Aun en los partidos más democráticos, decía Robert Michels, se impone la “ley de hierro de la oligarquía”. En la pugna por la presidencia del PAN, los disidentes internos, excluidos bajo la dirección de Germán Martínez Cázares, han enfrentado un dilema parecido al que se hallaba ese partido frente al PRI en sus tiempos de hegemonía: participar en un proceso con los “dados cargados” o mejor no legitimar la farsa. En más de una ocasión, los blanquiazules se cuestionaron la racionalidad de participar en los comicios, pues, con ello, sin posibilidad alguna de ganar los cargos en disputa (al menos los más importantes), legitimaban un sistema no competitivo de concentración del poder. Si ante ese dilema el PAN continuaba participando, era en parte porque el régimen priista generaba nuevos incentivos para ello, abriendo gradualmente espacios de participación y mejorando las condiciones de competencia. Ese fue el origen de los “diputados de partido” de 1964, ante el fantasma del retiro electoral del PAN, promovido por su entonces presidente nacional Adolfo Christlieb Ibarrola. Si don Adolfo decidió que el partido continuara en la liza electoral, fue por la relativa apertura que ofreció el gobierno priista (misma que se profundizó en 1977, tras haber quedado José López Portillo como candidato único). Tal disyuntiva fue recordada hace poco por Javier Corral, a propósito del movimiento anulista para protestar contra el sistema de partidos. Corral concluía su reflexión afirmando que, para el PAN, siempre fue mejor participar que abstenerse (El Universal, 9/VII/09). Pero ahora la disidencia panista ha decidido no tomar parte en el proceso interno y fomentar un voto nulo entre los consejeros, para así impedir una imposición y forzar una contienda en condiciones más equitativas. Hace año y medio, Manuel Espino, que podía optar por la reelección, y el tabasqueño Gerardo Priego, igualmente se retiraron ante una contienda viciada de origen en la que Germán Martínez Cázares fungió como candidato oficial. Martínez se lamentó de que Espino no compitiera en ese proceso. Quien tiene el cargo asegurado antes de ocurrir la elección, evidentemente desea cualquier competidor que lo legitime.
Por lo visto, en el balance de Los Pinos sobre la reciente debacle electoral no se consideró la variable de la escasa legitimidad de Martínez como dirigente nacional. Ahora se pretende reeditar el proceso de imposición. “Vengo a solicitarles su voto, porque es el deseo del presidente Calderón”, dijo César Nava a algunos consejeros locales. El mismo Nava se retiró de la contienda frente a Martínez, hace año y medio, por instrucción presidencial, según documenta Álvaro Delgado (Proceso, 19/VII/09). Lo urgente para Felipe Calderón es preservar el control del partido, sin importar que en ello se le reste cohesión interna y legitimidad a la nueva dirigencia. “Nadie deberá espantarse si tenemos los mismos resultados en el futuro”, asegura Héctor Larios, uno de los inconformes.
La disidencia panista denuncia la falta de equidad en virtud de que la mayoría del Consejo Nacional son funcionarios del gobierno federal y a partir de ello son sujetos de presión para emitir su voto a favor del candidato oficial: “Es que ya me llamaron de más arriba”, dicen que dicen los consejeros. Al menos, un alto funcionario gubernamental ha expresado su inconformidad de manera abierta: se trata de Manuel Minjares, subsecretario de Gobernación, quien advierte: “Si se elige a un presidente (del PAN) sin discusión, sin competencia y sin debate, y no se ve como una elección… nos estamos pareciendo al PRI… donde hay una línea monolítica, donde todo el mundo acepta y todos o muchos tienen que obedecer a una disciplina sin mayor discusión, reflexión o análisis… La señal que estaríamos mandando a la sociedad y a los panistas es que sencillamente no hemos aprendido la lección” (16/VII/09).
Por cierto, el actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente nacional del PRI, durante la presidencia de Ernesto Zedillo. El candidato oficial para ese cargo, José Antonio Fernández, enfrentó al disidente Rodolfo Echeverría, quien optó por retirarse antes de la elección misma debido a la evidencia de que los delegados habían sido coercionados desde Los Pinos. Irónicamente, ese formato, que representaba los estertores del PRI como partido oficial, es el que ha decidido adoptar el PAN bajo Calderón (no lo fue con Vicente Fox, cuyo candidato oficial, Carlos Medina Plascencia, perdió la contienda frente a Manuel Espino).
Los disidentes panistas insisten, no sin razón, que primero debe haber una discusión colectiva acerca de los errores y las omisiones del partido, sobre su rumbo, ante el descalabro que supuso el proceso electoral del 5 de julio, por lo que instan a los consejeros a anular su voto para provocar un nuevo proceso en el cual Nava, por dignidad, no se volvería a presentar. “Primero la reflexión y después la elección”, dicen estos panistas, lo que evoca aquello de “primero el programa, después el hombre”, que planteaban los priistas, pretensión que siempre fue fallida, pues siempre primero fue el hombre y sólo después su programa personal. Eso mismo ocurrirá en el PAN con gran probabilidad: primero irá el hombre (de Los Pinos) y luego el programa (también de Los Pinos). A menos, claro, que cristalice la estrategia anulista que obligue a la repetición del proceso bajo condiciones más plurales y equitativas. Me parece, con todo, que César Nava es sumamente representativo del PAN moderno: pragmatismo puro (pero ineficaz), olvido de su histórico compromiso democrático, alianza con el corporativismo tradicional, métodos impositivos y subordinación del partido al Ejecutivo. Las viejas recetas del PRI constituyen el modelo a seguir por el nuevo PAN, tras el descalabro del 5 de julio.
El actual proceso evoca aquel en que se simuló una contienda abierta para nombrar dirigente del PRI, durante la presidencia de Zedillo.
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