discreto, dedicado a su oficio, la poesía y a su segunda pasión, la música, Eduardo Lizalde es un referente obligado. Culto en el sentido profundo y real de la palabra, Lizalde desarrolló un tono y un estilo poéticos muy personales, sin concesiones. La vida le dio el privilegio de una bellísima e inconfundible voz que en pleno Siglo XXI convoca y provoca a escuchar poesía, algo extrañísimo. Lizalde ha hecho de la lectura pública un deleite y de la difusión musical una profesión. Bien por el homenaje al señor de los desastres y los tigres.

Primero la reflexión, luego la elección

Javier Corral Jurado

Los resultados de la elección del 5 de julio no sólo son fruto de una estrategia coyuntural fallida y de la delicada crisis económica que padecemos, sino de un proceso de pragmatismo que rompió con la ética del partido, y de que en más de un campo hemos interrumpido la tradición democrática que dejaron los fundadores en el ejemplo de su insobornable conducta y en la visión con que expresaron propósitos y programas.

Por ello era importante que, antes de elegir nuevo jefe nacional, privilegiáramos la discusión y la reflexión si en efecto, queremos rescatar al partido. Se requiere un diagnóstico para elaborar un plan de acción común a los miembros del Consejo Nacional, y que se constituyera en un claro mandato al nuevo jefe nacional.

Pero la respuesta ha sido inaudita: se lanzó una convocatoria en la que no se llamó a la renovación total del CEN, con una semana para el registro de candidatos y 24 días para elegir al dirigente, sin previa discusión en esa misma sesión.

Por ello, ayer, Gerardo Priego, Ricardo García Cervantes, Santiago Creel, Humberto Aguilar Coronado y como quien esto escribe declinamos nuestra aspiración a presidir el CEN del PAN. Participar en estas condiciones sería avalar un proceso predeterminado en sus resultados.

Es incomprensible que tras la debacle electoral no haya intención de corregir, discutir y analizar el mensaje de los electores. Esos resultados nos llaman a nosotros; el PRI no ha logrado ninguna hazaña, nosotros hemos retrocedido. El análisis del fenómeno del voto nulo es clave. No es casualidad que de los 10 distritos del país con mayor presencia del voto nulo, los tres primeros lugares sean distritos de Acción Nacional.

En distintos tonos y enfoques, los declinantes hemos señalado que empeñarse en dirigir la vida del partido desde el gobierno es un error. Que se está haciendo lo que criticamos al PRI, la simbiosis ilegal e inmoral del PRI-gobierno y la intervención del presidente en la designación de dirigentes y candidatos. Hoy hacemos lo mismo.

De ello da cuenta la división entre calderonistas y anticalderonistas. Está colocada la línea de que quien compita con César Nava se enfrenta al Presidente de la República. Esto no ayuda al país ni al partido, ni fortalece al Presidente la estrecha idea de conformarse con el apoyo de sus amigos, cuando debiera tenerlo de todo su partido.

El partido cumple en unos meses 70 años. Durante ellos se ha congregado alrededor de ideales más que de hombres; su ideología se ha enriquecido con respuestas puntuales a los problemas nacionales, desde los principios de doctrina hasta el cambio democrático de estructuras.

Han sido sus hombres y mujeres ejemplos de congruencia y generosidad. Pocos partidos tienen ideología refrendada por sus bases, muy pocos han tenido una pléyade de hombres como los fundadores y los directivos de AN. Regresemos a los motivos espirituales de los que habló Gómez Morín siempre, pero obligadamente cuando la confusión entra a la casa. No claudiquemos en el ejercicio de buscar la verdad.

No participaré en este proceso, pero no claudicaré en el deber político de insistir en reconstituir el partido; por mejor batalla que demos dentro del actual Consejo Nacional, esa lucha de concienciación puede terminar con un efecto contrario y avalar un proceso disparejo.

Que nadie se confunda: no es contra César Nava; para él mi respeto y solidaridad; no es contra el Presidente de la República; también respeto, colaboración, lealtad y afecto para Felipe Calderón. Es contra la autocomplacencia y la intromisión indebida del aparato gubernamental en la vida del partido.

Buscaremos revertir el actual proceso entre los miembros del Consejo Nacional y que se convoque a otro en el que primero sea la reflexión y luego la elección. Iniciaremos un movimiento nacional entre las bases para tomar en nuestras manos nuestro destino. Los invitaremos a todos: no nos vamos a arredrar ante un episodio, cuando tenemos un horizonte que recorrer.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

16 de julio de 2009

Dispendio en la Cámara

Laura Islas Reyes

La Cámara de Diputados gastó más de 27 millones de pesos, durante los primeros cuatro meses del año, por concepto de “banners, spots, monitoreo, análisis, copiado, producción y postproducción” en páginas de Internet, algunas de ellas no existen.

Dicha cifra, que equivale a una cuarta parte de los casi 106 millones de pesos presupuestados para “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, se ocupó para el pago de una larga lista de proveedores entre los que se encuentran páginas Web inexistentes o en construcción; consultorías que cobran más de 200 mil pesos mensuales
por subir contenidos de la Cámara de Diputados a redes sociales, y otros conceptos como la realización de “reportajes” y la presentación de “propuestas creativas”.

El pasado 16 de abril, el Comité de Administración de la Cámara Baja, presidido por la diputada perredista Sonia Ibarra Franquez, aprobó aquel pago, con base al “techo presupuestal de la Dirección de Comunicación Social”.

La mayor parte de las páginas Web contratadas están ubicadas en Chihuahua, estado natal del presidente de la cámara, el priista César Duarte. La imagen de Duarte ha sido promocionada en páginas como www.politicaldia.com, www.mexicowebcast.com.mx, www.segundoasegundo.com, www.losinformantes.com.mx, www.bieninformado.com, www.entrelineas.com.mx, www.lapolaka.com, www.laopcion.com.mx, www.omnia.com.mx y www.elfronterizo.com.mx.
En promedio, estas páginas han recibido 17 mil 250 pesos mensuales por la colocación de un banner; algunas como Segundoasegundo.com u Omnia.com.mx han recibido pagos superiores a los 30 mil pesos al mes, por la presentación de propuestas “creativas” o de “promoción de imagen”.

La Cámara de Diputados ha contratado publicidad incluso en páginas Web que no existen, se encuentran en construcción o son advertidos como sitios con contenido malicioso, que puede representar un riesgo de robo de información o virus para el usuario.

En este último caso se encuentra La Opción (www.laopcion.com.mx), a quien se pagó a través de María Isabel Lerma Hernández un monto de 57 mil 500 pesos, por la publicación de un banner en marzo y abril, así como la presentación de propuestas creativas durante ese mismo periodo de tiempo.

Otro ejemplo de estas contrataciones irregulares, es el caso de Elinformador.com, página cuyo dominio está en venta: es decir, propiamente el sitio Web no existe pues no genera algún contenido, pero su dominio se encuentra disponible para quien quiera comprarlo a la empresa Sedo.

El pago de más de 105 mil pesos, por la contratación de un banner en www.elinformador.com, está a nombre del ex síndico de Parral, Alfredo Salayandía Saenz.

www.viernesdecoctel.com es un portal en construcción que ha recibido dos pagos de 17 mil 250 pesos (correspondientes a marzo y abril) por la publicación de un banner durante esos meses.

En los pagos que recibieron Analistas del Florido, Francisco García Davish, Grupo Lasbus, Impresora de Alta Tecnología, Impresora Digital Puente Libre, Jorge Jaime Díaz Basañez, Luis Antonio Domínguez Jacquez y Díaz Paulín y Asociados, no se especifica la página donde se contrató la colocación de los banners que promocionan a la Cámara de Diputados.

En el caso de la empresa chihuahuense Díaz Paulín y Asociados, el pago de 161 mil pesos que recibió corresponde también a la elaboración de dos “reportajes” sobre el Foro México ante la Crisis”, así como de la iniciativa para reformar la ley de organizaciones ganaderas, presentada por César Duarte.

Consultorías millonarias
Además de la publicidad a través de banners, la Cámara de Diputados contrató a varias consultorías especializadas en mercadotecnia por Internet, pagándoles hasta 200 mil pesos mensuales para que den de alta en redes sociales (Facebook, Myspace, YouTube, entre otros) información del Legislativo.

365 Consulting es una empresa dedicada, según su portal (www.365consulting.com), a la “comunicación política, estrategia y operación mediática”, en cuya cartera de clientes se encuentra el gobierno de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, quien ha contratado sus servicios para difundir sus informes.

De enero a abril, 365 Consulting ha percibido un monto de 800 mil pesos (200 mil mensuales) por el servicio de “consultoría estratégica en comunicación”.

Por su parte, Comunicación, Capacitación e Investigación Interdisciplinaria ha recibido 215 mil pesos mensuales por el “desarrollo del diseño del Web blog visible en Internet bajo la tecnología de HTML 4.0, capacitación y administración del blog correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril”. Aunque el reporte del Comité de Administración no especifica más respecto al trabajo que desempeñó esta consultoría, al navegar por el sitio de la Cámara de Diputados, el único weblog que puede hallarse –realizado en lenguajes de programación Ajax y PHP– está manejado por la Dirección de Comunicación Social. (Dicho blog muestra una liga al canal de la Cámara en YouTube, donde pueden verse 39 videos, de los cuales 16 corresponden a participaciones de César Duarte).

En su sitio Web (www.mediosmas.com.mx), Comunicación, Capacitación e Investigación, dentro de los servicios que ofrece, no menciona el desarrollo de páginas o blogs, sino más bien se define como una empresa dedicada a la producción de materiales audiovisuales (spots e infomerciales), y a la implementación de “aulas virtuales” (e-learning).

Otra de las empresas que ha recibo pagos onerosos por el concepto de mercadotecnia virtual es Corporación Mexman con un monto de 541 mil pesos (180 mil 550 al mes) por la “Creación y administración de campañas masivas de contenido electrónico, emails y/o e-news letters de la Cámara de Diputados”.

Filter Audio ha sido la encargada de colocar “Comunicación de la Cámara de Diputados en portales de colaboración mediante el alta y la administración dentro de los principales portales de colaboración como Facebook, Twitter, Myspacer (sic), Blogger, Flicker (sic)”, durante los meses de febrero a abril.

Por esta labor, la empresa ha recibido más de 600 mil pesos, una cantidad escandalosa si se compara con el trabajo realizado: al cierre de esta edición, el perfil de Twitter de la Cámara de Diputados sólo cuenta con 17 actualizaciones desde el 12 de marzo de este año, y apenas cuatro seguidores. Además de que el nombre de la Legislatura es incorrecto: en lugar de decir “LX” dice “LXL”. Mientras que la actual legislatura de la Cámara no cuenta con un perfil como tal ni en Facebook, Myspace o Flickr. En Hi5 sólo hay ocho entradas, la más reciente es del 8 de mayo.

Grupo Creativo Zaid, Grupo Lasbus y J.M Post, Servicios y Producciones han recibido 496 mil 800 (165 mil pesos al mes), 586 mil 500 (195.5 mil pesos al mes) y 517 mil 500 pesos (172.5 mil pesos mensuales), respectivamente, por realizar manuales, desarrollar aplicaciones y diseñar productos Web para la Cámara baja (ver cuadro 1).

En cuatro meses, estas empresas juntas han facturado más de cuatro millones de pesos por conceptos poco claros; etcétera ya realizó las solicitudes de acceso de información correspondientes para conocer a detalle cuál es el servicio que prestaron estas consultoras; en próximas ediciones lo mantendremos informado al respecto.

15 de julio de 2009

La boda de Peña Nieto

JENARO VILLAMIL

Convencido de que es imbatible, a pesar del evidente dispendio en sus 'infomerciales' de la televisión y sus publirreportajes en medios impresos, el gobernador Enrique Peña Nieto y Televisa ya preparan un nuevo espectáculo. Ahora sí, la boda del Golden Boy con la actriz de Destilando Amor, Angélica Rivera, se prepara como el "gran evento" de la segunda mitad del año.

Lo de menos es si el joven gobernador y la actriz deciden firmar un contrato matrimonial. Lo que resulta sintomático del dispendio es que Televisa y TV Azteca se preparan para transmitir "en vivo y en directo" este enlace matrimonial, como si se tratara del final de una telenovela o el inicio de la auténtica historia de La Gaviota que conquistó al príncipe poderoso.

Por supuesto, la transmisión no será gratuita. Y si nos atenemos a los argumentos que dio Televisa en su desplegado para desacreditar los contratos publicados en el libro Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto, se tratará de otro evento que correrá a cuenta del erario mexiquense. Quizá se atrevan a decir que existe un interés nacional para cubrir el enlace matrimonial de Peña Nieto, pues "el Estado de México es la entidad con mayor población" del país.

El uso y abuso del 'infoentretenimiento' y del advertainment –viejos trucos para "vender marca" a través de los medios masivos-- se convertirán en la verdadera maquinaria para llevar a Peña Nieto a la candidatura presidencial del 2012.

Y si para ello es necesario inventarle bodas, romances y hasta historias melodramáticas, así lo harán los guionistas de este gobernador priista que cree que todo se vale con tal de adormecer las conciencias ciudadanas.

Su boda pretende ser el arranque informal y televisivo de su campaña para la Presidencia. Hay asesores que analizan la relación entre el mandatario francés Nicolás Sarkozy y la modelo Carla Bruni para tratar de emularla. En el delirio, hay quienes pretenden convertir el enlace en una especie de "boda real", semejante al del heredero de la Corona española, el príncipe Felipe de Borbón y su consorte Letizia Ortiz.

Junto con el espectáculo, la operación política continúa.

Peña Nieto también prepara otros "enlaces matrimoniales", pero de tinte político.

El fin de semana en el domicilio en McAllen, Texas, del ex gobernador de Coahuila, Enrique Martínez Martínez, se realizó una comida para afianzar la alianza entre el mandatario mexiquense y los gobernadores y grupos políticos del noreste del país.

En el convite estuvo presente el polémico exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, quien fungió como exdelegado del Comité Ejecutivo Nacional priista en los estados de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato durante la reciente elección federal.

Un día antes de este evento, Peña Nieto sostuvo otro encuentro con el actual mandatario de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, el mismo con quien el mexiquense sostuvo un cónclave durante la campaña para hacer un "frente" de gobernadores en contra de la estrategia del panismo, de acusar a los mandatarios priistas del noreste de estar vinculados con el narcotráfico.

De esa manera, Peña Nieto pretende fortalecer sus enlaces políticos: ya tiene un vínculo fuerte con los mandatarios de Yucatán, Hidalgo y Quintana Roo, y con los futuros gobernadores de Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.

Es la ola roja del Estado de México. Ahora sólo falta la historia rosa del matrimonio, en vivo y en directo.

14 de julio de 2009

Gobernabilidad y arrogancia

Javier Corral Jurado

Con más vigor unas que otras, las voces que se fueron alzando la semana pasada para orear la discusión en Acción Nacional, tras los resultados electorales del 5 de julio, coinciden en señalar que nuestra derrota está impregnada de una amargura más antigua, que el fracaso de la reciente estrategia electoral sólo es el desenlace. Se trata de una evolución que consintió abandonar los rigores éticos que plasmaron a la tarea política los fundadores del PAN, y una ausencia de visión de Estado en la conducción del país.

Los más hemos reconocido que las tareas inherentes a una transición democrática están inconclusas. La alternancia no significó el anhelado cambio democrático de las estructuras y, bajo la preocupación de la gobernabilidad, terminamos acobardándonos. Bajamos los guantes al viejo régimen.

Los acuerdos en torno de esa pretendida gobernabilidad democrática fueron espejismos, ingenua ilusión. Se difuminaron las reformas energética, penal, fiscal. Las alianzas con los sectores corporativos y corruptos bajo el manto de la gobernabilidad no produjeron bienes públicos ni tampoco partidarios. La educación está igual, por más acuerdos que hayan tenido Fox o Calderón con Elba Esther. Los arreglos con ese sector son el reflejo más dramático de esa apuesta sin sentido. Ahí donde somos aliados electorales perdemos, el caso de Querétaro; donde somos adversarios nos ganan, el caso de Nuevo León. La maestra gana, pierden el PAN y el país.

El pretexto de la gobernabilidad nos hizo entrar en un debate confuso, en el que muchas veces no queda claro cuál es la posición del gobierno y el PAN varias veces se ha quedado callado. Por eso hoy los poderes fácticos son más fuertes y débil, por no decir ausente, la capacidad regulatoria del Estado. Por eso los gobernadores actúan a sus anchas como réplicas dinosáuricas del autoritario presidencialismo mexicano. Han regresado a ser el antiguo PNR y por eso son más fuertes ahora. El país entero vivió los desenlaces impunes de Ulises Ruiz en Oaxaca; de Mario Marín en Puebla, de Fidel Herrera en Veracruz. Vive la impunidad con la que Enrique Peña Nieto viola la Constitución, la ley electoral y cualquier fiscalización posible de los recursos con los que paga a la tv cientos de millones de pesos para su anticipada campaña presidencial.

No podemos seguir en el autoengaño. La amenaza es el regreso del PRI. Y es más peligroso éste que el que perdió frente a Fox, porque todos los grupos que lo apoyan son ya más poderosos.

Cuando se decían estas cosas al interior de Acción Nacional, cuando la crítica surgía convertida en advertencia sincera, se terminaba marginando, relegando o defenestrando a las voces opositoras. Todavía cala en el partido el cese fulminante de Creel como coordinador del Senado.

Al pretexto de la gobernabilidad siguió la pretendida definitividad. En contrasentido a la actitud de un partido abierto a la discusión y al debate, vino una arrogancia en los diferentes niveles de dirección, pero sobre todo en sus cúpulas; hoy crece el dispendio del dinero casi a la par que el alejamiento de la militancia. Los grupos no mantienen una disputa conceptual o de enfoques en la interpretación ideológica o doctrinal; sólo se pelean la distribución de plazas en el partido.

No damos un debate real en la sociedad, o de cara a la sociedad; a la gente no le quedan claras las posturas del partido. No hay debates internos que reanimen el espíritu partidista, los consejos estatales se reúnen la mayoría de las veces para conocer de problemas internos, no de los problemas sociales ni de las propuestas para encararlos.

El partido tiene problemas de representatividad en sus órganos no sólo porque varios de los procedimientos de elección siguen excluyendo a los militantes, sino porque las principales decisiones están en facciones que poco tienen que ver con los intereses ciudadanos. Por supuesto, estoy de acuerdo con la propuesta del senador Marko Cortez de que así como la elección del candidato presidencial del PAN la realizan los miembros activos, sucediera igual con la del presidente del CEN, y agrego la de los presidentes estatales.

Aunque aún no nos reponemos de los resultados del 5 de julio, es momento de pasar a la acción renovadora en lo que debamos poner al día, y reconstituir el tejido enfermo. La derrota no debe paralizarnos, sino instigarnos, dijo don Manuel Gómez Morín. Tampoco puede ser ocasión para llorar, es el mejor momento para aprender.

Profesor de la FCPyS de la UNAM

13 de julio de 2009

Por qué Honduras expulsó a Zelaya

Por Mary Anastasia O'Grady

En un mundo más perfecto, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, estaría ahora mismo en una cárcel de su país a la espera de un juicio. El fiscal general de Honduras lo acusó de infringir la ley y la Corte Suprema ordenó su arresto en Tegucigalpa el 28 de junio.

Las Fuerzas Armadas hondureñas, sin embargo, decidieron sacarlo del país y enviarlo a Costa Rica cuando llevaron a cabo la orden judicial.

Su expulsión les ha dado a sus partidarios municiones para afirmar que fue tratado ilegalmente. Ahora, Zelaya es un "héroe" internacional de la izquierda. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, el dictador cubano, Raúl Castro, y el mandatario venezolano, Hugo Chávez, insisten que sea reinstituido en el poder. Su demanda no tiene fundamento. La detención de Zelaya fue legal, así como lo fue su destitución del cargo por parte del Congreso.

Si hay algo debatible sobre la crisis en Honduras es la pregunta de si el gobierno puede defender la expulsión del presidente. De hecho, tuvo muy buenas razones para esa medida y merecen la atención de Clinton si a ella le interesa defender la democracia.

Aparte de pisotear la constitución con vehemencia, Zelaya había demostrado que estaba listo para emplear violentas tácticas del chavismo para permanecer en el poder. La decisión de expulsarlo de inmediato fue tomada en el interés de proteger tanto el orden constitucional como la vida humana.

Dos incidentes ocurridos este año aportan pruebas. El primero ocurrió en enero cuando el país se preparaba a nombrar una nueva Corte Suprema de 15 miembros, como lo hace cada siete años. Una junta independiente formada de miembros de la sociedad civil había nominado a 45 candidatos. De esa lista, el Congreso debía elegir a los nuevos jueces.

Zelaya tenía sus propios candidatos en mente, incluyendo la esposa de un ministro, y sus nombres no estaban en la lista, por lo que empezó al legislativo. El día del voto, militarizó la zona alrededor del Congreso y, según la prensa, un grupo de hombres del presidente, incluyendo el ministro de Defensa, ingresó al Congreso sin invitación para aumentar la presión. El presidente del Parlamento tuvo que llamar a los guardias de seguridad para sacar al ministro de Defensa.

Al final, el Congreso se mantuvo firme y Zelaya se replegó. El mensaje, no obstante, había sido enviado: el presidente estaba dispuesto a usar la fuerza contra otras instituciones.

En mayo, hubo otra amenaza a la paz igualmente grave lanzada por el equipo de Zelaya cuando éste impulsó un plebiscito para rescribir la Constitución de manera ilegal. Debido a que no se permite al poder ejecutivo llamar a tal referendo, el procurador general había anunciado que pretendía imponer la ley contra Zelaya.

Una semana después, unos 100 instigadores indígenas, armados con machetes, se presentaron en la oficina del fiscal general, Luis Rubí. "Hemos venido a defender la segunda fundación de este país", anunció el líder del grupo, Salvador Zúñiga. "Si se nos es negado, recurriremos a la insurrección nacional".

Estas experiencias atemorizaron a los hondureños porque sugirieron con firmeza que Zelaya, quien se había alineado a Chávez, ahora estaba emulando la toma de poder del mandatario venezolano. Otros protegidos de Chávez —en Bolivia, Ecuador y Nicaragua— han hecho lo mismo, al rehusarse a aceptar controles a su poder y socavar las instituciones.

Fue el uso de intimidación de turbas de parte de Zelaya contra opositores lo que llevó a su exilio. Los hondureños dicen que les preocupaba que si Zelaya se quedaba en el país después de su arresto, sus partidarios hubieran fomentado la violencia para tratar de derrocar al gobierno interino y restituirlo en el poder.

No sería la primera vez. Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente democráticamente electo de Bolivia, fue destituido en 2003 con las mismas tácticas. Militantes antigobierno entrenados años antes por terroristas peruanos y financiados por Venezuela y con el dinero del narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían sitiado La Paz. Cuando la ciudad se quedó sin provisiones, Sánchez de Lozada emitió un decreto para que guardias armadas acompañaran a los camiones de alimentos y combustible. Los rebeldes, que tenían armas y dinamita, se enfrentaron a los guardias. Sesenta personas murieron. El presidente fue presionado a renunciar.

Sánchez de Lozada me dijo por teléfono la semana pasada que presentó una carta de renuncia al Congreso Boliviano recién cuando Estados Unidos amenazó con cortar la ayuda si él abandonaba el país sin dimitir. Firmó bajo coacción, pero la carta fue luego utilizada por la comunidad internacional para respaldar lo que era efectivamente un brutal golpe a la democracia dirigido desde Caracas.

El hecho que la Organización de Estados Americanos (OEA) y EE.UU. nunca defendieron al presidente boliviano no puede pasar inadvertido entre los hondureños o los chavistas. Se puede apostar que Venezuela tratará de orquestar problemas similares en un intento por condenar al nuevo gobierno. Los patriotas hondureños tienen mejores probabilidades contra esa estrategia con Zelaya fuera del país, aun si Washington y la OEA no lo aprueben.

8 de julio de 2009

Honduras: en el punto de inflexión

Por Mary Anastasia O'Grady

Cientos de correos electrónicos enviados desde Honduras inundaron mi casilla la semana pasada luego de dedicar mi columna de la semana pasada al arresto militar del presidente Manuel Zelaya, ordenado por la Corte Suprema, y su subsiguiente destierro.

Las violaciones de Zelaya a la ley en los meses recientes fueron numerosas. Pero la gota que rebasó el vaso se produjo hace 10 días, cuando encabezó una multitud violenta que irrumpió en una base militar para tomar y distribuir las boletas electorales impresas en Venezuela para realizar un referéndum ilegal.

Todas salvo un puñado de los emails recibidos pedían la comprensión internacional de la amenaza a la democracia constitucional que representaba Zelaya. Una frase se repitió una y otra vez fue "por favor ruegue por nosotros".

Los hondureños tienen buenas razones para invocar una intervención divina: la razón ha desaparecido sin pedir permiso en lugares como las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de EE.UU. Dirigiendo el debate sobre el comportamiento de Zelaya se encuentra el hombre fuerte de Venezuela Hugo Chávez, quien ahora es la autoridad reinante sobre la "democracia".

Chávez exige la restauración de Zelaya e incluso amenaza con derrocar al nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti. El venezolano lidera su ofensiva desde la Organización de Estados Americanos (OEA). Las Naciones Unidas y el gobierno del presidente Barack Obama repiten los mismos argumentos.

¿Esto es una locura? Sin dudas. Hemos caído a través del espejo y es hora de revisar la forma en que las relaciones hemisféricas llegaron a un estado tan paupérrimo.

La historia comienza en 2004, cuando Chávez aún era un aspirante a déspota y EE.UU. siguió una política de apaciguamiento. No cabe de extrañar, entonces, que eso sólo intensificó su apetito por el poder.

Chávez ya había reformado la Constitución venezolana, asumido el control del poder judicial y el Consejo Nacional Electoral (CNE), militarizado el gobierno y emprendido una enérgica política exterior y antiestadounidense, prometiendo extender su revolución alrededor del hemisferio.

Muchos venezolanos se alarmaron y la oposición trabajó arduamente para reunir las firmas necesarias para un llevar a cabo referéndum presidencial revocatorio permitido bajo la Constitución. A medida que se acercaba el día de la votación, Chávez actuaba como si supiera que sus días estaban contados. La Unión Europea se negó a enviar un equipo de observadores, aduciendo la falta de transparencia. La OEA envió observadores y en los meses y semanas previos a la votación el jefe de la misión, Fernando Jaramillo, se quejó amargamente por las tácticas de intimidación del Estado contra la población. Chávez le dio al entonces Secretario General de la OEA, César Gaviria, un ultimátum: o sacaba del país a Jaramillo o el referéndum sería anulado. Chávez obtuvo lo que quería y Jaramillo fue retirado.

El Centro Carter también fue invitado a "observar", y el ex presidente estadounidense Jimmy Carter fue recibido cálidamente por Chávez a su arribo a Venezuela.

Un problema clave, más allá de la cantidad de los registros electores corruptos y la intimidación del gobierno, fue que Chávez no permitió una auditoría de sus máquinas de votación electrónicas. Las encuestas a boca de urna lo mostraban perdiendo de forma decisiva. Pero en la mitad de la noche los miembros de la minoría del CNE fueron echados del centro de comando electoral. Poco después, Chávez se adjudicó la victoria. Nunca hubo una auditoría creíble de los votos en papel contra los recuentos en las máquinas de votación automática.

A pesar de la aprobación de Carter, la respuesta adecuada de EE.UU. y la OEA era obvia: el proceso había estado envuelto en secretos de Estado y, por lo tanto, era imposible apoyar o rechazar los resultados. Los patriotas de Venezuela rogaron por la ayuda del mundo exterior. En cambio, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Roger Noriega, y la OEA le dieron su visto bueno a la farsa.

Nunca hubo una explicación para esto apoyo a ciegas, pero tras bambalinas hubo denuncias de que Chávez amenazó con sacar a sus milicias a las calles y derramar sangre. Los pozos petroleros iban a ser quemados. Hasta el día de hoy, la oposición venezolana afirma que EE.UU. y Gaviria hicieron un cálculo frío y concluyeron que ceder ante Chávez evitaría la violencia.

Previsiblemente, el apoyo de Washington al proceso electoral fallido fue una luz verde. Chávez se volvió más agresivo, alentado por su estatus "legítimo". Se dedicó a usar el dinero de los ingresos petroleros para desestabilizar las democracias boliviana y ecuatoriana y para ayudar a elegir a Daniel Ortega en Nicaragua y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Fidel Castro, con el respaldo soviético, logró intimidar a sus vecinos en los años 60 y 70, y Chávez ha hecho lo mismo en el nuevo milenio. Esto le ha dado un amplio poder en la OEA.

Los hondureños tuvieron el coraje de responder. Ahora, los agitadores respaldados por Chávez intentan fomentar la violencia. Ayer por la tarde, el servicio aeronáutico fue suspendido en Tegucigalpa debido a que cuando Zelaya intentó regresar al país y su avión no fue permitido aterrizar, sus partidarios amenazaron con causar problemas en las calles.

Este es uno de esos momentos en los que EE.UU. debe estar al lado del estado de derecho, que la Justicia y el Congreso hondureño hicieron valer. Si Washington no cambia de rumbo, será un acto más de apaciguamiento hacia un dictador ambicioso y cada vez más peligroso.

Receta para preparar telebancadas al gusto

DENISE DRESSER

En la tradición mexicana, y en la historia culinaria de la transición democrática, los partidos políticos y los poderes fácticos muchas veces se sirven en un solo plato. La combinación de partidos doblegados y televisoras agresivas ha producido platillos tan memorables como la Ley Televisa, puesto sobre la mesa por primera vez en 2006. Pero este manjar –que dejó un amargo sabor de boca– resultó difícil de preparar y llevó a una controversia constitucional, mediante la cual la Suprema Corte eliminó algunos de sus ingredientes. Ante ese problema, los “chefs” optaron por un nuevo enfoque: la preparación de una “Telebancada” propia dentro de la Cámara de Diputados, con ingredientes hechos en casa. El objetivo es eliminar los preparativos complicados del platillo previo y, de manera simple y sencilla, producir algo al gusto de los dueños del restaurante “República Capturada”.

La diferencia en el enfoque culinario es notable. Ahora el Sr. Azcárraga y el Sr. Salinas Pliego –o sus apoderados– no tendrán que esforzarse para buscar un diputado desconocido que presente como suyas las iniciativas elaboradas en los despachos jurídicos de las televisoras. Ahora tendrán diputados en el Congreso que trabajarán directamente para ellos. Ahora Ricardo Salinas Pliego podrá contar incluso con el apoyo de su propia hija para sacar iniciativas al gusto de la casa. Disfruten entonces –ciudadanos mexicanos– de la Nouvelle Cuisine lanzada expresamente para la elección del 5 de julio de 2009.
Rinde para un sexenio.

Ingredientes:

1 Partido Verde Ecologista Mexicano expulsado por la Unión de Partidos Ecologistas Europeos debido a su posición en favor de la pena de muerte.

1 Actriz de mediana fama, dispuesta a ser la vocera de las propuestas del PVEM, aunque su familia haya sido acusada de provocar daño al medio ambiente.

1 Actor elegido por Televisa mediante un casting, al cual se selecciona por su capacidad para vender un producto, aunque en realidad el actor en cuestión manifieste su desacuerdo con la pena de muerte y piense anular su voto, como lo declaró Raúl Araiza en una entrevista reciente.

¼ Instituto Federal Electoral que no logra sancionar a tiempo al PVEM por la publicidad política disfrazada en revistas del corazón, ni le retira el registro ante las múltiples irregularidades cometidas en esta elección y a lo largo de su escandalosa historia.

½ Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial que, con un fallo cuestionable, autoriza que el Partido Verde viole la ley electoral y permita a sus diputados presentar spots publicitarios encubiertos como “informes” de trabajo.

2 Cadenas de televisión que buscan emprender una contrarreforma electoral –entre otras iniciativas legislativas– mediante la construcción de una bancada a modo en el Congreso.

1 Partido Revolucionario Institucional que en alianza con el PVEM quiere establecer una posición mayoritaria en el Congreso, para planear desde allí su regreso a Los Pinos, con el beneplácito de Televisa, TV Azteca, Enrique Peña Nieto y “Mamá Gaviota”.

Preparación:

En una mezcla políticamente explosiva, combinar el Partido Verde Ecologista con la pena de muerte, añadiendo un poco de sal a través de los bonos para medicinas y la promesa de computadoras. Dejar fuera del recipiente el hecho de que el Estado mexicano está comprometido a respetar el derecho a la vida, según lo establecido en la Constitución y en una serie de tratados internacionales que ha ratificado y que son de cumplimiento obligatorio. Con un mazo, machacar la mezcla día y noche en la televisión. Incorporar, poco a poco, los peores prejuicios de los mexicanos para que se sumen a la idea de que el Estado debe mimetizar conductas criminales e instituir la venganza como punto de partida de la acción gubernamental. Untar la salida falsa de que la pena de muerte puede remediar la ineficacia del sistema de justicia. Finalmente, cortar en pedacitos la idea de que legalizar la pena de muerte no produce efectos disuasorios contra la delincuencia.

Colocar esta mezcla en el horno de una elección en la cual cada cocinero viola las reglas de comportamiento en la cocina, mientras los administradores del lugar se pelean entre sí o actúan demasiado tarde para frenar el desorden. Mientras tanto, atar en nudos a los consejeros del Instituto Federal Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fallos inconsistentes, y colocar sus alitas detrás de la espalda. Aumentar la temperatura del horno a 24 millones de spots. Elaborar algunos spots en casa con actores como Maite Perroni y Raúl Araiza, contratados para ser la cara del PVEM aunque en realidad no crean en sus propuestas.

Mientras se cuece la mezcla, elegir candidatos con la textura y el olor requeridos para la “Telebancada”, cuidando la consanguinidad, la cercanía laboral, la lealtad, o el desempeño previo en alguna área relacionada con las telecomunicaciones. Incorporar a la receta a personas cercanas a Javier Tejado Dondé –asesor jurídico de Televisa–, como Lorena Corona Valdez, candidata 2 de la primera circunscripción por el PVEM, quien trabajó durante años en el área jurídica de Televisa. O Miguel Orozco, hermano del senador Verde, Javier Orozco, se desempeñó en el área jurídica de la CIRT. O Rodrigo Perezalonso, otro personaje cercano a Tejado Dondé. O Roberto García Requena, exempleado de Cofetel. O Mariana Ivette Ezeta, quien también trabajó en Televisa. O Juan Gerardo Flores, quien laboró en Cofetel. O Ninfa Salinas Pliego, hija del dueño de Televisión Azteca. Ya con estos ingredientes en mano, proceder a batirlos en la licuadora, junto con la propuesta de la pena de muerte, para darle mayor consistencia.

Presentación:

Después del 5 de julio, retirar del horno y presentar el platillo ante millones de votantes como el manjar más exquisito. Es fundamental usar el horario triple A de la televisión y contar con la debilidad del IFE y del Tribunal para su promoción y degustación. Como paso previo será necesario colocar la “Telebancada” en una salsa de democracia disuelta y un sistema de partidos freído a mano. En contraste con otras recetas de la temporada –la del PT, el Panal, el PSD, o Convergencia– esta versión es capaz de conservar su sabor durante los próximos tres años. Gracias a su preparación rápida y sencilla, es uno de los platillos preferidos de los oligarcas. También es popular entre los defensores de la democracia “representativa” y el sistema de partidos en México, aunque algunos reconozcan –en privado, por supuesto– que la “Telebancada” les produce dolor de estómago. Por eso es necesario servirlo de inmediato. No vaya a ser que algún comensal descubra la podredumbre de que Maite Perroni y Raúl Araiza fueron pagados para promocionar

Hora de rectificar

Javier Corral Jurado

Premonitorio del futuro que lo alcanzó, teniendo a la vista la época introductoria del ascenso al poder, al mismo tiempo que se deterioraban métodos y valores democráticos en el partido, Don Luis H. Alvarez alertó al panismo hace más de una década con singular advertencia: evitémos la tristeza de que a nosotros, que nunca nos derrotó la derrota, nos vaya a derrotar la victoria.

Otras ideas de los siguientes presidentes del PAN sobrevinieron a esa visión en el conjunto de las preocupaciones por el tránsito de la oposición al poder: el ideólogo Carlos Castillo Peraza recomendó apostar por nosotros mismos; y el licenciado Felipe Calderón Hinojosa fue aún más celoso: ganar el gobierno, sin perder el partido.

Recuerdo las frases porque en la derrota que hemos sufrido el pasado domingo 5 de julio, en la que confluyen múltiples factores, está presente de manera muy importante nuestro desempeño político en el ejercicio del poder y una desfiguración dramática de nuestra esencia como partido democrático. Por supuesto que la recesión económica que ha lanzado al desempleo a miles de personas nos atravesó la elección de principio a fin, sin que esa crisis mundial nos pueda ser imputable, salvo la manera en que se minimizaron los efectos.

La esperanza que abrió la alternancia en el año 2000, y las expectativas de cambio que formuló ese proceso, no están cumplidas. Ya en el 2006 nos fue complejo refrendar la confianza ciudadana, en el que por escaso margen logramos retener la Presidencia de la República. El domingo pasado sufrimos el colapso a manos de una maquinaria intacta que los mismos gobiernos del PAN han aceitado mediante concesiones absurdas y negociaciones muy caras al ideal democrático, pero con resultados pobres y reformas muy chatas.

El PRI que regresa, el mismo de siempre por más nuevas o jóvenes que puedan ser sus caras, fue re-empoderado por la omisión de desmantelar el viejo régimen corporativo, clientelar, patrimonialista y electorero. Mantenerle los privilegios a los sectores monópolicos del país y a diferentes grupos de poder informal, ha revitalizado a quienes los prohijaron. Las coaliciones con los sindicatos más corruptos del país, nos han quebrantado el ánimo interno, y nos han dejado inermes en el debate frente a nuestros adversarios de la izquierda.

El caso patético ha sido la protección brindada al duopolio de la televisión, particularmente a Televisa, la empresa productora de Enrique Peña Nieto. En el partido circulan ideas autodestructivas sobre la inacción del gobierno frente a la descarada promoción por parte de Televisa de ese personaje, tan vacuo como popular.

Este desempeño ha estado basado en la lógica de que bajo las mismas estructuras y esencialmente las mismas reglas del PRI, podríamos superar a sus fundadores. Esa lógica está liquidada, pero se nos fracturó a la vez la ética, porque hemos terminado asemejándonos a nuestros adversarios. La gente a veces ya no visualiza la línea que nos separa del PRI, de ahí que haya cundido como acerto en la argumentación del voto nulo, la falacia de que todos somos iguales. No lo somos, pero esa impresión hemos dado.

Los resultados obligan a que en el seno de los órganos del partido se produzca una discusión amplia, franca y abierta de las causas de la derrota, y de las necesarias medidas de rectificación que hemos de tomar. El gobierno debe corregir el rumbo e informar honestamente al partido de algunas acciones y decisiones que no quedan claras, por supuesto información completa sobre los efectos de la recesión económica y las medidas para afrontarla. Pero también el necesario diálogo sobre los deberes de la cooperación partido-gobierno, los límites de la intervención del Presidente de la República en los órganos directivos, así como el respeto que debe brindar a las facultades exclusivas de la vida partidaria.

Estamos ante una derrota, pero también ante una oportunidad: la de rectificar con valor. Gómez Morín dijo que “El valor no es cerrar los ojos ante el fracaso, sino evitarlo o sacar de él nuevo aliciente para la acción; no conformarse tampoco en el éxito, sino adelantarlo luego”.

Muchos viejos panistas, labriegos de la primera hora en la siembra por la democracia, vieron en el triunfo del 2000, coronados sus esfuerzos generosos con la simple llegada de Fox a Los Pinos. Algunos confesaron ante ese episodio - que ya nos parece tan remoto en su sentido de cambio -, que jamás se imaginaron vivirlo. La esperanza estaba abierta de par en par. Pienso en varios de ellos que ya no están con nosotros, y lo sé de cierto que se fueron felices y satisfechos. Pero pienso también en los que aún viven y me imagino la enorme tristeza que les provocaría, ser también testigos del regreso del PRI. Si hoy el momento es aciago, entonces sería desastroso para la República.

Ha sucedido lo triste, está en nuestras manos evitar que sobrevenga lo amargo y decepcionante.

1 de julio de 2009

Razones para no anular

José A. Crespo

Durante el debate realizado en las últimas semanas sobre qué hacer con el sufragio, los detractores del voto de protesta (partidos, cámaras empresariales, Iglesia y, lamentablemente, las autoridades electorales) esgrimieron varias razones para no anular el sufragio, para las cuales hay, sin embargo, una réplica:

1) Se dedicó mucho tiempo y esfuerzo a hacer valer el voto en México, como para desperdiciarlo ahora. Precisamente por eso, muchos ciudadanos, inconformes con el sistema de partidos en general, decidimos acudir a las urnas y usar el sufragio en lugar de quedarnos en casa, ajenos al proceso electoral. 2) Los cambios de los últimos tiempos se han logrado con ayuda del voto. Cierto, y por eso también los anulistas buscamos nuevas y urgentes modificaciones, con el sufragio de protesta, al sistema partidario; eso podría también ser eficaz para el cambio. 3) Los partidos no son iguales: constituyen opciones programáticas diferentes. Así es. Pero en lo que hace a su comportamiento democrático, su lucha contra la corrupción y la impunidad, no hay gran diferencia. Por ejemplo, ninguna bancada ha rechazado el bono de marcha, con que se irán los actuales diputados, de más de un millón, en plena crisis económica. 4) El voto de protesta no es institucional. Incorrecto: el Cofipe lo contempla como una opción válida, lo cual automáticamente lo convierte en legal, institucional, legítimo y democrático. 5) El voto está pensado exclusivamente para elegir a gobernantes y legisladores. No es exacto. La teoría democrática concede al voto también una función de protesta y, por eso, en muchos países democráticos incluyen el voto nulo con diferentes consecuencias jurídicas. En México esa es la función del voto por candidato no registrado (y por eso la boleta incluye un recuadro para tal opción). 6) El voto nulo busca desaparecer al sistema de partidos. No es eso lo que se pretende, sino mejorar el sistema de partidos, transformarlo de uno esencialmente partidocrático a otro esencialmente representativo y sujeto a rendición de cuentas. 7) El voto nulo no cuenta en la conformación de la Cámara baja. No es exacto. Indirectamente, puede influir en la configuración de ese órgano legislativo, al ser contado para determinar qué partidos tienen o no representación en la Cámara baja. Un efecto nada menor. 8) El voto nulo cede a otros una decisión personal. No es así. El anulista decide emitir un voto de protesta con los efectos jurídicos y políticos que pueda tener, en vez de optar por la abstención (que no se oye, y no tiene efectos jurídicos), o en lugar de emitir un sufragio partidario, que se leerá como un nuevo respaldo a los partidos, un visto bueno al régimen partidario vigente. 9) El voto nulo puede hacer el juego a intereses aviesos y hasta contrarios de quienes lo emiten. En política hay actores e intereses que aprovechan coyunturas y circunstancias diversas para jalar agua a su molino, y el voto nulo no es la excepción. Pero tampoco lo es el voto partidista: sufragar por alguno de los partidos puede hacer el juego a intereses ajenos y contrarios al elector; en 2000, por ejemplo, el voto por el PAN terminó favoreciendo a Marta Sahagún y su parentela. El voto por el PRD podría hacerle el juego a René Bejarano y sus huestes; el emitido por el Panal, pues ya sabemos a quién favorece; el voto por el Partido Verde, lo hace a la familia que regentea ese negocio y, ahora, también, a las televisoras. El oportunismo está, pues, en pos de cualquier voto y no sólo del anulado como protesta. Mas no por eso no vale la pena sufragar, sea por un partido o en plan de protesta. 10) El voto nulo deja su lugar al voto duro. No en la medida en que el grueso del sufragio nulo proviene de la abstención (según encuestas). Además, las tendencias en la elección federal se han mantenido estables, con voto nulo o sin él. Además, a los anulistas no les preocupa cuántas curules de más o de menos recibe cada partido, sino modificar la esencia del sistema partidario. Buscan resolver un problema de fondo, no uno coyuntural. 11) El voto nulo no será tomado en cuenta por los partidos, por lo cual más vale seguir votando por alguno de ellos. Se propone aquí un sufragio complaciente, cuando no masoquista. Pero la furiosa reacción de los partidos ante el voto nulo refleja que el asunto no les es indiferente. Con un voto nulo nutrido, no podrán ser omisos al reclamo anulista. En todo caso, más vale averiguarlo que quedarse con la curiosidad. 12) El voto nulo puede crear condiciones que lleven a la anarquía o el autoritarismo. Lo que suceda después de los comicios dependerá sobre todo de si los partidos son sensibles o no a la protesta ciudadana. Si muestran sordera, el descontento crecerá y se puede afectar la gobernabilidad y la estabilidad futuras. Si oyen y se abren, podrían fortalecer y renovar el sistema de partidos y recuperar parte de la legitimidad perdida (hoy casi inexistente). 13) El voto nulo podría crear una crisis de representación política. No es así: la crisis de representación ya está ahí; el voto nulo, y el debate a propósito de él, son un síntoma de la enfermedad política que, de no atenderse, provocará mayor perjuicio al deteriorado andamiaje institucional. El voto nulo pretende ayudar a los partidos —que se muestran ciegos, sordos e insensibles— a percatarse de que hay un tumor de ilegitimidad que a todos conviene sanar.

Así pues, estas razones en contra del voto nulo en realidad podrían aplicarse, si acaso, a la abstención (que para mí también es una opción legítima, dentro de la libertad de sufragio). Pero me parece que, si los partidos y sus múltiples apologistas han querido identificar la abstención con el voto nulo, es porque la primera les es preferible que el segundo; la abstención no se oye, no hace ruido, no tiene efectos jurídicos y quizá tampoco políticos (como en 2003). El voto nulo ya se oyó, aun antes de ser emitido.

El oportunismo está, pues, en pos de cualquier voto y no sólo del anulado como protesta.